REVISTA INDUAMBIENTE Ed. N°175 / Mar-Abr 2022

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CONTENIDO

ESPECIAL CAMBIO CLIMÁTICO

LA LEY MARCO EN MARCHA

REVISTA DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL, RECURSOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABILIDAD. Editada por Comunicaciones Tiempo Nuevo S.A.

Iniciamos este apartado con el trabajo que ya realiza el sector público para implementar lo establecido en la Ley sobre Cambio Climático, que al cierre de esta edición aún no se promulgaba.

DIRECTOR GERENTE Carlos Araya Cortés caraya@induambiente.cl GERENTE DE FINANZAS Y NEGOCIOS Cristián Araya Berroeta cristian.araya@induambiente.cl

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EDITOR GENERAL Rodolfo Bravo Galdames rodolfobravo@induambiente.cl JEFE DE INFORMACIONES Jaime Romero García jaimeromero@induambiente.cl REDACCIÓN Y SITIO WEB Horacio Acuña Barra hacuna@induambiente.cl FOTOGRAFÍA Gina Pilquimán Saavedra fotografia@induambiente.cl DIRECCIÓN DE ARTE Jorge Moraga Pedraza jmoraga@induambiente.cl

SUELOS

BROTES DESPUÉS DEL FUEGO Conozca los esfuerzos que se realizan en Chile para restaurar los bosques y áreas afectadas por los incendios forestales. Detallamos ejemplos y desafíos en la materia.

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DISEÑO Fabricio Basso Bertrand diseno@induambiente.cl COLUMNISTAS IN MEMORIAM Claudio Friedmann Aníbal Mege

ACUICULTURA

HUMOR Orlando Lagos

REMEDIACIÓN DE FONDO

DIRECTORA DE MARKETING Y PUBLICIDAD Norma Berroeta Bustos nberroeta@induambiente.cl

¿Cómo favorecer los procesos de remoción de residuos y recuperación de los fondos en concesiones acuícolas? El uso de nanoburbujas se presenta como una solución eficiente.

MARKETING Y PUBLICIDAD Roberto Vallejos Guzmán rvallejos@induambiente.cl IMPRESIÓN A Impresores, que sólo actúa como impresor.

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INDUAMBIENTE es una publicación independiente, que se distribuye en los sectores industriales y empresariales, y a profesionales, técnicos, académicos y ejecutivos relacionados con los temas de descontaminación, recursos energéticos y sustentabilidad.

SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 45.000 + IVA (Seis ediciones) DIRECCIÓN Av. Los Leones 382 - Of. 102 - Providencia Santiago de Chile Tel +56 2 2927 2000 info@induambiente.cl

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EN TORNO A DOMINGA Una cadena de sucesos han marcado últimamente al proyecto mineroportuario, como un intento de conciliación y una consulta ciudadana. El próximo será el fallo de la Corte Suprema que definirá su continuidad.

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CONTENIDO

EVENTOS

LA PERLA DEL NORTE La minería y la energía verde serán protagonistas en la feria Exponor 2022, que retoma el formato presencial.

Destacamos las actividades más relevantes que ofrece el evento en estos temas.

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CON AROMA DE MEJORAS

PORTADA

Artículos sobre la norma de olores para planteles porcinos; las tecnologías para controlar gases odorantes en PTAS; y el desarrollo de la primera norma de calidad ambiental para ruido, entre otros, dan vida a este informe técnico.

Hielos maltratados, heridos y fracturados.

Los mismos que guardaron el último suspiro del explorador y divisaron los balleneros en felonías andar.

59 a 81 MINERÍA SUSTENTABLE

LAS AGUAS DEL MINERO Expertos evalúan las implicancias que tendrán para las empresas mineras las nuevas exigencias incluidas en la reforma al Código de Aguas para los acuíferos que se descubren y usan al interior de las faenas del rubro.

82 a 84 INTERNACIONAL

LAS “BAJAS” DE LA NATURALEZA Conflictos armados como el que ocurre hoy en Ucrania dejan un impacto negativo importante en el medio ambiente y su biodiversidad. Revisamos los casos más emblemáticos de las últimas décadas.

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Conservan aún la majestuosidad y prístina blancura que tenían al nacer, de la mano del Creador; Esperando sobrevivir a un sol inclemente, que el hombre sabe cómo apaciguar.

SECCIONES Editorial En Pocas Líneas Minería Quién es Quién Bitácora Agenda Entretención Pulso Empresarial Cultura COLUMNISTAS: Martín Becker Ana María Ugarte Arturo Brandt Eduardo Astorga Sebastián Videla Cristóbal Fernández

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EDITORIAL

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Debate sin Dicotomías

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l cierre de esta edición, por segunda vez, el pleno de la Convención Constitucional no había entregado el respaldo necesario para que las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente se incorporaran al borrador de la nueva Constitución.

Este nuevo traspié es parte de las numerosas dificultades que ha tenido la inserción de los temas ambientales en la discusión sobre los derechos, deberes y bases fundamentales que guiarán el desarrollo del país durante las próximas décadas. Al mismo tiempo, es una muestra de que esa vieja y falsa dicotomía entre el resguardo del entorno natural y el crecimiento económico sigue aún bastante vigente en nuestra sociedad.

Cierto es que hay algunos aspectos más generales y “declaratorios” en los que esa barrera parece haberse superado, tanto en la amplia percepción social como en la propia Convención, sin embargo, cuando llega la hora de ponerle contenido a esas declaraciones el supuesto consenso se empieza a diluir. A modo de ejemplo, es muy probable que todos o al menos la inmensa mayoría estemos de acuerdo y apoyemos la idea general de que es necesario cuidar el medio ambiente, pero si nos plantean que frente a la sequía estructural que nos azota debemos reducir o ser más eficientes en el consumo de agua, seguramente habrá muchos que presentarán reparos. Algo similar ha ocurrido en la discusión constitucional donde se han aprobado algunos artículos con declaraciones más amplias y genéricas como el reconocimiento de Chile como un Estado ecológico, el deber del Estado de adoptar acciones para enfrentar la crisis climática o la protección e inapropiabilidad de bienes comunes naturales como el aire y el agua. No obstante, aún no se ha logrado llegar a acuerdo en propuestas más específicas como las del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente que incluía materias como el estatuto nacional del agua y de la minería, la protección de la criósfera y del bosque nativo.

Estos temas, en muchas ocasiones, ponen en contraposición los intereses económicos con los medioambientales generando discrepancias artificiosas que parecen irreconciliables, pero que en realidad no debieran existir si es que queremos realmente avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Señalar, por ejemplo, que la consagración del agua natural como un bien inapropiable “es un error enorme” que pone en “serio riesgo” la agricultura –como lo declararon representantes de este sector en un diario capitalino– es ponerse en una trinchera que no reconoce la necesidad de revisar la forma en que se entregan, administran y utilizan los derechos de aprovechamiento de este recurso, para así mejorar la gestión hídrica y tratar de que el agua alcance para cubrir las necesidades de todos en el territorio. Tampoco es recomendable ponerse en el otro extremo y plantear, por ejemplo, que los recursos minerales son del Estado y, por lo tanto, no pueden ser explotados por empresas privadas; como si ambas cosas no fueran posibles en la medida que se hagan resguardando verdaderamente el entorno natural y humano.

Definitivamente, el cuidado medioambiental y el progreso económico –y, por cierto, también el respeto irrestricto de las personas– son aspectos que es necesario armonizar sin que esto signifique el sacrificio de uno u otro.

En ese sentido, es de esperar que el debate en torno a estos temas en la Convención Constitucional se siga profundizando para avanzar en articulados que permitan cuidar nuestro patrimonio natural y, a la vez, aprovechar adecuadamente los recursos para el bienestar de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Enredarse en esa vieja y falsa dicotomía del medio ambiente versus el crecimiento económico no es el camino para responder a los desafíos urgentes que hoy nos impone el cambio climático y las necesidades de nuestra sociedad.

CAMBIO CLIMÁTICO La aplicación de la Ley Marco de Cambio Climático abrirá numerosas oportunidades para los sectores productivos. Con artículos referidos a esta nueva y tan necesaria normativa abrimos un segmento temático de enorme actualidad.

Gentileza CEAZA

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LA LEY MARCO EN MARCHA A la espera de su promulgación, el sector público ya trabaja para implementar lo establecido en la Ley sobre Cambio Climático.

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asta el 19 de abril pasado, la Ley Marco de Cambio Climático despachada el 9 de marzo desde el Congreso Nacional seguía su proceso de revisión por parte del Tribunal Constitucional. Una condición necesaria para completar la tramitación y promulgar este instrumento de gestión que permitirá institucionalizar y fortalecer los esfuerzos que el país debe hacer para mitigar y adaptarse al principal desafío ambiental de nuestros tiempos.

“Esta Ley es una de las principales herramientas que tenemos hoy para hacer transversal el mandato de ser el primer Gobierno ecológico de Chile, porque coordina y organiza la acción del Estado bajo la meta de la carbono neutralidad y resiliencia al clima. Eso implica que el enfoque ecológico sea integrado en las decisiones de todos los ministerios”, señala la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

En ese marco, la autoridad añade que la implementación de esta regulación será una de las prioridades de su gestión. Una tarea que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos.

3 Subsecretarías forman parte del Equipo Técnico

Interministerial de Cambio Climático: Pesca y Acuicultura, Desarrollo Regional, y Turismo. Se suman 10 servicios: Superintendencia del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Dirección Meteorológica de Chile, Dirección General de Aguas, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Corporación Nacional Forestal, Corporación de Investigación Científica y Tecnológica, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Oficina Nacional de Emergencias, y Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

PROCESO EN MARCHA La Ley Marco de Cambio Climático define como gran meta ser un país carbono neutral y resiliente al clima a más tardar al año 2050. “Además, institucionaliza la lucha contra el cambio climático como una política de Estado, dejando de depender de la voluntad política de los gobiernos de turno, y entregando facultades, responsabilidades y obligaciones que permitan cumplir con los compromisos para alcanzar las metas establecidas por el país”, indica la titular de Medio Ambiente.

Con esa intención, el texto legal involucra a 17 ministerios que deben actuar de manera coordinada para afrontar esta problemática. ¿Cómo se llevará esto a la práctica? Desde la mencionada Secretaría de Estado responden: “El primer paso es revisar los plazos y planificar el trabajo de los equipos técnicos. Si bien la Ley todavía no es promulgada, por la relevancia que tiene, los equipos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ya se encuentran adelantando trabajo, ya que deberemos elaborar los reglamentos”.

En cuanto a la coordinación con las otras entidades estatales, Maisa Rojas agrega: “El Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático (ETICC) viene trabajando hace años, participando en la elaboración y validación de las políticas climáticas en Chile. Esta es la instancia de coordinación técnica con las instituciones que tienen competencia en materia de cambio climático, y su reconocimiento y formalización a nivel legal permitirá estrechar el trabajo y aprovechar de mejor manera las sinergias entre los distintos sectores. Esperamos que este trabajo se refuerce y se releve dado su rol dentro de la Ley. De hecho, el viernes 8 de abril participé en la primera reunión del año del ETICC en donde expuse sobre los principales desafíos que establece la Ley Marco de Cambio Climático y cómo deberemos avanzar para su exitosa implementación”.

Cabe señalar que el ETICC reúne a representantes de los siguientes ministerios: Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Desarrollo Social y Familia, Educación, Obras Públicas, Salud, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Minería, Transporte y Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, Energía, Mujer y Equidad de Género; Economía, Fomento y Turismo; y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. A ellos se suman tres subsecretarías y diez servicios (ver datos). Coordinado por el MMA, colabora en el diseño, elaboración, implementación, actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio climático.

REGIONAL Y COMUNAL La Ley también establece la necesidad de llevar la acción climática a los niveles regional y comunal. ¿Qué aspectos se deben abordar con

La Ley Marco institucionaliza el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático y fortalecerá su aporte a las políticas climáticas en Chile. prontitud para concretarlo?

La ministra Rojas responde: “Para nosotros será prioritario trabajar a la brevedad en los reglamentos para la conformación y funcionamiento de los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), además de contar con el reglamento para la elaboración de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC). La Ley nos impone tiempos acotados para su desarrollo y nosotros sabemos que actuar frente al cambio climático es urgente, por eso la elaboración de estos decretos será de nuestras principales tareas como Ministerio”.

En relación a esto, Jefa de la División de Cambio Climático del MMA, Jenny Mager, destaca un avance relevante: “La elaboración de los primeros cuatro planes piloto (Atacama, O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos) fue fundamental para consolidar una guía metodológica para elaborar los PARCC. Este es un insumo importante para desarrollar estos reglamentos en el formato que corresponde”.

