REVISTA INDUAMBIENTE Ed. N°168 / Ene-Feb 2021 by Revista InduAmbiente

CONTENIDO

ESPECIAL RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

LA RUTA CIRCULAR

REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD. Editada por Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A.

Ambiciosa meta plantea la hoja de ruta propuesta para que Chile transite hacia una economía circular. Un tema muy contingente con el que iniciamos este especial con contenido diverso que le invitamos a leer.

DIRECTOR GERENTE Carlos Araya Cortés caraya@induambiente.cl GERENTE DE FINANZAS Y NEGOCIOS Cristián Araya Berroeta cristian.araya@induambiente.cl

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EDITOR GENERAL Rodolfo Bravo Galdames rodolfobravo@induambiente.cl JEFE DE INFORMACIONES Jaime Romero García jaimeromero@induambiente.cl REDACCIÓN Y SITIO WEB Horacio Acuña Barra hacuna@induambiente.cl

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Y VIO LA LUZ

DIRECCIÓN DE ARTE Jorge Moraga P. jmoraga@induambiente.cl

Entre los grandes beneficios que espera generar la recién promulgada Ley de Eficiencia Energética destacan un ahorro a nivel país de US$15.200 millones y la no emisión de 28,6 millones de toneladas de CO2.

DISEÑO Fabricio Basso B. diseno@induambiente.cl

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FOTOGRAFÍA Gina Pilquimán S. fotografia@induambiente.cl

COLUMNISTAS IN MEMORIAM Claudio Friedmann Aníbal Mege

CAMBIO CLIMÁTICO

HUMOR Orlando Lagos

GEI A LA BAJA

DIRECTORA DE MARKETING Y PUBLICIDAD Norma Berroeta Bustos nberroeta@induambiente.cl

La mayor participación de las energías limpias en la matriz ha ralentizado el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Industriales hacen propuestas para mantener esta tendencia.

MARKETING Y PUBLICIDAD Roberto Vallejos G. rvallejos@induambiente.cl VENTAS DE SUSCRIPCIONES Y PRODUCTOS suscripciones@induambiente.cl IMPRESIÓN A Impresores, que sólo actúa como impresor.

40 a 43 CALIDAD DEL AIRE

INDUAMBIENTE es una publicación independiente, que se distribuye en los sectores industriales y empresariales, y a profesionales, técnicos, académicos y ejecutivos relacionados con los temas de descontaminación, recursos energéticos y sustentabilidad.

SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 45.000 + IVA (Seis ediciones) DIRECCIÓN Av. Los Leones 382 - Of. 102 - Providencia Santiago de Chile Tel +56 2 2927 2000 tiemponuevo@induambiente.cl

¿CÓMO MEDIR EL NO2? La tradicional quimiluminiscencia y el prometedor método CAPS son dos de las tecnologías actualmente en uso para la medición de dióxido de nitrógeno. En esta nota las detallamos.

www.induambiente.com

EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

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CONTENIDO

SUELOS

RECUPERACIÓN DE SUELOS URBANOS Inédito proyecto para reconvertir patios ferroviarios en Antofagasta destacó en webinar que dio a conocer técnicas y experiencias de remediación de sitios contaminados en Chile y Europa.

50 a 53 MINERÍA SUSTENTABLE

LA MINERÍA Y LOS GLACIARES

PORTADA

Diversos cuestionamientos del sector minero genera el proyecto de ley sobre protección de glaciares, los mayores reservorios de agua dulce de Chile. Aquí los revisamos.

No preguntes por qué las nubes se amalgaman con las nieves eternas. Pues un día aprendimos que las primeras pasan, mas las segundas permanecen fieles en su lugar.

54 a 57 INFORME TÉCNICO

PARA REFORZAR LA EAE Con recomendaciones de especialistas para consolidar la aplicación en Chile de la Evaluación Ambiental Estratégica, abrimos este reporte sobre consultoría y capacitación.

61 a 81 INTERNACIONAL

A REDUCIR EL CO2 Exponemos algunos desafíos de la ONU para acelerar la baja en las emisiones de dióxido de carbono que se ha producido debido a la pandemia, y así evitar que el planeta se siga calentando.

82 a 84

Tal como el agua pura, que refresca la montaña y baña su verdor, antes de descender en brioso caudal para compartir su alimento de vida.

SECCIONES Editorial 7 Cambio Climático 44-45 En Pocas Líneas 58-60 Quién es Quién 84 Seguridad y Salud Ocupacional 86-87 Bitácora 88-89 Agenda 90 Entretención 91 Pulso Empresarial 92-95 Cultura 96

COLUMNISTAS: Claudio Zaror Arturo Brandt Eduardo Astorga Sebastián Videla

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EDITORIAL

Impulsos, Obligaciones e Incentivos

ntecedentes del Ministerio del Medio Ambiente indican que en Chile generamos aproximadamente 400 kilos de basura por persona al año, mientras que la tasa de reciclaje domiciliario llega apenas al 4% y a nivel general bordea el 10%. Esas cifras dan cuenta del retraso que tenemos en materia de gestión de residuos, donde la tendencia internacional hace mucho tiempo apunta justamente a lo contrario: reducir la generación de desechos y aumentar la valorización de lo que se pueda recuperar. Ese escenario también explica la avalancha de impulsos y acciones que se ha registrado en el último tiempo para revertir una situación que, sin duda, es insostenible en el tiempo. Al proceso de implementación de la Ley 20.920 sobre Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que ya lleva poco más de cuatro años, se ha sumado la elaboración de las estrategias nacionales para mejorar el manejo de los residuos orgánicos y de los residuos de la construcción, además de la Hoja de Ruta para transitar desde el actual modelo productivo lineal hacia otro circular, que tiene como esencia la menor generación de residuos. No cabe duda que esas y otras herramientas similares –impulsadas desde el sector público con participación de diversos actores privados– representan avances muy significativos para el país, ya que otorgan un marco de acción con una mirada de largo plazo que permite ordenar los esfuerzos que todos deben hacer en este ámbito. Ahora bien, aunque cada parte de la sociedad tiene una responsabilidad ineludible en esta materia –tal como se expresa, por ejemplo, en el principio de la REP–, también es necesario que estas estrategias y regulaciones de largo plazo consideren incentivos para que los distintos estamentos asuman su rol, de manera decidida, en la consecución de los objetivos. Más aún cuando para alcanzarlos es fundamental que colabore la ciudadanía en su conjunto. La experiencia de países con altos índices de reciclaje muestra que es clave conjugar adecuadamente el establecimiento de obligaciones, con la educación y conciencia de la población, y también medidas que impulsen la acción de los distintos actores que participan en los sistemas de gestión de residuos. No basta, por ejemplo, con fijar metas de recolección y reciclaje para los responsables de productos REP, si en paralelo no se plantean y desarrollan modelos que sean realmente eficientes y capaces de motivar la acción de quienes deben participar de esta tarea. En ese sentido, medidas como la implementación de sistemas de recolección puerta a puerta, incluida en el anteproyecto de reglamento REP para envases y embalajes, parecen ir por buen camino ya que facilitan el avance hacia una segregación y recogida de los residuos en la cantidad y calidad que se requieren para que se puedan reincorporar a los ciclos productivos. Hoy, en cambio, ir a un punto limpio a dejar envases de materiales reciclables, no tiene más motivación que la propia conciencia y voluntad ciudadana, la que además muchas veces encuentra más obstáculos que facilidades para aportar en esta tarea. Por lo mismo también es conveniente pensar en mecanismos que favorezcan la acción ciudadana. En países como Dinamarca, por ejemplo, hay centros de tratamiento de residuos orgánicos que fabrican compost y entregan una cantidad de este producto a cada persona que lleva sus restos de poda o de vegetales a las plantas procesadoras. Así, se premia a quien gasta su tiempo y recursos en participar de la gestión adecuada de los residuos. En la misma línea, especialistas en el manejo de residuos advierten también que en algunos casos –como los neumáticos o las pilas priorizadas en la Ley REP– el mercado por sí solo no será capaz de viabilizar los sistemas de gestión. En ese contexto, la fijación de “ecotasas” o mecanismos que permitan financiar el manejo de los residuos será clave, como también retribuir a las empresas que adopten acciones que están más arriba en la pirámide de gestión jerarquizada de los residuos. Consideraciones a tener en cuenta, sin duda, para poder concretar los planes y acciones trazadas para mejorar nuestra, hasta ahora, inadecuada gestión de los residuos.

RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR La adecuada gestión de los residuos y las estrategias circulares, lentamente comienzan a permear a los sectores industriales y residenciales. Los siguientes artículos dan cuenta de estos avances, así como de las políticas y regulaciones que buscan acelerar este proceso.

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LA RUTA CIRCULAR

Crear 180 mil empleos verdes y llegar a un 65% de reciclaje domiciliario en 2040 son algunas metas en la hoja de ruta propuesta para que Chile transite hacia la economía circular. ¿Qué se plantea para lograrlo?

“Q

ue al año 2040, la economía circular regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo más sostenible, justo y participativo que ponga el bienestar de las personas al centro. Esto, a través del cuidado de la naturaleza y sus seres vivos, la gestión responsable y eficiente de los recursos naturales, y una sociedad que usa, consume y produce de manera sostenible y consciente, fomentando la creación de oportunidades para las personas y las organizaciones a lo largo del país”. Esa es la visión expresada en la Hoja de Ruta Nacional a la Economía Circular 2020-2040, que propone siete metas y 92 acciones para que el país transite desde el modelo productivo lineal en que está inserto hacia uno más sustentable donde los recursos se aprovechan múltiples veces, reduciendo la generación de residuos. Así no solo se aminoran los impactos ambientales, permitiendo por ejemplo evitar la contaminación local y la emisión de gases de efecto invernadero, sino que además se abren interesantes oportunidades económicas para las empresas. El documento elaborado por el Gobierno –tras un proceso de amplio diálogo con representantes del sector público y privado– estuvo en consulta pública hasta el 1 de febrero recién pasado, para recoger observaciones y potenciar este plan de largo plazo. Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), señala: “En esta hoja de ruta estamos definiendo una estrategia a veinte años porque la transformación a una economía circular no va a ocurrir de un momento para otro. En este horizonte de dos décadas necesitamos trabajar de forma colaborativa y construir consensos entre los principales actores involucrados en este proceso: el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Todos ellos fueron convocados para construir esta propuesta”. ¿Cuáles son los principales objetivos e iniciativas trazadas? A continuación, lo revisamos.

METAS FINALES E INTERMEDIAS “La economía circular es la manera de desarrollarnos de forma sustentable. Incluye el reciclaje, que estamos impulsando fuertemente desde el Ministerio del Medio Ambiente a través de la implementación de la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), y va todavía más allá, porque propone, desde su diseño, generar productos y servicios en los que nada se pierda, sino que los EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

materiales se transformen en nuevos productos y no tengamos desechos”. Así lo recordó la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, durante el lanzamiento de la hoja de ruta. Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón, comentó que “con este documento estamos sentando las bases fundamentales para la construcción de la circularidad de nuestra economía en las próximas décadas, que impulsarán no solo las transformaciones en nuestras actividades de producción y consumo para erradicar el problema de los residuos, sino también nuevos modelos de negocios y empleo que nos lleven a un desarrollo más resiliente, inclusivo y sustentable”. Sobre ese escenario, la hoja de ruta plantea las siguientes siete metas –que abarcan cuatro ámbitos– al año 2040, con sus respectivos objetivos intermedios que se debieran alcanzar en 2030:

— Oportunidades: • En las próximas dos décadas, “generar 180 mil nuevos empleos verdes vinculados a la economía circular y a la industria del reciclaje”, destaca Guillermo González. Se espera que a 2030 ya se hayan creado 100 mil de estos puestos de trabajo.

US$ 1 billón Se podría llegar a ahorrar al

2025, gracias a la reducción de residuos asociada a la economía circular, estima una publicación del Foro Económico Mundial y la fundación Ellen MacArthur.

— Ciudadanía: • Reducir la generación de residuos domiciliarios per cápita en un 25% al año 2040, con un logro intermedio del 10% en la próxima década, tomando como base la tasa promedio registrada en 2018: 440 kg/ cápita anuales. Esta última cifra corresponde a un 49% más de lo observado en el año 2000, lo que evidencia una tendencia al alza que se busca revertir.

RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 11

12 RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

• Pasar del 4% actual de reciclaje de residuos domiciliarios a un 65% en 2040, con un objetivo intermedio de 30% a 2030. “Para eso, será fundamental la implementación de la Ley REP y de la Estrategia de Residuos Orgánicos. Esta hoja de ruta busca complementar y robustecer esas iniciativas”, apunta González. — Producción: • Disminuir la generación de residuos por unidad de producto interno bruto (PIB) en un 15% al 2030 y en un 30% a 2040. Datos del Sistema Nacional de Declaración de Residuos muestran un incremento de 6,3% entre 2015 y 2017, tendencia que se pretende invertir. • Aumentar la productividad material de Chile en un 30% durante la presente década, y en un 60% a 2040. Dicho índice se obtiene al dividir el PIB de un país por su consumo interno de materiales, y el nuestro es el menor entre los miembros de la OCDE, con US$ 0,56 por cada kilogramo de material utilizado registrado en 2017. • Elevar la tasa de reciclaje general (incluye residuos municipales e industriales) a un 40% en los próximos diez años y a un 75% en 2040. Según el MMA, ese porcentaje llegaba a 12% en 2017, mientras que en los países líderes en la materia alcanza el 80%. — Calidad de Vida: • Eliminar el 90% de los vertederos ilegales durante las próximas dos décadas, con una meta intermedia de 50% a 2030.

INICIATIVAS Y ACCIONES Para lograr los propósitos señalados, la hoja de ruta propone implementar un total de 92 acciones, con participación de diversos actores públicos y privados, en distintos horizontes de tiempo (corto, mediano y largo plazo). Esas acciones están asociadas a 32 iniciativas principales, ordenadas en cuatro grandes áreas (innovación, cultura, regulación y territorio), que se presentan a continuación.

— Innovación: • Implementar un sistema de acreditación que visibilice los avances de las empresas que se esfuerzan por transitar hacia una economía circular. • Estudiar los flujos de recursos y las oportunidades de circularidad en las cadenas de valor de los principales sectores del país, y articular a sus actores para que enfrenten los desafíos en conjunta y con visión sistémica. • Promover estrategias y modelos de negocio circulares, como contratos por rendimiento, uso compartido y valorización de subproductos. • Desarrollar programas y mecanismos para que las empresas más grandes de los principales sectores aumenten la demanda por productos y servicios más circulares y apoyen la producción local. • Fortalecer la gama de alternativas para financiar el escalamiento de soluciones de economía circular con buen potencial. • Evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de las cadenas de valor, mediante el desarrollo de economías locales y solidarias que permitan usar alimentos que no encuentran mercado, y aplicando tecnologías de valorización como la biodigestión para aprovechar lo no consumido. • Impulsar la evolución de parques industriales y otras áreas con alta concentración productiva hacia el modelo de simbiosis industrial, en el cual las faenas aledañas o cercanas intercambian y aprovechan mutuamente los residuos que generan. • Utilizar el poder de compra del Estado para adquirir productos y servicios derivados de la economía circular, fomentando el desarrollo de este ecosistema. • Crear sistemas de información nacional que permitan cuantificar los impactos ambientales del ciclo de vida de bienes y servicios. • Desarrollar sistemas de logística tradicional e inversa que den soporte a la transición a la economía circular y que sean de bajo impacto ambiental. • Fomentar la investigación y el desarrollo para acelerar la transición a la

Impulsar la simbiosis industrial, en la que faenas aledañas o cercanas aprovechan mutuamente los residuos que generan, es una innovación de la hoja de ruta. EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

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la economía circular a nivel global. Su potencial económico se calcula en US$ 4,5 billones.

3 Productos se podrían sumar a las obligaciones de

la Ley REP: “Textiles, medicamentos vencidos, además de equipamientos y elementos que se usan en la pesca industrial y en la piscicultura”, señala Guillermo González.

economía circular, en materias como ecodiseño, materiales avanzados o soluciones basadas en la naturaleza. — Cultura: • Fomentar una cultura de prevención, que evite la generación de residuos y promueva los hábitos de reutilización, reparación, remanufactura y similares.

Gentileza Volta

95 Millones de empleos al año 2030 podría generar

El compostaje de residuos orgánicos puede ayudar a aumentar el reciclaje domiciliario. • Ampliar gradualmente la gama de productos sujetos a la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (Ley 20.920). • Fortalecer la institucionalidad y la capacidad de fiscalización estatal de la disposición inadecuada de residuos, considerando los ámbitos ambiental y sanitario y aprovechando las tecnologías disponibles para apoyar esta labor.

• Implementar una etiqueta que informe sobre la durabilidad de los productos.

• Instaurar, por vía regulatoria, mecanismos que lleven a las empresas que producen o importan bienes duraderos a aumentar la vida útil de estos productos.

• Poner en marcha un sistema nacional de ecoetiquetado de productos y servicios que ordene y estructure las iniciativas en esta materia de forma armónica, transparente y con una cobertura cada vez mayor.

• Avanzar hacia el establecimiento de una tarifa solidaria por el servicio de aseo asociada al nivel de generación de residuos, que incentive su reducción y garantice un sistema de financiamiento eficiente y equitativo.

• Incorporar los principios de la economía circular en la educación escolar, integrándolos en la gestión y contenidos de los establecimientos.

• Aumentar la oferta de formación técnica y profesional con enfoque en economía circular en todo el sistema educacional.

“Un tema central en el debate es ver cómo hacemos para financiar gran parte de la transformación hacia una economía circular, considerando que hoy en Chile es muy poca la gente que paga por la gestión de los residuos, más aún en un contexto tan desafiante como el que estamos viviendo”, acota Guillermo González.

— Regulaciones:

— Territorios:

• Elaborar normas técnicas y regulaciones para facilitar aplicaciones de economía circular. Por ejemplo, se pretende normar el uso de gránulos de caucho, áridos y otros materiales reciclados en la construcción, y definir especificaciones de calidad para los combustibles líquidos obtenidos a partir de aceites lubricantes usados y neumáticos fuera de uso.

• Canalizar fondos de reactivación económica y fomento productivo hacia proyectos de economía circular regionales con alto potencial para generar empleo.

• Actualizar el marco regulatorio de la gestión de residuos para prevenir su generación y promover la valorización en condiciones ambientales y sanitarias seguras. Esto incluye, entre otros aspectos, elaborar reglamentos para: habilitar la trazabilidad de materiales para la economía circular, señalando claramente cuándo un residuo deja de serlo; el diseño y operación de instalaciones para valorizar residuos orgánicos; y para el manejo de residuos de construcción y demolición. • Aumentar el estándar de operación de los rellenos sanitarios y de las instalaciones de valorización energética. • Establecer incentivos a la separación de residuos en origen a través de distintos mecanismos. • Mejorar el estándar ambiental de las actividades de comercio e importación de productos de segunda mano y residuos para valorización. • Establecer incentivos tributarios que internalicen las externalidades negativas de la economía lineal y los efectos positivos de la circularidad.

• Proveer espacios de encuentro y participación de los vecinos para implementar iniciativas que potencien el desarrollo de una economía solidaria, colaborativa y circular a nivel comunitario. • Reconocer la labor de las recicladoras y recicladores de base a lo largo del país y asegurar su inclusión en la transición a la economía circular, entregándoles oportunidades de capacitación y empleo formal. • Impulsar el desarrollo de sistemas de producción rurales regenerativos, que promuevan la conservación de la biodiversidad de los territorios rurales y que mejoren de modo permanente la riqueza y fertilidad de sus suelos. • Proveer a comunas, ciudades y regiones de infraestructura a pequeña, mediana y gran escala para el intercambio, la recuperación y la valorización de productos y materiales. Se propone desarrollar modelos de negocio innovadores para atraer financiamiento público y privado. • Incorporar el enfoque circular en la planificación del desarrollo territorial, potenciando líneas de acción específicas que atiendan al contexto, los desafíos y las oportunidades locales.

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RECICLAJE A LA MODA

Mientras el Ejecutivo evalúa incorporar a los productos textiles como prioritarios en la Ley REP, algunas empresas ya impulsan proyectos de reciclaje y/o reutilización de ropa.

Usted compra o recibe unas 50 prendas de vestir nuevas y casi seis pares de zapatos o zapatillas al año? Antes de contestar, vaya a su closet y revise. No vaya a apresurarse en decir que no y después se encuentre con mucha más ropa y calzado, una buena parte sin uso, de la que creía. Esos números, por cierto, no son al azar, sino que surgieron del estudio “El mercado de la confección textil y el calzado en Chile” de 2017, que concluyó que la población de nuestro país, aunque no está entre las numerosas, es una de las que más indumentaria consume en la región. A nivel global, un reciente reportaje del Diario El País de España reveló que actualmente compramos un 60% más de ropa que hace 15 años, la utilizamos la mitad del tiempo y al menos un tercio de las prendas no las hemos usado en el último año. Una de las más graves consecuencias de este consumo frenético es que cada segundo el equivalente a un camión lleno de ropa es incinerado o EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

enviado a un vertedero, según datos del informe “A new textiles economy: redesigning fashion’s future” de la Fundación Ellen MacArthur, que aboga por la economía circular. En el reporte se señala que aproximadamente el 73% de los materiales que se ocupan en la industria textil terminan en vertederos o incinerados. A lo anterior hay que sumar un 12% que se pierde previamente, ya sea como desechos durante la confección de las prendas o en forma de ropa que, por una razón u otra, nunca llega al mercado. “En los vertederos, estos kilos de ropas se descomponen muy lentamente, liberando gas metano (que contribuye muy negativamente al efecto invernadero) cuando son materiales de origen orgánico (lino, algodón, seda), o microplásticos cuando su origen es sintético (poliéster, nylon, acrílicos), materiales que al constituir derivados del petróleo tardan cientos de años en degradarse”, detalla el documento.

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Así las cosas, solo el 15% del textil termina en algún proceso de reciclaje. La mayor parte, el 12%, se reutiliza para confeccionar otros productos textiles (como relleno de colchones, paños de limpieza, alfombras o materiales de aislamiento), un 2% se pierde durante la recolección o el procesado, y solo un 1% se convierte en nueva ropa. Tan bajo nivel de reciclaje se explicaría, principalmente, por la poca homogeneidad de los materiales textiles y el uso de tintes químicos en las prendas que deben eliminarse antes de que se puedan volver a utilizar los tejidos. Resultado: la industria textil o de la moda es la segunda más contaminante del planeta, según la ONU, considerando también los elevados volúmenes de agua que se emplean en el cultivo de algunos tejidos, los procesos químicos a los que son sometidos las prendas, y las abundantes emisiones de CO2 que implica el transporte de los productos textiles desde las zonas de producción hasta las de venta.

¿PRODUCTO PRIORITARIO? La ropa no fue considerada en la primera selección de productos prioritarios que incorporó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que le permitirá a Chile avanzar decididamente hacia una Economía Circular (EC). Al respecto, Guillermo González, Jefe de la Oficina de EC del Ministerio del Medio Ambiente, plantea que “transitar desde una economía lineal a una circular es un tremendo desafío en el que nos debemos cuestionar la forma en que producimos y consumimos, lo que es muy necesario para avanzar en la transformación. En este sentido, la ropa es un buen ejemplo sobre cómo podemos

transitar hacia un modelo circular, tanto desde el punto de vista de las empresas como de los consumidores de textiles. Por ello, invitamos a todos a repensar la relación que tenemos con estos productos y cómo podemos hacer para evitar que se transformen en residuos". El ejecutivo revela que entre las acciones a corto plazo establecidas en la Hoja de Ruta de Economía Circular (cuya consulta pública concluyó el pasado 1 de febrero) se encuentra “realizar estudios comparativos de factibilidad y potencial para evaluar candidatos a nuevos productos prioritarios de la ley REP, entre los que se analizarán los textiles". Incorporar a estos productos entre los prioritarios dentro de la también llamada Ley de Reciclaje tendría plena justificación si se considera, por ejemplo, que entre 2003 y 2018 la importación de vestuario aumentó de US$502,2 millones a US$3.264,7 millones, lo que corresponde a un alza de 650%. Y en el caso del calzado el incremento fue de casi 600%, según un informe de la oficina local de Fashion Revolution tomando datos del Banco Central. Lo anterior se explicaría, en parte, porque "nuestro país es uno de los pocos del continente que acepta el ingreso de ropa usada", señaló en una reciente entrevista Flanklin Cepeda, gerente de Ecofibra, empresa pionera en la valorización de residuos textiles, los que transforma en paneles de aislación térmica y acústica en la Región de Tarapacá. Su localización en el extremo norte no es casual, toda vez que Iquique es el principal puerto de acceso de ropa usada de Chile y Latinoamérica. Esto se hace en grandes fardos, lo que provoca que muchas prendas se descarten para la venta y se conviertan en "basura". Zepeda aporta un dato en ese sentido: "Según Zofri, en 2019 ingresaron a Iquique 59 mil toneladas de ropa usada, de las cuales unas 39 mil se transformaron en residuo textil”.

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Hace unos 11 años, la empresa definió la sostenibilidad como un pilar de su estrategia de negocio. De ahí que en 2013 “comenzamos a reciclar ropa y nos transformamos en el mayor reciclador de ropa de Sudamérica. Por años debimos enviar toneladas de ropa a Alemania, ya que a nivel local no había capacidad para tratar el inmenso volumen de fibras que logramos recolectar. Ahora podemos continuar ampliando este programa gracias a la alianza con Retex, un actor que nos permitirá iniciar el tratamiento de ropa por primera vez en Chile”, asegura la compañía. La firma se ha propuesto seis ambiciosas metas al 2025, como que el 100% del vestuario de sus marcas propias sea elaborado con materiales sostenibles y que cuente con trazabilidad. — Colbún

Los emprendimientos a partir de ropa reciclada ya son numerosos en Chile.

El empresario confiesa que estos desechos no se reciben en vertederos comunes porque “no permiten la compactación del suelo, lo que provoca su incineración o depósito en vertederos ilegales, muchos de ellos emplazados en el Desierto de Atacama”, asegura.

ACCIONES EN MARCHA Desde principios de la década pasada que algunas grandes empresas, especialmente del retail, desarrollan iniciativas que aportan a la economía circular en la industria de la moda nacional. A continuación destacamos tres casos: — Falabella Alianzas para promover la economía circular en distintos ámbitos, colecciones producidas con materiales más conscientes y transformación de desechos en nuevos productos son algunas de las iniciativas “verdes” que la compañía viene impulsando. En 2020, Falabella lanzó la campaña Viste +Verde, con más de mil productos de marcas propias y exclusivas confeccionados con al menos un 50% de materiales más sustentables (algodón orgánico o reciclado, poliéster reciclado y fibras certificadas), lo que es verificado por certificadores internacionales. Además, gracias a un trabajo con Rembre -empresa B que implementa sistemas de reciclaje, puntos limpios y manejo de residuos para organizaciones públicas y privadas-, Falabella Retail envía la ropa sin uso a plantas de reciclaje para convertirla en nuevos productos. También en 2020, la empresa concretó una alianza con Feriaferió -marketplace que promueve la economía circular en varias categorías de productos- para potenciar y promover el consumo responsable de la moda.

Como una forma de extender la vida útil de su ropa corporativa usada, la empresa Colbún inició, en noviembre de 2020, un plan para su reutilización, donándola a las municipalidades. Los residuos textiles son ahora reusados por los recicladores de base de las comunas: como uniformes de trabajo o bien rediseñados y convertidos en bolsas, delantales y estuches, entre otros productos. Este programa pretende a llegar a 14 administraciones comunales, iniciándose con un plan piloto en Maipú, donde la ropa corporativa ha sido rediseñada con la eliminación de los logos para que 115 recicladores de base la ocupen como uniforme.

