El Grito del Sur Nº 90 Abril 2022 - Alimentación escolar CABA

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Abril 2022 ISSN 2451-7178

Año - 09

Número 90

Foto: Pedro Palacios

La mala alimentación escolar en la Ciudad Crecen los reclamos por la reducción de raciones de desayuno y almuerzo en escuelas públicas porteñas. La legisladora Ofelia Fernández presentó un proyecto de ley para cambiar el sistema de comedores y viandas escolares en la Ciudad Pág. 6

Larreta proyecta un ajuste en los subsidios habitacionales

Calentando motores para el Encuentro

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02 · Sumario / Editorial

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Urbanizar con el impuesto a los ricos

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Caló ya fue, Cavallieri ya fue, si vos querés Piumato también ,

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Suspenden el sistema de reconocimiento facial en CABA

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Larreta proyecta un ajuste en los subsidios habitacionales

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“La principal problemática del ambientalismo hoy es la desigualdad y la pobreza”

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Calentando motores para el Encuentro

«La comida de Larreta intoxica y es de pésima calidad»

Editorial

Cuidados, por una ley que regule eso que llaman amor Q

ue el rol de las cuidadoras y los cuidadores de casas particulares sea visto como actos de amor y no como parte de sus actividades laborales es uno de los principales perjuicios a los que se deben enfrentar quienes se desempeñan como cuidadoras de niñes, enfermes y adultes mayores.

En nuestro país, el 10 por ciento de las personas mayores de 60 años, aproximadamente 743.000, tienen una dependencia básica que en un 77 por ciento este cuidado recae sobre las

familias y, en particular, sobre las mujeres, ya que 4 de cada 10 distritos del país no cuentan con ninguna residencia para personas mayores. Además, el 10 por ciento de la población cuenta con el Certificado Único de Discapacidad y necesita un alto grado de asistencia directa para la vida diaria.

“Nuestro rol es más parecido a la enfermería y la salud que al servicio doméstico. Sin embargo, al día de hoy entramos en esa categoría, lo que nos dificulta a la hora de definirnos”, expli-

ca Josefina, presidenta de Sol.Tre.Cha, la primera cooperativa de trabajadores de los cuidados domiciliarios, situada en Chaco, que al día de hoy cuenta con 85 asociades, en su mayoría mujeres.

Este año, junto con el despacho de la diputada nacional Mónica Macha, organizaciones de cuidadoras y agrupaciones -entre las cuales se encuentra la propia Sol.Tre.Cha- comenzaron el arduo camino por obtener una ley nacional que formalice los servicios socio-sanitarios otorgando derechos

laborales y amparo legal.

Los números avalan que las medidas gubernamentales son necesarias y beneficiosas: según la OIT, los países que más invierten en políticas de cuidado alcanzan tasas de empleo femeninas mayores al 70 por ciento, generando resultados positivos en términos económicos.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 Abril 2022 - Número 90 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Barrios populares / Fernanda Miño

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Respaldo de las organizaciones sociales

Urbanizar con el impuesto a los ricos El Gobierno anunció que utilizará parte del Aporte de las Grandes Fortunas a la compra de tierra privada destinada a la urbanización.

"Si el Estado no implementa políticas de acceso de este tipo, es imposible que una familia de bajos ingresos compre un terreno”, dijo Fernanda Miño.

Texto: El Grito del Sur

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“ l problema no es que falte tierra, sino la distribución y calificación territorial”, dijo la secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño, luego de que el Gobierno anunciara que comprará tierras en manos de privados para construir vivienda estatal destinada a los sectores populares. “Si el Estado no implementa políticas de acceso de este tipo, es imposible que una familia de bajos ingresos compre un terreno”, agregó la funcionaria. El programa implica la adquisición de tierras por parte del Estado mediante una licitación. Los fondos saldrán del fideicomiso que la Secretaría de Integración tiene disponible a partir del Aporte a las Grandes Fortunas y el impuesto al dólar PAÍS. En esos terrenos, el Gobierno planea construir unos 50 mil lotes con servicios, con eje en el conurbano, pero también en zonas rurales y del interior del país. La idea es que los barrios estén integrados. “Ya pudimos hacer varias

ofertas de distintos lotes”, adelantó Miño, “en zonas con acceso a servicios, transporte, escuelas, centros de salud, para que se puedan desarrollar esos lotes”.

Al respecto, la resolución que abre la licitación especifica que “los lotes no deben presentar riesgo de inundabilidad, focos de contaminación, riesgos aluvionales, de erosión del suelo o tecnológicos (como tendidos de alta y media tensión, gasoductos)”.

“Lo hacemos con mucha responsabilidad desde el Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo del ministro (Juan) Zabaleta que acompaña estas políticas, y busca recursos para que sigan adelante las propuestas de nuestra Secretaría”, precisó Miño.

Uno de los objetivos que persigue el proyecto es evitar la toma de terrenos en zonas donde es complicado llevar servicios. “Planificar la urbanización es adelantarse a la toma de tierras y sus problemas posteriores, como la existencia de barrios que se asentaron en zonas no aptas, por ejemplo inundables.

Con ella se pueden evitar muchas de las carencias de infraestructura que sufren en los barrios populares, donde una vez que la zona está edificada de manera irregular, resulta más difícil llegar con los servicios de agua, cloacas o pavimentación», describió.

