Revista InduAmbiente N° 183

REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD.

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POR UN CHILE SOSTENIBLE

En una columna del Presidente Gabriel Boric, y una entrevista con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, presentamos la visión y prioridades del Gobierno para avanzar hacia un desarrollo justo, inclusivo y sostenible.

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ESPECIAL 30 AÑOS

REFORZANDO LAS BASES

Con este artículo iniciamos el repaso por los principales hitos, la situación actual y los desafíos para mejorar la gestión ambiental en materia de institucionalidad, cambio climático, aguas, aire y olores, suelos, residuos y biodiversidad.

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ACTUALIDAD

EN TORNO A LA CONSTITUCIÓN

La nueva Carta Magna en discusión debiera consagrar la protección del medio ambiente y el derecho a la estabilidad climática, entre otros aspectos, plantea Arturo Brandt, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental.

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ECONOMÍA CIRCULAR

A RECUPERAR METALES

Presentamos una serie de novedosas soluciones técnicas para la recuperación de estos recursos desde corrientes líquidas mineras, así como algunos casos de éxito en Chile y el extranjero.

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PARA PUERTOS SUSTENTABLES

Los puertos nacionales tienen un desafío prioritario para no ver tan afectada su actividad operacional: mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Conozca iniciativas, estudios y recomendaciones en tal sentido.

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¿VALOR COMPARTIDO?

Un análisis de las relaciones que hoy se dan entre las empresas y las comunidades insertas en sus áreas de influencia y hacia dónde deberían proyectarse. Opinan especialistas.

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PORTADA

¡Treinta Años!

Naciste en terreno yermo

Poco a poco tu semilla abrió campo fecundo Ahora reflejas los brotes verdes y no el suelo enfermo

No más humo negro moribundo

¡Treinta Años!

Te presentas como hace seis lustros Nunca te fuiste, nunca dejaste caer el telón

Tu afán sigue siendo un Chile sustentable, justo La pluma puede seguir con su envión

RESTAURANDO LOS ACUÍFEROS

Este artículo detalla las soluciones tecnológicas más utilizadas en Chile para la remediación de aguas subterráneas contaminadas, destacando ejemplos y desafíos.

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PARA UN BUEN MONITOREO

Revisamos los factores que se deben considerar para monitorear de manera apropiada los procesos de remediación ambiental, una actividad clave para asegurar la descontaminación de suelos y aguas.

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La Historia Ambiental de Chile

Con propiedad, podemos decir que en InduAmbiente hemos sido testigos, cronistas y, de algún modo, activos participantes de la historia ambiental reciente de Chile. Nos referimos a aquella que daba pasos incipientes a comienzos de los años 90 con la Secretaría Técnica y Administrativa de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y que empezó a tomar real cuerpo en marzo de 1994, tras la publicación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, casi un año después que editamos nuestro primer ejemplar Eran tiempos en que solo un puñado de locos hablábamos de la urgencia de cuidar el entorno natural y humano en nuestro país. La contaminación atmosférica que ahogaba a los habitantes de Santiago y otras ciudades del país, así como la polución que afectaba a gran parte de los ríos y cuerpos de agua, causando enfermedades como tifus y hepatitis en la población, encabezaban una lista de graves problemas que era necesario atender y ayudar a resolver.

Quisimos, entonces, hacer nuestro aporte desde la vereda de las comunicaciones, definiendo dos objetivos claros: entregar información técnica, de calidad y útil para nuestros lectores, y, a través de ella, tender puentes entre los sectores industriales que debían controlar sus emisiones contaminantes y los proveedores de tecnologías y servicios capaces de solucionar esas problemáticas. Pensábamos que, de ese modo, podríamos contribuir a que las actividades productivas continuaran generando el necesario crecimiento económico del país, pero de una manera más limpia y respetuosa con el medio ambiente y las personas para avanzar hacia el desarrollo sustentable, como lo proponía la reciente Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.

De ahí en más, mucha agua ha pasado bajo el puente. Se han implementado diversas instituciones e instrumentos de gestión (leyes, normas, planes de descontaminación, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, acuerdos públicos-privados de producción limpia, entre otros); se han registrado recambios tecnológicos en las distintas actividades industriales para reducir las emisiones contaminantes, como también una evolución en la cultura organizacional de muchas empresas que se ha traducido en un actuar más responsable; ha crecido la conciencia ambiental en la ciudadanía, dando paso a una sociedad más empoderada y comprometida con el resguardo medioambiental.

Esos y muchos otros avances –parte de los cuales repasamos en esta edición especial–, si bien aún son insuficientes, han contribuido a que, luego de tres décadas, Chile cuente con una estructura institucional y regulatoria aún joven, pero cada vez más robusta que sostiene una gestión ambiental que, con aciertos y desaciertos, ha ido encaminando al país hacia la sustentabilidad. Mientras que en la vereda privada también se ha visto una innegable mejora en la conducta de los diversos sectores empresariales, aunque siempre asoman casos que se salen de la norma.

Nada de eso, por cierto, nos puede dejar conformes ni tranquilos porque en nuestro país siguen existiendo deudas y desafíos ambientales bien relevantes como los que afectan, por ejemplo, a las personas que viven en zonas golpeadas por la alta polución industrial o en ciudades que cada otoño-invierno sufren con la mala calidad del aire. Más aún cuando hoy enfrentamos nuevas e importantes amenazas, encabezadas por los impactos asociados al cambio climático frente al que somos unos de los países más vulnerables, tal como lo comprobamos con las recientes inundaciones que dejaron desastres sociales y económicos. Un tema que, dicho sea de paso, es tan crucial para el devenir del país que debe quedar incluido en el texto de nueva Constitución actualmente en preparación.

Sobre este escenario, todas y todos tenemos que seguir trabajando con más fuerza para consolidar lo ya avanzado, dando continuidad en el sector público a las sendas que van bien orientadas, independiente del gobierno de turno –tal como lo señala la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en la entrevista que aquí publicamos–, y redoblando los esfuerzos desde el sector privado para sumar recursos y acciones que permitan apretar el acelerador a fondo para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Por nuestra parte, hoy que estamos cumpliendo 30 años, renovamos el compromiso de seguir aportando información técnica, útil y de calidad, como también de reforzar –a través de todas nuestras plataformas comunicacionales– los puentes entre la industria y los numerosos actores que hoy son parte de la escena ambiental, con un objetivo aún más ambicioso: contribuir al desarrollo de una historia ambiental mucho más próspera y sana para las actuales y futuras generaciones.

ESPECIAL 30 AÑOS

Con una columna exclusiva del Presidente de la República, Gabriel Boric, y una entrevista a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, abrimos esta edición especial con la que celebramos tres décadas de Revista InduAmbiente. En ese marco, a continuación, repasamos los principales hitos que han marcado el devenir ambiental de nuestro país en materia de institucionalidad, cambio climático y energía, aire, aguas, suelos, gestión de los residuos y biodiversidad, y también analizamos los desafíos prioritarios en cada una de estas áreas para seguir avanzando hacia el desarrollo sostenible.

MEDIO AMBIENTE: AVANZANDO DESDE LO SECTORIAL A LO TRANSVERSAL

Boric

Nuestro gobierno comenzó su mandato convencido de la urgencia de transformar el modelo de desarrollo vigente por uno que ponga en su centro el cuidado de las personas y la naturaleza.

Nuestra sobrevivencia depende del agua de los ríos y del oxígeno que generan nuestros árboles. Nuestro bienestar y crecimiento dependen de proteger bosques, humedales, glaciares y océanos. Por eso, promover un desarrollo sostenible que llegue a todas y todos, y que resguarde la existencia de estos vitales elementos, es un imperativo para una sociedad próspera.

Enfrentar la degradación ambiental requiere que el entendimiento ecológico esté en el centro de la forma en que habitamos y tomamos decisiones, a nivel público y privado. Para conseguirlo, es imprescindible que adquiramos una mirada sistémica. El cuidado del medio ambiente no puede quedar aislado en un solo ministerio, sino que debe ser un eje transversal a todas las políticas públicas del Estado chileno. Por eso, estamos trabajando para sentar las bases de un “Estado Ecológico”, de modo que lo socioambiental tome cada vez más relevancia y que las decisiones país se tomen considerando a este factor como uno fundamental.

Enfrentar las tres crisis ecológicas –climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación– es una prioridad del Gobierno. Esta urgencia nos llama a cambiar el modo en que nos transportamos, alimentamos, calefaccionamos, construimos nuestras ciudades y habitamos nuestro territorio en general; es decir, necesitamos impulsar un proceso de transformación planificado, gradual, pero decidido, que no deje a nadie atrás. Transitar hacia el desarrollo sostenible en Chile traerá beneficios directos a las personas.

Estos beneficios vienen al hacerse cargo de las causas del cambio climático –aquí nuestro compromiso de carbono neutralidad moviliza la transición energética con grandes posibilidades de desarrollo para el país, como la creciente industria del hidrógeno verde–, pero también al ocuparnos de las consecuencias del cambio climático.

Un ejemplo de lo anterior es el desafío de adaptarnos, especialmente para los eventos extremos a los que estamos y estaremos expuestos. La naturaleza tiene memoria de los cauces de los ríos y no tenemos tiempo que perder para proteger la vida y el sustento de las personas. Para ello, estamos imple-

mentando con fuerza la Ley Marco de Cambio Climático que, justamente, nos desafía a transversalizar la mirada sobre cómo estamos mejor preparados como país para enfrentar incendios, inundaciones y olas de calor.

En el diagnóstico sobre protección y recuperación de la biodiversidad, teníamos claro que se requería un rediseño institucional que lograse monitorear y proteger eficazmente el estado de los ecosistemas. Con la colaboración decidida del Congreso, sacamos adelante la Ley para la Naturaleza, que nos permitirá contar con un servicio público enfocado en proteger la rica biodiversidad de nuestro país. También hemos aumentado nuestras áreas protegidas en rincones emblemáticos de nuestro país: el mar de Pisagua, el desierto florido de Atacama, el archipiélago de Humboldt y el Valle de Cochamó. En nuestro primer año de gobierno logramos publicar la mayor cantidad de áreas protegidas desde la vuelta a la democracia.

Para hacernos cargo de la crisis de contaminación –tal vez la más visible a los ojos de los ciudadanos–, continuando con esta política de Estado, pusimos en marcha las metas de valorización y reutilización de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley del Reciclaje. Estamos apostando por una economía circular, donde lo que entendemos por residuos tengan una vida útil más allá de lo que podemos imaginar, creando oportunidades de desarrollo y de nuevos empleos, restando presión a los vertederos del país y cuidando la naturaleza, pues muchas veces los desechos terminan en quebradas, ríos u océanos.

Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido y hemos trabajado, junto a la ciudadanía, en procesos de transición socioecológica justa para ir en ayuda de territorios que históricamente han sido afectados por un crecimiento económico no sostenible. Sin duda que existe mucho por avanzar, pero en este camino que estamos emprendiendo, nuevamente, establecimos una lógica colaborativa. Las soluciones no vienen de una sola institución. Requiere del trabajo conjunto de un Estado que actúa con la visión del desarrollo sostenible como norte.

Pasar desde lo sectorial a lo transversal no es inmediato, pero como Gobierno estamos sentando las bases sólidas para que construyamos juntos un Chile más justo, inclusivo y sostenible.

Gabriel

Font Presidente de la República de Chile Columna especial para InduAmbiente

Foto: Dirección de Prensa, Presidencia de la República de Chile

“Como ministra del Medio Ambiente, yo siento que parte de mi rol es trabajar por fortalecer la institucionalidad ambiental. Chile tiene una institucionalidad que se sostiene en la Ley de Bases que va a cumplir 30 años, y su actualización en el año 2010 recién vamos a completarla ahora con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Con este servicio y las reformas a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vamos a dejar fortalecida la institucionalidad ambiental. Por otra parte, tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, que es un instrumento tremendamente importante y potente, porque involucra al Estado y, bien implementada, va a implicar un cambio muy significativo en la forma en que el país enfrenta los enormes desafíos que nos plantea la crisis climática”

Con esas palabras, Maisa Rojas resume las prioridades de su gestión que, según agrega, apunta a construir “un Chile más sostenible e inclusivo”

Se trata, por cierto, de una tarea tan compleja como necesaria de asumir. Y que requiere también de un adecuado involucramiento del sector privado y, en particular, de las empresas que juegan un rol clave para que el crecimiento económico del país sea compatible con el resguardo del medio ambiente y el respeto a las personas. De los avances y desafíos al respecto, conversamos en la siguiente entrevista

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En marzo próximo se cumplirán 30 años de la promulgación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en el Ministerio del Medio Ambiente están trabajando en una propuesta con reformas importantes para reforzar la institucionalidad y la gestión ambiental. “Ya están bastante definidas las ideas matrices de ese proyecto de ley que vamos a ingresar hacia finales de año”, anuncia la secretaria de Estado.

Una parte bien relevante de las modificaciones apunta a mejorar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con medidas significativas como la eliminación de las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA) a nivel regional y del Comité de Ministros, que resuelve las reclamaciones en torno a las decisiones de dicho órgano.

A eso se suman “materias como la participación ciudadana, lo que incluye fortalecer este instrumento en las Declaraciones de Impacto Ambiental, además de diseñar un sistema de Participación Temprana, previa al SEIA, para los gran-

Fortalecer la institucionalidad e implementar bien la Ley Marco de Cambio Climático son prioridades para la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, con miras a consolidar las bases para el desarrollo sustentable del país.

des proyectos de inversión. También se propone la modernización de componentes de la evaluación ambiental, como la incorporación de los impactos sinérgicos y acumulativos, entre otros”, indica.

Y agrega: “Hay que recordar que la Ley 19.300 no es exclusivamente SEIA. Es por ello que queremos incluir reformas a otros instrumentos, como la Evaluación Ambiental Estratégica y la Acción por Daño Ambiental para fortalecer el rol que cumplen en la política pública ambiental”.

-¿De qué modo los cambios que están barajando pueden dar mayor certeza a la ciudadanía y a las empresas respecto del buen funcionamiento de los procesos de evaluación ambiental?

“Una idea bien significativa de la propuesta, y muy en línea con el Acuerdo de Escazú, es mejorar la participación ciudadana. Creemos firmemente que eso contribuye a tomar mejores decisiones ambientales al considerar la mirada de quienes habitan los territorios, y con ello a reducir la conflictividad socioambiental que existe en torno a la evaluación de algunos proyectos. La oposición de la comunidad que aparece en algunos casos se da porque es la única instancia que tienen para incidir en lo que ocurre en sus territorios. Eso no debiera resolverse proyecto a proyecto, sino que corresponde a una definición anterior que debiera darse a través del ordenamiento territorial que es una herramienta bastante inmadura todavía en el país. Eso da un marco para el buen funcionamiento, por ejemplo, del SEIA”.

-Llevamos hartos años hablando de la falta de ordenamiento territorial en el país, y un problema que hemos advertido es la ausencia de un liderazgo dentro del Estado para avanzar, por ejemplo, en una regulación firme al respecto…

“Ahora tenemos un instrumento que son los PROT, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, que tienen en su reglamento Evaluación Ambiental Estratégica, y que son vinculantes, pero su reglamento todavía está en Contraloría. Yo creo que ese es un instrumento que va a servir, pero su desarrollo va a demorar. Mientras tanto, vamos a tener que seguir tomando decisiones sobre el territorio sin haber tenido esa conversación antes. Esa es una falencia que todo el mundo tiene bastante identificada, por lo que nuestra propuesta es, por un lado, mejorar la participación ciudadana y también tener algunos mecanismos de participación previa o temprana.

Y, por otro lado, está la propuesta de tecnificar más la toma de decisiones, eliminando el

Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental. La idea es reducir el componente político en la fase final del proceso de evaluación y dejarlo en una fase más inicial o anterior, que es donde pensamos que debiera estar”.

-¿Qué otra alternativa se está analizando para acelerar la tramitación de proyectos sin descuidar el resguardo ambiental?

“Además de una modificación a la Ley 19.300, en materias relevantes para la evaluación ambiental estamos trabajando en una reforma al reglamento del SEIA. Ambas propuestas en conjunto pueden contribuir a disminuir los tiempos en que un proyecto se comienza a ejecutar sin descuidar la importancia de proteger el medio ambiente.

En primer lugar, en la reforma al reglamento del SEIA estamos conversando con otros organismos para permitir que algunos permisos mixtos, que se tramitan en parte en el SEIA y en parte luego del SEIA, puedan ser tramitados completamente al interior del SEIA. El SEIA tiene plazos regulados y claros, que dan certezas a los titulares de proyectos. Pero si a esos plazos sumamos tiempos adicionales de tramitación fuera del SEIA, la posibilidad de iniciar la ejecución es mayor. Por eso proponemos que algunos permisos puedan ser tramitados al interior del SEIA sin que exista, necesariamente, tramitación posterior, reduciendo así el tiempo total para los proyectos.

Adicionalmente, en la reforma legal buscamos incluir ciertas mejoras al sistema recursivo que permitan optimizar los procesos y evitar que las causas se retrotraigan en reiteradas ocasiones. Una de esas mejoras es eliminar el Comité de Ministros y permitir que el SEA revise directamente los recursos. Asimismo, crear un único recurso para todos los interesados, sin las distinciones y limitaciones que tiene la ley actual, que provoca discusión y exclusiones”.

-¿Y eso también podría reducir la judicialización?

“Recurrir es un derecho para los titulares y la ciudadanía. Por ello, el foco no está en reducir o no esa posibilidad, que es un derecho, sino en evitar que las discusiones en tribunales se entrampen en asuntos menores y procedimentales. La idea es generar las condiciones para que los tribunales revisen las cuestiones de fondo de las evaluaciones. Eso, sin duda, contribuirá a reducir los tiempos totales entre que un proyecto ingresa a evaluación y se acaban las discusiones en tribunales.

Lo otro que puede ayudar a reducir los

tiempos de los proyectos es la reforma que ha anunciado el Ministerio de Economía de hacer una ventanilla única con todos los permisos sectoriales no ambientales, que vienen después de la evaluación y pueden llegar a ser más de 300. Ordenar eso evidentemente también reduciría los tiempos, no de la evaluación, pero sería un tremendo avance para acelerar la ejecución de los proyectos”.

-Otra reforma relevante es la que se pretende hacer a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde uno de los ejes es fomentar el uso de instrumentos de cumplimiento, y a la vez corregir algunas desviaciones que hoy se dan en su uso, ¿cómo se pretenden equilibrar ambas cosas y evitar que quede la sensación de impunidad frente a algunas infracciones?

“Efectivamente, se realizarán ajustes para promover el uso de esos instrumentos. El objetivo de la SMA no es sancionar, sino asegurar que las empresas cumplan en su ejecución. Por ello, desde el origen de la SMA más que la sanción, el objetivo es el cumplimiento: lo que a nosotros nos interesa es que no se produzca daño ambiental, ni infracciones a las normas o a los otros instrumentos de gestión. Además, la Ley de Delitos Económicos y Ambientales recién aprobada debería actuar como un disuasivo mucho mayor, ya que ciertas infracciones que iban por el lado administrativo ahora han entrado al Código Penal”.

-¿Las modificaciones planteadas permitirán optimizar los escasos recursos con que cuenta la SMA para cumplir su tarea fiscalizadora?

“Sí. La SMA es la que tiene la mayor subdotación de personal de todas las superintendencias del país. En su primera ley fue pensada de manera muy rígida y muy centralizada. La idea, por un lado, es diferenciar las sanciones y el procedimiento para las denuncias más simples, como las de ruido que son más del 50% del total. En esos casos, la idea es hacer un proceso simplificado. De esa manera se ahorran recursos y el actuar de la Superintendencia puede ser más eficaz”.

CAMBIO CLIMÁTICO

Sentar las bases para que el país esté mejor preparado para enfrentar el cambio climático es otra prioridad para la ministra Maisa Rojas. Más aún después de los últimos eventos meteorológicos extremos que han resultado

en desastres socio-naturales con cuantiosos impactos, como ocurrió con los incendios forestales registrados en febrero y las inundaciones ocurridas en junio y agosto. “Sabemos que el cambio climático ha aumentado -y seguirá aumentando- tanto la frecuencia y la intensidad como la duración de diversos eventos extremos, como olas de calor y precipitaciones extremas. Esta realidad nos llama a la urgente necesidad de adaptarnos a los impactos de este fenómeno, tal como nos mandata la Ley Marco publicada en junio de 2022, que tiene como objetivo adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a sus efectos adversos”, advierte la autoridad que también es experta climatóloga.

Agrega que para esto el MMA ha puesto al alcance de la comunidad información sobre amenazas y riesgos para el país mediante la plataforma Atlas de Riesgos Climáticos (ARClim), desarrollada en colaboración con 27 centros de investigación a lo largo de Chile para apoyar la elaboración de políticas públicas y la implementación de medidas de adaptación y su evaluación. Además, en el contexto de la creación de los Planes de Acción Regionales de Cambio Climático (PARCC), incluidos en la Ley Marco, el Ministerio está desarrollando cadenas de impacto específicas para cada región de Chile.

Más allá de eso, la Ministra señala: “Es imperativo hacernos cargo de la discusión de fondo. Los eventos que estamos presenciando y padeciendo nos imponen una gran responsabilidad: implementar acciones urgentes para, tal como

lo establece la Ley de Cambio Climático, ser resilientes al clima para enfrentar más preparados los eventos extremos y ser carbono neutrales para no seguir contribuyendo al calentamiento del planeta. El cambio climático es una realidad y sus efectos los estamos viviendo hoy. Y el costo de la inacción será siempre mayor al de actuar con decisión”

-A su juicio, ¿el sector industrial en general ha asumido la urgencia de actuar frente a la crisis climática?

“Yo diría que en el ámbito de cambio climático la industria en general entiende muy bien el rol que debe jugar, y que debe hacer cambios profundos para enfrentar la crisis climática porque, además, en muchos casos, es una oportunidad de desarrollar una nueva industria, y eso es muy positivo.

La Ley Marco de Cambio Climático plantea un compromiso de carbono-neutralidad a más tardar al año 2050, con metas intermedias a 2030 que está a la vuelta de la esquina. Eso implica un trabajo en el cual yo diría que el sector privado se siente comprometido y convocado, pero donde hay un enorme espacio todavía para fortalecer las alianzas público-privadas. Hay trabajo adelantado: la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático lleva varios años impulsando acuerdos de producción limpia, donde distintos gremios han estado avanzando en sus compromisos de carbono-neutralidad. Y el Ministerio del Ambiente tiene el programa Huella Chile, donde se invita a las industrias a medir su huella y a hacer compromisos también. Todo eso existe hace varios años, de manera voluntaria, pero le

tenemos que poner mayor fuerza y velocidad. Y para eso, desde el Estado convocaremos a todas las empresas para que se sumen a esta tarea”.

-También están los planes sectoriales que son muy relevantes para implementar acciones que permitan alcanzar las metas, ¿ve a los sectores empresariales bien involucrados en eso?

“No puedo dar fe por todos ellos, porque son bien diversos, pero efectivamente tenemos el compromiso nacional y después tenemos siete planes sectoriales, donde uno o más ministerios son los encargados de armar las estrategias y convocar al sector privado para hacer efectiva la mitigación y la adaptación.

En ese marco, yo diría que en el área de Energía hay un involucramiento y una relación público-privada que es bien cercana, lo que es relevante, porque es el sector con mayor responsabilidad en las emisiones de carbono.

En Minería también veo que están bien comprometidos con bajar sus emisiones, lo que se nota, por ejemplo, en que varias empresas están avanzando en el uso de energías renovables, en el uso de buses y camiones eléctricos, explorando el hidrógeno verde, entre otras acciones.

Hay algo interesante que ver también en el sector de residuos, que es uno de los grandes emisores de metano, donde Chile tomó un compromiso adicional el año pasado. Ese es un aspecto bien interesante, en que esperamos también generar una buena coordinación.

Todo eso va bien encaminado. A mí me encantaría poder convocar y anunciar una alianza público-privada decidida y robusta, para la implementación de la Ley Marco”.

-Hay otro desafío enorme que es la adaptación a los efectos del cambio climático, en el que hay sectores como el agrícola que deben asumir acciones, por ejemplo, para afrontar la sequía y donde pareciera que se avanza más lento…

“Sí. La falta de agua es claramente uno de los impactos más visibles del cambio climático que está viviendo el país, pero acaba de pasar un evento de inundaciones que nos recordó otros impactos que quizás no son tan frecuentes, pero que afectan gravemente a sectores como la agricultura, con grandes pérdidas de cosechas y de infraestructura de riego. La adaptación al cambio climático es el tema más complejo y es a lo que apunta el segundo objetivo de la Ley Marco: que Chile sea resiliente a los efectos adversos del cam-

Mejorar las condiciones de vida en los territorios que más han sufrido injusticia ambiental, como Quintero-Puchuncaví, es otra prioridad para el Gobierno.

bio climático. Yo diría que, en general, es una agenda que está menos visible...”

-Y que parece ir más atrasada…

“Un poco más atrasada. La Ley Marco nos obliga a tener 12 planes de adaptación, y el tema del agua se cruza prácticamente en todos ellos. Entonces, es un desafío grande”.

-Para la adecuada implementación de la Ley Marco, durante el primer año se debían dictar 21 reglamentos, lo que aún no se ha completado. ¿Cómo va ese proceso?

“Efectivamente, era un número significativo de reglamentos y algunos de estos fueron agrupados. Ya entregamos los más importantes (agrupación de procedimentales, orgánicos y sistema de información); los restantes vienen en los próximos meses. Hay unos que tienen un grado de atraso dadas sus complejidades, como el que tiene que ver con la implementación del artículo 6° del Acuerdo de París, pero que saldrá dentro de este año”.

BIODIVERSIDAD

Un hito muy relevante en la gestión del Ministerio del Medio Ambiente ha sido lograr la aprobación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), despachada por el Congreso en junio pasado luego de 13 años de tramitación. Con esto, se completó la estructura institucional ambiental planteada en la Ley 20.417 y, más importante que eso, el país podrá contar con un organismo público de dedicación exclusiva y más robusto para el resguardo del patrimonio natural.

Durante la discusión del proyecto de ley se generó un conflicto bien visible con la industria salmonera que, finalmente, logró mantener las concesiones ya autorizadas en las tres categorías más estrictas de áreas protegidas (parques nacionales, monumentos naturales y reservas de región virgen), donde la Ley SBAP busca prohibir la explotación de recursos naturales con fines comerciales.

-Usted anunció que van a insistir con la idea de que la salmonicultura no se localice dentro de las áreas más protegidas de mayor valor. ¿Cómo se pretende avanzar en eso, viendo que hubo una oposición cerrada de ese sector y en el país, en general, hay mucha preocupación por el crecimiento económico?

“Me encantaría que pudiéramos tener una agenda de trabajo con la industria sal-

monera, entendiendo que es un sector que da una cantidad importante de empleo y es muy importante para dos o tres regiones del país, pero que también debe tener un nivel de cumplimiento acorde al desarrollo sostenible que todos queremos alcanzar y a la situación de crisis asociada a la pérdida de biodiversidad. Es importante que se entienda que cuando decimos que la industria tiene que cuidar el medio ambiente y que una condición del desarrollo es hacerse cargo de la triple crisis que estamos viviendo –cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación–, nos estamos preocupando también de la sustentabilidad de la propia industria. No se trata solo de no hacerle daño a otros, sino a sí mismo. En el caso de la salmonicultura hubo una crisis muy importante con virus que fue, de alguna manera, autoprovocada, y me imagino que la industria aprendió harto de eso. Ahora hay nuevas amenazas asociadas al cambio climático, con cambios en las condiciones físicas de los fiordos, y a la contaminación que genera la descarga de materia orgánica por parte de esta actividad. Aparecen floraciones algales nocivas, por ejemplo, y la consecuencia la pagan ellos mismos. Entonces, se debe entender que esto no es un cuidado para otros de manera abstracta, sino que es para la misma industria y las personas que trabajan allí. Hay que seguir insistiendo en eso”.

TRANSICIÓN SOCIOECOLÓGICA JUSTA

-La transición socioecológica justa en las llamadas “zonas de sacrificio” es otro gran objetivo en que se han propuesto avanzar. Y uno de los pilares ahí es promover sectores productivos innovadores y sustentables, ¿cómo se compatibiliza eso con la actividad industrial, en varios casos altamente contaminante, que ya existe en esos territorios?

“A mí me entusiasma enormemente el trabajo en estos territorios que han vivido una injusticia ambiental importante, no sólo por un compromiso del Gobierno, sino también personal. En mayo estuvo en Chile el relator de derechos humanos en temas ambientales de la ONU y hubo harto foco ahí. El informe todavía no está, pero fueron duros sus primeros mensajes: hay una vulneración de varios derechos, como vivir en un medio ambiente libre de contaminación, salud, educación. Es un peso darse cuenta de que el Estado ha permitido esto por muchas décadas.

Esto ha ocurrido por un concepto de desarrollo que ha sido sucio y que ha provocado la triple crisis que hoy vivimos y que está particularmente presente en esos territorios. Cambiar esta realidad no solo es ambientalmente necesario, sino que socialmente necesario e importante.

El concepto de transición socioecológica justa es complejo, pero apunta a hacerse cargo justamente de eso. Este es un proceso para mejorar las condiciones de vida de las personas, para lograr bienestar social, bienestar ecológico, enfrentar el cambio climático y la descontaminación, haciendo los mayores esfuerzos en los territorios que más han sufrido con la injusticia ambiental, como son Tocopilla, Mejillones, Huasco, QuinteroPuchuncaví y Coronel. Allí estamos priorizando, por ejemplo, el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón para mitigar el cambio climático y descontaminar a nivel local, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un proceso de participación social para saber qué quieren hacer las comunidades con sus territorios. Tenemos diez ministerios involucrados en esta tarea porque se debe hacer de manera intersectorial”.

-¿Y ve real cooperación de las empresas en esto? Hay casos como el de Quintero- Puchuncaví donde las empresas debían presentar planes de adecuación de sus operaciones, pero después los reclamaron…

“Es un proceso que no es fácil, que no ocurre de la noche a la mañana. Y el Estado tiene que estar ahí para proteger a la ciudadanía, dar los espacios para que todos los actores cumplan con su rol y seguir convocando para hacer ese trabajo. El cierre de la Fundición Ventanas, por ejemplo, no fue un proceso simple: muchas personas trabajaron ahí durante décadas y no estaban de acuerdo, a pesar de que sabían que era una fuente muy importante de contaminación. Hay que entender que este proceso tiene muchas caras”.

A modo de reflexión general, Maisa Rojas concluye: “Los procesos de mejora en el área medioambiental son muy largos, por lo que es muy importante que esta sea una posta de gobierno en gobierno. Yo tomé ciertas postas y tengo que seguir tomándolas, independiente de quién venga después de mí. Para eso tengo que dejar una buena base sobre la cual podamos seguir construyendo esta transición a un Chile más sostenible y más inclusivo. Estoy esperanzada y trabajando con mucha energía para que eso ocurra”

REFORZANDO LAS BASES

Las propuestas de reforma a la SMA y al SEIA buscan seguir fortaleciendo la institucionalidad y la gestión ambiental concebida hace casi treinta años. Aquí se detallan y analizan.

Casi treinta años han pasado desde que en Chile se sentaron las bases de la institucionalidad que sostiene la gestión ambiental en nuestro país, plasmadas en la Ley 19.300, publicada el 9 de marzo de 1994.

Eso marcó el inicio de un proceso en que se han implementado diversos organismos públicos; se han dictado normas de calidad y de emisión, planes de prevención y descontaminación; se creó el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y otros instrumentos que han contribuido de manera importante a resguardar el medio ambiente y la salud de las personas durante estas tres décadas.

De ahí en más, se han ido haciendo distintos cambios y ajustes para ir mejorando este marco institucional, tratando de reforzar la protección socio-ambiental y ponerla en equilibrio con el necesario crecimiento económico, en pos del desarrollo sustentable del país.

La reforma más gruesa vino en el año 2010 con la publicación de la Ley 20.417 que, entre sus aspectos más relevantes, creó el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), y dio impulso también para la formación de los Tribunales Ambientales y del recién aprobado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Hoy, para seguir consolidando esos avances y perfeccionar el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, el Gobierno ha anunciado nuevas modificaciones a la Ley 19.300 –que apuntan principalmente a mejorar al proceso de evaluación ambiental– y también a la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA) en busca de reforzar la fiscalización.

A continuación, autoridades y especialistas desglosan y analizan esas propuestas.

Gentileza SMA

FISCALIZACIÓN

El año 2021, en el marco de la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado identificó la necesidad de fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente, institución que lidera la fiscalización ambiental en nuestro país. Para ello, se formó una mesa de expertas y expertos que dieron vida al documento “100 medidas para mejorar la institucionalidad fiscalizadora ambiental”. A partir de esas propuestas, el Ejecutivo trabajó durante todo 2022 en un proyecto de ley que fue aprobado en julio pasado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, el cual hasta el cierre de esta edición aún no ingresaba al Congreso para su tramitación.

La Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señala: “El proyecto, en su conjunto, permite fortalecer la SMA. Los pilares de la reforma permitirán contar con una institución mejor diseñada para asegurar el cumplimiento ambiental y que cumpla su función en términos eficaces y eficientes”

Desde la SMA también resaltan que la reforma permitirá hacerse cargo de la fiscalización y sanción de los instrumentos de gestión ambiental, cuyo número va en aumento y de las demás leyes que establecen la competencia de este organismo, como aquellas que establecen la Responsabilidad Extendida del Productor y los impuestos verdes, la Ley Marco de Cambio Climático, y la recién publicada Ley sobre Delitos Económicos y Atentados en contra del Medio Ambiente. Asimismo, destacan que la iniciativa reconoce la necesidad de generar políticas de cumplimiento ambiental y evaluar sus resultados.

En ese marco, el proyecto de ley plantea los siguientes objetivos y modificaciones:

• Reforzar los instrumentos de incentivo al cumplimiento, sobre todo las autodenuncias y los planes de reparación, los cuales han tenido una utilización considerablemente menor que los programas de cumplimiento (PdC). En ese sentido, se realizarán ajustes y mejorarán los incentivos para promover el uso de dichas herramientas y asegurar su finalidad, eliminando desviaciones actuales. Plumer comenta al respecto: “El proyecto de ley hace un esfuerzo importante para promover la reparación del daño ambiental en sede administrativa”

• Reconocer mecanismos para corregir infracciones menores, permitiendo disponer de vías alternativas para avanzar en el cumplimiento ambiental. “Los instrumentos de gestión ambiental de competencia de la SMA son especialmente complejos, no solo por razones de su contenido (altamente técnicos), sino también por su variabilidad en sujetos obligados, tipos de fuentes, tipos de exigencias, entre otros factores. Lo anterior se traduce en que existe una multiciplidad de infracciones posibles que pueden tener distintas entidades y efectos ambientales. El proyecto busca que se reconozcan expresamente instrumentos que permitan la corrección rápida ante infracciones menores, de tal manera que se avance rápido en el cumplimiento ambiental, pero, sobre todo, permita focalizar su estrategia en materias de mayor incidencia ambiental”, explica la Superintendenta del Medio Ambiente.

• Ajustar los procedimientos sancionatorios, la calificación de gravedad y el monto de las sanciones. Esto incluye la propuesta de un procedimiento simplificado para las infracciones leves. Además, pasarían a ser infracciones gravísimas todas aquellas que impliquen daño ambiental y toda elusión al SEIA. En cuanto a las multas, el monto máximo para las infracciones gravísimas se aumenta de 10 mil a 20 mil UTAs, y para las graves de 5 mil a 10 mil UTAs.

Marie Claude Plumer expone: “De acuerdo con el diseño actual de la SMA, solo existe un tipo de procedimiento administrativo sancionador para perseguir cualquiera de las infracciones ambientales tipificadas en el artículo 35 de la LOSMA, sin distinguir el tipo de instrumento de gestión ambiental,

ni tampoco la gravedad de la infracción. El proyecto de ley avanza en un modelo que reconozca un espacio de flexibilidad, especialmente para las infracciones leves, de tal manera que permita decisiones más rápidas, pero también más eficaces desde la perspectiva del cumplimiento ambiental”

• Aumentar las potestades de intervención frente a riesgos ambientales. Esto se traduce en que se amplían las Medidas Urgentes y Transitorias (MUT) en los casos que una actividad no regulada por un instrumento de carácter ambiental genere un riesgo inminente o daño al medio ambiente o a la salud de las personas. Además, se amplían a los casos de elusión al SEIA.

• Agilizar la tramitación y gestión de las denuncias, dando un plazo de 10 días a la SMA para definir su admisibilidad y 90 días para informar los resultados y/o actividades de fiscalizaciones ordenadas. También, se admite la denuncia anónima y se reconoce la denuncia digital.

• Reconocer la competencia de las municipalidades para fiscalizar la Norma de Emisión de Ruidos, cuando los proyectos o actividades no cuenten con una resolución de calificación ambiental (RCA).

DIRECCIÓN CORRECTA

En relación a la reforma esbozada en materia de fiscalización, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Paulina Riquelme, señala: “Al margen que al día de hoy sólo conocemos las ideas centrales sobre las cuales se estructurará el texto de la reforma que impulsará el Gobierno, y, considerando que el texto del proyecto de ley que concretará estas ideas matrices, es tan relevante como las ideas que lo inspiran, observamos que, en ciertas líneas de trabajo, el Ejecutivo apunta en el sentido correcto”

A continuación, la abogada se refiere a algunos de los lineamientos presentados. Con respecto a los cambios para fomentar el uso de los instrumentos de incentivo al cumplimiento destaca, primero, que los PdC han sido ampliamente utilizados por titulares de proyectos frente a formulaciones de cargos de la SMA y que esta herramienta pone énfasis en promover el cumplimiento ambiental por sobre imponer sanciones, lo que considera “adecuado y propio de ordenamientos jurídicos modernos”. Luego acota: “Realizar ajustes en este instrumento es algo que debe ser bien recibido, particularmente si se apunta a ampliar los plazos para su presentación ante la SMA, revisar los impedimentos para su presentación y buscar alternativas de incentivo al cumplimiento para procedimientos sancionatorios más simples, que sean rápidos y eficaces”

La representante del conglomerado empresarial también valora otra idea general de la reforma: la descentralización territorial de la SMA. A su juicio esto permitiría “descongestionar procedimientos sancionatorios a nivel central, la gestión eficiente de denuncias y fortalecer la fiscalización de la autoridad ambiental en las regiones. Ahora bien, la forma en que esta idea se plasme

Marie Claude Plumer asegura que la reforma permitirá a la SMA fiscalizar con mayor eficacia y eficiencia.