Con respecto a los reglamentos que definirán la orgánica de las funciones de los CORECC, recuerda que la Ley Marco impone un plazo de 12 meses para su publicación, a contar desde la promulgación del texto legal. Los PARCC, en tanto, “deberán elaborarse en un plazo de tres años contado desde la publicación de la Estrategia Climática de Largo Plazo, plazo que hace aún más apremiante la tarea de consolidar y aprobar dichos reglamentos”, advierte.

Los Comités Regionales de Cambio Climático también vienen trabajando hace un tiempo en las distintas zonas del país. ¿Qué aspectos contenidos en la Ley Marco ayudarán a potenciar esta labor? Pilar Pé-

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rez, secretaria técnica del CORECC de la Región de Coquimbo, contesta: “Se podrá implementar acciones a corto plazo y propiciar las sinergias entre la adaptación y la mitigación a nivel comunal. Hoy la urgencia son las amenazas en los territorios más vulnerables ante el aumento de temperaturas, disminución de la disponibilidad de agua, aumento en la frecuencia de eventos meteorológicos como marejadas, vientos, lluvias altiplánicas, entre otros. Por eso, la formalización del CORECC permitirá dar funcionamiento a un reglamento y programa de trabajo sectorial, pero a la vez interinstitucional”.

Agrega que con la Ley ya en vigencia, esperan incorporar el componente de cambio climático en las áreas técnicas del GORE (Gobierno Regional) y en los instrumentos de financiamiento. “Ya los instrumentos de planificación a escala provincial lo están estudiando, pero se requiere fortalecer aún más aquellas consideraciones y acciones de cambio climático en todos los instrumentos de planificación regional y comunal”, acota la especialista en gestión ambiental y sustentabilidad.

Pilar Pérez se refiere también a los principales retos que ve para implementar la Ley Marco a nivel regional y comunal: “Para abordar los impactos y riesgos del cambio climático se requiere un gran desafío de Estado: desarrollar

Diagnóstico en Coquimbo Un buen ejemplo del trabajo que vienen impulsando los CORECC a nivel regional es el proyecto AdaptaClim, que está llevando a cabo esta instancia en la región de Coquimbo, en conjunto con el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).

La iniciativa busca aportar datos científicos al diagnóstico de los efectos del cambio climático en esta zona del país, levantando los indicadores de riesgo y vulnerabilidad, que serán la base para establecer las prioridades del futuro Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC). La Dra. Laura Ramajo, científica del CEAZA y directora del proyecto, detalla los principales resultados: “Se calcularon 18 cadenas de impacto del cambio climático en la región de Coquimbo y se agregaron 2 amenazas que no estaban en el Atlas de Riesgo Climático (ARClim) a nivel nacional, como son el aumento de la temperatura superficial del mar y cambios en el régimen de la surgencia. Ambas amenazas afectan la productividad marina y pueden tener efectos negativos para el turismo, la pesca y acuicultura de la región. Por ejemplo, para la pesca artesanal de macha, la acuicultura del ostión o el turismo por la presencia de fragata portuguesa”.

También se estimó el riesgo de pérdida de productividad agrícola o suministro de agua potable en zonas rurales por incremento de sequía hidrológica y olas de calor para todas las comunas de la región. “La disminución de precipitaciones para la zona centro sur de la región afectaría al suministro de agua rural, con una baja o muy baja capacidad adaptativa, por la carencia de infraestructura operacional”, advierte Ramajo.

Añade que un sector emblemático para la Región, como es el cultivo de uva pisquera, está expuesto a perder superficie cultivable por olas de calor y aumento de la sequía, particularmente en el centro y sur de la región. Illapel y Salamanca serían las comunas más afectadas.

Se espera que, en base a este diagnóstico, el plan de acción de cambio climático en construcción priorice los ámbitos de mayor riesgo, incluyendo por ejemplo medidas para mejorar la infraestructura de suministro de agua en zonas rurales y para aumentar la resistencia de los cultivos.

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un enfoque territorial, tanto de la institucionalidad regional (GORE) como de la institucionalidad climática (CORECC). El Plan de Acción Regional para el Cambio Climático que estamos diseñando, tiene una visión estratégica de largo plazo que debe aportar a un objetivo común que es frenar el cambio climático, pero poniendo un especial énfasis en las medidas de adaptación, con una mirada de 10 años. Se debe resguardar y manejar los ecosistemas más frágiles de la región que son el sostén económico y patrimonial de muchas comunidades, como los humedales (andinos y costeros), glaciares cordilleranos y valles que albergan una riqueza única y sustentan los equilibrios para el pequeño agricultor. También las áreas costeras, incentivando un manejo sustentable de los recursos bentónicos, de la mano con el monitoreo climático de todos estos ecosistemas”.

Otro mandato relevante de la Ley Marco es la puesta en marcha de un sistema de monitoreo, reporte y verificación que permita ir evaluando los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos. “Para eso, la Estrategia Climática de Largo Plazo ya delineó cómo se debe empezar a trabajar en los sistemas de seguimiento”, señalan desde el Ministerio del Medio Ambiente.

FINANCIAMIENTO La principal inquietud expresada por diversos parlamentarios y especialistas en torno a la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático es que el presupuesto asignado es insuficiente para concretar todo lo que plantea. Así también lo reconocen en el MMA, indicando que el mismo informe financiero del instrumento legal da cuenta de la necesidad de más recursos. ¿De dónde se podrían obtener?

Jenny Mager responde: “Si bien este informe considera los aspectos básicos, se necesitarán esfuerzos financieros adicionales para implementar correctamente los compromisos y desarrollar los instrumentos que la Ley crea.

Para esto, cobra especial importancia el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y las prioridades que se puedan establecer en las regiones en línea con la Ley. La elaboración de los próximos PARCC contempla una estrategia de financiamiento cuyo objetivo es identificar mecanismos mediante los cuales sea viable financiar las medidas priorizadas en el plan. Este trabajo se desarrollará en conjunto con el CORECC y se pondrá especial énfasis en fuentes de financiamiento regionales tales como los ya nombrados FNDR”.

La especialista comenta, además: “Recientemente, se ha confirmado el Grupo de Acción y Financiamiento Climático Comunal y Regional (GAFiCCoR) cuyo objetivo es promover la articulación, planificación y orientación del financiamiento climático de fuentes nacionales e internacionales, entre y dentro de los diferentes sectores, en colaboración con el sector privado, la academia y la sociedad civil, con foco en mecanismos y esquemas de financiamiento subnacionales - regional y comunal”.

REVISIÓN DE LA META La Ley Marco de Cambio Climático abre la posibilidad de adelantar la meta de carbono neutralidad y resiliencia climática establecida inicialmente para el año 2050, lo cual se revisará cada cinco años.

En ese contexto, cabe preguntarse: ¿qué aspectos se debieran evaluar para tomar esta determinación? La ministra Maisa Rojas explica: “Los análisis de la carbono neutralidad están basados en supuestos de crecimiento económico, penetración y disponibilidad de nuevas tecnologías, precios de los combustibles y otros más. La decisión de adelantar la meta tendrá que darse en el contexto de un análisis detallado las potenciales opciones que tiene el país para reducir sus emisiones, a través de acciones y políticas que puedan desarrollarse e implementarse. De todas formas, el Acuerdo de París llama a los países a impulsar la ambición climática y todos estos análisis deberán hacerse pensando siempre en este mandato aceptado por las partes”.

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CAMBIO PARA LAS EMPRESAS La Ley Marco de Cambio Climático abre diversas oportunidades y desafíos para que los entes regulados, como las empresas e industrias, sean parte de la solución y a la vez obtengan beneficios.

Por Paulina Sandoval, Abogada UC, LL.M. Universidad de Nueva York Robert Currie, LL.M. Columbia University, Profesor de Magister en Derecho Ambiental, Universidad del Desarrollo

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a Ley Marco de Cambio Climático implica un cambio de paradigma en cómo se aborda la gestión ambiental, descentralizándola desde el Ministerio del Medio Ambiente hacia todos los órganos del Estado de manera transversal. Pero ¿qué implica esta

herramienta normativa para los entes regulados del sector privado, como las empresas e industrias?, ¿cómo los impacta?

Para dar respuesta a estas interrogantes, centraremos el análisis en cuatro elementos clave que se detallan a continuación.

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Normas de emisión y certificados de reducción:

De acuerdo a la Ley, el Estado deberá generar normas que establecerán límites a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en función de un estándar de referencia por

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les. Por esta razón, si durante la ejecución de un proyecto el cambio climático ha incidido en las variables sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas impuestas, se podrán definir nuevas medidas para hacerse cargo de dichas situaciones.

Paulina Sandoval y Robert Currie destacan que las empresas que aportan a la acción climática pueden obtener importantes beneficios en materia de sostenibilidad.

tecnología, sector y/o actividad, en estrecha relación con el cumplimiento de las metas de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y la Contribución Nacional Determinada (NDC).

De esta forma, la Ley sienta las bases de un mercado de carbono, por lo que invertir en tecnologías puede ayudar a cumplir las normas y a la vez generar un delta de sobre cumplimiento (entre el valor límite y el menor valor emitido) que podrá ser transado y utilizado por fuentes menos eficientes. Asimismo, existe la posibilidad de invertir en proyectos de reducción o absorción de emisiones, obteniendo el respectivo certificado que, a su vez, potenciará el mercado de carbono. De esta manera, se flexibilizará el cumplimento, creando incentivos y contribuyendo a acatar los presupuestos sectoriales de emisión que la ECLP determina (cantidad máxima de GEI a emitir en un periodo definido), siendo las normas y los certificados, uno de los instrumentos más eficaces para no sobrepasar dichos presupuestos y fomentar un mercado de reducciones.

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Evaluación de impacto ambiental:

Otra materia de suma relevancia es la obligación de considerar el cambio climático en la evaluación ambiental, lo que se traduce en que los estudios de impacto ambiental deberán predecir y evaluar los efectos adversos de este factor sobre los elementos del medio ambiente.

En este ámbito, la Ley toma una definición al señalar que no sólo deben incluirse las situaciones de riesgo, sino que también los impactos del cambio climático sobre la línea de base. Si bien han existido fallos de los Tribunales que ya lo han exigido en casos específicos, es a partir de la Ley que dicha obligación será imperativa, bajo las condiciones que establezca el reglamento.

Asimismo, se dispone expresamente que el cambio climático es uno de los supuestos que permiten revisar las autorizaciones ambienta-

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Planes sectoriales de mitigación y adaptación:

Estos planes permiten cumplir las metas de la Ley establecidas en la ECLP y la NDC, por lo que no se trata de instrumentos puramente articuladores o planificadores, sino que contendrán medidas que pueden incidir directamente en las empresas e industrias reguladas. En este contexto, resulta esencial su participación en la elaboración de dichos planes, aportando en el debate y generando las condiciones que permitan un análisis acabado de las medidas que posteriormente les serán exigibles.

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Otros mecanismos:

Adicionalmente, la Ley impondrá obligaciones de reporte, entre las que destacan las que tendrán las entidades inscritas en el Registro de Valores, administradoras de fondos de terceros y de los fondos de pensiones de informar los impactos ambientales y de cambio de climático de sus operaciones y decisiones de inversión. Dichas obligaciones refuerzan el rol de la inversión en un ámbito en que ésta es determinante en las actividades y proyectos que se llevan a cabo, así como el rol de los inversionistas en el control del destino de sus fondos.

Finalmente, las certificaciones voluntarias de carbono y huella hídrica que la Ley establece pueden jugar un rol importante en la gestión de carbono, así como en la imagen corporativa y en la puesta en valor de la marca e, incluso, en apalancar financiamiento.

CONCLUSIÓN A modo de conclusión, se puede señalar que el cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático presenta oportunidades y desafíos que implican modificaciones profundas en la manera en que los regulados enfrentan este fenómeno medioambiental. Ya no se trata de iniciativas voluntarias destinadas a mejorar su inserción en un contexto ambiental, social y económico altamente variable, sino que de mandatos que requieren su involucramiento y participación activa para que sean parte de la solución a esta problemática global. Una tarea que si las empresas asumen de manera adecuada les puede traer importantes beneficios en materia de sostenibilidad.

Gentileza Greenpeace/Gonzalo Ponce Marambio

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COMPRA Y VENTA DE GEI El comercio de emisiones transables emerge como una opción costo eficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

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l tránsito hacia un desarrollo económico bajo en emisiones, hasta alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, es la gran meta para Chile en términos de acción climática. Así lo establece el proyecto de ley Marco de Cambio Climático, que pronto debiera ser promulgada tras su despacho desde el Congreso.

