CNI-110

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Boletín Nº 110 julio 2011

El Estado dará 2.300 millones a los Ayuntamientos para pagar sus deudas l Gobierno ha asignado 2.300 millones € en el Presupuesto 2012 para los Ayuntamientos, que deberán esta cantidad en el pago a proveedores, Pymes y autónomos acreedores de la Administración Pública prioritariamente. Realmente, serían necesarios 30.000 millones € para hacer frente a la deuda histórica de las Administraciones Públicas, y de hecho el Gobierno se comprometió en la misma ley, a poner en marcha una serie de créditos ICO para este fin, pero esto no llegó a aprobarse nunca en los presupuestos de 2011 para no aumentar el déficit del Estado. 2.300 millones representa apenas un 7% de total de la deuda, pero a pesar de todo va en la dirección adecuada para solucionar la dramática situación que están viviendo las empresas proveedoras. Lo importante es que se agilice su aprobación, los trámites y sobre todo, su correcta aplicación. Desde la aprobación de la Ley contra la Morosidad en junio de 2010, el plazo máximo legal de pago de facturas a proveedores para las Administraciones Públicas, se fijó en el año 2011 en 50 días. Sin embargo, en 2010 fue de ¡¡ 157 días!!, tres días más que en 2009. No debemos olvidar, que estos 50 días, están dentro de un periodo transitorio de adaptación, porque en 2012 la Administración Pública deberá pagar en 40 días, y a partir del 1 de enero de 2013 en 30 días.

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Medidas concretas La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) de la cual forma parte CNI y que tiene reconocida su representación en temas de morosidad por la ley 15/2010, continúa manifestando su voluntad de buscar acuerdos con los diferentes responsables del Gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales, con el objetivo de solucionar cuanto antes la deuda histórica de las administraciones con los provee-

dores, con lo que se podría evitar el cierre de miles de empresas (400.000 desde el inicio de la crisis), asegurando a su vez decenas de miles de puestos de trabajo. Entre otras medidas, contempla ■ que las Administraciones Públicas reconozcan de manera oficial y por escrito las cantidades que adeudan a sus proveedores y pacten con las entidades financieras para que los bancos acepten este reconocimiento de deuda y concedan así créditos a las empresas; ■ que las AA.PP. prioricen el pago de sus facturas pendientes a los proveedores a los que les adeude una cantidad que de no cobrarla llevaría a esas empresas al cierre; ■ y que se ponga en marcha la línea ICO, tal y como estaba recogida en la adicional cuarta de la Ley 15/2010, de forma que las administraciones puedan realizar pagos pendientes a proveedores, en especial a Pymes y autónomos.

En este número...

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julio 2011 - Nº 110


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