Valentina Durán indica que los cambios al SEIA buscan generar mayores certezas y confianzas para todos los actores.

en un texto legal es sumamente relevante, ya que debe propender a alcanzar un equilibrio entre el fortalecimiento de las Oficinas Regionales y el control o sujeción del actuar de las Oficinas Regionales a sus equivalentes en otras regiones, o bien al nivel central. Todo ello, con el fin de evitar que se generen multiplicidades de criterios en el ejercicio de las funciones de la SMA, garantizando con ello, la predictibilidad de la autoridad en su actuar”

Por el contrario, en relación al ajuste de los criterios de calificación de gravedad de las infracciones y el incremento del umbral de multas para las infracciones, la representante de la CPC opina que “no se observa una necesidad inmediata” de hacer estos cambios. “El sistema administrativo sancionador que administra la SMA, contempla alguna de las sanciones más intensas de nuestro ordenamiento jurídico (multas de hasta 10.000 UTA por infracción, revocación de RCA y clausura definitiva de un proyecto). Estas sanciones parecieran ser un desincentivo suficiente para que titulares cumplan con sus obligaciones ambientales y, a su vez, se constituyen en un marco regulatorio amplísimo para que la autoridad ambiental pueda, en su mérito, fijar una sanción acorde a las características de la infracción que se sanciona. A lo anterior, debe sumarse que los casos en que la SMA ha cursado multas de más de 10.000 UTA, son porcentualmente muy menores”, argumenta.

Otro punto de vista sobre estos temas plantea Alfonso Vial, gerente general de Gestión Ambiental Consultores (GAC): “En cuanto a las sanciones, la reforma contempla una revisión del sistema de categorías de gravedad y un aumento en las multas con el propósito de disuadir a aquellos que incumplan las normativas ambientales. La idea es garantizar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas. Vendría bien un rediseño en materia de incentivos, evitando que sea muchas veces la fiscalización, la que termine gatillando las acciones hacia el cumplimiento”

El especialista advierte, además, que “cuesta encontrar información oficial y actualizada del proceso” de reforma. Sobre ese escenario, resalta dos ideas generales: la descentralización de ciertas funciones de fiscalización y sanción en relación a los casos de ruidos molestos, buscando una coordinación más directa con los municipios y juzgados de policía local; y “la ampliación de la competencia cautelar de la SMA para actuar frente a situaciones de riesgos ambientales, incluso en proyectos y establecimientos que no estén reguladas específicamente por instrumentos ambientales”

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Otra iniciativa clave para seguir consolidando la institucionalidad y la gestión ambiental en Chile es el proyecto que el Ministerio del Medio Ambiente presentaría a fines de este año para modificar la Ley 19.300, el cual entre sus principales ejes apunta a mejorar el proceso de evaluación ambiental, incluyendo por cierto el funcionamiento del SEIA.

¿Cuáles son los objetivos e ideas matrices?

Valentina Durán, Directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), responde: “Tal como señaló el presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública ante el Congreso Nacional, el Gobierno está impulsando cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para poder generar mayores certezas y confianzas a todos los actores, los que incluyen un proyecto de ley, la reforma a su reglamento, en dos fases, así como distintas medidas de gestión”

En lo que respecta a la modificación legal en preparación, la abogada detalla que entre sus objetivos está fortalecer la rectoría técnica del SEA dotándolo de mayor autonomía y más herramientas. “Esto implica contar con una entidad sólida y especializada que pueda evaluar de manera imparcial los impactos ambientales de los proyectos y llegar hasta la calificación de éstos, eliminando las Comisiones de Evaluación Ambiental y tomando decisiones basadas en criterios científicos y técnicos. Un servicio más autónomo contribuirá a la transparencia y confianza pública en el proceso de evaluación”, plantea.

En este contexto, indica que existe bastante consenso en que “sea una autoridad unipersonal –en este caso directores(as) del SEA–, la que califiquen los proyectos a nivel regional”

Añade que otra idea matriz de la iniciativa en desarrollo es incorporar la participación ciudadana temprana, conforme al Acuerdo de Escazú, para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones y en el diseño de los proyectos. Al respecto, sostiene: “La sociedad debe tener acceso a la información relevante sobre los proyectos en evaluación, así como oportunidades para participar de manera significativa desde las etapas iniciales del diseño de los proyectos, durante su evaluación, y en su desarrollo y ejecución”

Valentina Durán indica, además, que el proyecto de ley abordará “la necesidad de mejorar la calidad de la información disponible para la evaluación de impacto ambiental, junto con la agilización de los tiempos de tramitación, brindando mayor acceso a la justicia ambiental y promoviendo la adaptabilidad y la actualización periódica de las resoluciones de calificación ambiental. Lo anterior, debido a que hoy tenemos un modelo muy rígido que ha permitido la proliferación de las consultas de pertinencia, cuya respuesta no logra lo que se busca, que es autorizar cambios de no consideración en los proyectos”

Otra idea fuerza de la reforma legal al proceso de evaluación ambiental es eliminar el Comité de Ministros como instancia para reclamar las resoluciones de calificación ambiental. Sobre esto, la Directora del SEA comenta: “Parte importante de la reducción de plazos y de la mayor certeza que se requiere, se debiera obtener con ajustes integrales al sistema recursivo, dejando que la calificación de los proyectos y la resolución de los recursos sea decidida de manera técnica, reduciendo la componente política de esas decisiones y acelerando esos procesos”

Frente a la posible eliminación del Comité de Ministros, Paulina Riquelme opina: “Si bien es necesario reconocer y limitar el componente político en la evaluación ambiental, considero relevante mantener un sistema recursivo administrativo que permita a la autoridad que dicta el acto, o bien, a un organismo distinto (como lo es actualmente el Comité de Ministros) revisar la decisión en sede administrativa, previa judicialización del asunto”

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la CPC añade que, en este contexto, los esfuerzos debieran “centrarse en generar un mejor diseño procedimental e institucional para que las decisiones que surjan de esta instancia recursiva, permitan restringir la discrecionalidad y garantizar la calidad técnica del proyecto”.

CAMBIOS AL REGLAMENTO

Para mejorar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental también se están haciendo modificaciones reglamentarias. De hecho, recientemente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó ajustes tendientes a reforzar la adaptación al cambio climático y

la participación ciudadana en esta instancia.

Valentina Durán expone: “La primera fase de la reforma al Reglamento, que está en tramitación para su publicación, cumple con la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, así como con mejorar estándares en la línea del Acuerdo de Escazú, para facilitar la participación ciudadana informada, incorporar monitoreos participativos, entre otras medidas”

Agrega que se está preparando una segunda modificación que busca reforzar la ventanilla única y la rectoría técnica del SEA. “Esta segunda fase tratará de la racionalización de procedimientos, por ejemplo, intentando simplificar la obtención de los permisos ambientales sectoriales, de manera de también permitir una mayor agilidad en la tramitación de los proyectos”, apunta la autoridad.

Estos aspectos son bien relevantes para el sector privado donde la obtención y tramitación de permisos sectoriales se percibe como “una gran piedra de tope para el desarrollo de la inversión”, indica Paulina Riquelme. Para graficarlo comenta: “En ocasiones, el tiempo de tramitación de un determinado permiso –por ejemplo, ante la DGA– puede superar los 2 años, cuestión que genera incertidumbre en la ejecución de aquellos proyectos que lo requieren. De hecho, según un reporte de la CChC basado en datos del SEA, el tiempo de tramitación promedio de un proyecto de inversión en el SEIA ha pasado de 12,8 meses en 2009 a 17,8 meses en 2023, lo que representa un aumento de 40% en los tiempos de tramitación en poco más de una década. Por ello es que urge volver a los permisos, revisar la función de ventanilla única del SEIA y agilizar la tramitación de permisos sectoriales para que éstos no supongan un impedimento para el desarrollo de la inversión”

MÁS AJUSTES

¿Qué otros ajustes se podrían hacer para seguir robusteciendo el SEIA?

Alfonso Vial contesta: “Una medida ambiciosa y de largo plazo sería adoptar una normativa más adaptativa, que acepte la rapidez de los cambios actuales y se anticipe a futuras condiciones. Esto implica incorporar flexibilidad en las medidas de compensación y seguimiento, permitiendo respuestas ajustadas a la incertidumbre generada por el cambio climático”.

El gerente general de Gestión Ambiental Consultores plantea que también se podría avanzar hacia una perspectiva ecosistémica en que se evalúen no solo los impactos sino también las medidas. “Hoy estamos muy atados a medidas sectoriales que buscan responder a un servicio particular, sin embargo, al considerar las interacciones entre los elementos bióticos y abióticos en un área determinada, se obtiene una visión más integral de los efectos de los proyectos o actividades, pudiendo de esto surgir medidas que podrían ser de mayor impacto.

En esto, el desafío es lograr equilibrar esta perspectiva con las posturas sectoriales y específicas. Por ejemplo, iniciar una discusión en relación a los bancos de compensación que permitirían una gestión efectiva de los impactos ambientales, al enfocarse en la restauración y conservación a largo plazo, en lugar de simplemente mitigarlos desde una perspectiva meramente de proyecto”, explica.

Desde la CPC, en tanto, expresan su preocupación por el aumento de las obligaciones para el ingreso al SEIA, especialmente de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), lo que “se ve reflejado en la dictación de nuevas Guías, Criterios e Instructivos para la evaluación ambiental que, en el último tiempo, han incorporado mayores exigencias y estándares de información”, dice Paulina Riquelme.

La abogada indica que esto se ha traducido en que los titulares deban incurrir en mayores costos, lo que en ocasiones se convierte en una barrera de entrada al SEIA. “En tal sentido, no observamos que la autoridad esté realizando el análisis de costo-efectividad en los estándares de información que son exigidos durante la evaluación ambiental, ni tampoco una justificación acabada para exigir dicho estándar a un proyecto determinado”, apunta.

Añade que los contenidos técnicos de las DIA son cada vez mayores y con un alto nivel de exigencia respecto a justificar la inexistencia de impactos significativos, lo que en cierta medida ha ido difuminando el límite entre una Declaración y un Estudio de Impacto Ambiental. Esto también “mengua el objetivo inicial de la distinción entre vías de ingreso (DIA o EIA), que originalmente era permitir una evaluación ambiental más expedita de proyectos que no presentan impactos significativos”, sostiene.

Asimismo, señala que es importante uniformar criterios entre las evaluaciones ambientales de las distintas regiones, para construir certezas en torno al estándar que los proyectos deben cumplir para obtener su RCA.

ORDEN TERRITORIAL Y MÁS

Paulina Riquelme releva también el rol del ordenamiento territorial en la evaluación ambiental y, al mismo tiempo, advierte: “Ambos instrumentos son distintos y no podemos pretender suplir problemas de ordenamiento territorial a través del SEIA, siendo por ello necesario delimitar claramente el rol de cada uno en nuestro ordenamiento ambiental”

Luego, comenta que el país tiene importantes desafíos en cuanto a la planificación territorial y que avanzar en esta materia permitiría “una distribución más equitativa de las cargas ambientales y modelar el uso de los territorios, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”

Alfonso Vial coincide en que “mejorar la planificación territorial” es un desafío prioritario para que el país avance hacia el desarrollo sostenible, argumentando que “proporciona una visión estratégica y coherente, conjugando el desarrollo con los aspectos ambientales y sociales”. Luego detalla: “La planificación territorial es crucial para agilizar el desarrollo de proyectos y evitar conflictos socioambientales. Al identificar áreas adecuadas para el desarrollo y coordinar infraestructuras, se optimiza el uso del suelo y se atrae inversión y financiamiento. Además, los procesos se simplifican al contar con certezas y una hoja de ruta definida”

Añade que una planificación bien ejecutada incluye la participación ciudadana, y ayuda a evitar la degradación de ecosistemas frágiles y la sobreexplotación de recursos, garantizando sostenibilidad y previniendo conflictos entre distintos sectores.

Finalmente, Paulina Riquelme menciona los que son, a su juicio, otros temas claves que se deben priorizar a nivel institucional para seguir avanzando hacia la sostenibilidad: la implementación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas y de la Ley Marco de Cambio Climático; avanzar en un modelo de desarrollo que vaya de la mano con la economía circular; y regular el componente suelo y la remediación de suelos contaminados.

Fomentar el uso de los instrumentos de incentivo al cumplimiento parece adecuado, dice Paulina Riquelme.

Alfonso Vial propone avanzar hacia una visión ecosistémica en que se evalúen los impactos y también las medidas.

LLAMADOS A LA ACCIÓN

Para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, Chile se dio una ley marco y ha apostado por la descarbonización de su matriz energética. Acá las principales iniciativas y desafíos para lograrlo.

Aportamos mínimamente al problema, sin embargo, sufrimos y estamos muy expuestos a sus consecuencias. Parece un contrasentido, pero es muy real: Chile es responsable del 0,25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y, al mismo tiempo, cumple con 7 de los 9 requisitos de vulnerabilidad a este flagelo definidos por Naciones Unidas.

Según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en el 2020 el balance entre emisiones y absorciones de GEI de Chile alcanzó las 55.825 kt de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq), incrementándose en un 429% desde 1990 y disminuyendo en un 4% desde 2018. Y las emisiones totales de GEI del país en el mismo año, excluyendo el sector UTCUTS (uso y cambio de uso de la tierra más la silvicultura), fueron de 105.552 kt CO2 eq, aumentando en un 116% desde 1990 y bajando en un 4 % desde 2018.

Como es de suponer, el sector energía es el principal emisor de GEI representando el 76% de las emisiones totales en 2020, “que provienen mayoritariamente de la quema de carbón mineral y gas natural para la generación eléctrica, y de diésel y gasolina para el transporte terrestre”, reporta el MMA.

El sector UTCUTS es el único que absorbe GEI en el país. En 2020, el balance de GEI de este segmento contabilizó -49.727 kt CO2 eq debido, fundamentalmente, al aporte de las tierras forestales y de los productos de madera recolectada.

DESDE 2015

Para ayudar a limitar el aumento de la temperatura del planeta a través de la reducción de las emisiones de GEI, Chile presentó su primera Contribución Nacional Determinada (NDC) tentativa para el Acuerdo de París en 2015, la que luego de su ratificación se transformó en el compromiso oficial del país.

Chile dio a conocer la actualización de su NDC en abril de 2020 y en noviembre del 2022 anunció un fortalecimiento de sus compromisos a través de un anexo que incorpora un aporte en materia de emisiones de metano.

Jenny Mager, jefa de la División Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, destaca que desde la firma del Acuerdo de París, en 2015, “Chile ha avanzado decididamente en comprometer metas ambiciosas en materia de reducción de gases de efecto invernadero, mejorar la resiliencia del país y crear condiciones desde el punto de vista de la política pública para la acción climática”

En este contexto, recuerda que en 2021 se elaboró la Estrategia Climática de Largo Plazo (ver recuadro), que no sólo da la visión de un Chile carbono neutral y resiliente al 2050, “sino que elabora un análisis de acciones sectoriales que se desarrollarán a mediano y largo plazo”, afirma.

El mayor hito en la materia, sin embargo, data de junio de 2022, cuando se hizo oficial la Ley Marco de Cambio Climático, “que no sólo formaliza la gobernanza para la coordi-

31,3% De la generación de energía eléctrica provino de energías renovables no convencionales en julio de 2023, un 9,2% más que en el mismo mes de 2022.

9.000 Millones de dólares en pérdidas, al menos, generaron en Chile las sequías e inundaciones que fueron consecuencia directa del calentamiento global. Esto, en el periodo 1926-2019, afectando a más de 7 millones de personas, según un estudio de la Cepal.

nación de la política climática, sino que también crea instrumentos para su gestión permanente. Es así como desde 2024 tendremos 7 planes sectoriales de mitigación y 12 planes de adaptación. Además, y relevando la importancia de la acción local, la Ley establece que desde 2025 cada región y comuna de Chile debe contar con un plan de acción climática cuyo diseño debe tener coherencia con los instrumentos nacionales”, detalla la especialista.

En relación a la vulnerabilidad del país

Estrategia Climática de Largo Plazo

Se trata del instrumento u hoja de ruta que define los lineamientos generales que seguirá Chile de manera transversal e integrada, al año 2050, para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de GEI, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático.

En lo más inmediato, a 2025, contempla: el retiro del 65% de la generación a carbón de la matriz nacional; sumar 10 mil a 15 mil hectáreas de humedales urbanos protegidos; establecer un ecoetiquetado de reciclabilidad obligatorio; que el 100% de las áreas marinas protegidas declaradas antes del año 2020 cuenten con planes de manejo; y contar con un programa de sensibilización respecto de la vinculación de la reducción de riesgo de desastre y el cambio climático en temáticas afines (como movilidad humana).

Mientras que al 2030 se ha propuesto: que el 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables; aumentar en un 50% la red de estaciones de glaciares (cruciales para su monitoreo y estudio); la implementación de flotas cero emisiones en el sector minero; que el 100% de la población urbana tenga acceso a servicios sanitarios; y contar con una metodología consensuada para incorporar las pérdidas y daños del país en la evaluación de los costos de la inacción. Esto, en todos los planes sectoriales de adaptación y en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Jenny Mager apuesta por reforzar la cooperación público-privada para lograr los objetivos climáticos del país.

frente a los impactos del cambio climático, Mager resalta que Chile cuenta con una herramienta llamada ARCLIM (Atlas de Riesgo Climático), que es pública y gratuita, y permite visualizar mapas de riesgo climático y cadenas de impacto para su uso en el diseño de políticas y toma de decisiones.

POSTURAS SIMILARES

Coincidiendo con los puntos ya mencionados, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, postula que “la Ley de Cambio Climático es el avance más significativo, tanto por el compromiso de carbono neutralidad al 2050 como por la obligación de desarrollar planes de adaptación en diferentes escalas. Ahora, sin embargo, el mayor desafío es implementar adecuadamente esta regulación, para lo que necesitamos importantes esfuerzos institucionales y económicos. Otro avance importante ha sido el desarrollo de ARCLIM, la plataforma de conocimiento de riesgo climático. Para poder adaptarnos es necesario conocer nuestras amenazas y vulnerabilidades.

Y en mitigación también tenemos importantes progresos por el rápido desarrollo de las energías renovables”

Para Rodrigo Herrera, ingeniero forestal de Fundación Terram, la Ley Marco de Cambio Climático y el desarrollo del Atlas de Riesgo Climático son también los mayores logros que

12 Sectores deben elaborar planes de adaptación al cambio climático según la Ley Marco de 2022: biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura, salud, minería, energía, silvoagropecuario, pesca y acuicultura, ciudades, turismo, zona costera y transportes.

30 De noviembre próximo se inicia la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Se realizará en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, hasta el 12 de diciembre.

A juicio de Anahí Urquiza, la Ley de Cambio Climático es el mayor avance de Chile en este ámbito.

exhibe Chile en este campo. No obstante, precisa que “todos estos esfuerzos son insuficientes frente a la agresividad del cambio climático, por lo cual el trabajo debiese orientarse hacia la adaptación más que a la mitigación. La vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales está siendo mucho más evidente, y se requieren medidas urgentes para reducir esa condición”.

ROL DE LOS PRIVADOS

Con la mirada puesta en el presente y futuro, Jenny Mager manifiesta que el primer desafío en el área de la acción climática es “entender la nueva forma de hacer política pública que plantea la Ley Marco, dado que los instrumentos de gestión deben ser co-construidos entre distintos actores y responsables, alejándonos de la lógica sectorialista y tratando el problema como un tema transversal. Si bien desde antes de la Ley se ha trabajado con una lógica de coordinación intersectorial, este proceso se debe reforzar y avanzar en conjunto por los objetivos climáticos de Chile”

Luego expone la necesidad de que el sector privado se sume decididamente a esta ardua labor. “Si bien muchas empresas han asumido compromisos de sostenibilidad y carbono neutralidad, es importante que sus acciones estén en coherencia con la política nacional. Además, hay que considerar el involucramiento temprano de los privados en los diseños de los instrumentos de gestión climática. Esto, junto con bajar las acciones hacia proveedores y medianas y pequeñas empresas, presenta una complejidad adicional que deberá ser abordada. Solo con la participación de todos será posible enfrentar los desafíos futuros que el cambio climático está instalando”, asevera.

Rodrigo Herrera, por su parte, hace un llamado a los privados a acelerar con mayor compromiso la descarbonización de la matriz energética y eléctrica, “lo cual también se relaciona con un cambio del modelo de desarrollo que en Chile no se está discutiendo. Queremos disminuir los gases de efecto invernadero pero haciendo lo mismo, y eso solo se traduce en patear la crisis hacia adelante. Se cerró la Fundición Ventanas este año y existe un plan para eliminar plantas termoeléctricas al 2025, sin embargo, la emergencia o crisis climática requiere mucho más que eso, y la transición energética de la cual todos hoy hablan parece limitarse a reemplazar materias primas por otras sin que, en nuestro país, exista una visión estratégica de largo plazo al respecto”, advierte.

En la misma línea, Anahí Urquiza comen“la industria debe avanzar en varios frentes: enmarcarse en una economía circular, lograr la carbono neutralidad en sus procesos y aportar

Rodrigo Herrera espera que los privados asuman un mayor compromiso con la descarbonización de la matriz energética y eléctrica.

Chile se fijó metas para reducir las emisiones de metano, que son aportadas mayoritariamente por vertederos y rellenos sanitarios.

a la generación de resiliencia de los territorios donde está emplazada”

TRANSFORMA Y HUELLACHILE

Para movilizar justamente a la industria hacia la acción climática, en junio pasado se lanzó el Programa Transforma Cambio Climático. La iniciativa público-privada busca fomentar y acelerar la adopción, por parte de empresas y organizaciones, de actividades y prácticas que contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio climático en sus procesos productivos.

“El objetivo de la herramienta es promover la creación de soluciones tecnológicas que permitan que empresas y organizaciones chilenas respondan a los desafíos que impone el cambio climático y así contribuir al cumplimiento de la Estrategia Climática de Largo Plazo al 2050. En su primera etapa se elaborará una hoja de ruta con la participación de empresas, ONGs y sector público, para definir cursos de acción en materias como reducción de emisiones de GEI, así como de resiliencia ante los efectos del cambio climático”, explica el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Tal esfuerzo se alinea con el trabajo realizado por el Programa HuellaChile para difundir y crear capacidades, herramientas y alianzas que motiven a las organizaciones a gestionar y reducir sus emisiones de GEI. Desde su creación, el año 2013, ha logrado registrar a más de 2.050 empresas e instituciones de diversos rubros de los sectores público y privado. Además, ha otorgado más de 1.250 sellos de reconoci-

miento como parte de sus logros, de los cuales un 90% corresponde a cuantificación, 7% a reducción, 1% a neutralización de las emisiones de GEI y 2% a excelencia en este ámbito.

CUMPLIR COMPROMISOS

Aunque espera que Chile cumpla sus compromisos climáticos, Rodrigo Herrera es escéptico al respecto. Al respecto, señala: “En abril de 2020, nuestro país presentó ante Naciones Unidas la actualización de su NDC, fijándose como meta ser carbono-neutral al 2050. Y la Ley Marco de Cambio Climático, promulgada el 2022, lo asume como objetivo. No obstante, al revisar esos compromisos, es difícil creer que efectivamente se cumplirán al 2030 o al 2050. Por dar sólo un ejemplo, Chile se comprometió con el manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos, pero resulta que el promedio de la superficie manejada desde que se implementó la Ley de Bosque Nativo, el 2008, es de 4.000 hectáreas anuales. Con esta tasa es imposible lograr lo pactado, siendo que el manejo forestal sustentable y la recuperación de los bosques nativos son indispensables para enfrentar la crisis que atravesamos”

A su vez, Anahí Urquiza agrega que también es fundamental avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y en la capacidad de tomar decisiones sobre los territorios considerando una perspectiva de largo plazo, sobre todo “en gestión integrada de cuencas y ordenamiento territorial”

Eduardo Astorga Profesor de Derecho Ambiental

Delitos ambientales, un cambio histórico para Chile

Haciéndose eco de las recomendaciones de la OCDE, Chile incorporó por primera vez en forma sistemática la responsabilidad penal ambiental, aplicable tanto a personas naturales como jurídicas.

Es así como un conjunto de conductas que se tipifican como “maliciosas”, es decir dolosas, serán ahora constitutivas de delito, así como también las acciones culposas, imprudentes o negligentes.

La gravedad dependerá de su extensión espacial, según las características ecológicas o geográficas de la zona involucrada, su duración, ser irreparable o difícilmente reparable, las especies impactadas…

Tal es el caso de la acción de ocultar, morigerar, alterar o disminuir la información sobre los efectos o impactos ambientales futuros determinados en la evaluación ambiental, de un modo tal que pudiere conducir a una incorrecta aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Lo mismo que el fraccionamiento de proyectos o actividades para eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o hacer variar la vía de ingreso a éste.

En materia de fiscalización también existirá responsabilidad penal, cuando se presentare a la Superintendencia del Medio Ambiente información falsa o incompleta para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una RCA, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación, o cualquier otro instrumento de gestión ambiental de su competencia.

Se consideran atentados contra el medio ambiente cuando un titular de proyecto, sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental, a sabiendas de estar obligado a ello, vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales; extraiga aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas; vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo; vierta tierras u otros sólidos en humedales; extraiga componentes del suelo o subsuelo; y libere sustancias contaminantes al aire.

También sufrirá sanciones penales quien vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas; el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo; o el aire; o bien la salud animal o vegetal; la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable; o que afectare gravemente humedales vertiendo en ellos tierras u otros sólidos.

Las áreas protegidas también se encuentran resguardadas penalmente contra actos que afecten gravemente una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional o un humedal de importancia internacional, o un glaciar estando obligado a su resguardo.

Cuando la persona obligada por las normas ambientales o el infractor fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.

Finalmente ha sido superada la conocida frase “prefiero pedir perdón a pedir permiso”.

Revisamos los principales hitos y retos en el tratamiento de los residuos líquidos domésticos e industriales en Chile, cuyo reúso se busca incrementar a través de distintas iniciativas.

De cloaca a casi orgullo nacional. Se puede decir, en sentido figurado, que ese cambio en la percepción de los santiaguinos tuvo el río Mapocho a comienzos de la década pasada. ¿La razón? Su transformación desde un curso de agua muy contaminado por las aguas servidas a un recurso 100% libre de estos residuos líquidos gracias a una inversión millonaria de Aguas Andinas.

Ese hito refleja la revolución sanitaria que vivió Chile en pocos años, pasando de coberturas de un dígito en los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas a casi un 100% en zonas urbanas.

Según cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), durante 2022 más de 16 millones de usuarios, que reciben prestaciones sanitarias en las 339 zonas urbanas concesionadas del país, tuvieron una cobertura de suministro de agua potable que alcanzó el 99,40%, un 97,48% en el servicio de alcantarillado y un 99,98% en materia de saneamiento de aguas residuales domésticas.

La entidad también informa que son 302 las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) que operan actualmente en las zonas concesionadas, empleando principalmente tres tipos de tecnologías: lodos activados (63%), lagunajes (21%) y emisarios submarinos (11%). Además, el 23% de éstas cuentan con sistemas de tratamiento de gases odorantes.

De acuerdo a la SISS, el cumplimiento normativo de las PTAS en la última década se ha mantenido por sobre el 90%, “notándose una tendencia decreciente en los tres últimos años”, precisa.

Otros datos relevantes indican que el 73% de las aguas servidas el año pasado se descargó en cuerpos de aguas superficial continental, el 21% en el mar y solo el 6% tuvo un reúso directo.

FACTOR DECRETO 90

La descontaminación del río Mapocho, como también de muchos otros cursos y cuerpos de agua en Chile, tuvo un gran responsable desde el punto de vista normativo: el Decreto Supremo Nº 90/2000, en vigencia desde septiembre de 2001 y hoy en revisión, el cual regula los contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.

“Gracias a este decreto pasamos de tener coberturas de tratamiento de aguas servidas de un 20% a casi un 90% en sólo 10 años, y que hoy alcanzan un 99,98%, convirtiéndose nuestro país en un referente a nivel mundial por avanzar rápidamente en la protección de los cuerpos de agua superficiales en base a descargas de aguas servidas con tratamiento. Son niveles solo comparables con países desarrollados”, destaca Verónica Vergara, Jefa de la Unidad de Aguas Servidas y Riles de la SISS.

La especialista pone de relieve también la tecnología más utilizada en las PTAS: 189 de las 302 instalaciones operativas en las zonas concesionadas urbanas del país emplean sistemas de lodos activados (63%). “Lo anterior es relevante considerando que estas soluciones corresponden a tratamientos

773 Mil metros cúbicos de lodos deshidratados se generaron en la PTAS en 2022 según el último informe de gestión del sector sanitario. Un alto porcentaje de estos residuos se dispuso en rellenos sanitarios.

secundarios, que están dentro de los más eficientes a nivel mundial para eliminar los compuestos orgánicos solubles y coloidales que no fueron separados en un tratamiento primario, facilitando la eliminación de sólidos en suspensión. Y se adaptan a las distintas condiciones de caudal a tratar y meteorológicas presentes desde Arica hasta Punta Arenas”, detalla.

Patricio Valenzuela, gerente de la División Tratamiento de Aguas en la empresa Simtech, subraya la importancia del Decreto 90 y sostiene que el proceso de actualización de esta norma que hoy está en marcha es uno de los sucesos históricos relevantes en este sector.

A su vez, Felipe Meza, Director de la División Técnica de Aguas Servidas (DIASE) del capítulo chileno de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS Chile), también resalta el “exponencial crecimiento de la cobertura en tratamiento de aguas servidas y su disposición. Este aumento, conforme a los datos de la SISS, coincide con el alza en el uso de la tecnología de lodos activados”

A su juicio, uno de los hitos en el sector sanitario es justamente la entrada en operación –entre fines de 1999 y comienzos de 2000– de las PTAS en base a lodos activados, “que surgen en Inglaterra en 1914, abarcando hoy en el país más del 60% del total de sistemas de tratamiento de aguas servidas”

¿Y LOS RILES?

De manera similar a lo ocurrido con el D.S. 90 y las aguas servidas, el gran salto en la adecuada gestión de los residuos industriales líquidos

(riles) fue gatillado por la entrada en vigencia del D.S. MOP Nº 609/1998, que regula los contaminantes asociados a estas descargas a los sistemas de alcantarillado.

“Esta norma proporcionó un estándar de calidad de servicio que obliga a las empresas sanitarias a realizar el control de los riles que se descarguen directamente al alcantarillado público o, si corresponde, directamente en las PTAS de la concesionaria. Está orientada a proteger y preservar los servicios públicos de recolección, tratamiento y disposición. De ahí su importancia, ya que sin ella se pone en riesgo la operación de las plantas”, plantean en la SISS.

Actualmente, 2.895 establecimientos industriales –la mayor parte de los que controla la SISS– tienen la exigencia de cumplir con esta regulación, que es acatada por la gran mayoría de estas fuentes. Por cierto, hay otro porcentaje de empresas que descarga sus riles a cursos o cuerpos de agua superficiales y deben atender lo establecido en el D.S. 90, como también otro grupo que lo hace en aguas subterráneas, lo cual es regulado por el Decreto Supremo Nº 46/2002.

Valenzuela, además, valora las iniciativas del sector industrial para el reúso de sus riles, “para lo cual están incorporando sistemas de tratamiento que lo permiten”

EMISARIOS, OLORES Y MÁS

En relación a los próximos desafíos en este campo, Verónica Vergara precisa que la propuesta que modifica el D.S. 90 no considera nuevos parámetros o límites que requieran de tecnologías diferentes a las ya existentes.

Luego manifiesta que uno de los principales retos ahora es “definir una política pública referida a los emisarios submarinos que no son parte de ese 63% de PTAS que utilizan lodos activados, para que en algún momento pasen a ocupar esta tecnología”.

Otro aspecto que se está abordando, y que sería materia de una norma para el sector a futuro, es la generación de olores molestos en las PTAS, por lo que el sector sanitario ha debido implementar sistemas de tratamiento de gases odorantes en un 23% de estas instalaciones.

La SISS, asimismo, está trabajando para contar con una línea base de huella de carbono para el sector sanitario, específicamente para los sistemas de tratamiento de aguas servidas, que son la infraestructura del rubro que más aporta emisiones de gases de efecto invernadero. “El objetivo es que la industria sanitaria gestione su huella ambiental mediante la implementación de planes de acción, ya sea en aspectos de economía circular y otras innovaciones sustentables, para reducir sus impactos ambientales”, declara la profesional.

Verónica Vergara destaca que gracias a la aplicación del Decreto 90 la cobertura de tratamiento de aguas servidas en las zonas urbanas pasó de un 20% a casi un 90% en sólo 10 años.

33 Emisarios submarinos operan en Chile, constituyendo el 11% de los sistemas de depuración de aguas servidas. Cumplen con la tabla Nº 5 del D.S. 90. Los residuos líquidos que llegan a estas instalaciones solo reciben tratamiento primario de extracción de sólidos en suspensión.

Añade que este rubro también puede seguir mejorando su gestión con la implementación de sistemas avanzados de monitoreo en tiempo real para medir la calidad del agua, la presencia de contaminantes y la eficiencia de las plantas de tratamiento. “Esto permitirá una detección temprana de problemas y una respuesta rápida ante posibles emergencias o incumplimientos normativos”, subraya.

A propósito de tecnologías, Vergara sostiene que las empresas deben buscar soluciones para reducir el consumo de energía en las plantas de tratamiento y optimizar sus procesos, lo que contribuirá a la sostenibilidad ambiental, a disminuir la emisión de GEI y a reducir los costos operativos.

Afirma: “En el largo plazo podrían aspirar a sistemas de avanzada, investigando y adoptando tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y automatización, para mejorar la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento, aumentando así su eficiencia y reduciendo el impacto ambiental”

AUMENTAR EL REÚSO

Para Felipe Meza, el gran desafío del sector es llegar a ser 100%

Felipe Meza aboga para que se supere con creces la tasa de valorización de lodos sanitarios, que hoy solo llega al 20%.

72% De las aguas servidas tratadas (provenientes de 217 PTAS) se descargan a cuerpos de agua superficial sin dilución y cumplen con la Tabla Nº 1 del D.S. 90.

sustentables. Para eso, es fundamental “disminuir la disposición final de los lodos biológicos en rellenos sanitarios con el uso de tecnología, de manera que se haga de forma eficiente e inocua. Las empresas sanitarias ya están trabajan do fuertemente, con ayuda de la academia, en lo relacionado a la recuperación de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno. Esto no solo permite proteger los cuerpos de agua y preservar el medio ambiente, sino también aprovechar estos residuos orgánicos como recursos valiosos para la producción de fertilizantes como la estruvita”, especifica.

El representante de AIDIS Chile aboga para que se supere con creces la tasa de valorización de lodos sanitarios, que hoy solo llega al 20%. Y una de las opciones es aprovecharlos para generar biogás.

A su vez, Patricio Valenzuela expone que el mayor reto de la industria sanitaria y fuentes emisoras de riles es “poder incorporar el reúso de las aguas residuales como una alternativa viable, buscando el modelo de negocios más apropiado”

En ese contexto, el ejecutivo de Simtech aplaude la incorporación de directrices para la clasificación de la calidad del agua regenerada para el

El 63% de las PTAS que operan en territorio nacional lo hacen con la tecnología de lodos activados.

Proyectos en discusión

Diversas iniciativas legales, que incentivan el uso de las aguas residuales tratadas, se tramitan actualmente en el Congreso. Una de las que está más avanzada es la que busca modificar la Ley 21.075 de 2018 para regular la recolección, reutilización y disposición de aguas grises (provenientes de tinas, duchas, lavamanos, lavaplatos, máquinas lavavajillas y lavadoras de ropa) y fomentar su reutilización en los cultivos agrícolas, salvo los de frutas y verduras que crecen a ras de suelo o suelen consumirse crudas. Asimismo, permite el riego de árboles frutales, cereales, viveros o cultivos industriales, entre otros.

El proyecto ya fue aprobado en general y particular por la Cámara de Diputadas y Diputados y, al cierre de esta edición, se discutía a nivel de comisiones del Senado.

Cabe acotar que la Ley 21.075 no se ha podido aplicar por sucesivos retrasos en la emisión de un marco jurídico para el reglamento asociado a la regulación.

En la Cámara Alta se tramita otro proyecto que promueve la reutilización de aguas residuales tratadas que actualmente se disponen a través de emisarios submarinos.

reúso no potable de acuerdo a la NCh 3483.

En este mismo ámbito, Verónica Vergara señala que, en un escenario de cambio climático y disminución continua y permanente de la disponibilidad hídrica, “es prioritario que se incorporen sistemas de reúso, enfocados principalmente en las aguas descargadas por emisarios submarinos, de tal forma de contar con una nueva fuente de agua”

En esa línea, avanza la implementación de un proyecto, lanzado en mayo de 2022, para aumentar el reciclaje de las aguas servidas tratadas del sector sanitario que son descargadas al mar. Para eso, obtuvo financiamiento del concurso Retos de Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ANID y el Laboratorio de Gobierno.

La jefa de la unidad de Aguas Servidas y Riles de la SISS agrega que otro de los retos es “fortalecer la institucionalidad vigente para aumentar progresivamente el reúso de aguas residuales tratadas para hacer frente a esta crisis, para lo cual ya existen iniciativas de ley donde la SISS está apoyando activamente desde su mirada técnica” (ver recuadro).

Además, el organismo estatal está promoviendo soluciones de reúso impulsadas por las empresas sanitarias como parte de las negociaciones de sus planes de desarrollo.

Meza también hace hincapié en la necesidad de incrementar el reúso de las aguas servidas tratadas. Más aún, recordando que el Estado, a través de la SISS, se fijó como meta que al año 2030 al menos un 30% de estos residuos líquidos con tratamiento que se descargan al mar, y un 20% de las aguas servidas depuradas que se vierten a cursos de agua superficiales, deben estar disponibles para incorporarlos a sistemas de reutilización.

Como avance al respecto, destaca la firma reciente en la región de Antofagasta de un convenio marco de colaboración entre el Gobierno Regional y las sanitarias Econssa y Aguas Antofagasta para propiciar el reúso de las aguas servidas tratadas en las ciudades costeras de la zona. “Con ello se busca reducir al máximo el empleo de emisarios submarinos (tratamiento preliminar) y, entre otros usos, destinar parte de las aguas servidas tratadas a proyectos de interés social, riego de áreas verdes y agricultura”, revela.

SOLUCIONES EN EL AIRE

Importantes avances, pero aún insuficientes, han marcado la gestión de la calidad del aire en estas tres décadas, en la que hoy también se incluye el control de los olores.

Si de récords para avergonzarse se trata, en materia de calidad del aire nuestro país ostenta varios. Por ejemplo, en distintos periodos, Santiago y Coyhaique se han ubicado como las ciudades con la mayor contaminación atmosférica de América

Latina, ubicándose además top 20 en este ítem a nivel mundial en diferentes estudios internacionales. Peor aún, otra investigación global arrojó que Temuco, en varios días de julio de 2022, tuvo el aire menos respirable del planeta. Nada para celebrar.

Lo anterior, pese a que desde hace casi 30 años que se vienen sentando las bases para controlar este flagelo.