El texto legal hace referencia a la posibilidad de recurrir a “instrumentos económicos para la gestión del cambio climático”, señalando una desEDICIÓN 175 MARZO-ABRIL 2022

cripción general y objetivos, aunque sin especificar los mecanismos. ¿Qué opciones pueden resultar más costo eficiente?

IMPUESTO POCO EFECTIVO En lo que respecta al uso de herramientas económicas para la descontaminación, actualmente, en el mundo existen 64 sistemas o iniciativas que

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ponen precio al carbono, que se dividen en dos tipos: impuestos al carbono y comercio de emisiones. El primero corresponde a la modalidad que rige en Chile, que desde 2017 cuenta con un “impuesto verde”, gravamen que se aplica a las fuentes fijas (calderas o turbinas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt) que emiten material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2).

La reforma tributaria del año 2020 fijó su monto en 5 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e) emitida. A juicio de Arturo Brandt, abogado experto en derecho ambiental y cambio climático, esta cifra es insuficiente en comparación con los impuestos aplicados en países europeos, donde varía entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2e, a lo que se agrega que el valor del impuesto no es tomado en cuenta en la fijación de los costos marginales de la electricidad.

De las 89 instalaciones afectas a este tributo en Chile, la mayoría pertenece al mercado de generación eléctrica, que forma parte del sector energético, responsable del 78% del total de emisiones de gases de efec-

35,7 Millones de toneladas de CO e anuales 2

suman las emisiones de GEI producidas por la generación de electricidad y calor en Chile.

39% De las emisiones de GEI en Chile

corresponden a las 89 instalaciones afectas al impuesto verde.

to invernadero (GEI) que se producen en el país.

Según cifras oficiales, la aplicación del impuesto verde logró disminuir las emisiones de CO2 en menos de 2% tras sus dos primeros años de aplicación.

Brandt sostiene que este magro resultado se debe a que el gravamen tiene errores de diseño. “En Chile, el problema está dado en que no paga solamente el que emite, que es como debería ser, sino además debe hacerlo la generadora en proporción a sus retiros. Sin embargo, con eso se llega a la incongruencia de que parte del sector de generación de renovables también debe pagar el impuesto”, explica.

Además, señala el especialista, se produce una situación absurda: el monto de lo recaudado ingresa al erario general de la nación y no puede ser destinado al fomento de la descarbonización. “Se puede dar la incongruencia de que ese dinero se esté gastando en financiar, por ejemplo, subsidios a los combustibles fósiles o que no sea usado para fines de cambio climático”, advierte.

El jurista añade que el impuesto verde, tal como es hoy, no fomenta el desarrollo de las energías limpias de una manera o proporción deseable.

En suma, Arturo Brandt comenta que el aporte del impuesto verde a la reducción de emisiones de GEI es limitado y elevar su monto no mejorará necesariamente su eficacia: “Si queremos avanzar en la descarbonización de nuestra matriz eléctrica, debemos poner los incentivos en el lugar correcto y no seguir enfocándonos erróneamente en el monto del impuesto”.

COMERCIO DE EMISIONES Considerando lo expuesto, el abogado recomienda que Chile avan-

ce hacia el modelo del comercio de emisiones transables, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea, China y algunas zonas de Estados Unidos.

Según asegura este esquema estimula la disminución de emisiones a través del principio de la costo eficiencia –es decir, reducir donde es más barato– y “premia” a aquellas fuentes reguladas más eficientes, permitiéndoles generar ingresos por la venta de derechos de emisión no utilizados.

Una de sus ventajas es que el comercio de emisiones transables posibilita la reducción de varios gases, como metano, dióxido de azufre u óxidos de nitrógeno. “Primero, se determina el contaminante que se quiere combatir; luego se define una cuenca o área geográfica, se identifican las fuentes emisoras y se les fija un límite de emisiones durante un período determinado”, explica Brandt.

Paralelamente, se asignan derechos de emisión a cada fuente de acuerdo con ciertos criterios. “Entonces al finalizar del año, si una instalación ha excedido sus límites, puede comprarle derechos de emisión a otra fuente que haya sido más eficiente y que por ende aún esté por debajo de su tope. En otras palabras, el que no ha ocupado todos sus derechos, puede venderle al que ya se excedió”, añade el consultor.

Este sistema se implementará en Chile a partir de 2023, cuando entre en vigor el reglamento para la compensación de emisiones que regulará sus distintos aspectos.

En opinión de Brandt, el mecanismo que se aplicará en nuestro país “no es puro, como en el caso de Europa y otros países, sino híbrido”. Es decir, dará a las instalaciones industriales dos opciones: pagar los 5 dólares del impuesto verde por tonelada de CO2 emitida o, bien, comprar derechos de emisión a otras fuentes.

FINANCIAMIENTO VERDE El consultor agrega que los bancos podrían participar en el nuevo sistema si es que adquirieran bonos de carbono y se los vendieran a los generadores de energía que tengan que compensar. “Así, las entidades bancarias fomentarían el comercio de emisiones transables”, indica.

En la banca, por su parte, destacan el rol que pueden jugar en el apoyo a proyectos considerados como “verdes” y de este modo aportar a la reducción de las emisiones de GEI en el país.

Banco Santander-Chile, por ejemplo, cuenta con tres líneas de financiamiento. Primero, la Hipoteca Verde, que financia la compra de viviendas nuevas y proyectos sustentables, los cuales deben contar con calificación energética (CEV) al menos B o bien certificaciones CVS, Edge o Leed. “Tiene una tasa preferencial y por su contratación se compra una tonelada en bonos de CO2, con el fin de compensar el impacto ambiental del producto. En ese sentido, se realiza un aporte único a ONGs, equivalente a seis meses de huella de carbono promedio de un cliente Santander”, comentan.

Asimismo, está el Crédito Verde, que consiste en un préstamo de consumo enfocado en el financiamiento de proyectos de eficiencia energética, reacondicionamiento energético de viviendas y, próximamente, movilidad sustentable. También cuenta con una tasa preferencial y descuentos en seguros asociados. Por su contratación se compra una tonelada en bonos de CO2 para compensar el impacto ambiental del producto, efectuándose un aporte único a ONGs equivalente a un mes de huella de carbono promedio.

Finalmente, a través de la iniciativa Santander Consumer Finance se puede financiar la compra del vehículo eléctrico Maple 30X de Voltera, con condiciones de crédito especiales y aporte único a ONGs equivalente a seis meses de huella de carbono promedio de un cliente del banco.

18 PUNTOS DE VISTA

Por Martín Becker Líder Área de Economía Regenerativa Gestión Ambiental Consultores (GAC)

Impuestos verdes y proyectos de reducción de emisiones

L

os impuestos verdes están vigentes en Chile desde el año 2017. Una modificación a este gravamen fue introducida mediante la modernización tributaria del año 2020 (Ley N° 21.210), con lo cual a partir del año 2023 quedarán afectos a este tributo aquellos establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado (MP) o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).

Estos cambios permitirán que las empresas afectas puedan compensar total o parcialmente sus emisiones gravadas, implementando proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante dentro del territorio nacional. Los requisitos quedarán establecidos en un reglamento, el cual debería ser publicado pronto en su versión definitiva.

En términos prácticos, las empresas se verán enfrentadas a la decisión de pagar el impuesto verde o financiar proyectos de reducción de emisiones, ponderando el monto del impuesto a pagar, los costos de los proyectos de reducción de emisiones y los beneficios sociales, medioambientales y reputacionales que puedan generar a partir de su implementación.

Un análisis realizado por GAC el año 2021 comparó el valor del impuesto a pagar por emisiones de contaminantes locales (MP, NOx y SO2) en todas las comunas del país, medido en valor presente para un período de tributación de 10 años, con el costo alternativo de implementar proyectos de reducción de emisiones. Las conclusiones de este análisis indican que el monto del impuesto a pagar está determinado principalmente por la población de la comuna donde se emplaza el establecimiento afecto.

Para comunas con más de 100 mil habitantes, la alternativa de compensar emisiones mediante el recambio de calefactores a leña por estufas eléctricas o a pellet resulta económicamente más conveniente que pagar el impuesto verde, sin considerar otros beneficios socioambientales complementarios. En comunas con menos de 100 mil habitantes, es recomendable evaluar caso a caso los diferentes costos y beneficios de los proyectos para la empresa y las comunidades del entorno. El desafío es aún mayor en la zona norte del país, ya que la ausencia de la combustión de leña a gran escala limita el espectro de posibles proyectos de reducción de emisiones.

La invitación a las empresas afectas al impuesto verde consiste en evaluar durante el año 2022 las alternativas más efectivas, costo eficientes y socialmente apropiadas en sus entornos de operación. Actuar con anticipación permitirá desarrollar y registrar a tiempo proyectos de reducción de emisiones, reduciendo la carga tributaria y contribuyendo al bienestar de las comunidades y el medio ambiente.

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LA SIEMBRA DE AGUA Para enfrentar la sequía, como medida de adaptación al cambio climático, en Chile se desarrollan diversos proyectos de infiltración de acuíferos. ¿Cuáles son las barreras, oportunidades y desafíos que presentan?

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o de “pasado pisado” no siempre aplica. A veces, es conveniente y necesario hurgar hacia atrás y rescatar prácticas o costumbres de nuestros antepasados que hoy en día siguen ofreciendo buenos resultados.

En tiempos de cambio climático y sequía, soluciones basadas en la naturaleza, como técnicas ancestrales de infiltración natural de acuíferos, son perfectamente factibles de aplicar. Y así se está haciendo cada vez más.

Las amunas, por ejemplo, son un sistema prehispánico de recarga artificial de acuíferos, construido con piedras impermeables y canales de infiltración permeables que posibilita que el agua se filtre en el subsuelo durante la temporada de lluvias. Esto se conoce como “siembra” de agua y permite que las comunidades, a través de diversas técnicas, puedan “cosechar” este recurso en periodos de escasas o nulas precipitaciones.

Cabe precisar que el concepto acuífero, según el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), alude a las “unidades geológicas que contienen y liberan aguas subterráneas”.

A modo de contexto, Juliana Durán, Jefa de Especialidad Gestión de Recursos Hídricos y Remediación en Arcadis Chile, expone que en nuestro país el agua subterránea juega un rol relevante para la población, la economía y el medio ambiente. Sin embargo, asegura, “la información disponible para comprender su funcionamiento y evaluar sus reservas parece escasa. En la actualidad y en el marco del nuevo Código de Aguas, se está abordando una temática

30% Del agua dulce del mundo corresponde a

aguas subterráneas almacenadas en formaciones geológicas llamadas acuíferos, según el International Groundwater Resources Assesment Centre.

relacionada con la gestión sustentable de los acuíferos que permita su protección limitando el otorgamiento de nuevos derechos de aguas subterráneas”.

A su juicio, es muy necesario “aunar esfuerzos para garantizar el uso sustentable de los recursos hídricos subterráneos en todo el territorio nacional”.

PLAN NACIONAL En Chile, por la cada vez menor disponibilidad de recursos hídricos para abastecer a los distintos usuarios, la infiltración de acuíferos, como medida de adaptación al cambio climático, ha venido ganando terreno en los últimos años. Como incentivo, en octubre de 2019 el gobierno de Sebastián Piñera puso en marcha el “Plan Nacional de Recarga Artificial de Acuíferos”.

La nueva herramienta, a cargo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), contempló en su primera etapa, como experiencia piloto, un estudio para evaluar y monitorear esta práctica en la segunda sección del Río Cachapoal.

“El plan busca recargar las napas subterráneas con el objetivo de mejorar los rendimientos de los pozos y así aumentar la capacidad de riego”, señaló en ese entonces el ex Ministro de Agricultura, Antonio Walker.

También se creó una mesa participativa con los servicios públicos relacionados con este tipo de proyectos y se dispuso recursos de la Ley de Fomento al Riego para bonificar obras de infiltración que permitan almacenar agua en los acuíferos. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? La CNR elaboró, en conjunto con instituciones internacionales como CSIRO y la UC Davis, una “Guía Metodológica de Recarga de Acuíferos Gestionada”, que incorpora los aspectos básicos para que las organizaciones y los propios regantes puedan llevar a cabo un proyecto de este tipo.