DESAFÍOS PARA REGULAR En un informe para una asesoría técnica parlamentaria, realizado por Sofía Calvo y Guido Williams, se plantea que el reciclaje y la reutilización no solucionan el problema de los residuos textiles, pero si aminora su impacto ambiental. En este sentido, apunta que es “fundamental considerar, en el caso de Chile, otros factores que están incidiendo en la acumulación de estos desechos en distintos puntos del país”. En esa línea, expone que para la consultora especializada en sustentabilidad Slow Stgo “el primer paso para proyectar una política o legislación respecto a estos residuos es la detección de los puntos críticos de entrada y producción de materiales y productos textiles, incluyendo las toneladas que ingresan de segunda mano”. El reporte también plantea que, a partir de la legislación y experiencia comparada, un régimen jurídico en esta materia podría contemplar medidas vinculadas por ejemplo con: • Mecanismos asociados a la Ley REP para este tipo de desechos. • Ecomodulación tarifaria de los productos según calidad, materialidad y vida útil, incentivando estrategias de economía circular, ecodiseño y ciclo cerrado. • Desarrollo de normativas que exijan estrategias de ciclo cerrado para prendas de post consumo. • Regulación de la trazabilidad de los descartes textiles y las prendas que no se venden, además de los productos recolectados a través de campañas de gestión textil (reciclaje).

— Paris

• Fiscalización para evitar que lo recolectado termine en vertederos.

Implementa desde el 2013 la iniciativa Ropa x Ropa, su proyecto de reciclaje textil que ha recibido más de 1.000 toneladas de ropa, evitando que ésta llegue a vertederos. “Trae a Paris la ropa que no uses y obtén un descuento en todo vestuario. Nosotros nos encargaremos de reciclarla junto a Retex, empresa chilena de reciclaje textil”, es uno de los mensajes que publicitaba la firma en 2020.

• Inclusión de los residuos textiles dentro de la recolección domiciliaria como producto prioritario (separación en origen). Esto supondría la generación de incentivos para la inversión privada en infraestructura que permitiera la gestión de estos desechos.

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• Exenciones o beneficios tributarios en el impuesto al valor agregado o en el de la renta.

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¡DE BUENA LECHE...!

A través de un Acuerdo de Producción Limpia y otras iniciativas, la industria láctea nacional avanza en la adopción de estrategias circulares y en el manejo adecuado de los residuos, especialmente orgánicos y plásticos.

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“P

ara mantener los huesos fuertes hay que tomar leche”. Imposible recordar cuantas veces hemos oído o recibido esa recomendación, muy certera por cierto: la leche y los lácteos en general son la fuente más eficiente de calcio, el mineral que necesitan nuestros huesos para mantener su densidad. Los múltiples beneficios de este alimento explican su alto consumo entre personas de todas las edades. De hecho, según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), la industria del rubro en Chile produjo en 2019 casi 390 millones de litros de leche fluida, además de 225 millones de litros de yogurt, 111 millones de kilos de queso y otros 80 millones de kilos de leche en polvo. Con ello, contribuyó en ese periodo con el 0.42% del PIB Nacional, 5,3% del PIB Agropecuario y 50% de igual PIB pero en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se concentra mayoritariamente la producción láctea.

CRECIMIENTO SUSTENTABLE Tan buenos resultados comerciales ¿han ido aparejados con un desempeño ambiental acorde, especialmente en gestión de residuos? El “Estudio de Economía Circular (EC) en el Sector Agroalimentario Chileno”,

4 Empresas socias del Consorcio Lechero

participan en el Acuerdo de Producción Limpia “Cero Residuos a Eliminación”. Son Nestlé, Soprole, Colún y Watt´s. La certificación de la iniciativa se realizaría el primer semestre de 2021.

El informe destaca, eso sí, que se hacen esfuerzos en esta industria “para construir un sistema articulado de actores para facilitar la disposición de los residuos sólidos (plásticos, envases y embalajes), lo que va a permitir solucionar un problema de alta gravedad para el sector”. Sin embargo, respecto al empleo de los residuos orgánicos, expresa que “aún no se establece una cultura dentro de los productores agrícolas para el uso de lodos como mejoradores de suelo, lo que limita la revalorización y aplicación de este recurso-residuo altamente nutritivo”. Conscientes de sus deudas en materias ambientales, nueve de las más grandes empresas procesadoras de la industria láctea nacional asumieron, en agosto de 2020, el compromiso de fortalecer la sustentabilidad del negocio. Esto, a través de la implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Industria Láctea Procesadora Sustentable”. Las compañías que participan en la iniciativa son Nestlé, Colún, Watts, Soprole, Prolesur, Quillayes-Surlat, Comercial del Campo, Chilolac y Lácteos Osorno, cuyas 15 plantas procesadoras representan más del 85% de la recepción nacional de leche. Todas ellas, en un plazo de 24 meses, deberán poner en marcha 50 acciones para cumplir 7 metas relativas a: mejorar la eficiencia y gestión del recurso hídrico y la energía; cuantificar la huella de carbono organizacional a través de la herramienta de Huella Chile; establecer un plan de gestión y valorización de residuos sólidos; evitar pérdidas de materias primas y alimentos en el proceso productivo; generar una estrategia para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; reportar indicadores de sustentabilidad; y capacitar a los trabajadores en temáticas de sustentabilidad y cambio climático. Natalie Jones, Coordinadora del Área de Sustentabilidad del Consorcio Lechero, organización que articula el APL, explica que en gestión de residuos “el objetivo es buscar su manejo eficiente, reducir la generación en cada etapa del proceso y promover su valorización, lo cual reconocemos como una meta. Para lograrlo, apoyaremos a cada uno de los participantes del acuerdo basados en su propia realidad y sus avances, junto al establecimiento de indicadores sectoriales de generación de residuos para medir y publicar anualmente nuestro progreso a nivel industrial”. Particularmente, preocupa al Consorcio la situación de los lodos orgánicos y embalajes industriales. Sobre los primeros, que se disponen en rellenos sanitarios, “vemos que se puede estar desaprovechando un residuo con buena composición orgánica. Es un campo a investigar, ya que dependiendo del proceso pueden cambiar su composición, lo que dificulta su manejo. Pero iniciativas como los APL generan precisamente información para que se pueda desarrollar I+D en el país. Desde el Consorcio Lechero nos ponemos a disposición de los equipos e instituciones de investigación interesados en este tema”, señala la especialista.

POLÍTICAS PROPIAS

Junto con ofrecer variados y nutritivos productos, la industria láctea procura mejorar sus estándares ambientales. publicado por Odepa en diciembre de 2019, reveló falencias del rubro en este ámbito. Señala: “Si bien existe interés de avanzar en la construcción de estrategias circulares, aún existen prácticas que reflejan una gestión inadecuada de los residuos. Una de las más comunes es enterrar o quemar los residuos sólidos y hoy no existe un sistema de recolección estandarizado para los productores lácteos. Solo hay servicios pagados para el retiro de plásticos de bolo, envases y embalajes”.

Jones también resalta el trabajo particular que desarrollan algunas empresas adherentes al APL. Al respecto, apunta: “Cuentan con políticas propias de reciclaje y cero residuos a vertedero. Y realizan una labor interna muy encaminada a desarrollar cambios culturales en sus equipos de colaboradores, buscando no generar residuos, junto con una buena conexión con las empresas recicladoras”. También pone de relieve la gestión del conjunto de asociados al Consorcio -conformado por productores de leche, industrias procesadoras, centros de investigación y empresas de servicios- que están desarrollando esfuerzos individuales en ésta y otras áreas vinculadas a la gestión ambiental. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), ha

20 RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Los productores de leche muestran mejoras en su gestión de residuos y en la inclusión de estrategias circulares.

avanzado en el estudio y transferencia de conocimientos y experiencias respecto al uso de los purines generados predialmente, lo que ha contribuido a valorizarlos. “La industria láctea ha buscado también usos y métodos de procesamiento para residuos como el suero, junto a un manejo adecuado de los residuos industriales líquidos para minimizar el impacto ambiental”, acota. Jones añade que como Consorcio han apoyado importantes proyectos, entre ellos, la investigación sobre la generación de biogás en el sector a partir de los purines de lechería, que fue desarrollada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Actualmente, dan forma al Primer Estándar de Sustentabilidad para predios lecheros nacionales. “Aquí la economía circular tendrá una componente de educación hacia los productores, para ordenar la disposición de los residuos y facilitar su recolección por parte de los recicladores”, informa. Otra preocupación de la entidad es postular a proyectos relacionados con el manejo de residuos y la economía circular, para contar con fuentes de financiamiento que le permitan abordar y avanzar en estos temas de manera sectorial.

TAMBIÉN LOS PRODUCTORES Además de la industria procesadora, los productores de leche también han dado pasos para mejorar su gestión de residuos e insertarse en la EC. Eduardo Schwerter, Presidente de Fedeleche, que agrupa a los empre EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

sarios del sector, asegura que éstos buscan “ser cada día más eficientes en el uso de los recursos naturales y energéticos, así como en la gestión de plásticos y residuos orgánicos. Concebimos nuestra actividad desde una perspectiva sustentable y regenerativa en muchos de los procesos, e innovamos para trabajar de manera amigable con el medio ambiente, ya que, en definitiva, es donde actuamos”. En esa línea, agrega, promueven las mejores prácticas en el aprovechamiento de los recursos, priorizando el menor uso, reutilización y reciclaje de los elementos empleados en la producción primaria de leche. ¿Ejemplos concretos de buenas prácticas? El ejecutivo gremial destaca que “en muchos predios lecheros se están reutilizando y reciclando de mejor manera los plásticos ocupados en la confección de ensilaje, bolos y mangas de conservación de granos. Además, gracias a la aplicación de tecnologías limpias se ha logrado reducir el gasto energético y se gestionan adecuadamente los purines, realizándose prácticas de compostaje para aprovechar sus nutrientes y ahorrar así en fertilizantes”. Schwerter afirma que como Fedeleche han postulado a proyectos e implementado diversas iniciativas para insertar la cultura de la economía circular entre sus socios. En ese sentido, resalta la realización, en agosto de 2019, del Primer Seminario de EC en el Sector Lácteo y la concreción del Programa en Formación en Economía Circular para sectores prioritarios, esta última actividad desarrollada por Corfo e InnovaChile y coordinada a través del Programa Integrado Lechero (PTI).

PUNTOS DE VISTA 21

Por Claudio Zaror Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Química Universidad de Concepción

Bioeconomía Circular: Un mundo de oportunidades

n años recientes ha comenzado a adquirir relevancia el concepto de Bioeconomía Circular. Ésta se entiende como un modelo de producción-consumo focalizada en la utilización sustentable de biomasa como fuente de energía y materiales, para reemplazar los productos de origen fósil, sin afectar la capacidad de producir los alimentos para los seres humanos, mediante un enfoque sistémico que incluye todos los componentes del ciclo de vida de los productos, en sus dimensiones ecológicas, materiales, energéticas, sociales y económicas. El concepto de Bioeconomía apareció por primera vez en 1971, en la obra del matemático y economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen “La ley de la entropía y los procesos económicos”, evolucionando progresivamente para integrarse en años recientes a los principios de la Economía Circular, dando así origen al término Bioeconomía Circular. Chile posee un importante sector industrial basado en recursos forestales, agro-pecuarios y marinos, que presenta un interesante potencial para implementar, por ejemplo, estrategias de bio-refinerías, donde se busque el procesamiento integral de la biomasa para lograr su conversión a productos biológicos y bioenergéticos, de mayor valor agregado. Más aún, los avances tecnológicos de las últimas décadas en los campos de termoquímica, biotecnología, nanotecnología y tecnologías digitales han generado una atractiva convergencia de tecnologías habilitantes que permite expandir las fronteras para la utilización sustentable de toda la gama de recursos biológicos disponibles, abriendo las puertas para que la Bioeconomía Circular se transforme en el eje del desarrollo económico. El tránsito hacia un modelo de Bioeconomía Circular no se va a lograr de manera espontánea o por decisiones de mercado. Se requieren políticas públicas robustas que incentiven la innovación tecnológica, garanticen la seguridad alimentaria y el uso sustentable de los recursos naturales, fortalezcan la economía rural, descarbonicen la economía y reduzcan la dependencia de los recursos no renovables. Adicionalmente, es necesario una ciudadanía educada, no solo para adoptar un consumo responsable en conjunto con una relación respetuosa con el medio ambiente, sino que también para aportar en las decisiones sobre el uso sustentable de los recursos naturales. Finalmente, se necesita un fuerte impulso a la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, que involucre a todos los actores clave, incluyendo al Estado, universidades, centros de investigación, empresas e inversionistas, y a la ciudadanía en general. Este amplio espectro de oportunidades requiere cerrar las brechas en educación y establecer los marcos de referencia para orientar la estrategia de desarrollo con base en la Bioeconomía Circular, permitiendo avanzar hacia una matriz productiva sustentable y diversificada. El complejo escenario post pandemia le otorga un especial sentido de urgencia a estos desafíos.

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METAS SOBRE RUEDAS Los neumáticos fuera de uso son los primeros productos de la Ley REP con metas oficiales de recolección y valorización, con un horizonte claro al año 2030: 90% para los más comunes y 100% en los mineros.

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n Chile se consumen, anualmente, alrededor de 6,6 millones de neumáticos. Esto se traduce en la generación de unas 140 mil toneladas de residuos, volumen equivalente al cerro Santa Lucía. En la actualidad, los denominados neumáticos fuera de uso (NFU) quedan abandonados en nuestros campos y ciudades, o son incendiados ilegalmente, con el consecuente riesgo para la salud de las personas y con un negativo efecto sobre el medio ambiente. A nivel local, del total de NFU solo alrededor de 17% se valoriza o maneja de manera ambientalmente racional. Del porcentaje restante, una fracción termina siendo depositada de forma ilegal en basurales y vertederos clandestinos, desconociéndose con exactitud el destino de la gran mayoría de estos residuos. Los neumáticos fuera de uso son uno de los seis productos prioritarios definidos por la Ley 20.920, de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley REP). En enero, se publicó en el Diario Oficial el D.S. Nº 8, que establece obligaciones y el cumplimiento gradual de metas a las empresas para su recolección y valorización, con un horizonte claro al año 2030: 90% en el caso de los más

comunes y 100% para los utilizados en la minería. Esos porcentajes son equivalentes a los comprometidos por los países de la OCDE.

DOS CATEGORÍAS El objetivo central del decreto es fomentar el manejo circular de los NFU, de manera de aprovechar los recursos que éstos contienen, como el caucho y el acero. La responsabilidad extendida del productor (REP) será aplicable a todas las compañías que introduzcan neumáticos en el mercado chileno, la cuales deberán organizar y financiar –ya sea de forma individual o colectiva– los sistemas de gestión para la recolección de estos productos una vez que terminen su vida útil en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento en conformidad con la normativa vigente. Los productores tendrán que asegurar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización de los NFU y que su gestión sea realizada por gestores autorizados y registrados. Las empresas tendrán cuatro meses, desde la introducción en el mercado nacional de un neumático, para cumplir con las obligaciones

señaladas en la regulación que divide a los neumáticos en dos categorías: A y B. La primera abarca los tipos más comunes, como los de los automóviles y motocicletas. Es decir, aquellos que tengan un aro inferior a 57 pulgadas, con excepción de los que posean un aro igual a 45, 49 y 51 pulgadas de diámetro. Mientras que la categoría B comprende a los neumáticos de la industria minera, es decir aquellos con aros de 45, 49 y 51 pulgadas, e iguales o mayores a 57 pulgadas de diámetro. Para garantizar que todas las regiones del país se vean beneficiadas, el nuevo reglamento señala que del total de neumáticos recolectados, hasta un 15,3% puede provenir de la Región Metropolitana. Para el resto del país dichos porcentajes son: Arica y Parinacota 0,7%; Tarapacá 1,2%; Antofagasta 2,4%; Atacama 2,5%; Coquimbo 2,1%; Valparaíso 4,7%; O’Higgins 3,5%; Maule 4,2%; Ñuble 1,6%; Biobío 4,2%; Araucanía 2,6%; Los Ríos 1,1%; Los Lagos 2,7%; Aysén 0,5%; y Magallanes 0,7%.

RECOLECCIÓN Y VALORIZACIÓN La regulación define metas graduales de recolección y valorización para los NFU

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en un horizonte de 8 años. Su cumplimiento se comenzará a fiscalizar 24 meses después de la publicación del decreto, por lo que el denominado año uno será en 2023, mientras que en 2030 se debiera alcanzar el máximo estipulado en el decreto. Para los neumáticos de categoría A, las metas crecientes de recolección son: 50% al año 1, 80% al año 4, y 90% al año 8. Los objetivos

Metas valorización NFU tipo A Año

Valorización

25%

30%

35%

60%

80%

90%

En la planta de recauchaje Blotech (Lampa), la Ministra Schmidt, junto a Guillermo González, del MMA, y Eduardo Convalia, Gerente de la firma, detalló aspectos de la nueva regulación.

de valorización, en tanto, parten en 25% para el primer año, con miras a alcanzar un 90% a 2030 (ver tabla a continuación). Para los NFU de la categoría B, en tanto, las metas de recolección y valorización marchan en paralelo: 25% al año 2023, 75% a 2027, y 100% en el año 2030. La regulación considera operaciones de valorización de neumáticos a las actividades de recauchaje, reciclaje material, coprocesamiento y valorización energética.

h) Los sistemas de verificación de cumplimiento del plan. i) Un programa que describa las estrategias que adoptará el sistema de gestión para prevenir la generación de NFU.

PLAN DE GESTIÓN Los sistemas de gestión podrán ser individuales o colectivos. Los primeros deberán cumplir sus metas de recolección y valorización “únicamente con los NFU en que se conviertan los neumáticos que esos mismos productores hayan introducido en el mercado”, precisa el decreto. A su vez, los sistemas colectivos serán integrados exclusivamente por productores. En ambos casos, tendrán que obtener una autorización del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para operar y, con ese fin, deberán presentar un plan de gestión que contenga: a) La identificación del o los productores que lo integren, de sus representantes e información de contacto. b) La estimación, para cada año de duración del plan de gestión, de la cantidad total de neumáticos a ser introducidos en el mercado; promedio de su vida útil y estimación de los NFU a generar en igual periodo, en unidades y toneladas, considerando el desgaste de los productos.

El reencauche de los neumáticos permite extender su vida útil.

c) La estrategia para lograr el cumplimiento de las metas y demás obligaciones asociadas, por el plazo de duración del plan. Esto incluirá los planes de recolección, precisando un cronograma y su cobertura, y los de información a los consumidores. d) Estimación del costo para el manejo de los NFU. e) El mecanismo de financiamiento de las operaciones, por el plazo de duración del plan. f) Los mecanismos de seguimiento y control de funcionamiento de los servicios contratados para el manejo de NFU. g) Los procedimientos para la recopilación y entrega de información al MMA.

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Los sistemas de gestión tendrán que reportar anualmente sus actividades al Ministerio a través de dos informes. El documento final deberá dar cuenta del cumplimiento de las metas de recolección y valorización, así como de las obligaciones asociadas. Asimismo, señalará la cantidad de productos prioritarios introducidos en el mercado en el período inmediatamente anterior y una descripción de las actividades desarrolladas; el costo de la gestión de residuos del año que se está informando, en el caso de un sistema individual, y la tarifa correspondiente al mismo ítem y su fórmula de cálculo, en lo concerniente a un sistema colectivo.

BENEFICIOS “Los neumáticos son de los agentes más contaminantes que tenemos en nuestro país y, por eso, fue necesario introducir obligaciones a los productores para que se hagan cargo de ellos una vez que termine su vida útil”, comentó la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el 20 de enero, día de la publicación del D.S. Nº 8 en el Diario Oficial. Y agregó que las exigencias contenidas “marcan un hito para el desarrollo sustentable del país porque es el primer decreto de la ley de Responsabilidad Exten-

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dida del Productor (REP) que entra en vigencia, estableciendo exigentes metas de recolección y reciclaje de neumáticos, lo que permitirá aprovechar los materiales para crear nuevos productos, disminuir la generación de basura y mejorar la calidad de vida de las personas”. Según un análisis general del impacto económico y social (AGIES) del MMA, la regulación generaría beneficios totales por US$ 265,3 millones en valor presente. Además, la ley establece elevadas multas para quienes no cumplan las metas impuestas. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) estará a cargo de sancionar las infracciones, con hasta 10 mil UTA.

REPAROS GREMIALES Por su parte, la Cámara de la Industria del Neumático de Chile A.G. (CINC), que agrupa a las marcas Goodyear, Bridgestone, Pirelli y Michelin, manifestó su disconformidad con la versión final del D.S. Nº 8. A comienzos de enero, había publicado en su sitio web una serie de reparos hacia el texto. Y una vez que éste fue publicado en el Diario Oficial –desde su perspectiva, sin cam-

bios–, la entidad gremial señaló que “lamentamos no haber sido escuchados”. Entre otros puntos, argumenta que el decreto no permite la aplicación universal del principio de “el que contamina paga”, al dar la opción de que algunos productores no financien la cantidad total de neumáticos de cada tipo que hayan introducido al mercado. “Más aún, algunos ‘consumidores industriales’ podrían obtener un beneficio económico, al imputar sus residuos a un determinado Sistema de Gestión, resultando, de este modo, que el consumidor particular y la pequeña empresa terminen subsidiando el impacto ambiental de los grandes consumidores de neumáticos”, estima la organización. A juicio de CINC, el decreto tampoco garantiza la libre competencia, introduciendo graves distorsiones al mercado de los gestores: “Las restricciones que hacen imposible la constitución de sistemas individuales de gestión no permitirán que exista ningún incentivo para hacer eficiente la administración del Sistema de Gestión Colectivo, al dejar a los productores ‘capturados’ en este último”. Lo anterior, según la entidad, redundará en mayores costos para el manejo de los neu-

máticos fuera de uso, sumando aún mayores grados de inequidad al principio de “el que contamina paga”. CINC advierte, además, que la regulación no respeta la gradualidad establecida en la Ley 20.920, “pues obliga a los productores a mantener a perpetuidad los residuos que estarán obligados a recolectar y que no podrán valorizar durante los primeros siete años de vigencia de las metas”. Y añade, que “por cierto, esto también aumentará en forma permanente e innecesaria los costos de manejo de los NFU, que finalmente terminará pagando el consumidor”. Sumado a ello, enfatiza CINC, el decreto no respeta el principio de jerarquía en el manejo de residuos, pues degrada la opción de recauchar neumáticos, inhibiendo así la alternativa fundamental de la industria para aumentar la vida útil y prevenir la generación de pasivos. Finalmente, para la organización, el D.S. Nº 8 no respeta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, “al determinar beneficios para los productores de envases y embalajes que no se establecen, en términos equivalentes, para los productores de neumáticos”.

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MÁS VALOR A LOS RESIDUOS Hidronor explora opciones para seguir generando valor en la gestión de los residuos industriales frente a los desafíos que plantean la economía circular y las nuevas regulaciones en la materia.

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o cabe duda que el último año ha sido bien complejo, en especial para algunos sectores como el de la gestión de residuos. Considerando que se trata de una actividad esencial, las empresas que prestan servicios en esta área han debido implementar planes para seguir trabajando en medio de la pandemia causada por el Covid-19, lo que ha representado un importante desafío. Así lo ha hecho Hidronor Chile, líder en la gestión integral de residuos industriales en el país, que durante este periodo no ha dejado de atender las necesidades de sus clientes ni detenido el funcionamiento de sus plantas. Jorge Stagno, gerente de operaciones de la compañía, señala: “Nos hemos sentido con el compromiso y el deber de mantener nuestra continuidad operacional, ya que prestamos un servicio crítico para todos nuestros clientes. Como todos, hemos estado expuestos a contagios y para evitarlos hemos mantenido en las plantas las dotaciones productivas estrictamente necesarias, siempre trabajando con todos los resguardos sanitarios y poniendo mucho énfasis en la conducta de las per-

Jorge Stagno resalta el compromiso de Hidronor con la economía circular y la valorización de los residuos.

sonas para cuidar a nuestros trabajadores. Eso nos ha permitido controlar exitosamente los contagios. Partimos con mucha cautela, operando a menor capacidad, con equipos de trabajo pequeños y sistemas de turnos de respaldo; y en estos momentos todas nuestras plantas están funcionando prácticamente a plena capacidad, manteniendo todas las medidas de seguridad que nos permitan garantizar la salud de nuestros equipos de trabajo”. A esta compleja realidad, se suma un escenario de acción que en el último tiempo ha estado bien “movido”, a raíz de la implementación de nuevas regulaciones en materia de residuos, como la Ley 20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y del impulso a la economía circular como nuevo paradigma productivo, iniciativas que apuntan a reducir la generación de desechos y a aumentar su valorización. Frente a esto, dice Stagno, Hidronor está potenciando sus capacidades y servicios, como también explorando nuevas alternativas para responder a esos desafíos. “Aplicar los principios de la economía circu-

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lar es muy necesario para un país con una matriz productiva como la nuestra. Desde ese punto de vista, en Hidronor siempre nos hemos visto muy comprometidos con este concepto. A pesar de que se nos suele identificar más con la disposición final de residuos, lo cierto es que siempre estamos buscando opciones para valorizar los residuos que recibimos antes de disponerlos. Sin embargo, las tecnologías de valorización tienen limitaciones y hay cierto tipo de residuos que, inevitablemente, se van a tener que confinar. En ese contexto, se necesitan empresas que hagan esa labor de manera adecuada y segura, con los tratamientos de neutralización y estabilización química que se requieren, a fin de no poner en riesgo al medio ambiente ni la salud de las personas. Y en eso Hidronor es un referente”, plantea.

OPORTUNIDADES REP Jorge Stagno asegura que la empresa tiene, además, un firme compromiso con la valorización y el reciclaje. A modo de ejemplo, comenta: “Hace muchos años que somos uno de los líderes en la producción de combustibles líquidos alternativos a partir de residuos líquidos con poder calorífico. También hemos explorado la posibilidad de desarrollar combustibles alternativos sólidos. Ya tenemos la tecnología para hacerlo, pero aún hay limitantes económicas para activar

esta línea de negocios”. Añade que Hidronor cuenta con una empresa llamada Greendot enfocada en la gestión, recuperación y reciclaje de plásticos, metales y otros materiales que puedan ser reprocesados y valorizados. Además, la compañía participa de la cadena de valorización de otros residuos que se entregan a gestores especializados en esa labor, como ocurre con las baterías de plomo-ácido. Con todo ello, Hidronor ya está haciendo un aporte relevante al manejo de productos prioritarios en la Ley REP, como los aceites lubricantes, los envases y embalajes, y las baterías. La empresa también ha evaluado opciones para valorizar neumáticos fuera de uso (NFU), el primer producto REP con metas de recuperación y reciclaje ya oficialmente definidas. “La publicación de este decreto elimina la incertidumbre en torno a la cantidad de residuos que se debe valorizar y reciclar, pero aún resta saber bien cómo se va a estructurar este mercado. Tenemos algunas dudas acerca de los roles de los distintos actores, y si existirán mecanismos que premien las opciones que están más arriba en la pirámide de gestión jerarquizada de los residuos”, advierte Stagno.

ECOTASAS Y LOGÍSTICA El ingeniero industrial señala asimismo

Hidronor produce combustible alternativo a partir de aceites lubricantes usados y otros residuos con poder calorífico.