Cristián Tolvett, jefe del Departamento de Planes y Normas de la División de Calidad de Aire del Ministerio del Medio Ambiente, re-

cuerda que ya la Ley Nº 19.300 (promulgada en marzo de 1994) establece diferentes instrumentos de gestión ambiental que pueden aplicarse de manera paralela y/o complementaria, como las normas de emisión y normas de calidad ambiental, tanto primarias como secundarias. En tanto que en las últimas décadas se fijaron nuevas normativas primarias de calidad del aire (NPCA), como la de material particulado fino (MP 2.5) en 2012, “que ha sido fundamental para la política pública ambiental a través de los planes de descontaminación y para poder implementar una red de calidad del aire a lo largo del país, donde la evaluación de cumplimiento normativo ha ido generando diversas zonas latentes o saturadas”.

Citando un caso emblemático, la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, desde 1990 a la fecha, ha logrado reducir en torno al 70% el MP 2.5, lo que ha sido reconocido internacionalmente.

A nivel más general, el especialista agrega: “Los planes aplicados entre las regiones de O’Higgins y Aysén han logrado también avances significativos en calidad del aire, principalmente para MP 2.5, abordando al sector residencial con varias líneas de acción que se implementan desde el 2010 hasta ahora. Entre las principales medidas figuran nuevos estándares de acondicionamiento térmico para viviendas nuevas, subsidios en este ámbito para viviendas existentes y un programa de recambio de calefactores por equipos más eficientes. Y en la zona norte los planes implementados para material particulado grueso (MP 10) también han tenido logros importantes, destacando el cumplimiento de la norma para este contaminante”

OTROS AVANCES

Tolvett destaca, asimismo, las actualizaciones de las NPCA para MP 10 y dióxido de azufre (SO2), esta última incorporando el estándar de la Unión Europea para su valor horario; y la entrada en vigencia de la NPCA para benceno, la primera regulación de este tipo para un compuesto orgánico volátil a nivel nacional.

En materia de normas de emisión, resalta las aplicadas a grandes fuentes industriales, como centrales termoeléctricas, fundiciones de cobre, calderas y procesos de combustión, así como las relativas a material particulado para los artefactos que combustionen o puedan combustionar leña y pellet de madera, a grupos electrógenos y a compuestos TRS, generadores de olor asociados a la fabricación de pulpa kraft o al sulfato.

16 Planes de prevención y/o descontaminación atmosférica se han aplicado en nuestro país. Abarcan desde la región de Antofagasta hasta la de Aysén. Antofagasta, Maule y Biobío son las únicas regiones en que existen dos zonas diferenciadas para la implementación de estos instrumentos.

“La priorización de las normas se basó en el análisis de una serie de criterios, como los niveles de emisión, la toxicidad de los contaminantes, la cantidad de información disponible, los costos y los beneficios sociales, la población y los recursos afectados”, señala.

Sin perjuicio de lo anterior, plantea que uno de los hitos más importantes en este campo fue la desulfurización de los combustibles diésel y gasolina, “ya que esto permitió la entrada de nuevas normas vehiculares e industriales por el uso de diésel de bajo contenido de azufre. Con ello se produjo la implementación de un sistema nacional de control de emisiones vehiculares basado en el 3CV (Centro de Control y Certificación Vehicular) y en el establecimiento de normas de entrada de vehículos de alcance nacional, como la Euro 5, que posteriormente fue reemplazada por la Euro 6 (2020), actualmente vigente”

“Los planes de descontaminación aplicados entre las regiones de O’Higgins y Aysén han logrado avances significativos en calidad del aire, principalmente para MP 2.5”, resalta Cristián Tolvett.

“Se han ofrecido incentivos para el empleo de leña certificada, aunque su efectividad aún no está completamente evaluada. Como bien se dice, lo que no se mide no se controla y, por lo tanto, no se puede mejorar”, advierte.

Reyes valora, asimismo, el establecimiento de redes de monitoreo en importantes centros urbanos, las cuales proporcionan información en línea sobre la calidad del aire.

Felipe Reyes, gerente técnico del Centro Mario Molina –que presta asesorías en las áreas de calidad del aire y cambio climático– concuerda en que la desulfurización del diésel marcó un antes y un después. “No solo redujo las emisiones industriales, sino que también incentivó la transición hacia vehículos con menores tasas de emisión. Se ha avanzado desde las normas Euro 1 y 2 hacia la implementación actual de la Euro 6, y se vislumbran desafíos futuros como la transición hacia la Euro 7, estándares de eficiencia energética y la promoción de la electromovilidad”, asegura.

MEJORAS ENERGÉTICAS

Para el Doctor en Química, la Ley de Bases del Medio Ambiente y la implementación de normas primarias de calidad del aire para MP 10, MP 2.5, SO2, NO2 (dióxido de nitrógeno), CO (monóxido de carbono) y O3 (ozono) fueron los primeros avances relevantes en pro de la protección del aire de nuestro país.

En el área industrial, releva la modificación de la matriz energética, con el abandono del carbón en favor del diésel y el gas, y la imposición de límites de emisión cada vez más exigentes para centrales termoeléctricas, fundiciones y calderas, así como el cierre anticipado de unidades de generación térmica.

Y entre los avances para mitigar la polución atmosférica generada por la quema de leña en las ciudades del valle central del centro y sur de Chile, resalta la implementación de los programas de recambio de calefactores, la dictación de normas sobre dispositivos a leña y eficiencia térmica en viviendas, y la prohibición del uso de leña en algunas zonas urbanas.

Felipe Reyes es partidario de restringir el uso de leña y seguir promoviendo la eficiencia energética a nivel residencial en la zona sur.

5 Líneas de acción contempla la Estrategia para la Gestión de Olores en Chile, publicada en 2014 y actualizada en 2017: fortalecimiento del marco regulatorio, levantamiento de información, incremento del conocimiento, coordinación intersectorial y fortalecimiento Institucional.

Entre los hitos más recientes en esta área, resalta también la publicación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020, que fija metas de reducción de carbono negro para 2030; la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) en 2021, que define lineamientos para la mitigación y adaptación al cambio climático y se relaciona con la disminución de contaminantes locales; la Ley de Eficiencia Energética (2021), que impone exigencias para optimizar el consumo energético en diversos sectores; la Ley Marco de Cambio Climático (2022), que incorpora instrumentos de mitigación y una meta de carbono neutralidad para 2050; y la Ley de Biocombustibles Sólidos (2022), que otorga atribuciones a la SEC para la fiscalización de la leña y otros biocombustibles.

PLANES MACROZONALES

Sobre los pasos a seguir en materia de gestión de la calidad del aire, Tolvett indica que “lo primero es considerar que el proceso de transición socioecológica justa es una prioridad para el Ministerio del Medio Ambiente y el actual Gobierno. Como tal se entiende la promoción de una sociedad resiliente baja en carbono y contaminantes, en que la protección ambiental sea parte de las decisiones del Estado, comunidades y sector privado”

En ese contexto, uno de los desafíos permanentes para el MMA es la actualización de sus planes y normas, así como la evaluación de nuevas zonas para implementar los respectivos planes y normas de calidad y emisión. Añade: “Dentro de esa estrategia está ir avanzando a planes macrozonales, es decir, que incluyan varias comunas de una región determinada para contar con un solo plan y tener una gestión integral”.

Luego detalla otros retos en carpeta:

• Seguir avanzando en la descarbonización de las centrales termoeléctricas.

• Impulsar la electromovilidad.

• Establecer nuevos estándares térmicos de viviendas nuevas.

• Aumentar los subsidios de estándares térmicos de viviendas existentes.

La Región Metropolitana registró en 2023 la mejor calidad del aire desde 1997, cuando se comenzó a aplicar el Plan de Descontaminación y Prevención Atmosférica.

• Acelerar el programa de recambio de calefactores, migrando hacia sistemas más eficientes y menos contaminantes.

• Ir hacia un programa de calefacción distrital.

• Avanzar en la regulación de diversas fuentes industriales, como hornos y otros procesos de fundición y de emisión de compuestos orgánicos volátiles y de contaminantes peligrosos.

• Continuar con la estrategia de regulación de olores.

A juicio del profesional, se requieren más recursos estatales para que se puedan lograr las metas propuestas. Y también que la comunidad tenga acceso a créditos bancarios para que, por ejemplo, realice cambios tecnológicos que permitan reducir las emisiones atmosféricas.

RESTRINGIR USO DE LEÑA

Para Felipe Reyes, en las zonas del sur donde el problema de calidad del aire se origina en la quema de leña “es necesario res-

tringir su uso y seguir promoviendo la eficiencia energética a nivel residencial”

Y entre las medidas más generales que se debieran aplicar de manera transversal en todas las comunas afectadas por la polución,

menciona: la migración de la matriz energética hacia fuentes renovables, la promoción de la electromovilidad, la implementación de normas de emisión más estrictas como la Euro 7, y la aplicación de planes de reducción de emisiones conforme a lo establecido en la Ley de Cambio Climático.

En el caso específico de Puchuncaví, Quintero y Concón, espera que el establecimiento de una norma de calidad para benceno ayude a establecer una vigilancia más precisa sobre un tipo de contaminante que anteriormente no se tenía controlado.

A modo de conclusión, Reyes expresa: “Hoy nos encontramos en un punto en que reducir los niveles de contaminación del aire se ha vuelto cada vez más difícil. A pesar de los avances significativos registrados en las últimas dos décadas, todavía enfrentamos el desafío de controlar contaminantes que no son fáciles de abatir, especialmente el MP 2,5. De ahí que, por ejemplo, en las zonas urbanas el foco deba estar en reducir las emisiones de sus precursores, como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. En definitiva, enfrentar con éxito este desafío requiere de un enfoque integral y coordinado,

Igor Valdebenito revela que hoy en día se está elaborando la norma de olores para el sector pesquero y se revisa la norma de compuestos TRS del sector celulosa.

con medidas específicas adaptadas a las particularidades de cada zona”.

ESTRATEGIA PARA LOS OLORES

Al igual que con la polución atmosférica, Chile también suma avances en el control de los olores molestos, pero que aún son insuficientes. Igor Valdebenito, jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del MMA, los resume: “Se ha impulsado desde 2012 la implementación de la Estrategia para la Gestión de Olores, que ha implicado generar información mediante estudios que permiten tener un conocimiento acabado de los sectores que se han priorizado. Además, se ha promovido el desarrollo de normas técnicas relacionadas con la medición de olores, y la elaboración de guías de evaluación de proyectos en el SEIA y para implementar planes de gestión. Así, desde 2023 contamos con la primera norma de emisión de olores en Chile, la que regula a los planteles porcinos, impulsando la incorporación de tecnologías que posibilitan reducir tales emisiones desde el origen”

Agrega que, actualmente, se está elaborando la normativa para el sector pesquero y se está revisando la norma de compuestos TRS, que regula los olores en la industria de la celulosa.

Los otros sectores priorizados, que contarán con regulaciones de este tipo, son las plantas de tratamiento de aguas servidas y los sitios de disposición final de residuos sólidos.

De manera coincidente, Miguel Gatica, gerente de Ingeniería en Olores de la empresa

90% De las emisiones de material particulado fino y grueso son generadas por el sector residencial en Chile, según un estudio del (CR)2 y de las universidades de Chile y Santa María. Este sector también aporta 81% del monóxido de carbono y el 87% de los compuestos orgánicos volátiles.

Proterm, sostiene que “en los últimos diez años nuestro país ha tenido un importante avance en esta materia. Destaco la publicación de la Estrategia de Gestión de Olores en 2014, la cual sentó los lineamientos del actual marco regulatorio, la definición de los rubros prioritarios y la difusión a los principales actores claves gubernamentales y no gubernamentales”.

Para el experto, otro hito importante fue la publicación de la “Guía para la predicción y evaluación de impactos por olor en el SEIA”, la cual incluye al componente olor como un aspecto fundamental a evaluar en los proyectos ingresados al SEIA. “Éste fue el primer instrumento medioambiental en incluir este alcance dentro del ámbito normativo”, subraya.

Por último, valora la promulgación de la norma de emisión de olores para el sector porcino, así como la publicación del anteproyecto de norma que regulará las emisiones del sector pesquero.

CONTINUAR LO PLANIFICADO

¿Qué viene ahora? A juicio del ejecutivo, el desafío es continuar lo planificado, es decir, “avanzar de acuerdo con la estrategia definida en el año 2017, publicar la norma de emisiones para el sector pesquero y normar el resto de los rubros prioritarios. Estas nuevas regulaciones deben ir acompañadas, prontamente, de instructivos definidos por rubro que viabilicen su implementación, como los estándares que deben cumplir los laboratorios que medirán olores (Acreditación ISO 17025) y las guías para modelar las emisiones de olores específicas. Además, la capacitación de todos los actores claves es un reto permanente para la gestión de olores”

Para Gatica también es relevante que los establecimientos industriales, de los sectores con potencial de generar olores, realicen un adecuado diagnóstico de sus emisiones y el impacto que producen sobre la salud y calidad de vida de las personas. “Contar con esa información permitirá elaborar normativas acordes a la realidad de cada sector productivo y, a su vez, generará certeza para la continuidad operacional de los respectivos rubros”, explica.

Otro aspecto que le parece trascendente es que la gestión de olores “se pueda abordar desde una mirada holística, teniendo presente que existen diferentes metodologías para realizar un diagnóstico adecuado que permita dimensionar el problema de olor y proyectar las soluciones adecuadas para cada contexto. En esta visión es relevante considerar a la comunidad, que es finalmente el real sensor olfativo que les dirá a las empresas si hay o no problemas de olores”

Para Miguel Gatica, la comunidad constituye el real sensor olfativo que le revelará a las empresas si tienen o no problemas de olores.

Desde febrero de 2023 está en vigencia la primera norma de emisión de olores en Chile, que regula a los planteles porcinos.

EN EL NOMBRE DE LOS SUELOS

Revisamos lo que se ha hecho y las iniciativas en curso para mejorar los niveles de protección y conservación de los suelos a nivel nacional.

Faltan palabras para referirse a los suelos, verdaderas maravillas de la naturaleza. Para empezar, son la base de la vida natural y de actividades como la agricultura donde crece el 95% de los cultivos que están destinados a alimentarnos. Además, “intercambian nutrientes y agua con las raíces, proporcionan oxígeno, sostienen a los organismos encargados de cumplir funciones vitales y controlan las enfermedades de las plantas”, destacan en el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren).

En este contexto, en la entidad estatal sostienen que “resulta imprescindible contar con suelos sanos que garanticen un ecosistema vivo y dinámico y que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, a través del aumento de su contenido de carbono”

MAL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico sobre la realidad actual de los suelos en Chile no es nada alentador. Como precisa Mónica Antilen, Presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo (SCHCS), “el suelo se ha degradado como consecuencia de la extensión e intensidad de las actividades silvoagropecuarias y de la aplicación de malas prácticas, las cuales han generado un pasivo ambiental que hoy compromete la capacidad de sustentar las actividades silvoagropecuarias y fuentes de empleo, por lo que es urgente revertir este proceso de presión y de agotamiento”.

La doctora en química, tomando como referencia el texto introductorio del proyecto de Ley Marco de Suelos (ver detalle en recuadro), aporta más detalles: “En Chile, el laboreo y explotación intensiva, el uso excesivo de fertili-

zantes, las quemas de rastrojos, la habilitación de suelos en laderas de excesiva pendiente y la utilización de prácticas inadecuadas provocan o agudizan fuertes procesos de degradación de los suelos como la erosión hídrica y eólica, desertificación, pérdida de nutrientes, compactación, salinidad, acidez, emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de materia orgánica, disminución de áreas cultivables, reducción de los rendimientos y de los ingresos, menor calidad de vida, pobreza rural y procesos migratorios”.

Otros factores que también provocan la pérdida de suelos de uso agropecuario son la extracción de áridos y la expansión urbana, industrial, minera y energética, así como el fraccionamiento del área agrícola sin las debidas regulaciones. A lo anterior se agregan los efectos que el cambio climático y la contaminación están causando sobre los recursos naturales, particularmente el suelo y el recurso hídrico que son altamente sensibles. Entre éstos figuran sequías, heladas, inundaciones, deslizamientos de tierras e incendios forestales. “Las causas que originan estos problemas se ven profundizadas y aceleradas por la acción humana”, indica el documento.

TAMBIÉN PARCELACIONES

Jorge Carrasco, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), sede Rayentué, junto con lamentar la falta de información actualizada sobre la situación de los suelos en Chile, menciona el impacto que está provocando el aumento del número de parcelas de agrado de 0,5 hectáreas en la superficie agrícola nacional. A su juicio, las parcelaciones, la erosión, la degradación de la fertilidad, la desertificación y la pérdida de su capacidad productiva por contaminación minero-industrial son las principales amenazas que enfrenta esta matriz ambiental en nuestro país.

Añade que “en Chile, en general, las políticas de fomento a la conservación y protección de los suelos son deficientes, porque no es considerado un componente fundamental dentro de las políticas públicas, a diferencia del agua o la biodiversidad. No obstante, el Estado de Chile ha ratificado distintas convenciones,

La contaminación, la explotación intensiva y el uso excesivo de fertilizantes, entre otras causas, provocan la pérdida de suelos de uso agropecuario.

“La falta de conocimiento del recurso suelo en Chile es probablemente uno de los factores más críticos de la situación actual”, indica Mónica Antilen.

Jorge Carrasco lamenta que Chile sea uno de los pocos países de la OCDE que aún no disponga de una legislación base para la gestión sostenible del uso del suelo.

declaraciones y acciones de las Naciones Unidas que tienen directa relación con el uso sustentable de los suelos”

Por su parte, Mónica Antilen comenta que la falta de conocimiento del recurso suelo que existe en nuestro país es probablemente uno de los factores más críticos de la situación actual. En ese sentido, un estudio de la Universidad de Chile-Cepal expone que “solo el 25% del territorio nacional tiene cartografía oficial de suelos. Apenas se conocen los suelos que están más allá de las zonas de explotación agrícola intensiva, siendo la mayoría de las investigaciones a escala nacional existentes basadas en herramientas satelitales y con muy pocos datos de terreno. Por lo mismo, es crítico que se asuma la responsabilidad y se realicen los estudios necesarios para conocer los suelos que van más allá de las zonas de actual uso intensivo”

ALGUNOS AVANCES

¿Qué se ha hecho en favor de los suelos? Carla Riveros, profesional de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), revela que este servicio “ha avanzado en las últimas décadas en el desarrollo e implementación territorial de la Guía Metodológica para la

75,6 Millones de hectáreas es la superficie total de suelos estimada considerando su capacidad de uso, según datos de la Universidad de Chile y Cepal (2019). El 46% de ésta la constituyen suelos improductivos, el 29% es de uso ganadero-forestal-bosques, y otro 19% se destina a la preservación de hoyas hidrográficas, recreación y vida silvestre.

Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes, gracias a la cual se pudo confeccionar el primer catastro nacional e iniciar el proceso de elaboración de la Norma Primaria de Calidad Ambiental para Suelos de Chile, un hito en la regulación ambiental para el país”

Para enfrentar la erosión –que provoca la pérdida acelerada de la capa productiva del suelo– los Ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura elaboraron el Plan Nacional de Restauración de Paisajes, que busca recomponer territorios degradados para recuperar sus funciones ecológicas y la provisión de servicios ecológicos para las comunidades, como la salud del suelo y su productividad. Además, en 2023 se inició la implementación del proyecto GEF de Restauración de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos en Áreas Agroforestales.

Mónica Antilen también destaca el programa de recuperación de suelos degradados que impulsó por años el Ministerio de Agricultura y el trabajo actual que realiza el MMA en la elaboración de una norma primaria de calidad de suelos contaminados. Sin embargo, sostiene que “una de las problemáticas de las actuales iniciativas o futuras normativas es que se encuentran dispersas en diferentes ministerios, no existiendo una regulación que pueda contener y articular el funcionamiento de todo lo ya existente, que es el espíritu de

Hacia una Ley Marco

Desde noviembre de 2021 que se tramita en el Congreso el anhelado proyecto que crea una Ley Marco de Suelos, aunque el avance de su discusión ha sido casi nulo: al cierre de esta edición seguía en primer trámite constitucional, radicado el texto en la Comisión de Agricultura del Senado.

El objeto de esta iniciativa es “regular la gestión sostenible del uso del suelo, así como resguardar su protección, conservación y restauración para evitar su destrucción y degradación; y promover su identificación, estudio, clasificación y conocimiento, considerando los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y que incidan sobre la materia”.

Incluye, además, siete principios en torno a los cuales se estructura todo el cuerpo normativo: integralidad, equidad territorial, gobernanza, participación ciudadana, científico, responsabilidad y sostenibilidad del suelo.

Respecto a la participación ciudadana, el proyecto reconoce a todas las personas o agrupación de personas el derecho a participar de manera informada en la elaboración, implementación, evaluación y actualización de los instrumentos de gestión sostenible del suelo.

Monica Antilen y la SCHCS fueron parte activa, por casi dos años, de la elaboración del proyecto original, “que propone, además de lo incluido en la versión actual que está en el Parlamento, una gobernanza e institucionalidad, así como instrumentos de fomento e incentivo para la gestión sostenible de los suelos. Son aspectos que esperamos sean prontamente repuestos con el apoyo del Ejecutivo”, afirma.

Otra protagonista del diseño inicial de la futura ley fue Miriam Llona, presidenta de la ONG Suelo Sustentable, quien revela que “ha costado que se entienda esta ley multisectorial, cuyo proyecto no ha avanzado porque actualmente las prioridades en temas legislativos son otras”

Según su parecer, lo más probable es que la Norma Primaria de Calidad Ambiental para Suelos de Chile, cuyo anteproyecto está en preparación desde abril pasado, sea aprobada antes que la Ley Marco.

la Ley Marco de Suelos”.

A su vez, Jorge Carrasco resalta el aporte concreto del programa que estableció un sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados (SIRSD-S): entre 2010 y 2022 benefició a varios miles de agricultores, localizados mayoritariamente entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, y se intervino más de 2,5 millones de hectáreas, con más de $260.000 millones entregados en bonificaciones efectivas.

Y en el ámbito privado, el experto del INIA releva el aporte de distintas empresas forestales que “han plantado en el país superficies importantes de especies exóticas y nativas. Esto, de alguna forma, ha contribuido a la conservación de suelos en materia forestal, a través de la Ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, y el Decreto Supremo Nº 4.363, que aprueba el texto definitivo de la Ley de Bosques. En estas normas se propende a la recuperación y mejoramiento del bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la eficacia de la política ambiental”, asegura.

DESAFÍOS NORMATIVOS

Carla Riveros plantea que los desafíos en el área de los suelos se vin-

10 De las 12 órdenes de suelo, descritas por la taxonomía de suelos, existen en nuestro país.

Tal diversidad está dada por un extraordinario gradiente climático que permite, por ejemplo, que en el Desierto de Atacama existan suelos únicos, inexistentes en otras partes del planeta.

culan directamente con aspectos normativos. “El suelo es una de las matrices menos reguladas, pero fuertemente impactada por las actividades humanas. Por eso, el Ministerio del Medio Ambiente inició el proceso de elaboración de la Norma Primaria de Calidad Ambiental para Suelos, así como de otras políticas públicas relacionadas con restauración y cambio climático. También hay retos tecnológicos que se orientan en levantar y disponer información para promover el conocimiento y la prevención en la afectación a los suelos, pero además para tomar acción cuando se requiera”, detalla.

La especialista del MMA cuenta, asimismo, que se está trabajando en la elaboración del Proyecto GEF “Escalamiento de prácticas regenerativas para la recuperación y mejoramiento de los suelos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados en el sector agropecuario chileno”.

A su juicio, los sectores productivos deben ser parte de todos estos desafíos, “además de mejorar constantemente sus procesos para reducir y controlar los potenciales impactos en el suelo que puedan causarse”

Para Mónica Antilen, en tanto, “los desafíos normativos son enormes, en diferentes aristas, y es de esperar que todos estén en un futuro cercano albergados bajo una Ley Marco de Suelos”. A juicio de la Presidenta de la SCHCS, estas aristas se pueden agrupar al menos en cuatro ejes: erosión y degradación de suelos, contaminación de suelos, cambio climático, y ordenamiento territorial.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En la misma línea, Jorge Carrasco acota que Chile es uno de los pocos países de la OCDE que aún no dispone de una legislación base para la gestión sostenible del uso del suelo. En ese marco, añade: “Se debe priorizar el ordenamiento territorial en el país, que incorpore la aplicación de restricciones al desarrollo de ciertas actividades productivas y residenciales. Para eso, resulta necesaria y urgente la formación y capacitación de personas de diversos ámbitos y niveles, tanto de instituciones del Estado como de la sociedad civil. Lo anterior permitiría homogeneizar criterios y visiones, además de asegurar una mayor disposición a trabajar en conjunto para que se pueda ordenar el territorio de nuestro país”

También aboga por la derogación del D.L. 3.516 sobre “predios rústicos”, para detener el desarrollo urbano inorgánico provocado por la ocupación irregular de las zonas rurales con las llamadas parcelas de agrado.

En una visión más amplia, el investigador del INIA Rayentué indica que “incluso sería fundamental establecer un modelo de gobernanza para el suelo en que el Estado podría procurar y promover un uso sustentable de este recurso no renovable. Debe implementar políticas, planes, programas e instrumentos específicos destinados a prevenir, detener y reducir la degradación química, física y biológica de los suelos, así como promover la rehabilitación, remediación y restauración de los suelos degradados. Entre estas medidas se debe fortalecer el programa SIRSD-S, dándole una continuidad de a lo menos 15 años más”.

La implementación de la Ley REP ha marcado la agenda y seguirá como prioridad en la gestión de los residuos sólidos en Chile. También se busca incrementar la valorización de los desechos orgánicos y de otros tipos.

El 1 de junio de 2016 es una fecha que quedará por siempre en la memoria de los adeptos e incondicionales de la economía circular en Chile. Ese día se hizo oficial la Ley 20.920 que establece un marco para la gestión de residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el fomento al reciclaje, mejor conocida como Ley REP.

En lo medular, esa regulación busca que las empresas se hagan cargo de recolectar y valorizar los residuos derivados de los productos masivos que ponen en el mercado, en un proceso en que también requiere del fuerte involucramiento de la ciudadanía. De ese modo, se pretende impulsar un cambio profundo en nuestro país donde el reciclaje domiciliario bordea apenas el 10%, dando un giro mucho más sustentable a la gestión de los residuos que aún tiene enormes desafíos por delante.

DESAFÍOS REP

En relación a lo mencionado, Tomás Saieg, jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), comenta: “La Ley REP es una de las políticas públicas más ambiciosas de la última década. Su implementación, que es la columna vertebral del impulso de la economía circular en el país, está llevando a un desarrollo acelerado de los sectores del reciclaje en el país. Esto tiene el potencial de generar múltiples beneficios, como el cuidado del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida de las personas y la generación oportunidades de desarrollo sostenible”

La Ley REP considera, inicialmente, seis productos prioritarios: neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías. Los primeros dos ya cuentan con reglamentos que definen las metas y plazos a cumplir, dando la partida al proceso de implementación de esta normativa que, por cierto, no ha estado exento de dificultades.

Saieg comenta al respecto: “Para el caso de neumáticos, el principal desafío que tenemos hoy es superar el retraso en la constitución de los sistemas de gestión colectivos, lo que esperamos que se pueda subsanar pronto. Hay dos que están en ese proceso y uno de ellos ya presentó su plan de gestión al Ministerio, por lo que hemos priorizado su revisión. Y para los envases y embalajes, un reto muy grande ha sido el ‘aterrizaje’ de la REP en los municipios, que en muchos casos recién vienen conociendo la Ley. Por eso, llevamos ya un tiempo capacitándolos a través de cursos y en nuestra web economiacircular.mma.gob.cl contamos con recursos informativos específicos para municipios”

A su juicio, para resolver las dificultades

1,26 Kilos de residuos al día (la mayor producción en Sudamérica) se generan por persona en Chile, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. A su vez, la tasa de reciclaje de envases y embalajes domiciliarios llega a un 4%, subiendo a 12% en el caso de los no domiciliarios.

7,5 Millones de toneladas de residuos de la construcción y demolición, solo provenientes de viviendas, generará esta industria en los próximos años. La cifra equivale a más de 15 Estadios Nacionales.

presentadas, es fundamental mantener y profundizar la forma en que se ha venido trabajando la regulación REP “con mucho diálogo, mucha escucha, y procurando la incorporación de distintas miradas”, asegura.

Si de experiencia y conocimiento se trata, Hernán Durán, presidente ejecutivo de Eco Ingeniería Sustentable, tiene mucho que decir sobre la implementación de la Ley REP: “Está recién comenzando y es prematuro sacar conclusiones definitivas. Aun así, el principal problema que observo para los productos en los que ya se aplica, y los pocos más que vendrán, es que no disponemos de un marco normativo y de una institucionalidad que sea capaz de regular y controlar eficientemente el servicio público de la gestión de los residuos sólidos para pasar de una economía lineal a otra circular. Esto significa que no contamos con una instancia pública que estudie y planifique la gestión de los residuos sólidos y su evolución, y tampoco de una entidad que se encargue de fiscalizar su funcionamiento, como son las conocidas superintendencias que disponen otros servicios como los de electricidad y el agua”.

Para el también presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros, es importante que la Ley REP permita el desarrollo de una industria del reciclaje en el país. “No nos debemos conformar con modificar la normativa de exportación de residuos, liberándola de forma tal de facilitar su ingreso para transformarnos en un

“Para los neumáticos, el principal desafío que tenemos hoy es superar el retraso en la constitución de los sistemas de gestión colectivo”, declara Tomás Saieg.

país exportador de materias primas y residuos, para vergüenza del resto de los países de la OCDE”, indica.

Manifiesta, asimismo, que se requiere una mirada más ambiciosa: “Por ejemplo, el objetivo con el reciclaje de los neumáticos no puede limitarse a su valorización mediante la fabricación de pastelones o generación de energía; o en relación a las baterías no nos podemos conformar con exportar plomo en lingotes y no aspirar como país a su fabricación”.

MEJOR TRAZABILIDAD

Para Antonia Biggs, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), otro desafío pendiente respecto a la Ley REP es ahondar en la trazabilidad, “lo que es clave a la hora de saber cuánto es lo que realmente se está valorizando. Para eso tiene que haber un estándar común. La trazabilidad, como principio rector, debe gobernar la gestión de residuos y el cumplimiento de esta ley”, plantea.

Como primer paso en esa dirección, la ejecutiva destaca la aprobación de la manifestación de interés, por parte del gremio, para la puesta en marcha de un Acuerdo de Producción Limpia (APL) sobre trazabilidad, con patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente y ProRep, el primer sistema de gestión colectivo para envases y embalajes industriales aprobado por el MMA. “Su objetivo será incorporar acciones y tecnología que contribuyan a la eficiencia, caracterización y trazabilidad del proceso de valorización de residuos. Este acuerdo tiene un plazo de dos años de ejecución y hemos empezado recientemente la fase de diagnóstico, es decir, preguntar cómo estamos midiendo hoy, qué metodología se utiliza, dónde están las mayores brechas. Si bien en la ley está establecido que debe existir una trazabilidad, el detalle es el que debemos trabajar en conjunto, de forma público-privada”, explica.

Luego recuerda que durante septiembre comienzan a hacerse exigibles las metas de recolección y valorización para envases y embalajes. “Con ello se configura un nuevo escenario, con algunos actores nuevos como los sistemas de gestión y otros que ya venían realizando estas labores como los gestores y valorizadores de distintos materiales. Y los ciudadanos también tendrán ahora una misión clave: entregar los materiales reciclables desde las casas”, resalta.

Agrega que el primer año de implementación de este proceso “será sin duda un tiempo de mucha evaluación, observación, ajuste y de estar atentos a todas las dudas e inquietudes que surjan de los gestores y valorizadores, dado que se conforma un nuevo ecosistema o escenario”

Otro hito en relación a la Ley REP será la presentación por parte del MMA, en los próximos meses, de la propuesta final de decreto para

Textiles y de la construcción

El Ministerio del Medio Ambiente también está abocado a mejorar la gestión de los residuos textiles, ya sea a través de su incorporación a la Ley REP como de otras iniciativas. “Para eso, en los próximos meses, estaremos realizando un estudio de caracterización y línea de base, desarrollando una estrategia de economía circular para el sector, e impulsando dos APL en la materia”, revela Tomás Saieg.

En la repartición estatal pretenden, asimismo, avanzar en el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD). En esa línea, entre otras medidas, está formulando un proyecto GEF, de largo plazo, que permitirá poner en marcha muchas de las iniciativas que quedaron plasmadas en la “Hoja de Ruta RCD- Economía Circular en Construcción”.

Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático firmaron, a fines de agosto, tres APL interregionales para propiciar la prevención, valorización y correcta gestión de los RCD y el consumo sustentable del recurso hídrico de la cadena de valor de las regiones de Antofagasta, Los Lagos y Magallanes.

13 De agosto pasado: fecha desde la cual los almacenes de barrio y tiendas de conveniencia, como minimarkets, están obligadas a contar con bebestibles en envases retornables y recibir las botellas de este formato. Esto, para reducir los residuos derivados de los plásticos de un solo uso.

aceites lubricantes al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

Saieg complementa: “Tras ello ingresaremos, prontamente, este decreto a toma de razón por parte de la Contraloría. Además, a fines de 2023 o comienzos de 2024 esperamos poder presentar el decreto de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, que regula dos productos prioritarios en un solo decreto, al mismo Consejo. En este caso el proceso está bastante avanzado, quedando poco para su conclusión. Y para las baterías, proyectamos que en los próximos meses dictaremos la resolución de inicio del proceso”

RECICLAJE ORGÁNICO

Los residuos orgánicos son otro foco de atención para el MMA y, actualmente, también para el Congreso, toda vez que desde hace algunas semanas está en discusión legislativa el proyecto de ley para fomentar su reciclaje. Abarca los restos de frutas, verduras y podas, e incluye diversas herramientas, incentivos y obligaciones para reducir la fracción orgánica que representa el 58% de la basura domiciliaria.

Con lo anterior, la iniciativa contribuirá a alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, reducir la generación de metano para mitigar el cambio climático y producir fertilizantes naturales, entre otros beneficios.

Sobre su importancia y alcance, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa

Hernán Durán espera que la Ley REP permita el desarrollo de una industria del reciclaje en el país.

Rojas, comenta que “aproximadamente el 13% de los municipios tienen algún nivel de reciclaje de los residuos orgánicos y, sin embargo, solo el 1% de estos residuos es valorizado. En la medida que esta ley sea una realidad y se vaya implementando con la gradualidad que tenemos pensada, estos municipios que son pioneros nos van a ayudar a generar capacidades en otros municipios para que esta ley sea un éxito. Este proyecto de ley también tiene un componente muy fuerte en gobernanza, donde juegan un rol muy importante los gobiernos regionales”

Para la correcta gestión de estos desechos, el proyecto contempla que los municipios tengan la responsabilidad de ofrecer sistemas de recolección puerta a puerta de los restos vegetales y el servicio de camiones especializados en su reciclaje. También se promoverá la entrega de composteras o vermicomposteras para los hogares, además del desarrollo de proyectos de compostaje a nivel comunitario o barrial.

USO DEL TERRITORIO

Considerando que la implementación de la normativa será escalonada, en un primer periodo se hará exigible para los restos de poda y jardín, así como para los residuos orgánicos provenientes de las ferias libres. En una segunda etapa se incluirá la fracción orgánica generada por centros comerciales, eventos y estadios. Posteriormente, se extenderá a los hoteles, restaurantes y cafeterías, abarcando en la última fase a los hogares.

Respecto a por qué el texto legal no considera los residuos orgánicos que generan la agricultura y la agroindustria, Saieg sostiene que “esos sectores tienen lógicas distintas de operación y están bastante avanzados en su valorización. Este proyecto se centra en el servicio de aseo y en los residuos municipales, donde el Estado tiene una presencia más directa y su reciclaje tiene un déficit importante”

Durán pone “paños fríos” y opina que, en estas y otras iniciativas, hay que tener muy en cuenta el uso del territorio. “La mala gestión de los residuos ha sido de tal magnitud que nadie quiere un relleno sanitario o una planta de compostaje cerca de su casa. Se ha ido avanzando en el tratamiento de los residuos orgánicos vía composteras familiares o generación de energía por sistemas de producción de biogás a través de, por ejemplo, fermentación húmeda, pero hay más alternativas. Hay que planificar desde ya los lugares donde se instalarán los sistemas de tratamiento de estos residuos y a través de intensas campañas de comunicación demostrarle a la población que es posible hacer estas operaciones de manera limpia, sin olor y con beneficios tangibles para ella”

Para Antonia Biggs, un desafío pendiente de la Ley REP es mejorar la trazabilidad de los productos prioritarios.

Contribuir a mejorar la calidad ambiental del territorio, sensibilizando a la ciudadanía a través de la valoración del entorno y la educación ambiental, es lo que busca el Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente, que desde 1998 a la fecha ha financiado cerca de 3.770 proyectos a nivel nacional, por un monto que supera los 20.200 millones de pesos.

La convocatoria para el 2024 –que acaba de lanzarse y estará abierta hasta el 26 de septiembre– financiará proyectos de 6 millones de pesos en las líneas de sustentabilidad en educación ambiental, pueblos originarios y ciudadanía, y a ellas podrán concursar organizaciones sociales con personalidad jurídica como comunidades educativas, juntas de vecinos y centros de madres, entre otros.

El FPA lleva en su espíritu la participación ciudadana, la acción y el trabajo de las comunidades en el territorio por mejorar el entorno en que viven, lo que se traduce en aportes locales para hacer frente a la triple crisis ambiental que enfrentamos: climática, de biodiversidad y social.

Muchos de los proyectos financiados por el Fondo de Protección Ambiental generan impactos positivos en esta lucha que estamos dando para detener el calentamiento global. La reutilización de aguas grises, instalación de paneles fotovoltaicos o la construcción y habilitación de invernaderos, por ejemplo, nos ayudan a mitigar sus impactos y, lo más importante, van generando conciencia en la construcción de una “cultura ambiental ciudadana”.

Por eso invitamos a todas y todos a participar en estas acciones dado que el compromiso de la ciudadanía, aun cuando sea a través de pequeñas acciones, significa un cambio de conducta y una nueva forma de relacionarnos con la Tierra, especialmente hoy cuando como ministerio estamos trabajando en un nuevo modelo de desarrollo, en donde el foco cambie hacia un desarrollo inclusivo y ecológicamente sostenible, poniendo en el centro a las personas y ecosistemas, y convertirnos así en el primer gobierno ecológico de Chile.

Sonia Reyes Seremi del Medio Ambiente Región Metropolitana

FPA: 25 años apoyando a las organizaciones en la protección del medio ambiente

EN PRO DE LA BIODIVERSIDAD

La adecuada implementación de la ley que crea el SBAP es el gran reto que enfrenta el país para resguardar y conservar su diversidad biológica. Destacamos avances en la materia.

Nuestro país puede sentirse orgulloso y agradecido de su biodiversidad, entendida como “la variedad de la vida en todas sus formas”. De hecho, cuenta con alrededor de 31 mil especies entre plantas, animales, algas, hongos y bacterias, de las cuales casi el 25% son endémicas.