“Una de las condiciones es la integración de los servicios básicos, y el mejoramiento masivo de viviendas con el programa Mi Pieza que venimos desarrollando hace un tiempo pero que ahora tendrá más densidad. La compra

de estos lotes con servicios está dentro del programa Lotear, que ya venimos llevando adelante con municipios y provincias de todo el país junto a organizaciones sociales para tierras públicas. Esta es la línea 2 de adquisición de tierras privadas por parte del Fondo de Integración Socio Urbana que permite comprar terrenos para lotes sociales con servicios. No hablamos de viviendas sino de la adquisición de la tierra, que es lo que más cuesta”, dijo.

04 · Ciudad de la furia / Seguridad

Para verte mejor

Suspenden el sistema de reconocimiento facial en CABA El sistema fue utilizado de manera ilegal para la vigilancia en el espacio público. Según un pedido de Acceso a la Información, el reconocimiento facial solo es eficaz en el 52 por ciento de los casos. Las organizaciones de Derechos Humanos denuncian la mala implementación de esta tecnología.

Texto: Yair Cybel

E l 12 de abril se conoció la noticia: el juez Roberto Gallardo dispuso la suspen-

sión del sistema de cámaras de reconocimiento facial que opera en la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado en lo Contencioso Administrativo y Tributario allanó el Centro de Monitoreo Urbano, así como la sede del Ministerio de Seguridad porteño, en el marco de una investigación que pretende probar que la cartera de Seguridad que dirige Marcelo D´Alessandro utilizó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal.

La ley que regula las cámaras de reconocimiento facial en Ciudad solo permite cruzar datos de quienes integran la lista de prófugos (CONARC). Sin embargo, ayer se conoció que a través de un convenio firmado por el gobierno de Mauricio Macri con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) en 2019, se habilitó a la Policía de la Ciudad el acceso a los datos biométricos de las más de 9.500 cámaras que operan en la metrópolis porteña. «Podemos afirmar que fue utilizado para fines distintos de lo que marca la ley, pero aún no estamos en condiciones de asegurar taxativamente que el gobierno porteño espió a las personas de la lista porque debemos esperar las pruebas de las pericias», sostuvo Beatriz Busaniche, investigadora de la fundación Vía Libre.

El sistema de reconocimiento facial comenzó con polémica: el mismo día de su anuncio, apenas seis minutos después de que se publicara el pliego de contrataciones, se conoció el resultado de la contratación directa. Esto despertó las alertas del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), que comenzó a indagar en el tema. «Cuando analizamos la implementación observamos un montón de falencias de cómo se alimentaba esa base de datos», explicó a El Grito del Sur Rodrigo Iglesias, abogado de ODIA. La organización realizó un Pedido de Acceso a la Información y obtuvo algunos datos sorprendentes: según el propio Gobierno de la Ciudad, el porcentaje de efectividad del sistema era de apenas 52 por ciento.

El sistema de reconocimiento facial fracasó alrededor del mundo: Boston, San Francisco, Minneapolis o Oakland son algunas de las ciudades que prohibieron expresamente esta modalidad de vigilancia a la que consideraron falente y a la que denuncian por reproducir patrones racistas. «Incluso empresas como Microsoft o IBM se negaron a vender estas tecnologías a gobiernos para ser usadas con fines de seguridad en el espacio público», señaló Busaniche. «Tienen un potencial de vigilancia

reñida con el Estado de Derecho».

Si bien Buenos Aires no es la ciudad del mundo con mayor cantidad de cámaras, está en el podio latinoamericano de cámaras de vigilancia en el espacio público. En 2019, el GCBA añadió un sistema de software de reconocimiento facial. ¿Cómo funciona? Se cargan imágenes de personas buscadas para que, cuando sean detectados rostros que tienen un porcentaje alto de rasgos similares, se dispare una alerta y a partir de ello la Policía accione sobre esta persona que se encuentra en el espacio público. «El objetivo es buscar personas prófugas y lo que se dijo siempre es que se iban a cargar solo rostros de personas evadidas de la Justicia y que tuvieran orden de captura», agregó Busaniche.

Sin embargo, las propias autoridades porteñas se contradicen en el uso del dispositivo. «El propio ministro D´Alessandro promocionó el uso de este recurso en un acto de protesta social.

En un acto típico de canchereo político

ofreció al gobierno nacional el sistema de reconocimiento facial de la CABA para ubicar e identificar a las personas que estaban en una protesta social. Eso es básicamente una declaración de que pueden hacer lo que Gallardo dice que hicieron. A confesión de parte, relevo de pruebas: ellos dicen que pueden hacer algo que la ley les prohíbe», expresó Busaniche en referencia a las protestas contra el acuerdo con el FMI que derivaron en el ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Lo más curioso es que anteriormente el juez Gallardo le había consultado al Ministro por el ingreso de nuevos rostros al sistema y D´Alessandro le respondió que nunca les había pasado. Pero nosotros tuvimos acceso a un Pedido de Información Pública que señala que fueron ingresadas 82 altas al sistema, con el agregado de que varias de estas altas no se encontraban en el sistema. Entonces, ¿se puede colocar datos a mano? Según

la firmante, que es la comisario Laura Raquel Cesanelli, sí», explicó Iglesias.

Lo llamativo es que el proyecto aprobado en la Legislatura fue de autoría del Frente de Todos. Lo presentó la legisladora Claudia Neira y desató un escándalo político, ya que debió enfrentar la oposición de todas las organizaciones de Derechos Humanos. Finalmente, intentó rectificarse pero el macrismo se adueñó del proyecto, lo reformó y lo votó en el recinto. «Neira igualmente defendió el proyecto en su alocución, aunque finalmente votó en contra. Fue un papelón que da cuenta de la pobreza del debate», concluyó Busaniche.