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3 Centros para la gestión

integral de residuos industriales tiene Hidronor en Chile: uno en Antofagasta, otro en Pudahuel (Región Metropolitana) y el tercero en Florida (Región del Biobío). Este último también cuenta con un relleno sanitario para tratar residuos domiciliarios.

que el proceso de fijación de ecotasas para cada producto prioritario será muy determinante, pues el mercado chileno tiene características críticas (tamaño, distribución, distancia de mercados internacionales, entre otros) que deben ser consideradas. “Hay elementos que no requieren de un subsidio, como son el aceite o las baterías de plomo-ácido, que tienen un valor intrínseco asociado al producto final que se puede obtener a partir de su valorización. Pero hay otros elementos, como las pilas alcalinas o los neumáticos que requieren un subsidio mayor y, por lo tanto, deberán tener una ecotasa más alta y/o des-

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Nueva Constitución El debate en torno a la inclusión de los temas medioambientales en la nueva Constitución es otro tema que siguen con atención en Hidronor. Y sobre eso tienen una opinión clara: en la nueva Carta Magna el resguardo del medio ambiente debiera tener un lugar mucho más relevante que en la actual, donde solo se circunscribe al “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Jorge Stagno comenta: “La nueva Constitución abre la oportunidad de avanzar en todos los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, a fin de tener un desarrollo económico más sustentable. Estamos observando cómo sigue este proceso y nos interesa participar de alguna manera porque creemos que tenemos mucho que aportar, con toda la experiencia que tenemos como el actor más antiguo e importante en materia de remediación de pasivos ambientales, tratamiento, revalorización y disposición final de residuos. Estamos bien optimistas y tenemos altas expectativas en cuanto a que los temas ambientales tengan un lugar importante en la nueva Carta Magna”.

tinar recursos a una mayor educación del consumidor, de forma de reducir los costos de la logística de recolección y mejorar la calidad de los residuos como materia prima, a través de una mejor segregación en origen”, sostiene Stagno. A juicio del ejecutivo de Hidronor, la otra gran barrera para implementar la REP es la red logística para recuperar los residuos. “En ese sentido, los productos de consumo domiciliario cuya demanda está más atomizada van a tener una limitante mayor que los elementos de consumo más industrial, como los aceites, los neumáticos y las baterías, que tienen una logística de recolección más concentrada”, apunta. Por otra parte, plantea que el tipo de sistema de gestión que adopten los distintos productores también variará de acuerdo al producto: “Hay casos, como los aceites, en que al parecer convienen más los sistemas individuales, mientras que en otros será mejor tener sistemas colectivos”, afirma. Y enfatiza: “Hemos mirado los distintos productos prioritarios y los potenciales mercados para ver dónde se pueden generar las mejores oportunidades para que Hidronor participe y aporte a la implementación de la Ley REP y de la economía circular”.

Con esta planta, Hidronor captura el biogás en su relleno sanitario de la Región del Biobío, produce energía y evita la emisión de gases de efecto invernadero.

RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS Uno de los principales servicios que presta Hidronor es la gestión de residuos industriales peligrosos, materia que está normada en el Reglamento establecido en el Decreto Supremo 148/03 que está en su fase final de actualización por parte del Ministerio de Salud. ¿Qué expectativas tienen en la empresa respecto de esta regulación? Jorge Stagno responde: “Todo lo que apunte a elevar los estándares, en particular en el área de los residuos peligrosos, de forma tal de minimizar los riesgos para la población y el medio ambiente, es bienvenido. Chile ha avanzado mucho en este tema, pero aún queda cierto nivel de informalidad en el manejo que es necesario reducir. Entonces, un reglamento que ponga acento en estos temas y se adecúe al escenario actual es beneficioso para el país”. Otra área relacionada con los residuos peligrosos en la que Hidronor trabaja es la gestión de suelos contaminados, una materia que en nuestro país está muy poco regulada. “En el tipo de remediación de suelos que se hace en Chile, que básicamente corresponde a la extracción de tierra contaminada (producto del tipo de conta-

minantes, entre otros factores) para reemplazarla por suelo limpio, Hidronor es líder. Hemos participado en la limpieza de terrenos contaminados con metales pesados e hidrocarburos, asociados a grandes pasivos ambientales mineros e industriales”, detalla el ejecutivo. A partir de esa experiencia, hace un llamado a regular esta temática: “Sería importante contar con una norma de calidad de suelos, así como con una mayor definición respecto de la responsabilidad sobre los pasivos ambientales históricos, para efectos de darle mayor certeza a los agentes económicos. Es sano que este tema sea normado, porque de lo contrario, se van generando trajes a la medida de cada proyecto, con estudios de impacto ambiental que toman tiempo y están sujetos a mucha incertidumbre”. En esa misma línea, Stagno comenta que Hidronor también ha evaluado proyectos para tratar relaves mineros, que es otro desafío ambiental muy importante a nivel país. Y luego concluye: “En definitiva, seguimos explorando alternativas que sean viables desde el punto de vista económico para diversificar nuestros servicios y seguir generando valor en el manejo de los residuos, de manera tal de contribuir al cuidado del medio ambiente en Chile”.

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Aris Jeraldo, Jefe de Planta, y Williams Mauad, Gerente General de Crustanic, destacan la eficiencia del sistema para generar vapor implementado por Abastible.

Con el apoyo de un equipo experto de Abastible, la empresa Crustanic implementó una solución innovadora para generar vapor industrial eficiente y con bajas emisiones en la primera planta de economía circular del norte de Chile. EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

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onvicción para concretar un proceso productivo que no genere residuos, abriendo de ese modo nuevas líneas de negocios para la empresa. Ese fue uno de los principales motivos que impulsó a los ingenieros comerciales Williams Mauad y Sebastián Rubio a crear la primera planta de economía circular del norte de Chile. Se trata de Crustanic, empresa que procesa las cáscaras de camarones y langostinos para transformarlas en dos productos: quitosano, bioestimulante radicular que se aplica en el rubro agrícola, y salsa de camarones, que se utiliza en el sector gastronómico. Esta compañía, ubicada en la región de Coquimbo, tuvo sus orígenes en la procesadora de camarones Rymar que, luego de años de crecimiento, incrementó el volumen generado de cáscaras de este crustáceo y de langostinos, hasta alcanzar entre 5 y 10 toneladas. Entonces, surgió la idea de tratar estos “desechos” como materias primas y darles valor, siguiendo los principios de la economía circular (EC). “Decidimos invertir US$2 millones en la construcción de una planta destinada a procesar las cáscaras. Pero al hacerlo, también teníamos súper claro que necesitábamos contar con procesos energéticos alineados con la sostenibilidad”, explica Williams Mauad, Gerente General del grupo Rymar/ Crustanic. Y agrega: “Así llegamos a Abastible. Al recibir su propuesta nos dimos cuenta que ésta trascendía el suministro de gas licuado, ya que incluía una asesoría integral y personalizada puesto que consideraba el diseño e implementación en planta de un sistema innovador para la generación de vapor industrial”. La solución consistía “en una caldera eficiente provista de un quemador inteligente que regula la potencia de acuerdo a los requerimientos de vapor. Además, es capaz de controlar el exceso de aire según el oxígeno presente en los gases de escape, potenciando el control en la intensidad de calor y el ahorro de combustible”.

Especialistas de Abastible prestan asesoría para entregar soluciones sustentables.

EFICIENTE, LIMPIO Y ECONÓMICO Para Mauad, el gas licuado es una buena alternativa en términos de eficiencia energética. Asimismo, destaca que es más limpio, aporta a la transición energética del país y posee una sólida logística de suministro, junto con una extensa experiencia como industria. “Esto último incluye un sistema de almacenamiento probado, que favorece la generación de entornos laborales seguros y limpios”, comenta. Otro aspecto esencial, recalca el ejecutivo, es el bajo impacto ambiental que generan los procesos industriales alimentados por este tipo de combustible: “El gas tiene una emisión de carbono muy baja frente a otros energéticos”. Resalta, también, la posibilidad de desarrollar, en conjunto con un equipo de expertos, “estándares de eficiencia a través de la innovación y tecnología de punta, prioridades que forman parte de todas las propuestas energéticas de Abastible”. Adicionalmente, Mauad destaca que el costo del gas licuado en comparación con el petróleo es entre un 10% y 15% más económico, ya sea considerando su poder calorífico o valor por litro.

SOCIO ESTRATÉGICO Para el equipo de Crustanic, Abastible ha sido un verdadero socio estratégico en la implementación de su proyecto pionero. “Es una empresa que está a tu lado, apoyando en la búsqueda de soluciones de desempeño energético que permitan mejorar los productos y optimizar los procesos, para hacerlos más competitivos, seguros y con emisiones decre-

Con las cáscaras de camarones y langostinos, Crustanic produce quitosano y salsa, en un proceso de bajas emisiones.

cientes”, afirma Williams Mauad. Respecto al futuro anuncia que, gracias a la capacidad de sus instalaciones, planean aumentar la diversidad de productos que generan a partir de la cáscara de camarón y así alcanzar nuevos mercados: “Queremos seguir potenciando el concepto de economía circular, desarrollando más productos sobre la base del camarón, langostinos y otras especies marinas cuyos desechos suelen terminar en vertederos. Tenemos la confianza e infraestructura para poder crecer mucho más”, enfatiza.

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En ANIR sostienen que la Ley REP no define bien esta figura, lo cual genera dudas sobre quién debe hacerse cargo de gestionar los residuos de productos prioritarios.

on la implementación de la Ley de Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley 20.920) se concretó un importante avance en materia medioambiental. Este hito, empero, impone una serie de desafíos frente a los nuevos escenarios que se deben resolver si se quiere que la normativa tenga un efecto real. Uno de ellos dice relación con que se reconoce que existen distintos consumidores de los

productos prioritarios (PP), los cuales se transforman en residuos de PP luego de su uso. En la regulación se quiso diferenciar al consumidor industrial de otros, al darle la posibilidad de elegir si valoriza el residuo de PP por sí mismo, a través de gestores autorizados y registrados, o por medio de un sistema de gestión. Pero ¿quiénes son los consumidores industriales? En la Ley REP se considera como tales a los establecimientos industriales que generen

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residuos de PP de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Ésta sostiene que, junto con los espacios dedicados al bodegaje, los residuos deben clasificarse en peligrosos, insalubres, molestos e inofensivos, para obtener la respectiva patente por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi Salud). Al respecto, Alejandro Navech, Gerente General de la Asociación Nacional de la Industria

RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 33

del Reciclaje (ANIR) –que agrupa a 40 empresas del rubro en diferentes áreas– plantea una serie de dudas. Se pregunta: “¿Todos los que tengan su respectiva patente y sean calificados por la Seremi Salud son consumidores industriales? ¿O deberá la OGUC definir un consumidor industrial para efectos de la Ley 20.920?”. Agrega que “pocos visualizaron que la OGUC debería actualizarse para delimitar qué entes jurídicos califican como consumidor industrial y cuáles no, para definir si pueden elegir valorizar por sí mismos los residuos de PP o a través de gestores autorizados y registrados. O si, necesariamente, estarán obligados a entregar, en forma totalmente gratuita, los residuos de PP que generan a un sistema de gestión”.

USO DE LOS PP En ANIR señalan que para esta medida funcione correctamente, es fundamental que el consumidor industrial sea una persona jurídica que entregue bienes o servicios y que use los PP en su propio activo o contratado. Para graficar la relevancia de la problemática, en el cuadro adjunto se compara lo que ocurre con una flota de camiones o buses versus los centros de recambio automotriz o vulcanización.

Uso de PP y calificación de consumidor industrial Ejemplos Tipo

Ente Jurídico

Usa PP infraestructura propia y/o contratada

Genera Para producir residuo PP bienes y/u ofrecer servicios

Calificación Consumidor Industrial

Flota camiones

Sí

Camiones

Transporte carga

Sí

Flota buses

Sí

Buses

Transporte pasajeros

Sí

Vulcanización Sí

Usa cliente en su activo

Cambio residuo PP

Sí, porque se queda con el residuo

Centros de recambio

Usa cliente en su activo

Cambio residuo PP

Sí, porque se queda con el residuo

Sí

Los primeros usan los PP para entregar el servicio de carga o traslado de pasajeros, por lo cual generan residuos de PP como neumáticos, baterías y aceite lubricante, mientras que los centros de servicio automotriz (vulcanizaciones) se trasforman en generadores al aceptar el residuo de PP de los usuarios que buscan el recambio. La diferencia es que los segundos no usan el PP en su propio activo o contratado, sino son otros usuarios que lo consumen, por lo que no deberían considerarse como consumidores industriales.

“Para identificar a un consumidor industrial la clave es determinar si usa el producto prioritario y dónde lo hace. Esto es fundamental para elevar la baja formalidad en la entrega de residuos por parte de los centros de recambio. Se requieren mayores medidas de resguardo para lograr que los PP sean tratados por gestores autorizados, lo que se consigue incorporando a los sistemas de gestión”, aclara Alejando Navech. De ahí la importancia del llamado que hace ANIR a no permitir el uso de la figura de consumidor industrial en este segmento.

APUNTES RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Decreto REP de aceites lubricantes El 19 de enero pasado finalizó la consulta ciudadana del anteproyecto para la gestión de los aceites lubricantes, en el marco de la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Las observaciones recogidas están siendo analizadas por el Ministerio del Medio Ambiente para desarrollar el proyecto definitivo. En principio, la propuesta exige reciclar el 50% de los productos de este tipo ingresados al país durante el primer año de implementación, hasta llegar a un 90% al décimo año. Además, los productores de aceites lubricantes deberán incorporar una etiqueta en sus envases que indique cómo manejar estos residuos. Esto, en un plazo de tres años luego de publicado este decreto que apunta a reducir y gestionar adecuadamente las 125.000 toneladas de aceites lubricantes usados que se generan anualmente en Chile.

Mil envases certificados con sello #ElijoReciclar Hasta fines de enero, mil envases de productos de consumo masivo ya habían sido certificados por entidades acreditadas e independientes para usar el sello #ElijoReciclar, la primera ecoetiqueta masiva de Chile que entrega información sobre la reciclabilidad de envases y embalajes de uso cotidiano. El 85% de los envases acreditados pertenece a la industria de alimentos y bebidas. A su vez, el 61% contiene plástico como material principal. Para que un producto obtenga el distintivo se debe comprobar que al menos el 80% del envase está hecho de materiales reciclables, que éstos se pueden separar correctamente y que existe demanda efectiva de la industria chilena del reciclaje. El desarrollo del sello #ElijoReciclar se enmarca en el Acuerdo de Producción Limpia de Ecoetiquetado, iniciativa público-privada liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, SOFOFA, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la Asociación de Consumo Sustentable Circular y SERNAC, a la que han adherido 37 empresas.

6 Cargos levantó la Superintendencia del Medio Ambiente

a la Municipalidad de Gorbea por incumplimientos en el plan de cierre del vertedero ubicado en esa comuna. Entre las infracciones destacan la operación más allá de la vida útil aprobada ambientalmente, la carencia de obras para el manejo de escorrentías y la falta de control de lixiviados.

Coalición latinoamericana de economía circular A inicios de febrero, los Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe pusieron en marcha la Coalición de Economía Circular, con miras a impulsar la transición hacia un sistema económico sostenible como parte de la recuperación post pandemia Covid-19. El anuncio se realizó en el XII Foro de dichas autoridades gubernamentales, y es parte de ocho acuerdos que se presentarán en la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entre éstos también destaca la decisión de trabajar en torno a una hoja de ruta para el cierre progresivo de los basurales en la región, así como la adopción de un plan de acción de cooperación regional para la gestión de productos químicos y desechos para el período 2021-2024. EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

Salvadori obtuvo patente para tijera de neumáticos OTR La empresa italiana Salvadori obtuvo la patente en Estados Unidos para su tijera MT-Rex, el primer sistema totalmente automatizado capaz de reducir neumáticos fuera de uso de un diámetro entre 45’’ y 63’’, facilitando su reciclaje y valorización. El sistema incluye un mecanismo de corte que troza con eficiencia los neumáticos OTR, vale decir, aquellos fabricados para operar en terrenos anormales y severos, comúnmente fuera de carretera. Salvadori MT-REX suministra un flujo continuo de trozos de neumáticos limpios y de tamaño estandarizado. Con un proceso que ocupa menos de una hora para una llanta de 63”, puede reducir más de 7.000 unidades por año y generar en el mismo lapso más de 35.000 toneladas de piezas limpias y cortadas para alimentar una línea de trituración tradicional. El inventor de MT-Rex, Samuel Salvadori, comentó: “En el pasado, había soluciones muy complejas que intentaban abordar la necesidad de reducir los enormes neumáticos de minería. Mi objetivo fue reunir muchos componentes en una sola máquina y hacer que el proceso fuera simple y seguro”. Por su parte, Andrea Pitto, Gerente de Ventas de la empresa, destacó: “Todas las soluciones Salvadori se enfocan en los sistemas de valorización de residuos para mejorar el negocio y los resultados de nuestros clientes. Una operación minera puede convertir una responsabilidad ecológica de alto riesgo en un recurso valioso, al mismo tiempo que impulsa la sostenibilidad y tiene un papel importante en la economía circular”.

APUNTES RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 35

Más de 3.700 vertederos ilegales existen en Chile Un total de 1.444,08 hectáreas –equivalentes al área que ocupa Providencia– es el territorio que ocupan los 3.735 vertederos ilegales registrados en Chile, según los datos aportados por el Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal de Residuos. El estudio fue realizado por el profesor de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica (UC), Felipe Ossio, y el egresado de la misma unidad académica, Javier Faúndez, a partir de una investigación sobre economía circular en la industria de la construcción. Los antecedentes se obtuvieron de las respuestas entregadas por 317 de los 345 municipios existentes en Chile, todos los cuales fueron consultados por los investigadores que esperan contribuir con esta información a erradicar los vertederos ilegales.

Reciclo Orgánicos espera reducir 7 millones de ton de CO2 El Programa Reciclo Orgánicos, impulsado por la cooperación ambiental entre los gobiernos de Chile y Canadá, pretende evitar la emisión de unos 7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en 20 años. Para eso está fomentando la implementación de plantas de compostaje, digestores anaeróbicos o la captura de gas desde los rellenos sanitarios en diferentes comunas del país. Así lo afirmó el Coordinador de la iniciativa, Gerardo Canales, quien destacó, además: “El Programa está apoyando al Ministerio de Medio Ambiente a estimar el impacto de la implementación de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) que contempla reciclar el 30% de los residuos orgánicos al 2030. Si lo logramos, se reducirán 4,5 millones de toneladas de CO2e adicionales entre 2025 y 2030”. Según el catastro 2017 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el 58% de los residuos municipales generados en Chile corresponde a materia orgánica, cuya descomposición libera gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. La valorización de esos residuos en el país no alcanza el 1%.

36 ENERGÍA

Y VIO LA LUZ Ya promulgada la Ley de Eficiencia Energética, se espera que su implementación logre un ahorro a nivel país de US$15.200 millones y evite la emisión de 28,6 millones toneladas de CO2 al año 2030.

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ENERGÍA 37

PLAN NACIONAL DE EE Para lograr sus objetivos, el nuevo cuerpo legal abarca los tres sectores que representan prácticamente todo el consumo energético a nivel país: transporte (36%), industria y minería (38%) y residencial, público y comercial (22%). Y plantea una serie de medidas, divididas en ocho ámbitos. Uno de ellos es la institucionalización de la EE. Con esta finalidad el Ministerio de Energía elaborará un Plan Nacional de Eficiencia Energética, que se renovará cada cinco años. La primera edición de este instrumento establecerá una meta de reducción de intensidad energética de al menos un 10% a 2030, respecto al año 2019. Además, deberá contemplar una meta para los denominados Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía, consistente en la reducción promedio de su intensidad ener-

gética de al menos un 4%, en el período de vigencia del plan. Francisco Martínez, Jefe de la Unidad de Apoyo Regulatorio de la División de Energías Sostenibles del Ministerio del ramo, sostiene que “las metas podrán diferenciarse según sector, por ejemplo, considerando aquellos que son más intensivos en consumo de energía u otras variables que determine la cartera”. De igual modo, el plan tendrá que incluir contenidos mínimos: eficiencia energética residencial; estándares mínimos y etiquetado de artefactos; EE en la edificación y el transporte; EE y ciudades inteligentes; EE en los sectores productivos, y educación y capacitación en EE. Asimismo, deberá establecer metas de corto, mediano y largo plazo, así como los planes,

Gentileza Codelco

ara que Chile cumpla la meta de ser carbono neutral a mediados de siglo, es clave concretar acciones contundentes en el sector energía, ya que éste es el responsable del 78% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas a nivel nacional. Pues bien, el pasado 8 de febrero se selló un paso bien importante en esa dirección: el Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Eficiencia Energética (EE) que había sido aprobada por el Congreso un mes antes. De esta manera, se dio paso a la implementación de este marco regulatorio que promueve el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, para contribuir a mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas, así como a reducir las emisiones contaminantes. De aplicarse adecuadamente sus medidas y lineamientos, al año 2030 nuestro país lograría una reducción de intensidad energética del 10%, un ahorro acumulado de US$15.200 millones y una reducción de 28,6 millones toneladas de dióxido de carbono (CO2). “Esto equivale a evitar el recorrido anual de 15,8 millones de vehículos livianos o a la absorción anual de 1,8 millones de hectáreas de bosque nativo”, afirma el Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet. Respecto al logro de los compromisos climáticos de Chile, el secretario de Estado comenta que “es la eficiencia energética lo que contribuirá más significativamente a alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, representando más del 35% de las reducciones de gases de efecto invernadero”.

La molienda y flotación de minerales son procesos energointensivos. programas y acciones necesarios para alcanzar esos objetivos. Adicionalmente, Martínez precisa que para el desarrollo del plan nacional se requerirá una coordinación interministerial y del sector público en general: “Seis meses antes de que se dicte cada plan, todos los ministerios que cuenten con normativa asociada a la eficiencia energética –por ejemplo, aquellos con competencia en materia de rendimiento vehicular o de edificación– emitirán un informe sobre propuestas de actualización de esa normativa”. El primer plan deberá enviarse al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 12 meses después de que se publique la ley.

GRANDES CONSUMIDORES Otra área que regula la nueva legislación es la gestión energética de los grandes consumidores, los que representan más de un tercio de la energía consumida en el país. Esto implica que las compañías tendrán la obligación

38 ENERGÍA

de reportar sus consumos de energía y el nivel de intensidad energética, información con que el Ministerio cada año elaborará un reporte público. Al respecto, Francisco Martínez explica que el Ministerio anualmente publicará una resolución que determinará cuáles son las instalaciones categorizadas como Clientes con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE), es decir aquellos que cumplen con el requisito de consumir más de 50 Tcal/año. Así, cada CCGE deberá implementar un sistema de gestión de la energía (SGE), instrumento que incluirá contenidos mínimos: política energética de la empresa, objetivos, metas, planes de acción e indicadores de desempeño energético, medición y verificación. “Una vez que salga la resolución con el listado, las compañías contarán con 12 meses para implementar el SGE. No obstante, para la primera que elaboremos, las empresas que estén entre 50 y 100 Tcal/año tendrán 12 meses adicionales de plazo”, detalla Martínez. Según la ley, el SGE debe abarcar el 80% del consumo energético total de una instalación. Asimismo, cada tres años se realizarán auditorías para comprobar su funcionamiento. Por otra parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) estará a cargo de la fiscalización y sanción de los SGE.

INFORMACIÓN SOBRE VIVIENDAS Según el Balance Nacional de Energía, elaborado por la cartera respectiva, las viviendas representan casi un 15% del consumo total de este recurso en el país, y parte importante lo destinan a calefacción. Sobre ese escenario y como tercer gran eje de acción, la Ley de EE establece que las edificaciones deberán contar con una Calificación Energética (Etiquetado), para obtener la recepción final o definitiva. Esta medida aplica tanto a viviendas, como también a edificios de uso público, comercial y de oficinas, y tiene como finalidad proveer a las personas de mejor información al momento de arrendar o comprar un inmueble. Para ello, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones define estándares mínimos de eficiencia energética, en términos de aislación térmica. “La Calificación Energética informa sobre la EE de un edificio, pero no exige el cumplimiento de un estándar mínimo. Es decir, se trata de información útil al usuario -persona, empresa, etc.-, para que al momento tomar una decisión de compra considere este resultado como una variable más, junto con

otras tales como el precio”, comenta Martínez. De igual forma, la ley establece la creación de un Registro Nacional de Evaluadores Energéticos, quienes serán los encargados técnicos de ejecutar las calificaciones energéticas. Según el ingeniero, la legislación también aplicará para la venta de propiedades “en blanco”. En ese caso, deberán obtener una precalificación energética y, una vez que el proyecto esté construido, tendrán que lograr el etiquetado de Calificación.

EFICIENCIA EN MOVIMIENTO El sector transporte es también un ámbito prioritario en la nueva regulación. En ese sentido, promueve la renovación del parque vehicular con unidades más eficientes, enfatizando en aquellos de propulsión eléctrica. De esta manera, la ley mandata la fijación de estándares de EE para el ingreso de vehículos nuevos (livianos, medianos y pesados). Los responsables de su cumplimiento son los importadores y representantes de cada marca de vehículos comercializados en Chile. La medición de eficiencia se calculará en kilómetros por litros de gasolina equivalente.

140 Edificios públicos han sido

intervenidos en Chile con medidas de EE y proyectos de energías renovables, lográndose ahorros estimados en 54 GWh anuales.

Artefactos domésticos representan el 80% del consumo residencial en Chile, señalan cifras del Ministerio de Energía.

Además, su equivalencia se informará en gramos de CO2 por kilómetro, de acuerdo a la homologación o certificación de vehículos. “Lo que se quiere implementar es un estándar para el parque completo. Por lo tanto, no es que ya no sea posible comercializar un vehículo que esté por debajo de la exigencia, sino que para hacerlo, importadores y representantes de cada marca tendrán que compensar esas ventas con vehículos más eficientes, de manera que en términos promedio su parque cumpla con el estándar requerido”, explica Francisco Martínez. Para lograr este requisito, agrega el ingeniero, la Ley de EE considera un incentivo adicional a los vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de cero emisiones, en términos de que importadores y representantes de marcas podrán contarlos hasta por tres veces, para alcanzar el cumplimiento del estándar.

HIDRÓGENO E INTEROPERABILIDAD Adicionalmente, la Ley de Eficiencia Energética define líneas de acción en otras cuatro áreas: — Interoperabilidad para vehículos eléctricos: Se da facultades al Ministerio de Energía para normar la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos. Esto, con la finalidad de facilitar el acceso y conexión de vehículos eléctricos a la red de carga, permitiendo un desarrollo armónico que asegure el libre acceso a los cargadores públicos. — Depreciación acelerada para vehículos eléctricos: Se faculta al Servicio de Impuestos Internos para establecer que vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables y cero emisiones de empresas puedan tener depreciación acelerada por un periodo de diez años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley (3 años vida útil normal y 1 año acelerada). — Normativa para el hidrógeno: Se declara al hidrógeno, expresamente, como combustible y se entrega atribuciones del Ministerio de Energía para normarlo y darle tratamiento de recurso energético. — Gestión de energía en el sector público:

La nueva ley promueve el uso de los vehículos eléctricos.

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La nueva Ley de Eficiencia Energética establecerá obligaciones a los organismos del Estado para el buen uso de la energía.

40 CAMBIO CLIMÁTICO

GEI A LA BAJA La emisión de gases de efecto invernadero se ha ido desacelerando en Chile por la irrupción de las energías limpias. Industriales plantean propuestas para mantener esta tendencia en el periodo de recuperación económica.

a pandemia por Covid-19 no solo ha traído malas noticias. Una de las buenas ha sido la reducción global en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que en 2020 fue en torno a un 7%. Esto, debido al confinamiento masivo que enfrentó gran parte de la población mundial por largos meses. El impacto positivo, empero, está lejos de ser suficiente. De ahí que la comunidad científica, la ONU y organizaciones civiles, principalmente, hagan constantes y urgentes llamados para que los países ejecuten medidas y acciones concretas para cumplir el Acuerdo de París y el planeta no aumente su temperatura al final del siglo XXI más allá de 2 °C respecto

a los niveles preindustriales. ¿Qué aporte está haciendo nuestro país? El año comenzó con una buena nueva: el Cuarto Informe Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio Climático, presentado ante la Convención Marco sobre el tema, reveló una desaceleración de las emisiones de GEI entre 2017 y 2018, periodo en que solo aumentaron en torno a un 2%. Como referencias, entre 1990 y 2000 subieron de 33.631 a 51.746 las kilotoneladas (kt) de carbono equivalente. En 2013, el incremento fue de 79.901 kt y en 2016 de 86.191 kt, sin embargo, entre el 2016 y 2017 no se elevaron más de 1.000 kt, mientras que del 2017 al 2018 el aumento fue inferior a las 100 kilotoneladas.