Sin embargo, debido a la actividad humana, actualmente la mitad de los ecosistemas y dos tercios de las especies que habitan el territorio nacional se encuentran vulnerables ante distintas amenazas, de acuerdo a datos del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

De ahí la gran satisfacción que produjo en muchas organizaciones ecologistas y defensores de la naturaleza, que en junio pasado el Congreso aprobara, después de 13 años de tramitación, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuyo texto se publicó en el Diario Oficial el 6 de septiembre. La denominada “Ley para la Naturaleza” permitirá que el país cuente con un organismo público dedicado de manera exclusiva a resguardar las áreas protegidas del país y la biodiversidad que se encuentra al interior y exterior de esos territorios.

Daniela Manuschevich, jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, destaca este hito y todas las implicancias positivas que ha tenido la creación e implementación de la institucionalidad ambiental a partir de 2010.

En términos de biodiversidad, rescata la ampliación de la cobertura de las áreas protegidas terrestres y marinas. “Hoy en día tenemos un porcentaje bastante alto de cobertura, sin embargo, a propósito del Marco Global de Biodiversidad aprobado en Montreal en diciembre de 2022, debemos avanzar para que esa conservación sea ecológicamente representativa. Es decir, que tengamos todos los tipos de ecosistemas marinos y terrestres sumados a estas grandes redes de conservación. Hay que hacer una gestión efectiva y no quedarnos solo en una declaración de buenas intenciones”, plantea.

Para lograr lo anterior, explica, “es una condición habilitante que el SBAP se implemente bien, como un sistema robusto que efectivamente dé cuenta de los desafíos que necesitamos para conservar la biodiversidad”

TRIPLE CRISIS

La especialista añade que, dado que la pérdida de la biodiversidad está relacionada con el cambio climático y la contaminación (triple crisis ambiental), se necesita que la nueva institucionalidad se haga cargo de la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas.

En ese contexto, apunta como una labor importante la gestión de especies exóticas in-

Rol de las empresas

¿Qué papel deben desempeñar las empresas en el resguardo de la biodiversidad? Desde el MMA, Daniela Manuschevich responde: “Los sectores productivos están entendiendo rápidamente de que la pérdida de la biodiversidad y la triple crisis ambiental los afecta mucho más rápido de lo que se pensó. No obstante, también pueden asumir un rol de liderazgo que es fundamental, anticipándose, como lo hace muchas veces el sector privado, a los problemas emergentes que están ocurriendo”

Enseguida aporta un ejemplo concreto: “Hay viñas que están enfrentando el cambio climático y entendiendo que si incorporan la biodiversidad en sus prácticas productivas obtienen un vino de mejor calidad, que se diferencia de otros vinos en el mercado y que, por lo tanto, genera mayores ganancias, menos costos e impactos positivos en la biodiversidad. Es importante que más industrias comprendan esto para sumar avances”

Cristopher Toledo, por su parte, sentencia que lo primero que deben hacer las empresas “es cumplir la legislación ambiental vigente, sobre todo si se benefician y dependen de manera directa del bienestar de los ecosistemas. Es lo que sucede con aquellas que producen salmones al interior de las áreas protegidas, ya que con sus prácticas contribuyen al deterioro de estos ecosistemas únicos”

Acota que existe mucha evidencia de diversas afectaciones, “como ocurre con los diversos ejemplos de sobreproducción de salmones en los cuales sistemáticamente han incurrido las empresas del rubro. Un caso concreto es el de Nova Austral, que actualmente está a la espera de que el Tribunal Ambiental ratifique la sanción de la SMA de revocar los permisos ambientales de tres de sus centros de cultivo”

11 Formaciones vegetacionales, de acuerdo al Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile (2020), registran tasas de pérdida que no se han revertido. El caso más preocupante es el del bosque esclerófilo de la zona mediterránea, cuyo retroceso tuvo un alza de 187,5% entre 2014 y 2018.

Además de destacar la aprobación de la Ley SBAP, Daniela Manuschevich rescata la ampliación de la cobertura de las áreas protegidas terrestres y marinas.

vasoras, como es el caso del caracol africano, “porque si somos capaces de manejarlas y controlarlas evitamos impactos fundamentales en nuestra biodiversidad y contribuimos a salvaguardar los procesos naturales que se están viendo afectados por el cambio climático”

Juan Carlos Torres-Mura, jefe del área Fauna de Orbe Consultores Ambientales, junto con destacar el aporte del resto de la institucionalidad ambiental a esta causa, comenta que la Ley SBAP permitirá implementar de mejor manera el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Ley de Cambio Climático, aglutinando en un solo servicio normas, atribuciones y espacios geográficos como las áreas protegidas que están dispersas o dependen de varios ministe-

Según Cristopher Toledo, “se han realizado pocos esfuerzos para avanzar en el resguardo de los ecosistemas terrestres más amenazados”.

rios. “Esto traerá mayor eficiencia”, subraya. El profesional valora otro hito en la gestión de la biodiversidad: la creación del Comité de Clasificación de Especies Silvestres, procedimiento derivado de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente que “permite evaluar el nivel de amenaza de nuestra diversidad biológica y contribuye a priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más expuestas, teniendo efectos tanto en la planificación territorial como sobre los proyectos de inversión. El reglamento de esta clasificación descansa en información objetiva y evita la subjetividad que tenían los ‘libros rojos’ basados en las percepciones y los sesgos de los investigadores”

También destaca la actividad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tendiente a elaborar guías, instructivos y criterios técnicos para todas las tipologías de proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que contribuyen a la protección de los ecosistemas.

CONVENIO Y ESTRATEGIA

La promulgación del Convenio Sobre la Diversidad Biológica –adoptado en la Cumbre de

la Tierra de Naciones Unidas, en Río de Janeiro, en 1992– es el primer gran hecho en este ámbito que resalta Cristopher Toledo, Economista de Fundación Terram. Tal acuerdo reconoce la necesidad de la preservación futura de la biodiversidad, siendo el primero a nivel mundial que protege todos los aspectos que ésta involucra.

Además, pone de relieve la “Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030”; la publicación de la Ley de Protección de Humedales Urbanos; la entrega por parte del Gobierno de la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) a la Convención Marco de las ONU sobre Cambio Climático, en la cual Chile asumió importantes compromisos en materia de protección de los océanos; la incorporación de nuestro país a la coalición “The Blue Leaders” que busca promover la protección del 30% de los océanos del mundo para los próximos diez años; y la adhesión nacional a la Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y los Pueblos, que promueve la protección del 30% del mar y la tierra del planeta en el mismo plazo.

Además, recuerda que, en la COP15 sobre el tema, celebrada en 2022, Chile y los demás estados miembros establecieron el Marco Mundial Kunming Montreal de la diversidad biológica, el cual guiará los esfuerzos de conservación al 2030.

Por último, resalta la aprobación por parte del Congreso de la Ley SBAP, regulación que permitirá enfrentar la triple crisis ambiental, contribuirá con más recursos a la conservación y protección ambiental, aportará más de 30 nuevos instrumentos para conservar la naturaleza, no permitirá concesiones con fines comerciales, no eliminará la Corporación Nacional Forestal (Conaf) e incorporó propuestas de los pueblos originarios.

a ley del proyecto que crea el SBAP fue muy celebrado en el Congreso.

30 Nuevos instrumentos, al menos, se crearán tras la puesta en marcha del SBAP. Destacan el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad, programas de monitoreo de los ecosistemas y de las especies, una planificación ecológica, y planes para ecosistemas amenazados y de especies exóticas invasoras.

CAMBIO DE PARADIGMA

En materia de desafíos, Daniela Manuschevich aboga por un cambio de paradigma que involucre a todos los sectores de la sociedad. “Esto tiene que ver con entender que sin la naturaleza, sin la biodiversidad y sin hacernos cargo del cambio climático y de la crisis de contaminación no hay desarrollo posible. Si no tomamos medidas urgentes vamos a ver afectadas nuestras posibilidades de desarrollo”, manifiesta.

Torres-Mura expone que lo prioritario es implementar el SBAP, que aún tiene un camino que recorrer. “Por ejemplo, se tienen que elaborar los reglamentos, que son varios, para que pueda tener vigencia; hay que monitorear el traspaso de las áreas protegidas a este servicio único; y varios organismos del Estado que ahora están repartidos en distintos ministerios deben unirse en un solo servicio”, detalla.

Agrega un reto derivado de la Ley SBAP: “Hay que chequear cómo avanza la implementa-

ción de los sitios prioritarios, que fueron establecidos a nivel regional hace 20 años. Si bien no son áreas protegidas, son lugares de valor para la conservación de la biodiversidad, más aún considerando que en algunas regiones son muchos o abarcan áreas muy grandes. Estos sitios no fueron reconocidos de forma inmediata por la ley, pero habrá un proceso de evaluación caso a caso que debe durar un par de años y cuyos resultados aún no son predecibles”, asegura.

Según su parecer, un desafío para la institucionalidad del Estado, que influye en la gestión de la diversidad biológica, será coordinar la participación de las entidades públicas en el SEIA, lo que supone, por ejemplo, “acotar los pronunciamientos que hagan cuando participen de la evaluación ambiental, de manera que se enmarquen en sus competencias y en aquellas materias propias de este proceso. También es necesario fortalecer el sistema de evaluación ambiental”

Cristopher Toledo añade otro problema que se requiere resolver: “Pese a que nuestro país cuenta con una extensa superficie terrestre protegida por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que cubre 18,6 millones de hectáreas, se han realizado pocos esfuerzos para avanzar en el resguardo de los ecosistemas terrestres más amenazados y sub representados por alguna categoría oficial de protección”, afirma.

MÁS DEUDAS

El especialista de Terram pone sobre la mesa, asimismo, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República de 2021, sobre la gestión de las áreas protegidas por parte de los organismos del Estado, que señala que, de 143 unidades terrestres y marinas analizadas, más de 50 “carecen de monitoreo de biodiversidad, advirtiendo que no existen lineamientos, marco regulatorio, ni metodologías suficientemente estandarizadas en este ámbito. Y otras 54 áreas no cuentan con planes de manejo. De esta forma queda en evidencia que muchas de ellas son solo declaradas en el papel, quedando sin ningún tipo de resguardo el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas”.

Otro ámbito en el que el economista aboga por cambios es el relativo al financiamiento que nuestro país destina para la protección de la biodiversidad, en particular de las áreas protegidas. “Sigue siendo deficiente. Esto se evidencia en el presupuesto 2023 asignado al SNASPE, que asciende a $19.045 millones de ingresos totales, un 21% menor respecto del año anterior. Es la mayor caída registrada para las áreas protegidas estatales desde el año 2009. Y para las áreas marinas, el presupuesto es aún más insuficiente”, sostiene.

El despacho

CONSULTORÍA CON LEGADO

El Grupo-O2 reúne más de veinte años de experiencia en ingeniería de consulta y de gestión ambiental y legal en Chile.

Pablo

Godoy Cárdenas, Gerente de Marketing & Comunicaciones Grupo-O2

Hablar de historia en la ingeniería de consulta y en materias medioambientales en Chile, es hablar del fuerte compromiso ambiental que desde sus inicios llevó a los ingenieros civiles Luis Alberto Olcay y Juan Carlos Olcay a emprender en este rubro, donde han desarrollado una exitosa carrera que ha dejado un legado en el ámbito de la consultoría.

Es que los líderes del actual Grupo-O2 no sólo potenciaron su propia área dedicada el medio ambiente y la sustentabilidad, sino que además

en 20 años (1996-2015) se convirtieron en un prominente exponente en este campo.

En efecto, durante las últimas tres décadas los profesionales han puesto énfasis en su política para el desarrollo de la consultoría, la cual se caracteriza por apoyar la gestión de los proyectos de una forma integral: desde la etapa de diseño hasta la certificación de su operación, siempre ofreciendo servicios profesionales de alta calificación y compromiso.

Luis Alberto Olcay y Juan Carlos Olcay lideran el Grupo-O2.

Así han logrado posicionar a su grupo empresarial como uno de los principales referentes para el sector público y privado.

UN POCO DE HISTORIA

Existen varios hitos que han marcado la exitosa carrera de la compañía que partió en 1996. Sus primeras incursiones en el mercado privado y público la llevaron a convertirse rápidamente en un “player” relevante en el área, participando en numerosos proyectos de los sectores minería, generación y transmisión eléctrica, energías renovables no convencionales, vialidad, hidráulica y sanitaria, transporte, puertos, metros, trenes, inmobiliario, industrial, entre otros.

El camino avanzó rápidamente con la incorporación de uno de sus principales servicios profesionales: la Inspección Técnica de Obras (ITO), y su posterior ingreso al mercado minero. Posteriormente, vinieron años de crecimiento general, la construcción de su edificio corporativo en Santiago, y sus filiales en el norte y sur del país. No tardaron mucho en abrir los ojos un poco más allá de sus fronteras, y ampliaron su perspectiva con el comienzo de la exportación de servicios fuera de Chile. Los resultados y experiencias fueron tan positivos en esta área, que en tan solo 5 años nacieron sus sedes en Perú y Colombia.

La entrada al mundo energético fue otro impulso para desarrollar nuevas metas y desafíos, que impulsaron la creación de su reconocida plataforma de gestión de proyectos. Esto les permitió dar un paso más allá en los servicios, asegurar su calidad y cumplimiento de manera más efectiva y de acuerdo con los avances tecnológicos que esos años ya comenzaban a mostrar.

NUEVOS TIEMPOS

Más de veinte años de experiencia y evolución empresarial se han traducido en el actual compromiso que lideran los hermanos Olcay: el GrupoO2 (www.grupo-o2.cl), compuesto por las compañías OHS Ingeniería, Orbe Consultores Ambiental/Legal, VFH Ingeniería y B2B Rental.

Este conglomerado abarca las principales áreas de desarrollo del país, aplicando una metodología innovadora para la implementación de servicios de consultoría ambiental y legal, inspección técnica de obras, ingeniería de proyectos en los mercados inmobiliario, de energía, minería e industrial, para las empresas privadas y el sector público. Una oferta multidisciplinaria que da soporte a sus clientes durante todo el ciclo de sus proyectos.

La participación del Grupo-O2 en el área de gestión ambiental se realiza principalmente a través de Orbe Consultores, empresa con 31 años de experiencia en la evaluación ambiental de proyectos de inversión.

Entendiendo las necesidades de los proyectos de inversión en materia ambiental, la compañía ha preparado e incorporado profesionales especialistas (arqueólogos, biólogos, antropólogos, ecólogos, veterinarios, ingenieros forestales, paisajistas, etc.) en la profundización de los estudios de línea base y evaluación de impacto, de la mano de una estrategia legal y de comunidades.

Asimismo, considerando que la obtención temprana de permisos ambientales y sectoriales es una tarea compleja, este brazo verde del Grupo-O2 ofrece servicios especializados como los siguientes: apoyo legal estratégico; diagnósticos y plan de relacionamiento de comunidades; levantamientos de arqueología, pozos de sondeo, rescate y entrega de hallazgos a museos; desarrollo de líneas bases; planes de recuperación, manejo y traslado de flora y fauna. Todo con el apoyo de tecnología digital para contribuir al conocimiento que esperan los actores de los proyectos en el proceso de evaluación ambiental y su posterior monitoreo.

De este modo, con una visión firme y una actitud resiliente, el Grupo-O2 y Orbe Consultores liderarán el camino hacia un futuro más sostenible y equitativo en beneficio de nuestro entorno y la sociedad en su conjunto.

A través de proyectos y generación de redes, la Fundación ha impulsado el crecimiento sostenible de las empresas nacionales en el mercado europeo.

Fundación Empresarial Eurochile es una organización sin fines de lucro creada por el Estado de Chile y la Unión Europea, con la misión de crear, promover y consolidar el intercambio comercial y tecnológico entre pequeñas y medianas empresas (pymes) e instituciones de nuestro país y de las naciones que integran la Unión Europea, tanto públicas como privadas, siendo un facilitador del proceso de internacionalización.

Este año, Eurochile celebra su aniversario número 30 apoyando a las pymes, destacándose por fomentar el desarrollo y la cooperación empresarial entre Europa y Chile. Esto se logra a través de la extensa red de alianzas estratégicas que ha generado mediante la articulación y vinculación de proyectos nacionales y europeos. Una de las redes europeas más importante que posee la Fundación desde el 2008 es la Enterprise Europe Network, que busca promover el crecimiento y la internacionalización empresarial mediante servicios de información y networking.

“Durante estos últimos 30 años nuestra labor se ha basado en el fortalecimiento

de las capacidades empresariales y en la creación de redes de colaboración y aprendizaje entre ambos continentes. A través de proyectos y generación de redes, hemos buscado impulsar el crecimiento sostenible y competitivo de las empresas chilenas en el mercado europeo”, destaca José Aravena, director ejecutivo de Fundación Empresarial Eurochile.

Desde 1993, la Fundación ha realizado más de 300 ruedas de negocios, beneficiando a más de 38.000 pymes mediante proyectos y actividades que contaron con la colaboración de 371 expertos europeos para la capacitación de los beneficiarios.

Actualmente, Eurochile se encuentra desarrollando proyectos que permiten transferir experiencias europeas, buenas prácticas y conocimientos circulares y sostenibles, en los sectores frutícola, construcción, turismo y gestión de residuos domiciliarios e industriales a pequeñas escalas en las regiones de O’Higgins, Biobío, Los Lagos, Coquimbo y Metropolitana.

30 años vinculando a las pymes chilenas con la Unión Europea

EN TORNO A LA CONSTITUCIÓN

Por Arturo Brandt

No debemos olvidar que la Constitución que nos rige fue pionera en la protección del medio ambiente al consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y también el deber del Estado de asegurar que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

Sin embargo, transcurridos más de 43 años desde su publicación, es necesario ponerse a tono con los tiempos y consagrar la protección del medio ambiente mucho más allá de un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Lo primero y más importante de destacar es que toda Constitución debe estar inspirada en ciertos valores, en contraposición a algunas voces que han señalado que ésta debe ser valóricamente neutra. Lo anterior es especialmente relevante en relación al medio ambiente, ya que el Estado,

como veremos más adelante, tiene el deber de preservarlo, tener una mirada intergeneracional plasmada en el concepto de desarrollo sostenible, hacer frente al cambio climático y garantizar el derecho humano al agua, entre otros derechos fundamentales asociados a nuestro hábitat.

Por cierto que, con el transcurrir del tiempo, nos hemos ido dando cuenta que nuestro planeta no es un proveedor infinito de recursos naturales. Esto es algo que es necesario regular, restringiendo de alguna forma su extracción, pero sin olvidar que debemos hacerlo en forma compatible con la satisfacción de las necesidades básicas de todos los que habitamos este país. Por eso es que hoy, más que buscar un medio ambiente “descontaminado”, debemos generar ciertas condiciones habilitantes dirigidas al concepto de sostenibilidad. Es algo que involucra el deber intergeneracional de dejar a nuestros hijos un planeta que cuente con los

El nuevo texto en preparación debiera consagrar la protección del medio ambiente y el derecho a la estabilidad climática, entre otros aspectos.

Profesor Adjunto Vermont Law & Graduate School Presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental

recursos naturales suficientes para su supervivencia, tal como nosotros los hemos tenido. En consecuencia, es deber del Estado preservar la naturaleza y las condiciones ambientales necesarias para la existencia de la vida presente y futura.

CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUA

Además, en la Constitución deben consagrarse ciertos derechos básicos que están dentro de la noción de democracia ambiental, como el acceso a la información ambiental, los principios preventivo y precautorio, y el principio de la no regresión.

Muy importante, asimismo, es incorporar en la Carta Magna el deber de todas las personas a contribuir a la preservación del medio ambiente.

Párrafo aparte merece el deber del Estado de tutelar y hacer frente al mayor problema ambiental de nuestros días: el cambio climático, lo cual debe estar consagrado en todas las nuevas Constituciones bajo el “derecho a la estabilidad climática”

En tal sentido, es deber del Estado no solo reconocer sino también promover toda tecnología que fomente la tan necesaria descarbonización. Debe dirigir su política energética en esta dirección y dejar de lado, de una vez por todas, el principio de “neutralidad tecnológica” que no se condice con la emergencia climática a la que nos enfrentamos.

Del mismo modo, y en estricta relación con el cambio climático, hay que priorizar la protección del agua, tan necesaria para nuestra supervivencia y desarrollo. Se debe compatibilizar su utilización para fines productivos (minero y agrícola) con el derecho humano al agua que tiene toda persona, lo que debe quedar consagrado. Lo mismo que la reserva de aguas para usos ecológicos, esto es, para la conservación de la naturaleza y de los ecosistemas, en resguardo de las generaciones futuras.

FALTA PROFUNDIDAD

Aunque el proyecto constitucional en desarrollo se nutre de muchos de los temas propuestos, creo necesario efectuar algunos comentarios. Hay que destacar, en primer lugar, que en el anteproyecto de la Comisión de Expertos, hoy en revisión por parte del Consejo Constitucional, se incluyeron elementos que dan cuenta de los tiempos en que vivimos y que aparecen en lo expuesto más arriba. Hoy existen 7 artículos y un capítulo especial para el medio ambiente, que incorpora la sostenibilidad y el desarrollo como pilares.

Así, el artículo 189 ter indica que el Estado promoverá las fuentes de energías renovables y el reciclaje. Esto debe ser consagrado a través de un concepto mucho más amplio y abarcador: el de fomento de las tecnologías de descarbonización, el cual engloba también principios como la eficiencia energética, la electromovilidad y otros.

El artículo 189 quinquies señala que el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Un concepto más amplio se encuentra en el principio ya expuesto sobre el derecho a la estabilidad climática.

Por último, celebro lo expresado en el artículo 189 sexies respecto a que el Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales de carácter técnico. Se pudo, empero, haber agregado “basadas en la ciencia”, pero es un avance en al menos declararlo. ¡Cuánto daño le han hecho al país las decisiones basadas en criterios políticos (Comité de Ministros) y no técnicos!

En conclusión, a la espera de conocer el texto definitivo, creo que la propuesta de la Comisión de Expertos refleja conceptos básicos que deben estar en toda Constitución, sin embargo, se echa de menos una mayor profundidad en ciertos temas.

Permisología

En estos días en que InduAmbiente y SGA cumplimos 30 años, es interesante recordar cómo se proyectaba en 1993 el tema ambiental hacia la comunidad. En esa época no hablábamos de que la protección del medio ambiente podía ser un freno al desarrollo sino, por el contrario, no podría haber desarrollo sustentable sin un medio ambiente libre de contaminación, sin conservación del patrimonio ambiental y sin la preservación de la naturaleza.

Esa discusión se ganó con la promulgación de la Ley Nº 19.300, con la creación de la Conama, el reglamento del SEIA, la Ley de Bosque Nativo, los planes de descontaminación, las normas de calidad y emisión, el Ministerio del Medio Ambiente, el SEA, la SMA, el SNIFA, los tribunales ambientales, las declaratorias de humedales urbanos y de áreas protegidas y sitios prioritarios para conservación de la biodiversidad, las Guías del SEA, la Ley de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú, y últimamente con la creación del SBAP, entre otras normas e instituciones que constituyen nuestra protección ambiental.

Sin embargo, actualmente, las columnas de opinión nos golpean a diario con el concepto que nuestra copiosa “permisología ambiental” no deja crecer al país, que es una traba a la inversión, que los permisos ambientales para los proyectos mineros demoran 4 años, que grandes proyectos de inversión se ralentizan por judicialización o se abandonan por falta de certeza jurídica. En palabras de hoy, “la aprobación ambiental no es un sí definitivo, sino un quizás” Recientemente me ha tocado volver al origen y participar muy de cerca en la elaboración del EIA de un importante proyecto nacional. Para mi sorpresa, me he encontrado con muchos avances en materia de protección ambiental pero también con muchos temas innecesarios que dilatan el plazo de elaboración y la magnitud del EIA. Mi percepción es que respecto al SEIA todavía estamos en la era analógica y no hemos llegado aún a la era digital. Estamos haciendo DIAs que parecen EIAs; y ya no basta con la declaración del titular que va a cumplir con la ley.

La pregunta que surge, entonces, es si no habremos ido demasiado lejos y estamos sobreprotegiendo el medio ambiente con un costo importante en crecimiento económico. De hecho, en la última década, que coincide con la modificación de la Ley 19.300 en 2012, el crecimiento del país fue del orden de 2% anual. Luego, tenemos que hacernos la pregunta si el sistema de protección ambiental que hemos construido está siendo eficiente. Creo que ha sido eficaz, en el sentido que ha permitido el desarrollo del país con protección del medio ambiente, del patrimonio y de la naturaleza. Pero no podemos permitir que ese sistema caiga en la denominación de “permisología”. Tenemos que reaccionar y volver a tener un sistema exigente en la protección pero ágil en la tramitación de los permisos.

Jaime Solari Gerente General SGA

A RECUPERAR METALES

Conozca soluciones técnicas y casos de éxito en la recuperación de estos recursos desde corrientes líquidas mineras.

Adoptar acciones para transitar hacia la economía circular es una necesidad para toda empresa que aspira a ser sustentable. En el caso de la minería, una buena alternativa para hacerlo es recuperar metales valiosos desde las corrientes líquidas que se generan en esta actividad, como los relaves o las aguas ácidas de mina.

Ese fue, justamente, el tema que abordó un webinar internacional realizado en julio pasado, en el cual expertos dieron a conocer innova -

doras tecnologías para desarrollar esta tarea, como también algunos casos de éxito que muestran los beneficios de esta práctica.

PROCESO SUCY Y AMD/ARD

El evento, organizado por InduAmbiente, contó con cuatro expositores de entidades especialistas en la materia: el Advanced Mining Technology Center (AMTC), de la Universidad de Chile; Veolia, líder

Planta piloto del proyecto LIFE Remine Water en las instalaciones de Sandfire Matsa.

global en la gestión integral de residuos, agua y energía, que ofrece soluciones basadas en la lógica de la economía circular; y Cetaqua Chile, la Corporación Chilena de la Investigación del Agua.

Para dar un marco general a la temática del seminario, el Gerente General de Cetaqua Chile, Francisco Rossier, se refirió a los retos que enfrenta la industria minera para aumentar la producción en un contexto de escasez hídrica, cambio climático y creciente demanda de materias primas como el litio, asociada al avance de la electromovilidad y la electrificación. En ese contexto, destacó la necesidad que tiene la industria de reducir el consumo de agua, el impacto ambiental y la huella de carbono, como también de mantener un adecuado vínculo con las comunidades y avanzar en el procesamiento de relaves y otras corrientes.

Frente a ello, planteó que las tecnologías para la recuperación de metales y recursos hídricos entregan interesantes oportunidades para que las empresas del sector puedan responder mejor a estos desafíos y agregar valor a sus procesos.

A continuación, el doctor Humberto Estay, líder del equipo de desarrollo y diseño de procesos del AMTC, detalló algunas de las soluciones en que han trabajado para recuperar recursos valiosos desde fuentes acuosas mineras, a través de procesos basados en la separación por membranas.

En primer lugar, describió una alternativa desarrollada para la minería de oro, denominada Proceso SuCy que apunta a recuperar algunos metales valiosos, como cobre, desde soluciones cianuradas. El investigador explicó que esta tecnología se basa en una reacción convencional de precipitación de sulfuros metálicos, que son sólidos y muy estables, pero resultan complejos de manejar en separaciones sólido-líquido. Para resolver este problema, en AMTC han avanzado “en desarrollar procesos de membranas como la microfiltración que permite separar estos sólidos, generando un permeado puro, solo con cianuro que también regeneramos y recuperamos mediante absorción gaseosa en membranas” , destacó.

Añadió que la integración de los procesos de precipitación, microfiltración y absorción gaseosa de membranas permite obtener de manera muy eficiente un producto que puede ser comercializado como es el sulfuro de cobre de alta ley. Además, se produce una corriente de cianuro de sodio concentrada que se puede seguir usando en el proceso de lixiviación del oro evitando que llegue a los ripios, con lo cual también se reduce el riesgo de impacto ambiental asociado a estos residuos.

Esta innovación se espera validar en una planta piloto recién construida y que se implementará en una instalación de reprocesamiento de relaves de oro-cobre, ubicada en el norte del país. “Bajo el concepto de economía circular, esta operación apuntará a regenerar una impureza como producto y reducir los consumos de reactivo del proceso global” , recalcó Estay. ¿Otra ventaja? Los módulos de membrana del Proceso SuCy reducen “hasta nueve veces el espacio” que ocupan los clarificadores gravitacionales empleados habitualmente para recuperar recursos valiosos desde efluentes de la minería del oro, lo cual “implica una disminución de costos de inversión y operación bastante relevantes” , aseguró.

El también subdirector del AMTC comentó que el mismo concepto de precipitación de sulfuros se aplicó a la minería de cobre, para desarrollar un proceso denominado AMD/ARD cuyo objetivo es recuperar sulfuro de cobre desde aguas ácidas de mina, uno de los pasivos ambientales más relevantes que genera la minería a nivel global. “Hemos logrado resultados bastante auspiciosos, con tasas de generación de

Recuperación de cobre mediante intercambio iónico

permeado bastante altas y atractivas. En distintas condiciones de operación podemos lograr casi un 100% de recuperación de cobre, lo que también permite minimizar el contenido de este metal que se va en las aguas ácidas tratadas. Las leyes de cobre son bastante altas: van desde 35% hasta casi 50%, por lo tanto, es un producto vendible” , señaló.

Humberto Estay comentó, además, que están trabajando en otras innovaciones como la recuperación de cobre mediante contactores de membrana para generar productos de alto valor. “Procesando cualquier corriente acuosa minera en un proceso integrado de membranas, se podrían recuperar materiales de valor como metales, agua de alta calidad –que es una línea de desarrollo en que tenemos bastante desarrollo– y energía, que es algo en lo que vamos a empezar a avanzar, consolidando así un concepto de economía circular completo desde procesos con membranas” , concluyó.

COBRE DESDE UN RELAVE

Otra de las presentaciones del webinar permitió conocer un caso de éxito en Chile, donde la empresa Veolia procesó un drenaje ácido de un relave minero para recuperar cobre soluble y agua que se puede reutilizar en otros procesos. “Eso plantea un cambio de paradigma y una oportunidad para tratar flujos que pueden ser complejos y para mejorar el desempeño ambiental recuperando productos valiosos” , destacó Philippe Palfrey, Director On Site Services de Veolia Latam.

El especialista explicó que el proyecto se desarrolló en una mina que

Las tecnologías para recuperar metales aportan a una minería sustentable, destacó Francisco Rossier.

Humberto Estay presentó soluciones basadas en membranas para recobrar recursos desde fuentes acuosas mineras.

procesa sulfuros de cobre y también cobre soluble en forma de óxidos. La solución consistió básicamente en “el uso de un intercambiador iónico que tiene resinas que permiten recuperar cationes, en particular cobre. El proceso era muy sencillo: el drenaje que venía del relave pasaba por un intercambiador iónico, con el objetivo de concentrar el cobre sobre las resinas y liberarlo después mediante un lavado con ácido sulfúrico. De ese modo, la solución pasaba de tener una concentración de cobre de unos 300 ppm a 30 gramos por litro”

Palfrey añadió que en cada ciclo de lavado con ácido sulfúrico se recuperaba una solución de sulfato de cobre que se podía enviar a la planta de extracción por solventes para recobrar y aprovechar el metal contenido en ella.

El proceso consideró el uso de filtros de arena para remover sólidos suspendidos y filtros de carbón activado para remover aceites y grasas. Esto permitió también recuperar agua que se reutilizaba para el lavado de las resinas.

El representante de Veolia destacó que las condiciones climáticas severas en que opera la mina no fue impedimento para el desarrollo de la solución: “La planta fue construida en seis meses y es algo bastante rápido y fácil de poner en marcha”, dijo.

No obstante, advirtió que para desarrollar este tipo de proyectos “se debe estudiar cada caso para definir el proceso, validarlo y después implementarlo”

LIFE REMINE WATER

El seminario virtual también dio cuenta de algunas experiencias concretas en proyectos de investigación, desarrollo e innovación en la minería, ejecutadas por Cetaqua. Este tema estuvo a cargo del Director Técnico del centro en Chile y líder del cluster de Waste2Resources en la red de centros Cetaqua, Mateo Pastur, quien detalló dos innovadoras iniciativas para recuperar metales y tratar aguas con descarga de líquido cero.

La primera se denomina LIFE Remine Water y consiste en la implementación de una plataforma tecnológica que propone mejorar el tratamiento de corrientes acuosas mineras mediante procesos innovadores que permiten la recuperación de agua y productos de alto valor agregado como cobre y zinc minimizando las descargas al medio ambiente, a través de un enfoque basado en la economía circular.

Pastur indicó que esta solución se está probando en una mina subterránea de Sandfire Matsa, ubicada en el sur de España, donde se producen principalmente sulfuros de zinc, cobre y plomo, y se generan

aguas de proceso ácidas con una concentración relativamente altas de sulfatos, que es el principal contaminante que se debe eliminar para poder descargar las aguas tratadas al medio ambiente. “Actualmente, la mina tiene un límite de vertido de sulfatos entre 1.250 y 1.500 ppm. Sin embargo, en los próximos años comenzará a regir un límite más restrictivo, que con la tecnología de tratamiento en uso no se puede alcanzar. Aquí es donde entra en juego el proyecto LIFE Remine Water, que apunta a implementar una planta de descarga líquida cero que sustituiría a la depuradora actual”, dijo. Detalló que el proceso tiene varias etapas de tratamiento (ablandamiento, nanofiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis y evaporación a baja temperatura) que permiten obtener “agua de alta calidad que se puede reutilizar tanto en procesos mineros o en el entorno de la mina” y, eventualmente, sal común como un subproducto del proceso.

Por otro lado, el proyecto LIFE Remine Water también considera el desarrollo de una planta para la recuperación de metales desde los lixiviados que se generan en la operación minera. Mateo Pastur indicó que estas corrientes contienen concentraciones de cobre y zinc de entre 500 y 1.000 ppm y, mediante el uso de resinas de intercambio iónico, se logra recuperar de forma selectiva más del 99%. Durante el proceso se genera sulfato de zinc y sulfato de cobre, que se separan a través de una fase de electrodeposición, produciendo “dos corrientes que pueden recircularse a la mina y así valorizar estos dos metales”, aseguró. Además, se obtiene una solución rica en ácido sulfúrico que se recupera mediante nanofiltración para su reutilización.

Ambas plantas piloto están operando desde inicios de 2022 y “nos han permitido demostrar al cliente la viabilidad técnica y económica de este nuevo proceso que les permitirá alcanzar el nuevo límite de vertido y, por otra parte, valorizar las corrientes ricas en metales como zinc y cobre. Esta experiencia también ha demostrado que es posible implementar soluciones basadas en la economía circular que, por una parte, permiten hacer un uso más sostenible de los recursos hídricos y, al mismo tiempo, minimizar las descargas de salmuera y metales al medio”, subrayó.

CARACTERIZACIÓN SIN COSTO

La segunda iniciativa destacada por el representante de Cetaqua se denomina Metallico, que se inició en enero de 2023 y termina en 2026. “Este proyecto es más ambicioso y su objetivo es demostrar procesos innovadores y sostenibles para recuperar metales que se utilizan en la producción de baterías, es decir, principalmente litio, cobalto, zinc y cobre desde corrientes líquidas mineras”, comentó Pastur.

El proyecto incluye casos de estudio en cuatro minas en Europa, y Cetaqua Chile participa caracterizando corrientes similares en Latinoamérica en las que podrían replicarse el proceso. Al respecto, el especialista hizo una invitación bien atractiva y conveniente: “Tenemos un presupuesto asignado por la Comisión Europea para hacer estas caracterizaciones, por lo que si hay alguna empresa minera en Chile interesada en que caractericemos sin costo sus corrientes mineras, pueden contactarnos”

El Gerente General de Cetaqua Chile, Francisco Rossier, reforzó este mensaje indicando que la caracterización de las corrientes líquidas mineras es el punto de partida para buscar soluciones de tratamiento beneficiosas desde la perspectiva energética, medioambiental, del uso de recursos y de la recuperación de metales con valor.

El ejecutivo resaltó, además, que los casos de éxito presentados en el webinar demuestran que estas tecnologías son técnica y económicamente factibles de desarrollar. “Hay desafíos técnicos, pero tenemos una gran oportunidad de agregar valor a los procesos mineros y contribuir a hacer más sostenibles las actividades de este sector”, concluyó.

Mateo Pastur invitó a las empresas a caracterizar sin costo sus corrientes líquidas, a través de Cetaqua Chile.

Philippe Palfrey dio a conocer un caso de éxito en Chile en que se recuperó cobre desde un relave.

SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES COMUNITARIAS

Dos conceptos que buscan hacerse “carne” en los sectores productivos de nuestro país a través de acciones concretas. Los siguientes artículos pretenden dar cuenta de ello.

¿VALOR

COMPARTIDO?

Cómo son actualmente y hacia dónde deberían ir las relaciones entre las empresas y las comunidades insertas en sus áreas de influencia. En este artículo entregamos respuestas.

SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES COMUNITARIAS

En busca del valor compartido. Así se podría titular una película, serie o documental que se hiciera sobre el objetivo que deben perseguir las relaciones comunitarias (RC). El concepto apunta a una especie de “win-win”, o sea, que tanto la empresa como la comunidad que está inserta en el área de influencia de sus instalaciones o proyectos obtengan ganancias o beneficios de su operación.

¿Cómo ha sido la evolución de este vínculo? Según la “Guía de relacionamiento comunitario”, desarrollada y publicada en abril pasado por Acción Empresas, este nexo ha pasado de ser algo accesorio a ser un elemento muy necesario y estratégico. “Hemos evolucionado desde un enfoque reactivo ante el surgimiento de conflictos a uno más bien proactivo y preventivo. Hemos observado que las estrategias en la materia han pasado de ser un instrumento puntual, de corto plazo, a desarrollar estrategias sistemáticas con una perspectiva de largo plazo. En muchos casos se ha transitado desde lógicas asistencialistas hacia un enfoque de construcción de valor compartido”, asegura.

MAYOR PARTICIPACIÓN

Claudia Jara, gerente de operaciones de Equilibrio Triangular Consultores (ETC), destaca también el mayor protagonismo de la comunidad en los últimos años, lo que se refleja en el aumento de los niveles de participación ciudadana (PAC) en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Y por diversas razones: “Principalmente por el interés de la comunidad y por el desarrollo de instrumentos públicos como nuevos instructivos PAC, guías y reestructuración del Departamento de Participación Ciudadana, Medio Humano y Consulta Indígena del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para cumplir con los estándares comprometidos por el Ejecutivo al adherir al Acuerdo de Escazú”

Agrega que lo anterior ha traído cambios sustanciales en la relación empresa o titular con la comunidad, cuya participación ahora ocurre en la mayoría de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Con ello se han incrementado las vías de comunicación con los vecinos mediante reuniones conjuntas; buzones para recibir dudas, quejas o cualquier comentario que se quiera entregar; implementación de señalética preventiva de acceso; y generación de comunicación empresa-comunidad a través de correo electrónico, teléfono o grupos de whatsapp.