Ciudad de la furia / Vivienda · 05

Crecen las denuncias en los barrios populares

Larreta proyecta un ajuste en los subsidios habitacionales Mientras el Congreso debate una nueva ley de alquileres, el Gobierno porteño planea reducir al máximo posible el universo de beneficiarios del subsidio habitacional destinado al mercado informal. El monto está congelado desde hace un año.

Texto: Matías Ferrari

E

n medio del debate parlamentario que busca consensos para una nueva ley de alquileres, el Gobierno porteño comenzó a restringir el número de beneficiarios del subsidio habitacional destinado a los sectores de menores recursos, que en su mayoría apelan al mercado informal para conseguir un techo.

“Empezaron a rechazar a las compañeras que en su mayoría tienen familia y por una razón u otra necesitaban mudarse dentro del barrio, porque están fuera de la urbanización y sí o sí tienen que alquilar. No les hacen el informe de las asistentas sociales y les rechazan el trámite en el Ministerio (Desarrollo Humano y Hábitat). Y sin el subsidio es muy difícil alquilar, porque no baja de los 15 mil pesos por mes, y eso que estamos hablando de una pieza así nomás, con baño y cocina para compartir”, relató a este medio María Gianetti, referenta social que organiza un comedor popular en el barrio Carlos Mugica.

“La situación es grave porque cada vez quedan menos alquileres disponibles por la urbanización, y eso encareció el precio”, agregó.

El subsidio habitacional porteño es una política que heredaron los sucesivos gobiernos del Pro desde la gestión de Aníbal Ibarra, que subvencionaba a los tristemente célebres hoteles familiares de manera directa. En su paso por la Jefatura de Gobierno, Mauricio Macri modificó aquel programa por decreto y reasignó los recursos directamente a los beneficiarios. Se trata de un universo de al menos 25 mil personas, pero que comenzó a recortarse por goteo desde incluso antes de la pandemia, proceso que se profundizó en las últimas semanas. Según fuentes extraoficiales del Gobierno porteño, la intención es reducir al máximo posible la cantidad de destinatarios.

“Durante la pandemia no se recibían los recibos de alquiler, después a fin del año pasado salieron con una suerte de reempadronamiento y aprovecharon para dar a mucha gente de baja.

Como se quejaron, a algunos los volvieron a reincorporar, pero no les pagaron los meses que quedaron en el medio”, relató una referenta territorial de la Villa 20. En ese barrio y en Carrillo y Fátima, “una pieza está entre 10.000 y 18.000 pesos; las casas, de 30.000 en adelante”, describió.

El programa depende de la Secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata y para este año sufrió un ajuste en términos reales. Tuvo sólo

un incremento en términos nominales de 100 millones de pesos para 2022, aunque muchas veces el Gobierno porteño suele reasignar partidas de forma aleatoria durante cada curso. El monto del subsidio, de todos modos, está congelado desde abril del año pasado en 8 mil pesos para una persona sola y en 13 mil para una familia de hasta cuatro integrantes.

Según un relevamiento realizado por este medio, una pieza de hotel que acepta el subsidio porteño con cocina y baño a compartir, oscila entre los 18 mil y los 28 mil pesos en el sur de la Ciudad.

LEY DE ALQUILERES La problemática de los alquileres informales es uno de los ejes centrales del reclamo de las organizaciones de inquilinos respecto del debate por una nueva ley de alquileres en el que avanza Diputados. Según una encuesta realizada entre 2020 y 2021 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el instituto IDAES de la Universidad de San Martín, más de la mitad de los contratos de alquileres en el AMBA son informales.

“La realidad de los hogares inquilinos en el Área Metropolitana es que la mitad alquila sin un contrato escrito,

situación que es más profunda en la Provincia, donde llega a un 60 por ciento. Quienes alquilan de palabra, de más está decirlo, están en una situación por demás comprometida y vulnerable, y son además quienes más problemas tienen para pagar todos los meses”, le dijo a El Grito del Sur al momento de la publicación del informe Luna Miguens, investigadora del CELS. Las organizaciones consideran que la norma vigente contenía los instrumentos para crear un programa de alquileres sociales y para que el Ejecutivo avanzara en la formalización del sector. Reclaman que se aplique la ley en su totalidad y que, en caso de que surja un nuevo texto, contemple esas herramientas y se concrete un plan de acción estatal.

DESALOJO EN CABALLITO: 18 FAMILIAS EN LA CALLE 18 familias fueron desalojadas del inmueble que habitaban en la calle Leopoldo Marechal 950, en el barrio porteño de Caballito. El desalojo fue ordenado por el juez Julio Fernando Ríos Becker del Juzgado Civil 43 y expulsó de su vivienda a unos 30 niñes, personas mayores y discapacitades.

Varias familias vivían en el inmueble desde hace 12 años.

El operativo no contó con la presencia del SAME, tal como indica la ley. Pero quienes sí asistieron fueron los dueños de la inmobiliaria Varela, principales interesados en el desarrollo inmobiliario de esta zona cercana al Parque Centenario. «Ya nos habían avisado del desalojo y estábamos apelando para quedarnos un poco más de tiempo. Pero el juez y el abogado de la inmobiliaria no quisieron», explicó Verónica Valentín, habitante del inmueble.