Y respecto al proyecto piloto en la cuenca del Cachapoal, se construyeron dos balsas de infiltración, de 1.250 metros cuadrados cada una, que permitieron una recarga efectiva de 77 días en invierno. Las obras alcanzaron una capacidad de 270 mil metros cúbicos de agua, aproximadamente, lo que equivale a 5 pequeños embalses.

POTENCIAL Y BARRERAS

Aportes Relevantes En Escenarios Hídricos 2030, cuyo propósito es contribuir a que Chile alcance la seguridad y sustentabilidad hídrica al año 2050, han hecho diversos estudios en relación a la recarga de acuíferos y su aporte a dicho objetivo. Paul Dourojeanni detalla: “Hemos logrado estimar el impacto que podrían tener las acciones de infiltración de acuíferos en los territorios. Contamos con aproximaciones de su potencial de aporte volumétrico, específicamente, en las cuencas del Maule y Maipo, incluyendo cuál sería el costo referencial de inversión en cada caso. Esto permitirá a los tomadores de decisión, autoridades locales y/o comunidades disponer de insumos para la planificación e implementación de soluciones de infiltración en los territorios”.

Desde el CRHIAM también han generado información relevante en torno a esta materia. El Dr. José Luis Arumí comenta: “Hemos desarrollado investigación para comprender cómo funciona la recarga natural y cómo podemos desarrollar recarga artificial. Por eso estamos trabajando arduamente con la Comisión Nacional de Riego y la Dirección General de Aguas, junto con las OUAs y otras entidades como ALHSUD, para generar recomendaciones que ayuden a la implementación de esta tecnología en Chile”.

Paul Dourojeanni, Líder de Gobernanza e Institucionalidad de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 (EH2030) –que coordina Fundación Chile junto a sus pares Futuro Latinoamericano y Avina– da una explicación general antes de explayarse en los aspectos específicos de este tema: “Hay que entender que la infiltración es un proceso que sucede naturalmente a través de los ríos, lagos, suelos y cualquier superficie de territorio que reciba agua. Por eso, cuando hablamos de incluir a la infiltración natural como medida de adaptación, significa mejorar las condiciones de recarga. Esto, por ejemplo, reduciendo la velocidad con que el agua recorre la superficie para que tenga mayor oportunidad de infiltrarse, o bien mejorando las condiciones de permeabilidad del suelo para acelerar la infiltración de agua al subsuelo, y potencialmente recargue los acuíferos”.

Aclara que, en estricto rigor, la infiltración natural es también una medida de recarga artificial de aguas, ya que lo que se está haciendo es “intervenir el medio para acelerar procesos que suceden naturalmente. Por lo tanto, estas acciones no son antagónicas, sino complementarias. La diferencia entre la recarga natural y la artificial es el nivel de recursos técnicos y económicos para su implementación, y los riesgos que tienen asociados”.

Enseguida releva las oportunidades que otorga este tipo de soluciones: “Son medidas que no requieren de grandes inversiones, y muchas de ellas no poseen ningún impedimento legal para su implementación. Al tener estas condiciones, son aplicables a muy corto plazo y socialmente aceptadas. Por ejemplo, las alternativas de infiltración pueden conversar con los planes maestros de aguas lluvias. El potencial es enorme”.

22 CAMBIO CLIMÁTICO

Sobre las barreras presentes para este tipo de proyectos, el especialista plantea que están relacionadas con “el desconocimiento existente y el potencial beneficio que generan dada la falta de experiencias y monitoreo de su impacto.

Sumado a lo anterior, ha habido un cuestionamiento de las medidas por la poca precipitación que ha caído. Sin embargo, en el futuro los escenarios prevén que lloverá en menor cantidad pero con eventos de mayor intensidad y corta duración.

Estas soluciones, por lo tanto, pueden aprovechar el agua caída y también reducir el riesgo de inundaciones potenciales, teniendo otros múltiples beneficios”.

Ahondando en los obstáculos, el Dr. José Luis Arumí, investigador principal del CRHIAM, comenta que existen varias brechas significativas que han dificultado la masificación de la recarga artificial de aguas subterráneas en Chile. “La primera es técnica, pues se deben identificar cuáles son las zonas donde la recarga artificial puede implementarse. No es posible hacerlo en cualquier área, sino que deben cumplirse tres condiciones básicas: que exista agua superficial para recargar, que el material de los suelos permita la infiltración y que el acuífero tenga la capacidad de almacenar el volumen infiltrado”.

Agrega que una segunda brecha es el enfoque de la recarga artificial, ya que “una recarga exitosa requiere de la integración de los usuarios, lo que no ha sido fácil. Se necesitan proyectos de carácter territorial, liderados por las orga-

nizaciones de usuarios de agua, en los cuales las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas comparten sus derechos de agua superficiales para infiltrarla y las comunidades de aguas subterráneas administran el volumen recargado”.

Ratificando lo anterior, Harry Fleege, representante de la primera sección de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, expuso hace algún tiempo, en una carta a un medio de comunicación, que “aún existen en Chile barreras de entrada, económicas y técnicas para realizar la recarga artificial del acuífero. Por una parte, es necesario facultar a las organizaciones de usuarios de aguas –administradoras de los derechos de aprovechamiento de sus asociados– para realizar la infiltración de los derechos que administran. Además, se requiere establecer certeza respecto a la modalidad de extracción de lo que se infiltra. No se sabe cómo, cuánto, ni dónde se podrá extraer, lo que desincentiva cualquier decisión para invertir en esta tecnología”.

PROYECTOS DESTACADOS Dourojeanni destaca que en Chile existe una amplia experiencia de proyectos de infiltración de acuíferos, impulsados por el Estado desde INDAP y CONAF, y últimamente por diversos municipios, comunidades, organizaciones de usuarios, empresas y privados. “Todos ellos, con resultados exitosos, han demostrado el potencial de este tipo de soluciones naturales para mejorar la condición hídrica y ambiental del territorio”, afirma.

En particular, el profesional releva dos iniciativas que EH2030 ha seguido muy de cerca: el proyecto Parque de Las Aguas, en el Jardín Botánico de Viña del Mar (Región de Valparaíso); y el programa de recuperación de suelos que ejecuta el Programa de Desarrollo Local de Curepto (Región del Maule).

El proyecto viñamarino consiste en la recuperación de 250 hectáreas degradadas mediante la construcción de zanjas de infiltración y reforestación con especies nativas. “Gracias a las zanjas, aumenta entre 30 y 90% el En la cuenca del río Diguilín se ha realizado un trabajo de recarga de acuíferos.

Zanjas de infiltración en el Jardín Botánico de Viña del Mar.

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Paul Dourojeanni destaca que la infiltración de agua no requiere grandes inversiones.

agua de lluvia que se infiltra y recarga el acuífero, donde el recurso se almacena de forma natural por dos años, en vez de escurrir hacia el mar en menos de un día”, detalla.

En sus cuatro años de implementación, el proyecto ha logrado recuperar unos 200 millones de litros de agua anuales. Además, se han construido más de 24 kilómetros lineales de zanjas y se han plantado más de 24 mil árboles nativos. “Es un bosque esclerófilo que contribuye a la retención del agua en el suelo y a la recuperación de la biodiversidad”, revela el ejecutivo.

En el caso de Curepto, el programa consiste en una aplicación mixta de zanjas de infiltración y control de cárcavas, medidas que se complementan en la recuperación del suelo y retención de agua. Sólo en 2020 se intervinieron 116,7 hectáreas con ambas técnicas, las cuales permiten que la humedad del suelo se mantenga por mayor tiempo y se logre así la recuperación de la capa vegetal.

Dourojeanni subraya que ambas intervenciones “han significado un aporte de más de 350 millones de litros de agua al año, equivalente al consumo anual de cinco mil personas”.

El Dr. Arumí, en tanto, recuerda el proyecto pionero en la materia en Chile, que fue desarrollado en Santiago por la Asociación de Canales del Maipo. “Ha sido escuela para todos”, señala. Menciona también los pilotos impulsados por la CNR en las regiones de O’Higgins y Ñuble, donde sobresale la experiencia de recarga en la cuenca del río Diguillín. La Comisión Nacional de Riego realiza actualmente un estudio para cuantificar la recarga de acuíferos en canales de este curso de agua.

Añade: “Otros proyectos destacados son los de la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó, que tiene interesantes experiencias de recarga de acuíferos, y uno en Coquimbo de reciente implementación”.

DESAFÍOS ¿Qué próximos pasos se deben dar para un desarrollo mucho mayor de la infiltración de acuíferos? Según el experto de EH2030, “el mayor desafío de las autoridades será generar los incentivos y espacios de colaboración entre las comunidades, los sectores público y privado, y la ciencia para pasar del diagnóstico a la implementación de soluciones. El Estado no podrá por sí solo y necesitará del apoyo de todos los sectores y habitantes del país, en particular desde los territorios”.

A su vez, el investigador del CRHIAM invita a las autoridades a reconocer que “esta es una solución a largo plazo que transciende los cuatro años de un período presidencial y a continuar trabajando en una política de Estado” al respecto.

24 PUNTOS DE VISTA

Cambio climático y floraciones algales nocivas

C

Por Ana María Ugarte Doctora en Estudios Latinoamericanos Investigadora Postdoctoral en Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2

ada día sabemos más sobre el cambio climático, por ejemplo, que es un problema multidimensional que desafía prácticas cotidianas y aspectos claves de las sociedades modernas, como el libre mercado y el consumismo. También, que sus impactos y riesgos son cada vez más complejos y difíciles de gestionar. El último Informe del IPCC, además, advierte que muchas amenazas climáticas ocurrirán simultáneamente y que habrá interacciones entre riesgos climáticos y no climáticos. Sabemos asimismo que Chile posee 7 de 9 criterios de vulnerabilidad y que uno de los medios de vida principalmente amenazados son los relacionados con la pesca y acuicultura, de los que depende gran parte de nuestra población.

Lo que quizás no todos sabemos es que existe evidencia y acuerdo acerca de que el calentamiento y la acidificación de los océanos favorecen la proliferación y la toxicidad de algunas especies de floraciones de algas nocivas (FAN). Si bien las FAN se producen primariamente por procesos naturales, en el contexto actual ha habido un notorio incremento en su frecuencia, duración e intensidad en todas las zonas costeras del planeta, llegando a ser un serio problema socioambiental.

Y nuestro país es uno de los 4 focos mundiales que reúne condiciones que facilitan su ocurrencia, en especial en el sur.

Dado esto, el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación efectivas que permitan a las poblaciones humanas y ecosistemas ser más resilientes implica necesariamente adentrarnos en comprender no sólo los forzantes e impactos de las FAN, sino también cómo ha operado el proceso de toma de decisiones y gestión de los eventos. Esto último es lo que llamamos gobernanza, que debiera ser climática, centrada en las particularidades que implica la adaptación, con una orientación más local, construida sobre relaciones de confianza y coordinación efectiva entre la diversidad de actores sociales.

Desde el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 hemos trabajado fuertemente estos últimos años en los desafíos del cambio climático y las FAN, desde un enfoque multi y transdisciplinario, y a fines de 2022 presentaremos nuestros resultados en un “Informe a las Naciones”. Esperamos contribuir con información integral basada en evidencia y propuestas de política pública para que las autoridades, el sector privado y las comunidades locales puedan mejorar el enfrentamiento de estos eventos desde, precisamente, una perspectiva de gobernanza climática.

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TRANSPORTE SIN EMISIONES De la mano de la electromovilidad, se amplía la oferta de vehículos y servicios que ayudan a las empresas a reducir su huella de carbono.

L

a electromovilidad sigue avanzando en Chile. A los más de 650 buses cero emisiones del sistema de transporte capitalino RED, se suma una creciente cantidad de vehículos privados, como los taxis de pasajeros y autos particulares, así como bicicletas, motos y scooters eléctricos.

Una tendencia que se ha extendido a las empresas e industrias, que hoy pueden acceder a una oferta más diversa para implementar sistemas de transporte que contribuyan a reducir su huella de carbono.

Un ejemplo es el anuncio que hicieron Enel X y SQM en octubre de 2021, sobre la llegada del primer camión 100% eléctrico de gran tonelaje que prestará servicios para la gran minería en el país. El “E-Truck”, de 28 EDICIÓN 175 MARZO-ABRIL 2022

toneladas de peso, tiene prevista su entrada en operación para los primeros meses de 2022 en faenas de la región de Antofagasta.

Más allá de las iniciativas independientes, públicas o privadas, la Estrategia Nacional de Electromovilidad presentada en octubre de 2021, define metas claras: a partir de 2035 en Chile se venderán solamente vehículos livianos y medianos cero emisiones. La misma exigencia se aplicará a la comercialización de unidades en el transporte público –buses, taxis y colectivos– y en las ventas de maquinaria móvil mayor, que incluye camiones de extracción y maquinaria pesada minera.