Según Francisco Roa, consultor líder en el Área Medio Humano de Jaime Illanes & Aso-

5 Beneficios genera el vínculo empresa-comunidad de acuerdo al Manual de Relacionamiento Comunitario para Proyectos Inmobiliarios en Zonas Urbanas: informar de manera clara y oportuna, generar acuerdos, reducir impactos, planificar medidas de mitigación y/o compensación, y generar valor agregado.

“Hemos evolucionado desde un enfoque reactivo, ante el surgimiento de conflictos, a uno más bien proactivo y preventivo”, señala esta guía sobre la relación comunidadempresa.

en materia de RC, el geógrafo hace alusión a la creciente conciencia ambiental y social de las comunidades, que está motivando a los titulares de proyectos a adoptar prácticas más sostenibles y socialmente responsables. A eso agrega: la cada vez mayor importancia de las redes sociales, que permiten a las personas expresar con facilidad sus opiniones sobre las empresas, empujándolas a ser más transparentes y responsables; el empoderamiento al alza de las organizaciones para reclamar su derecho de expresarse sobre los nuevos proyectos que se están desarrollando en sus territorios para, por ejemplo, incidir en su diseño y obtener beneficios; y la creciente relevancia de las PAC formal y anticipada.

Francisco Roa valora la creciente conciencia ambiental y social de las comunidades, lo que está generando proyectos más sostenibles y socialmente responsables.

ciados, algunos factores que han influido en la forma como ahora las empresas se relacionan con las comunidades son el aumento de la conciencia ambiental, el surgimiento y desarrollo de las redes sociales, y la relevancia que han adquirido los procesos de participación ciudadana. “Con ello, se ven más presionadas a ser transparentes y responsables de sus acciones e impactos. Y a desarrollar estrategias de comunicación y establecer relaciones más profundas con las comunidades donde éstas se insertan. Es un camino, no obstante, que está lejos de concluir, y día a día van surgiendo nuevas complejidades que son necesarias de abordar”, afirma.

DESAFÍOS EMERGENTES

Sobre los nuevos desafíos que están afrontando y deberán asumir las empresas

A su vez, Claudia Jara manifiesta que lo más importante es “generar los espacios de comunicación bilateral necesarios para saber informar de forma temprana a la comunidad las características de un proyecto, los impactos que puede o no producir, las medidas que se toman para evitarlos, las exigencias de la legislación ambiental aplicable a la iniciativa, entre otros. Hay desconfianza en que un proyecto sea capaz de sumarse a la comunidad sin causar daños, por lo que acortar esa brecha es prioritario”

En ese sentido, señala que la PAC es fundamental dentro de la evaluación ambiental porque permite que las personas se informen y opinen responsablemente acerca de un proyecto o actividad, y obtengan respuestas fundadas a sus observaciones e inquietudes por parte de su titular. Además, “ otorga solidez a la decisión de las autoridades, acercando posiciones y acortando brechas entre las partes”, expresa.

En relación al mismo tema, el documento de Acción Empresas parte por dejar en claro que “el campo de las relaciones comunitarias se

ha complejizado a un punto tal que cualquier intento de abarcar todos sus desafíos corre el riesgo de ser insuficiente o de quedarse obsoleto en un breve plazo de tiempo”

No obstante, especifica que la diferenciación de las identidades individuales y organizacionales que intersectan los contextos comunitarios y empresariales por múltiples

Aporte de la consultoría

¿Qué aporte hace la consultoría para facilitar la relación empresa-comunidad durante los procesos de evaluación ambiental? Claudia Jara responde: “De acuerdo al conocimiento y experiencia que hemos adquirido por más de 25 años en los procesos de tramitación ambiental, lo que buscamos es realizar una presentación más bien educativa del proceso en sí, lo más gráfica y visual posible, que introduzca los conceptos de forma simple, de manera que el proyecto se explique por sí solo y, a la vez, se dejen establecidos y repasen los conceptos básicos, el alcance de la consulta, las definiciones y regulaciones del proceso de tramitación ambiental”

Con ello, añade, las personas que participan de la consulta se pueden ir capacitando y entendiendo mejor el proceso en que están involucrados y, al mismo tiempo, pueden encontrar respuestas a sus dudas, incorporando sus observaciones y aportes. “Todo ello facilita el diálogo, genera confianza y cercanía, y permite focalizar la PAC en el tema ambiental y su tramitación, generando espacios de diálogo y acortando brechas”, resalta.

dimensiones, “continuará agregando capas de complejidad: desde pueblos originarios, género y migraciones hasta intergeneracionalidad y neurodivergencias incorporan matices y nuevas distinciones a los procesos de vinculación con la comunidad”.

Añade que “navegar las expresiones emergentes de la diversidad va a requerir una perspectiva interseccional al abordar la vinculación comunitaria incorporando las asimetrías de poder y los sesgos derivados de estas combinaciones”

Luego expone que la entrada en vigencia de nuevos acuerdos internacionales otorgará marcos generales de acción como la transición socioecológica justa, que junto con tratados regionales como el Acuerdo de Escazú “pueden impulsar procesos de participación temprana cada vez más rigurosos y transparentes, los que requerirán mejor comunicación con el sector público, la academia y la sociedad civil”

OTROS RETOS

Entendiendo la “licencia social” como el permiso que una comunidad otorga a una empresa para operar en su territorio, Francisco Roa manifiesta la importancia de que ésta asuma un compromiso con los valores y necesidades de la gente. Y para eso debe implementar una buena estrategia de relacionamiento comunitario que incorpore cuatro aspectos clave: transparencia sobre sus actividades, impactos y compromisos; involucramiento de la comunidad en el proceso de toma de decisiones sobre el proyecto; demostración que éste traerá beneficios económicos y sociales a las personas que habitan en su área de influencia; y respeto a los valores y las tradiciones de la comunidad.

Por otra parte, la guía de Acción Empre-

sas señala que por la brecha digital y falta de accesibilidad presente en los territorios más rurales, aislados y vulnerables “se requerirá una consideración especial en el diseño de procesos participativos, para que sean realmente inclusivos y pertinentes a la realidad sociocultural de cada comunidad y territorio. El desarrollo sostenible no debe dejar a nadie atrás”, plantea.

También afirma que el sentido de urgencia de las transformaciones socio-ambientales hace que las empresas y organizaciones “deban aprender y desarrollar soluciones más rápido, en ciclos más cortos, con retroalimentaciones más sistemáticas, con apertura a nuevas posibilidades y, sobre todo, desechando modelos mentales disfuncionales y obsoletos”

Otro desafío pendiente al que alude tiene que ver con “extender el efecto tractor y multiplicador de las políticas y prácticas de relacionamiento comunitario hacia proveedores, subcontratistas y distribuidores de menor tamaño, que desempeñan papeles clave en la cadena de valor, con una especial y cotidiana interacción con clientes y comunidades. Esto permitiría acelerar y robustecer también las buenas prácticas en el tejido empresarial de base”

A modo de conclusión, el texto sostiene que “ante este escenario de complejidad e incertidumbre a todo nivel, los desafíos a los que se enfrenta la empresa y específicamente las áreas de relacionamiento comunitario, parecieran tener un nivel de fragmentación imposible de abordar. Ante ello, la progresiva incorporación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y los procesos de debida diligencia ofrecen un marco, un estándar común, para la gestión de los riesgos de derechos humanos asociados con las actividades empresariales. Y brindan orientación sobre cómo respetar, y reparar en caso de ser requerido, los derechos humanos en toda la operación”

Las empresas mineras buscan ser aliadas de las comunidades insertas en su área de influencia. Una de las formas es financiando algunos de sus proyectos.

La industria salmonera, en el marco de su campaña “Comprometidos con el Sur”, donó en 2021 una ambulancia a la comuna de Melipeuco.

PARA PUERTOS SUSTENTABLES

Mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, así como mejorar su desempeño ambiental, son retos prioritarios para los terminales marítimos en Chile. Destacamos iniciativas, estudios y recomendaciones al respecto.

Considerando sus 4.200 kilómetros de costa, ¿qué infraestructura de primera necesidad puede tener en abundancia Chile continental? La respuesta es más que lógica: puertos. De hecho, alberga 56 instalaciones de este tipo: 10 estatales de uso público y 46 privadas, de las cuales 14 también son de acceso público.

Solo en 2022, la industria portuaria movió en nuestro país 118,2 millones de toneladas de carga. Esto, pese a las limitaciones que imponen las constantes marejadas que deben enfrentar muchos terminales y que les reducen las horas de disponibilidad para el comercio internacional.

Mejorar los indicadores en la materia, ante condiciones climáticas y de mar adversas, es uno de los grandes desafíos que afrontan los puertos nacionales. En esa línea, trabajan para mejorar la capacidad de maniobras e incorporar tecnología que lo permita.

No obstante, Daniel Fernández, Presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), que agrupa a 31 empresas del rubro, enuncia un reto más global: “Impulsar una industria sostenible en la cual exista un adecuado equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Es un objetivo por el que estamos trabajando con nuestras empresas socias”

Agrega que uno de los principios de la organización es “la promoción del desarrollo sostenible como un valor fundamental y un elemento clave en nuestras estrategias de negocio. Buscamos enlazar los legítimos intereses de la actividad marítimo-portuaria con las necesidades de las actividades productivas del país y el bien común”

ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA

En ese contexto, destaca el proceso de elaboración, desde inicios del 2022, de un Acuerdo de Producción Limpia (APL), impulsado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), Camport y otras entidades públicas y privadas, titulado “Estándar de Sostenibilidad para los Puertos de Chile”, para optimizar las operaciones portuarias en materia ambiental, social y económica.

“Busca integrar en un solo instrumento el procedimiento para obtener las distintas certificaciones ambientales que existen a nivel nacional e internacional. Algunos de sus objetivos son lograr, en un plazo razonable, la carbono neutralidad en el sector, proteger la biodiversidad en las zonas de influencia de nuestros puertos, y optimi-

zar los procesos para hacer un uso eficiente de la energía. Además, considera avanzar en temas de seguridad ocupacional y en el área de personas”, detalla el ejecutivo.

Desde la ASCC informan que este acuerdo aún no tiene fecha para su firma ya que su negociación continúa.

Algunos de los terminales que serían parte de tal iniciativa concluyeron recientemente el APL Puertos del Biobío, trabajando en conjunto 57 acciones y desafíos para alcanzar metas medioambientales, de seguridad y salud ocupacional, y de relaciones con grupos de interés. Participaron DP World Lirquén, Puerto Coronel, Muelles de Penco, Talcahuano Terminal Portuario, San Vicente Terminal Internacional, Portuaria Cabo Froward y Oxiquim Terminal.

También se han visto favorecidos con estos acuerdos, desde inicios de la década pasada, empresas portuarias de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso.

CAMBIO CLIMÁTICO

Enfrentar adecuadamente los efectos del cambio climático es hoy una de las preocupaciones principales en muchos puertos chilenos por las variaciones permanentes en el régimen de las olas.

Como un insumo para la toma de decisiones en este sector, un estudio reciente –publicado por Cepal y coordinado por profesionales de la Pontificia Universidad Católica, Ministerio del Medio Ambiente y la propia Cepal–, aborda los costos por la inacción frente a los cambios que está ocasionando el fenómeno climático en áreas como la actividad portuaria, que hace que sus operaciones no estén siempre disponibles.

En el apartado sobre los impactos en los puertos y costas, el análisis parte del cálculo sobre oleaje y nivel del mar para un periodo histórico (1985-2004), para mediados de siglo (2026-2045) y para finales de siglo (2081-2100), en un escenario de mayor aumento de temperatura. Los terminales analizados fueron los de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Mejillones, Valparaíso, San Antonio y San Vicente.

Tras explicar los resultados de diferentes modelos de análisis de la altura de oleaje, se proyecta que para mediados de siglo habrá un aumento aproximado de 10 centímetros en la zona norte, mientras que en la zona central se espera una baja de 10 a 20 centímetros. Para fines de siglo, se observa un

61% De todos los residuos generados recicló o reutilizó en 2022 Antofagasta Terminal Internacional (ATI). La chatarra, por ejemplo, la convierte en acero para construcciones; los neumáticos en materia prima para nuevas ruedas; y el aceite es aprovechado por la industria cementera.

3 Años consecutivos suma el Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) recibiendo el certificado de Sello Verde IE que demuestra que su suministro eléctrico proviene de fuentes renovables, ya sea energía eólica, solar o hídrica.

Daniel Fernández releva el APL que impulsa Camport desde 2022 para optimizar el funcionamiento de los puertos en materia ambiental, social y económica.

SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES COMUNITARIAS

patrón de cambio similar, pero más pronunciado, ya que se vislumbran disminuciones cercanas a los 30 centímetros en la zona central y aumentos por sobre los 40 centímetros en la zona sur. También se anticipan los cambios en el periodo medio y la dirección media del oleaje.

“Los resultados muestran que algunos de los puertos evaluados elevarán y otros empeorarán sus tiempos operativos para mediados de siglo,

mientras que habrá una mejoría significativa para finales de siglo, especialmente en relación a la actividad de atraque de buques. De manera puntual, los puertos que experimentarán efectos negativos en su operación son Arica, Iquique, Antofagasta y San Antonio, mientras que Mejillones, Coquimbo, Valparaíso y San Vicente presentarán oportunidades”, indica el informe.

Sobre este factor, Fernández plantea que “como industria y en un sentido amplio de sostenibilidad, nos preocupan los efectos del cambio climático y la falta de adaptación a ellos. Más aún, considerando que nuestra actividad se desarrolla en territorios costeros, los cuales están entre los más afectados del planeta por las marejadas”

En un informe elaborado por Camport el año 2021, titulado “Marejadas y su impacto en los puertos”, se advierte que algunas de estas instalaciones registran disponibilidades cercanas al 80%, “por lo que debemos avanzar en medidas de mitigación y gestión para que nuestros puertos tengan disponibilidades superiores al 95%”, asegura el vocero de la organización.

Patricio Winckler plantea que el cambio climático introduce modificaciones tanto en las tendencias como en la variabilidad de las operaciones portuarias.

Añade que hacerse cargo de esta realidad “significa que en el corto plazo la autoridad marítima debe contar con el instrumental adecuado para definir de manera objetiva los cierres de puerto y que el cuerpo de prácticos tiene que usar

simuladores para capacitarse en la operación de naves bajo condiciones meteorológicas más adversas. En el mediano plazo, la solución es mejorar las condiciones de abrigo de nuestros terminales, para lo cual las empresas portuarias estatales deben actualizar sus planes maestros incorporando los efectos de cambio climático en sus análisis”

OTRAS MEDIDAS

Patricio Winckler, investigador del Centro de Observación Marino para estudios de Riesgos del Ambiente Costero (Costar) y del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (Cigiden), detalla diversas medidas para reducir el denominado downtime operacional. “Por ejemplo, el uso de sistemas de alerta temprana de marejadas en combinación con el monitoreo en tiempo real de las variables ambientales permite planificar la operación de los terminales con días de anticipación. Además, las nuevas tecnologías de atraque dinámico –como el sistema de amarre Shore Tension utilizado en Arica y Puerto Ventanas–, hacen posible efectuar maniobras en condiciones de oleaje más severas, disminuyendo así el downtime. Si este problema es recurrente, se pueden realizar obras de abrigo nuevas o ampliaciones de las existentes a un costo notablemente superior al de las medidas anteriormente descritas”, explica.

El especialista revela que las protecciones naturales tienen ventajas sobre las artificiales en los puertos, ya que además de requerir una menor inversión, suelen brindar resguardo a un espectro amplio de amenazas. “Sin embargo, Chile tiene muy pocas protecciones naturales litorales y todas las bahías abrigadas ya se encuentran ocupadas, contando todas ellas con instalaciones portuarias. Por eso, el desarrollo en este sector compite con muchas otras actividades que se realizan en el litoral y necesariamente debe utilizar costas expuestas (no abrigadas naturalmente)”, acota.

Como

e intensas se han registrado en muchas regiones donde hay actividad portuaria.

Expone también que el cambio climático introduce modificaciones tanto en las tendencias como en la variabilidad de las operaciones portuarias, por lo cual este factor debiera considerarse en todas las etapas de un proyecto portuario: planificación, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución, operación, mantención, reparación y desmantelamiento de la infraestructura. Sobre todo, considerando “que el nivel del mar irá en aumento y las marejadas tenderán a intensificarse en las próximas décadas, por lo que los daños en la infraestructura portuaria, las inundaciones en paseos costeros y la erosión de playas serán cada vez más intensos”, asegura. En relación a las medidas y acciones que

parte de los efectos del cambio climático, marejadas cada vez más frecuentes

SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES COMUNITARIAS

San Antonio: avances y puerto exterior

Por movimiento de carga marítima, San Antonio es por amplio margen el principal puerto de nuestro país. En ese marco, algunas empresas concesionarias que allí operan han registrado interesantes avances en materia de sustentabilidad ambiental.

En mayo pasado, por ejemplo, la compañía DP World Chile renovó la certificación que acredita que, a través de sus terminales de Lirquén y San Antonio, es el primer operador portuario en Sudamérica que usa energías renovables en un 100%. Esto permitió a la concesionaria reducir en un 50% las emisiones en su instalación de la Región de Valparaíso.

A su vez, el concesionario San Antonio Terminal Internacional (STI) recibió, también en mayo, el sello Giro Limpio por su compromiso con la eficiencia energética. Además, a principios de 2023, STI obtuvo por quinta vez la certificación Huella Chile, del Ministerio del Medio Ambiente, que distingue a las empresas que miden y verifican sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otra parte, el terminal marítimo espera concretar un proyecto bien relevante: Puerto Exterior San Antonio, que implica una inversión de unos 3.500 millones de dólares para su transformación en un mega puerto. Esto, porque podría movilizar hasta 6 millones de TEU (un contenedor de 20 pies) al año y recibir buques portacontenedores de clase E, que cuentan con una eslora (largo) de unos 400 metros y una capacidad máxima de 15 mil TEU. La iniciativa, empero, aún no obtiene la aprobación ambiental. Incluso, sus responsables solicitaron plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para responder los cientos de consultas ciudadanas del proceso de evaluación. Los opositores a su ejecución basan sus argumentos en el impacto que la instalación provocaría en ecosistemas hídricos de la zona como las lagunas de Llolleo y la desembocadura del río Maipo.

deben impulsar los puertos para apuntar a una gestión sustentable, Winckler señala que “desde la perspectiva de la gestión de la infraestructura, las empresas portuarias estatales, los concesionarios y los ministerios competentes debieran establecer planes de mantención y reparación de obras costeras, de atraque y abrigo que serán dañadas con más frecuencia en la medida que avance el siglo. Entre ellas destacan, según un plan elaborado por los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente, la incorporación de cambios metodológicos en la evaluación técnica y económica de obras de infraestructura y/o alternativas de adaptación al cambio climático con perspectivas de largo plazo. Esta medida contempla desarrollar proyecciones de vientos, oleaje y nivel del mar, considerando la incertidumbre climática y la eventual interacción con otros riesgos como los sismos y los tsunamis”

A su juicio, se debieran implementar también sistemas para monitorear amenazas costeras, como las marejadas, y el impacto de obras de infraestructura costera mediante sistemas de percepción remota. “Estas medidas, de ser implementadas, permitirán una reducción en la vulnerabilidad del sistema portuario en Chile”, concluye.

Flavia Liberona Directora Ejecutiva Fundación Terram

D esde hace ya varios años que el gobierno central viene apostando por ser líder mundial en la producción del mal llamado “hidrógeno verde” o “H2V”, lo cual no es otra cosa que la producción a gran escala de hidrógeno utilizando fuentes de energías renovables, ya sean eólicas o solares. Esta es una decisión que ha tomado el Ejecutivo, y sus antecesores, sin cuestionarse realmente el impacto en los ecosistemas que este tipo de tecnología puede provocar y mucho menos plantearse si este este es el tipo de desarrollo que queremos para nuestro país.

En noviembre de 2020, el entonces presidente Sebastián Piñera dio a conocer la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, señalando que “el hidrógeno nos permitirá exportar nuestras energías renovables a un mundo que avanza rápidamente hacia la descarbonización y que necesita de energías limpias y asequibles”. Con la llegada de la administración Boric, la mirada sobre esta industria y la posibilidad de que Chile se transforme en un productor de hidrógeno industrial a escala mundial no ha cambiado ningún ápice.

Es así como en julio de 2022 se constituyó el Primer Consejo Interministerial para marcar el inicio del Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde, una iniciativa que en teoría debiera responder al compromiso del gobierno de impulsar la descarbonización para enfrentar el cambio climático y promover un nuevo modelo de desarrollo sustentable para Chile. De ahí en adelante hemos sido bombardeados por la prensa sobre la importancia para Chile de transformarse en productor mundial de hidrógeno y la suscripción de acuerdos con el Banco Mundial, Alemania, Japón y la Unión Europea, entre otros.

Lo evidente de toda esta arremetida comunicacional, acuerdos internacionales, la conformación de comités y visitas extranjeras, es que el actual gobierno está comprometido con una producción industrial para la exportación, manteniendo con ello la mirada más clásica que nos sitúa como un país primario exportador.

Sin embargo, cabe preguntarse si este tipo de desarrollo industrial ayudará efectivamente a la descarbonización del país y del planeta, cuando hoy más que nunca sabemos que estamos afrontando una triple crisis: climática, de pérdida de biodiversidad y contaminación. Si bien la generación de H2V puede ayudar a reducir emisiones GEI, claramente no es una solución a los problemas mundiales, parece más bien una forma de seguir postergando una realidad incómoda para muchos, la cual, sin lugar a dudas, tiene que ver con disminuir nuestros patrones de producción y consumo a escala global. Sin embargo, lejos de ver cambios en las políticas climáticas mundiales y nacionales, el país y el mundo hoy están empeñados en buscar soluciones industriales o tecnológicas que no cuestionen nuestra actual forma de vida, cayendo con ello en lo que se conoce como “la huida hacia adelante”. Es decir, estamos postergando y agudizando las crisis por nuestra incapacidad de tomar medidas para afrontar los problemas.

La apuesta por el hidrógeno, ¿un huida hacia adelante?

EL APORTE DE ESCAZÚ

En plena marcha está el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú en Chile, luego que el año pasado el Congreso ratificara la adhesión de nuestro país a este convenio que busca garantizar los derechos de acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones en esta materia, en América Latina.

Considerando esos objetivos, su adecuada aplicación puede ayudar a mejorar el relacionamiento entre las empresas y las comunidades, y a evitar conflictos socioambientales que en las últimas décadas han aumentado por el

desarrollo de diversas actividades económicas y la ejecución de proyectos a gran escala en distintas zonas del país.

A continuación, revisamos qué aportes concretos puede realizar este tratado en esta materia, así como algunas herramientas que sirven para cumplir efectivamente con sus lineamientos.

DIFICULTADES

Para abordar este tema, cabe preguntarse primero ¿cuáles son las principales dificultades o deficiencias que suelen existir en el relacio-

namiento entre las empresas y las comunidades afectadas por sus proyectos?

SGA ha asesorado a numerosas e importantes compañías para que desarrollen sus iniciativas de inversión en armonía con su entorno natural y humano. A partir de esa experiencia, señalan que la inserción territorial de los proyectos presenta importantes desafíos para las empresas y es uno de los factores críticos en la implementación de los proyectos.

Sol Novoa, profesional del Área Medio Humano y Relacionamiento Comunitario de la consultora, detalla: “Por un lado, existe una asimetría en la comunicación de información a las

La aplicación del Acuerdo de Escazú puede contribuir a mejorar las relaciones entre empresas y comunidades, evitando conflictos socioambientales.

comunidades por parte de las distintas empresas y en la manera en que se utiliza la información recopilada en los procesos de participación ciudadana para fortalecer los proyectos. Por otro lado, la información obtenida durante el proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental es altamente técnica”, por lo que se debe hacer más clara y accesible para las comunidades. También indica que es esencial comprender las diferentes dinámicas culturales y territoriales de las distintas comunidades, y tenerlas en cuenta para diseñar los procesos de participación.

En ese contexto, sostiene que las principales dificultades que se visualizan entre titulares y comunidades están relacionadas con la falta de comunicación y participación oportuna, lo que se traduce en desconfianza hacia la empresa y los proyectos. “En este sentido, el relacionamiento muchas veces es tardío y llega a tratar de solucionar problemáticas que ya se insertaron en el territorio en vez de anticiparse a conflictos socioambientales a través de un correcto diagnóstico y diálogo con las comunidades. Esto no solo genera problemas con los grupos humanos, sino que deficiencias en el proceso de evaluación y tramitación ambiental, donde los stakeholders no se sienten partícipes ni informados, por lo que la negativa hacia los proyectos aumenta significativamente”, plantea Sol Novoa.

Desde una perspectiva más académica, en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) enumeran las trabas que advierten en la relación empresas-comunidades:

• La necesidad de tener información fidedigna sobre las características y ventajas de los proyectos.

• Un mayor detalle sobre el conocimiento del ciclo de vida de los proyectos e implicancias/medidas en beneficio del ambiente y las personas.

• La necesidad de revisar los vínculos de los proyectos con otras iniciativas que se ejecuten en los territorios.

• El entendimiento de las consecuencias e implicancias de los proyectos por parte de las comunidades que resulten afectadas.

• Una mayor información respecto de la localización de proyectos y sus implicancias para el ambiente y las personas.

• El énfasis en los procedimientos administrativos en desmedro de la gestión de implicancias e impactos sobre el ambiente y las personas.

• La relación temprana con las comunidades.

• La necesidad de encontrar la sustentabilidad de los proyectos desde su diseño y no beneficiar acciones para obtener los permisos respectivos.

CONTRIBUCIONES

Desde el CED sostienen que la implementación del Acuerdo de Escazú puede aportar a superar los obstáculos mencionados, ya que contribuye “a tomar conciencia sobre la necesidad de abordar los desafíos de información y participación como instrumentos que poseen reales herramientas que ayuden a darle sustentabilidad a las decisiones y no solo priorizar el cumplimiento de instancias normativas”. Asimismo, destacan que “ayuda a trabajar en la disponibilidad de información para la sociedad en general facilitando las decisiones y generando actores más conscientes de los valores, oportunidades y riesgos en juego”.

A su vez, desde SGA, Francisca González resalta que el Acuerdo de Escazú es muy relevante en cuanto reafirma el Principio 10 de la Cumbre de la Tierra (1992) en donde se reconoce que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”

Considerando los derechos que consagra, indica que “entre las obligaciones que se deben adoptar para dar acceso a la información ambiental, se considera el deber de garantizar el acceso público a la información bajo el principio de máxima publicidad, así como también la facilitación a personas o grupos en situación de vulnerabilidad”

Añade que, respecto a la participación en procesos de toma de decisiones ambientales, el Acuerdo insta a la participación abierta e inclusiva, con plazos razonables para informar al público y para que la ciudadanía participe de forma efectiva. Y advierte que las condiciones de participación deben ser adecuadas a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género. “En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú desempeña un papel fundamental en la prevención de conflictos socioambientales”, señala.

Francisca González comenta también que el tratado define la información mínima que los responsables de los proyectos deberán proporcionar a las comunidades. “Esto incluye detalles técnicos del proyecto, sus impactos tanto individuales como en conjunto con otros proyectos en la misma área, y las medidas contempladas para mitigar dichos impactos. Todo esto debe ser presentado en un lenguaje claro y accesible para todas las partes involucradas. Además, se deben

respetar los plazos adecuados para garantizar la entrega apropiada de información, una participación efectiva y la consideración de las observaciones en el proyecto”, expone.

HERRAMIENTAS

¿Qué herramientas pueden aplicar las empresas para hacer efectivos los lineamientos que plantea el Acuerdo de Escazú?

Desde el CED responden: “Participación temprana con los actores vinculados a sus decisiones, participación permanente y no solo en instancias establecidas en leyes y reglamentos, mecanismos de valor compartido que permitan abordar riesgos y oportunidades para las personas y los territorios compartidos; y disponibilidad de sistemas de información públicos, actualizados y accesibles según las realidades de cada territorio”

En la misma línea, Marco Vargas, especialista de SGA, señala: “La principal herramienta es llevar a cabo un proceso de Participación Ciudadana Anticipada robusto y pertinente a las comunidades. Considerar a los stakeholders desde el comienzo de un proyecto es clave para cumplir con todos los objetivos de Escazú y además generar procesos de evaluación fuertes y anticiparse a conflictos socioambientales. En este mismo sentido, mantener canales de comunicación abiertos y transparentes son relevantes para informar y también para recibir inquietudes de la comunidad. La comunicación activa sirve también para robustecer las confianzas y demostrar que la empresa quiere conocer y considerar las opiniones de los stakeholders”

Agrega que el monitoreo participativo es una excelente herramienta para abordar todos los elementos de Escazú, “generando una participación informada de las comunidades, pero también permitiéndoles ser parte de los procesos que permiten el desarrollo de la justicia ambiental. En este sentido, es fundamental llevar a cabo un análisis previo de las comunidades. Esto implica identificar sus características demográficas, socioculturales y su experiencia previa en actividades similares. Teniendo en cuenta esta información, es esencial definir el alcance que tendrá la metodología propuesta, ya sea informativa, consultiva o resolutiva”.

Marcos Vargas menciona luego herramientas concretas que se pueden usar: reuniones presenciales con dirigentes comunitarios y miembros de la comunidad, campañas y espacios para difundir información, y talleres participativos, entre otros. Y de manera más general recuerda que se debe realizar una evaluación constante de las herramientas definidas en el plan de participación ciudadana.

LIMPIA Y CONVENIENTE

Más de 1.900.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente se han dejado de emitir al aire en Chile desde el año 2012, gracias a los acuerdos de producción limpia (APL) que han suscrito de manera voluntaria más de 9.260 empresas, las cuales al mismo tiempo han mejorado la eficiencia en sus procesos y reducido costos.

Esos datos, procedentes de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), dan cuenta de algunos de los importantes beneficios ambientales y económicos que genera la producción limpia, una pieza clave para el avance de los sectores industriales hacia la sostenibilidad.

Ximena Ruz, directora ejecutiva de la ASCC, señala: “La experiencia nacional e internacional ha demostrado que, a largo plazo, la estrategia de producción limpia es efectiva desde el punto de vista económico y más coherente desde el punto de vista ambiental. Permite concentrar los esfuerzos en lograr mayor eficiencia de los procesos productivos, en el uso de las materias primas e insumos”.

Por su parte, Javier Ramírez, CEO de Green Leader, empresa de servicios e ingeniería que diseña soluciones ambientales para que las compañías alcancen objetivos de desarrollo sustentable, plantea: “La producción limpia es una decisión estratégica de las empresas para poder operar de forma más sostenible. Esto les permite ir reduciendo el impacto ambiental de sus operaciones y ser, a su vez, más eficientes en sus procesos. Ambos aspectos son clave a la hora de ponderar qué tan sostenible o no es una compañía. Los beneficios que alcanzan las empresas que han tomado la

decisión de producir limpio van desde la reducción de costos que se ve reflejado en el largo plazo, la disminución de los impactos ambientales hasta el acceso a mercados internacionales, por ejemplo, que cada vez se han vuelto más exigentes en términos medioambientales”.

APORTES RELEVANTES

Ximena Ruz indica que, en Chile, los APL han permitido a las empresas de distintos rubros “dar un salto hacia la sustentabilidad, ya que la adopción de prácticas de producción limpia ha implicado un cambio significativo en el desarrollo de sus actividades”.

Explica que desde que se comenzó a usar estos convenios públicoprivados (el primero se firmó en 1999) se apostó por la aplicación voluntaria de la producción limpia, en complemento con el enfoque tradicional de gestión ambiental regulatoria.

Desde la ASCC resaltan que esta estrategia de gestión preventiva permite minimizar emisiones y residuos, reducir costos y riesgos para las personas y el medio ambiente, e incrementar la eficiencia energética e hídrica y la productividad de las empresas, entre otros beneficios.

Ximena Ruz acota: “Los acuerdos de producción limpia han ido incorporando otras temáticas, las cuales nacen de la necesidad de incorporar los impactos del cambio climático, dando énfasis a la mitigación y adaptación climática en las empresas y los territorios, promoviendo no solo el uso de prácti-

La producción limpia genera beneficios ambientales y económicos, siendo clave para que las empresas avancen hacia la sustentabilidad.

cas de producción limpia sino también de tecnologías limpias en los procesos productivos”.

Luego asegura: “Hoy todos los acuerdos que promueve la ASCC tienen incorporado la triple crisis ambiental que estamos viviendo: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. La crisis climática está exigiendo a las empresas que disminuyan su huella ambiental, que se adapten y que tengan una relación respetuosa con sus territorios, por tanto, han encontrado en los APL un instrumento eficiente para mejorar su reputación, lo que es un hoy un requisito básico para asegurar la permanencia en los mercados”

BARRERAS E INSTRUMENTOS

La adopción de prácticas de producción limpia por parte de las empresas no es siempre un camino fácil.

Ximena Ruz comenta que una de las principales dificultades es el cambio cultural que deben hacer las empresas: “Se requiere el cambio no solo en los procesos sino también en la cultura organizacional, tanto en los niveles gerenciales como operativos, por lo que se debe avanzar en la concientización, a través de buenos programas de capacitación, y en mejorar la vinculación de las necesidades de las empresas con la oferta de tecnologías y servicios disponibles en el mercado”

Agrega que, para afrontar esa problemática, los APL “permiten a las empresas trabajar colaborativamente, en coordinación con otras entidades públicas y privadas, estableciendo metas y acciones, buscando generar sinergia y economías de escala. Son en definitiva una instancia de diálogo, de capacitación y acercamiento a instrumentos de fomento productivo, que hoy se visualizan como una herramienta eficiente para avanzar en materia de sustentabilidad”

En Green Leader, en tanto, indican que las barreras más relevantes que han identificado “tienen que ver con lo financiero, con los costos iniciales de implementación de tecnologías y procesos más limpios, especialmente, en aquellas compañías que tienen el presupuesto más ajustado. Además, los incentivos no están del todo claros o no son lo suficientemente atractivos. No pocas empresas postergan la implementación de un proceso de producción limpia, porque sus beneficios son a largo plazo, pero los compromisos financieros a corto y mediano. Los incentivos juegan un papel crítico en la toma de decisiones”, advierte Javier Ramírez.

Añade que otra traba es que las empresas no siempre cuentan con los conocimientos especializados que se requieren para dar soporte a la transición e implementación de tecnologías limpias.

¿Cómo superar esos obstáculos? El CEO de Green Leader contesta: “Se necesita una mirada de campo, un enfoque integral que involucre no solo aspectos técnicos y financieros, sino también cambios culturales y de gestión en las organizaciones”.

Ramírez acota que existen diversas herramientas que las empresas pueden adoptar para avanzar hacia la sustentabilidad, lo que va a depender de factores como el tamaño de la empresa y su realidad financiera. “Sin embargo, lo sustantivo está en tomar la decisión estratégica de avanzar hacia una producción limpia”, plantea. Luego menciona algunos instrumentos: “Auditorías que permiten identificar las áreas de mejora; Evaluaciones del Ciclo de Vida de los productos y/o servicios para identificar áreas donde minimizar los impactos negativos del proceso productivo; incorporar la Economía Circular, que es nuestra expertise como Green Leader, para disminuir la generación de residuos y fomentar la reutilización y valorización de estos recursos; la innovación tecnológica; la eficiencia energética; la gestión del agua; y la evaluación de riesgos para su mitigación, entre otros”

Alcanzar una minería de hierro con cero emisiones es la nueva meta ambiental que Compañía Minera del Pacífico (CMP) trazó para los próximos años. Hoy, gracias al suministro de la planta fotovoltaica Amanecer Solar, la empresa ya cuenta con un consumo de energía renovable de un 35% en todas sus operaciones, y busca alcanzar el 100% para el 2026.

Esto, a través de un plan que tiene el objetivo de disminuir el impacto de los gases de efecto invernadero (GEI) en sus procesos, mediante el cambio en la matriz de abastecimiento de energía y de la progresiva adopción de la electromovilidad.

“Abastecernos de energía renovable es uno de los pasos que estamos dando para liderar una minería diferente, complementándolo con la adopción de la electromovilidad y la implementación de diferentes acciones para reducir nuestras

emisiones y huella de carbono”, afirma Francisco Carvajal, gerente general de CMP.

Añadió que “buscamos ser agentes de cambio para contribuir a una industria que sea amigable con el entorno, aprovechando al máximo nuestros procesos, e incorporando de manera constante innovación y tecnología para así alcanzar una operación cada vez más eficiente, en armonía con el bienestar del territorio”

HIERRO SIN EMISIONES

Entre las acciones que la empresa impulsa para alcanzar la meta, se encuentra la llegada del primer camión eléctrico minero construido por la empresa Yutong para su Depósito de Relaves Filtrados (DRF), ubicado en Huasco. Este corresponde al primero de una flota de cuatro camiones que serán incorporados por CMP, cada uno con una ca -

pacidad de transportar hasta 55 toneladas de carga.

Esta medida se suma a las dos palas eléctricas adoptadas en 2022 en su Mina Los Colorados, ubicada en Huasco, región de Atacama. Estas han permitido aumentar la eficiencia operacional con menores emisiones y costos por tonelada de material movido.

Asimismo, una flota de 45 buses 100% eléctricos para el traslado de sus trabajadores en las regiones de Atacama y Coquimbo, está pronto a iniciar su operación. Con ello, CMP logrará que la totalidad de su transporte mayor funcione mediante energía eléctrica.

Cada vehículo tiene una capacidad para 40 pasajeros, y permitirá reducir hasta 18 mil toneladas de CO2 en emisiones, así como 86.400 litros en desechos de aceite. Además, la flota no genera contaminación acústica.

CMP se propuso, en tres años más, usar solo energías renovables, con miras a producir hierro sin emisiones.

Yannay

En la actualidad, las necesidades y patrones de consumo han cambiado, junto con los desafíos medioambientales, políticos y sociales. En este contexto, el Pensamiento del Ciclo de Vida (LCT, por su sigla en inglés) se ha convertido en un marco central para numerosas políticas e instrumentos relacionados con políticas de productos integrados, consumo y producción sostenibles, enfoques de economía circular, ecología industrial, entre otras (JRC, 2010).

El LCT se basa en el principio proactivo que permite minimizar los impactos generados en lugar de tratar de remediarlos después de que hayan ocurrido. La remediación ambiental trata de restaurar o revertir los daños ya causados al ecosistema. Aunque la restau-

ración ambiental suele ser efectiva en muchos casos, puede ser costosa y difícil de lograr completamente, especialmente en ecosistemas complejos y frágiles.

A medida que el LCT se hace más conocido fuera de la comunidad científica, en particular en los sectores industriales y tomadores de decisiones, su aplicación como parte de la filosofía de una empresa ayuda a mejorar la imagen y la competitividad, creando valor añadido para sus accionistas y clientes.

PARTE DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

El LCT es también una parte inherente de la economía circular, la cual representa una sociedad eficiente en el uso de recursos con una economía

Aplicar el Pensamiento del Ciclo de Vida permite minimizar los impactos que generan las empresas, mejorando su competitividad e imagen.

Dra.