Verónica comentó que, pese a que lo intentaron, no pudieron acceder a un alquiler colectivo para las familias. «Te piden 4 recibos de sueldo, garantía, depósito. Prácticamente tenés que entrar con 200 mil pesos para un alquiler. Una fortuna».

06 · Ciudad de la furia / Educar es combatir

Viandas en las escuelas porteñas

«La comida de Larreta intox

La legisladora porteña Ofelia Fernández presentó un proyecto de ley para “transformar todo el sistema de alimentación escolar”, que sigue acumulando denuncias por su pésima calidad.

Movilizaciones y alerta de toda la comunidad educativa.

Texto: Florencia Ferioli y Ornella Rapallini Foto: Pedro Palacios

L

a legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, presentó un Proyecto de Ley para “transformar todo el sistema de alimentación escolar”. “Hoy en jardines, primarias y secundarias la comida intoxica y es de pésima calidad. Hay un negocio con comedores y viandas que condena de hambre a quienes capaz en la escuela hacen su única comida del día”, expresó Ofelia Fernández al presentar el proyecto en un video difundido a través de sus redes sociales.

Esta iniciativa fue motivada por el

reclamo de familias y más de 40 cooperadoras de escuelas porteñas, quienes junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), se organizaron para denunciar las insuficientes raciones y la mala calidad del servicio alimentario escolar, brindado por 19 empresas concesionarias seleccionadas por el GCBA, y lanzaron la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs”.

De esta manera, exigen al Gobierno porteño “democratizar la discusión de Servicios de Comedores Escolares” y proponen terminar con su privatización, pensar la recuperación de las cocinas escolares; potenciar la incor-

poración de trabajadores de la economía popular que producen alimentos y garantizar una alimentación nutritiva y suficiente para lxs estudiantes.

Este pedido alcanzó más de 18 mil firmas en Change.org y 1500 firmas de la comunidad educativa a través de planillas que se completaron de forma física en las escuelas porteñas que fueron presentadas en una acción judicial.

A su vez, la legisladora Fernández convocó a la ciudadanía a movilizarse a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires e instó a lxs 59 legisladores restantes a involucrarse en la causa. “Sin organización y movilización ciudadana el sistema de alimentación no va a cambiar ni vamos a tener los votos”, concluyó.

El proyecto de ley presentado promueve en la misma línea como ejes centrales: la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas y el incentivo de la Economía Popular, Social y Solidaria, retomando lo propuesto por la Campaña. Además, incluye otro pilar que es el acceso universal y gratuito para todxs los estudiantes de los establecimientos de gestión estatal y de gestión privada, para “garantizar

el derecho a la alimentación y alejarnos de la perspectiva mercantilista que caracteriza al sistema actual”.

“Para reuniones y eventos, el Gobierno de la Ciudad licita desayunos con jugo de naranja, tostadas, queso untable de primera marca, mermeladas y fruta. Mientras tanto, más de 240 mil estudiantes comienzan el día con un mate cocido y una magdalena, una vainilla o una barrita de cereal de tercera marca”, denunciaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), y agregaron que lxs estudiantes desayunan por $37 y lxs funcionarixs por $710.

Por su parte, el fundador del ODC y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, Jonatan Baldiviezo, explicó a El Grito del Sur: “Lo que vimos es que las concesiones se venían prorrogando los contratos (que vencían en 2019) por uno o dos años (2020 y 2021) a las empresas que estaban concesionadas, y lo que no había era un proceso de licitación. En 2022 se abre una instancia de una concesión de cuatro años y es la oportunidad de rediscutir el sistema alimentario en las escuelas, lo cual no ocurre y el Gobierno va a reproducir el sistema que ha

Ciudad de la furia / Educar es combatir · 07

xica y es de pésima calidad» tenido tantas críticas y fracasos en los años anteriores”.

El servicio alimentario alcanza a más de 291.000 alumnos en 1.543 establecimientos educativos, según fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

El acceso a las licitaciones está diseñado para que no puedan acceder todxs, los licitantes deben abonar de forma anticipada una suma cercana a los 800 mil pesos, que según el pliego de Bases y Condiciones no se devuelven aunque sea rechazada su oferta, excluyendo a cualquier pyme o cooperativa que quiera participar.

La elección de los adjudicatarios se realiza a través de un sistema de puntaje, donde se asigna mayor cantidad de puntos a las empresas que tengan antecedentes de contratación con el Gobierno de la Ciudad, priorizando también la antigüedad en la prestación. El sistema no contempla el descuento de puntos por sanciones a las concesionarias. Asimismo, las multas que reciben las empresas no son significativas en relación al presupuesto asignado.

Para 2022, el GCBA destinó un presupuesto total de más de cincuenta mil millones de pesos en la licitación pública Nº 7192 1818 LPU 21, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo. Abarca

4 años y supone para 2022 un monto estimado de 12 mil millones de pesos.

“Necesitamos que la licitación no se consolide. Presentamos la acción judicial para que esa licitación, que se está haciendo de una forma no democrática, tenga un debate con la comunidad educativa”, explicó Baldiviezo.

A su vez, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), expresó que «la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires no es absolutamente universal ni gratuita porque el sistema alimentario en el ámbito escolar está organizado como una política focalizada. Luego de trámites online en extremo burocráticos y donde el GCBA solicita gran cantidad de información sensible a las familias, se decide si corresponde beca o no al estudiante. Quienes logran acreditar su estado de pobreza reciben la beca. Este sistema distorsiona la gratuidad universal de la escuela pública”.