Para 2040, en tanto, el 100% de la maquinaria móvil menor comercializada, que abarca unidades empleadas en los sectores construcción,

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agrícola y forestal, también deberán ser cero emisiones.

Finalmente, al año 2045 la totalidad de las ventas de transporte de carga y buses interurbanos deberá corresponder a vehículos cero emisiones.

INCENTIVOS No obstante, considerando el aún elevado costo de los vehículos eléctricos respecto de sus similares a combustibles fósiles, ¿el gobierno considera la entrega de subsidios u otro tipo de apoyo para incentivar el recambio? El Subsecretario de Energía, Julio Maturana, responde: “Para poder lograr estas metas, hemos implementado varios incentivos tanto directos como indirectos, y se ha trabajado de forma holística en el desarrollo de otros aspectos que impactan directamente la aceleración de la electromovilidad”.

En esa línea, destaca que, específicamente respecto a las empresas, en la ley N° 21.305 de Eficiencia Energética se incorporó la posibilidad de acogerse a un régimen de depreciación acelerada para el caso de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

“Además, contamos con el programa Aceleradora de Electromovilidad, ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, que considera un acompañamiento personalizado para capacitar a profesionales de las instituciones que se incorporan a dicha iniciativa, y cuyo objetivo principal es implementar la electromovilidad de forma costo efectiva en las operaciones de cada institución”, explica Maturana.

Desde la perspectiva del Subsecretario, los buses eléctricos ya están disponibles en el mercado chileno de manera competitiva y su incorporación ha ido “a un buen ritmo”. Para fomentar su masificación, anuncia que la cartera está desarrollando varias líneas de trabajo dentro de las acciones específicas de la Estrategia Nacional de Electromovilidad.

A modo de ejemplo, menciona el proyecto ley de Transición Energética –ingresado en diciembre de 2021 al Congreso–, “donde uno de sus artículos incorpora un descuento transitorio al permiso de circulación que estos vehículos deben pagar, tratando de equiparar la cancha con los vehículos convencionales”.

La autoridad resalta también que “hay muchas empresas y municipios que ya han empezado a incorporar buses, principalmente, pues cuando hacen la evaluación del cambio, a pesar de que el costo de la inversión inicial sea mayor, éste se compensa gratamente con los bajos costos operativos y de mantenimiento que tienen los vehículos cero emisiones”.

En la misma línea, destaca el proyecto piloto Electrologística, impulsado por el Ministerio de Transportes con el propósito de poner en uso vehículos eléctricos en la logística urbana. Según explica Maturana, a través de esta iniciativa se puso “a disposición de forma gratuita camiones eléctricos de última milla para generadores de carga que quisieran probarlos en sus operaciones”.

LOGÍSTICA SUSTENTABLE La oferta de vehículos eléctricos orientados a empresas e instalaciones productivas, para el transporte de personal y otras aplicaciones, ha aumentado en el país. Su presencia se ha potenciado mediante la disponibilidad de diversas marcas y modelos accesibles por medio de la adquisición de vehículos o bien de la contratación de servicios de logística.

En esta última área destaca CCCS, compañía que cuenta con una flota eléctrica compuesta por 16 furgones de carga. 15 de ellos corresponden a unidades Maxus EV30L y uno, a Citroen Berlingo 2018, además de una van de pasajeros 15+1 Maxus EV80.

El furgón Maxus EV30L tiene una autonomía de 200 km aproximadamente. Su capacidad de carga es de 1.000 kg, 6,3 m3 en volumen y su peso vehicular es de 2.630 kg. En tanto, la Citroen Berlingo cuenta con

Estrategia en Revisión La Estrategia Nacional de Electromovilidad se presentó en los últimos meses de la administración gubernamental anterior. Si bien estima que este instrumento y su socialización corresponden a una política de Estado transversal, el Subsecretario Maturana reconoce que la están “revisando en detalle”, para evaluar si se agrega algún punto que no haya sido considerado o se profundizan aspectos que se estimen relevantes.

“Avanzaremos sobre lo que ya se ha construido por parte del ministerio y se aumentará la participación de algunos actores, como municipios y gobiernos regionales, dada la importancia que este tipo de instituciones tienen en el objetivo de llevar la electromovilidad a todas las regiones de Chile”, puntualiza.

Camión a Hidrógeno Hyundai Camiones y Buses tiene su mirada puesta también en el hidrógeno verde. En esta área, la compañía tiene planificado introducir al mercado chileno un camión de media distancia que funciona con H2v, como un proyecto experimental desarrollado en conjunto con los ministerios de Transportes y Energía.

Según Félix Sagredo, se trata del Xcient Fuel Cell, que está operando en Suiza, con más de 150 unidades, y, al mismo tiempo, siendo testeado en Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La firma espera traer este modelo durante el primer trimestre de 2023. “Comenzaremos un plan piloto experimental con entidades gubernamentales para testearlo en Chile, con la finalidad de obtener la homologación en el 3CV y la posterior comercialización a nivel local”, puntualiza el ejecutivo.

28 CAMBIO CLIMÁTICO

una autonomía de alrededor de 170 km; ofrece un volumen de carga de 3,3 m3 y una capacidad de 675 kilos. Por otra parte, la Maxus EV80 posee una autonomía aproximada de 200 km, capacidad para 15 pasajeros más 1 conductor y su peso vehicular es de 3.500 kg.

Según explica Elide Sepúlveda, Directora General de la firma, “nuestra flota eléctrica opera en la Región Metropolitana y actualmente transporta catálogo extendido y mercadería de local a consumidores finales”.

En cuanto a los beneficios ambientales de la operación de los vehículos, subraya que en conjunto “generamos, en términos de impacto, un ahorro de 70 toneladas de CO2 al año”.

La ejecutiva añade, como réditos adicionales, una reducción de la contaminación acústica y un apoyo a la descentralización de la matriz energética, bajando la dependencia de combustibles fósiles: “Es, además, una solución que no genera residuos porque no usa lubricantes, y reduce en un tercio la emisión de gases de efecto invernadero”.

En junio, la empresa sumará a su flota camiones eléctricos de 5.000 kg. y 10.000 kg.

TECNOLOGÍA CHINA Otro proveedor es Buses Hualpén, firma dedicada al transporte privado de trabajadores. De acuerdo con Edgar De la O, Subgerente de Electromovilidad de la compañía, ésta comenzó a operar buses eléctricos en 2019, la totalidad de los cuales es de origen chino: “Contamos con marcas como King Long, Yutong y Maxus, aunque hemos probado las diferentes gamas que hay en el mercado”.

Añade que las características de los modelos varían según el número de pasajeros, principalmente, y se aprecia sobre todo en el tamaño de la batería y la potencia del motor.

Acerca de los beneficios ambientales de los vehículos, Edgar De la O resalta que, en promedio, un bus eléctrico de la flota deja de emitir 5 toneladas de CO2 al año respecto de sus similares que usan combustibles fósiles. “Con los contratos que tenemos en la actualidad y el tiempo que llevamos operando, hemos dejado de emitir aproximadamente 920 toneladas de CO2”, agrega.

Como rédito adicional, el ejecutivo menciona el confort de los usua-

23 Buses eléctricos opera Buses Hualpén, en

faenas mineras de las regiones Metropolitana y de Tarapacá.

400 Estaciones de recarga de hidrógeno para

diferentes tipos de vehículos “con un control de riesgos muy alto” existen en el mundo actualmente, subraya Germán Labarca.

rios, al tener menos vibraciones por el uso del motor, “y lo más importante, que disminuye radicalmente la contaminación acústica, ya que los buses eléctricos son silenciosos en su operación”.

Hoy, Hualpén opera más de 20 buses eléctricos en faenas de Anglo American, en la Región Metropolitana, y de Collahuasi, en la región de Tarapacá.

CAMIÓN ECO-FRIENDLY En el ámbito de la venta de vehículos, Hyundai Camiones y Buses está próximo a iniciar la distribución en Chile del camión Zedo 300 EV, modelo pionero de las tecnologías Eco-Friendly. Dentro de sus principales características destacan su autonomía, que le permite recorrer hasta 300 km bajo condiciones de uso normal y, asimismo, que está configurado para una carga útil de hasta 1.700 kg y 19 m3 de volumen.

En cuanto a sus ventajas en términos de sustentabilidad, resalta el hecho de que el camión, por ser eléctrico, no libera gases contaminantes ni emite ruido, lo que es provechoso para mejorar la operación del conductor. “Adicionalmente, es una tecnología que utiliza cada vez menos repuestos de mantenimiento, como filtros, lubricantes y piezas móviles, entre otros”, resalta Félix Sagredo, Subgerente de Marketing, Producto y Clientes de Hyundai Camiones y Buses.

La distribución del camión se iniciará en junio de este año y, para el segundo semestre, se contaría con un stock de 50 unidades del modelo, detalla el ejecutivo.

Por el momento, añade Sagredo, “estamos en constante comunicación con empresas flotistas del retail y última milla, realizando test drive con nuestro vehículo piloto con la finalidad de que conozcan el camión en operación y se adecúe a sus necesidades y estrategias de reducción de la huella de carbono”.

El Zedo 300 EV cuenta con un volumen alto de unidades vendidas en China. Asimismo, se han introducido unidades en los mercados de Corea del Sur, Singapur, Israel, Nueva Zelanda, Costa Rica, Arabia Saudita, Malasia, Puerto Rico, Uruguay, Taiwán y Tailandia.

BUS URBANO

Diversas marcas chinas opera Buses Hualpén en Chile desde 2019.

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Por su parte, Volvo Chile introdujo al país el bus Volvo 7900, diseñado para tránsito urbano y que es 100% eléctrico. Este vehículo tiene una longitud de 12 m, un ancho de 2,55 m y una altura de 3,3 m. Posee un motor eléctrico de 200 kW de potencia máxima, una caja automatizada Volvo I-Shift de 2 velocidades, un torque máximo de 19.000 Nm, sistema de almacenamiento de energía con baterías de ion-litio, con una autonomía

CAMBIO CLIMÁTICO 29

promedio esperada de operación de 250 km, además de calefacción, aire acondicionado y control automático de temperatura de baterías. Todo lo anterior, combinado con un total de 42 asientos, 4 cámaras y una capacidad máxima de 95 pasajeros.

En estos momentos el Volvo 7900 está en fase de prueba por un lapso de cuatro meses en el sistema RED de la capital. Dos meses operará en el recorrido C06, con RedBus, y similar período lo hará en el servicio 201e, con Subus, con el objetivo de asegurar un funcionamiento integral eficiente y de acuerdo con los requerimientos del país.

“Queremos recoger información de campo y operación real en el sistema RED y ver si el estándar europeo de carrocería, altura, distribución de asientos, chasis y funcionamiento, se adapta a las condiciones de las rutas de Santiago”, explica José Antonio Margalet, Director Comercial de Buses de la firma.

El ejecutivo agrega que también pretenden evaluar el consumo energético del bus en las distintas operaciones, considerando las particularidades locales: “Si uno observa la topografía de una ciudad europea se puede notar que es distinta a la de Santiago, en términos de subidas, pendientes y cantidad de detenciones y arranques (stop and go), y carga (cantidad de pasajeros)”.

El bus incorpora el concepto de “zonas cero”. “Es decir ayuda a las ciudades a convertirse en ciudades con cero emisiones, cero ruido, cero congestión y cero accidentes, cumpliendo con las más estrictas restricciones en este ámbito. Asimismo, cuenta con tecnologías automatizadas, como es el caso del control de velocidad remoto, que habilita ‘zonas de seguridad’ en las rutas para asegurar el paso del bus a una velocidad controlada frente a puntos de riesgos tales como escuelas, hospitales, etc.”, subraya.

Por otra parte, Margalet destaca que la comercialización de los buses eléctricos de la empresa se concentra mayoritariamente en Europa.

“Específicamente, existen flotas de buses urbanos eléctricos Volvo en Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suiza, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Francia y España. De igual manera, hay operaciones en Singapur, Australia y en Estados Unidos”, acota.

También, la empresa posee camiones eléctricos que espera traer pronto a Chile. “Estos vehículos realizaron una muy buena performance en Europa durante 2021, que fue su año de lanzamiento, teniendo una participación en el mercado europeo de un 42%”, sostiene José Antonio Margalet.