Casas Ledón Investigadora Asociada / Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM)

Figura 1: Relación entre la ecología industrial y el LCT

de ciclo cerrado. Detrás de este enfoque se encuentran los principios de la economía ecológica y la ecología industrial. Esta última puede interpretarse como una actividad industrial que minimiza de forma colaborativa los impactos ambientales y promueve un desarrollo ambiental, social y económico sostenible a escala local. De ahí que las estrategias para la ecología industrial también están relacionadas con LCT, como se muestra en la figura 1. Las estrategias eco-industriales, representadas en el centro de la imagen, se pueden aplicar a cualquiera de las etapas generales del ciclo de vida de un producto y pueden contribuir a una economía circular. Esto, al aumentar la eficiencia y productividad en el uso de recursos, minimizar y optimizar los residuos y, con el diseño adecuado, incluso transitar hacia una economía de ciclo cerrado.

El desarrollo e implementación de estrategias de ecología industrial tienen, por lo general, altas expectativas de que efectivamente son las mejores soluciones en términos de cambio climático, efectos socioeconómicos positivos, procesos competitivos y desarrollo en áreas rurales. Sin embargo, no todas las estrategias planteadas son realmente ventajosas, y tampoco todas tienen éxito económico ni son aceptadas por las partes interesadas o por la sociedad.

En este sentido, las herramientas fundamentadas en el LCT pueden desempeñar un papel importante para evaluar dichas estrategias. Al respecto, existen múltiples metodologías que se derivan de Análisis de Ciclo de Vida, cada una de las cuales enfatiza un aspecto diferente de la sostenibilidad en las dimensiones sociales, ambientales o económicas, según se muestra en la figura 2. En particular, la Evaluación de la Sostenibilidad del Ciclo de Vida (LCSA, en el medio de la imagen) es una metodología que integra los tres pilares de la sostenibilidad e intenta transitar de una mirada mono-disciplinar a una transdisciplinaria.

VENTAJAS Y CONSUMIDORES

Adoptar el enfoque de LCSA conlleva varios beneficios, como los siguientes:

• Promueve la conciencia entre los actores de la cadena de valor sobre temas de sostenibilidad.

• Ayuda a las empresas y actores de la cadena de valor a identificar debilidades y habilitar mejoras adicionales en el ciclo de vida de un producto.

• Apoya a los tomadores de decisiones en las empresas a encontrar medios de producción y a diseñar productos más sostenibles.

• Contribuye a que los tomadores de decisiones prioricen recursos e inviertan donde hay más posibilidades de impactos positivos.

• Permite que los consumidores tomen decisiones en base al etiquetado del producto.

• Estimula la innovación en las empresas y actores de la cadena de valor.

El comportamiento y las decisiones del consumidor también deben experimentar una evolución hacia un uso más responsable de los recursos para lograr realmente una ecología industrial y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Para ello, su educación y sensibilización sobre la conservación de recursos es indispensable, junto con contar con más información sobre los impactos ambientales de productos y servicios.

La información que llega a los consumidores debe ser comprensible y transparente para respaldarlos en su toma de decisiones. En este sentido, la etiqueta ecológica con información energética y ambiental, como la huella de carbono y la huella hídrica, se convierte en un instrumento útil para promover patrones de consumo más sostenibles. Además, es muy

Figura 2: Herramientas basadas en el LCT Social

Análisis de Ciclo de vida Social (S-LCA)

Ambiental

Análisis Ciclo de vida (LCA)

Huella de Carbono Huella hídrica

Huella ecológica Eco-eficiencia

Sostenibilidad

SLCA = LCA+LCC+S-LCA

Económico

Análisis Ciclo vida económico (LCC)

El Pensamiento del Ciclo de Vida es una parte inherente de la economía circular, señala Yannay Casas.

importante que los consumidores aprendan y utilicen los canales de disposición adecuados para reintegrar materiales de embalaje desechados y productos usados al final de su vida útil en los procesos de producción.

No cabe duda de que el costo de los productos y servicios juega un papel decisivo en el comportamiento del consumidor. Por eso, que el desarrollo de nuevas tecnologías rentables y materiales innovadores, diseñados tanto para la conservación de recursos como para un mejor rendimiento ambiental, se ha convertido en un pilar en el camino hacia una industria sostenible. Para garantizar el progreso tecnológico son necesarias inversiones importantes en investigación y transferencia de tecnología, pero también en educación y capacitación avanzada de recursos humanos, así como en la sensibilización sobre la importancia del LCT entre los consumidores.

A medida que los marcos legislativos evolucionan a nivel nacional, aumentan las experiencias de LCT y se desarrollan innovaciones tecnológicas, surgen nuevas posibilidades que permiten que los productos sostenibles sean competitivos en el mercado. El objetivo es que mediante la implementación del LCT y el uso de herramientas de análisis adecuadas y tecnologías innovadoras, los nuevos productos y servicios sostenibles sean aún más rentables que las alternativas convencionales en el mercado. Esta situación, junto con un consumidor más educado que elige alternativas sostenibles, es decisiva para promover el desarrollo industrial ecológico y avanzar hacia una economía circular.

EXPERTOS EN ARQUEOLOGÍA

Azimut Ambiental asegura el cumplimiento de las exigencias en esta materia y el respeto al patrimonio arqueológico, agilizando el desarrollo de los proyectos.

Resguardar adecuadamente el patrimonio arqueológico presente en los sitios donde desarrollan sus proyectos es una de las exigencias que los titulares deben cumplir, tanto en los procesos de evaluación ambiental de estas inversiones como en su implementación. Y muchas veces, no se trata de una tarea fácil.

Eso bien lo saben en Azimut Ambiental, consultora que presta servicios especializados de arqueología, paleontología y otros componentes ambientales que permiten a las empresas cumplir con las obligaciones regulatorias en esta materia y agilizar los tiempos para concretar sus iniciativas.

Así lo asegura su gerente de operaciones, Nancy Campos, quien comenta: “El componente arqueológico tiene una relevancia vital para la aprobación de los estudios ambientales, ya que es clave para el cierre de cualquier

proceso de evaluación ambiental. Al cumplir con todo el proceso arqueológico, se asegura la continuidad de los proyectos de inversión de diversos ámbitos: energético, minero, inmobiliario, etc. En Azimut Ambiental nos enfocamos en acompañar estratégicamente y de forma proactiva a los titulares de proyectos en el proceso ambiental vinculado a temas arqueológicos, resolviendo todas las exigencias patrimoniales de la mejor forma”

SERVICIOS Y BENEFICIOS

La ingeniera comercial indica que los servicios arqueológicos que brinda la consultora apuntan a cumplir las normativas medioambientales como también la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Esto incluye, entre otros:

• Evaluación y diagnóstico arqueológico: “Concretamos investigaciones arqueológicas de manera ágil y profesional, entregando como resultado los diagnósticos y tratamientos necesarios para que nuestros clientes cumplan con sus planes de inversión”, destaca Campos.

• Desarrollo de líneas de base: La empresa efectúa investigaciones arqueológicas, inspecciones visuales y elabora informes especializados que cumplen con los estándares y requisitos de la autoridad pertinente.

• Caracterización y rescate arqueológico: “Realizamos estudios y análisis estratégicos para una efectiva ejecución de excavaciones arqueológicas, garantizando la preservación y el registro de los recursos patrimoniales protegidos”, asegura.

• Hallazgos arqueológicos no previstos: La consultora asesora y acompaña a sus clientes ante el eventual encuentro no previsto de materiales arqueológicos, agilizando los tiempos y respondiendo los requerimientos de la autoridad competente.

“Con estos y otros servicios, promovemos el cumplimiento de todo lo que exige la autoridad competente y, de modo paralelo, el respeto y posicionamiento del valor del patrimonio arqueológico de nuestro país”, subraya Nancy Campos

¿Qué ventajas comparativas tienen los servicios de Azimut Ambiental?

La profesional responde: “Desde una primera mirada, la experiencia en terreno y el criterio profesional, pero, sobre todo, con nuestro equipo de trabajo, ayudamos a agilizar los tiempos para que los proyectos se cierren de forma oportuna y de la mejor manera. Los estudios arqueológicos son relativamente lentos, por ende, nuestro enfoque es agilizar estos estudios para que nuestros clientes puedan avanzar con sus proyectos de inversión”.

Destaca que otro beneficio que otorgan a las empresas con que trabajan es la confianza, “que es la base para realizar cualquier trabajo arqueológico de manera óptima. Además, nos apasiona nuestro trabajo”

Para desempeñar su tarea, Azimut Ambiental cuenta con un staff de arqueólogos con más de una década de experiencia en temas de evaluación ambiental, con el cual la consultora ofrece cobertura nacional no importando la posición geográfica del proyecto. “Además, contamos con arquitectos, geógrafos y diseñadores que nos permiten generar informes de alto nivel y calidad gráfica. A ellos se suman ingenieros y otros profesionales, cada uno con más de 10 años de experiencia en sus respectivas áreas, que aportan a la excelencia en el desarrollo de nuestros proyectos”, asegura la gerente de operaciones de la empresa.

PROYECCIONES

Según la ejecutiva, los clientes de Azimut Ambiental son empresas líderes, de renombre a nivel nacional e internacional, pertenecientes a los rubros energético, inmobiliario, minero, entre otros. El detalle se puede revisar en su sitio web (www.azimutambiental.com).

En relación a las proyecciones de empresa, su gerente de operaciones señala: “Nuestra meta es seguir consolidándonos como la mejor consultora arqueológica de Chile y, de esta forma, generar plena confianza con nuestros clientes para desarrollar sus proyectos de inversión de la mejor manera. Además, estamos ampliando nuestra expertis a los demás componentes del proceso de evaluación de impacto ambiental consolidándonos competitivamente”.

Nancy Campos resalta el trabajo profesional de Azimut Ambiental.

Albemarle Chile celebra 43 años con varios hitos recientes en su desafío de avanzar hacia la producción sustentable del litio.

La obtención de la exigente certificación IRMA que acredita prácticas de minería responsable y la conexión al Sistema Eléctrico Nacional de la Planta Salar de Atacama para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esos son dos hitos recientes con los que Albemarle está celebrando sus 43 años en Chile, donde hoy es socio estratégico del Estado y cuenta con un contrato de explotación del mineral garantizado hasta 2043.

Su desafío actual, es avanzar hacia una “Nueva Era del Litio” para cumplir con las mejores prácticas ambientales de la industria, innovando e incorporando tecnología a sus procesos.

Ignacio Mehech, VP de Asuntos Externos LATAM y Country Manager de Albemarle Chile, así lo expone: “Estamos felices de poder cumplir un año más en Chile siendo pioneros en la industria del litio, un mineral que es clave para enfrentar el cambio climático. Hoy, con una mirada a largo plazo, estamos dando pasos concretos para avanzar hacia una Nueva Era del Litio, que nos permita producir de una manera más sostenible, fomentando el valor social y el diálogo con las comunidades donde operamos. Seguiremos contribuyendo a esta industria en el país, incorporando más tecnología e innovación a nuestros procesos”

AVANCES RELEVANTES

La minera se encuentra impulsando diferentes esfuerzos para avanzar hacia el desarrollo sostenible de sus operaciones.

Hace un año, Albemarle inauguró una nueva planta de conversión química, La Negra III, que con una inversión superior a los USD$ 500 millones, permite duplicar la producción de litio hasta 85 mil toneladas, hacia 2024, sin aumentar el consumo de agua en la región de Antofagasta.

Además, en julio de 2023 finalizó la interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para cubrir sus necesidades energéticas con fuentes renovables, entregando aún más valor a su proceso productivo. “Contar con energía del SEN es un importante avance en el desarrollo de la Nueva Era del Litio, especialmente para avanzar hacia tecnologías de extracción directa que son muy intensivas en el uso de energía”, recalca Mehech.

A esto se suma la inversión de USD$ 150 millones en una planta que entrará en funcionamiento este año y que, gracias a una tecnología pionera desarrollada especialmente para Albemarle, permitirá aumentar la tasa de recuperación de litio al reprocesar sales como la carnalita y bischofita en la Planta Salar de Atacama.

Es por eso que hoy existe también una inversión asociada a viabilizar la llegada de agua desalada de mar a la cuenca del Salar de Atacama y los estudios de reinyección en la planta que superan los USD$5 millones. Durante este semestre, se inaugurará un nuevo centro de pilotaje que permitirá tener un mejor acceso a los suministros y servicios.

Cabe recordar que hoy Albemarle tiene el compromiso de reducir la intensidad de uso de agua fresca en 25% para el año 2030, en áreas de alto riesgo hídrico como la región de Antofagasta.

Albemarle recibió la certificación IRMA 50 que acredita prácticas de minería responsable.

RESPONSABILIDAD CERTIFICADA

Otro paso reciente para Albemarle Chile en su camino hacia la sostenibilidad, es la certificación IRMA 50 que la empresa obtuvo tras la evaluación independiente realizada por terceros en su planta de extracción y concentración de litio en salmuera en el Salar de Atacama, bajo el exigente estándar de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA).

De este modo, la compañía se convirtió en el primer productor de litio y el tercer sitio minero a nivel mundial en completar una auditoría independiente con este alto nivel de exigencia, un hito que será publicado por IRMA y que reafirma el compromiso de la empresa con una gestión transparente y responsable de sus recursos.

Sebastián Videla Decano Facultad de Ingeniería Universidad Católica de Temuco

Inteligencia artificial y medio ambiente: desafíos que vienen

Las tecnologías emergentes generan toda suerte de expectativas, desde posiciones catastrofistas hasta esperanzas de un futuro esplendoroso, lo que conduce a un cruce de opiniones que oscurecen la capacidad de reflexión. Es así que la disrupción de la inteligencia artificial (IA) genera una avalancha de noticias diarias, las cuales nos (des)informan de la verdadera realidad que trae esta nueva tecnología, haciendo creer a la población que seremos dominados por las máquinas y que estaremos al borde de la extinción masiva. Más allá de estas conjeturas cabe considerar los efectos en los que debemos centrar nuestra mayor atención. La IA tiene impactos ambientales positivos y negativos, situación que merece una revisión. En 2019, en la Universidad de Massachusetts, estimaron que entrenar una máquina de IA tiene una huella de carbono de 285.566 kg, cifra que despertó alarma en muchas organizaciones, entre ellas la OECD. Cálculos posteriores indican que cada 3 a 4 meses se duplica el consumo de energía requerido por el entrenamiento de la IA. Más aún, para el 2040 se prevé que las emisiones de la infraestructura TIC serán el 14 % del total mundial, lo que no deja dudas sobre su efecto negativo en el medio ambiente.

En Chile, como en otros países, se empieza a masificar el uso de la IA, lo que ha conducido a plantear recientemente un proyecto de ley para su regulación. Sin embargo, éste no se refiere a impactos ambientales, quizás porque como país nos sentimos alejados de los desarrollos tecnológicos.

En 2021, un documento del Ministerio del Medio Ambiente plantea que diversas tareas ambientales podrían ser realizadas por la IA, entre ellas la detección y clasificación de animales y plantas silvestres, la detección de residuos marinos, el monitoreo de mamíferos marinos y la optimización de la gestión de residuos sólidos, sin mención a la deshumanización del control ambiental.

Por el contrario, Tironi y Rivera, en una publicación de agosto de 2023, se refieren a los riesgos del monitoreo basado en IA por su excesiva instrumentalización y la reducción de la naturaleza a métricas, suprimiendo su complejidad inherente.

En síntesis, existen riesgos no solo en el uso de la IA, sino también de su proceso de entrenamiento que requieren una regulación urgente que mejore el proyecto con una visión amplía, que incorpore, entre otros aspectos, el tema ambiental.

Los 30 años que vienen requieren de un cambio significativo de la visión ambiental relacionada con la tecnología.

COVs: CONTROL DE VANGUARDIA

Oxiquim aplica las mejores tecnologías disponibles para capturar, recuperar y destruir compuestos orgánicos volátiles en su terminal de Quintero, reduciendo más del 95% de esas emisiones.

Cumplir las exigencias del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví en materia de abatimiento de compuestos orgánicos volátiles (COVs), y situar a la compañía a la vanguardia en la reducción de esas emisiones. Esos son dos objetivos que Oxiquim ha logrado a cabalidad gracias a la integración de varias tecnologías que le han permitido disminuir más del 95% de dichos contaminantes.

Con la implementación de una unidad recuperadora de vapores (VRU) y de un equipo de oxidación térmica regenerativa (RTO), junto con modificaciones estructurales de estanques que permiten el control de emisión en origen y una isla de carga cerrada de camiones, el terminal marítimo de Quintero de la empresa cuenta hoy con las mejores técnicas disponibles para la captura, recuperación y destrucción de compuestos orgánicos volátiles en sus instalaciones.

La solución técnica desarrollada por Oxiquim es el resultado de una intensa búsqueda de distintas tecnologías disponibles en el mundo, siguiendo orientaciones de la directiva europea 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). La compañía evaluó más de 85 proyectos y tecnologías: desde aquellas que permiten el control en el punto de emisión hasta las que hacen posible la recuperación de compuestos de forma previa a su emisión al aire. Y para evitar que los COVs que no puedan recuperarse sean finalmente liberados al entorno sin tratamiento, se revisaron tecnologías de abatimiento para este tipo de compuestos.

EMISIONES DEL ALMACENAMIENTO

En el Terminal Marítimo de Quintero se transfieren y almacenan productos pertenecientes a distintos clientes, los cuales se utilizan para la fabricación de productos derivados del petróleo de especialidad, solventes y combustibles, principalmente.

Para abordar las emisiones provenientes desde el almacenamiento de estos últimos, los estanques fueron mejorados con la instalación de techos flotantes internos con sello doble, compuestos por una cubierta, accesorios y un sistema de sellado en el borde del estanque. Así se impide la generación de emisiones y se evita la pérdida de producto.

A su vez, las emisiones asociadas al almacenamiento de otros productos químicos en el terminal que generen COVs, serán destruidas en una unidad de oxidación térmica regenerativa (RTO). Este equipo cuenta con una cámara de oxidación, donde ingresa la corriente de aire con COVs, la que es calentada a más de 800 °C, obteniendo como productos finales del proceso CO2 y agua. El calificativo de “regenerativo” se refiere a la presencia de equipos de intercambio de calor que permiten la recuperación y reutilización del 95% de la energía generada durante la oxidación (uso de los mismos COVs), la que es transferida a la corriente de gases que ingresa al equipo, disminuyendo al mínimo el consumo de energía para su operación. Además, este equipo cuenta con sistemas de control automático y monitoreo

en línea para supervisar de manera continua la eficiencia del tratamiento que reciben los gases de acuerdo con los flujos de aire que ingresan. El equipo instalado y operativo en el terminal Oxiquim en Quintero logra la eliminación de más del 99% de los COVs con una eficiencia térmica superior al 95%.

Para evitar las emisiones de COVs desde las instalaciones de carga de camiones, la compañía implementó un sistema de captación y recuperación de vapores de combustibles (VRU), el cual mediante procesos de adsorción y absorción evita su liberación al aire y permite recuperar producto volátil a estado líquido que se puede utilizar como producto de valor, generando un ahorro para los clientes.

La implementación de estas tecnologías –las mejores actualmente disponibles, que consideran aquellas de control en el punto de emisión (techos flotantes con sellos dobles), recuperativas desde isla de carga cerrada (VRU) y de abatimiento (RTO) – significó una inversión de más de US$13,8 millones. Con esto, el terminal marítimo de Quintero “se instala en la vanguardia, con tecnología avanzada que permite disminuir más del 95% de las emisiones de COVs, dando cumplimiento por sobre el mandato del

Plan de Prevención y Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví”, destaca Marcelo Esteban, gerente de la división Terminales Marítimos de Oxiquim.

Agrega que “con estas inversiones y tecnologías nos hacemos cargo de los impactos de nuestras operaciones, pudiendo desarrollarlas de una manera compatible con el medio ambiente y con las comunidades vecinas. Estamos en la vanguardia tecnológica del proceso”.

RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES

En paralelo con su preocupación por el medio ambiente, Oxiquim desarrolla un intenso trabajo con las comunidades donde está presente. Esto ha sido en base a la implementación de una serie de iniciativas que consideran, en una primera etapa, tres pilares de trabajo: vinculación, desarrollo de oportunidades e impacto social. En la ejecución de esta estrategia, que abarca a todas las localidades en que opera la empresa (Mejillones, Quintero, Puchuncaví, Quilicura y Coronel), durante este año se han realizado más de 443 actividades entre reuniones y jornadas de puertas abiertas.

En línea con su estrategia de relacionamiento, desde el Terminal Marítimo de Quintero, Oxiquim ha impulsado proyectos como puntos de reciclaje de aceite de motor, campaña de reciclaje de colillas de cigarros y operativos de limpieza de playas y fondo marino. Son acciones que realiza en conjunto con otros actores locales, como la autoridad marítima, las municipalidades, pescadores de la zona, ONGs y la comunidad local.

Durante 2023, para apoyar la educación ambiental local, está desarrollando el programa “Guardianes del Mar”, en conjunto con la Municipalidad de Quintero, la Capitanía de Puerto de Quintero y la ONG PachaViva, en el que participan niños de entre 7 y 12 años de la comuna de Quintero.

El gerente de sostenibilidad de Oxiquim, Simón Bruna, concluye: “Entendemos la sostenibilidad como un necesario equilibrio entre nuestras actividades, el medio ambiente, y las comunidades que están en los territorios donde operamos. Tanto en estas iniciativas como en otras, buscamos establecer un vínculo con los actores locales de forma tal de ser reconocidos como un vecino que aporta a los territorios donde estamos presentes”.

COMPROMISO DE 30 AÑOS

Con un liderazgo consolidado en asesoría ambiental,

De emociones, recuerdos, agradecimientos, humor y más estuvo impregnada la celebración de los 30 años de vida empresarial de la consultora SGA, que se ha destacado por su liderazgo en asesoría ambiental y su permanente compromiso con el desarrollo sustentable.

Rodeado de colaboradores y clientes, a quienes reconoció su lealtad y contribución al crecimiento de la compañía, su gerente general, Jaime Solari, manifestó su enorme satisfacción por los logros alcanzados y también su optimismo y confianza por el futuro de la organización.

Las siguientes imágenes dan cuenta de lo que fue una noche muy emotiva en el Parque Araucano de Las Condes.

SGA cumplió tres décadas de aporte al desarrollo sustentable de nuestro país.

Jaime Solari, fundador y principal ejecutivo de SGA.

Colaboradores y clientes de la empresa disfrutaron una jornada para recordar.

Cinco protagonistas de un festejo: Antonio Bacigalupo (GNL Quintero), Sebastián Fernández y Carola Venegas (Conexión Energía), Mauricio Alegría y Javier Moreno (Aguas Pacífico).

La noche de celebración reunió a Luis Manuel Rodríguez (Pucobre), Valentina Santelices (Ecometales), Felipe Larraín (Aguas Andinas) y Julio Lavín (Julio Lavín Asociados).

De la “casa” e invitados: Iván Rayo (AIC), Roberto Rojas (Knauf Chile), Silvio Girardi (SGA), Luis Manuel Rodríguez (Pucobre), Juan P. Letelier (SGA), y Héctor Lagunas (Collahuasi).

Mario Quiñones y Héctor Lagunas de Collahuasi comparten con Carlos Prado de Geobiota.

La irreverencia de Yerko Puchento sacó numerosas sonrisas.

Ignacio Muñoz (Codelco) y Pablo Carvallo (Lomas Bayas) fueron dos de los muchos representantes del sector minero que asistieron al evento.

REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Con artículos sobre las soluciones que se emplean para la remediación de aguas subterráneas contaminadas en Chile; y el landfarming, un tratamiento biológico que permite recuperar suelos contaminados con hidrocarburos, abrimos este reporte “cargado” a las tecnologías en la materia.

RESTAURANDO LOS ACUÍFEROS

¿Qué tecnologías se emplean para la remediación de aguas subterráneas contaminadas en Chile? Aportamos un panorama respecto a esta actividad de saneamiento ambiental, destacando ejemplos y desafíos.

De las aguas subterráneas poco y nada se sabe. Y es muy probable que esa sea una de las causas por las cuales no se valora su importancia, que es gigantesca: según Unesco, en torno al 99% del agua dulce en estado líquido del planeta se encuentra en las napas subterráneas.

Otro dato de relevancia indica que, a 2022, las aguas subterráneas aportaban la mitad del volumen del vital elemento para uso doméstico de la población mundial y alrededor del 25% del utilizado para el riego, abarcando el 38% de las tierras regadas del planeta.

“No obstante su importancia y potencial, este recurso no se comprende lo suficiente y se subestima, se contamina, se gestiona mal y se sobreexplota”, afirma un reporte de Naciones Unidas.

DISTINTAS TÉCNICAS

¿Cuándo realizar la remediación de las aguas subterráneas contaminadas? Para el Dr. Cristóbal Girardi, Líder de Monitoreo y Remediación Ambiental de Fundación Chile, los proyectos de este tipo se definen en función del riesgo actual o futuro que pueda presentar un sitio contaminado. Y existen distintos tipos de tecnologías que se aplican de acuerdo con la preocupación asociada al impacto ambiental que afecta al recurso y los objetivos de la remediación.

Óscar Franchi, investigador postdoctoral de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostiene que un trabajo de remediación de aguas subterráneas suele ser necesario “cuando se ha confirmado la presencia de contaminantes en un acuífero que está siendo utilizado o podría usarse como fuente de agua potable, o cuando los contaminantes están amenazando ecosistemas acuáticos sensibles”

Girardi expone que en nuestro país se han utilizado distintas técnicas y escalas para realizar tal labor. “Sin embargo, no son numerosas las experiencias, destacando el uso de la excavación y del bombeo y tratamiento de aguas subterráneas”, plantea.

La excavación se puede utilizar cuando el suelo es la fuente contaminante del acuífero, los niveles de contaminación son considerables y el nivel freático es relativamente somero (poco profundo). “Es un método efectivo, pero costoso. Es aplicable a la remediación de acuíferos contaminados con metales e hidrocarburos, por ejemplo. En Chile, por falta de regulación, es un método poco sustentable, ya que el suelo excavado puede enviarse a disposición final en un sitio para residuos peligrosos sin un tratamiento previo”, afirma.

Para el bombeo y tratamiento, en tanto, existen distintas tecnologías. Detalla: “En el caso de contaminación por hidrocarburos, por ejemplo, se ha utilizado la extracción de fase libre de hidrocarburos mediante bombas de tipo skimmer o bombas de vacío, para el posterior tratamiento de la fase libre de hidrocarburos (FLNA) y el agua contaminada”

Girardi agrega que este tratamiento se ha realizado a través de venteo y filtros de carbón activado y, en algunos casos, estos fluidos residuales extraídos del acuífero también han sido enviados a disposición final o a refinación. “Esta estrategia es una de las más ocupadas a nivel mundial por su costo-eficiencia y numerosas aplicaciones. Posee la ventaja de poder utilizarse para altas concentraciones y distintos tipos de contaminantes, y que el agua, en general, es recuperada y hasta ha sido reinyectada al acuífero”, acota.

DEL SUELO AL ACUÍFERO

Otro especialista en el tema, Carlos Calderón, gerente de I+D/Remediación Ambiental de Biotecnos, deja en claro que, por lo general, los procesos de contaminación de aguas subterráneas derivan de problemas de contaminación de suelos, en donde la lixiviación de los contaminantes contenidos en la matriz sólida alcanza napas subterráneas.

Estrategias de Bombeo y Tratamiento

PRESENTE FUTURO

Contención de la Pluma

Pluma

Pluma

Fuente

Fuente

Pozo de Bombeo

Interrupción de la Pluma

Pozo de Bombeo

Atenuación Natural

Restauración del Acuífero

Pozos de Bombeo para Limpieza

Pozo de Bombeo para Contención

Restauración del Acuífero

Muro y Bombeo de Contención

Restauración del Acuífero

Pozos de Bombeo para Limpieza

Fuente Eliminada

Acuífero Restaurado

Pozos de Bombeo para Contención

Acuífero Restaurado

Muro y Bombeo de Contención

Acuífero Restaurado

20 Años trabajando en el área de remediación de sitios contaminados suma Fundación Chile. Por ejemplo, ha realizado más de 100 evaluaciones de riesgo ambiental y 28 proyectos de remediación.

También ha elaborado estándares y herramientas de referencia nacional para el monitoreo, la evaluación y remediación de suelos contaminados.

“Si un acuífero es impactado, a menudo es necesario considerar la extracción de aguas subterráneas. Con eso se logran 2 objetivos: minimizar el impacto y reducir la concentración del contaminante. El agua extraída debe ser tratada y evaluar su posterior reinyección o liberación cumpliendo las diferentes normativas. La generación de redes de pozos de extracción/inyección es la estrategia más utilizada para los propósitos antes descritos. En el diseño de esta red es importante considerar factores como el estrés del acuífero, for-

mación de conos de depresión, concentración del contaminante, entre otros aspectos hidrogeológicos”, precisa.

Subraya también la importancia de considerar la remediación del suelo impactado, “ya que éste puede funcionar como fuente de recarga del contaminante en el acuífero y, muchas veces, en suelos con contenidos altos de arcilla la liberación al medio acuoso se puede volver lenta y crónica en el tiempo, debido a la fuerte retención de contaminantes por las partículas finas del suelo”

Agrega que los tratamientos del agua subterránea bombeada a la superficie son variados, como los procesos de adsorción con carbón activo, air-stripping (comúnmente usado en contaminantes volátiles), y tratamientos biológicos (lodos activados), principalmente.

Comenta también que el tratamiento de acuíferos “puede realizarse in situ (sin bombeo de agua a superficie), inyectando aire u oxígeno (air sparging) cuando hay compuestos muy volátiles; mejorando la biodegradación mediante la inyección de aire intermitente (biosparging) en presencia de compuestos semi-volátiles; y vía oxidación química in situ (ISCO), inyectando oxidantes fuertes que degradan los contaminantes en el acuífero mediante la clásica reacción de Fenton”

El skimmer puede reducir la concentración de hidrocarburos en el agua subterránea hasta niveles aceptables o usarse como tratamiento de prefiltro.

Entre las tecnologías más comúnmente utilizadas en Chile para la remediación de acuíferos está el bombeo y tratamiento.

OTRAS OPCIONES

Óscar Franchi concuerda en que entre las tecnologías más comúnmente utilizadas en Chile para la remediación de aguas subterráneas están el bombeo y tratamiento. Y añade la inyección de reactivos químicos o biológicos en el acuífero para descomponer los contaminantes in situ, así como las barreras reactivas permeables, “donde se coloca un material reactivo en el camino del flujo de agua subterránea para tratar los contaminantes a medida que el agua los atraviesa”, precisa.

Comenta que cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas. “Por ejemplo, el bombeo y tratamiento puede ser muy efectivo, pero también costoso al consumir mucha energía; la inyección de reactivos puede ser menos costosa y más sostenible, pero su eficacia puede estar limitada por la distribución de los contaminantes en el acuífero y las condiciones geológicas; y las barreras reactivas permeables tienden a ser una opción de bajo mantenimiento, pero su instalación suele ser costosa y requiere una buena comprensión del flujo de agua subterránea”

Girardi revela que entre las alternativas menos utilizadas en nuestro país para la remediación de acuíferos están la bioestimulación y bioaumentación. Ambas consideran la estimulación de la microflora nativa capaz de degradar los contaminantes de interés mediante la generación de un ambiente más propicio para la actividad microbiana (aeróbico o anaeróbico), o la adición de microorganismos nativos o exóticos que han sido cultivados en laboratorio para aumentar el potencial de degradación o transformación del contaminante.

“Son alternativas efectivas, económicamente más atractivas y sostenibles, sin embargo, no son aplicables en general a niveles de contaminación muy altos”, asegura el experto.

EJEMPLOS DE REMEDIACIÓN

De acuerdo al especialista de Fundación Chile, uno de los proyectos más interesantes de remediación en este ámbito fue el de las fosas de hidrocarburos en Magallanes, “aunque en este caso el foco fueron los suelos, la fuente de contaminación del acuífero. Aquí destacan una multiplicidad de tecnologías que se combinaron para alcanzar la remediación, predominando la biorremediación”

Otra experiencia a resaltar, a su juicio, es la remediación de un acuífero contaminado con una fase libre de hidrocarburos en Quintero, “en la que después de una ardua labor de caracterización del sitio se propone e implementa un plan de extracción de la FLNA (fase libre de hidrocarburos), lo que permitió extraer más de 120 m3 de FLNA en 6 años. Aquí, además, se incluyó el seguimiento de indicadores de atenuación natural”

También releva la propuesta de remediación del acuífero en el terreno Las Salinas de Concón, que es icónica en Chile, “por el gran esfuerzo de caracterización realizado y por la prueba de distintas tecnologías de remediación que, finalmente, derivaron en la definición de una estrategia que combina distintas tecnologías, como la excavación del suelo, la biorremediación en biopilas del suelo contaminado y la bioestimulación, así como eventualmente la bioaumentación para la remediación del acuífero”, especifica.

A nivel latinoamericano, Franchi menciona el trabajo realizado por la refinería de Barrancabermeja, operada por Ecopetrol, la más grande de Colombia y una de las más importantes de América Latina. “Durante décadas de operación se produjo una contaminación significativa por hidrocarburos en los acuíferos locales, por lo que la empresa implementó un proyecto de remediación que implicó el uso de técnicas tanto de bombeo y tratamiento como de bioestimulación. Este último tratamiento implicó la inyección de nutrientes a la zona contaminada para promover el crecimiento de microorganismos que pudieran descomponer los hidrocarburos”, relata.

MEJOR REGULACIÓN

Para que exista un mayor desarrollo en esta área, Girardi expresa la necesidad de “tener una mirada de largo plazo y una regulación que apunte a recuperar los suelos y acuíferos contaminados, que incluya en la ecuación de desarrollo no sólo variables económicas, sino que también ambientales y de bienestar de la población y los ecosistemas”. Agrega que pese a que el Ministerio del Medio Ambiente ha avanzado en el último tiempo en la definición de un sistema de gestión para sitios contaminados, nuestra legislación está muy rezagada y “no tenemos un marco regulatorio específico para su remediación. En concreto, no contamos con una norma de calidad de suelos ni tampoco para las aguas subterráneas que establezcan valores límite de concentración para distintos usos. Y tampoco está operativa una ley de daño ambiental, lo que entorpece la aplicación del principio ‘el que contamina paga’. Además, el Estado no dispone de los recursos económicos ni de mecanismos que permitan financiar la remediación de sitios contaminados que están abandonados o no tienen un dueño identificado. También necesitamos guías que nos ayuden a diseñar e implementar proyectos de remediación, así como más personal especializado en el área tanto a nivel de proponentes como de evaluadores de este tipo de proyectos”

Manifiesta, asimismo, la necesidad que en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) haya condiciones de tramitación más expeditas y con menos requerimientos para aquellos proyectos que buscan mejorar la condición actual de nuestros acuíferos. Y que éstos se diseñen y planifiquen en un marco colaborativo, con participación activa de los distintos actores interesados.

Franchi, por su parte, considera esencial “promover la investigación y el desarrollo de tecnologías específicas para las condiciones hidrogeológicas y la naturaleza de los contaminantes presentes en cada sitio. Además, se deben abordar los desafíos asociados con la caracterización adecuada de la contaminación, la selección de la tecnología más apropiada y la evaluación a largo plazo de la efectividad de las soluciones implementadas”

Por otro lado, a juicio de Calderón, “se necesita una mayor cantidad de profesionales perfeccionados en el área de contaminantes para la modelación de plumas y con conocimientos de campo para determinar los parámetros fisicoquímicos de los acuíferos”. Enseguida menciona otro problema a resolver: “Las tecnologías de tratamiento de aguas muchas veces no están disponibles fácilmente en el país y los tiempos de importación de equipos y piezas específicas son largos pese a la premura con que se necesitan”

Alejandro Donoso Gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos Innergex Energía Renovable

Gestión de impactos, compromiso a largo plazo y retroalimentación

E n Innergex creemos en un mundo donde la abundancia de las energías renovables favorece la formación de comunidades saludables y, a su vez, fomenta la prosperidad compartida. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. El goce del grado máximo de salud es un derecho humano fundamental (OMS, 1994). Los requisitos previos para la salud son: paz, vivienda, educación, alimentos, ingresos, ecosistema estable, recursos sostenibles y entorno social sano, con justicia y equidad social. Una comunidad sana crea y mejora continuamente el entorno y amplía los recursos para que se den para sí los prerrequisitos de la salud. Los objetivos de una iniciativa comunitaria saludable son mejorar la salud y el bienestar de las personas y de la propia comunidad. Por eso, como pilar de nuestra empresa, propiciamos: un ecosistema estable y sostenible a largo plazo; una comunidad fuerte, solidaria y no abusiva; la satisfacción de las necesidades básicas para todas las personas; el acceso a una amplia variedad de experiencias y recursos, con la posibilidad de múltiples contactos, interacciones y comunicación; una economía diversa, vital e innovadora; fomento a la historia, conexiones con el patrimonio cultural y biológico, y con otros grupos e individuos. Para ayudar a construir comunidades sanas, en Innergex adherimos a principios clave para enriquecer el trabajo de los grupos comunitarios en su camino en la conversión hacia comunidades saludables. Dado que se trata de colaboraciones multisectoriales entre personas que viven en la comunidad y las partes interesadas, el gobierno, las autoridades sanitarias, las empresas, las ONG´s, etc., impulsamos iniciativas que incluyan: una definición amplia de salud y comunidad, una visión convincente y compartida basada en sus valores, mejora de la calidad de vida de todos sus miembros, participación ciudadana diversa e impulsada por ciudadanos, apropiación generalizada por parte de la comunidad, colaboración en la resolución de problemas, desarrollo de activos y recursos locales, medidas y parámetros de progreso y resultados. Innergex contribuye a esta visión maximizando su compromiso a largo plazo, su experiencia reconocida, su espíritu emprendedor y su enfoque innovador. Generamos valor para nuestros empleados, accionistas y socios, así como para las comunidades en las que operamos, a fin de contribuir a un mundo más sostenible. A través de nuestros proyectos de energía renovable impulsamos nuevas oportunidades económicas y sociales en las comunidades que los acogen, a partir de fondos para desarrollo comunitario, acuerdos de colaboración o nuestro programa de patrocinio y donaciones, brindando un impacto positivo, beneficios tangibles y duraderos en las comunidades.

Basándonos en una evaluación integral y periódica de nuestro contexto y riesgo social, nos enfocamos en cuatro áreas centrales de gestión para mantener relaciones sólidas y positivas: relacionamiento, impactos, retroalimentación y beneficios.

Medimos los impactos de nuestras intervenciones sociales en los territorios en base a resultados, y a un análisis simple y estandarizado. Esto nos permite monitorear el impacto de los programas ejecutados y obtener información real y confiable para la gestión y la toma de decisiones, asegurando el cumplimiento de los objetivos.

Nuestra motivación es generar un impacto positivo y creemos firmemente que trabajar en el modelo de comunidades saludables, se logrará beneficios integrales para todos.

El landfarming es un tratamiento biológico que permite recuperar suelos contaminados con estos compuestos. Es simple de implementar y operar, con un costo menor que otras soluciones.