En cuanto al sistema de becas, Baldiviezo agregó que es necesario cuestionarlo porque “es una política focalizada que viene desde los ‘90, pero consideramos que tendría que haber una alimentación universal porque vemos una especie de quiebre de la

universalidad de las escuelas cuando históricamente no había sistema de becas, comían todos.”

Los principales reclamos y entramados del negocio de los comedores escolares fueron relevados en un informe de la revista Crisis. Allí las familias organizadas denuncian además que en la prestación de los servicios alimentarios hubo intoxicaciones de cientos de alumnxs a principios del ciclo lectivo del 2020.

Durante la pandemia, también se realizaron denuncias y amparos judiciales promovidos por las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda para exigir al Gobierno porteño mantener la provisión de alimentos en todas las escuelas durante el aislamiento. También se denunció en distintas investigaciones periodísticas, la participación de concesionarias licitantes del Gobierno de la Ciudad como aportantes a las sucesivas campañas políticas de Cambiemos, y el desvío de fondos y sobreprecios en las canastas nutricionales En cuanto a los sobreprecios, el secretario General de UTE, Eduardo López, había dicho mediáticamente que “el Gobierno de la Ciudad les paga a las empresas, por ejemplo, por entregar 100 canastas, pero a las escuelas les

entregan 50 porque, por la pandemia, no van todos los chicos a buscarlas. Se quedan con la plata de las 100, pero entregan la mitad, o incluso menos”.

En la actualidad las cooperadoras advierten que las empresas concesionarias sirven ultraprocesados; hay exceso de carbohidratos, faltan alimentos frescos y raciones, incumplen con el gramaje indicado en la normativa, y a todo esto se le suman las trabas en el acceso a las becas. A su vez, denunciaron la baja composición nutritiva en la comida, entre otras cuestiones claves, tal como había adelantado El Grito del Sur. Entre los reclamos relevados, se encuentra el de la Escuela “Organización de Estados Americanos”, ubicada en el barrio de Parque Chacabuco, que denunció al Gobierno porteño por la reducción de raciones de comida.

Jonatan Baldiviezo, concluyó que la cuestión que está de fondo es “hacer que la escuela pública sea ‘lo peor posible’, porque -a lxs funcionarixs porteñxs- no le importa la calidad del servicio de la educación pública. Son privatizaciones indirectas, ya que brindan un mal servicio, lo desfinancian y dan indicadores a la población de que vayan al sector privado”.

Denuncian reducción de raciones de comida en una escuela porteña La comunidad educativa de la escuela “Organización de Estados Americanos”, ubicada en el barrio de Parque Chacabuco, reclama que el Gobierno porteño no manda viandas suficientes para los alumnos.

Texto: Ornella Rapallini

L

a comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº4 D.E. 8º “Organización de Estados Americanos” intimó al Ministerio de Educación porteño a responder de forma “urgente” por la reducción de raciones de desayuno y de almuerzo para más de 400 infancias.

La escuela, que es de jornada completa y está ubicada en Del Barco Centenera 747 en el barrio porteño de Parque Chacabuco, requiere la prestación de 417 raciones de desayuno y 354 raciones de comedor, y la empresa concesionaria CAO Alimentación envía sólo

245 raciones de desayuno y 230 de comedor (en promedio) desde el inicio de este ciclo lectivo.

Florencia Guglielmotti, mamá vinculada a la escuela desde 2006 por sus tres hijxs y actual integrante de la cooperadora, dijo a El Grito del Sur: “Nunca pasaron cosas así en esta escuela, no están enviando la cantidad de raciones que corresponde a la cantidad de niñxs y tenemos que dividir raciones, terminan comiendo tres cuartos cada uno y las porciones de por sí ya son pequeñas e insuficientes.

Es responsabilidad compartida, el GCBA tiene que garantizar y la concesionaria tiene que proveer”.

Luego de numerosos reclamos, la respuesta que reciben es que

“como hay 100 niños que no han tramitado la beca ellos no mandan las raciones”, relató Guglielmotti y agregó: “lo de las becas sería solo para el almuerzo, no para el desayuno o merienda que es obligatorio, ahí no hay incidencia de si el alumno tramita beca o no, si se queda a comer en la escuela en el almuerzo o no, eso es para todos los niños y niñas y el concesionario que paga el Gobierno de la Ciudad no los está mandando”.

Además, denuncian que la nutricionista Micaela Díaz (MN 10401) se presentó en la institución el 3 de marzo e informó que a partir del lunes 14 de ese mes “no se le garantizará el desayuno ni el almuerzo a quienes no hayan iniciado la Beca

Alimentaria”.

El desayuno consta de una parte sólida que puede ser una magdalena, una barrita de cereal, un paquetito de galletitas, o una pastafrola pequeña, y otra parte que es lo líquido que puede ser yogurt bebible y leche chocolatada.

La conducción de la escuela realiza desde el 23 de febrero constantes reclamos y la respuesta es “que lo tienen que evaluar”, además el expediente EX-2022-08437869-GCABA-ESC201442 les fue “denegado”.

A partir de esto, la comunidad organizó una juntada de firmas y la presentación de la carta a la conducción para “respaldar el pedido del director” y que se eleve al Ministerio de Educación.

08 · CGT / Sindical

Abril 2022

Interna sindical

Caló ya fue, Cavallieri ya fue, si vos querés Piumato también Desde que Pablo Moyano llegara a la conducción de la CGT, se han acelerado algunos cambios en la agenda de la resentida dupla Daer–Acuña. Caló ya fue. ¿Qué les espera a Cavallieri y Piumato?