H2 CON DESARROLLO LOCAL Y en cuanto a movilidad sustentable mediante el uso de hidrógeno verde (H2v), ¿se le dará un impulso desde el Estado? En esta materia, el Subsecretario fija la posición nuevo gobierno, al afirmar que “queremos comenzar a trabajar en la demanda del hidrógeno como parte del eje de un nuevo modelo de desarrollo para el país”.

Desde su punto de vista, la industria del H2v en líneas generales se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y enfrentándose al desafío de hacer las cosas de manera diferente en términos de su crecimiento económico, de los actores que jueguen algún rol en ella y de la relación con su entorno y las comunidades: “Queremos que esta industria se desenvuelva propiciando el desarrollo local, para contar con una industria sostenible”.

Agrega que tanto a nivel del sector privado como público existen iniciativas de inversión que abordan la movilidad con H2. “En minería, principalmente, se ve un desarrollo importante de estos proyectos”, precisa Maturana.

A su vez, detalla que desde la cartera de Energía se han impulsado programas en esa dirección, como la Aceleradora de Hidrógeno, implementado por la Agencia de Sostenibilidad Energética; y que en conjunto con el

FCAB transformará sus locomotoras GR-12 a diésel, para que operen 100% con hidrógeno.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se ha avanzado en estudios con el propósito de implementar pilotos de buses con celdas de H2.

LOCOMOTORA SOSTENIBLE Un ejemplo de lo anterior es el proyecto que impulsa la empresa FCAB en la región de Antofagasta, para el desarrollo de la primera locomotora a hidrógeno verde en Chile.

Para eso, la compañía transformará una de las máquinas a diésel que integra su flota para que comience a operar 100% con H2v.

Germán Labarca, Subgerente de Proyectos en FCAB, explica que “la locomotora a hidrógeno para carga es un desafío importante para la región y el país, que ha tomado como referencia las locomotoras de pasajeros europeas, donde se tiene un alto estándar de seguridad que nos ha permitido avanzar en esta experiencia”.

El modelo que se someterá a la conversión “son las míticas GR-12, locomotoras versátiles que pueden transitar por la mayoría de las vías de FCAB”, resalta el ejecutivo.

El proyecto considera la transformación del orden de un 30% de la flota total de la compañía en el mediano plazo.

Según Labarca, hasta la fecha se han concretado varios avances. Entre otros, la obtención de los servicios y rutas donde operarían las locomotoras a hidrógeno; la selección de la flota de máquinas a transformar; la revisión en terreno de la primera locomotora a modificar, incluyendo dibujo y diseño en 3D de la solución de conversión, y una visita de expertos internacionales a los talleres de FCAB para definir los requisitos para efectuar la trasformación a H2v.

En términos ambientales, el ejecutivo sostiene que por medio de este proyecto la compañía espera reducir un 30% del volumen de CO2 de sus operaciones al año 2030, “lo que estaría en línea con las expectativas futuras para nuestros clientes y aporte al combate del efecto invernadero”.

Adicionalmente, destaca que la región de Antofagasta tiene un potencial gigante de producción de H2v, creando un mercado que generará ingresos, trabajos e inversiones importantes a nivel local y del país. En ese sentido, precisa que este proyecto se traducirá en la implementación de hidrolineras, “donde se podrá compartir el aprendizaje con nuevos emprendedores”.

30 CAMBIO CLIMÁTICO

LA JUSTICIA AMBIENTAL

La solución de fondo para reducir las emisiones de GEI no pasa simplemente por implementar mejoras tecnológicas a nivel mundial, sino por un compromiso global sobre la igualdad de derechos en el uso de la atmósfera.

Por Rodrigo Astorga Economista, Magíster en Economía Especialista en Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático

A

raíz de la pasada COP26, nuevamente miles de activistas salieron a las calles de las principales capitales occidentales, exigiendo acciones inmediatas, justas y concretas de los líderes mundiales. “Justicia ambiental ahora”, fue la consigna. En ese contexto, cabe preguntarse: ¿a qué se refiere el concepto de justicia ambiental?, ¿cuál es el principio rector?, ¿es el cambio climático un problema meramente tecnológico?

Estas y otras interrogantes plantean un debate ético en torno a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los principios

de acción como el de “contracción y convergencia” y “el que contamina paga”, que lleva a concluir que la solución de fondo a la problemática del cambio climático no pasa simplemente por implementar mejoras tecnológicas, sino por un compromiso global sobre la igualdad de derechos en materia medioambiental.

ÉTICA CLIMÁTICA Existe un principio ético que establece que todos tenemos los mismos derechos en el uso de la atmósfera. En otras palabras, ningún país tiene

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un derecho inherente a emitir más emisiones per cápita que otro. Se trata del principio de “contracción y convergencia”, según el cual los países deberían negociar (y, si fuera necesario, renegociar permanentemente) una concentración máxima admisible de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, en función de las variaciones de las estimaciones científicas del nivel de riesgo. A partir de ahí, se acordaría una reducción progresiva de las emisiones para alcanzar ese objetivo, mientras que los niveles de emisión de los ricos y los pobres se igualarían gradualmente.

Por otra parte, el principio de “quien conta-

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mina paga” también está entre los lineamientos clave de la política medioambiental. Su aplicación implica que quien genere impactos en el entorno natural debe pagar los costos de su contaminación, incluyendo las medidas adoptadas para prevenir, controlar y remediar sus efectos y los costos para la sociedad global (externalidades). Con la aplicación de este principio, se anima a los contaminadores a evitar los daños medioambientales y se les obliga a asumir su responsabilidad en los impactos generados.

Lo central en el debate sobre principios rectores y cambio climático es que la mayor parte del planeta es una clara expresión de la injusticia ambiental: la mayoría de la población mundial representa un pequeño porcentaje de las emisiones globales, pero se ve muy afectada por sus impactos. Al mismo tiempo, los estratos más pobres de la población son los más afectados.

No hemos sido capaces seriamente de interiorizar los efectos negativos de la destrucción del medio ambiente, la contaminación y el calentamiento global sobre el desarrollo económico, social y ambiental, la pérdida de biodiversidad, entre otros, siendo que las catástrofes naturales provocadas por el hombre son visibles y medibles (el dilema de “Don’t Look Up”).

La actual senda de desarrollo ha llegado a un punto que arriesga la supervivencia del sistema ecológico que la sustenta. El funcionamiento de los mercados no puede detener estos procesos porque las tasas de rendimiento no logran internalizar la destrucción de la naturaleza ni muchos de los efectos que tienen sobre la vida: estamos en un “equilibrio de Nash” global. Cabe señalar que, en teoría de juegos, un “equilibrio de Nash” es la forma más común de definir la solución de un juego no-cooperativo. En este caso se hace referencia a una situación en que individuos racionales pueden no cooperar, incluso si parece que les conviene hacerlo.

COMPROMISO DE JUSTICIA En el campo tecnológico, si imaginamos las economías en la lógica de funciones de producción neoclásicas, el elemento particular de esta época de crisis climática es que además del capital y el trabajo, la energía y sus fuentes se han convertido en otro insumo fundamental del ajuste necesario para cumplir con las metas climáticas globales (transición energética). La lógica neoclásica ilustra que tanto el capital como el trabajo son insumos productivos que se ajustan entre países y empresas. ¿Cuál es la elasticidad de sustitución entre insumos energéticos? Las energías renovables son complejas de exportar y, por tanto, el ajuste de este insumo es más

costoso que el modelo de negocios imperante.

Por lo tanto, podríamos decir que todavía tenemos que dar un “leapfrog” (saltar etapas o crear caminos nuevos) en la evolución tecnológica necesaria para comenzar a ajustarnos productivamente a la amenaza del cambio climático.

Esta condición sin lugar a dudas es necesaria, mas no suficiente. La clave en este momento es generar asociaciones entre países/regiones del norte y del sur global que nos permitan dar dicho “leapfrog”, habilitando una mayor fluidez en el comercio de las energías renovables. Esa es una de las claves del ajuste que tenemos que hacer en nuestras formas de producción. Es un elemento central para conseguir energía renovable competitiva en cualquier momento del año, independientemente de la ciclicidad de las fuentes renovables. Precisamente el mayor intercambio comercial de energía renovable competitiva permitiría resolver muchos elementos de la seguridad y pobreza energética global, además de buena parte de las emisiones.

Más allá de las metas y objetivos del Acuerdo de París y las NDC (contribuciones determinadas por cada nación para alcanzar dichas metas), es importante entender que este desafío sólo puede ser abordado colectivamente como una comunidad global. Por lo tanto, la contribución de los países del sur global no sólo es importante, sino que es imperativa.

En última instancia, esto equivale a afirmar que se puede lograr un clima habitable, no a través de más aerogeneradores, paneles solares o autos eléctricos, sino que a través de un compromiso con la justicia medioambiental global. En lugar de consagrar y ampliar las desigualdades en el uso de los recursos, enmascarando las patologías del actual modelo de explotación de los combustibles fósiles, el principio de “contracción y convergencia” implicaría abordar directamente las causas fundamentales de la crisis climática.

De ahí la relevancia de iniciativas generadas desde el sur global como el Acuerdo de Escazú.

El tratado consagra el derecho de todas las personas, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible. Este acuerdo, negociado por los gobiernos de América Latina y el Caribe, ofrece un camino para avanzar en mayor justicia ambiental mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia participativa, la protección de los derechos humanos, y mejorar la gobernanza e institucionalidad ambiental para la resolución de conflictos socioambientales.

Frente al escenario presente y futuro caracterizado por mayor incertidumbre e interdependencias globales, Escazú nos dota de más y mejores herramientas.

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Por Arturo Brandt Abogado y Profesor Adjunto Vermont Law School, Estados Unidos

Crisis climática, ¿qué debemos hacer?

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urante los primeros días de abril se publicó un nuevo informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El documento, junto con reforzar la gravedad y urgencia del problema, y resaltar que la ventana de tiempo es cada vez menor, concluye que se requiere en forma urgente retirar los combustibles fósiles como medios de generación de energía, avanzar en la electrificación de los consumos energéticos, fomentar la captura y almacenamiento del CO2, y reducir las emisiones de metano.

La energía, a nivel global, es responsable de un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, cifra muy similar a lo que ocurre en Chile, por lo que debe ser el foco de la tan necesaria descarbonización.

Dentro del rubro energía los sectores más relevantes en términos de aporte de emisiones son la generación de electricidad y el transporte, las que sumadas equivalen a casi un 50% de las emisiones totales globales de gases de efecto invernadero.

Agrega el reporte que sin una acción inmediata nuestro planeta se dirige a un aumento de la temperatura de 3,2 °C para fines de este siglo, más que doblando la meta más conservadora del Acuerdo de París de no superar los 1,5 °C. El aumento ya ha sido de 1,1 °C. Para poder cumplir con las metas que se ha fijado la comunidad internacional es necesario una disminución de un 43% en las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, en comparación con los niveles del 2019.

Además, se reconoce, por primera vez en estos informes, la necesidad de la remoción de CO2 de la atmósfera a través de la captura y secuestro del mismo. Y se fortalece la necesidad de implementar las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles. Aunque la más costo-eficiente medida es el fomento de la energía solar y eólica, que a nivel mundial ya representan un 10,3% de la matriz eléctrica.

El anterior, junto con ser un enorme desafío, constituye una inmensa oportunidad. Lo que se requiere es un cambio acelerado y profundo de nuestra matriz energética, para lo cual serán necesarias grandes inversiones: de tres a seis veces mayores a las actuales.

Nuestro país posee los recursos naturales para ser protagonista de esta transformación. El cobre y el litio serán parte fundamental del proceso. ¡No lo desaprovechemos!

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GEI Y OLORES BAJO CONTROL Oxynova puede reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero y odorantes que se generan en el tratamiento de aguas residuales.

Por Agranco Corp USA

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n todo el mundo, la sociedad presta cada vez más atención a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a los problemas relacionados con éstas, como los malos olores. De hecho, la creciente preocupación de las comunidades por el deterioro de la salud y el entorno natural ha impulsado el desarrollo de normativas cada vez más estrictas en materia de calidad del aire y para el cuidado del medio ambiente en general.

Uno de los sectores que genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero es el del manejo de residuos. Sólo en Chile se producen cada año 5 millones de toneladas de GEI como subproducto del tratamiento de residuos, gran parte de los cuales viene en forma de aguas residuales.

Para afrontar esta problemática, hoy existen tecnologías innovadoras que se pueden aplicar para reducir las emisiones que se producen cuando se tratan las aguas residuales.

GASES ODORANTES Y GEI Las aguas residuales pueden proceder de diferentes fuentes: domésticas, industriales y agrícolas. Están formadas por materia orgánica e inorgánica que contiene grandes cantidades de compuestos de nitrógeno, fósforo y azufre.