En el mundo de la ciencia y la tecnología los descubrimientos casuales no son la tónica, pero tampoco son tan raros. Describimos uno de ellos: trabajadores de una refinería vierten lodo de hidrocarburos y otros residuos no tan gruesos en un terreno cercano a su punto de trabajo y, después de unos meses, observan que la mancha de lodo había desaparecido. El hallazgo dio paso a estudios y al desarrollo de la tecnología de remediación de suelos conocida como landfarming.

El Dr. Cristóbal Girardi, líder de Monitoreo y Remediación Ambiental de Fundación Chile, explica que esta solución, también conocida como biolabranza, permite reducir las concentraciones de hidrocarburos mediante biodegradación. Se trata de una variación del compostaje que implica “la propagación de suelos contaminados excavados en una capa fina sobre la superficie del suelo y su remoción periódica mediante el arado, estimulando la actividad microbiana aeróbica dentro de los suelos. El aumento de ésta provoca una optimización de la velocidad de degradación de los componentes disueltos de los hidrocarburos a través de la respiración microbiana”, explica.

Lo anterior se consigue manteniendo controladas condiciones como la humedad del suelo, por riego o aspersión; la aireación, mezclándose y aireándose el suelo con una frecuencia predeterminada; el pH, con un buffer cerca de pH neutro mediante la adición de piedra caliza molida o cal agrícola; y otras modificaciones a través de la adición de agentes como relleno de suelo, nutrientes y otros. “Esta tecnología, generalmente, incluye la utilización de membranas que evitan la infiltración de los contaminantes en el suelo”, afirma.

RESPALDO TÉCNICO

Carlos Calderón, gerente de I+D/Remediación Ambiental de Biotecnos, destaca que la técnica de landfarming corresponde a una modalidad de biorremediación ex situ que, junto a la biopila, “es la más comúnmente utilizada en la remediación de suelos con presencia de hidrocarburos alrededor del mundo. Cuenta con amplio respaldo técnico, estudios científicos y experiencias de campo que permiten su empleo de forma costo/ efectiva en variados sitios con presencia de hidrocarburos totales del petróleo”

Añade que esta técnica resalta por su simple implementación y operación. “Esta tecnología implica extraer el suelo contaminado desde su origen y disponerlo en una capa de 50-70 cm de espesor en un terreno o área de tratamiento, donde debe ser aireado o mezclado mecánicamente para asegurar condiciones aeróbicas (presencia de oxíge-

no). La degradación de hidrocarburos del petróleo ocurre, mayoritariamente, por reacciones aeróbicas llevadas a cabo por bacterias heterotróficas presentes en los suelos. Estas actividades degradativas pueden ser estimuladas con nutrientes/enmiendas (nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) o inocular el suelo con consorcios microbianos (endo o exógenos) que pueden seleccionarse por sus capacidades específicas”, detalla.

Óscar Franchi, investigador postdoctoral de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), destaca su alta eficacia para degradar una amplia variedad de hidrocarburos, su aplicabilidad a grandes volúmenes de suelo, y su costo relativamente bajo en comparación con otras técnicas de remediación, como la oxidación química o la desorción térmica. “Sin embargo, la técnica puede perder efectividad con contaminantes menos biodegradables y puede requerir de un monitoreo y control muy rigurosos para evitar la lixiviación de contami-

nantes y la emisión de gases de efecto invernadero”, advierte.

Girardi menciona otros beneficios del landfarming: no deja residuos posteriores, no provoca (si se realiza en condiciones controladas) riesgos de contaminación tanto superficial como subterránea, y puede aplicarse en una gran variedad de condiciones climáticas. Además, es simple para diseñar y operar, debido a que utiliza equipos agrícolas comerciales como tractores, arados, mangueras de riego y aspersores rotativos.

El experto también enumera algunas de sus desventajas: “La incorporación de suelo contaminado en suelo limpio genera un gran volumen de material, por lo que se debe disponer de un gran espacio. Además, no es aplicable cuando no todos los

El landfarming “no deja residuos posteriores y puede aplicarse en una gran variedad de climas”, revela Cristóbal Girardi.

1 Beneficio adicional de la aplicación del landfarming destaca Óscar Franchi: su aporte a la restauración de los ecosistemas locales. “Al mejorar la calidad del suelo, se promueve la recuperación de la biodiversidad y se restablecen funciones ecológicas clave”, destaca.

no aplican, en general, a sitios con altas concentraciones de contaminantes”. Calderón, en tanto, especifica que en comparación con las tecnologías fisicoquímicas ex situ más clásicas como lavado de suelos y desorción térmica, “el landfarming es una opción más económica, con un menor impacto en el entorno y tiene la capacidad de recuperar suelos impactados desde el punto de vista físico, químico y biológico”

Ratifica, eso sí, que esta solución “necesita mayores extensiones de terreno, tiempos de tratamientos más largos y técnicas de seguimiento del proceso más sofisticadas. Otro punto en contra es que no se puede utilizar en suelos altamente contaminados con hidrocarburos. En nuestra experiencia, un suelo con menos de 40.000 mg/kg de hidrocarburos totales del petróleo (excluyendo las fracciones recalcitrantes) pueden biorremediarse en tiempos acotados: 6 a 8 meses aprox., dependiendo de otros factores ambientales. Si los valores son mayores se requiere utilizar técnicas fisicoquímicas combinadas”.

APLICACIONES EN CHILE

es mezclado con sustancias orgánicas sólidas biodegradables, que son agentes de volumen como paja, aserrín, estiércol y desechos agrícolas, mejorando el balance de nutrientes y asegurando una mejor aireación y generación del calor durante el proceso. Estas iniciativas “podrían considerarse estrategias similares al landfarming, aunque no incluyen la remoción periódica del suelo mediante el arado”, apunta.

TRABAS A SUPERAR

¿Cómo incrementar la aplicación del landfarming en Chile?

Óscar Franchi responde: “Es imprescindible promover la investigación y el desarrollo de técnicas adaptadas a las características específicas de los suelos y contaminantes presentes en cada lugar. También es esencial establecer marcos regulatorios claros que aseguren una implementación y monitoreo adecuados de estos proyectos, así como mantener informada a la comunidad y concienciarla acerca de los beneficios de esta técnica de biorremediación”

Óscar Franchi resalta la alta eficacia de esta técnica para degradar una amplia variedad de hidrocarburos y su costo relativamente bajo.

contaminantes son biodegradables. Y se debe tener presente que las condiciones meteorológicas que son incontrolables (como la temperatura ambiente y lluvia) pueden afectar la degradación biológica”

¿REEMPLAZABLE?

El profesional de Fundación Chile plantea, asimismo, que existen otras tecnologías que, a través de procesos químicos, físicos o biológicos “pueden utilizarse en la remediación de sitios contaminados y están diseñadas para aislar o degradar las sustancias contaminantes. Su elección depende de las características intrínsecas del medio y del contaminante, de la eficacia esperada para cada tratamiento, de su factibilidad técnico-económica y del tiempo estimado para su ejecución. En general, la ventaja principal de los tratamientos biológicos, en comparación con los térmicos o físico-químicos, es que son costo-eficientes y más sostenibles. Sin embargo, estos tratamientos suelen requerir mayor tiempo para alcanzar los objetivos de remediación y

Franchi asegura que un caso destacado de uso de landfarming en Chile ha sido la implementación exitosa por parte de ENAP de proyectos de biorremediación para descontaminar suelos con presencia de hidrocarburos en la Región de Magallanes. “La contaminación de estos suelos se originó a partir de pozos petroleros que ahora están en desuso pero que fueron explotados durante las primeras décadas del siglo XX”, recuerda. Calderón, por su parte, hace hincapié en los “múltiples casos de éxito a nivel internacional, mientras que a nivel nacional Biotecnos ha participado en remediaciones con landfarming en varias regiones del país, teniendo como clientes a empresas mineras, de energía y distribuidoras de combustibles, entre otras”.

En base a su experiencia y conocimiento en el área, Cristóbal Girardi revela que en Chile “el principal método utilizado para el saneamiento y recuperación de suelos corresponde a la excavación, retiro y reposición del terreno afectado. Y dada la heterogeneidad de suelos que posee Chile y la naturaleza diversa de los contaminantes, otras tecnologías que se están aplicando, pese a su incipiente desarrollo, son la fitorremediación, la biorremediación por biopilas y la electrorremediación”

Añade que, considerando los proyectos de remediación que se han ejecutado en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se han implementado iniciativas parecidas al landfarming que estimulan la actividad biodegradadora de microorganismos, permitiendo transformar compuestos orgánicos tóxicos en sustancias inocuas. El material contaminado

Carlos Calderón agrega la importancia de contar con recursos humanos calificados y con expertise local para desarrollar este tipo de proyectos. “Los conocimientos para la caracterización de sitios contaminados y las evaluaciones para definir la biotratabilidad de suelos son indispensables en la industria”, acota.

Para el especialista, el seguimiento y control de avance de los procesos de biorremediación es otra etapa clave. Señala al respecto: “Actualmente, se conjugan análisis físicos, químicos y de biología molecular para definir el éxito en la biodegradación de contaminantes, por lo que contar con una masa crítica de profesionales es indispensable”

Para Cristóbal Girardi, “más allá de favorecer particularmente la aplicación del landfarming en Chile, se debe promover la implementación de tecnologías de biorremediación y, en el caso de sitios contaminados complejos, en combinación con otras tecnologías”

Además, aboga por reglas claras, indicando que se necesita “una regulación que permita disminuir la incertidumbre asociada a este tipo de proyectos, y que facilite su aprobación e implementación utilizando las mejores prácticas y tecnologías disponibles. Y se requiere que los tiempos exigidos a los mismos sean realistas y acordes a la tecnología utilizada, ya que muchas veces los plazos otorgados son tan cortos que se desfavorece la utilización de estrategias más sostenibles”

Por último, manifiesta la importancia de difundir experiencias internacionales de biorremediación exitosas para que estas iniciativas tengan mayor apoyo de las y los ciudadanos, organizaciones civiles e instituciones.

En octubre, FCAB pondría en marcha el primer proyecto de remediación industrial de suelos en esa ciudad, como parte de su Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios.

Es muy probable que octubre próximo marque un importante hito para la ciudad de Antofagasta. Es que en ese mes se espera que comience el primer proyecto de remediación de suelos a nivel industrial, que permitirá recuperar un terreno ubicado en pleno corazón de la capital regional.

La iniciativa impulsada por la empresa FCAB es parte del Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Y en su primera etapa, contempla una inversión de US$ 50 millones para transformar 48 hectáreas en un sitio que pueda a futuro ser aprovechado para diversos usos urbanos.

Este proyecto pionero cuenta con su resolución de calificación ambiental (RCA) aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta en el año 2021.

ETAPAS DEL PROCESO

La remediación de suelos tiene como objetivo habilitar los patios ferroviarios de Antofagasta para un uso distinto al relacionado con el transporte de cargas mineras, lo que se concretará a través de tres proyectos y por unidades territoriales, los cuales son: Habilitación de Suelos de Patios Ferroviarios, Traslado Progresivo de Operaciones, culminando con la

Diálogo comunitario

Desde el inicio de este proceso, FCAB ha implementado un intenso plan de relacionamiento que le ha permitido recoger las visiones de la comunidad, autoridades locales, regionales y nacionales, actores del sector público y privado, además de expertos y dirigentes vecinales.

En la compañía afirman: “Estos diálogos abiertos a la comunidad son claves. Es fundamental crear confianza con las comunidades no solo de Antofagasta, sino que, de toda la región, vinculándonos con nuestros vecinos a través de la participación activa”

Asimismo, resaltan que “todas las etapas del Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios se están construyendo de manera participativa con la comunidad”, asegurando que “este proyecto requiere del aporte, visión y el involucramiento de las instituciones públicas y de las personas expertas”

En ese contexto, a menos de 2 meses del inicio de la remediación, el equipo comunitario y de medio ambiente se encuentran trabajando de manera activa en mesas técnicas con los vecinos que se verán de alguna manera impactados con los futuros trabajos, con el fin de transparentar la información y trabajar de manera conjunta en los temas que son prioridad para los vecinos que colindan con el patio a intervenir.

“Creemos que este proyecto será un ejemplo de reconversión industrial en la región, y esperamos que, en el futuro, pueda ser replicado por otras empresas e industrias del país”, plantea Jaime Henríquez, Gerente de Sustentabilidad y Desarrollo Territorial de FCAB.

etapa de Urbanización. Estas fases, se irán implementando de manera flexible y de acuerdo a la consolidación de los nuevos barrios.

A su vez, el proceso de habilitación de suelos, posee cuatro subetapas que consisten en el desmantelamiento de las instalaciones, excavación controlada de los suelos, disposición de los suelos removidos en maxisacos sellados para ser trasladados en camión y disposición final, que se realizará en un sitio autorizado.

Los trabajos implicarán remoción de tierra, lo que se hará con maquinaria especializada de baja carga para disminuir al máximo las molestias y ruidos para los vecinos que colindan a los patios. Terminadas las cuatro fases del proyecto de habilitación, el suelo quedará en condiciones para un uso futuro distinto al actual.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

Jaime Henríquez, Gerente de Sustentabilidad y Desarrollo Territorial de FCAB, quien lidera este proyecto, señala que para llevar a cabo la remediación, se requirió, en primer término, un estudio de caracterización de suelos, que permitió identificar las medidas de remediación necesarias. “El estudio reveló la presencia de metales propios de una actividad industrial de este tipo, los cuales no representan un riesgo para un uso industrial y cuya aparición se entiende en el contexto de una empresa que ha funcionado por más de 134 años en las zonas estudiadas”, detalla.

La caracterización ambiental y el diseño del proyecto de remediación fueron desarrollados en base a la Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes del Ministerio del Medio Ambiente, y de acuerdo a normativas, guías y mejores prácticas que se han utilizado a nivel nacional e internacional en proyectos similares.

Específicamente, las metas de remediación fueron establecidas utilizando la metodología de evaluación de riesgos a la salud humana, la cual permite establecer concentraciones máximas permisibles para el sitio sin que presenten un riesgo para los futuros usuarios del proyecto de urbanización. La evaluación de riesgos es una herramienta que ha sido utilizada en varios países y es considerada una de las más útiles para lograr una regeneración sustentable de sitios industriales.

Es así que se recolectaron más de 1.000 muestras de suelo, utilizándose una grilla de muestreo que sirvió para detectar la presencia de metales, hidrocarburos y otros compuestos, con el fin de obtener una caracterización completa y detallada del sitio.

“Este proyecto será un ejemplo de reconversión industrial en la región”, sostiene Jaime Henríquez.

Como resultado del estudio se evidenció solo la presencia de metales asociados a la actividad industrial que se extendió por casi 134 años.

En base a los análisis realizados y con el objetivo de maximizar la viabilidad del futuro proyecto de urbanización, la metodología de remediación incluye la remoción del suelo, en un promedio de 62 cm., y la disposición fuera del sitio de los suelos excavados.

Desde FCAB agregan que “para minimizar el impacto a la ciudad durante el proceso de remediación, el material removido será almacenado en maxisacos y trasladado en camiones hasta un lugar autorizado para su disposición final, cumpliéndose siempre con las normas de calidad de aire, ruido y vibraciones durante la ejecución del proyecto”

Además, plantean que “para reducir las molestias que tendrán los trabajos para nuestros vecinos, las labores se realizarán por etapas y se aplicarán medidas administrativas, como horarios de trabajo, y medidas operacionales, como pantallas acústicas, mallas anti polvo, humectación del suelo, entre otras”.

Una vez terminadas las obras de remediación, el proyecto contempla un muestreo de verificación para validar el cumplimiento de

FCAB ha implementado un intenso plan de relacionamiento comunitario en torno al proyecto.

Para llevar a cabo la remediación, se requirió un estudio de caracterización de suelos.

las metas y que las áreas remediadas queden aptas para el futuro proyecto de urbanización.

“Esta metodología asegurará un proyecto de remediación robusto, que minimizará la incertidumbre en la etapa de implementación”, destacan en la empresa.

Henríquez comenta: “Hay poca bibliografía y experiencia en materia de remediación de suelos en el país. Es por esta razón que nos asesoramos con un grupo variado de consultores experimentados en esta área para desarrollar lo que fue el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Habilitación de Suelos, y que fue aprobado, los cuales han llevado a cabo este tipo de proyectos en varias partes del mundo. Incluso, buscamos y viajamos a Europa para conocer exitosas experiencias en materia de remediación”

Añade que el Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios busca marcar un precedente en materia de manejo responsable de pasivos ambientales. “Nuestro compromiso como FCAB es elevar los estándares de responsabilidad ambiental, habilitando los suelos que nos han albergado durante 134 años, para potenciar el crecimiento de la ciudad y del propio negocio ferroviario, alcanzando un crecimiento integrado con los distintos actores de la comunidad y lo-

grando generar aportes más allá de la minería”, asegura.

El profesional indica que se trata de un desafío que busca revalorizar espacios que hasta hoy estaban cerrados y que serán parte de la vida cotidiana de las personas. Y que este proyecto también es fundamental para el crecimiento proyectado de FCAB, que busca velar por el cuidado del medio ambiente, asegurando la continuidad operacional de la empresa. “Para alcanzar las metas que nos hemos impuesto como compañía, se requiere la participación activa de trabajadores, vecinos, expertos y autoridades, con visión de futuro, a través de un plan técnico y socialmente responsable que se desarrolla en conjunto con nuestra gestión de operaciones y la comunidad”, sostiene el líder el proyecto.

Y agrega: “Tenemos la convicción que se trata de un proyecto ambientalmente responsable; económicamente necesario; que conectará la ciudad y le entregará a las y los antofagastinos espacios con múltiples usos, lo que se traducirá en una mejora de calidad de vida”

URBANIZACIÓN Y PATRIMONIO

Una vez realizada la remediación, viene la etapa de Urbanización, proyecto que busca compatibilizar la actividad ferroviaria con el uso público de los espacios, vinculado a la historia y respetando su carácter patrimonial.

Según subrayan en FCAB, esta fase traerá grandes oportunidades para el sector neurálgico de la ciudad, como la construcción de viviendas, el mejoramiento de la conectividad, la recuperación del patrimonio y la creación de más espacios públicos y áreas verdes, que interactúen con el tránsito del tren.

Este nuevo espacio urbano, amigable con el entorno e inclusivo, contempla la transformación de un barrio industrial a uno completamente nuevo y de acuerdo al Plan Regulador vigente.

El Plan de Reconversión de Patios de FCAB tiene un papel preponderante que permitirá tener una ciudad más compacta, siendo una solución para la falta de espacio, abordando los problemas de baja densidad del centro de la ciudad, y con nuevos espacios de calidad en lugares hoy inexistentes.

“Debemos avanzar hacia una nueva manera de entender el desarrollo urbano, con barrios interconectados, y considerando iniciativas que permitan convivir de manera armónica con el crecimiento exponencial de habitantes. Como compañía queremos ser parte de esta transformación urbana, para avanzar hacia el concepto de ‘ciudad sustentable’, en la cual la movilidad y el transporte serán fundamentales en esa evolución”, concluye Jaime Henríquez.

Daniela Caulier Soto Abogada Gestión Ambiental Consultores

Ley sobre delitos económicos y ambientales

El 17 de agosto se publicó la Ley 21.595, denominada Ley de Delitos Económicos, que, en términos generales, establece cuatro categorías: la primera referida a la protección de bienes jurídicos propios del funcionamiento de la economía; una segunda de tipo patrimonial, que serán considerados como delitos cuando sea cometido en ejercicio de un cargo o función dentro de una empresa o cuando resulte en un beneficio económico o de otra naturaleza para la empresa (delitos tributarios o contra el medio ambiente); la tercera incluye los delitos de funcionarios públicos en que se vea involucrada una empresa, o bien aquélla perciba algún beneficio económico; y una cuarta que corresponde a delitos de receptación, lavado y blanqueo de activos.

Sin embargo, la gran novedad en el Código Penal es la inserción de un nuevo título sobre Atentados contra el Medio Ambiente, lo que implica que por primera vez en Chile se establecen de forma expresa mecanismos disuasivos por medio de la aplicación de penas privativas de libertad para quienes cometan lesiones graves contra el medio ambiente. Dentro de la categoría delitos ambientales, encontramos a) elusión al SEIA, con el requisito de dolo y la concurrencia de ciertas acciones para configurar este delito, como el vertimiento de contaminantes; b) Contraversión a instrumentos de gestión ambiental, siempre que sea reincidente en términos de sanción administrativa; c) extracción de aguas en infracción a las normas de distribución y aprovechamiento, d) Delito de contaminación con la exigencia de daño al medio ambiente; e) agravante por verificarse la afectación de un área protegida. Adicionalmente, la ley introduce modificaciones a la ley LOSMA, incorporando delitos en el proceso de evaluación ambiental, como el ocultamiento o presentación de información falsa al SEA, y otros actos ejecutados durante la fiscalización por parte de la SMA, como presentación de información falsa o incompleta o cuando exista incumplimiento a las medidas cautelares o sancionatorias por ella interpuestas. Finalmente, se sistematizan los delitos ambientales vigentes en normas sectoriales relacionándolos con las categorías segunda y tercera de los delitos económicos.

No cabe duda que la incorporación de la responsabilidad penal ambiental deberá enfrentar diversos desafíos, entre ellos la capacidad técnica del Ministerio Público, la coordinación de éste con los órganos administrativos con competencia ambiental y los cuestionamientos por la amenaza de una doble sanción, lo que podría suponer un perjuicio sobre los incentivos al cumplimiento.

Asimismo, se plantea un problema de interpretación frente a delitos penales genéricos como la elusión al SEIA, donde no queda claro si el sujeto activo debe haber ejecutado todas las acciones descritas o solo alguna de ellas. Y se gatillan dudas sobre la real naturaleza jurídica de las Consultas de Pertinencia, las que a juicio del SEA constituyen una mera opinión, pero que a través de esta ley constituirá una eximente de responsabilidad.

En mi opinión, el camino hacia el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental va en buena dirección, por lo que debemos estar atentos a los primeros casos donde se aplique esta ley para resolver algunas interrogantes.

Actualmente Chile cuenta con 3.363 sitios con suelos contaminados, la gran mayoría ubicados en las regiones de Antofagasta y Araucanía, seguidas de Tarapacá y Los Ríos, según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Para ser precisos, Antofagasta cuenta con 651 sitios con potencial presencia de contaminantes (SPPC), y 56 de ellos corresponden a suelos abandonados con potencial presencia de contaminantes (SAPPC) como hidrocarburos, arsénico, plomo, cadmio y mercurio.

Para hacer frente a esta realidad, el MMA ha avanzado durante los últimos años en el desarrollo de estudios de contaminación de suelos a nivel nacional. Y en 2009 se promulgó una “Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes”.

Sin embargo, a la fecha aún no disponemos de una legislación específica vinculada al tratamiento y disposición de terrenos contaminados y tampoco para suelos, siendo el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que carece de estos instrumentos.

Pese a este escenario poco favorable, hay empresas que llevan mucho tiempo trabajando en esta tarea clave para que el país avance hacia la sustentabilidad. Tal es el caso de Hidronor que, desde hace más de 25 años, está presente en la industria nacional con servicios que aportan a la remediación ambiental, destacando, entre otros, el saneamiento de terrenos contaminados, con los que además contribuye a combatir el cambio climático.

“En Hidronor cuidamos el medio ambiente entregando soluciones integra-

les para la remediación, saneamiento y revalorización de pasivos ambientales, como los depósitos de relaves abandonados y terrenos contaminados con hidrocarburos y otras sustancias”, comenta Juan Andrés Salamanca, Gerente Comercial de la compañía, quien detalla que en la última década han gestionado exitosamente más de 450 mil toneladas de suelos contaminados.

El ejecutivo agrega que el objetivo de la empresa es aportar valor para disminuir los principales impactos de la actividad industrial provocada por la dispersión, derrame o traslado de sustancias peligrosas que finalmente se acumulan en los suelos de las instalaciones industriales, generando así diversas enfermedades en los seres humanos y también efectos negativos para el medio ambiente.

SERVICIO Y TECNOLOGÍAS

En Hidronor destacan que cuentan con un equipo altamente especializado para realizar trabajos de muestreo, análisis, remoción, tratamiento y/o recuperación de las zonas contaminadas. “Antes y durante el proceso efectuamos rigurosos controles analíticos que nos permiten determinar la peligrosidad y principales contaminantes presentes en cada terreno, para posteriormente aplicar el tratamiento más adecuado y asegurar la descontaminación del mismo”, señala Juan Andrés Salamanca.

Como resultado de su servicio de remediación, “el lugar queda en óptimas condiciones para diversos usos industriales, agrícolas, turísticos, habita-

Remediar estos sitios es una necesidad país para avanzar hacia la sostenibilidad. Hidronor ofrece servicios y tecnologías para contribuir a este propósito.

cionales, entre otros, evitando de esta manera que afecte el entorno natural y humano”, afirma.

GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS

Hidronor mantiene relación directa con el sector minero, el cual es responsable de la generación de un 20% de los residuos declarados a nivel nacional.

El ejecutivo resalta el trabajo que realizan en la compañía para gestionar los relaves como residuos, sobre todo los abandonados, que en muchos casos deben ser saneados para que dejen de causar potenciales riesgos a la población y al medio ambiente, asegurando su estabilidad física y química.

Para ejecutar esta acción, Hidronor lleva los residuos contaminados hasta sus instalaciones en Antofagasta, donde son estabilizados y posteriormente trasladados a un depósito de seguridad que tiene impermeabilización basal para su confinamiento seguro.

“Contamos con la infraestructura tecnológica necesaria y un sistema de gestión basado en las normas ISO 9001, 14001, 45001, Conducta Responsable y acreditación ISO 17025 en nuestros laboratorios que nos permiten prestar este servicio de la mejor manera”, asegura Juan Andrés Salamanca.

DESAFÍOS

A futuro nuestro país enfrenta varios desafíos en materia de recuperación y saneamiento de suelos contaminados. Desde Hidronor plantean que el principal reto es la implementación de una legislación clara y una fiscalización firme, lo que redundará en una mayor demanda por servicios de remediación, en general, y de biorremediación, en particular, y hará que la limpieza efectiva de suelos sea una realidad concreta.

A ello suman la necesidad de avanzar a estándares de países desarrollados con lineamientos de la OCDE, en políticas de conducta empresarial responsable y en la implementación del Acuerdo de Escazú; considerar al suelo como un recurso y acelerar la regeneración de terrenos contaminados; y contar con un plan de acción para la gestión de los residuos contenidos en los pasivos ambientales mineros.

Hidronor estabiliza y dispone relaves mineros en su depósito de seguridad impermeabilizado para un confinamiento seguro.

Claudio Zaror Profesor Titular Dpto. Ingeniería Química Universidad de Concepción

La nueva realidad ambiental y los desafíos para la ingeniería

El panorama actual difiere diametralmente de la realidad que existía cuando InduAmbiente lanzó su primer número hace tres décadas. A pesar de sus limitaciones, hoy en día contamos con una institucionalidad ambiental y herramientas de gestión que se asemejan más a las de los países más desarrollados. La pertenencia a la OCDE ha sido un catalizador crucial para los avances que hemos experimentado, especialmente en la adopción de buenas prácticas normativas.

En este contexto, es relevante resaltar tres cuerpos legales recientemente promulgados: la Ley 21.455 (conocida como la Ley Marco de Cambio Climático), la Ley 21.305 (sobre Eficiencia Energética) y la Ley 20.920 (que aborda la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje). Estas leyes establecen marcos regulatorios que orientan las políticas y acciones tanto públicas como privadas, impulsando a nuestro país hacia una matriz productiva carbono-neutral y un uso más eficiente de los recursos naturales.

Estos avances también plantean un significativo desafío y oportunidad para la ingeniería. Se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir el consumo de recursos fósiles, mejorar la eficiencia energética, evitar el uso de sustancias peligrosas y optimizar la utilización de los recursos naturales. Cada día, la presión de los consumidores crece, instando a la creación de productos más duraderos, reparables y reciclables, que incorporen principios de diseño sustentable desde las etapas iniciales de desarrollo y considerando su ciclo de vida completo.

Además, se están abriendo nuevos mercados para materiales alternativos, respetuosos con el medio ambiente, reciclables y de fácil recuperación al final de su vida útil. Paralelamente, es esencial implementar tecnologías de reciclaje de bajo costo y mayor eficiencia en la recuperación de recursos materiales y energéticos. Asimismo, se requieren enfoques inteligentes de logística inversa para recolectar, clasificar y transportar los residuos a los centros de valorización.

La oferta de tecnologías habilitantes continúa expandiéndose, incluyendo innovaciones en nanotecnología, biotecnología, electrónica, tecnologías digitales, termoquímica, catálisis y automatización, entre otras. Esto proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos presentados por los escenarios emergentes a las nuevas generaciones de profesionales de la ingeniería interesados en innovar y emprender.

REMEDIACIÓN A LA MEDIDA

Solo un tercio de la superficie terrestre cuenta con suelo habitable, desde el cual se extrae gran parte de los recursos que hoy consumimos y que cubren las necesidades de los más de 8 mil millones de habitantes del planeta.

Según datos de Food and Agriculture Organization, además de proporcionar el 95% de los alimentos que consume la población y aportar con la mayoría de los servicios y funciones de los ecosistemas, el suelo limpia, filtra y almacena agua, recicla nutrientes, y ayuda a regular el clima y a evitar inundaciones. También desempeña un rol importante al mantener el balance mundial del carbono, regulando los procesos biogeoquímicos di-

námicos y el intercambio de gases de efecto invernadero (GEI).

Pero, pese a su importancia, el panorama mundial para este recurso no es el más favorable debido a que una tercera parte de los suelos ya se encuentra degradada y la tendencia va en aumento.

La erosión por acción del viento, el agua y los cultivos, la pérdida de carbono orgánico, la gestión inadecuada de nutrientes, la sodificación y salinización, la contaminación, la compactación, la acidificación, la pérdida de biodiversidad, y el sellado y anegamiento del suelo, son las 10 principales amenazas que éste enfrenta de acuerdo con la FAO, variando de una región a otra.

RADIOGRAFÍA NACIONAL

En Chile, de acuerdo con un estudio realizado por el Ciren en el año 2020, sin considerar el Maule, un 55% de las regiones cuenta con algún grado de degradación de la tierra, ya sea en categoría moderada, severa o muy severa, lo que equivale a 3.450.304 hectáreas. Pese a lo anterior, el territorio nacional es uno de los pocos países de la OCDE que no cuenta con una Ley para proteger los suelos.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), según su Informe del Estado del Medio Ambiente (2018), se señala que existe una importante desertificación en las zonas extremas y centrales, alcanzando más del 21% del país, lo que se suma a la identificación de aproxi-

Séché Group implementa diversas soluciones para descontaminar y rehabilitar los suelos, acordes a las necesidades de cada caso.

madamente 3.360 suelos y sitios con potencial presencia de contaminantes. La región de Antofagasta lidera la lista con 649 sitios, los cuales han llegado a ese estado debido, principalmente, a las actividades mineras en el norte y centro de Chile, y de faenas industriales y de manufactura en los suelos del sur.

Parte de los esfuerzos por reducir tales números han surgido de las distintas modificaciones aplicadas a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, así como al DS 40 que regula el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y donde el artículo 3 letra o.11 especifica que la “reparación o recuperación de áreas que contengan contaminantes, que abarquen, en conjunto, una superficie igual o mayor a diez mil metros cuadrados (10.000 m²), salvo que se trate de medidas que formen parte de una propuesta de plan de reparación a que se refiere el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del

Medio Ambiente…” deberán presentar un estudio o declaración al SEIA.

Por otro lado, el 21 de abril pasado se publicó la resolución que dio inicio a la elaboración de la “Norma Primaria de Calidad Ambiental para Suelos de Chile”. La regulación, al oficializarse, permitirá evaluar los suelos con estándares nacionales, estableciendo los valores de las concentraciones y periodos máximos y mínimos de elementos, compuestos o sustancias que puedan significar un riesgo para la salud. Además, definirá los niveles que consideren situaciones de emergencia.

DESCONTAMINAR Y REHABILITAR

Descontaminar y rehabilitar el suelo es el principal objetivo de la remediación, una de las soluciones que Séché Group ofrece con propuestas innovadoras y técnicas acordes a las

necesidades de cada terreno para sanear y recuperar los suelos contaminados, retornándolos así al ecosistema en beneficio del territorio.

En particular, la empresa desarrolla servicios que abarcan desde la consultoría en materia de suelos, y el diseño y ejecución de proyectos de saneamiento y remediación de suelos y aguas contaminadas, hasta la contención y recuperación con diversos tipos de tratamiento de tierras contaminadas, y la rehabilitación de paisajes y gestión de la biodiversidad.

“Son distintos los factores que influyen al momento de decidir qué método utilizar. Se deben considerar el tipo de contaminación, la proyección de uso del suelo, las condiciones del entorno, y los tiempos destinados al proyecto. Una vez vistos estos puntos que influyen, se elige la técnica a usar, la cual puede ser en base a procesos físicos, fisicoquímicos, térmicos, biológicos y técnicas mixtas”, señala Jonathan Chang, gerente de proyectos en Séché Group Chile.

Por ejemplo, la técnica propuesta y aceptada en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Las Salinas, ubicado en Viña del Mar, es la biorremediación. En este caso se utilizarán microorganismos que se alimentan de los hidrocarburos presentes en el suelo a tratar, acelerando el proceso natural de biodegradación de dichos contaminantes, permitiendo la recuperación de los servicios ecosistémicos.

En ENAP Magallanes, debido a sus condiciones climatológicas y otros factores, la RCA aprobó, entre otros, la desorción térmica como técnica de remediación de cientos de fosas que contenían petróleo crudo. Tal solución es un método de separación física no destructiva que consiste en aplicar temperaturas que permitan volatilizar y descomponer contaminantes orgánicos y metales volátiles sin modificar la estructura física del suelo y, por lo tanto, retornarlo al territorio luego de su descontaminación.

Entender y adaptarse a las distintas necesidades le permite a Séché Group y su filial en Chile contribuir con sus más de 35 años de experiencia en el área, poniendo en marcha el método de saneamiento más indicado para cada caso. Así responde a los distintos compromisos medioambientales de las empresas y a los reglamentos ambientales y sociales que se suman año a año.

La remediación busca sanear y recuperar los suelos contaminados, retornándolos así al ecosistema en beneficio del territorio.

La empresa desarrolla servicios que abarcan desde la consultoría en materia de suelos, hasta la rehabilitación de paisajes y gestión de la biodiversidad.

PARA UN BUEN MONITOREO

¿Qué factores se deben considerar para monitorear de manera apropiada los procesos de remediación ambiental?

Gentileza Hidronor

El monitoreo es una fase absolutamente necesaria en todo proceso de remediación de sitios contaminados, ya que esto permite verificar la efectividad de las soluciones aplicadas, así como el nivel de progreso alcanzado.

¿Cómo se desarrolla esta importante tarea y qué factores se deben tener en cuenta para realizarla adecuadamente?

Antes de responder esa interrogante, desde Hidronor, empresa especialista en gestión de residuos que desarrolla procesos de remediación ambiental, describen el contexto general en que se realiza esta labor en Chile.

Su Gerente Comercial, Juan Andrés Salamanca, indica: “Nuestro país no cuenta con una ley de suelos que determine la línea base del manejo adecuado de sitios y su remediación. En este sentido, el Ministerio de Medioambiente (MMA) ha avanzado durante los últimos años en estudios de contaminación de suelos a nivel nacional. En 2009 se promulgó una Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes (SPPC). Además, en 2013 se aprobó una Guía Metodológica para la Gestión de SPPC, la cual, con el apoyo de los Gobiernos Regionales, ha avanzado en las etapas de Investigación Delimitatoria y Evaluación de Riesgos”

comparar. Estos son los puntos más importantes a considerar para realizar un muestreo que asegure homogeneidad y representatividad de las muestras de suelos”, plantea Salamanca.

LÍNEA DE BASE Y MÁS

SGS es otra empresa que presta apoyo para elaborar planes de remediación de sitios contaminados y realiza servicios de muestreo y monitoreo durante las distintas fases de este proceso.

Ricardo Valenzuela, Senior Business Development Manager del área Environment, Health and Safety de la compañía, señala que para monitorear la concentración de contaminantes en los sitios que se pretende descontaminar y garantizar que los esfuerzos de remediación sean exitosos, se pueden usar varias herramientas, entre las que destaca el muestreo de aguas subterráneas y suelos.

Para determinar el muestreo y monitoreo, cada proyecto propone una guía en base a las normas internacionales, dice Juan Andrés Salamanca.

Luego, expone: “En Chile, varios factores afectan la efectividad del monitoreo del progreso en los esfuerzos de remediación. El éxito de la remediación de sitios está significativamente influenciado por factores ambientales como el suelo y las características del agua subterránea, tipo y extensión de la contaminación, y patrones climáticos y meteorológicos. Las características del suelo y del agua subterránea, como la permeabilidad, la porosidad y el pH, pueden afectar la selección y eficacia de las técnicas de remediación. Por ejemplo, los suelos arcillosos pueden requerir técnicas de remediación más agresivas, como la extracción de vapor del suelo, para eliminar los contaminantes. Los patrones climáticos y meteorológicos, como la lluvia y la temperatura, también pueden afectar los esfuerzos de remediación. La eficiencia y la eficacia del proceso de remediación dependen de factores como el tipo y el alcance de la contaminación, las condiciones del sitio y la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, las técnicas de remediación in situ, como la biorremediación, pueden ser más eficaces para los contaminantes orgánicos, mientras que las técnicas ex situ, como la excavación del suelo, pueden ser necesarias para sitios muy contaminados”

El especialista agrega que para poder definir el método remediación en algún sitio es clave conocer tres aspectos: la línea base del lugar o, al menos, los datos más cercanos al sitio previo a la contaminación; la naturaleza de los contaminantes en el sitio, lo que incluye sus niveles de concentración y su reacción con el medio; y las rutas de transporte de los contaminantes.

Añade que ese trabajo ha permitido elaborar una lista de SPPC con alta prioridad para ser tratados en primera instancia, ya que debido a su ubicación (menos de 2 km. de focos poblacionales o industriales) podrían generar un riesgo no aceptable para la salud humana o al medio ambiente. Frente a eso, el ejecutivo recalca que “como país tenemos el desafío de fortalecer la institucionalidad ambiental para la creación de una Ley Marco de Suelos que regule y fiscalice los SPPC, y es aquí donde se requiere de un trabajo conjunto entre el sector público-privado”

Sobre el escenario expuesto, en Hidronor explican que para determinar el muestreo y monitoreo de suelos con potencial presencia de contaminantes, actualmente cada proyecto define o propone una guía en base a las normativas internacionales, siendo las más usadas la europea, canadiense o americana. “Para ello, es necesario definir los objetivos que permitan un levantamiento de la información necesaria para la descripción del sitio como línea base. Y para eso se debe contar con información básica del suelo potencialmente contaminado, ubicación geográfica, información e historia del sitio y el lugar; determinar el número de puntos de muestreo, la profundidad y el volumen de muestra para realizar las calicatas; definir el procedimiento de toma de muestras a realizar, así como el tipo, método de muestreo y parámetros a

“Con relación al monitoreo de los avances de un proceso de remediación, se podrían utilizar los mismos factores en mayor o menor grado. Determinar si existe disminución en las concentraciones de contaminantes en el sector remediado es lo principal. Sin embargo, una remediación adecuada debería cuidar no empobrecer otros factores propios del suelo, como también abarcar un área de trabajo de tal forma que no exista una ruta de contaminación o de fuga de contaminantes que pueda extender el daño ambiental provocado”, sostiene el profesional de SGS.