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Ese halagüeño panorama registrado desde el 2016 se debe a la ralentización importante de las emisiones de GEI en el sector energía. La razón es muy clara: la participación cada vez mayor en la matriz energética de las energías renovables no convencionales (ERNC), sobre todo de los recursos solar y eólico. Además, ha ayudado el menor uso del carbón para generación eléctrica y la creciente penetración del transporte eléctrico. De acuerdo al último inventario, el rubro energético contribuye con el 31% de los GEI, seguido por el transporte terrestre (21%), minería (7%), sector comercial, público y residencial (7%), y residuos (6%). Desde el Ministerio del Medio Ambiente

CAMBIO CLIMÁTICO 41

42 CAMBIO CLIMÁTICO

La electromovilidad es un gran aporte a la reducción de GEI.

les la necesidad de “erradicar el mito de que el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico son opuestos. Todo lo contrario. Sabemos que el riesgo climático es un riesgo de inversión. Pero también creemos que la transición climática presenta una oportunidad de inversión histórica”. También destacó la importancia de acelerar la cooperación entre los sectores público y privado para lograr una economía de cero emisiones al 2050. “El sector privado no es el problema del cambio climático, sino que es parte de la gran solución a este flagelo”, sostuvo. En el mismo sentido, comentó que “la Alianza de Ambición Climática, con sus campañas Race To Zero y Breakthroughs de 27 sectores, entiende que solo trabajando en conjunto con el sector privado podemos fomentar la ambición para abordar la acción climática al nivel y la urgencia que necesitamos”.

PROPUESTA INDUSTRIAL

La penetración de las energías limpias sigue al alza en Chile. aclaran que el sector forestal también emite (considerando cosechas, combustión, incendios y otras fuentes), pero las capturas netas son mayores gracias, sobre todo, a los bosques nativos y plantaciones. No obstante, los grandes incendios forestales de 2017 tuvieron un efecto relevante en el último balance bienal. La Ministra del ramo, Carolina Schmidt, confía en que el reporte del periodo 20192020, que se entregará el próximo año, será más positivo por un impacto mayor de la electromovilidad y una aceleración del cambio a las energías limpias y en la gestión de residuos gracias a la aplicación de la Ley REP y la economía circular.

CRECIMIENTO VS. EMISIONES A juicio de la autoridad ambiental, el informe bienal muestra cómo la acción climática decidida no se opone al crecimiento económico, produciéndose un desacople entre ambos. De hecho, en Davos 2021, el encuentro anual del Foro Económico Mundial, Schmidt subrayó en una de sus intervenciones virtua-

La reforestación y el adecuado manejo forestal también contribuyen.

2020

Fue uno de los años más calurosos y secos en Chile desde que hay registros debido al cambio climático, según análisis de la Dirección Meteorológica de Chile. Por ejemplo, la temperatura máxima promedio del país llegó a 20,2 °C, la segunda mayor histórica.

Iniciativa impulsan los Ministros de Medio Ambiente de Chile y de Argentina para intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento climático, abierto a todos los países de América Latina y El Caribe.

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En línea con lo anterior, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) presentó en enero el documento “Recuperación Resiliente y Sustentable”, que detalla una serie de desafíos comunes para las empresas en temas como cambio climático. A continuación detallamos las propuestas del gremio: • Definir los reglamentos en colaboración con el sector privado y potenciar los sistemas de monitoreo, reporte y verificación para acreditar el cumplimiento de las normas que establezcan límites a la emisión de gases de efecto invernadero y/o contaminantes climáticos de vida corta mediante certificados de reducción, absorción o excedentes de GEI. Esto, tomando como base el enfoque centrado en el control de las emisiones de material particulado fino para el desarrollo de planes de descontaminación atmosférica seguido por el país en la última década. • Proveer condiciones habilitantes a través de la regulación para el cumplimiento de los compromisos de reforestación, internalizando, por ejemplo, el valor de la mitigación climática dentro del análisis de los pequeños y medianos propietarios de bosques, plantaciones y terrenos, y promover incentivos para el manejo forestal. • Participar en la definición de los presupuestos sectoriales de gases de efecto invernadero para acceder y contribuir a generar la información adecuada acerca de la factibilidad de su cumplimiento y los

PUNTOS DE VISTA 43

costos asociados de las acciones y medidas que se están considerando. • Posicionar al país como un exportador de acciones de mitigación en el mercado global de emisiones estableciendo lineamientos para desarrollar una estrategia acorde y planes de implementación. • Participar activamente en la Agenda de Transición Justa para potenciar la reconversión o reubicación de trabajadores de aquellas industrias que cerrarán o reconvertirán sus actividades producto de la descarbonización de la economía. • Apoyar al sector construcción en la elaboración de nuevos reglamentos de eficiencia en edificios y electrificación de viviendas, estructurando presupuestos de emisiones sectoriales y estándares voluntarios. • Crear un centro de excelencia para el monitoreo de contaminantes atmosféricos y evaluar el establecimiento de alianzas con centros de investigación relativos a cambio climático y contaminantes atmosféricos existentes en el país. • Impulsar el fortalecimiento de los sistemas de compensación de emisiones atmosféricas a lo largo del país, tanto para contaminantes de impacto local como global. Esto, a través de programas de reconversión gratuita de calefacción a leña por sistema eléctricos de alta eficiencia y otros programas de compensación de emisiones como iniciativas de sustitución de petróleo diésel en los sectores de transporte e industria, con especial foco en comunas con alta contaminación como Coyhaique. • Impulsar el levantamiento y fomento de medidas de protección de la biodiversidad y exploración y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, en especial para el sector agroalimenticio. • Apoyar la publicación, difusión y actualización de los mapas de riesgos de cambio climático que están en proceso de elaboración. • Colaborar en la definición del plan sectorial de adaptación para borde costero, asegurando la correcta inclusión de esta problemática. • Impulsar iniciativas público- privadas que tengan por objetivo trabajar la planificación urbana en materia de adaptación al cambio climático.

Por Arturo Brandt Master en Derecho Ambiental Vermont Law School

Corte Suprema y cambio climático

a Corte Suprema, en fallo de fecha 13 de enero, se pronunció sobre un recurso de casación en el fondo presentado por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca (AIASIQ) y ordenó al Comité de Ministros considerar las observaciones planteadas por la comunidad indígena de cara al proyecto de continuidad operacional de la Compañía Minera Cerro Colorado, ubicada en la Región de Tarapacá. Dichas observaciones, planteadas por AIASIQ, tienen relación con la explotación del recurso hídrico (agotamiento de napas subterráneas) en el área de influencia del proyecto y que afectaría a la comunidad. A juicio de la Corte, es el titular del proyecto el principal interesado en una adecuada y completa evaluación ambiental, que le permita hacerse cargo de todos los impactos relacionados con la actividad económica que pretende desarrollar y que reconocidamente produce efectos perniciosos en el medio ambiente. La Corte llega aún más allá, no solo obligando al titular del proyecto a una completa evaluación de los efectos medioambientales del proyecto, sino que también obliga a la autoridad administrativa ambiental, el Comité de Ministros en este caso, a tener en consideración todas las variables sobre el comportamiento a futuro de los recursos naturales (el hídrico en el caso que nos ocupa). El Ministro Sergio Muñoz, agregó, en un voto de prevención, y estuvo por consignar de manera expresa que la nueva evaluación que debería desarrollar el titular del proyecto necesita considerar como una de las variables, los efectos y la adaptación al cambio climático por tratarse de un fenómeno expresamente recogido por el ordenamiento interno, que ha sido objeto del Acuerdo de París, ratificado por Chile y que se encuentra vigente, por aplicación del artículo 5to de la Carta Fundamental. No es primera vez que la Corte Suprema se pronuncia en el sentido de obligar/requerir tanto a los titulares de proyectos, como a las autoridades administrativas que conocen y los evalúan, en el sentido de compelerlos a una completa evaluación de los impactos ambientales y las medidas de mitigación que correspondan. Lo nuevo y destacable, pero no por eso difícil de implementar es la prevención del Juez Muñoz, el que apoyándose en el hecho de que Chile haya firmado y ratificado el Acuerdo de París, requiere especialmente, la consideración de los efectos del cambio climático en el área de influencia de un proyecto. El problema se encuentra en el hecho de poder determinar dónde comienzan y terminan los efectos del cambio climático, así como qué es lo que comprende. Pero lo más difícil es poder determinar con algún grado de precisión cuáles son los efectos futuros del cambio climático. Si bien es cierto la ciencia ha avanzado mucho en las proyecciones sobre sus efectos, no se han desarrollado aún metodologías que nos den certeza sobre qué sucederá. Los estudios de impacto ambiental realizan proyecciones hacia el futuro basados en data del pasado, lo que hasta hace algunos años estaba muy bien. Sin embargo, lo complicado en este caso, precisamente es cómo podemos efectuar predicciones en materia de cambio climático, en ausencia de datos certeros.

44 CAMBIO CLIMÁTICO

EL RÍO ATMOSFÉRICO El reciente fenómeno experimentado en la RM plantea un nuevo desafío asociado al cambio climático para la producción de agua potable.

uarenta milímetros de lluvia caída en Santiago en un solo día y 90 milímetros a la altura del Embalse El Yeso dejó el fenómeno meteorológico denominado “río atmosférico”, que se vivió en la zona central del país durante los primeros

días de febrero. Las cifras marcan un récord histórico para la Región Metropolitana (RM), donde el promedio, desde que existe registro, es menos de 1 milímetro de lluvia en todo el mes. La consecuencia de este severo frente de

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mal tiempo en las condiciones de los ríos no solo salta a la vista, sino que también en las estadísticas: más de 61.000 unidades netas de turbiedad (UNT) fue el peak que alcanzó la concentración de lodo en el río Maipo, mientras que para el río Mapocho llegó a los

CAMBIO CLIMÁTICO 45

153.000 UNT, una cantidad que no se había registrado nunca antes. A modo de referencia, una planta de producción de agua potable puede afrontar el sedimento que arrastran los ríos recurriendo a piscinas decantadoras, pero el máximo que resisten es 4.000 UNT. Vale decir, la turbiedad en el río Maipo superó en 15 veces la capacidad máxima de las plantas; mientras que en el río Mapocho fue 38 veces superior. También resulta algo inusual que se haya producido una emergencia de estas caracterís-

ticas de forma simultánea en las cuencas de ambos ríos y en la ciudad a la vez. Esta combinación tiene una probabilidad del 20%, según los antecedentes históricos. La extensión temporal de estos altos niveles de turbiedad también da cuenta de lo excepcional que fue la situación generada por el río atmosférico. De acuerdo con la información histórica, la probabilidad de que en el río Maipo se registre un evento que tenga un peak de 61.000 UNT y su impacto impida la producción en las plantas por más de 62 horas es de 10%. Y en el caso del río Mapocho, la probabilidad de que la turbiedad llegue a las 153.000 UNT y su efecto se prolongue más de 70 horas es de apenas 1%.

MÁS OBRAS DE ADAPTACIÓN

Los mega estanques de Aguas Andinas evitaron cortes de suministro ante la turbiedad extrema de los ríos.

Estos fenómenos tan extraordinarios, asociados al cambio climático, plantean un nuevo desafío para la producción de agua potable y exigen que se siga trabajando en planes de adaptación. Más aún cuando los especialistas indican que es probable que este tipo de fenómenos meteorológicos se presenten con mayor frecuencia en el futuro. Desde Aguas Andinas, empresa sanitaria que tiene a cargo esta tarea en la mayor parte de la Región Metropolitana, señalan que, considerando las cifras señaladas, su infraestructura de reserva está hoy ya preparada para enfrentar más del 90% de los posibles incidentes sin recurrir a suspensiones de servicio. Sin embargo, la empresa es consciente de que es necesario ir más allá, por lo cual tiene en carpeta proyectos para alcanzar las 48 horas de autonomía en la producción y abastecimiento de agua potable. Vale decir, 14 horas más de las que aseguran los mega estanques de almacenamiento que inauguró en Pirque, a comienzos de noviembre pasado. Entre esos proyectos se encuentran los 15 pozos de extracción subterránea de más de 300 metros de profundidad, que dan respaldo al sistema Cerro Negro-Lo Mena, hoy en construcción, y que reforzarán el suministro para más de 400 mil personas de Puente Alto, La Pintana, El Bosque y San Bernardo. Estas obras permitirán llegar a 37 horas de autonomía, y se estima que estarán listas a fines de 2022. A eso se suma la construcción de la conducción El Manzano-Pirque, nuevo punto de captación en el río Maipo que estará 5,7 kilómetros más arriba que la actual toma independiente. Con una inversión de $31.000 millones, esta obra permitirá alcanzar las 48 horas de autonomía, y se espera que esté lista a fines de 2024.

46 CALIDAD DEL AIRE

¿CÓMO MEDIR EL NO2? Destacamos diversas tecnologías de medición de dióxido de nitrógeno: desde la tradicional quimiluminiscencia hasta el prometedor método CAPS.

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CALIDAD DEL AIRE 47

s un contaminante en sí mismo y un precursor de otros cuantos. Por eso es lógico temerle al dióxido de nitrógeno (NO2), un gas más denso que el aire que se distingue por su color marrón rojizo y olor acre. Una sola prueba de su alto impacto: una investigación realizada con niños en Barcelona (España) demostró que los menores, en los días que estuvieron expuestos a mayores niveles de NO2, exhibieron un retraso equivalente a más de un mes en la velocidad de respuestas en las clases. O sea, se afectó seriamente su capacidad de atención en el corto plazo. De ahí la importancia de medir su concentración en las ciudades, principalmente por su elevada generación a causa de la quema de combustibles fósiles en vehículos y en algunas industrias. Tal necesidad ha impulsado un constante desarrollo tecnológico para crear sistemas que optimicen el registro de este contaminante. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, ideó recientemente un pequeño nanosensor óptico que puede detectar bajas concentraciones de dióxido de nitrógeno con mucha precisión, hasta el nivel de partes por billón. La técnica de medición se basa en un fenómeno óptico que se llama plasmón. Surge cuando las nanopartículas metálicas se iluminan y absorben la luz de ciertas longitudes de onda.

MÉTODO CAPS En los últimos años, en Chile y en el mundo, ha ido creciendo el interés para medir directamente el NO2 mediante el método CAPS (Cavity Attenuated Phase Shift). Así lo señala el “Estudio de Antecedentes para la Revisión de la Norma de NO2”, realizado por o2b Consultores por encargo del Ministerio del Medio Ambiente para la generación de antecedentes requeridos para actualizar esta norma primaria de calidad de aire que rige desde 2002 en nuestro país.

En las últimas décadas se ha acelerado el desarrollo tecnológico para crear sistemas que optimicen el registro de NO2.

Ahí se indica que esta opción surge como alternativa a la tradicional quimiluminiscencia, que determina el NO2 en forma indirecta mediante la diferencia entre NO y NOx. Sobre su conveniencia, destaca que “tiene un costo mayor, pero permite límites de detección menores, junto con mejor resolución y precisión”. Agrega que USEPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) y CEE (Comunidad Europea) han aprobado esta técnica

48 CALIDAD DEL AIRE

tos. No se recomienda su uso actualmente”, asegura el informe de o2b. Por el contrario, la quimiluminiscencia es una opción aún muy demandada. En el estudio se entregan detalles: “Los monitores que utilizan este método miden las concentraciones de NO2 en forma indirecta mediante la diferencia entre las concentraciones de NOx (que corresponde a NO + NO2) y NO, las cuales son determinadas por separado o en dos ciclos. En el ciclo de determinación de NOX la muestra de aire pasa por un horno a 400 °C que reduce el NO2 a NO, luego al entrar a la cámara de reacción en presencia de O3 se obtiene una señal de voltaje que es proporcional a la concentración de NOx. En el ciclo de NO la muestra de aire pasa directo a la cámara de reacción, que en presencia de O3 entrega una señal de voltaje proporcional a la concentración de NO. Finalmente, la concentración de NO2 se determina por la diferencia entre las dos señales. Resalta por aportar datos continuos en tiempo real, con promedios de minutos y horas. Se usa como método de referencia y las lecturas se comparan directamente con los objetivos y límites de calidad. Está incluida en la mayoría de las redes de vigilancia de calidad de aire y evaluación de normas. Un segundo método es el DOAS (Espectroscopía de Absorción Óptica Diferencial) que corresponde a una medición óptica de trayectoria abierta aplicable a varios gases, incluido el NO2, que absorbe luz en las regiones espectrales UV y visible. La técnica se basa en la absorción diferencial, es decir, la diferencia entre máximos y mínimos locales en el espectro de absorción del gas a determinar. También entrega datos continuos en tiempo real, proporcionando una lectura “promedio” para varios contaminantes. No requiere cabezal y su mantención es mínima, aunque es de difícil calibración. “Son más adecuados para medición en túneles o para detectar emisiones”, acota el estudio, que agrega que a DOAS no se le considera para evaluar normas de calidad de aire por parte de la USEPA y la CEE, ya que no permite determinar concentraciones en un punto específico.

OTROS INSTRUMENTOS La estación de monitoreo del Parque O’Higgins es una de las que mide este contaminante en la Región Metropolitana.

con métodos equivalentes adecuados para evaluar normas de calidad de aire por NO2, en cambio los basados en quimiluminiscencia son aceptados como equipos con método de referencia. Su mayor eficiencia implica también que no requiere convertidor de molibdeno ni generador de ozono (O3). “Si baja de precio será el analizador de NO2 más usado en las redes de monitoreo en el futuro”, asegura el estudio.

OPCIONES TRADICIONALES En Chile, 72 estaciones de monitoreo de calidad del aire registran los niveles de NO2, la mayoría de las cuales opera en las regiones de Valparaíso (20), del Biobío (15) y Metropolitana (11). Según el artículo 8 de la norma primaria para NO2 vigente, son cuatro las alternativas tecnológicas que se pueden emplear para su medición, aunque una de ellas (la basada en el método modificado de Griess-Saltzmann) ha ido desapareciendo del mercado. “Es un equipo descontinuado que no cuenta con soporte del proveedor ni venta de repues EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

En rigor, las dos soluciones de medición descritas no son las únicas aceptadas en Chile. La misma norma primaria, en su artículo 9, abre la puerta para que se utilicen técnicas alternativas a los métodos de referencia que deben ser validadas por los servicios de salud. En la misma línea, el “Reglamento de estaciones de medición de contaminantes atmosféricos” (D.S. 61/2008) permite el uso de instrumentos que certifican el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en su país de origen. Y en 2015, la “Guía para la descripción de la calidad del aire en el área de influencia de proyectos que ingresan al SEIA” estableció que además de los equipos que cumplen las exigencias de la Norma Primaria de NO2 y del D.S. 61 “también se pueden utilizar otros métodos/ equipos, siempre y cuando cuenten con literatura apropiada. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas ambientales de calidad de aire, nacionales o de los países que señala el Reglamento del SEIA, en el caso de existir. En todo caso, la autoridad ambiental deberá establecer durante el proceso de evaluación la idoneidad del instrumento de medición utilizado”. El estudio de la consultora concluye que “el monitoreo de calidad de aire en Chile para NO2, tanto para la evaluación de normas en las redes de vigilancia como para el levantamiento de líneas base en los estudios de evaluación ambiental de los proyectos, se ha realizado con analizadores continuos que utilizan el método de referencia de quimiluminiscencia establecido por USEPA y CEE”.

PUNTOS DE VISTA 49

Por Eduardo Astorga Profesor en Derecho Ambiental

Minería y pueblos indígenas

l Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales existentes, lo cual parece del todo razonable. Sin embargo, cabe plantearse si tratándose de minerales existentes en tierras y territorios indígenas la norma constitucional debe ser distinta. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas reconoce los derechos culturales, patrimoniales y territoriales de las comunidades indígenas, incluyéndose dentro de éstos todos los recursos necesarios para su vida material y espiritual. Basado en estos mismos criterios, la directiva del relator especial James Anaya sobre el Convenio 169 de la OIT, en su párrafo número 37, señala a propósito de la consulta, dos contextos: el de las reformas constitucionales y legislativas relativas a temáticas indígenas y el de las iniciativas de desarrollo y extracción de recursos naturales. En efecto, el Convenio 169 de la OIT en su Artículo 15 aborda el tema de la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Este derecho incluye el de ser consultados antes de toda prospección o explotación de los recursos naturales de sus tierras, así como el de beneficiarse de las ganancias obtenidas de toda explotación y uso de los recursos naturales, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Para comprender lo expuesto es menester tener a la vista entre otros el modelo neozelandés, en el que los pueblos indígenas son los propietarios no sólo de la superficie de sus territorios, sino también del subsuelo, y de los recursos energéticos y mineros existentes en ellos. Para el caso de Chile, corresponde considerar esta realidad, la cual se expresa en la reivindicación sobre la propiedad de los minerales existentes bajo sus tierras y territorios ancestrales. Este es el escenario que se avecina y habrá que considerar al menos en subsidio el principio de asociatividad.

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Webinar internacional presentó metodologías, técnicas y experiencias de remediación de sitios contaminados en Chile y Europa, incluyendo un inédito proyecto que busca reconvertir patios ferroviarios en Antofagasta.

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SUELOS 51

ransformar 48 hectáreas de patios ferroviarios ubicados en el corazón de la ciudad en un sitio urbano sostenible, amigable e inclusivo para la comunidad. Eso es lo que pretende lograr un inédito proyecto que está impulsando la empresa FCAB en Antofagasta. La interesante iniciativa fue detallada en el webinar internacional “Recuperación de suelos urbanos: el nuevo desafío de remediación en Chile”, en el cual expertos nacionales y extranjeros presentaron metodologías y técnicas para llevar a cabo esta tarea, así como experiencias exitosas desarrolladas en Europa. El encuentro fue organizado por InduAmbiente, con la colaboración de FCAB, Golder y la Universidad Católica del Norte (UCN).

FÁBRICAS RECONVERTIDAS El seminario web se inició con la exposición de Jean Pierre Davit, Director Técnico de Golder Italia –consultora que asesora a FCAB en el proyecto-, quien relató el proceso que vivió Turín a partir de 1995, año en que se aprobó el nuevo plan regulador de la ciudad. Fue desde entonces, y sobre todo después de 1997, cuando se elaboró una ley ambiental para regular la remediación de sitios contaminados, en que se abrió la puerta a la venta de áreas de uso industrial o a su transformación. Hoy, y después de un período de cambios que tomó 20 años, la mayor parte de la urbe, tradicionalmente industrial, corresponde a zonas residenciales y comerciales, incluyendo una enorme área verde (el parque Dora) donde antiguamente funcionaban fábricas de Fiat y Michelin. Columnas de hierro se mantienen como reminiscencias arquitectónicas de un lugar que en el pasado también albergó acerías y fábricas de gas. En una de las primeras se conservó parte de su infraestructura y se habilitó un centro de eventos, en el que hoy se celebra un conocido festival de música electrónica. Según el ingeniero, la zona más contaminada era la de las plantas gasíferas, donde actualmente funciona una universidad.

EVALUACIÓN DE RIESGOS Jean Pierre Davit explicó que para viabilizar la remediación de suelos contaminados es necesario efectuar previamente una evaluación de riesgos, aplicando la metodología

6 Metales encontraron los

análisis de suelos en los patios ferroviarios de FCAB: arsénico y plomo, principalmente; antimonio, cadmio, talio y litio en menor cantidad.

RBCA (Risk-Based Corrective Actions), desarrollada en EE.UU. Explicó que esta herramienta se enfoca en la identificación de tres elementos fundamentales para determinar si hay riesgo para la salud humana, que son la fuente de contaminación, la ruta de exposición y los receptores. “Solo si existen estos tres componentes, hay un riesgo potencial”, enfatizó el especialista. Con la evaluación de riesgos se estudia y cuantifica las relaciones entre los distintos factores: “Se estudian las fuentes y compuestos químicos de interés, como también se identifican las potenciales rutas de exposición, que pueden ser a través de ingestión de suelo o de agua, contacto dérmico o inhalación de vapores”, apuntó. Davit indicó, además, que se deben identificar los usos que hacen los receptores. Al respecto, indica que “es muy importante identificar la utilización de un área, porque esto determina el tiempo que los usuarios pasan ahí. Por ejemplo, cuando hay inhalación de vapores es necesario evaluar la cantidad de aire respirada en función del esfuerzo físico que el usuario hace, la cantidad de tiempo que está expuesto, etc.”. Posteriormente, toda esa información se condensa en un modelo conceptual que sirve para: • Evaluar y entender el estado ambiental del sitio. • Identificar las matrices ambientales impactadas (suelo, agua, aire, etc.). • Identificar posibles riesgos. • Definir metas de remediación apropiadas para el sitio y los usos actuales y futuros. • Determinar los medios que requieren remediación: suelo, sedimentos, aguas subterráneas, aguas superficiales, etc.

FITOTECNOLOGÍAS PARA REMEDIAR Por su parte, Elizabeth Lam, Ph.D. y académica del Departamento de Ingeniería

Química de la UCN, presentó los beneficios y potencialidades de la aplicación de fitotecnologías a la remediación de suelos contaminados. La investigadora definió este tipo de soluciones como un conjunto de tecnologías que se pueden aplicar, mediante el uso de las plantas, para reducir, degradar o inmovilizar sustancias desde algún medio, que puede ser el aire, agua o suelo: “Las plantas absorben la sustancia contaminante, ya sea compuestos orgánicos –como petróleo o aceite– o metales pesados. Entonces se produce una interacción entre la planta, el suelo -o sustrato-, los contaminantes y las raíces”. Añadió que algunas especies vegetales pueden metabolizar ciertos compuestos orgánicos que aportan al desarrollo de las plantas, reduciendo o evitando la migración de dichas partículas hacia otras partes del sistema. Eso es lo que se conoce como fitodegradación. Los metales pesados, en cambio, al ser inorgánicos no se degradan y se deben someter a otros procedimientos, como la fitoestabilización o la fitoextracción. En la primera, se inmoviliza o reduce la biodisponibilidad de los metales en un suelo contaminado. Lo anterior, a través de un proceso de adsorción, es decir, quedan adheridos a la raíz de la planta o bien son absorbidos por ésta. “Quedan encapsulados en la raíz y eso evita que se distribuyan”, precisó la investigadora. Por otra parte, en la fitoextracción se logra acumular y concentrar sustancias potencialmente tóxicas en las partes aéreas de la planta. Según detalla la experta, “considerando que el medio de transporte es el agua, cuando regamos las plantas hay sustancias que, por ser más solubles que otras, se van a las raíces. Entonces ocurre un movimiento en que el agua lleva los contaminantes hacia las partes aéreas de la planta, a través de un mecanismo llamado traslocación. Así, los contaminantes quedan en las hojas, donde empiezan a concentrarse. Y, posteriormente, desde ahí podemos extraer el contaminante retenido”. Otro mecanismo es la fitovolatilización, que se utiliza en el caso de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y compuestos inorgánicos que puedan existir de forma volátil, como el mercurio y el selenio. En esta técnica, “cuando la planta transpira, volatiliza a estos dos metales pesados o a los COVs”, detalló la académica. La Dra. Lam también compartió los resultados de un estudio realizado para Minera Zaldívar, donde lideró a un equipo de investigadores en la aplicación de tecnologías

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El uso de fitotecnologías en remediación de suelos, tema de Elizabeth Lam.

Jaime Henríquez destacó los impactos positivos del proyecto de FCAB en Antofagasta.

magnetoquímicas y de fitotecnologías con el fin de remediar un pasivo ambiental de esta faena, ubicada en la región de Antofagasta. Según detalló, era un relave arcilloso y con grietas de deshidratación. Primeramente, se hizo una caracterización, por medio de la medición de indicadores de pH, conductividad eléctrica y susceptibilidad magnética. Luego, se evaluó la movilidad de metales en el sustrato. La siguiente fase fue la selección de especies endémicas y que tuvieran capacidad de crecer y desarrollarse en sitios con características adversas. Así, los expertos utilizaron las plantas Adesmia atacamensis, Adesmia spinossima, Cistanthe salsoloides, Oxalis hypophila, Senecio rosmarinus, Ephedra breana y Sisymbrium philippianum. Pero, también, introdujeron otras como Gazania rigens y semillas de alfalfa. Tras una fase experimental en macetas, se concretó la operación en campo, acompañando la plantación de un sistema de riego por goteo. Finalmente, en la etapa de seguimiento y monitoreo, se evaluó el potencial fitorremediador de la solución aplicada. Para ello, los expertos midieron el factor de bioconcentración en la raíz y en el relave obtenido con la fitoestabilización, y el factor de traslocación alcanzado en la fitoextracción.