Texto: Emiliano Correia

D

esde que el 11 de noviembre pasado Pablo Moyano asumiera la conducción de la CGT, se han acelerado algunos cambios en la agenda ya resentida de la dupla Daer – Acuña que comienzan a agitar las aguas hasta ahora muy quietas de la mayor central obrera del país.

Moyano lo sabe, y su accionar desafiante al binomio que desde 2016 se viene manteniendo al frente de la CGT, invita simbólicamente ,pero también en los hechos, a que nuevos dirigentes gremiales se animen a dar pelea por un cambio de orientación en sus organizaciones.

No se trata solo de un simple realineamiento político, sino de un llamado a viva voz que habilite un cauce, que abra una rendija para una etapa fundante en el movimiento obrero que abrigue a una nueva camada de cuadros sindicales que puedan darle nuevos bríos y esperanza a millones de trabajadores y trabajadoras jóvenes, a quienes los “viejos” dirigentes ya no pueden contener.

En este sentido no es un error de cálculo ni “una traición”, como definió el propio Antonio Caló, lo que sucedió en la UOM semanas atrás. El primer llamado de atención fue la derrota de Francisco “Barba” Gutiérrez en la seccional Quilmes de la UOM, tras ser desplazado luego de 38 años por el joven Adrián Pérez quien advirtió que fue su misma gente la que “estaba reclamando un cambio de aire, una manera diferente de llevar la voz de los trabajadores de acá en adelante».

Dos semanas más tarde fue Abel Furlán quien dio su propio batacazo en la venerable organización de los metalúrgicos. Histórico referente de la seccional Zárate-Campana y ex diputado por el Frente para la Victoria en 2015, logró asociarse a Naldo Brunelli, durante 18 años adjunto del hasta entonces secretario general nacional Antonio Caló, y pudo garantizar un triunfo pírrico en un gremio que cuenta con alrededor de 190.000 afiliados.

Y siguen las firmas. La primera semana de abril también sorprendió el golpe que recibió Jorge Gilardi, que estuvo al frente de la Asociación de Médicos Municipales durante más de dos décadas. Y aunque ya se había corrido de la contienda electoral, el médico de 75 años había dado su bendición para que lo reemplazara el Dr. Héctor Nieto de la lista “Integración”. Sin embargo, el oficialismo perdió sin más y el Dr. Carlos Rojo, que ya se había presentado en varias oportunidades como una

alternativa vinculada al peronismo porteño, esta vez logró hacerse del triunfo en un sindicato que agrupa a más de 14.000 médicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Podríamos circunscribir a este fenómeno de disputa intrasindical, aunque en una escala reducida, lo sucedido el 2 de diciembre del año pasado en la seccional Mar del Plata de la UTHGRA -una de las más importantes- donde el dirigente Pablo Santín, vinculado al moyanismo, obtuvo un triunfo contundente sobre la Lista Celeste encabezada por Nancy Todoroff, quien contaba con el apoyo explícito de Luis Barrionuevo. La importancia de esta seccional la da la afluencia del turismo aunque paradójicamente -en palabras de Santín- el “68 por ciento de los trabajadores no están registrados”.

Se puede “olfatear” algo semejante para el próximo 17 de mayo con las elecciones de la UEJN (Judiciales) en donde ya se oficializaron dos listas opositoras, la Celeste y Blanca y la Azul Bermellón. Aquí también se abre un escenario de disputa inédito. El sindicato conducido por Julio Piumato desde 1990 esta vez tuvo una ruptura

nodal, que puede representar una seria amenaza al poder del histórico caudillo judicial. Luis Bechis -hasta ahora secretario adjunto- encabezará la lista Celeste y Blanca. Hace unos días sostenía: “necesitamos una renovación en nuestras estructuras, con jóvenes, mujeres, dirigentes de todo el país que luchen por mejoras reales para las y los trabajadores de cada jurisdicción”.

El resultado de la elección es incierto, claro, pero un triunfo opositor en la UEJN puede terminar por convertir el proceso de disputa en algunos gremios en un fenómeno generalizado, dejando una huella imborrable para las principales elecciones que se vienen en algunos de los gremios más importantes del país.

En este marco habrá que poner especial atención en los comicios del Sindicato de Comercio que se van a celebrar este año. Armando Cavallieri con sus 87 años y casi cuatro décadas al frente del gremio, ya estuvo en la cuerda floja en las elecciones de 2018 por lo que se espera que este año, aunque la contienda se produzca frente a Carlos Pérez, señalado por el “Gitano” como su sucesor, el opositor Ramón Muerza

se convierta en el nuevo mandamás del SEC Capital.

Claramente, los recambios enumerados no serán los únicos. Se avecina un año con turbulencias al interior de un movimiento obrero dinámico y muy heterogéneo. Por un lado, la presencia cada vez más visible de un sindicalismo enfrentado al conservadurismo de algunos dirigentes gremiales, que tomó el guante y viene asumiendo el reclamo por una vida mejor para millones de trabajadores y trabajadoras. Por el otro, la exigencia de un recambio generacional que encuentra la resistencia biológica y la de un aparato que si no se aceita es absolutamente inútil.

Abril 2022

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10 · #NoHayPlanetaB / Azul Schvartzman

Un análisis del informe del IPCC

“La principal problemática del ambientalismo hoy es la desigualdad y la pobreza” La ambientóloga María Azul Schvartzman, directora de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de PBA, sostiene que “los cambios en las elecciones individuales solo hacen contribuciones modestas a las reducciones de gases”.

