Reflexiones sobre la planeación y programación de la infraestructura en México
de la Riviera Maya en Quintana Roo hacia Chetumal; en el litoral del Pacífico de Baja California, al norte de Cabo San Lucas; en la costa de Veracruz, al norte y al sur del puerto, y caminos de mejores especificaciones para todos los pueblos mágicos del país. Existe un gran número de oportunidades semejantes; el turismo es el segundo generador de divisas del país y produce una gran cantidad de empleos. Los ingresos tributarios procedentes de los desarrollos turísticos relacionados con esas carreteras permitirían recuperar las inversiones en forma indirecta en plazos relativamente cortos. Un tercer caso sería la infraestructura del transporte de minerales en varias regiones del país, como por ejemplo para el proyecto del litio en Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas, y en forma similar para otros desarrollos mineros. El papel de la inversión privada No parece que nuestro régimen fiscal pueda modificarse para cambiar las tendencias históricas relacionadas con la disponibilidad presupuestal para cubrir todas las necesidades y oportunidades del país. Ante esa perspectiva, resulta razonable acudir a la inversión privada en materia de infraestructura, como se ha venido haciendo en algunas carreteras concesionadas. En este tipo de proyectos, la recuperación de la inversión privada se fundamenta en las cuotas que paga el autotransporte y en los volúmenes de tránsito futuros, lo cual es un riesgo que corre por cuenta del inversionista privado. Estas concesiones se otorgan bajo la premisa social de que sólo se concesiona una carretera si los usuarios tienen la alternativa de utilizar una carretera libre de cuota que cubra esa ruta, es decir que no existe un monopolio del concesionario. Sin embargo, en otros tipos de infraestructura para prestar servicios públicos, como es el caso del agua potable y sus servicios conexos, no existe la posibilidad de que los usuarios tengan fuente de suministro alterna, es decir que son sistemas monopólicos, con el agravante de que las tarifas son establecidas en general por los congresos de los estados y está ampliamente demostrado que los ingresos difícilmente alcanzan para cubrir los costos de operación y mantenimiento, sin que exista la posibilidad de que haya remanentes para
u Es necesario tener un plan con un horizonte de al menos 20 años, dinámico y flexible para ajustarlo en función de la situación del país y de sus regiones, la cual puede ir cambiando. De ese plan se derivarían programas de obras sexenales elaborados con suficiente anticipación para evitar improvisaciones en la selección de las obras de infraestructura y su construcción, o el inicio de obras no prioritarias o que carezcan de estudios y proyectos bien elaborados, además de una previa y amplia consulta y aceptación social.
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que la inversión privada tenga una seguridad razonable de recuperar su inversión en la ampliación de las obras. Adicionalmente, las tarifas están sujetas a objetivos sociales y tal vez políticos, y con frecuencia las autoridades se manifiestan en el sentido de que las tarifas no se incrementarán, lo cual pone en una difícil situación a los responsables de la prestación de los servicios para ampliar su cobertura y calidad futuras. Como consecuencia, los servicios de este tipo han entrado en una espiral descendente de calidad, tanto en cobertura como en continuidad, presión y calidad del propio líquido, lo que se ha prestado a los tandeos y la compra de agua a carros tanque que, además del riesgo de su calidad para el consumo humano, resultan de mayor costo para los consumidores que el que podría derivarse de una mejor tarifa. Algo similar sucede en el transporte urbano de varias ciudades, como el metro de la Ciudad de México. Por un sistema nacional de planeación Volviendo al tema de las posibles restricciones presupuestales futuras para la construcción de la infraestructura, los ingenieros civiles no podemos quedarnos en una actitud contemplativa. Por ello proponemos desarrollar un sistema de planeación y programación que contemple escenarios alternativos de mayor inversión, por ejemplo del doble, del triple o del cuádruple de la actual para acercarnos al 8% deseable del PIB. Para ello será necesario analizar alternativas de financiamiento suponiendo que pudieran destinarse mayores recursos presupuestales a través de un régimen fiscal diferente del actual, obtener créditos de la banca de desarrollo internacional considerando que algunos pudieran ser total o parcialmente amortizados a través de las cuotas y tarifas de los servicios, o con inversión privada procurando que los servicios monopólicos tengan tarifas que permitan generar los recursos para asegurar la recuperación de las inversiones privadas o los créditos mencionados. Conclusiones Es indispensable contar con un sistema de planeación para el desarrollo de la infraestructura que nos permita programar en forma ordenada, y en función de los recursos económicos de todo tipo disponibles, las obras que nos permitan incrementar el desarrollo económico y aumentar los niveles de vida de todos los mexicanos. Los ingenieros civiles tenemos la obligación ética de transmitirles a los poderes legislativos estatales, al Poder Legislativo federal y al Poder Ejecutivo federal nuestras opiniones, como lo establece la Ley General de Profesiones, sobre temas que, como este, son de gran importancia para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos ¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a ic@heliosmx.org
IC Ingeniería Civil Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México ❙ Núm. 629 abril de 2022