PATIOS FERROVIARIOS En la tercera exposición del webinar, Jaime Henríquez, Gerente de Sustentabilidad y Desarrollo Territorial de FCAB, y Raúl Victor, LATAM Remediation Business Manager de Golder Chile, relevaron los aspectos técnicos del proyecto “Plan de Reconversión de La reconversión de terrenos de uso industrial en Italia, abordó Jean Pierre Davit.

Raúl Victor enfatizó en los aspectos técnicos de la reconversión de patios ferroviarios.

Patios Ferroviarios” (PRPF) y los beneficios que traerá a la ciudad de Antofagasta y sus habitantes. Henríquez explicó que la iniciativa apunta a compatibilizar el uso urbano e industrial del suelo, en terrenos donde la compañía ferroviaria ha tenido parte de sus operaciones –zona de acopio, talleres de mantenimiento y otros– por más de 130 años. “Reconvertir estas 48 hectáreas en un espacio urbano es una tremenda oportunidad para mejorar la calidad de vida en Antofagasta”, planteó El PRPF comprende tres subproyectos: habilitación de suelos (remoción de los metales pesados acumulados por la actividad industrial), traslado progresivo de las operaciones de la empresa y desarrollo urbano. En este último punto, el ejecutivo mencionó que, a partir de este proyecto, se podrían habilitar a futuro vías estructurantes para descongestionar la ciudad o implementar nuevos espacios públicos como, por ejemplo, un parque. Asimismo, el ejecutivo de FCAB remarcó el carácter colaborativo y de vinculación con la comunidad que tiene el PRPF: “Hemos realizado un proceso participativo intenso. Llevamos dos años juntándonos con nuestros vecinos. Queremos ir co-construyendo el proyecto; por eso, partimos el día uno trabajando con ellos y comentándoles qué estábamos haciendo y cómo íbamos a lograr los objetivos. Eso nos llevó a hacer participaciones ciudadanas anticipadas, previo a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”. Además, Henríquez subrayó que un tema fundamental para FCAB es la rigurosidad técnica. En ese sentido, precisó que “no estamos probando tecnologías ensayo-error. Lo que queremos hacer es algo que cumpla con la

Calidad de Vida Previo al inicio de las presentaciones, el rector la de la Universidad Católica de Norte, Jorge Tabilo, y la Gerente General de FCAB, Katharina Jenny, coincidieron en destacar los beneficios del proyecto de reconversión de patios ferroviarios para Antofagasta. A juicio del académico, la iniciativa “tendrá un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes” y que, en ese sentido, representa “posibilidades de transformación, reconversión, revitalización de terrenos que se convierten en oportunidades y activos urbanos que agregan valor y calidad urbana al área central de nuestra ciudad”. Por su parte, Katharina Jenny afirmó que la implementación del Plan “tiene implicancias directas en el mejoramiento de la calidad de vida de los antofagastinos”. Y agregó: “La recuperación de suelos urbanos es un instrumento que nos compete a todos, no solo a los técnicos sino también a las compañías que debemos hacerlo. Es ahí donde está nuestra responsabilidad social, con el apoyo de los expertos, del mundo académico y conforme a la normativa vigente y a las expectativas de las personas”.

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SUELOS 53

más de 100 años, el terreno a intervenir ha tenido varios usos y no solo de la minería, que data de la época de la producción del salitre. Hoy, el sitio está conformado por cuatro patios (Norte, Sur, Bellavista y Antofagasta). Para la caracterización de suelo, el terreno se dividió en 508 cuadrantes y se tomaron 1.305 muestras representativas, de las cuales se analizaron 986. Las pruebas evidenciaron la presencia de arsénico y plomo, principalmente, y en menor medida, antimonio, cadmio, talio y litio (ver tabla). A partir de esa información, los ingenieros evaluaron distintas técnicas de remediación, hasta que finalmente optaron por la excavación y posterior disposición de los suelos contaminados fuera de los terrenos. Raúl Víctor explicó que esa decisión se debió a varios factores. Primero, por el tipo de contaminantes, ya que al ser metales pesados no requieren tanto procesamiento como si se tratara de hidrocarburos. Además, los impactos de las actividades desarrolladas en los patios no han provocado efectos tan profundos en el suelo. De hecho, los estudios arrojaron que solo un cuadrante de los 508 requiere remediación de entre 2 y 2,5 metros de profundidad, mientras que el promedio del nivel más hondo de contaminación es de unos 60 centímetros. Turín, antes y ahora. Desde mediados de los 90 esta ciudad vivió un exitoso proceso de reconversión de instalaciones industriales en espacios comunitarios, residenciales y comerciales.

Caracterización de suelos proyecto FCAB Patio

Nº de cuadrantes

Nº muestras analizadas

Nº muestras total

Norte

321

642

833

Sur

128

160

Bellavista

Antofagasta

186

238

TOTALES

508

986

1305

Fuente: Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios, FCAB.

normativa y con los aspectos técnicos necesarios para asegurar el uso futuro del suelo, sin tener que remediar nuevamente”.

EXCAVACIÓN Y DISPOSICIÓN En la misma línea, Raúl Victor señaló que el PRPF y su EIA “son producto de un riguroso proceso de análisis y comprensión de la realidad del suelo de los patios ferroviarios, basado en los mejores estándares nacionales e internacionales

disponibles”. A nivel local, sostuvo que el trabajo se basó en los lineamientos de la Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes del Ministerio del Medio Ambiente, como también tomando como referencia algunas iniciativas que han abordado la misma materia en Chile, como el saneamiento del terreno en el sector Las Salinas, en la región de Valparaíso, o la Ley de Polimetales. El ingeniero destacó que, a lo largo de

PRONTO INICIO El especialista indicó que la ubicación urbana y condición climática de Antofagasta también ayudaron en la definición de la técnica de remediación, ya que el hecho de ser una localidad casi sin lluvia evitó en gran medida que los procesos de lixiviación llegaran a capas más profundas. Junto a lo anterior, como los patios ferroviarios se ubican dentro del radio urbano, hay muchos receptores y no existe el espacio necesario ni adecuado para pensar en el confinamiento de los suelos extraídos en la misma zona. El proyecto considera un plazo total de 20 años aproximadamente para su ejecución –ocho de ellos dedicados solo a la remediación– y una inversión total de unos 50 millones de dólares. Según estimaciones de FCAB, el EIA se encontraría en su fase final de tramitación dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De esta manera, esperan obtener la RCA en los próximos meses, para iniciar la fase de ejecución durante el segundo o tercer trimestre de este año.

LA MINERÍA Y LOS GLACIARES El proyecto de ley sobre protección de glaciares, los mayores reservorios de agua dulce de Chile, genera severos cuestionamientos de la actividad minera. Aquí los revisamos.

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randes masas de nieve, hielo recristalizado y pedazos de rocas que se acumulan en grandes cantidades. Esos son los glaciares, muy en la palestra actualmente en el mundo debido al derretimiento que están sufriendo a causa del cambio climático y, en el caso de Chile, por el proyecto de ley que busca su protección y preservación. ¿Cuál es su realidad en nuestro país? De acuerdo al último catastro (2019) de la Dirección General de Aguas (DGA), contamos con cerca de 26 mil, que cubren una superficie cercana a los 22 mil km cuadrados. Cifra no menor considerando que son los mayores reservorios de agua dulce del planeta. Del total, casi el 90% se emplaza en la zona austral, mismo porcentaje que se encuentra en retirada debido, principalmente, al calentamiento global. De hecho, Chile perdió alrededor de 2.000 km2 de masa glaciar en apenas cinco años comparando los estudios de 2014 y 2019 de la DGA. Para resguardar a estos recursos naturales de grandes proyectos de inversión, dado lo ocurrido con Pascua Lama, un grupo de senadores presentó en julio de 2018 una iniciativa legal que, más de 30 meses después, sigue en primer trámite constitucional en el Senado. Su objetivo es “asegurar la protección de los glaciares, del ambiente periglacial y del permafrost, a fin de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, como

proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, como fuentes de biodiversidad y de información científica y para el turismo sustentable”.

FUERTE CONTROVERSIA Como es de suponer, la moción parlamentaria ha generado importantes reparos de organizaciones ligadas a la minería por las limitantes que pondría esta ley al funcionamiento de la principal actividad productiva del país. Pero también han surgido críticas de expertos. Por ejemplo, el glaciólogo Pablo Wainstein manifestó en una entrevista que “el proyecto tiene un error: mezcla algo que espacialmente puedes identificar (los glaciares) con lo que espacialmente no puedes identificar (el permafrost). No puedo trazar los límites de donde se puede y no se puede hacer actividad. El gran error es la operatividad. No es una ley operativamente aplicable”. Cabe indicar que el proyecto define al ambiente periglacial de alta montaña como el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Y en media y baja montaña es el sector que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. El

Para los gremios mineros, la actividad productiva es compatible con la protección de los glaciares y su entorno. permafrost, en tanto, es un tipo de suelo o roca con una fracción permanentemente congelada, con hielo y materia orgánica. En vista que uno y otro cubren amplias superficies de terreno, el especialista añade que “prohibir cualquier actividad económica en las áreas donde se encuentran podría significar, por ejemplo, que ciertas carreteras que se puedan requerir a futuro no podrían construirse”. En contrapartida, en la Fundación Glaciares Chilenos plantean “la urgencia de contar con una ley de protección glaciar completa, incluyendo a los elementos que conforman el entorno glaciar, y que Chile debe cambiar su visión con respecto a la forma en la que se realizan las actividades económicas como la minería, privilegiando la protección a la naturaleza y resguardando el desarrollo de las comunidades. El desarrollo económico no debe estar por sobre la protección de los ecosistemas”.

COCHILCO Y EL IIMCH Por el rumbo que ha ido tomando el proyecto, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) emitió un informe actualizado con los posibles efectos

El impacto negativo que generó el proyecto Pascua Lama en algunos glaciares fue uno de los detonantes del proyecto de ley que se discute en el Congreso. sobre la industria minera que tendría una ley como la que se está configurando. El documento destaca que la iniciativa, tal como está al cierre de la presente edición, incluye la retroactividad, “por lo que afectaría a faenas que ya están en operación y que no podrían continuar, como Caserones, Los Pelambres, Los Bronces, Andina y El Teniente, a lo que se suman 10 proyectos y 21 faenas mineras de mediana y pequeña escala”. En este escenario, Cochilco proyecta un descenso promedio de la producción de cobre de entre un 22% y 28% en un horizonte de 2021 a 2031, lo que implicaría una reducción en el PIB nacional en torno a un 2,4%. El reporte también prevé una pérdida de US$ 22 mil millones por las menores inversiones. El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) también expresó sus discrepancias: “El proyecto de ley equivoca el foco en su intención de proteger los glaciares. Su derretimiento ocurre como consecuencia del cambio climático, lo que está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. En esta materia el país está haciendo lo que corresponde, potenciando el aprovechamiento de las energías renovables para disminuir el uso de combustibles fósiles. La minería contribuye a este esfuerzo con sus diversos productos metálicos y no metálicos, aportando además a proyectos de eficiencia energética y de electromovilidad”.

LA VOZ DE LOS GREMIOS Las asociaciones que representan a las empresas mineras son las que más han manifestado sus cuestionamientos al proyecto de ley. Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, en una carta enviada a la Comisión de Minería y Energía del Senado, comentó que la EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

iniciativa establece prohibiciones generales para la realización de actividades productivas en –o cercanas a– zonas que pudieren ser calificadas como glaciares, ambientes periglaciares o permafrost, “tratando genéricamente y de una misma manera a todas esas crioformas, las que tienen características, relevancia y funciones ecosistémicas totalmente diversas. Ello en sí nos parece inadecuado y generará un impacto negativo y totalmente innecesario al desarrollo de nuestro país, al prohibir ‘ex ante’ y sin una adecuada evaluación actividades que son perfectamente compatibles con la preservación del medio ambiente. Más preocupante aún es la intención de dar un efecto retroactivo a estas nuevas disposiciones”. La misiva concluye que una política de protección de los glaciares que responda al interés público “debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización y afecten el desarrollo futuro de esta importante actividad productiva”. A su vez, Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, ha puntualizado en distintas tribunas las tres grandes objeciones de la gran minería al proyecto: la carencia de antecedentes técnicos en la definición de expresiones como glaciar, permafrost y ambiente periglacial; la inexistencia de leyes de protección directa de los glaciares en el resto del mundo, con la sola excepción de Argentina; y su efecto retroactivo, que abre la puerta para que actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia de los glaciares, antes de la entrada en vigencia de la ley, sean cerradas. Desde los inicios de su tramitación, el representante de las grandes mineras ha sostenido que los glaciares ya cuentan con protección indirecta a través del SEIA, del Código de Aguas, del sistema de áreas protegidas y de los instrumentos de protección de la biodiversidad, con los que “hoy se logran resultados efectivos”.

ENAMI OPERA CON 100% DE ELECTRICIDAD RENOVABLE Desde enero, todas las instalaciones de Enami operan con electricidad proveniente en un 100% de energías renovables no convencionales. Su suministro está a cargo de Acciona, generadora que se adjudicó el contrato para la distribución de energía, cuyo origen es trazable, a las cinco plantas de procesamiento de mineral y a la Fundición Hernán Videla Lira de la compañía. Al 2030, Enami proyecta disminuir la emisión de 1.200.000 toneladas de CO2 al ambiente, lo que equivale a los contaminantes que emanan de unos 630 mil autos.

GRANDES CUPRÍFERAS FIJAN METAS DE REDUCCIÓN DE GEI

SPENCE INCORPORARÁ HIDRÓGENO VERDE A SUS CALDERAS La minera angloaustraliana BHP trabaja para incorporar hidrógeno verde a sus operaciones en minera Spence, la segunda en importancia que opera en Chile luego de Escondida. Se trata de un proyecto piloto para desarrollar una planta modular de generación de hidrógeno para producir, almacenar y suministrar este combustible de dos calderas de 10.550 y 3.000 Kw de capacidad que proveen agua caliente al proceso de electro-obtención. Con ello se reducirían a cero las emisiones de gases efecto invernadero asociadas a estos equipos que hoy operan con gas natural y diésel. La implementación del proyecto, que demanda una inversión de unos US$4 millones, se completaría durante 2021.

Trece empresas de la gran minería del cobre, asociadas al Consejo Minero, presentaron sus metas voluntarias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Son las siguientes: • Anglo American: Reducción global de 30% al 2030 con respecto al 2016, y carbono neutralidad al 2040. • Antofagasta Minerals: Rebaja de 300 mil toneladas de CO2 al 2022 tomando como base el 2017. • Barrick: Disminución global de al menos un 10% al 2030 en relación al 2019. • BHP: Reducción global de 30% al 2030 respecto al 2020, y carbono neutralidad al 2050. Para Chile, 70% menos de emisiones al 2025. • Caserones: Cero emisiones de alcance 2 a partir del 2021. • Codelco: Disminución de 70% de las emisiones al 2030 en relación al 2020. • Candelaria: Rebaja de al menos un 80% de las emisiones de alcance 2 al 2023. • Collahuasi: Cero emisiones de alcance 2 desde abril 2020 y balance neto de cero emisiones de alcance 1 y 2 al 2040. • Freeport McMoRan: Para América, reducción de 15% de las emisiones por cátodo de cobre al 2030 con respecto al 2018. Para El Abra, cero emisiones de alcance 2 al 2021. • Glencore: Disminución global del 40% de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 al 2035 en comparación al 2019, y carbono neutralidad al 2050. • KGHM: En Sierra Gorda, reducción de 40% de las emisiones de alcance 2 al 2021 y de 100% al 2023. • Río Tinto: Rebaja global de 30% en la intensidad de emisiones y de 15% en las emisiones absolutas al 2030 con respecto al 2019, y carbono neutralidad al 2050. • Teck: Menor intensidad de emisiones de 33% al 2030 en relación al 2019, y carbono neutralidad al 2050.

POLÍTICA NACIONAL MINERA EN ETAPA FINAL Luego de dos años de trabajo con distintos sectores, el Ministerio de Minería anunció que comenzará el desarrollo de la etapa final de la Política Nacional Minera 2050 (PNM 2050). Este instrumento, que busca sentar las bases para el crecimiento de esta actividad productiva de forma más sostenible, tiene como pilares el aseguramiento del respeto al medio ambiente y a las personas. El anuncio se hizo durante una reunión vía telemática, con la presencia de más de 100 integrantes de las nueve comisiones técnicas, instancias que han acogido la participación ciudadana dentro del proceso. El Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, señaló que el documento final contendrá el trabajo realizado a lo largo del último bienio, al que han contribuido más de tres mil personas, entre representantes de pueblos indígenas, mujeres, trabajadores de zonas mineras, autoridades, académicos y otros actores. La PNM 2050, destacó el secretario de Estado, “es una enorme oportunidad para el país y la industria, pero también impone enormes desafíos en términos de un uso más eficiente del agua, la migración de los contratos eléctricos, además de la relación con las comunidades que están cerca de los proyectos”. Según la cartera de Minería, el texto definitivo de la PNM 2050 estará disponible durante el primer semestre de este año.

RENUNCIÓ SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE RM

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Desde su publicación en el Diario Oficial, el 9 de febrero, Chile cuenta con un reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas. Este instrumento fue elaborado de manera conjunta por los ministerios del Medio Ambiente y de Salud, con la participación de la industria y representantes de la sociedad civil. El reglamento GHS (sigla en inglés del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos) considera aspectos como la evaluación, notificación y comunicación de los peligros de las sustancias químicas; un nuevo sistema nacional de notificación vía electrónica de los compuestos químicos fabricados e importados en Chile, y un proceso de priorización y evaluación de los riesgos que representan aquellos de mayor peligrosidad. “Gracias a este paso podremos fortalecer la gestión nacional de productos químicos, poniendo a nuestro país en línea con las normas de Naciones Unidas y la OCDE, haciéndolo acorde y coherente con las mejores prácticas internacionales vigentes”, afirmó el Ministro del Medio Ambiente (S), Javier Naranjo. El reglamento GHS contribuirá a reducir los riesgos que las sustancias químicas peligrosas representan para el medio ambiente y la salud de las personas. Pero, también, a mejorar la información ambiental disponible sobre ellas y, sobre todo, a reducir los accidentes y emergencias químicas.

PROPUESTA PARA IMPULSAR EL HIDRÓGENO VERDE Los presidentes de las comisiones Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación y de Minería y Energía de la Cámara Alta, senadores Guido Girardi y Rafael Prohens, respectivamente, entregaron al Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, el documento denominado “H2V: Iniciativa Hidrógeno Verde”. Este texto reúne las reflexiones, propuestas y acuerdos alcanzados en cuatro meses de trabajo por cincuenta legisladores, científicos,

A mediados de enero, Diego Riveaux Marcet presentó su renuncia como Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, para postular a un cupo en la Convención Constituyente por el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja). A partir de entonces lo sucede en el cargo Juan Fernández Bustamante, profesional de carrera del Ministerio del Medio Ambiente, en calidad de subrogante. EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

académicos y expertos en el tema, convocados por ambos comités parlamentarios para impulsar en Chile el desarrollo de la tecnología del hidrógeno en generación energética. El documento plantea iniciativas en siete ámbitos temáticos: dotación de recursos para la investigación y el desarrollo (I+D); soluciones en electromovilidad; formación de capital humano; regulación sobre seguridad del H2V y Ley de Eficiencia Energética; regulación del diesel; hidrógeno en el sector minero, y tecnología de procesamiento de concentrados de cobre cero emisiones y cero residuos. Además, un grupo de senadores anunció que presentará un proyecto de ley marco con el fin de “fomentar las tecnologías de hidrógeno verde, transitar hacia una matriz energética basada en hidrógeno verde, y promover el liderazgo del país como potencia energética limpia a nivel mundial”.

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LARGO PLAZO RECAMBIO A TAXIS ELÉCTRICOS El Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, y la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, anunciaron la puesta en marcha del programa Mi Taxi Eléctrico, que impulsará la electromovilidad en el transporte de pasajeros en la capital. A través de esta iniciativa se entregará un cofinanciamiento de hasta $8.000.000, destinado a financiar el recambio de un taxi básico por uno eléctrico, la compra e instalación de un cargador domiciliario y el monitoreo durante un año del vehículo diseñado con esta tecnología. El objetivo del programa es beneficiar a 50 taxistas de las comunas de la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo. Su implementación está a cargo de la Agencia de Sostenibilidad Energética.

Hasta el 10 de febrero, el Ministerio de Energía recibió inscripciones de personas naturales y jurídicas para participar en el proceso de Planificación Energética de Largo Plazo (PELP). Por medio de esta herramienta se busca definir los escenarios energéticos para Chile en el largo plazo, identificar polos de desarrollo y proyectar el consumo y la oferta energética. La PELP se realiza cada cinco años y en su desarrollo considera políticas ambientales que tengan incidencia en el sector energía, tales como la Ley Marco de Cambio Climático -que se tramita en el Congreso actualmente- y el compromiso país de alcanzar la carbono neutralidad a 2050.

MANUAL PARA RESTAURAR SUELOS DAÑADOS POR INCENDIOS Un equipo multidisciplinario de profesionales de México, España y Chile elaboró el documento denominado “Manual de evaluación y restauración agroecológica de suelos de uso agropecuarios afectados por incendios”, en el marco de un proyecto de la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo (ANID). El Dr. Marco Sandoval, investigador de la UdeC y director de la iniciativa, explicó que “este manual entrega una metodología de fácil aplicación para evaluar la calidad de un terreno después un incendio, junto con ofrecer alternativas de manejo agroecológico sencillas y sustentables para que los pequeños y medianos agricultores puedan volver a utilizar sus suelos y recuperar su productividad”.

CIBERSEGURIDAD PARA EL SECTOR SANITARIO La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) inició un trabajo de coordinación con las áreas de ciberseguridad de las empresas sanitarias y del Equipo de Respuesta ante incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) –entidad dependiente del Ministerio del Interior–, para avanzar en la definición de estándares en estas materias para el sector sanitario. En esa línea, se creó una mesa técnica para abordar la gestión del riesgo de desastres en los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. El Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres de la SISS, Sergio Barbera, destacó que la incorporación de sistemas inteligentes apunta principalmente a abordar el problema del agua no contabilizada, detección de fugas, así como a aumentar la vida útil de la infraestructura y reducir el consumo energético. “La calidad de datos en Big Data es un proceso de gran importancia, dado que permite garantizar el procesamiento masivo de información para contribuir a que los resultados que se arrojen sean óptimos y ayuden a la correcta toma de decisiones en el sector sanitario”, afirmó.

COMUNIDAD INDÍGENA INSTALA SISTEMA DE RIEGO SOLAR Con el objetivo de optimizar el recurso hídrico para el cultivo de sus huertos de berries, la comunidad indígena Cacique Pailacar, de la comuna de Los Sauces, implementó un sistema de riego mediante el uso de paneles solares. La iniciativa es el resultado de un proyecto con un costo de 10 millones de pesos, financiado a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministro (s) de la cartera, Javier Naranjo, junto a autoridades locales, conocieron en terreno las instalaciones y su funcionamiento, que aportan a la recuperación, manejo y conservación de los recursos naturales necesarios para asegurar la principal fuente de ingreso de las 12 familias que habitan en el sector. EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

POSTULACIONES AL SELLO CALIDAD DE LEÑA Hasta el 31 de marzo estarán abiertas las postulaciones al sello Calidad de Leña, certificación que otorga el Ministerio de Energía a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Este reconocimiento tiene por objetivo destacar a comercializadores cuyo proceso de producción de leña les permite generar un producto de calidad, entregando un calor más limpio y contribuyendo a disminuir los niveles de contaminación en las ciudades del centro sur del país. El sello Calidad de Leña permitirá entregar información a los consumidores sobre dónde comprar leña seca y, además, preparar al mercado para la futura regulación de este rubro económico. Para postular, los interesados pueden acceder a www.sellocalidadlena.cl

BALANCE DE CARBONO EN PREDIOS DEL SUR DE CHILE Un inédito proyecto que permitirá estimar, por primera vez en Chile, el balance de carbono en los predios de bovinos de leche, de carne, frutales y cultivos del sur de nuestro país están ejecutando el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Instituto Forestal (INFOR), con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). “El proyecto busca en el área agrícola y pecuaria hacer un balance de carbono a nivel de predio. A la fecha, lo que existe en Chile es un inventario de gases de efecto invernadero y balance a nivel nacional o regional, pero no se ha podido llegar al detalle más pequeño. Por un lado, el sector genera gases efecto invernadero, pero además contribuye a la captura el carbono, a diferencia de otros procesos productivos. En ese sentido se quieren ver los sistemas de la zona sur, evaluar dónde se están generando las grandes emisiones y poder proponer medidas de mitigación, especialmente en la ganadería que se hace en el sur de Chile con bovinos de leche y de carne”, explicó el Ingeniero Agrónomo de INIA Remehue a cargo del proyecto, Francisco Salazar. La iniciativa abarca sitios ubicados en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN Recomendaciones para consolidar la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile, así como alternativas de formación técnica y profesional en materia de ERNC son parte de esta sección dedicada a la consultoría y la capacitación.

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PARA REFORZAR LA EAE Considerando el aporte que hace la Evaluación Ambiental Estratégica a elevar los estándares de sostenibilidad, especialistas entregan recomendaciones para consolidar su aplicación en Chile.

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ecía el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación (SEA), Hernán Brücher, en un reciente seminario web organizado por InduAmbiente, que para mejorar la gestión ambiental en Chile es necesario abordarla desde un punto de vista más macro y no centrarla solo en el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pensando en que esta única herramienta va a solucionar todo. Así, enfatizaba: “Hay que relevar el uso de los otros instrumentos de gestión ambiental de carácter superior al SEIA, que le dan un marco a la labor del Servicio de Evaluación Ambiental, como son las políticas públicas, las normas de emisión y de calidad, los planes de descontaminación, los planes reguladores y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”. En ese contexto, la autoridad llamó en especial a aplicar más la EAE, considerando el aporte que hace para establecer un marco de

desarrollo más sostenible para el país. A propósito de lo mismo, a continuación, tres especialistas analizan la contribución de esta herramienta de gestión, las dificultades que existen para ponerla en práctica y cómo superarlas.

RELEVANCIA ESTRATÉGICA La Evaluación Ambiental Estratégica se integró a nuestra institucionalidad en el año 2010 a través de la Ley 20.417, que la define como “el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del Desarrollo Sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad”. La Ley establece que cada Secretaría de Estado puede definir voluntariamente las políticas y planes que someterá a EAE. Además, su aplicación es obligatoria para los siguientes instrumentos de ordenamiento territorial: planes regionales de ordenamiento territorial (PROT), zonificaciones del borde costero, planes reguladores comunales e intercomunales, planes seccionales y manejo integrado de cuencas. Sobre ese escenario, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) por medio de su Oficina de Evaluación Ambiental ejerce la tarea de orientar, capacitar y colaborar con los distintos órganos de administración del Estado responsables de poner en práctica este instrumento de gestión, como son los ministerios, gobiernos regionales, municipios y servicios públicos en general. “La EAE, tal como la define la Ley 20.417, es un proceso que abarca políticas y planes de carácter normativo general, lo que corresponde al Estado. En tal sentido introduce aspectos relevantes de sostenibilidad”. Así lo destaca el consultor Sebastián Videla, quien añade que la aplicación de este instrumento permite generar un marco de referencia que debiera ser considerado por los proyectos que se someten al SEIA. En la misma línea, Ricardo Katz, Director de Gestión Ambiental Consultores (GAC), señala: “La EAE, como dice su nombre, evalúa estrategias que contienen ‘bolsas’ de proyectos y, por lo tanto, se transforma en la regulación macro para la suma de proyectos individuales. En términos simples, define la capacidad máxima o de carga del sistema evaluado”. El doctor en Derecho Eduardo Astorga ahonda en la relevancia de esta herramienta y su relación con el funcionamiento del SEIA:

“La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento en el cual se plasma la política ambiental, sustrato que debe estar en la base de cualquier sistema de gestión ambiental, en especial en la ordenación ambiental del territorio, piedra fundamental en la cual debe sustentarse el SEIA”. El especialista agrega que su uso tiene como finalidad superar las tradicionales evaluaciones reactivas, enfocadas en proyectos individuales, estableciendo análisis ambientales más amplios e integrales desde el punto de vista territorial y sectorial. “Esta modalidad abarca los sectores, las políticas y programas, los ajustes estructurales, las privatizaciones, los tratados internacionales de carácter ambiental y comercial, e incluso los presupuestos nacionales”, apunta. Y luego advierte: “Las metodologías y los plazos para la evaluación ambiental de estas políticas y planes no corresponden a los tradicionales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y, por tanto, deben ser evaluadas mediante un procedimiento propio. Ese proceso debe incorporar altos índices de participación ciudadana y abordar los planes y programas, desde sus etapas de diseño más tempranas”.