Cuando el oxígeno se agota, las aguas residuales sufren una descomposición anaeróbica. La mayoría de las sustancias generadoras de olores son el resultado de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica que contiene azufre y nitrógeno. Los gases inorgánicos producidos por la descomposición de las aguas residuales suelen ser el sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoníaco (NH3), el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Los tres primeros son extremadamente malolientes y se les atribuye un olor a huevo podrido y acre.

Además, las emisiones de metano son extremadamente perjudiciales para el medio ambiente. Aunque es inodoro, el metano es el principal contribuyente al ozono a nivel del suelo, un contaminante atmosférico peligroso y un gas de efecto invernadero que causa un millón de muertes prematuras cada año. Además, el metano es 25 veces más potente que el dióxido de carbono a la hora de atrapar el calor en la atmósfera y se estima que es responsable de aproximadamente una quinta parte del calentamiento global provocado por el hombre. Dado que el metano es el resultado del agotamiento del oxígeno durante la descomposición, cabe suponer que allí donde haya malos olores/gases tóxicos procedentes de la actividad anaeróbica, también habrá metano, a pesar de su falta de olor.

SOLUCIÓN: OXYNOVA Una solución efectiva y conveniente para abatir las emisiones de estos gases es el producto denominado Oxynova, desarrollado por la empresa estadounidense Agranco Corp USA, especialista en tratamiento de aguas, gestión de residuos, biorremediación ambiental, acuicultura y aditivos alimenticios para la nutrición animal.

Este compuesto natural contiene bacterias anaerobias facultativas, capaces de prosperar en entornos aeróbicos o anaeróbicos. A medida que las bacterias se multiplican, comienzan a asimilar nutrientes clave como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, convirtiéndolos en biomasa celular. Los ingredientes patentados de Oxynova también aumentan el contenido de oxígeno disuelto en el sistema, lo que disminuye la tasa de descomposición anaeróbica y reduce las emisiones de H2S, NH3 y CH4. Además, las bacterias liberan varias enzimas que catalizan la oxidación del amoníaco en nitratos y de diferentes compuestos de azufre en sulfatos.

De esta manera, la solución creada por Agranco es capaz de tratar diferentes tipos de aguas residuales, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen en el proceso y, como resultado, reducir o eliminar rápidamente los malos olores que generan estos gases.

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MINERÍA CERO CARBONO Esa meta aspira alcanzar Anglo American a más tardar en 2040. Y también aportar a la necesaria transición hacia el uso de energías limpias.

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egún el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), si se quiere limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C para evitar desastres ambientales, es urgente tomar acciones inmediatas. Con ese fin, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) deben disminuir drásticamente en esta década, reduciéndose a la mitad en el año 2030.

En este escenario, la minería puede jugar un rol clave, tal como lo sostiene el informe 2021 de la Agencia Internacional de Energía, titulado

“El papel de los minerales críticos en la transición hacia energías limpias”, donde se resalta que los productos generados por esta industria son vitales para viabilizar el tránsito hacia un mundo bajo en emisiones de carbono.

PERFECCIONAR PROCESOS Una compañía que tomó conciencia tempranamente sobre la importancia de este tema es Anglo American, que desde hace más de cinco años implementa diversas acciones de

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adaptación y mejora de sus procesos, para avanzar hacia una performance más sustentable en Chile y los demás países donde opera.

Marcela Bocchetto, Gerenta de Carbono Neutralidad y Biodiversidad de la compañía, comenta: “Sin metales como el cobre, no es posible lograr la transición energética para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial, cada vez hay más conciencia sobre el rol central de la minería en este proceso y la importancia de sus aportes para cumplir con la aspiración compartida de lograr un futuro con cero emisiones netas”.

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Añade que para llevar esto a la práctica, es necesario que la minería modifique y perfeccione su actividad productiva adaptándose al nuevo escenario, disminuyendo las emisiones contaminantes y liderando la transformación global. “Hoy, es cada vez mayor la importancia de la sustentabilidad en la producción de los metales y minerales de la transición, pues la minería tiene un doble desafío: por un lado, generar esos metales y minerales, y por otro, que esa generación sea cada vez con menos emisiones de carbono”, plantea.

ACCIONES Y MEDIDAS Según Marcela Bocchetto, Anglo American comprende que la industria debe hacer todo lo posible para minimizar las emisiones relacionadas con el suministro de esos productos y que este reto es urgente. Por eso, desde 2015 la empresa definió al cambio climático como una prioridad y a partir de entonces diseñó su Plan Minero Sustentable.

Este programa, que comenzó a implementarse en 2018, tiene tres ejes de trabajo: contribuir en la generación de comunidades prósperas, ser un líder corporativo confiable y contribuir a la existencia de un medio ambiente saludable.

“Dentro de este último se encuentra abordar el cambio climático y las metas de descarbonización”, precisa la ejecutiva.

En ese sentido, afirma que “estamos impulsando un proceso de transformación radical para adaptar nuestros procesos a la crisis climática, materializado en distintas líneas de acción, como reducción de emisiones, adaptación de operaciones, disponibilidad de agua y protección y restauración de la biodiversidad”.

Un hito dentro de este plan es la puesta en marcha, en 2021, de la primera generadora de hidrógeno para abastecer vehículos mineros cero carbono del país en su operación Los Bronces, específicamente en la planta Las Tórtolas, ubicada en la comuna de Colina. Otro avance es la implementación del primer equipo Mud Master en Chile, que permite acelerar el proceso de compactación de los relaves mecánicamente y así mejorar la eficiencia en el manejo del agua desde estos pasivos ambientales.

También el año pasado, destaca la profesional, “entró en vigencia nuestro contrato de suministro eléctrico a partir de energías 100% renovables, que nos permitió reducir en 70% las emisiones”.

PLANTA SOLAR SOBRE RELAVES Pero, quizás, la iniciativa más emblemática concretada hasta ahora es la primera planta fotovoltaica flotante del país, instalada en 2019

sobre el depósito de relaves de Las Tórtolas. “Se trató de un proyecto pionero a nivel mundial, que permite reducir las emisiones de CO2 en 58 toneladas anualmente; generar energía eléctrica renovable por 150.000 kWh/año y disminuir en 80% la evaporación del agua en el área que la estructura cubre, aumentando así la disponibilidad del recurso hídrico para el proceso de recirculación”, explica Bocchetto.

En el plano internacional, anuncia que la firma avanza en el desarrollo del primer camión minero a hidrógeno verde, para la mina Mogalakwena de Sudáfrica, que se pondrá en marcha en 2023. “También nos encontramos trabajando en la adopción de tecnologías como clasificación de material (bulk-ore sorting) y flotación de partículas gruesas (coarse particle flotation), que permiten el descarte temprano de material no valioso y así utilizar mejor la energía”, detalla.

Junto con lo anterior, Anglo American está

En 2021 Anglo American puso en marcha 17 buses eléctricos para transportar a sus trabajadores, lo que permite dejar de emitir anualmente 850 tons. de CO2.

nización internacional dedicada a promover una industria minera y metalúrgica segura, justa y sostenible. “Como parte del ICMM, estamos llevando a cabo nuestro proceso de transformación para reducir nuestras emisiones y, por otro lado, generar estrategias de desarrollo productivo acordes a este nuevo escenario y adaptar los procesos para seguir obteniendo los metales que habilitarán la transición energética”, puntualiza la representante de la minera.

Los integrantes de ICMM acordaron la meta de llegar a cero emisiones netas de GEI de alcance 1 y 2 para 2050 o antes, en línea con las ambiciones definidas en el Acuerdo de París.

Al respecto, el compromiso de la compañía es lograr la carbono neutralidad a 2040: “Pero no solo eso. Ocho de nuestras operaciones en el mundo alcanzarán la carbono neutralidad en 2030.

En el caso de Chile, tenemos la ambición de ser una de aquellas aventajadas y estamos trabajando para

Marcela Bocchetto destaca el rol de la minería para lograr la transición energética.

ejecutando proyectos de digitalización de los procesos, que buscan aumentar la productividad y usar la energía de manera más eficiente.

“La estrategia global de respuesta al cambio climático, asimismo, incorpora la evaluación de los efectos climáticos sobre el entorno y, en función de eso, busca una solución a la problemática del agua para las operaciones y fundamentalmente para las comunidades anfitrionas”, añade la ejecutiva.

META A 2030 Anglo American es miembro de ICMM, orga-

eso”, indica Marcela Bocchetto.

Adicionalmente, señala, “estas metas aplican más allá de nuestros propios procesos, pues estamos convencidos de que tenemos que avanzar también en la descarbonización de nuestras cadenas de valor”. El cumplimiento de ese objetivo depende de acciones directas e indirectas que contemplan “el impulso en la reducción de emisiones dentro de nuestra esfera de influencia, colaboración con los demás para impulsar un cambio significativo y la adopción de un papel de liderazgo que posibilite la descarbonización de toda la industria”, concluye.

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CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL APRUEBA ESTADO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DE BIENES COMUNES NATURALES “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”. Así comenzaría el artículo 1 de la nueva Constitución, que se incorporó al borrador que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre, tras ser aprobado por la Convención Constitucional (CC). El pleno de la misma también dio el visto bueno a un artículo que consagra que “los bienes comunes naturales son el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos y el subsuelo”.

Además, establece que “son bienes comunes inapropiables el agua en todos sus estados y el aire”.

Otros artículos relevantes relacionados con medio ambiente que ya se han incorporado a la propuesta constitucional que se presentará a la ciudadanía, plantean: el “derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, entre otros que defina la ley”; y el deber del Estado de promover “el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza”. Al cierre de esta edición, el pleno seguía analizando y sancionando nuevas normas en temas relacionados.

AVANZA ANTEPROYECTO CON METAS PARA VALORIZAR AEE Y PILAS Para hacer frente a la muy baja tasa de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), que en 2019 llegó a solo 4,1%, el Ministerio del Medio Ambiente presentó a consulta ciudadana el anteproyecto de Decreto Supremo que establecerá metas de recolección y valorización para estos productos priorizados en la Ley 20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP). El documento plantea las exigencias para la correcta gestión de estos productos después que terminen su vida útil, por parte de quienes los colocan por primera vez en el mercado nacional. Además, fija una meta final de reciclaje de un 45% de AEE y pilas en un plazo de una década, desde que entre en vigencia la obligación. El primer año, la meta se iniciará en un 3% para ir subiendo de manera gradual: 5% el segundo año, 8% el tercero, 12% el cuarto, y así hasta llegar al 45% a contar del décimo año.

EN CONSULTA PÚBLICA NORMA PARA BENCENO

CONGRESO REVISA ADHESIÓN DE CHILE A ACUERDO DE ESCAZÚ Luego que el 18 de marzo el Presidente Gabriel Boric firmara el proyecto de ley para la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, la segunda semana de abril la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó su análisis para ver si se ratifica el tratado por parte del Congreso. La iniciativa debe ser también evaluada por la Comisión de Medio Ambiente de la misma instancia antes de ser votada por el pleno de la cámara. De ser aprobada, pasará al Senado.

Cabe recordar que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ya fue suscrito por 24 países de la región, 12 de los cuales lo ratificaron posteriormente. Chile fue recientemente sede de la primera reunión de la Conferencia de las Partes del pacto, ocasión en que se abordaron temas incorporados en sus artículos 14, 15 y 18, así como otros asuntos relevantes. Durante la inauguración, el Presidente Boric llamó al Parlamento a agilizar la aprobación del tratado.

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Hasta el 30 de mayo se puede participar en la consulta pública sobre el anteproyecto de norma primaria de calidad del aire que limitará su concentración en la atmósfera. La regulación establece un estándar similar al de la Unión Europea, es decir, 5 microgramos por metro cúbico (ug/m3) como límite máximo para promedio anual. Al tercer año de su entrada en vigencia, pretende subir la exigencia a condiciones asimilables a la norma japonesa, que corresponde a 3 ug/m3.

El benceno es uno de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) más comunes y nocivos para la salud de las personas. Se trata de un gas que se libera a la atmósfera como consecuencia de emisiones vehiculares, procesos industriales, combustión incompleta y por evaporación de algunos combustibles, como la gasolina. En la industria, se usa para fabricar plásticos, pinturas y pesticidas, entre otras aplicaciones.

Más antecedentes y observaciones, en el sitio: https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal.

Gentileza Conaf

Gentileza Narkis Morales

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Conozca el trabajo que se desarrolla para restaurar las áreas afectadas por los incendios forestales.