Ricardo Valenzuela también comenta que los métodos de monitoreo varían dependiendo si se trata de aguas o suelos contaminados, ya que el “comportamiento” de los contaminantes en estas matrices es diferente: “A grandes rasgos, las matrices acuosas facilitan el transporte, expansión y dilución de los contaminantes a lo largo del cuerpo acuosa, mientras que en las matrices sólidas este movimiento de contaminantes suele ser más lento y dependiente de las condiciones del suelo y el ambiente como la estructura, las cargas, la humedad o lluvias del sector”, dice.

Considerando las variables mencionadas, un monitoreo en agua “tiende a tener fases más dinámicas y, en general, con mayor reacción entre la matriz y el contaminante, mientras que para el monitoreo en suelos se tiende a concentrar más en la misma heterogeneidad de la matriz y la fuente de conta-

Distintas tecnologías de análisis se utilizan para evaluar los avances en la remediación.

distintas metodologías de extracción sólido-líquido para aislar y cuantificar los compuestos orgánicos”, detalla.

Agrega que existen otras técnicas para evaluar los avances, algunas de las cuales incluso se pueden ejecutar en terreno, como son la medición de pH y conductividad del lugar o la medición de metales mediante FRX portátil.

¿Cómo se definen las técnicas de monitoreo más apropiadas para cada caso?

Sebastián Vásquez contesta: “La determinación de las técnicas de monitoreo depende de las condiciones iniciales del sitio en que se realiza la remediación, el tipo de contaminante que se esté removiendo del lugar y las concentraciones iniciales u objetivo en las que se encuentra. Por ejemplo, en el caso de contaminación por metaloides se puede utilizar la técnica del ICP-MS si las concentraciones objetivas son a nivel de ultratraza, pero para el caso de medición de componentes mayoritarios del suelo, el equipo se satura con mayor facilidad lo que implicaría el uso de diluciones que tienden a mayor imprecisión de la medición. En tal caso, conviene el uso de una técnica con rango de trabajo acorde a lo necesario como la absorción atómica o la fluorescencia de rayos X”

En Hidronor, en tanto, apuntan que los estudios realizados por el Ministerio del Medio Ambiente han arrojado que los principales contaminantes presentes en los suelos son hidrocarburos, arsénico, plomo, cadmio y mercurio, entre otros residuos que son calificados como peligrosos.

Juan Andrés Salamanca destaca que, para ayudar a descontaminar estos sitios, la empresa “cuenta con distintas soluciones que incluyen desde la etapa de planificación del muestreo y caracterización representativa apoyado con un laboratorio acreditado ISO 17025, técnicas de estabilización de los contaminantes y remediación, hasta el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, lo cual lleva a cabo cumpliendo con la normativa exigida en el DS 148. En la compañía realizamos un tratamiento seguro ya que contamos con los permisos, la capacidad técnica y la experiencia para el transporte, almacenamiento y disposición de grandes volúmenes de residuos peligrosos”

Los métodos de monitoreo varían si se trata de aguas o suelos contaminados, comenta Ricardo Valenzuela.

Sebastián Vásquez dice que la técnica de laboratorio a usar depende del contaminante presente y su concentración.

minación. Por otro lado, las matrices acuosas, a diferencia de los suelos, sirven como medio de transporte para estos mismos contaminantes provocando que se acumulen en otros suelos y sedimentos a lo largo del cuerpo de agua (en el caso de ríos, lagos o napas)”, explica.

TÉCNICAS DE LABORATORIO

Según señalan los especialistas consultados, para medir adecuadamente los avances y la efectividad del proceso de remediación también es necesario recurrir a diversas técnicas de laboratorio.

Sebastián Vásquez, Jefe del área RESPEL y Geoquímica de SGS, comenta que las tecnologías usadas dependen del contaminante presente en el sitio y el nivel de concentración. “Para contaminantes inorgánicos se utiliza desde la técnica de espectroscopía de absorción atómica (AAS) hasta ICP-OES o incluso ICP-MS, en las cuales implica que la muestra de suelo se digiera con una mezcla de ácidos y posteriormente se introduzcan a los equipos configurados para cuantificar los metaloides de interés. Por otro lado, para componentes orgánicos se frecuenta la técnica de cromatográfica gaseosa con distintos detectores (FID, PID, ECD entre otros) la cual se acompaña con

Desde la empresa recuerdan, además, que para que un residuo sea considerado peligroso debe tener, al menos, una de las siguientes características: toxicidad aguda, crónica o extrínseca; inflamabilidad; reactividad y corrosividad. Y para determinar esa condición, es necesario realizar una serie de análisis que permitan identificar las características de cada residuo y sus posibles tratamientos, así como los resguardos necesarios y cuidados a considerar en su manejo.

“Para cumplir con esta exigencia de forma correcta se debe recurrir a empresas con gran expertise y las acreditaciones necesarias que aseguren un proceso confiable y de calidad. En este sentido, una de las alternativas más completas del mercado en cuanto a capacidad técnica y know how son los laboratorios de la empresa Hidronor, los cuales están acreditados internacionalmente bajo la norma ISO 17025 emitida por el Centro de Expertos en Análisis Ambientales de Quebec, CEAEQ, Canadá”, acota Salamanca.

Añade que los principales análisis que realizan los laboratorios de Hidronor relacionados con el monitoreo de la remediación de sitios contaminados son: determinación de peligrosidad de los residuos, en base a las normas EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos); análisis de metales pesados en residuos industriales líquidos y sólidos, aplicando espectrometría de fluorescencia de rayos X y espectroscopia de emisión óptica de plasma con acoplamiento inductivo para cuantificación de metales pesados; y análisis de compuestos orgánicos mediante la técnica analítica GC-MS, determinando los compuestos orgánicos volátiles y semi volátiles, como solventes, pesticidas, herbicidas entre otros, que puede contener un residuo a fin de orientar las alternativas de tratamientos y/o disposición final para cada uno de ellos.

Gentileza Hidronor

PATAGONIA ELÉCTRICA

Enel X Way instalará 17 cargadores para vehículos eléctricos en la Carretera Austral, que ayudarán a proteger uno de los lugares más puros del planeta.

“La ruta escénica más hermosa del mundo” Esa es una de las denominaciones que, con justa razón, recibe la Carretera Austral, camino que recorre 1.247 kilómetros desde Puerto Montt en la región de Los Lagos hasta Villa O’Higgins en la región de Aysén, pasando por bosques siempre verdes, impresionantes paisajes andino patagónicos, ríos torrentosos, lagos color turquesa, glaciares milenarios, entre otras maravillas naturales.

Es, sin duda, una zona mágica y única que es necesario conocer y cuidar. Así lo entienden también en Enel X Way que está trabajando en un proyecto para instalar 17 cargadores para vehículos eléctricos que se emplazarán en lugares estratégicos de este apartado territorio en los que actualmente existen servicios

de hospedaje, restaurantes y cafeterías, entre otros. De esta manera, se habilitará una alternativa de transporte sin emisiones que contribuirá al resguardo ambiental de las áreas que rodean esta ruta.

“Se trata de una estrategia integrada con otros organismos como CORFO, el Gobierno Regional de Aysén, y el Programa Estratégico Regional de Turismo de Aysén, con los cuales se realizarán acciones de promoción nacional e internacional que posicionen a la región como un sitio turístico apto para vehículos de electromovilidad y comprometida con soluciones sostenibles que protejan el entorno de uno de los lugares más prístinos y salvajes del planeta como son la Carretera Austral y buena parte de la Patagonia”, explica Jean Paul Zalaquett, Gerente de Elec-

tromovilidad Latinoamérica de Enel X Way.

El ejecutivo añade: “En conjunto con la editorial Big Magazine, como coprotagonista de este proyecto, buscamos contribuir con un turismo sostenible de mínimo impacto en el medio ambiente, asegurando beneficios de corto, mediano y largo plazo tanto para las comunidades como sus territorios. Una iniciativa que, creemos, brindará a la región de Aysén un nuevo sello y estatus asociado a tecnologías más limpias, económicas y eficientes en el cuidado de su inigualable patrimonio natural”

RUTA Y BENEFICIOS

El proyecto está en plena fase de instalación de los cargadores, con el objetivo de

tenerlos operativos este verano.

Las localidades donde se ubicarán estos equipos fueron seleccionadas en conjunto con Big Magazine y son las siguientes: Puerto Montt, Hornopirén, Chaitén, La Junta, Puyuhuapi, Puerto Cisne, Villa Mañihuales, Puerto Chacabuco, Coyhaique, Cerro Castillo, Chile Chico, Río Tranquilo, Guadal, Puerto Bertrand, Cochrane y Villa O’Higgins.

Desde Enel X Way aseguran que esta iniciativa beneficiará directamente al sector turístico, en especial al rubro hotelero que al albergar puntos de carga serán un lugar ideal para los conductores, y también a los operadores que dispondrán de nuevas opciones de conexión, destino y atracción entre tramos.

Zalaquett comenta: “En la selección de los lugares para instalar los cargadores pensamos en todo momento en servicios vinculados al turismo, ya sean hoteles, hosterías, restaurantes, cafeterías y operadores que sabemos se verán beneficiados con quienes lleguen a sus recintos a realizar la carga de sus vehículos eléctricos. Se crea así un círculo virtuoso con quienes consideramos socios estratégicos y de quienes destacamos su espíritu colaborativo para fomentar un turismo más moderno y sostenible. Seguramente los turistas que transiten por todo el trazado de esta ruta de nuevos cargadores conocerán a estos prestadores de servicios turísticos a quienes se les abren amplias posibilidades de fortalecimiento de sus negocios”.

Agrega que esta red de recarga pública permitirá a los habitantes de ambas regiones beneficiadas disponer de una infraestructura que facilitará los desplazamientos en esta amplia zona, “accediendo a tecnología limpia,

económica y en tramos que posibiliten la autonomía entre los puntos de carga”

También subraya que este proyecto permitirá promover el turismo sustentable en la zona, reforzando el mensaje que la electromovilidad ya es una excelente alternativa para optar por viajes a lo largo de todo Chile, incluyendo buena parte de la Carretera Austral y la Patagonia. “No solo queremos instalar cargadores, queremos instalar la convicción que en todo este amplio, atractivo y salvaje territorio se puede planificar un turismo de cero emisiones en un lugar del planeta que destaca por la pureza

de sus bosques, glaciares, fiordos, lagos y cielos”, plantea.

El ejecutivo añade que Big Magazine reforzará estos mensajes, tanto en Chile como en el extranjero, en coordinación permanente con Enel X Way y Aysén Patagonia.

PARA TODO VEHÍCULO

Los cargadores que se instalarán en la Carretera Austral se denominan WayBox Socket y son fabricados por Enel X Way. Jean Paul Zalaquett detalla: “Se trata de cargadores inteligentes de hasta 7,4 kW de potencia con conexión monofásica. Una de sus particularidades es que poseen modem 4G, lo cual nos permite monitorearlos de forma remota. Habrá uno o dos puntos de carga en cada localidad enlistada”

Estos cargadores, llamados Socket, no cuentan con un cable integrado que limite la carga a un solo estándar de conector (del tipo europeo, americano o chino), por lo que son aptos para todo tipo de vehículos. “Los usuarios podrán usar su propio cable de carga pública, que en un extremo serán compatibles con el Socket tipo 2 y por el otro serán Tipo 2 (Europeo), Tipo 1 (Americano) o GBT (Chino), según sea su vehículo”, expone el especialista.

En Enel X Way comentan que la lejanía y amplitud de la Carretera Austral y la Patagonia implicaron desafíos adicionales para el desarrollo de este proyecto, “pero al mismo tiempo sabemos que traerá solo externalidades positivas que esperamos superen todas nuestras expectativas”, indica Zalaquett.

Agrega que, desde el punto de vista técnico, una de las principales complejidades a resolver fue la identificación de los lugares que cumplieran con los requerimientos de energía y potencia para habilitar los sistemas de carga con los niveles de calidad que siempre busca la empresa. “Al mismo tiempo era condición necesaria que la identificación de aquellos sitios elegidos tuviesen conexión a internet de calidad con el propósito de enlazar eficientemente nuestros equipos y cumplir de esa forma con el reglamento de interoperabilidad de estos sistemas”, afirma.

Otros de los desafíos fue completar el recorrido de 1.200 kilómetros en condiciones climáticas en ocasiones difíciles, “pero que nos sentimos privilegiados de conocer y contemplar. El apoyo de las instituciones involucradas en este proyecto, sin duda, facilitó que las decisiones y todos los acuerdos alcanzados se hayan conseguido de manera muy satisfactoria y con la gran hospitalidad que caracteriza a los habitantes de esta zona del sur de Chile”, concluye.

El proyecto favorecerá el turismo sustentable y el cuidado del patrimonio natural, resalta Jean Paul Zalaquett.

REGENERACIÓN VITAL

Por el contexto de sequía que estamos viviendo en Chile, el uso de aguas regeneradas surge como una solución a tener más en cuenta para diferentes aplicaciones.

Por Patricio Valenzuela Gerente de Negocios División Tratamiento de Aguas de Simtech

La escasez hídrica que sufre hoy Chile, especialmente la región de Valparaíso, es una de las más grandes de los últimos 10 años. Por eso, es muy importante buscar alternativas tecnológicas que puedan ayudar a solucionar este problema. Una opción que está tomando mucha fuerza en las costas nacionales es la desalinización de agua de mar, la cual es cada vez más empleada por los sectores sanitario y minero. Sin embargo, este proceso no es suficiente para dar respuesta a la sequía, por lo que el país

debe buscar nuevas tecnologías y complementar la normativa. En ese escenario, el reúso de agua surge como una valiosa herramienta.

A modo de contexto, Chile registra una gran variabilidad en la disponibilidad de agua para las diferentes zonas: para el centro-norte es de 800 m3 por persona al año, mientras que en el sur esa cifra alcanza los 10.000 m3. Lo anterior se debe a las marcadas diferencias que existen en precipitaciones, con un promedio anual de 1.525 mm/año en esta última zona con un alto

nivel de escorrentía hacia los lagos y ríos. Por otra parte, como destaca la figura 1, la matriz productiva del país está muy influenciada por la agricultura y la minería, fuertes consumidores de recursos hídricos.

OSMOSIS Y REÚSO

En nuestro país se desalinizan 5.619 litros por segundo (l/s) de agua de mar, liderando este ámbito en Latinoamérica y beneficiando a em-

presas mineras, municipios y pequeñas comunidades. La tecnología usada en el proceso es osmosis inversa, que requiere altas presiones y membranas semipermeables. Es una alternativa viable para enviar el agua a cuencas o recargar pozos, entre otras soluciones al problema de escasez hídrica de la zona central.

Los costos del agua desalinizada mediante sistemas de osmosis inversa fluctúan entre 0,6 y 1,2 US$/m3

Otra alternativa de recursos hídricos disponible en Chile es el agua regenerada, un efluente de buena calidad y una fuente confiable de suministro de agua.

La creciente demanda de agua dulce para necesidades urbanas, industriales y de riego ha generado un mayor interés en la reutilización de efluentes. Un agua regenerada es un agua residual doméstica que, como resultado de un proceso de tratamiento, es idónea para un uso beneficioso directo o un empleo controlado que no ocurriría de otro modo.

Desde el punto de vista técnico, las aguas regeneradas deben satisfacer la calidad requerida para cada caso y no afectar al ambiente que las recibe como tampoco la salud de los seres vivos que están en contacto con ella. La reutilización y la regeneración tienen un potencial para recuperar los recursos hídricos y disminuir la contaminación. Al respecto, cabe indicar que el 24 de febrero de 2021 fue aprobada en el Consejo del Instituto Nacional de Normalización la Norma Chilena 3483 para la clasificación de la calidad del agua regenerada para el reúso no potable.

SU TRATAMIENTO

Los procesos de tratamiento para la obtención de agua regenerada son individuales o combinados para lograr los objetivos de calidad del agua recuperada. Muchos factores pueden incidir en la elección de la tecnología para este proceso, destacando la aplicación que se le dará al agua reutilizada, los objetivos de calidad del agua recuperada, las características de la fuente hídrica de las aguas residuales, su compatibilidad con las condiciones existentes, y la flexibilidad del proceso, requisitos de funcionamiento, mantenimiento, opciones de eliminación de residuos y limitaciones ambientales.

En la figura 2 se detallan las tecnologías de regeneración de aguas más usadas según la Guía para la aplicación del Real Decreto 1620/2007 (España).

CONCLUSIONES

El reúso del agua es una solución muy rele-

Estimaciones de demanda de agua y proyecciones futuras (en base a información de Cochilco y DGA).

Tecnologías de regeneración de aguas más usadas

Físico-Químico

OI: Osmosis Inversa

Luz

vante a considerar en momentos en que el país está viviendo una de las mayores sequías de su historia, principalmente a causa del cambio climático, dada la disminución del aporte del agua proveniente de las precipitaciones.

De ahí que avanzar en el uso de las aguas regeneradas implica una alternativa real tanto en calidad de agua como volumen, sobre todo para sectores con gran demanda del recurso como el agrícola. Y también para regiones como la de Valparaíso, que posee el 14,2% y el 11,2% de la superficie frutal y hortícola del país, res-

pectivamente. Y a nivel de especies, cuenta con el 53,8% de la superficie nacional de paltos, cultivo de gran importancia a nivel regional y también uno de los mayores consumidores de agua. Como reflexión final, a nivel regional se observan muchas opciones de uso de las aguas regeneradas. A modo de ejemplo y siguiendo con el planteamiento de esta nota, en la región de Valparaíso se descargan alrededor del 64% de las aguas residuales a través de emisarios submarinos, los cuales son una alternativa para el reúso de aguas.

(Fuente: Guía para la aplicación del R.D. (España) 1620/2007)

SEGURIDAD E INTEGRIDAD

Eso garantiza Solenis en los acueductos mineros con sus sistemas diseñados con productos químicos específicos para controlar la corrosión y el crecimiento microbiológico.

Cuncunas de acero interminables. Eso parecen los acueductos que transportan agua desalada o sin desalar desde zonas costeras hasta las instalaciones mineras en el norte de nuestro país. Suelen estar construidos de acero al carbono desnudo y recorrer, aunque parezca increíble, entre 50 y 250 kilómetros.

Dada la escasez de agua, las empresas del rubro comenzaron, a partir de 2006, a poner en marcha instalaciones para tratar el agua de mar y a construir tan extensas tuberías. Estas estructuras son de elevado costo de implementación y operación, considerando que se requiere un alto consumo de energía por el bombeo del recurso desde la costa hasta zonas de varios miles de metros de altura.

Carlos Vergara, country manager de la empresa Solenis, explica que, por un tema de presupuesto las empresas mineras construyen un solo acueducto, “mantienen un estricto cuidado de este activo y protegen su integridad y duración proyectada. Para asegurar lo anterior, uno de los mecanismos más comunes es aplicar programas químicos de tratamiento de los acueductos que permitan tener controlada las tasas de corrosión en valores bajos” .

De no adoptarse esos resguardos, es muy probable que se observen roturas por pitting (corrosión localizada) o causas similares en la tubería, “lo que obliga a la detención del bombeo de agua y a incurrir en elevados costos de mantención, incluyendo el reemplazo, en algunos casos, de varios kilómetros de acueducto” , asegura el ejecutivo.

Plantea, además, que en acueductos no protegidos, que presenten fracturas, se deben poner parches y, si la corrosión es elevada, cambiar tramos completos.

SOLUCIÓN INTEGRAL

Para contribuir a la seguridad e integridad de los acueductos mineros, Solenis ofrece soluciones tecnológicas diseñadas especialmente para su tratamiento químico, utilizándose productos específicos para el control de la corrosión. Son sistemas que se pueden complementar con un programa que “permite mantener también controlado el fenómeno del crecimiento microbiológico, todo lo cual se sustenta en una tecnología única y patentada de monitoreo y control en línea de los principales indicadores claves de desempeño (KPI´s), los cuales se encargan de mantener en niveles bajos la tasa de corrosión en estos ductos” , detalla Vergara.

Añade que el alto nivel de desarrollo de los sistemas de dosificación, monitoreo y control “permite a los usuarios mantener una vigilancia en línea de los parámetros más relevantes del cuidado e integridad de los acueductos. Pueden visualizar las tasas de corrosión y de crecimiento microbiológico y hacer el control de los KPI´s utilizando algoritmos específicos para la dosificación de los diferentes productos químicos, de manera que se obtenga el máximo costo/beneficio en estas aplicaciones”

Llega la primavera y los eventos sobre tópicos de medio ambiente, energía y sustentabilidad en general se multiplican en Santiago y otros puntos del país. A continuación, le dejamos una selección de algunos que podrían interesarle.

3ª ExpoAgua

Bajo el eslogan “No hay agua que perder”, contempla una exhibición de tecnologías y otras soluciones, foros, webinars, mesas de trabajo y un congreso que constará de cinco sesiones: Nuevas fuentes de agua: reutilización y desalación; Pacto nacional del agua para Chile; Políticas públicas, infraestructuras e inversión en agua; Digitalización e inteligencia artificial para mejorar la resiliencia de los recursos hídricos; y Estrategias de mitigación y adaptación de cara al cambio climáticos, las claves de la resiliencia. Está agendada para el 13 de septiembre en Centro Parque, en Santiago. Todos los pormenores en www.expoaguasantiago.cl

FIMAS 2023

Experiencia E

Con mayores pretensiones, la Exhibición Internacional de Electromovilidad, Energías Renovables y Sostenibilidad vivirá su segunda edición entre el 12 y 15 de octubre, en Espacio Riesco, combinando innovación, educación y experiencia. Los miles de visitantes que se esperan podrán conocer más de 110 marcas representadas y acceder a demostraciones en pistas de prueba con vehículos y motos eléctricas, electromovilidad liviana y e-karts. Su sitio oficial es www.experienciae.cl

ExpoEnergía

La XX versión de este reconocido evento, a desarrollarse el 29 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, ofrecerá a los visitantes la posibilidad de conocer las últimas innovaciones en productos y soluciones en materia energética. Acogerá a empresarios y ejecutivos de los sectores de minería, energía e industria, principalmente, de medianas y grandes compañías del país, quienes tendrán la oportunidad de no sólo acceder a los últimos desarrollos tecnológicos en el área, sino también asistir a charlas sobre los temas que están marcando tendencia en el mundo energético. Detalles en www.expoenergia.cl

El Foro Virtual Internacional del Medio Ambiente y la Sustentabilidad se efectuará entre el 12 y 15 de octubre en Espacio Riesco, de manera simultánea al evento sobre electromovilidad Experiencia E. Su objetivo es generar una instancia de diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias en torno al nuevo modelo de desarrollo basado en la economía circular y la sustentabilidad, con especial foco en la Ley REP y la gestión de residuos orgánicos. Incluirá conversatorios y ruedas de negocios. Lo organiza la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, AEPA. Más antecedentes en www.aepa.cl

XXV Congreso Chileno de AIDIS

Coyhaique acogerá, entre el 20 y 22 de noviembre próximos, el XXV Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Bajo el eslogan “Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, una Mirada de Futuro”, incluirá los siguientes siete tópicos a debatir: recursos hídricos, agua potable, aguas residuales, residuos, gestión de servicios sanitarios, gestión ambiental pública y privada, y cambio climático. Datos adicionales en www.aidis.cl

Juan Andrés Miranda Ríos

Gran parte de la trayectoria profesional de Juan Miranda ha estado vinculada a la gestión de olores. Esto, porque en los últimos 17 años ha trabajado en The Synergy Group TSG Environmental, donde hoy se desempeña como gerente comercial.

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, tiene una nutrida experiencia y formación técnica y ambiental.

En su actual cargo, le corresponde liderar al equipo de ventas, analizar el mercado mediante la realización de estudios, y supervisar las estrategias y actividades relacionadas con los negocios y crecimiento de la firma. “También genero estrategias que permitan integrar la ética ambiental, así como el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que son afectadas con la emisión de olores y gases de empresas de distintos rubros”, asegura.

Agrega que todas sus actividades buscan que TSG Chile siga siendo un referente en el mercado de olores, abordando los nuevos desafíos en materia ambiental para “seguir posicionándonos como líderes en el mercado nacional e internacional”

Su objetivo es también seguir aportando para que la empresa se mantenga como un socio estratégico de sus clientes, brindando servicios integrales en la gestión de olores y gases a través de su diagnóstico, control y monitoreo. “Nos avala una experiencia de más de 28 años, con cerca de 1.000 proyectos implementados exitosamente en Chile y el extranjero”, resalta.

Asimismo, se ha propuesto continuar apoyando a los clientes de TSG según sea su problemática, para “acompañarlos en el cumplimiento de la nueva normativa ambiental chilena que ha comenzado a regular la emisión de olores en distintos rubros”, como también para que respondan de manera adecuada frente a eventuales emergencias asociadas a la emisión de olores molestos.

Juan Miranda se considera un profesional con una alta capacidad de liderazgo, analítico, de excelente comunicación interpersonal, con capacidad de establecer relaciones sólidas con clientes y socios comerciales, y con gran sentido de la responsabilidad y el cumplimiento.

Contanza Troppa Tapia

El resguardo y manejo sustentable del bosque nativo en Chile son parte de las principales ocupaciones de Contanza Troppa, ingeniera en recursos naturales y actual Gerenta de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el Ministerio de Agricultura. Magíster en Políticas Públicas, con un diplomado en Políticas Ambientales, Instrumentos Económicos y de Políticas de Género, se desempeñó por varios años como académica e investigadora, para luego ingresar a la CONAF, donde hoy lidera la formulación, ejecución y coordinación a nivel nacional de acciones que apuntan a conservar, restaurar y manejar de modo sustentable los ecosistemas mencionados, promoviendo la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos y el desarrollo local. “Para ello, se trabaja en áreas de bosques nativos, gestión forestal, cambio climático y servicios ecosistémicos, ecosistemas urbanos, comunidades, formaciones xerofíticas, dendroenergía y centro de semillas forestales”, detalla. Además, la Gerencia es punto focal del país en la Convención de Desertificación y Sequía, así como en el programa REDD+ (Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En ese contexto, sus principales desafíos profesionales son fortalecer la institucionalidad y proponer nuevos instrumentos de conservación y manejo sustentable en que “los ecosistemas boscosos y xerofíticos, los sistemas agroforestales y el arbolado urbano sean componentes estratégicos dentro del ordenamiento territorial, manejados sosteniblemente para generar bienes y servicios de alto valor para el país, incluidos los relevantes para los pueblos originarios y comunidades locales”. También busca promover la reducción de la vulnerabilidad y riesgo climático, así como el desarrollo sostenible inclusivo de los territorios para maximizar el bienestar humano mediante la conservación de su biodiversidad y la óptima regulación de las cuencas hidrográficas. “Por eso, es muy importante contar con un servicio forestal público, con una institucionalidad robusta. Esperamos terminar la gestión relevando el rol de los ecosistemas en la política pública y el interés colectivo”, concluye.

¿Quiere sacarle el máximo provecho a nuestra edición aniversario? Por cierto, no basta con que la lea de principio a fin, aunque si lo hace y tiene buena memoria tendrá una gran ventaja. Se lo decimos porque en esta histórica sección pondremos a prueba sus conocimientos interrogándolo sobre hitos y aspectos vinculados a las principales temáticas ambientales y a otros artículos incluidos en esta revista de colección.

¿Está listo para la batalla cultural-ambiental? Si es así, le recordamos el sistema de puntaje: con todas las respuestas correctas se graduó de “doctor” en el área; con seis o cinco aciertos también está en un nivel superior; con 4 debe aplicarse más para mejorar en el próximo desafío; y con 3 o menos buenas queda en capilla y con la exigencia de estudiar mucho para tener mejores resultados. A continuación las preguntas:

1. ¿En qué año Chile presentó su primera Contribución Nacional Determinada (NDC) para aportar a la mitigación del cambio climático?

2. ¿Cuántas PTAS operan hoy en el país y qué cobertura de saneamiento hay en zonas urbanas concesionadas?

3. ¿Qué beneficios tangibles ha traído a nivel nacional la aplicación de la norma primaria de material particulado fino (MP 2.5)?

4. Nombre al menos 3 actividades que han provocado o agudizado la degradación de los suelos en Chile.

5. ¿Qué productos priorizados por la Ley REP van más adelantados respecto a su adecuada gestión y valorización?

6. Según un estudio de la Cepal, ¿qué puertos nacionales se verán más afectados por el cambio climático a mediados de siglo?

7. ¿Qué es el landfarming?

Solución en página 134

AES Andes pidió el retiro anticipado y definitivo de la Unidad 2 de Central Ventanas

El directorio de AES Andes aprobó la salida anticipada y definitiva de la Unidad 2 de la central termoeléctrica Ventanas, lo cual se concretaría el 31 de diciembre de 2023. Para eso, la compañía pidió a la Comisión Nacional de Energía la exención del plazo de 24 meses para informar el retiro, desconexión y cese de operación, dejando sin efecto la solicitud de pasar esta unidad al Estado de Reserva Estratégica realizada en el año 2020.

Con la salida de esta instalación, que cuenta con una potencia bruta de 208 MW, y el anterior retiro de operaciones de la Unidad 1, se evitará la generación de más de 2,5 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación más de un millón de vehículos.

Teck donó 10 millones de dólares al Fondo Naturaleza Chile

Teck Resources Limited aportó una donación de 10 millones de dólares al Fondo Naturaleza Chile para apoyar el desarrollo del programa de Áreas Marinas Protegidas de nuestro país y contribuir a preservar un área crítica de biodiversidad global. Los recursos están destinados a iniciativas de conservación del Archipiélago Juan Fernández, una zona de gran importancia ecológica que fue designada Reserva de la Biosfera por la Unesco. En concreto, la donación aporta al diseño e implementación de medidas de protección y conservación de ese lugar, incluyendo el resguardo de aves marinas poco comunes y de una flora y fauna únicas que no se encuentran en ningún otro sitio del mundo.

Sany estrenó en Chile su primer cargador

frontal 100% eléctrico

Sany, marca representada en Chile por Andes Motor, anunció la llegada de la primera maquinaria libre de emisiones de su catálogo. Se trata del cargador frontal denominado SW956E, 100% eléctrico, que cuenta con una capacidad de balde de hasta 3,5 m³, carga nominal de 5.800 kilos y un peso de operación de 19 toneladas. Exhibe características que lo hacen óptimo para labores de construcción, mantención de caminos y conformación de pilas de mineral, entre otras tareas. Su batería con 282 kWh de potencia asegura hasta seis horas de trabajo con solo 60 minutos de carga y se apoya en un sistema de recuperación de energía, con una eficiencia cercana al 20%.

Central Rucatayo de Statkraft logró récord de generación de energía renovable

La central hidroeléctrica de pasada Rucatayo, a cargo de Statkraft Chile, registró en julio pasado un importante hito en su gestión operativa: batió un récord de generación histórica de electricidad, alcanzando en el periodo 37,2 GWh de energía limpia y renovable inyectados al Sistema Eléctrico Nacional. Tal marca la consiguió luego del trabajo de reacondicionamiento realizado recientemente en la unidad, lo que permitió elevar su potencia instalada de 52,5 MW a 55,6 MW.

También contribuyeron la hidrología del río Pilmaiquén característica de esta época del año, y una eficiente gestión operativa de la compañía.

Partió construcción de proyecto híbrido con tecnologías solar y de baterías

Enel Green Power (EGP), filial de Enel Chile, inició la construcción de su segundo parque de generación de energía limpia en formato híbrido en la Región Metropolitana. Se trata de Don Humberto, que estará situado a casi 40 kilómetros del centro de Santiago. Su operación solar tendrá una potencia instalada neta de 80 MW, mientras que la de almacenamiento de energía mediante baterías será de 67 MW. A través del desarrollo y operación de esta nueva central, EGP Chile podrá generar anualmente del orden de 188 GWh de energía limpia que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, pudiendo alimentar a cerca de 80 mil hogares chilenos y evitando la emisión de más de 148 mil toneladas de CO2 al año.

Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.?

1. En 2015, con ocasión de la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático de París, que terminó con un histórico acuerdo.

2. Un total de 302 plantas y la cobertura de tratamiento llega al 99,98%.

3. Ha contribuido a la elaboración e implementación de numerosos planes de descontaminación, así como al establecimiento de una red de monitoreo de calidad del aire en muchos centros urbanos.

4. El laboreo y su explotación intensiva, el uso excesivo de fertilizantes, las quemas de rastrojos, la habilitación de suelos en laderas de excesiva pendiente y la utilización de prácticas inadecuadas, principalmente.

5. Neumáticos, envases y embalajes.

6. Los terminales portuarios situados en Arica, Iquique, Antofagasta y San Antonio.

7. Es una tecnología de remediación de suelos que permite reducir las concentraciones de hidrocarburos mediante biodegradación.

APL ayudará a valorizar residuos de envases y embalajes industriales

Contribuir a la estandarización en el proceso de trazabilidad de residuos de envases y embalajes no domiciliarios para aumentar la valorización, retornabilidad y reutilización de estos productos priorizados por la Ley REP, como también optimizar los procesos involucrados y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos son los objetivos del Acuerdo de Producción Limpia que puso en marcha la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje con el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente y ProREP, el único sistema de gestión exclusivo para estos residuos que se ha constituido en el país. Participan diez empresas: Resiter, Pock, Tecnotambores, Ecobaus, Acción Circular, Ambipar, Volta, Ecológica, Recupac y Rembre.

Solución Puzle

Marine Donut: innovadora tecnología de plásticos para la acuicultura

Con un diámetro exterior de 55 metros, una altura de más de 17 metros y un peso total de alrededor de 600 toneladas, Marine Donut es la construcción termoplástica más grande del mundo. Su innovación radica en su estructura cerrada que permite proteger a los salmones de parásitos como los piojos de pescado y mantenerlos sanos. Dentro de la planta, los residuos de alimentos y los excrementos de pescado se recogen en forma de lodo, que luego se bombea a tierra para su eliminación respetuosa con el medio ambiente. La empresa AGRU Kunststofftechnik GmbH desempeñó un papel central en la implementación de este ambicioso proyecto: fabricó y suministró todos los componentes PE 100-RC para el donut marino de 22.000 m³.

Soltex: Nuevo gerente corporativo de control y aseguramiento de la calidad

El ingeniero civil mecánico Patricio Guzmán Bonet asumió como gerente corporativo de control y aseguramiento de la calidad en el grupo Soltex, proveedor de soluciones de bombeo e instrumentación para la industria. Como tal, trabajará con las distintas áreas de la compañía para optimizar procedimientos, identificar oportunamente posibles desviaciones en los procesos de la compañía e implementar las medidas correctivas que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares de alta calidad en la provisión en tiempo y forma, tanto de equipos y soluciones, como de integraciones y servicios, priorizando ante todo la seguridad de los trabajadores, la comunidad, las instalaciones y el medio ambiente.

InduAmbiente visitó Embajada de Italia

El subdirector de InduAmbiente, Cristián Araya, visitó la Embajada de Italia el pasado 20 de julio para una reunión de trabajo con la embajadora Valeria Biagiotti. En la ocasión, también estuvieron presentes ejecutivos de otras empresas nacionales, como Recycla, y de firmas italianas, como Amut Ecotech, para explorar la posibilidad de alianzas estratégicas que permitan ofrecer soluciones a problemas ambientales con tecnologías desarrolladas en la nación europea.

Nuevo estadio de la Universidad Católica usará energías limpias

El nuevo estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica se convertirá en el primer recinto deportivo 100% sustentable del país, tras sellarse un acuerdo entre Enel, Enel X y Cruzados. Las nuevas instalaciones tendrán una planta de autogeneración de energía renovable, la cual podrá cubrir completamente 6 partidos de futbol al mes, mientras que todo el diferencial estará bajo un contrato de suministro de energía eléctrica certificada de origen renovable por 2,4 GWh/año, proveniente de las plantas solares, eólicas, hidráulicas o geotérmicas del Grupo Enel, el que se extenderá por 6 años.

AES Andes

www.aesandes.com/es 29

AGQ Labs

www.agqlabs.cl 28

AGRU

www.agru.cl 2

Aguas Andinas www.aguasandinas.cl Tapa 2

Albemarle

www.albemarlelitio.cl Ext. portada

Ambiental y Sectorial

www.ambientalysectorial.cl 60

Ambiente y Tecnología www.ayt.cl 41

Antofagasta Minerals www.aminerals.cl 57

Arauco

www.arauco.cl 5

Banff Bombas

www.banffbombas.cl 105

BION

www.bioconservacion.com 46

Colbún www.colbun.cl 4

Collahuasi www.collahuasi.cl 70

Conade www.conade.cl 85

Ecolife www.ecolife.cl 49

Enel X www.enelx.com 53

Enel X Way www.enelxway.com/es 122-123

Enviro Care www.envirocare.cl 37

Equilibrio Triangular www.etriangular.cl 34

Exponor www.exponor.cl 121

Fastpack www.fastpack.cl 51

Fimas www.fimas.cl 115

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Gesta de 30 Años

En los mismos días en que el Papa Juan Pablo II canonizaba a Sor Teresa de Los Andes, y nuestro país ingresaba como asociado al recién creado Mercosur, en Santiago de Chile se plasmaba un sueño, un desafío, una gesta informativa. Era marzo de 1993 y nacía Revista InduAmbiente, una “locura” surgida desde la mente, tesón y compromiso de dos periodistas –Alejandro Villalobos y quien firma esta columna– en tiempos en que el cuidado del medio ambiente por parte de personas, empresas y gobernantes era una preocupación y prioridad de quinto orden. Así lo reflejaban los cielos oscuros por la polución atmosférica de la capital, los ríos ultra contaminados por las aguas servidas sin tratamiento, y los vertederos mal olientes e inundados por plagas, que ponían en riesgo la salud de la población y del entorno natural. Nos dimos, entonces, la tarea de contribuir a mejorar esta preocupante realidad, a través de la comunicación, asumiendo un rol que entendemos como clave para alcanzar la meta propuesta: entregar información ambiental de calidad y tender puentes entre los sectores industriales que necesitan solucionar sus problemas ambientales y las empresas proveedoras de productos y servicios que colaboran con ese objetivo. Hoy, luego de 30 años, 183 ediciones y cerca de 23 mil páginas que testimonian este esfuerzo pionero, veraz, riguroso y con sustento técnico de un gran equipo de trabajo que ha aportado al mejoramiento ambiental de Chile, creemos haber cumplido a cabalidad con nuestro sueño. Y renovamos el compromiso de seguir comunicando lo que nuestro país necesita para avanzar hacia el desarrollo sustentable.

Carlos Araya Cortés Director de InduAmbiente