MAYOR APLICACIÓN De acuerdo a los datos del sistema electrónico de información habilitado por la Oficina de Evaluación Ambiental del MMA, hasta enero de 2021 en Chile se habían sometido a EAE poco más de 400 iniciativas, la inmensa mayoría correspondiente a instrumentos de planificación territorial. Solo cinco procesos conciernen a políticas, tres de ellos en el mismo sector: la Política Energética de Chile al 2050, efectuado en el año 2015, y su actualización, iniciado el año pasado; y la Política Energética para la Región de Aysén al 2050, realizado en 2016. A eso se suman las evaluaciones de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), llevada a cabo en 2017; y de la Política Nacional Minera 2050 actualmente en desarrollo. Más allá de estos avances, los profesionales consultados consideran necesario seguir ampliando la aplicación de esta herramienta de gestión. Eduardo Astorga plantea, por ejemplo: “El gran ausente en el uso de este instrumento es el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que debería incorporar la EAE en sus planes quinquenales tanto de la Dirección de Vialidad y de Obras Hidráulicas, en los Planes Directores de la Dirección General de Aguas (DGA) y a la cartera de proyectos de la Dirección de Obras Concesionadas. La ruta costera, la conectividad a la Patagonia entre otras

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vigencia el Decreto Supremo Nº 32 del Ministerio del Medio Ambiente, que estableció el reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica.

Sitio web tiene el Ministerio del Medio Ambiente para consultar y hacer seguimiento a las iniciativas públicas sometidas a EAE: eae.mma.gob.cl

Gentileza Acesol

2015 Año en que entró en

La Política Energética de Chile a 2050 es una de las pocas que se han sometido a la EAE. obras son parte de políticas, planes y programas del MOP que necesariamente deberían someterse a una EAE”. El abogado añade que el Ministerio de Relaciones Exteriores también debería aplicar este procedimiento a los tratados internacionales de carácter económico o comercial que tengan incidencia ambiental. Ricardo Katz, en tanto, opina que conviene priorizar su uso en las políticas sectoriales e idealmente utilizarla para hacer “un screening a los proyectos de ley, de la misma manera que se realiza a los que involucran gasto fiscal”. A su vez, Sebastián Videla propone una visión más amplia: “La EAE debería corresponder al marco normativo general que guía y define como el país entiende la sostenibilidad, y en consecuencia caben todas las materias que son objeto de políticas, planes y programas (PPP). La aplicación restringida de la EAE que la legislación chilena considera no es suficiente y es deseable ampliar su uso más allá de los PPP, incluyendo proyectos estructurales”.

LIMITACIONES En relación a esto último, el ingeniero civil de industrias y consultor especializado en gestión estratégica, medio ambiente y recursos hídricos, detalla que el “Artículo 7 bis de la Ley 20.417 ratifica el alcance limitado a la EAE, ya que solo los instrumentos de ordenamiento territorial tienen esta obligación, mientras que el resto de los planes y programas queda sujeto a la decisión del Ejecutivo. Asimismo, el Decreto 32, Reglamento del EAE, define en su Artículo 2 que su objetivo es la incorporación de consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas, planes e instrumentos del

Las zonificaciones del borde costero deben aplicar esta herramienta.

ordenamiento territorial que la ley establece. Vale decir, reitera que este concepto de EAE es muy restrictivo y no corresponde propiamente a una visión país integrada y holística del desarrollo sostenible”. Para Ricardo Katz otras dificultades para consolidar el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile son “la renuencia de los niveles políticos de poder, la discrecionalidad y la arbitrariedad. La EAE visibiliza los efectos ambientales (externalidades) generados por políticas y estrategias de desarrollo”. Eduardo Astorga visualiza otras limitantes similares: “Falta de madurez institucional y un evidente desconocimiento técnico. Y por sobre todo falta de voluntad política del Estado por someter sus políticas, planes y programas relevantes con reales implicancias ambientales para el país”.

RECOMENDACIONES Para superar las dificultades señaladas y consolidar el uso de la EAE en Chile, el especialista en Derecho Ambiental sugiere “eliminar

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las competencias del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en esta materia. Es insostenible que el MMA haya sido declarado interdicto en una serie de temas que le corresponden”. Y añade: “En esta misma línea, pero sin que se requiera de modificaciones legales, correspondería que el Ministerio del Medio Ambiente desarrollase un completo plan de formación en Evaluación Ambiental Estratégica dirigido tanto a autoridades públicas como a consultores privados”. Ricardo Katz, en tanto, propone “que sea mandatorio –en una primera etapa para las estrategias y políticas de desarrollo– por lo menos, explicitar sin necesariamente cuantificar, las externalidades, desviaciones y límites que se generarían por los instrumentos en discusión, de manera que esto sirva de insumo para el debate político”. El Director de GAC acota al respecto: “En Estados Unidos existe un organismo neutro (técnico) llamado Congressional Budget Office (CBO), que provee al Congreso con información y análisis no partidista y objetiva relativa a decisiones económicas y presupuestarias a nivel federal. Sus análisis no son mandatorios, pero debido a su prestigio son escuchadas. Creo que una institución de ese tipo relacionada con el tema ambiental sería un gran aporte a las decisiones”. De manera similar, el consultor Sebastián Videla recomienda hacer que este proceso sea obligatorio para “políticas, planes, programas y proyectos más allá del ordenamiento territorial”. Por otra parte, advierte que el enfoque para aplicar la EAE en Chile “define procedimientos análogos al que tienen los proyectos en el SEIA, con la dificultad de ser juez y parte en acciones del Gobierno. Esto podría mejorarse mediante evaluaciones independientes, lo cual se podría considerar para reforzar el desarrollo sostenible del país”.

PUNTOS DE VISTA 65

Por Sebastián Videla Consultor Ambiental

Urgencias hídricas

scribo esta columna durante el evento de intensas lluvias que ha tenido la zona central durante el mes de enero, cuyas precipitaciones muestran resultados que prácticamente nunca antes se habían visto. Se informa que, hasta el 30 de enero, las lluvias corresponderían a 31,4 mm, medidos en Quinta Normal, un 9,2% del total de un año normal. Este hecho podría hacer creer a muchas personas que la sequía ha terminado y empieza otro ciclo de abundante agua. Sin embargo, como dice el refrán popular, una golondrina no hace verano. Sería muy erróneo olvidar que todos los estudios científicos sobre el medio ambiente nos indican que tendremos serios efectos por el cambio climático con aumentos de temperatura entre 1,5 a 2,5 °C y ausencia de precipitaciones. Como hemos señalado en otras oportunidades, lo que está en juego es la seguridad hídrica, y en el caso más grave, el suministro de agua potable para la población. Hasta ahora, se ha soslayado la criticidad en base a declaraciones de emergencia hídrica y adquisiciones de derechos desde la agricultura hacia la producción de agua potable, pero esta estrategia podría no ser sustentable en el largo plazo. El estudio de actualización del balance hídrico nacional realizado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica para la DGA comparó el período 1955-1985 respecto del 1985-2015. Éste constata una baja acentuada del recurso hídrico en las cuencas de Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule, con disminución de sus caudales entre 13 al 37%. Y respecto del país, se observa algo similar con excepción de algunos cuerpos fluviales, entre ellos el Biobío y el Imperial. La explicación de esta disminución se correlaciona directamente con la ausencia de precipitaciones, sin dejar de reconocer que existen otros factores. Para el 2050, dependiendo del modelo que se considere, la disminución podría alcanzar hasta el 50%. La población de la zona central sería la más afectada. Este escenario obliga a definir una estrategia de mayor alcance. Para ello es necesario implementar con urgencia acciones que permitan la administración de cuencas hidrográficas, con una mirada integral del uso de los recursos. Chile por su larga y variada geografía requiere de una gestión que pueda compatibilizar intereses regionales y nacionales, donde la prioridad la debe tener la seguridad hídrica de la población, y a partir de ésta se pueda disponer de agua para los sectores productivos. Este planteamiento se ha repetido muchas veces, pero lamentablemente no se pueden constatar avances en la gestión hídrica que estén a la altura del desafío que señalan los estudios. Cada año que se pierde irá pesando gravemente en las generaciones futuras, por lo que urge que el problema de escasez de agua sea considerado como parte del desarrollo nacional.

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DIÁLOGO PREVIO

El acercamiento temprano con las comunidades ayuda a desarrollar mejores procesos de participación ciudadana en la evaluación ambiental de los proyectos.

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Gentileza Jaime Illanes y Asociados.

Metodología +PAC

Los especialistas aconsejan escuchar las inquietudes de la gente antes de presentar los proyectos al SEIA.

a Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece que todo proyecto de inversión que ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y pueda generar “cargas ambientales” –vale decir, externalidades negativas sobre su entorno– debe pasar por un proceso de participación ciudadana (PAC). Para los proyectos que se presenten a través de un estudio de impacto ambiental (EIA) ese proceso es obligatorio, mientras que en el caso de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) solo se dará inicio a una PAC cuando lo soliciten al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o un mínimo de diez personas naturales directamente afectadas, durante los primeros 10 días desde que el proyecto se publica en el Diario Oficial. Llevar a cabo estos procesos participativos muchas veces se transforma en un problema para los titulares de proyectos de inversión, que se ven enfrentados a dificultades de diversa índole. ¿Cuáles son las más habituales y cómo abordarlas? Representantes de dos empresas consultoras entregan sus opiniones y recomendaciones al respecto.

TEMOR Y RETICENCIA A juicio de Marcela Alday, Gerente de Operaciones de la consultora Jaime Illanes y Asociados, una de las trabas más recurrentes es “el temor de las empresas a acercarse a la comunidad sin haber tenido experiencias previas. Siempre es bueno haber establecido relaciones independientes de los procesos ambientales”. Al respecto agrega: “Muchas veces hay empresas que habiendo estado por muchos años en un sector, jamás han establecido relación con sus vecinos, y eso hace que la presentación de nuevos proyectos se complique, ya que hay temas pendientes que nunca han sido tratados”. A propósito de esto último, la especialista indica que en otras ocasiones la dificultad para desarrollar los procesos de PAC pasa por la existencia de problemas anteriores que han afectado a la comunidad, provenientes de actividades del mismo titular o de otras faenas productivas cercanas, lo que finalmente impiden crear lazos de confianza. Alday advierte también que, a veces, “existen interesados en generar conflictos entre empresa y ciudadanía, buscando frenar proyectos por razones no ambientales”. Por su parte, Pamela Godoy, Gerente General de Asesoría Ambiental PGP, plantea otro aspecto a considerar: “De acuerdo a mi experiencia como

Una tarea importante que le corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es fomentar y facilitar la participación ciudadana en los proyectos de inversión que ingresan al SEIA y deben cumplir con esta obligación. En ese contexto, durante el periodo de pandemia, el SEA ha reforzado su trabajo habitual con la implementación de una nueva metodología de participación ciudadana a distancia denominada “+PAC”. Esta iniciativa incluye acciones como el uso de la radiodifusión en medios locales, la realización de reuniones virtuales, y el recorrido de camionetas para llegar a las comunidades más aisladas y con menos acceso a Internet, entregándoles la información pertinente de manera oportuna. En paralelo, el SEA ha potenciado sus canales digitales de comunicación. En su sitio web, habilitó un nuevo portal para la participación ciudadana y consulta indígena, donde los proyectos en evaluación se dan a conocer de modo más didáctico para facilitar la presentación de observaciones por parte de la comunidad. Al mismo tiempo, se han reforzado las redes sociales para mejorar la comunicación con la ciudadanía, y se está trabajando para que, por medio del celular, también se puedan hacer consultas y conocer los proyectos con procesos de participación abiertos. Todo esto se ha sumado a las metodologías de terreno habituales que aplica el Servicio (reuniones presenciales, casa abierta y puerta a puerta, entre otros), los cuales se han seguido desarrollando, con todos los resguardos sanitarios, en los lugares donde ha sido posible.

consultora, la dificultad más habitual es que las personas, juntas de vecinos o comunidad en general, no quieren participar en los procesos de participación ciudadana asociados a la evaluación ambiental de proyectos de inversión”.

RECOMENDACIONES ¿Qué buenas prácticas se pueden aplicar para superar esos problemas y realizar procesos de participación ciudadana que, más allá de cumplir con las obligaciones regulatorias, permitan obtener la “licencia social” para desarrollar y operar los proyectos? Marcela Alday recomienda: “Un acercamiento temprano en etapas previas a la presentación del EIA o DIA, para exponer el proyecto y escuchar las preocupaciones de la gente”. En la misma línea, Pamela Godoy comenta: “Que las personas no quieran participar de los procesos de participación ciudadana tiene estrecha relación con que no ha habido un acercamiento y diálogo entre el titular del proyecto y la comunidad en general, de manera previa al ingreso al SEIA”. Añade que esa comunicación adelantada permite a las empresas, por una parte, dar a conocer mejor el proyecto, sus obras y acciones, y, por otra, recoger observaciones, mejoras o sugerencias de los vecinos, de modo tal que “sientan que son considerados en el desarrollo y ejecución del proyecto”. En ese contexto, la consultora aconseja “realizar procesos de participación ciudadana de manera anticipada y durante la tramitación ambiental del proyecto, para escuchar y conversar con las personas que se van a ver afectadas, conocer sus inquietudes y cómo éstas se abordarán como consecuencia de la apertura al diálogo”. Finalmente, Marcela Alday entrega otro consejo general a tener en cuenta: “Contar con apoyo especializado es importante para hacer las cosas bien”.

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La irrupción acelerada de algunas ERNC en la matriz energética ha impulsado el desarrollo de programas técnicos, de pregrado, postgrado y capacitación para proveer capital humano especializado.

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o que menos hace la industria de las energías renovables no convencionales (ERNC) es quedarse quieta. Todo lo contrario: sigue muy dinámica al compás del viento y de los rayos solares, principalmente. En materia de ofertas laborales, por ejemplo, Google revelaba a fines de enero una gran cantidad de vacantes para parques eólicos en construcción u operación: para técnico eléctrico, supervisor de grúas, asistente de calidad área eléctrica, prevencionista de riesgos, técnico de montaje... En tanto que en el pujante sector solar fotovoltaico se requerían desde project manager alta tensión hasta técnicos en mantenimiento, pasando por supervisores de obras, inspectores de calidad y operadores mecánicos. La alta demanda por capital humano se explica porque al 31 de diciembre de 2020, el 27,5% de la capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional era de ERNC, con un aporte de 3.484 megawatts (MW) solares fotovoltaicos, 2.657 MW eólicos, 579 MW mini hidráulicos de pasada, 414 MW de biomasa, 110 MW termosolares, 66 MW de biogás y 48 MW geotérmicos. La empleabilidad en este segmento se anticipa también muy próspera en el corto y largo plazo considerando los 5.896 MW renovables en construcción, los casi 23 mil MW aprobados y sobre 15 mil MW en evaluación ambiental. Esta visión es compartida por Darío Morales, Director de Estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, quien indica que “el sector está demandando una gran cantidad de profesionales, especialmente en todas aquellas áreas que están relacionadas con el desarrollo de proyectos, desde sus etapas iniciales de diseño e ingeniería, hasta las de construcción y operación”.

Carreras Profesionales y Técnicas La siguiente es una muestra representativa de los programas técnicos y de pregrado en el campo de las ERNC: • Ingeniería en Recursos Naturales Renovables: Universidad de Chile. • Ingeniería Civil en Energía y Medio Ambiente: U. Adolfo Ibáñez. • Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental: U. San Sebastián. • Ingeniería en Electricidad y Energías Renovables: AIEP (U. Andrés Bello). • Ingeniería de Ejecución en Energías Renovables y Sustentabilidad Ambiental: Instituto Profesional Virginio Gómez (UdeC). • Técnico Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética: U. de Atacama. • Técnico Universitario en Energías Renovables: U. Técnica Federico Santa María. • Técnico en Energías Renovables: DUOC UC y CFT Iplacex. • Técnico en Energías Renovables y Eficiencia Energética: Instituto del Medio Ambiente, Instituto Profesional de Chile, Instituto Virginio Gómez y CFT Juan Bohon. • Técnico en Energía Solar: Instituto Profesional Santo Tomás. • Técnico Nivel Superior en Eficiencia Energética y ERNC: U. de Magallanes • Técnico Eléctrico en Energías Renovables: CFT Tarapacá.

PERSONAL CALIFICADO La formación de capital humano especializado en esta área es un desafío que asumen cada vez más universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y organismos capacitadores. Al respecto, Shahriyar Nasirov, experto en mercados energéticos y director académico de tres programas de postgrado sobre ERNC en la Universidad Adolfo Ibáñez (ver recuadro), plantea en un artículo del plantel que “la industria de energías renovables en Chile y Sudamérica se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos en el mercado laboral. Aunque una transición rápida hacia un sistema energético basado en ERNC no sólo crea nuevas oportunidades de empleo sino también múltiples desafíos. Abordar las nuevas demandas laborales que surjan del ingreso de ERNC de gran escala en los sistemas energéticos y contar con el personal calificado para cumplir con la demanda creciente de especialistas, siguen siendo los desafíos principales para una transición fluida hacia estas tecnologías en Chile y en Sudamérica. Los trabajos en el área pueden exigir nuevas habilidades y competencias en el mercado o un ajuste en los ya existentes y la capacitación puede ser la respuesta para superar estos desafíos”. El académico agrega que se requiere formar profesionales que permitan sostener el constante crecimiento de esta industria. Para eso, deben poseer capacidades técnicas, conocer y entender las nuevas tecnologías, ser capaces de detectar nuevas oportunidades, estar dispuestos al cambio y capacitados para gestionar integralmente negocios relacionados a las ERNC, tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Morales pone el acento en el enfoque transdisciplinario que requiere la formación de expertos en este campo. Por eso destaca el surgimiento de nuevas especialidades dentro de las ingenierías, como la

Se requiere un enfoque transdisciplinario, holístico, en la formación de expertos en este campo. Ingeniería Civil en Energía o Ingeniería en Energía y Sustentabilidad. Estas son carreras que se introducen en el mundo de la ERNC “no sólo desde una sola disciplina, como la electricidad o la mecánica, sino que lo hacen desde una perspectiva más holística”, afirma. En el mismo sentido, plantea que los enfoques de las carreras vinculadas a las energías renovables deben ir más allá de los temas financieros, regulatorios, de política energética o ingenieriles. “Aunque estos aspectos son muy relevantes, no son suficientes. Poco a poco deberemos ir viendo más programas de pre y postgrado con un enfoque complementario en términos de desarrollo de proyectos ERNC”, sostiene.

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La formación de capital humano especializado en el área de las ERNC es un desafío que asumen cada vez más planteles de educación superior. Es más, asegura que profesionales de las áreas de ciencias biológicas y químicas tienen mucho que aportar a esta industria, especialmente en materia ambiental. Lo mismo que los formados en ciencias sociales en tópicos de eficiencia energética y relación con el territorio y comunidades. Añade: “Y disciplinas como el derecho tienen también un rol muy relevante en el desarrollo de una regulación moderna. Es por esto que decimos que las ERNC son un importante motor para desarrollar una matriz amplia de empleos de mayor complejidad y valor agregado”.

MESAS DE CAPITAL HUMANO La formación de personal calificado para esta boyante industria también ha estado en la agenda del actual gobierno. Liderada por el Ministerio de Energía, en 2018 se fijó una Ruta Energética con un horizonte hasta el 2022. Entre sus compromisos está la capacitación de 6.000 operarios, técnicos y profesionales, “desarrollando competencias y habilidades en la gestión y uso sostenible de la energía en el sector eléctrico, de combustibles y de energías renovables, certificando al menos a 3.000 de ellos”. La Ruta ha considerado el desarrollo de un “Marco de Cualificación para la Formación Técnico Profesional del Sector Energía”, junto al levantamiento de “Estudios de Brechas de Capital Humano”, que buscan definir los perfiles laborales que requiere actualmente el sector energético, sobre todo en el campo de las ERNC. Este tipo de iniciativas son implementadas por Corfo a través del Clúster de Energía y de Mesas de Capital Humano en Energía (hoy operando en las regiones de Antofagasta, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes), generándose, por ejemplo, capacitaciones y certificaciones orientadas a la industria de la energía solar en la zona de Antofagasta. Una de las empresas que ha participado en este proceso es Fulcro ABC, especialista en evaluación y certificación de competencias laborales para actividades industriales. Boris Aguilera, su Gerente General, señaló en un reportaje que “nuestro país puede exportar energía sustentable EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

Programa impulsa el Ministerio de Energía para contribuir a la formación de técnicos especializados en la instalación y mantención de sistemas fotovoltaicos en 20 liceos ubicados entre las regiones de Arica y Parinacota y del Biobío.

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Año en que ACERA creó un Comité Técnico de Recursos Humanos que busca, entre otros objetivos, hacer más fluida la relación entre la industria de las ERNC y las entidades encargadas de la formación técnica y profesional en el área. y conocimientos en torno a las ERNC, por lo que es fundamental establecer las estrategias de formación de nuestra fuerza laboral de manera anticipada y proyectándonos en el corto, mediano y largo plazo”. A su juicio, las instituciones de capacitación y la academia deben comenzar a trabajar en la formación de personas con un pensamiento crítico, innovador y emprendedor, puesto que “los grandes costos de vida útil de los procesos productivos están relacionados con fallas o problemas de confiabilidad, cuyas causas radican en brechas de conocimientos y habilidades de las personas”. La propia Corfo a través de su Comité Solar, con el apoyo de la Asociación de Concentración Solar de Potencia (CSP) y ChileValora -servicio público encargado de certificar las competencias laborales- definieron ocho perfiles ocupacionales que describen los conocimientos, habilidades y aptitudes relevantes necesarias para que los trabajadores se desempeñen en forma exitosa en una planta CSP, dadas las auspiciosas

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Programas de Postgrado Los siguientes son los principales programas de postgrado vinculados a las ERNC disponibles en Chile: • Doctorado en Energía Solar: Universidad de Antofagasta. • Magister en Energía y Sustentabilidad Ambiental: U. de La Serena. • Magister en Tecnologías y Gestión de ERNC: U. Adolfo Ibáñez. • Magister en Energías Renovables y Eficiencia Energética: U. de Magallanes. • Master en Energías Renovables y Gestión del Medio Ambiente: Isade Business School. • Diplomado en Gestión de ERNC: U. Adolfo Ibáñez. • Diplomado en Tecnologías y Regulación de ERNC: U. Adolfo Ibáñez. • Diplomado en Energías Sustentables: U. Católica de Chile. • Diplomado en Energías Renovables: U. de Chile. • Diplomado en ERNC mención Energía Solar Fotovoltaica: U. de Santiago. • Diplomado en Agua y Energía Solar para Zonas Áridas: U. de Tarapacá.

proyecciones de crecimiento de esta tecnología en el país. Actualmente, en el portal de ChileValora, están detallados 15 perfiles laborales en las áreas de energía solar y solar fotovoltaica: para Asistente Técnico de Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos, Coordinador(a) de Operaciones de Mantenimiento en Central Termosolar, Gestor(a) de Operaciones y Mantenimiento de Planta Termosolar, Instalador(a) de Sistemas Solares Térmicos de Circulación Forzada, Instalador(a) de Sistemas Solares Térmicos de Circulación Natural, Mantenedor(a) de Campo Solar en Planta Termosolar, Mantenedor(a) Eléctrico de Central Termosolar, Mantenedor(a) Instrumentista de Central Termosolar, Mantenedor(a) Mecánico de Central Termosolar, Montajista de Sistemas Solares Fotovoltaicos, Operador(a) de Planta Termosolar en Sala de Control, Operador(a) en Terreno de Planta Termosolar, Jefe de Obras Fotovoltaicas, Mantenedor(a) de Plantas Fotovoltaicas y Operador(a) de Plantas Fotovoltaicas.

HIDRÓGENO VERDE Como política de Estado, Chile planea también apostar con fuerza al Hidrógeno Verde (HV), denominado así porque se obtiene a través de la electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de ERNC. En una de las últimas sesiones de la mesa de capital humano en energía de Antofagasta, Rebeca Poleo de la empresa Tractebel adelantó el perfil de los futuros trabajadores del sector: “Para las etapas de construcción, comisionamiento, operación y mantención de las plantas de producción de HV se requerirá personal capacitado en áreas como mecánica, química, gestión ambiental, instrumentación y control, seguridad y prevención de riesgos, quienes deberán poseer un conocimiento con alto grado de especificidad, dado que en Chile no existe experiencia con esta tecnología y su uso a gran escala. Para eso será necesario realizar la adecuación de los currículums de las carreras afines al sector”.

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DUDAS EN TORNO AL ITL La adjudicación, por parte de Corfo, del Instituto de Tecnologías Limpias a un consorcio de universidades extranjeras generó numerosos cuestionamientos, algunos aún no aclarados.

l 4 de enero pasado, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) anunció que la implementación del esperado Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) –el mayor centro de investigación y desarrollo (I+D) que tendrá Chile– quedaría en manos de un consorcio liderado por universidades extranjeras. Con esa decisión, lo que se suponía que sería un hito

muy favorable para elevar los estándares ambientales y de sostenibilidad en el país, se transformó en una enorme polémica que, más allá de las opiniones y desavenencias de las distintas partes interesadas, puso en la mesa una serie de cuestionamientos al proceso de adjudicación que aún no han sido aclarados del todo. ¿Cuáles son los puntos que generan dudas?

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Aquí lo revisamos junto a los aspectos más relevantes de esta iniciativa.

ANTECEDENTES Y ADJUDICACIÓN El Instituto de Tecnologías Limpias es un proyecto gubernamental que busca impulsar la investigación y desarrollo en energía solar, hidró-

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geno verde, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales, como motores para el desarrollo nacional y regional. La iniciativa se sustenta en el acuerdo firmado -durante el Gobierno pasado- entre Corfo y SQM Salar por los contratos de litio en el Salar de Atacama, que permitió disponer de hasta US$ 193 millones como aporte estatal en 10 años para poner en marcha este centro de innovación y emprendimiento. El ITL se ubicará en la Región de Antofagasta y, aprovechando las condiciones únicas del Desierto de Atacama, se espera que al año 2030 sea un referente mundial en los temas señalados. En ese contexto, en octubre de 2019, Corfo convocó a una licitación en la que participaron tres consorcios conformados, principalmente, por universidades y empresas: uno encabezado por Associated Universities Inc. (AUI), otro liderado por la Corporación Alta Ley e integrado por las universidades chilenas más importantes y tradicionales, y el tercero con Fundación Chile como mandatario. El proceso culminó con la selección de la propuesta de AUI, entidad autónoma y sin fines de lucro fundada por 9 universidades estadounidenses (Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, John Hopkins, Rochester y Yale), que

también integra tres planteles superiores privados chilenos (U. del Desarrollo, U. San Sebastián y U. Autónoma) y un representante de la Macrozona Norte (U. de Atacama). La iniciativa considera una inversión de US$ 265 millones en la próxima década. El 54% de ese monto provendrá de los contratos de SQM, mientras que el 46% restante será financiado por AUI más el aporte de once empresas: Colbún, Enel Generación Chile, AES Gener, Enaex, GM Holdings, Ecometales, Cerro Dominador, Schwager Energy, Enor Chile, Clayton Ventures y Freitag and Company. Cumplidos los 10 años, el propio instituto deberá autofinanciarse. Una vez conocido el resultado de la licitación, integrantes de los otros consorcios participantes, representantes de universidades nacionales y del Congreso Nacional, plantearon diversas críticas al proceso, acusando eventuales irregularidades, falta de objetividad y transparencia, principalmente. En ese marco, siete parlamentarios de oposición (Guido Girardi, Yasna Provoste, Carlos Montes, Luis Rocafull, Gabriel Silber, Juan Luis Castro y Raúl Soto) solicitaron a la Contraloría General de la República que recabe antecedentes y revise el proceso y resultado de la asignación del ITL, para garantizar el uso apropiado de los recursos

públicos que se destinarán a este proyecto. Hasta el cierre de esta edición, esa diligencia seguía en curso. A su vez, senadores opositores y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas pidieron al Gobierno declarar desierto el concurso y abrir una nueva licitación, mientras que en la Cámara de Diputados se trató de crear una comisión investigadora para abordar el tema. Ninguna de esas acciones prosperó. Desde Corfo, en tanto, han defendido el desarrollo y transparencia del proceso y han señalado que están dispuestos a entregar los antecedentes que soliciten las respectivas autoridades.