Texto: Julián Monkes

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ste mes, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó su más reciente informe sobre las opciones para reducir las emisiones de los gases (GEI) que causan el cambio climático.

Para ahondar en las implicancias de este informe hablamos con María Azul Schvartzman, Directora de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del flamante Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires: “Las emisiones de GEI tienen que llegar a su máximo antes de 2025 como mucho, y ser reducidas en un 43% antes de 2030”. ¿Qué es el IPCC y cuál es la importancia del informe presentado?

El IPCC es un panel de científicos que reúne la ONU desde 1988 para que organicen la evidencia más actualizada sobre este fenómeno. Titulado como Cambio Climático 2022: Mitigación del Cambio Climático, este es el tercer reporte publicado por el IPCC entre 2021 y estos meses del 2022. Este informe analiza las opciones que tenemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs). El texto en líneas generales es bastante contundente sobre la urgencia de la situación en la que nos encontramos. ¿Cuáles considerás que son los principales ejes que presenta el informe?

A mi criterio, los mensajes más interesantes que nos trae se pueden resumir en cinco puntos. Las emisiones netas de GEIs fueron las más altas de la historia entre 2010-2019. Las contribuciones a las emisiones globales siguen siendo ampliamente diferentes por región y entre diferentes sectores sociales de un mismo país (usualmente el 10% más rico emite desproporcionadamente más que el resto). En materia de mitigación, el informe afirma que para mantener el calentamiento debajo de 1.5 grados las emisiones de GEI tienen que llegar a su máximo antes de 2025 como mucho, y ser reducidas en un 43% antes de 2030. En cuanto a los avances tecnológicos, resaltan que los costos de varias tecnologías (sobre todo las que refieren a generación de energías renovables) han caído continuamente desde 2010. Los costos de baterías solares, eólicas y de iones de litio se han reducido hasta un 85% en los últimos 10 años. El informe también muestra que los flujos de financiamiento para las acciones de mitigación

son muy insuficientes y necesitan aumentar entre un 300-600%. En el lado positivo, también identifican que hay suficiente liquidez a nivel global para cerrar esta brecha.

Finalmente, abordan un tema que suele ser “polémico”: las acciones individuales. Sobre esto, dicen que los cambios en las elecciones individuales SOLO hacen contribuciones “modestas” a las reducciones de GEI. Sin embargo, resaltan que se puede aumentar la escala de este impacto a través de políticas públicas que faciliten que las personas tomen estas decisiones. ¿Cuál es el impacto de este último informe?

Creo que en los medios en general, cada vez que sale un informe del IPCC, sobreabundan los análisis cataclísmicos del tipo “una alerta roja para la humanidad” o “nos quedan tantos años para actuar…”. En realidad, los mensajes que nos vienen comunicando desde el Panel son más o menos parecidos hace varios años.

Lo relevante de los informes del IPCC, a mi criterio, es que nos traen una compilación muy clara y robusta de los datos científicos más actualizados en materia de cambio climático. En este sentido, en cada ciclo de publicaciones del IPCC, lo que tenemos son más herramientas para enfrentar la toma de decisiones y el armado de políticas pertinentes para abordar esta problemática.

¿Qué opinión te generan las «rebeliones científicas» que se ven en países como España y que toman como base este tipo de elementos para criticar a los Estados?

Antes que nada, el acto de manifestarse siempre es un ejercicio válido y necesario en las democracias, y entiendo de donde nace la frustración o el enojo cuando hablamos de políticas que abordan el cambio climático. Ahora, yo creo que este tipo de manifestaciones, con un mensaje muy binario («o nos rebelamos, o nos extinguimos”) no dejan ver las complejidades de la problemática en cuestión y se quedan cortas a la hora de proponer soluciones. A mi criterio personal, la solución a los problemas de fondo que nos llevaron a este escenario, sobre todo, el de la desigualdad, se solucionan fortaleciendo las instituciones y generando políticas públicas robustas. Nuestra ministra, Daniela Vilar, lo dijo muy claro en el acto de presentación del plan de gestión del Ministerio: la principal problemática que tiene el ambientalismo hoy en día es la desigualdad y la pobreza. Si nuestras políticas públicas no pueden entender la centralidad de la dimensión social de la problemática del cambio climático, ahí sí vamos a estar en problemas.

Considerando el informe, ¿qué puntos se destacarán en tu gestión y la del Ministerio de Ambiente de PBA? Desde el Ministerio de Ambiente de

PBA estamos trabajando en políticas transformadoras, con la visión de enfrentar los problemas de fondo y desde las necesidades territoriales. En este sentido, nuestras acciones en torno al cambio climático se organizan en tres ejes: diagnóstico, desarrollo territorial e institucionalización. En cuanto al diagnóstico queremos mejorar las herramientas con las que contamos, por lo cual vamos a trabajar en la actualización del Inventario de Gases de efecto invernadero y crear un Mapa de riesgo provincial para trabajar en adaptación. En cuanto al desarrollo territorial, hoy la Dirección tiene dos programas muy importantes: el Fondo de Fortalecimiento de Capacidades locales en acción climática y el Voluntariado de Acción Climática. También vamos a apoyar a los municipios con capacitaciones y seguimiento técnico, lo que lo hace un proceso integral.

Por último, queremos que después de nuestro paso por el Ministerio quede institucionalizada la política climática en PBA, más allá de la administración.