CUESTIONAMIENTOS La presentación realizada por los congresistas ante la Contraloría recoge gran parte de los cuestionamientos que han hecho representantes de diversos sectores al proceso de adjudicación del ITL. Los legisladores piden al ente fiscalizador pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación “por eventuales contravenciones a los principios de juridicidad, de imparcialidad, de economía y de probidad en el ejercicio de la potestad para gestionar los fondos del contrato Salar de Ata-

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desconocido por el ente fiscalizador. Asimismo, los críticos expresan su inquietud porque la modificación apuntó a ampliar las actividades que podrán ser financiadas con los aportes que debe hacer SQM Salar, así como a ampliar la naturaleza jurídica de la entidad receptora de esos recursos. Con esto “se habrían cambiado el objeto de los aportes I+D y la manera de distribución de los recursos”, advierten. — Falta de transparencia: Impulsar la investigación y desarrollo en minería sustentable e hidrógeno verde será parte de la tarea del Instituto de Tecnologías Limpias. cama, entre la Corfo y SQM Atacama como, asimismo, por las evidentes irregularidades en el proceso de licitación”. Entre los puntos cuestionados destacan:

— No presentación a Contraloría: Los parlamentarios sostienen que los recursos provenientes del contrato entre Corfo y SQM que se destinarán al ITL corresponden a “dineros públicos”, por lo cual se tienen que asignar mediante una licitación pública que debió ser conocida por la Contraloría, cuestión que no ocurrió. “El llamado a licitación tiene un vicio de origen: Corfo lo trató como una especie de ‘licitación privada’ y, en consecuencia, omitió los requisitos formales que corresponden a un procedimiento de licitación pública, que, a lo menos, implican que las bases de licitación sean sometidas a toma de razón, dado los montos de dineros públicos involucrados”, detalla el escrito. Añade que esta situación “derivó en una serie de actos irregulares” de los que la Contraloría ni los consorcios participantes en la licitación jamás tuvieron noticia. — Dos comisiones evaluadoras: Uno de esos “actos irregulares” destacados por los parlamentarios es que “Corfo prescindió del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora que designó con participación de integrantes internacionales de reconocido prestigio. Tan así fue que, una vez conocida por Corfo la evaluación de este grupo de expertos -favorable al consorcio encabezado por las Universidades de Chile, Católica de Chile, de Antofagasta, de Tarapacá, de Concepción y otras-, dicha entidad demoró su divulgación y procedió a designar una segunda Comisión Evaluadora”, lo cual no estaba contemplado en las bases de licitación. Los parlamentarios agregan que esta instancia estuvo integrada por cinco personas no expertas en la materia, que finalmente le dieron mayor calificación a AUI. El senador Guido Girardi detalló: “Se asignaron puntajes falsos, por ejemplo, en materia de

participación y gobernanza al consorcio americano le otorgaron el máximo de 5 puntos pese a no cumplir con ninguno de los criterios: no tienen universidades locales en Antofagasta; no tienen participación de empresas mineras, ni de proveedores como lo exigen las bases y a pesar de eso le dan el puntaje mayor”. Al respecto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, acotó: “Nuestra propuesta tenía un fuerte acento en lo regional, daba mayor oportunidad de empleo y generaba un protagonismo de la minería nacional, pero se optó por la oferta extranjera”. En relación a esto, Corfo respondió a través de un comunicado que “el proceso de licitación consideraba la posibilidad de contar con asesorías externas, nacionales o internacionales, pero su contenido no era vinculante ni eran los únicos antecedentes o insumos que debía considerar la Comisión Evaluadora”. Agregó que en la calificación que hicieron estos asesores externos “se observa una diferencia menor en las propuestas de AUI y Alta Ley”, y si bien le dieron la máxima calificación al consorcio chileno en el ítem de sustentabilidad a largo plazo, también advirtieron que su propuesta “carecía de un asesoramiento continuo de tendencias y cambios en las necesidades de mercado y oportunidades para ajustar planes y proyecciones. La Comisión Evaluadora, por tanto, estimó que lo anterior se traducía en serias debilidades de coherencia y factibilidad del modelo de negocio, que no permitía asegurar la sustentabilidad de largo plazo del Instituto”.

— Cambios en contrato y objetivos del ITL: Los parlamentarios también denuncian la “modificación de la cláusula décimo quinta del contrato entre Corfo y SQM –suscrito en enero de 2018– para alterar los objetivos del ITL, en diciembre de 2020, cuando las propuestas de los consorcios oferentes estaban presentadas hacía tiempo”. Esta modificación sí fue presentada y acogida por la Contraloría, lo que, a juicio de los parlamentarios, evidencia que el llamado a licitación previo era

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Los parlamentarios opositores aseguraron que el 21 de noviembre se enteraron de algunas de las eventuales irregularidades y dos días después los miembros de la Comisión de Minería y Energía del Senado oficiaron a Corfo para que informara y aclarara la situación. Sin embargo, las autoridades responsables no se presentaron hasta después que se hizo la adjudicación: “Pretendían dar a conocer el resultado el 24 de diciembre, como se dice entre Pascua y Año Nuevo, para que pocos se enteraran. Pedimos que se suspendiera e invitamos a Pablo Terrazas, vicepresidente de Corfo, a explicar la situación a la Comisión Desafíos del Futuro el lunes 4 de enero a las 15:00 horas, pero durante esa mañana realizaron la asignación”, comentó Girardi. Otro hecho que, a juicio de los parlamentarios, denota la falta de transparencia con que actuó Corfo es que se dio a conocer el resultado antes que el Consejo de la entidad revisara, firmara y oficializara el acta de resolución. Asimismo, se cuestiona la inhabilidad de algunos miembros titulares de dicha instancia. — Plazo de recepción de propuestas: El escrito presentado a Contraloría indica también que la primera irregularidad denunciada fue la extensión discrecional del plazo de recepción de propuestas desde el 14 de febrero al 31 de marzo, “con el único propósito de favorecer el ingreso de un nuevo oferente. Eso es manifiestamente ilegal, pues violenta las condiciones de igualdad entre los oferentes, al otorgarle un plazo superior a aquel que no había logrado reunir los requisitos en el tiempo concedido”.

LOS ARGUMENTOS DE CORFO En distintas instancias, representantes del Gobierno y de Corfo han desestimado las críticas y, a través de un comunicado, la Corporación reiteró que la licitación fue “transparente y apegada a la ley”. Al mismo tiempo presentó detalles del proceso y los argumentos que sostienen la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias a AUI, entre los que destacan: • La Comisión Evaluadora del proceso seleccio-

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•

nó la propuesta según los siguientes criterios y subcriterios: diagnóstico, plan de desarrollo estratégico, infraestructura y equipamiento, plan de trabajo, presupuesto, participantes, gobernanza, sustentabilidad a largo plazo, y cofinanciamiento. Cada ítem se calificó con una nota de 1 a 5, y cada criterio contó con una ponderación definida. Las notas finales ponderadas fueron: 4,5 para AUI; 4,2 para Corporación Alta Ley; y 3,3 para Fundación Chile. AUI obtuvo una mejor evaluación en los criterios de sustentabilidad a largo plazo y cofinanciamiento del Instituto, siendo éstos los principales elementos diferenciadores con Alta Ley. En el caso de la sustentabilidad a largo plazo, la propuesta ganadora comprometió seis nuevos laboratorios e instalaciones multipropósito para el desarrollo de las tres áreas de especialización del Instituto en la Región de Antofagasta. La propuesta de Alta Ley no considera nueva capacidad instalada en la zona, ni desarrollo de nuevo equipamiento propio. Por el contrario, deja la labor del Instituto desagregada en la infraestructura que tienen las instituciones relacionadas al consorcio, no proyectando el trabajo de la entidad, una vez que se acabe el aporte I+D. Respecto al cofinanciamiento, la Corporación Alta Ley condicionó el 20% del aporte total contemplado, a la reinversión de eventuales ingresos futuros, generando incertidumbre y poniendo en duda la capacidad del Instituto de financiar la propuesta y proyectarse a futuro. AUI consideró aportes monetarios efectivos por US$ 104 millones, y solicitó un fondo I+D de SQM por US$ 142 millones. Alta Ley, en cambio, inyectaría US$ 37,5 millones y solicitó el aporte máximo estatal (US$ 193 millones). La propuesta liderada por AUI mostraba también como fortaleza un modelo de negocio factible y un adecuado tratamiento de los aspectos de transferencia tecnológica; además de una definida estrategia de escalamiento y comercialización, presentando ejemplos claros que permiten confirmar el fortalecimiento de emprendimientos de base tecnológica. La propuesta contempla un modelo abierto e integrador, que considera durante el periodo de vigencia del aporte I+D, que las universidades, centros y/o institutos que cuenten con capacidades científicas y tecnológicas en Chile y que no sean parte del consorcio ganador, puedan participar de las iniciativas del Instituto.

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ORBE Consultores desarrolla proyectos de compensación y restauración ambiental a través de la reforestación y mitigación de impactos en suelos, aire, aguas, fauna y vegetación. EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

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a plantación de 200.000 árboles y la recuperación de más de 270 hectáreas de bosque nativo en Chile, demuestran la experiencia y vocación con que cuenta ORBE Consultores. Formada en 1992, esta empresa ha desarrollado –tras recibir a los socios de SIGA Consultores y a lo largo de su trayectoria– una serie de importantes y exitosos proyectos de compensación y restauración ambiental. Iniciativas concretadas a través de reforestaciones de bosque nativo, recuperación y mitigación de impactos en suelos, aire, aguas, fauna y vegetación, además de descontaminación y restauración ecológica. El ecólogo Andrés Martín, socio y Gerente del Área de Estudios y Evaluación Ambiental de ORBE, comenta: “Hay muy pocas empresas dedicadas a las reforestaciones de bosque nativo y un

BOSQUES DE PRESERVACIÓN Adicionalmente, ORBE presta servicios técnicos de planificación de manejo forestal y definición de bosque de preservación. Al respecto, Martín explica que la Ley de Bosques (N° 20.283) establece que si un bosque presenta dentro de su composición especies arbóreas protegidas que estén incluidas en los listados nacionales, se le considerará un bosque de preservación. Por ende, la especie protegida no puede ser cortada ni tampoco su bosque acompañante. No obstante, añade el experto, “si estás en un continuo de bosques, ¿hasta dónde llega el bosque de preservación?”. En respuesta a esta interrogante, la consultora desarrolló una metodología para estudiar cuál es el área mínima de bosque de preservación, definida con base en los factores físicos y biológicos y en las características propias del lugar que permite el desarrollo de la especie y su formación vegetal acompañante. Es decir, tipo de suelo, aportes hídricos, relaciones inter especies, etc. Sumado a lo anterior, la compañía provee servicios de diseño de las plantaciones y de sistemas de riego tecnificado; gestiones para las autorizaciones correspondientes; compensación y restauración ambiental de vegetación, suelo y sistema hídrico, y proyectos de traslado, relocalización y creación de hábitats para fauna, junto con obras de restauración ecológica en sitios contaminados.

REFORESTACIÓN EN ALHUÉ

Legislación Incompleta Cristóbal Fernández, Gerente del Área Legal y Gestión de Permisos de ORBE Consultores, advierte sobre un punto deficitario en la Ley de Bosques: “La legislación chilena es coherente pero incompleta, pues no resuelve adecuadamente la relación o reglas que definen la competencia por el territorio”. En esa línea, argumenta que la normativa “no aprovecha el efecto legal de las cortas que se derivan del proceso de planificación urbana, es decir, compensándolas mediante la implementación de parques y áreas verdes (nativas). En cambio, termina por expulsar el bosque nativo fuera del radio urbano, disminuyendo los beneficios ambientales que éste entrega a la ciudad”.

Obra de contención y manejo de aguas lluvias realizada en Catemito, comuna de San Bernardo.

número reducido son las que llevan esa cantidad de árboles plantados (200.000), con buenos resultados. Hemos adaptado nuestras propias metodologías. Nos basamos en un funcionamiento ecosistémico que tiene como base la gestión del agua y la restauración ambiental de los ciclos naturales en que interactúan el suelo, la vegetación y la fauna”. También, agrega el especialista, la compañía apunta a que las reforestaciones no dependan siempre del apoyo humano, sino que se comporten en el mediano plazo como un sistema natural autosuficiente: “Para eso, nos preocupamos de cómo se autosustentará en el tiempo en cuanto a su abastecimiento hídrico, de cómo se va recuperar el suelo y de cómo irá conformándose una comunidad vegetal que permita el desarrollo de ese bosque que hemos plantado”.

Varias obras de reforestación ejecutadas por ORBE Consultores son monitoreadas por organismos del Estado, como CONAF. Acerca de un caso de éxito en la comuna de Alhué, el ecólogo recuerda: “Hicimos la reforestación de 120 hectáreas en un lugar de ladera norte, de fuerte asoleamiento, por lo que tuvimos que sustentarla a partir de un sistema de colecta de aguas lluvias”. Y agrega: “Llenamos el cerro de zanjas porque vimos que la conformación geológica allí existente permitía la infiltración del agua hacia el subsuelo y que ésta escurriese aguas abajo, por sobre la roca madre que se emplaza bajo el relleno de suelo aluvial. Finalmente, captamos el agua infiltrada más abajo, en afloramientos que se daban en el contacto roca-suelo. De allí, la tomábamos y la recirculábamos hacia arriba mediante un sistema de riego”. Asimismo, detalla el profesional, “logramos aumentar la cobertura vegetal de estratos herbáceo y arbustivo naturalmente, a través de la facilitación de la dispersión y sucesión natural, incrementando la diversidad de especies de manera importante en el área trabajada”.

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UN PUENTE NECESARIO El siguiente artículo analiza el rol del consultor ambiental como intermediario entre las exigencias normativas y las prioridades sociales. Por Alfonso Vial Arriaga Gerente General Gestión Ambiental Consultores (GAC)

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n el año 2018 la vida estadística de un chileno tenía un valor de 16.765 UF, mientras que cuatro años antes era de 14.910 UF y en 2002 alcanzaba las 10.850 UF. Este valor, en permanente revisión y cambio, se utiliza en todo Análisis General de Impacto y Económico Social (AGIES) para determinar los costos y beneficios de las regulaciones ambientales en Chile, en especial, de las normas de carácter primario que tienen por objeto proteger la salud de las personas. En general, a mayor valor de la vida más estricta resulta ser la norma. Desde el punto de vista conceptual, toda norma ambiental representa un acuerdo técnico-político, teóricamente representativo de las prioridades de la sociedad en un determinado momento, en torno a ciertos límites que servirán para definir parámetros como la contaminación. En ese sentido, con la actualización de los datos técnicos –como por ejemplo el valor de la vida– y de las prioridades de la sociedad, tendríamos normas distintas a las vigentes.

considerablemente la ambigüedad jurídica, genera una revisión de los criterios de ingreso al SEIA.

EL ROL DEL CONSULTOR Sin cambios regulatorios sustantivos, el concepto “impacto significativo” ha cambiado a lo largo de los años. ¿Qué es eso, sino una revisión permanente por parte de los servicios públicos y tribunales de las prioridades y preferencias ambientales de la sociedad y del avance de los principios ambientales en ese sentido? En este contexto, uno de los principales roles del consultor hoy es sintonizar con las inquietudes sociales. La discusión sobre este tema se da en el marco de la política pública al respecto, ya que actualmente el cumplimiento normativo –piso mínimo y obligatorio– está lejos de ser la vara con la cual los proyectos se evalúan y perciben. En la misma

CAMBIO CONSTANTE En una sociedad como la actual, en que el cambio es la única constante, se hace muy difícil que la regulación se actualice de manera tal de reflejar fielmente los análisis que justifican las medidas que allí se contienen. A mayor abundamiento, Chile es un país en que la escasa regulación ambiental, es generada en contingencia y de acuerdo con las pulsiones sociales del momento, por ende, es reactiva y tardía. Lo mismo sucede con el proceso de evaluación ambiental de proyectos. En un reciente fallo basado en el principio precautorio, la Tercera Sala de la Corte Suprema, razonó que, más allá de las tipologías de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) taxativamente enumeradas en el artículo 10 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, debían considerarse los impactos ambientales de los proyectos para determinar si éstos debían ser evaluados. Sin duda la interpretación fue audaz, pero es consistente con la tendencia laxa que ha ido adoptando el máximo tribunal de justicia en asuntos ambientales, y va en línea con la manera en que el Reglamento del SEIA regula las modificaciones de proyectos (Art.2, literal g.3). Tras esto, sucesivos y diversos fallos de los Tribunales Ambientales han utilizado la misma lógica argumentativa finalista y precautoria. Lo anterior, además de aumentar

El consultor ambiental genera impacto al valor del proyecto cuando se logra la licencia social para operar, plantea Alfonso Vial. línea, la identificación de los criterios de ingreso al SEIA en un contexto de permanente revisión, manifiesta de manera patente el rol interpretativo del consultor como vínculo entre los requisitos normativos literales y su aplicación práctica. Dado lo anterior, el consultor ambiental debe orientar al proponente para que esté en sintonía con la evolución de los criterios

ambientales y, por sobre todo, ser el puente que permita la adecuada, incidente y oportuna ponderación y consolidación de la participación ciudadana en los proyectos. En este sentido, los consultores ambientales debemos actualizarnos permanentemente para cumplir el rol integrador entre lo regulatorio, lo técnico y lo social. No basta con generar información técnicamente impecable para una descripción acabada del proyecto y su entorno, y proyectar correctamente los impactos. El valor del consultor se genera cuando con esto se logra incidir en los proyectos, para adecuarlos a la realidad actual y futura en que éstos se materializarán. No es raro que quienes se someten a evaluación ambiental tengan como horizonte una resolución de calificación ambiental, pero eso no basta: el consultor también debe proyectar la sustentabilidad a los 20 o 30 años de vida útil del proyecto. Partiendo de la base que no todo proyecto es viable ambientalmente, se debe entender que su factibilidad se logra, principalmente, con apertura al cambio, incorporando distintas variables y perspectivas. De esta forma, además, las medidas de compensación o mitigación que se propongan cobrarán más sentido y relevancia, pasando a generar valor al negocio, al alero de resoluciones de calificación ambiental que contengan verdaderas licencias sociales para operar, y no sean solo autorizaciones administrativas. Como consultores, usualmente se nos mide por el costo de las medidas propuestas, y pocas veces por la estabilidad socioambiental con la que puedan ejecutarse los proyectos. El valor de esa certeza no se suele cuantificar en la planilla Excel de la evaluación. Sin embargo, la sustentabilidad de un proyecto está amparada en su licencia social, que va de la mano con la ponderación que la sociedad le da al análisis de costos y beneficios de la operación. Siempre será recomendable contar con mejores y más actualizadas normas ambientales, y con autoridades que les den una interpretación consistente, pero, aun así, se producirán brechas entre las prioridades de la sociedad y la regulación. En este sentido, el adecuado cumplimiento del marco normativo es condición necesaria, pero no suficiente para la sostenibilidad de un proyecto. Y es por esto que, para realmente generar valor a los proyectos, la consultoría ambiental deberá siempre –además de contar con sustento técnico– ponderar, interpretar y representar a la sociedad en el proceso de consideración ambiental de los proyectos.

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SOCIO ESTRATÉGICO SGS ofrece una amplia gama de análisis químicos a empresas de todos los sectores como apoyo fundamental a la consultoría ambiental.

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CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 81

n tiempos en que el compromiso ambiental y el cumplimiento de las exigencias legales en la materia deben ser prioridad para las empresas, la consultoría es un sostén en que muchas de ellas se apoyan para lograr sus objetivos. En ese contexto, los análisis químicos desempeñan un papel fundamental. Johanna Irribarra, Subgerente de Laboratorio de SGS Chile, da ejemplos de actividades en terreno en las cuales estos ensayos son de gran ayuda: “Dentro de la amplia gama de servicios que entrega la consultoría están las líneas base, que son una descripción del momento reciente de una variable ambiental, sin nuevas intervenciones antrópicas. Esta labor requiere necesariamente técnicas analíticas sensibles y modernas que permitan caracterizar y cuantificar niveles de bajo umbral, sirviendo como guía hacia el futuro. Por otro lado, están los PVA (Planes de Vigilancia Ambiental), cuyo objetivo primario es revisar cómo evolucionan los valores que toman los parámetros ambientales. En consecuencia, los análisis químicos adquieren un rol protagónico para evidenciar este escenario, que es muy relevante para el medio ambiente”.

y aire. Nuestro laboratorio central, con más de 2.500 m2 construidos en la comuna de Pudahuel, se presenta como una alternativa de calidad y con capacidad para apoyar las labores de investigación y consultoría ambiental”. Garantizar resultados confiables es esencial para la compañía, por lo cual cuenta con una red de equipos de vanguardia. Entre éstos destacan los ya citados ICP Masa e ICP Óptico, ambos combinados con un sistema de inyección de muestras SC-FAST que contribuye significativamente a la confiabilidad del resultado y la disminución de los límites de detección. También aportan a este objetivo la automatización del proceso, gracias a la autodilución de la muestra, y el funcionamiento de equipos cromatográficos. “Los tiempos de respuesta que tenemos están en línea con los requerimientos de los clientes y

requerimientos de nuestros clientes”, revela la especialista.

OTRAS FORTALEZAS Desde el punto de vista técnico y considerando los servicios que demanda la consultoría ambiental, un aspecto central que toma en cuenta SGS para cumplir sus objetivos se relaciona con los niveles de detección de algunos elementos como los metales, “cumpliendo nuestros equipos de ICP Masa a cabalidad con esa demanda”, resalta Irribarra. Rodríguez, en tanto, apunta al respaldo como otra fortaleza de los servicios analíticos de la empresa. “Tenemos la experiencia necesaria para abordar los desafíos que demanda ser el respaldo analítico de la consultoría. De hecho, hemos sido actores principales en eventos de emergencia

AMPLIA OFERTA Uno de los principales proveedores de análisis químicos a nivel nacional es precisamente SGS, que con toda su red de servicios presta apoyo transversal a la industria nacional en materias ambientales. José Rodríguez, Bussines Line Head para Aguas y Suelos de la empresa, comenta que dentro de la amplia gama de análisis que los dos laboratorios de SGS (ubicados en Santiago y Antofagasta) disponen para apoyar los estudios de las variables ambientales están: • Barrido de metales, con sus equipos de última generación ICP Óptico e ICP Masa, este último para la captura de concentraciones trazas. • De hidrocarburos, entre ellos PAH’s (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos), BTEX (Hidrocarburos Aromáticos Monocíclicos) y TPH (Hidrocarburos Totales del Petróleo). • Microbiológicos: Para determinación de Coliformes y Escherichia Coli. • Fisicoquímicos clásicos, como demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y nutrientes, entre otros. Rodríguez agrega: “Actualmente procesamos más de 100 mil determinaciones mensuales con capacidad de análisis para todas las matrices ambientales, tales como agua, suelo, residuos

SGS cuenta con cobertura operacional en todo el territorio nacional, desde Arica a Punta Arenas.

nuestra capacidad de recepción de muestras es de gran soporte en estos estudios. Junto con ello, disponemos de un amplio equipo de profesionales de gran experiencia en la ejecución de los ensayos e interpretación de resultados”, asegura Johanna Irribarra. Entre los sectores que más solicitan los servicios de SGS en este ámbito están el minero, eléctrico, sanitario, maderero, acuícola y todos aquellos susceptibles de interactuar con cualquier variable ambiental. De ahí que la empresa cuente con cobertura operacional en todo el territorio nacional, desde Arica a Punta Arenas, “cubriendo y abordando de manera óptima la cadena logística de

y contaminación, en los cuales la rapidez y confiabilidad de nuestros resultados han permitido tomar decisiones fundadas”, indica. En conclusión, ambos profesionales plantean que SGS, desde el punto de vista logístico, “ha apoyado a la consultoría de un modo facilitador y oportuno, afrontando las emergencias con una respuesta ágil y dinámica. Somos un partner estratégico en la gestión ambiental y nuestra cobertura nacional nos permite abarcar proyectos a lo largo de todo Chile. Contar con un laboratorio de referencia con más de 25 años de experiencia convierte a SGS en un socio para la consultoría, aportándole prestigio y calidad a sus estudios”.

82 INTERNACIONAL

A REDUCIR EL CO2

Pese a la baja en las emisiones de dióxido de carbono debido a la pandemia, la ONU plantea la urgencia de acelerar este proceso para evitar que el planeta se siga calentando. Para eso expone algunos desafíos.

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INTERNACIONAL 83

l 2020 igualó al 2016 como el año más caluroso alguna vez registrado pese al enfriamiento que generó el fenómeno de La Niña. Una mala noticia que precede a una peor: la década 2011-2020 fue la más calurosa de la historia, cerrándose 2020 con una subida de 0,4 grados centígrados más que en 2019 y 1,25 °C por sobre la media de la era preindustrial. Esto, según el informe anual del servicio Copernicus, el programa europeo de observación y vigilancia de la Tierra. “Estas temperaturas récord evidencian la urgencia de actuar contra el calentamiento global”, expresa el reporte, que subraya que los efectos del cambio climático son cada vez más visibles en todo el planeta. ¿Cómo se expresan? A través del deshielo de los casquetes glaciares, rachas de calor excepcionales, precipitaciones diluvianas y temporadas récord de huracanes, como la última en el Caribe.

EFECTO COVID-19 Según el “Informe sobre la brecha en las emisiones del 2020”, elaborado por un comité de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las emisiones de dióxido de carbono (CO2) podrían haber descendido alrededor de un 7% en el 2020 (rango de entre 2% y 12%) en comparación con los índices del 2019 a causa de la pandemia. Pero pese a que el año pasado las emisiones de CO2 fueron inferiores, el reporte precisa que las concentraciones atmosféricas derivadas de los gases de efecto invernadero (GEI) más destacados (CO2, metano y óxido nitroso) “se mantuvieron al alza tanto en el 2019 como en el 2020. Para que el calentamiento global se estabilice, es imprescindible que la reducción en las emisiones se mantenga para llegar a las cero emisiones netas de dióxido de carbono, lo que provocará el apogeo del calentamiento global y su descenso a partir de entonces”. Agrega que la crisis sanitaria solo ha desencadenado la disminución a corto plazo de las emisiones mundiales de GEI y no contribuirá mayormente a la reducción de las emisiones para el 2030 “a menos que los países aspiren a una recuperación económica que incluya una descarbonización enérgica”. El reporte entrega detalles: “Se espera que las secuelas de la desaceleración generalizada de la economía debido a la pandemia y las respuestas asociadas al rescate y la recuperación traigan aparejadas un descenso de las emisiones mundiales de GEI de entre aproximadamente 2 y 4 GtCO2e para 2030 con respecto a la situación anterior al Covid-19 considerando las políticas vigentes. Esta conjetura presupone que las emisiones de CO2 bajarán de forma pasajera y después reproducirán el ritmo de crecimiento anterior a 2020”. También plantea que el único escenario en el que las proyecciones muestran una disminución sustancial de las emisiones mundiales de GEI para 2030 es con una recuperación económica post pandemia que asuma la descarbonización como un proceso muy necesario. Esto podría traducirse en que las emisiones mundiales de GEI se situaran en 44 GtCO2e para el 2030, 15 GtCO2e menos (algo más del 25%) que antes de la llegada del Covid-19. El documento destaca, asimismo, una buena noticia que dejó el año 2020 en materia de políticas climáticas: la firme determinación de muchos países de alcanzar las cero emisiones netas en torno a mediados de siglo. “Para que estos compromisos sigan siendo viables y creíbles, es esencial que se conviertan inmediatamente en políticas y medidas sólidas a corto plazo y que se

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Millones de toneladas anuales pierde la capa de hielo antártica debido al calentamiento global, según estudios.

Los confinamientos prolongados, como los producidos en París, han sido claves en la baja de las emisiones de GEI. reflejen en las Contribuciones Nacionales Determinadas (CDN)”, afirma. No obstante, el PNUMA lamenta que la mayoría de los miembros del G20 –el grupo de países más poderosos del mundo que representan el 85% de la economía mundial y el 78% de las emisiones totales de GEI– no estén bien encaminados para cumplir sus compromisos de CDN al 2030. En concreto, solo nueve de ellos están en vías de lograrlo.

DESAFÍOS A ENFRENTAR Aunque deja en claro que las actuales CDN no son suficientes para lograr los objetivos climáticos del Acuerdo de París, trayendo aparejadas un incremento de la temperatura del planeta de al menos 3 °C a finales de siglo, el informe sostiene que este pesimista panorama podría morigerarse: “Las metas que se han anunciado en relación a las cero emisiones netas moderarían este aumento en alrededor de 0,5 °C si las CDN a corto plazo y las correspondientes políticas se armonizan con los propósitos de alcanzar el cero neto”. Además, hace un llamado a los países a aprovechar las medidas de rescate y recuperación financiera para acelerar su transición a un modelo de bajas emisiones de carbono. “No es demasiado tarde para aprovechar las oportunidades que surjan en un futuro, de lo contrario es probable que nos alejemos todavía más de los objetivos del Acuerdo de París”, expresa. Por otra parte, reafirma que los marcos normativos vigentes para remediar el problema de las emisiones son endebles. En específico, asegura que “se necesitan políticas complementarias para reducir la brecha entre las trayectorias actuales del transporte marítimo y la aviación y las de emisiones de GEI que son compatibles con los objetivos del Acuerdo de París relativos a la temperatura”. Al respecto, cabe indicar que aproximadamente el 70% de las emisiones de GEI de ambos sectores se producen en el ámbito internacional y no se incluyen en los totales nacionales que se comunican a la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. “Estas nuevas políticas deben ser el motor de los cambios en la tecnología, las operaciones, y el uso y demanda de combustibles”, señala el documento. El reporte del PNUMA recuerda también que cerca de dos tercios de las emisiones mundiales están vinculados a actividades domésticas. De ahí que invite a “reducir las emisiones mediante la introducción de cambios en nuestra forma de vivir, lo que implica transformar tanto las condiciones sistémicas en general como las acciones a nivel particular”. En relación con lo anterior, revela la importancia de mejorar la equidad como pilar fundamental para abordar los modos de vida y su vínculo con el calentamiento global. Esto, dado que las emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble de la suma de las emisiones del 50% más pobre.

Paola Basaure Barros

ás de quince años de experiencia profesional tiene Paola Basaure, Jefa de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Ingeniero Civil, mención hidráulica, sanitaria y ambiental de la U. de Chile, con un magister en recursos y medio ambiente hídricos, y diplomados en liderazgo y recursos humanos, en 2018 asumió su actual cargo en el que ha impulsado interesantes iniciativas para fortalecer la labor del SEA. “Hemos revisado la evaluación ambiental en 360 grados. Se han realizado consultorías para saber cómo estamos con respecto a otros países y ver qué podemos mejorar en cada una de las componentes y con cada organismo ambiental en Chile”, señala. En ese contexto, se han analizado temas como cambio climático, impacto acumulativo, emisiones, fauna, flora y vegetación, consulta indígena y análisis de diagnóstico con instituciones como la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, y la Dirección General de Aguas, entre otros. A partir de eso, se espera definir lineamientos técnicos en cada componente ambiental consultada. Por otra parte, se ha robustecido la participación ciudadana con una nueva metodología: el +PAC. Paola Basaure explica: “A las asambleas presenciales, a los puerta a puerta y a las casas abiertas que el SEA ha hecho por años, se ha agregado la participación ciudadana a distancia. Esto incluye radiodifusión en medios locales, reuniones virtuales, la iniciativa ‘SEAcerca’ que son camionetas en terreno para llegar a comunidades sin conexión”. Además, se habilitó un nuevo portal ciudadano en el sitio web, donde los proyectos se presentan de modo más didáctico para que las personas puedan efectuar mejores observaciones. También se está trabajando para que, a través del celular, se puedan hacer consultas y conocer los proyectos con procesos de participación abiertos. A eso se suman iniciativas como la evaluación de alternativas para implementar la consulta indígena y la participación con pueblos originarios. Como resultado de todo este trabajo, durante su gestión han mejorado los plazos de evaluación de proyectos: la cantidad de días corridos para estudios de impacto ambiental bajó un 21% en 2020 en comparación a 2019, mientras que en las Declaraciones de Impacto Ambiental se redujo en un 14%.

Antonia Biggs Fuenzalida

i de ella dependiera, hoy mismo haría partícipe a todas las empresas y habitantes de este país de los muchos beneficios de la economía circular. Confiando que eso ocurrirá más temprano que tarde, Antonia Biggs empuja esta estrategia desde Fundación Chile como Directora del Pacto Chileno de los Plásticos y liderando los temas de consumo y producción sustentable. Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, suma más de diez años de experiencia en gestión de proyectos, coordinación multisectorial y desarrollo de actividades relacionadas con el medio ambiente, principalmente para la implementación de políticas públicas. Uno de sus logros fue involucrarse directamente en el desarrollo inicial de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP). También coordinó y presentó la Estrategia de Crecimiento Verde de Chile ante la OCDE, la cual se encuentra vigente hasta hoy. Durante siete años trabajó codo a codo con ChileCompra (Ministerio de Hacienda) en el desarrollo de herramientas relacionadas con la contratación pública sostenible, incluida la Directiva de Compras Nº 25, “Recomendaciones para la contratación de bienes y servicios que incorporen criterios ambientales”. Además, coordinó y desarrolló el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables, un hito clave en el avance país del Objetivo Nº 12 de la Agenda 2030, validado por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad y por Presidencia en 2016. Antonia Biggs fue también Coordinadora de la Comisión Ambiental para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y responsable de su reporte con énfasis ambiental en los informes nacionales presentados a ONU Medio Ambiente en 2017 y 2019, respectivamente. Ha sido representante (suplente) ante el mismo organismo del Marco Decenal de Programa de Consumo y Producción Sostenible y del Consejo Regional en los mismos temas. Actualmente, su misión principal es llevar a cabo la hoja de ruta trazada por los miembros del Pacto Chileno de los Plásticos hasta el año 2025.

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RIESGOS LABORALES 4.0 La revolución digital, marcada por la automatización de muchas funciones, implica nuevos riegos para los trabajadores. Aquí los mencionamos.

e los exoesqueletos ya se habla y escribe, pero en los próximos años y décadas se hará mucho más. ¿Sabe qué son? La definición clásica señala que es un tejido orgánico duro y rígido que recubre exteriormente el cuerpo de los artrópodos y otros invertebrados. La más nueva, aplicada a humanos, se refiere a una estructura o armazón artificial que recubre total o parcialmente el cuerpo de una persona y permite aumentar sus capacidades físicas. Se trata de una tecnología emergente, utilizada sobre todo en el mundo del trabajo, que se inserta en la denominada industria 4.0 o cuarta revolución industrial. Es la misma en la que conviven drones, cobots, Internet de las cosas, fabricación aditiva y realidad virtual y aumentada, principalmente. Y que ya comenzamos a vivir, automatizando y haciendo más seguras muchas de las labores que históricamente han realizado trabajadores de carne y hueso. Hyundai, por ejemplo, presentó en 2019 el Vest EXoskeleton, un armazón rígido y portátil creado con el fin de mejorar la productividad y reducir riesgos de accidentes en plantas industriales. Es un chaleco que imita el movimiento de las articulaciones y previene lesiones en los trabajadores de la línea de montaje de sus fábricas. Su peso es de apenas 2,5 kg. Es cierto que la OCDE advirtió que alrededor del 53% de los empleos en Chile está en peligro de desaparecer debido a la automatización, pero también es una realidad que la cada vez mayor interacción humano-robot de la in-

Entre los riesgos laborales del uso de exoesqueletos están los choques por escasa maniobrabilidad y caídas por desequilibrios.

dustria 4.0 genera nuevos riesgos de accidentabilidad para los trabajadores. Considerando que en Chile hay escasa información al respecto, a continuación destacamos los principales alcances del estudio “Tecnologías emergentes ¿qué estar por venir?”, publicado en 2020 por diferentes mutualidades y organizaciones empresariales y tecnológicas de España.

ANTICIPAR Y PREDECIR En el documento se afirma que “la expresión del nuevo modelo productivo de la industria 4.0 es aumentar la competitividad, producir más y con mayor calidad, con más derechos para los trabajadores y de manera más segura”. Agrega que las tecnologías de la también

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llamada revolución digital “permiten anticiparse y predecir accidentes laborales, facilitar la reincorporación tras un periodo de ausentismo, fabricar piezas con formas ilimitadas o aprender simulando situaciones reales de trabajo. Sin embargo, conllevan riesgos, como movimientos repetidos por los ritmos impuestos, reducción de descansos, mayor carga mental, fatiga visual, compresión de músculos o nervios, exposición a campos electromagnéticos, e incluso nuevos riesgos laborales que antes no existían como el tecnoestrés, la tecnofobia o la tecnoadicción, entre otros”. En el estudio se analiza cada tecnología emergente de manera individual, poniendo énfasis en sus beneficios y potenciales riesgos para quienes interactúan con ellas. A continuación, lo que señala para drones, cobots, exoesqueletos y realidad virtual. — Drones Como ventajas registra fácil manejo y versatilidad, ausencia de instalaciones aeroportuarias y posibilidad de vuelo nocturno, menor costo y acceso a lugares remotos. Por operar sin tripulación pueden, además, realizar misiones arriesgadas acercándose más al objetivo de manera precisa, segura y eliminando riesgos asociados a la ubicación. Entre sus potenciales riesgos figuran golpes, caídas de objetos y materiales sobre personas, caídas del operador, contacto con baterías de litio, cortes con hélices, fatiga visual, carga mental, sobreesfuerzos y posturas forzadas. Y también los derivados de trabajos en altura o en espacios confinados o redu-

cidos, y exposición a campos electromagnéticos, como ocurre en el mantenimiento de antenas.

de descansos, y carga mental por las mayores demandas en plazos, cantidad y/o calidad de producción.

— Cobots

— Exoesqueletos

Estos robots creados para interactuar físicamente con humanos en un entorno colaborativo de trabajo, son flexibles ante cambios productivos, de fácil programación y uso, personalizados dependiendo el tipo de producción y adaptados para trabajos colaborativos. ¿Riesgos? Los derivados de su interacción con personas, como contactos mecánicos, movimientos repetidos por el ritmo impuesto por el cobot, sobreesfuerzos y posturas forzadas. Y de tipo psicosocial derivados de los cambios de organización del trabajo, como aumento del ritmo o reducción

Prestan asistencia en tareas de carga, facilitan la reincorporación tras bajas laborales, disminuyen el ausentismo y la rotación del personal, igualan las diferencias en capacidades físicas y reducen los trastornos musculoesqueléticos. Entre los riesgos que presentan están los choques por escasa maniobrabilidad, caídas por desequilibrios, disconfort térmico y rozaduras por el uso, compresión de músculos o nervios, riesgos higiénicos por compartir equipos, aumento de la carga física y del ritmo cardiovascular por el peso del exoesqueleto, y estrés.

— Realidad virtual y aumentada Sus aplicaciones se destinan, principalmente, a formación de personal (entrenamiento realista, interacción en tiempo real, posibilidad de repeticiones, simulación de riesgos sin peligro; marketing; entretenimiento (experiencias inmersivas e interactividad en red); industria (visualización de información al instante en procesos y equipos de trabajo, mantenimiento y teleasistencia mediante guiado experto remoto evitando desplazamientos innecesarios); y rehabilitación física (ejercicios gamificados y posibilidad de medir parámetros). Algunos de sus riesgos laborales identificados son choques, caídas, fatiga visual, sobreesfuerzos en el cuello, mareos, desorientación y adicción.

AGENDA AL DÍA

Siguen privilegiando el formato virtual la gran mayoría de los eventos vinculados a temas ambientales y de sostenibilidad programados para los próximos meses. A continuación aportamos detalles de algunos de ellos. Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

CEM12/MI-6 Chile será el anfitrión de la cumbre Internacional más importante de energías limpias e innovación del 2021, la que se compone de dos eventos: Clean Energy Ministerial (CEM) 12 y Mission Innovation (MI) 6. Se realizará entre el 31 de mayo y el 6 de junio de manera 100% virtual. Los temas se vincularán a los desafíos sociales, económicos y climáticos que habrá que enfrentar luego de la pandemia del Covid-19 y con el proceso de recuperación económica. Por un lado, CEM es un foro global de alto nivel que busca promover políticas y programas para avanzar en el despliegue de tecnologías de energías limpias. Mientras que MI busca acelerar la innovación en energías limpias a nivel mundial a través de la inversión en investigaciones. Más información en https://www.iea-isgan.org/

Conferencia Mundial sobre Ingeniería de la Madera

Chile Riding The Blue Energy Wave

Se realizará por primera vez en Sudamérica, específicamente en el Hotel y Centro de Convenciones Sheraton Santiago, entre el 9 y 12 de agosto. Los principales tópicos que abordarán las presentaciones son: bosque sostenible para la producción de madera; productos de madera y conexiones; ingeniería de la madera; arquitectura en madera; construcción e impacto ambiental; políticas, implementación y gestión; y educación, promoción y tendencias futuras. Antecedentes adicionales en http://wcte2021.com/

Así se denomina el evento telemático que se desarrollará, con la organización del centro de energía marina Meric, el 12 y 13 de abril. Entre sus objetivos está promover el intercambio de conocimientos y las oportunidades de colaboración global para el debate mundial sobre la energía marina; consolidar la posición de Chile como referente en este recurso; y posicionar a nivel global el valioso recurso marino que posee Chile. Todos los pormenores en: https://www.chileblueenergy2021.com/

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Bajo el eslogan “Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”, se desarrollará la XXXVII versión de este encuentro, en formato virtual, entre el 12 y 15 de abril. Abarcará los siguientes temas: agua potable, aguas residuales, aire, cambio climático y ciclo de vida, economía y educación ambiental, energías renovables y eficiencia energética, gestión ambiental, residuos, salud ambiental, suelos y toxicología ambiental, principalmente. Detalles en https://congresos.aidisar.org.ar/2021/

Consultas públicas: norma de olores y revisión DS 90 Hasta el 12 de marzo se mantendrá abierta la consulta ciudadana del “Anteproyecto de norma de emisión de contaminantes en planteles porcinos que, en función de sus olores, generan molestia y constituyen un riesgo a la calidad de vida de la población”. La regulación pretende que estas instalaciones reduzcan sus emisiones de olor tanto en tiempo como en concentración. Por otra parte, hasta el 26 de abril se puede participar en la consulta pública del “Anteproyecto de revisión de norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales”. A la regulación establecida en el Decreto Supremo 90 se le introducirán modificaciones para su mejor interpretación, implementación y control, y se le incorporarán nuevas herramientas para el mejor cumplimiento de su objetivo. Documentos en consulta e ingreso de observaciones en https://consultasciudadanas.mma.gob.cl

ENTRETENCIÓN 91

Con buena energía y los más fervientes deseos de transitar lo más pronto posible por el sendero de la normalidad, estamos iniciando las actividades correspondientes a este año 2021. Y junto con las diversas temáticas que dan vida a esta edición de InduAmbiente, por cierto, tenemos esta Sección en la que nos enfrentamos en un fraternal duelo de conocimientos sobre materias ambientales y de sustentabilidad. Es, sin duda, un buen espacio de entretención, particularmente interesante para disfrutarlo con un ejemplar que de seguro lo acompaña en su lugar predilecto del descanso veraniego. ¡Vamos, entonces, a las respectivas preguntas! De los puntajes asignados, Ud. ya cuenta con la adecuada información. Preguntas: 1. ¿Podría señalar un número aproximado de vertederos ilegales que existe en Chile, según el estudio “Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal de Residuos”? 2. Indique qué cantidad de neumáticos se consume anualmente en el país y cuál es el volumen de toneladas de residuos que genera la situación. 3. Respecto a materias de educación ambiental, refiérase a la sigla ITL. 4. El sector lácteo desarrolló recientemente un Acuerdo de Producción Limpia con énfasis en Cero Residuos a Eliminación. Mencione el nombre de las empresas participantes. 5. ¿Recuerda el nombre de los tres glaciares que afectó gravemente el proyecto minero Pascua Lama en su etapa de exploración y posteriores? 6. Para medir y monitorear los índices de calidad del aire en el país, contamos con una amplia red de aparatos que registran los niveles de NO2. ¿Conoce su cantidad y dónde operan? 7. En la fabricación de ropa, preferentemente, la industria textil en el mundo emplea una enorme cantidad de agua en sus procesos, además de emitir una gran cantidad de CO2 a la atmósfera ¿Tiene idea de las cifras que al respecto genera la actividad? Solución en página 94

APLs evitaron 1.029.492 toneladas de CO2 entre 2012 y 2020 La implementación de Acuerdos de Producción Limpia (APL), en el período 2012-2020, evitaron la emisión de 1.029.492 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) y generaron beneficios sociales y ahorros económicos por más de $27 mil millones. Así lo destaca un reporte presentado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático sobre la contribución de estos instrumentos de gestión y las empresas

que los han suscrito a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los compromisos de Chile en materia climática. En ese lapso, los APL que lograron las mayores reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) fueron los de la Industria de Alimentos Procesados (225.988 tCO2e), Envases y Embalajes (119.648 tCO2e) y Fundiciones III (117.443 tCO2e).

Aguas Andinas: millonaria inversión para enfrentar cambio climático

Industria minera sumará 15 plantas desaladoras al 2028

Aguas Andinas proyecta una inversión de $130 mil millones para enfrentar el cambio climático este 2021, cifra similar que desembolsó para los mismos fines durante el 2020. El objetivo es contar con una infraestructura cada vez más redundante y resiliente que permita reforzar el suministro de agua potable en la ciudad y enfrentar las principales consecuencias del cambio climático, como son la profunda escasez hídrica que afecta a la zona central del país y las lluvias convectivas, protagonistas de interrupciones masivas de suministro en el pasado. Entre los principales proyectos que entrarán en operación en 2021 está la ampliación de la Planta Quilicura, la nueva alimentadora Providencia y los estanques San Enrique (Lo Barnechea) y Talagante.

El agua de mar sigue ganando espacio en la industria minera. Esto se refleja en los 15 proyectos de plantas desaladoras que empresas productoras tienen en carpeta y que estarán operando en Chile al año 2028. Esta información fue levantada por el Departamento de Gestión de Proyectos del Ministerio de Minería, a partir de un informe elaborado por Cochilco, en el cual se destaca que, sumando las 15 iniciativas nuevas y los 11 sistemas de suministro de agua mar ya existentes en nuestro país, en el plazo de una década la minería del cobre equipararía casi en partes iguales el consumo de agua continental y el de agua de mar. Es decir, se estima que hacia 2031 un 53% de los recursos hídricos que se usarán en la minería provendrán de agua continental y un 47% del mar.

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Transelec traza y certifica el origen renovable de la energía

APL Certificado Azul aportará a la seguridad hídrica

Transelec lanzó Pulse, una plataforma que permite trazar y certificar el origen renovable de la energía que las organizaciones y empresas usan a lo largo de la cadena de valor de sus procesos, productos y servicios. Pulse sigue la ruta de la energía desde su origen para identificar si es renovable y certificarla como tal, para que las empresas cuenten con una herramienta que entregue información sobre el compromiso medioambiental en sus procesos productivos y de comercialización, en todo tipo de industria. “Esta iniciativa es muy importante porque va a permitir a las personas en sus casas y a las empresas saber qué tipo de energía están consumiendo y así preferir a los suministradores que les ofrecen energías renovables”, destaca el Ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet.

Promover la gestión sostenible del recurso hídrico en Chile mediante su uso eficiente y sustentable en la producción de bienes y servicios, para contribuir a la seguridad hídrica del país, es el objetivo del Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Certificado Azul”. A esta iniciativa, que impulsan la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y Fundación Chile, podrán adherir empresas de diversos sectores productivos desde este año. El APL se gestó en el marco del proyecto SuizAgua, del Programa Latinoamericano “El Agua nos Une”, y aplicará la herramienta de Huella de Agua (ISO 14.046), orientada a la gestión de la información acerca de la disponibilidad de los recursos hídricos, prácticas de eficiencia hídrica y medidas de reducción de uso del recurso en los sectores productivos y las empresas.

Corte Suprema revierte permiso a mina Cerro Colorado

Aggreko proveerá innovador sistema de energía híbrida

La Tercera Sala de la Corte Suprema, de forma unánime, acogió un recurso contra la continuidad operacional de la mina de cobre Cerro Colorado, de propiedad de BHP y emplazada en la Región de Tarapacá, por su impacto en un acuífero, lo que ha perjudicado gravemente a comunidades indígenas de la zona. En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que en la evaluación del proyecto de ampliación aprobado, incluso por el Comité de Ministros, faltó analizar variables ambientales y las observaciones de los pobladores. La Corte explicó que en su revisión “la autoridad ambiental deberá tener en consideración todas las variables que incidan sobre el comportamiento a futuro de los recursos naturales en estudio, así como también todos aquellos factores que resulten procedentes conforme a la normativa”.

Aggreko, empresa líder en servicios de energía modular y móvil, se involucrará en un proyecto para una mina de oro que generará ahorros en el costo de energía de U$S 7,4 millones en los próximos 10 años. Y de otros U$S1,1 millones en ahorros de impuestos al carbono, lo que se traducirá en 104 mil toneladas de emisiones de carbono menos durante la vida útil del proyecto. Para eso, la empresa firmó un contrato a 10 años con Gold Fields, operador minero global, para proporcionar un total de 25,9MW de solución híbrida de energía solar y térmica (compuesta por grupos electrógenos de alto rendimiento) a la mina a cielo abierto Salares Norte, emplazada en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.

Socios de Acción Empresas muestran compromiso mayoritario con la sostenibilidad Medir el desempeño de una compañía desde un enfoque de triple impacto es fundamental para responder a los múltiples desafíos que enfrenta el mundo empresarial y nuestra sociedad. Por esta razón, Acción Empresas junto a Ipsos dieron a conocer los resultados del Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial 2020 (DSE-2020), herramienta que fue aplicada por 74 empresas de su red de socios. ¿Resultado? Un 77% de los consultados contempla un compromiso explícito con la sostenibilidad y con producir un impacto social o ambiental positivo específico en su visión, misión o propósito. Asimismo, el 88% no ha emitido bonos verdes o sociales y la mayoría muestra un bajo desarrollo en economía circular y cambio climático.

Respuesta a ¿Cuánto Sabe Ud? 1. Un total de 3.735 vertederos ilegales registró el Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal de Residuos, de acuerdo a los datos aportados por 317 de los 345 municipios que existen en el país. 2. En Chile se consume, anualmente, alrededor de 6,6 millones de neumáticos. Esto se traduce en la generación de unas 140 mil toneladas de residuos, volumen equivalente al del cerro Santa Lucía. 3. Corresponde a la sigla del Instituto de Tecnologías Limpias, centro que se busca implementar en Chile para impulsar la investigación y desarrollo en energía solar, minería sustentable, materiales avanzados de litio y otros minerales, e hidrógeno verde como motores de crecimiento del país. 4. Se trata de las empresas socias del Consorcio Lechero: Nestlé, Soprole, Colún y Watt’s.

Rechazan reclamación contra cambios en RCA de tranque de Codelco El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada en contra de una decisión del Comité de Ministros, que revisó y modificó la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto “Sistema de Disposición de Relaves a Largo Plazo: Proyecto Ovejería”, de Codelco Andina. El proceso de revisión de la RCA fue solicitado en 2012 por la cuprífera debido a la presentación de impactos no previstos relacionados con el cambio de la calidad en las aguas subterráneas y culminó en 2015 con la dictación de la resolución que modificó la RCA e incorporó el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones que contiene las medidas a través de la cual Codelco se hará “cargo de los impactos significativos producto de las variaciones ambientales contempladas en el plan de seguimiento de la RCA”.

5. Toro 1, Toro 2 y Esperanza. A modo de información, digamos que, en el año 2020, el Tribunal Ambiental de Antofagasta confirmó el cierre definitivo del proyecto. 6. En el país se cuenta con 72 estaciones de monitoreo de calidad del aire que registran los niveles de NO2, la mayoría de las cuales opera en las regiones de Valparaíso (20), del Biobío (15) y Metropolitana (11). 7. La industria textil utiliza al menos 93 millones de metros cúbicos de agua en sus procesos. Además, por cada kilo de ropa que se fabrica, se emiten cerca de 1.6 kg de CO2 a la atmósfera, según datos de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Solución Puzle

Presentan Guía de Indicadores de Transición Circular para empresas Para ayudar a las empresas a que integren la economía circular en sus modelos de negocios de forma sencilla, Acción Empresas, World Business Council for Sustainable Development y KPMG Colombia dieron a conocer la versión en español de la Guía de Indicadores de Transición Circular, que entrega un marco para que cualquier compañía pueda aplicar los principios de la economía circular y genere sistemas circulares basados en indicadores, mediante 7 pasos metodológicos. El documento permite identificar las oportunidades y los riesgos lineales en la materia, monitorear el progreso, responder a las preguntas de los clientes e inversionistas, empezar conversaciones en la cadena de valor sobre las prioridades circulares compartidas y atraer nuevos negocios. EDICIÓN 168 ENERO-FEBRERO 2021

Acuerdo de Colbún con fundación para preservar terreno Luego de más de un año de trabajo entre los equipos de la Fundación Tierra Austral y la empresa eléctrica Colbún, ambas partes materializaron un inédito acuerdo para utilizar la figura del Derecho Real de Conservación en la preservación ecológica de 430 hectáreas de alto valor ecológico en los alrededores del Lago Chapo, en la comuna de Puerto Montt (Región de Los Lagos), actualmente de propiedad de la eléctrica. En términos prácticos, se trata de un mandato irrenunciable que establece un compromiso de conservación a perpetuidad de un terreno. En este caso, la Fundación Tierra Austral actuará como garante de la preservación de los predios de Colbún, encargándose de su cuidado.

Enel Chile compromete meta de reducción de emisiones de CO2 De acuerdo a su Plan Estratégico, Enel se puso como meta a 2023 la reducción del 64% de sus emisiones directas de CO2 respecto de lo producido por sus operaciones de generación en 2017. Con ello, la empresa se compromete a que alrededor de un 90% del total de su producción energética estará libre de CO2. Lo anterior, se sostiene gracias al plan de cierre de todas sus unidades a carbón y a la inversión en energías renovables que desarrolla la compañía, mediante la cual agregará 2,4 GW de capacidad instalada proveniente de fuentes renovables, ya sean eólicas, solares, geotérmicas e hídricas al año 2023, de los cuales más de 1,3 GW están actualmente en construcción.

Descartan daños de Arauco en humedal del río Cruces La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) descartó afectación negativa por la descarga de riles de Celulosa Arauco en el Santuario de la Naturaleza del río Cruces, en Valdivia, tras la investigación por los cambios de coloración del cuerpo de agua del humedal y la pérdida y muerte de luchecillo. La denuncia fue realizada, el 23 de noviembre pasado, por la agrupación Acción por Los Cisnes. La SMA abrió un expediente de investigación, que involucró la toma y análisis de muestras en laboratorios autorizados, revisión de antecedentes y cotejo de información relacionada a monitoreos en terreno del organismo y otros en línea proporcionados por la empresa, que descartaron algún indicio de impacto negativo en las aguas del humedal que pueda atribuirse a la descarga de la planta Valdivia de Arauco.

Abastible

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AGRU

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Ambiente y Tecnología

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