En ese sentido, vamos a colaborar en el proyecto de Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para enviar al Congreso provincial. Nuestra idea es establecer un esquema de gobernanza parecido al de Nación, donde la política climática sea ideada por todos los ministerios, los 135 municipios y la sociedad civil.

Abril 2022

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12 · Feminismo / Encuentro Plurinacional

Será en octubre en San Luis

Calentando motores para el Encuentro Luego de casi tres años de espera, se dio a conocer la confirmación de la fecha del próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en San Luis. Detalles de la vuelta del pogo feminista.

Texto: El Grito del Sur

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espués de más de dos años de pandemia, donde las redes feministas quedaron tensadas entre la urgencia del territorio y la virtualidad de la asamblea, se dio a conocer la confirmación de la fecha del próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries a realizarse el 8, 9 y 10 de octubre en San Luis.

El proceso de organización, que comenzó a desarrollarse ni bien estuvo terminado el Encuentro de La Plata, en noviembre de 2019, quedó atravesado por la discusión sobre el cambio de nombre, un tema que venía heredado de ediciones anteriores como Chaco y Trelew. “Muches entendimos que después de La Plata era una decisión tomada y por mayoría elegimos continuar en esa dirección. Sin embargo, el sector minoritario que pretendía continuar con el nombre histórico de los Encuentros se separó y comenzó con una comisión paralela”, explicó a El Grito del Sur Angelina Arenas, responsable de prensa e integrante de la comisión organizadora.

Luego de lo sucedido, cierto grupo más pequeño y conservador convocó a encontrarse en el mes de noviembre alegando que comunidades mapuches de Neuquén pedían el cambio de fecha para que el evento no coincida con el 14° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios. Si bien es real que hubo una sugerencia sobre cambiar la fecha histórica, a la cual las organizadoras piensan dar lugar en el propio evento para ser discutida, la lideresa mapuche, Moira Millan, hizo un llamado a las mujeres indígenas para asistir al encuentro de octubre junto a las diversidades y declaró “que en noviembre el nacionalismo fascista, racista y discriminador se junta con el progresismo de pseudo izquierda consensuando filas contra la Plurinacionalidad del encuentro y negando la participación al movimiento LGTBQ, deciden que el encuentro de mujeres debe continuar siendo blanco y colonial”. “Ya se notó en La Plata de dónde viene este grupo que genera resistencia al cambio de nombre y que quiere desconocer a las compañeras, compañeros y compañeres”, continúo Arenas.

En ese sentido, las decisiones sobre el pogo feminista más grande del país fueron tomadas de común acuerdo en asamblea por la comisión organizadora que incluye diferentes sectores del movimiento. Así, indígenas, campesinas, travestis, trans, negras, gordas, putas y otros sujetos políticos tuvieron lugar en las discusiones generales. “Sabemos que históricamente el Encuentro fue organizado por un

grupo político, pero lo que nosotres queremos generar es la democratización en la comisión organizadora y por eso resolvimos todo a través de asambleas. En la última éramos más de cien personas entre compañeras de los barrios, con discapacidad, trans, travestis y quienes no pudieron participar porque no pudimos conseguirles movilidad pero son parte de la comisión organizadora”, dijo Arenas.

Desde el primer encuentro en 1986 con mil mujeres en la Ciudad de Buenos Aires hasta la avalancha de 300 mil mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales en las calles de La Plata, han pasado muchas conquistas y el feminismo ha marcado un cambio de época. Este año, el territorio querandí, huarpe y comechingón espera tener una convocatoria masiva que le permita reunir encuentreres de todos lados, especialmente de las provincias vecinas. “Esperamos que vengan muchas compañeras de Mendoza y Córdoba que son provincias con muchos habitantes, también del sur y otras regiones. Tenemos la esperanza de que por el lugar en donde estamos ubicados se pueda lograr una masividad”, continuó Arenas. “Para lograrlo vamos a necesitar la ayuda de todes les habitantes de San Luis para recibir a les encuentreres lo mejor posible”.

Respecto a los contenidos de los talleres, Angelina explicó lo importante que se sumen más niñeces y juventudes para hackear el adultocentrismo.

Además, adelanta que, para foguear la atmósfera y generar sustento económico, les integrantes de la comisión organizadora ya tienen pensado realizar festivales artísticos previos.

Sobre el impacto tanto positivo como negativo que tuvo la pandemia, la encuentrera considera que fue democratizador en el sentido de abrir la puerta a que muches compañeres puedan opinar y les permitió conectarse con regionales de otras provincias que ya habían albergado el multitudinario evento. “La virtualidad se convirtió en nuestro lugar de encuentro y vino a facilitar que todas aquellas con celular pudiéramos opinar, lo que dio una participación más masiva y democratizante. Igualmente somos conscientes que en la pandemia las violencias hacia mujeres y disidencias se han acrecentado. San Luis tuvo muchos más femicidios y también violencia en instituciones, como en el caso de Florencia Magalí. Que el encuentro se dé en San Luis va a favorecer la difusión de la situación de violencia y desigualdad que padecemos las mujeres y las disidencias”, aseguró Angelina Arenas.

“Yo soy militante del PJ desde los 16 años y siempre tuve una militancia activa, pero no puedo desconocer que dentro de lo partidario hay violencia política. Las mujeres debemos adoptar cierta forma de actuar para ser reconocidas en la lógica machista.

Siempre estamos en desventaja en los procesos de decisiones. Yo me siento sobreviviente de distintas violencias, especialmente la política, por eso es necesario el Encuentro para discutir estas desigualdades que tenemos las mujeres y disidencias”, concluyó Arenas.