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egún datos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), hasta el 19 de abril recién pasado, más de 123 mil hectáreas habían sido arrasadas por los incendios forestales en la presente temporada –que partió el 1 de julio de 2021–, generando importantes perjuicios para las personas y el entorno. Es que estos siniestros no sólo producen pérdidas invaluables de biodiversidad, flora, fauna, suelos y ecosistemas, sino que además tienen enormes impactos económicos, sociales y ambientales.

A modo de ejemplo, la catastrófica “tormenta de fuego” que azotó a las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío en el verano de 2017, consumió más 77 mil hectáreas de bosque nativo y otras 280 mil hectáreas de plantaciones, generó sobre 78 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y significó un costo inicial para el Estado que superó los 242 mil millones de pesos.

Frente a esta lamentable realidad, la restauración de los bosques y áreas afectadas por el fuego cobra una enorme relevancia. ¿En qué consiste este trabajo?, ¿qué esfuerzos se realizan en Chile al respecto?

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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Narkis Morales es ingeniero forestal, MS en Recursos Naturales y PhD en Ciencias Ambientales. Como investigador ha enfocado gran parte de su trabajo en el uso e integración de diversas herramientas para contribuir a la restauración ecológica de ecosistemas naturales degradados. En ese contexto, explica: “La restauración post incendio consiste en realizar obras que reduzcan la erosión y acciones que ayuden a recuperar la cubierta vegetacional perdida. Esto con el fin de recuperar los servicios ecosistémicos lo antes posible, así como disminuir potenciales movimientos en masa en zonas de altas pendientes (por ejemplo, aludes, deslizamientos)”.

Agrega que entre las acciones contra la erosión están los métodos de cobertura y barrera. “El primero busca proteger el suelo de la acción de la lluvia y el viento. Generalmente se usan tratamientos que cubren el suelo usando materia orgánica de distintos tipos y con diferentes medios de aplicación (mulch seco, hidromulch o redistribución de rastrojos, entre otros). Por otro lado, los métodos de barrera buscan detener la pérdida suelo por medio de la construcción

SUELOS 41

Gentileza Conaf

que diferenciar dos etapas. La primera corresponde a los protocolos de emergencia que habitualmente se activan una vez que se ha controlado el siniestro y se podría extender hasta por tres años. El Dr. Morales explica que, considerando que el fuego no impacta todas las áreas de la misma forma –lo cual depende de la magnitud e intensidad del incendio–, en esta fase se hacen evaluaciones preliminares y luego se definen los tipos de acciones a ejecutar en cada zona. Generalmente, esto considera actividades tendientes a prevenir futuros movimientos en masa y la erosión, lo que incluye recuperar una cubierta vegetal transitoria usando pastos y herbáceas.

Una vez estabilizada la zona incendiada se inicia la segunda etapa que correspondería al desarrollo de un plan de restauración propiamente tal. En ese contexto, se puede diseñar un programa de reintroducción de especies, para lo cual “se compara la zona incendiada con una zona no incendiada, no degradada o con un nivel mínimo de intervención. La idea es determinar qué especies deberían estar presentes y en qué número. Luego, se procede a la plantación ya sea por medio de semillas o plántulas. Todas estas actividades son parte de un proceso a largo plazo”, advierte el académico.

ETAPAS Y PRIORIZACIÓN Luego de un incendio forestal se requiere la restauración ecológica de los ecosistemas naturales degradados. de estructuras para contener los sedimentos. En términos de la recuperación de la cubierta vegetacional se pueden usar tratamientos de cobertura mezclado con semilla, realizar plantaciones directas de semillas o plántulas”, detalla.

El especialista señala luego que en la restauración post incendios hay

Morales añade que un plan de restauración se debiera desarrollar con un orden lógico, considerando algunos aspectos clave como los siguientes: •

Diagnóstico: “Aquí lo más importante es determinar el efecto del incendio en la zona de interés, incluyendo factores bióticos y abióticos, por medio de metodologías objetivas usando herramientas de SIG (sistemas de información geográfica) y actividades de terreno”, detalla.

•

Planificación: En esta fase se determinan las necesidades de restauración y los tratamientos más adecuados, incluyendo aspectos econó-

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EXPERIENCIAS EN CHILE

Gentileza Narkis Morales

Gentileza Conaf

CONAF implementa acciones de restauración y recuperación tanto de bosques nativos como de especies exóticas.

“La restauración post incendio conlleva obras que reduzcan la erosión y ayuden a recuperar la cubierta vegetacional perdida”, señala Narkis Morales. micos (como los costos de ejecución) y logísticos.

•

Ejecución: Puesta en marcha de las actividades definidas durante la etapa anterior.

•

Monitoreo: “Consiste en la evaluación en el tiempo en intervalos regulares de las zonas intervenidas para determinar el éxito o las necesidades de acciones correctivas. Esta es una etapa muy importante y generalmente no considerada”, comenta el investigador.

Considerando la amplitud de las zonas afectadas por incendios forestales, cabe preguntarse ¿qué criterios se deberían atender para priorizar áreas para la restauración?

Narkis Morales responde: “Hay que entender que los incendios no sólo afectan el patrimonio natural del país, sino que tienen profundos efectos económicos, sociales y psicológicos, por lo tanto, todos estos criterios deben ser parte de la selección de áreas”. Añade que es un proceso complejo que requiere información de diversas fuentes apoyándose en herramientas computaciones y SIG. “Por ejemplo, con un grupo de colegas desarrollamos una plataforma de prueba para realizar una priorización automatizada para la región de Valparaíso. Este prototipo denominado RePlant alfa utilizó seis indicadores básicos: NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), NBR (índice Normalizado de Área Quemada), densidad poblacional, distancia a caminos, pendiente y erosión potencial. El fin era evaluar el uso de análisis automatizados complejos para la toma de decisiones. Una nueva versión debería incorporar 15 criterios como, por ejemplo: uso de suelo, cercanía a sitios prioritarios de conservación, pobreza multidimensional, desempleo, cercanía a centros poblados, entre otras. Actualmente estamos tratando de apalancar recursos para implementar estos criterios en otras regiones del país”, comenta.

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Sobre el escenario descrito, Narkis Morales hace una evaluación general del trabajo que se desarrolla en nuestro país en materia de restauración ecológica de las zonas afectadas por incendios forestales: “En Chile, hay un cuerpo de especialistas e información de base científica adecuada para enfrentar el problema. Lamentablemente no hay una política de Estado y tampoco recursos destinados para que las instituciones estatales realicen actividades de restauración post incendio. Sólo después de los grandes incendios de 2017 se destinaron recursos para un puñado de iniciativas que, en muchos casos, no incluyeron recursos para monitoreo a largo plazo”.

En efecto, desde la CONAF comentan que el trabajo que han estado realizando en esta materia, se ha abordado principalmente a través de dos iniciativas que nacieron tras la denominada “tormenta de fuego”. La primera corresponde al Programa de Bosques Quemados, “el cual surge como respuesta al daño ocasionado por incendios forestales ocurridos durante la temporada 2016-2017 que afectaron una superficie de 570.197,4 hectáreas, concentrándose mayoritariamente en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío con 477.507,8 hectáreas (un 84% del total nacional), de las cuales 341.516,4 hectáreas corresponden a superficie forestal”, explica Constanza Troppa, gerenta de Bosques y Cambio Climático de la Corporación.

Con esto, durante el periodo 2018-2022, se activó una instancia de apoyo a pequeños/as propietarios/as de bosques afectados por el fuego, para la recuperación de su patrimonio natural y productivo. Los resultados hasta el año 2021 muestran “que la superficie recuperada alcanza 11.422,6 hectáreas, beneficiando a un total de 1.148 familias y aproximadamente a 4.592 personas de manera directa”, resalta la profesional.

La segunda iniciativa de restauración impulsada por la CONAF es el programa de reactivación económica para pequeños/as y medianos/as propietarios/as forestales, generado en el marco de la Ley 21.288 que creó el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19. La especialista comenta que durante 2021 este programa “permitió ejecutar acciones en 19.481 hectáreas, entre las regiones de Coquimbo y Magallanes, priorizando la recuperación de bosque nativo, la reconversión de plantaciones exóticas a nativas, y la forestación con especies nativas en zonas de conservación y protección de suelos, humedales, cabeceras de cuenca y cuerpos de agua, entre otras, incorporando el enfoque de restauración a escala de paisajes en el diseño de las iniciativas”.

Constanza Troppa destaca, además, que el programa benefició a 10.055 personas, entre personas naturales, comunidades indígenas, comunidades agrícolas y áreas silvestres protegidas. Añade que el 72% de la superficie ejecutada se enmarcó en acciones de restauración y recuperación, tanto de bosques nativos como de especies exóticas. En relación con esto, detalla las principales acciones implementadas en ambos programas: “En el caso de bosque nativo, se han desarrollado acciones de recuperación y restauración, que corresponden a un conjunto de actividades orientadas a la repoblación con especies arbóreas o arbustivas nativas, o una combinación de ambas; y además se ha hecho manejo preventivo o adaptativo, con actividades de silvicultura preventiva como cortafuegos, corta combustibles y/o fajas libres de vegetación. En el caso de bosques plantados afectados por incendios, el trabajo ha sido similar; sin embargo, también se ha incorporado la reconversión con especies nativas”.

Luego expone los criterios utilizados para seleccionar las áreas prioritarias para la restauración: “En primer lugar, la disposición de las personas propietarias de terrenos forestales que declaren interés en recuperar, manejar y restaurar sus bosques, así como forestar o revegetar superficies desprovistas de vegetación, lo cual se evalúa a través de la visita predial que realiza el personal de CONAF. Para ello, se requiere también que las y los propietarios se comprometan al mantenimiento de las acciones realizadas. En el caso de proyectos emblemáticos, éstos son priorizados de acuerdo al impacto a nivel territorial (empleos,

SUELOS 43

sustentabilidad, biodiversidad, entre otros); su contribución a la restauración a escala de paisajes, su contribución a la mitigación y adaptación del cambio climático y la vinculación con el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y figuras oficiales de protección vinculadas al quehacer de CONAF, como el Derecho Real de Conservación”.

EJEMPLOS Y PROYECCIONES En el contexto descrito, desde la Corporación Nacional Forestal subrayan que tienen “muchas iniciativas exitosas y destacables por su impacto ambiental y social”. Como ejemplo señalan la rehabilitación de servicios ecosistémicos de bosques nativos incendiados en predios de pequeños y medianos propietarios de la Región de O’Higgins, que suman una superficie de 417 hectáreas y una inversión de $347.361.000 para realizar actividades como la corta de pies o vástagos quemados, el manejo de la regeneración y el ordenamiento de los desechos. También destacan la forestación con especies nativas en 12,6 hectáreas en la Región del Biobío y 25 hectáreas de la Región de Los Lagos, donde se destinaron $25.817.000 y $82.500.000, respectivamente, para ejecutar acciones como preparación de suelos y plantaciones.

Otro caso resaltado por CONAF es la restauración de 3 hectáreas en el Parque Nacional Torres del Paine, donde se invirtieron $16.244.000 para reforestar y recuperar ecosistemas degradados por incendios forestales ocurridos hace una década aproximadamente. “Aquí se ejecutaron faenas de plantación de 8.000 individuos de Nothofagus pumilio y 1.000 individuos de Nothofagus antarctica en un sector cercano a Lago Grey. Adicionalmente, se implementó un ensayo para evaluar la eficacia de la utilización de shelter (protector de planta), aplicando una metodología de nucleación en un área delimitada”, describe Constanza Troppa.

En cuanto a las proyecciones, la representante de CONAF añade que siguen trabajando en el programa de reactivación económica para pequeños y medianos propietarios forestales, con la meta de abarcar 4.826 hectáreas y generar 3.262 empleos a nivel nacional. “Para ello, disponemos de 4.563 millones de pesos. Pero, además, estamos muy contentos, porque recientemente sumamos cerca de 6 millones de pesos para la restauración de bosques nativos a gran escala, iniciativa que se enmarca en el Plan de Recuperación Económica Inclusiva, también entre las regiones de Coquimbo y Magallanes”, indica. Este programa considera: la entrega de asistencia técnica, la ejecución de acciones de restauración in situ, un plan de colecta de semillas y el fortalecimiento de viveros. “Estas últimas son determinantes para el éxito del programa y de futuras iniciativas por parte de la Corporación”, apunta Troppa.

Agrega que este año se continuará con la implementación del Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes 2021-2030, instrumento de política pública que comparten los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, que este año busca avanzar en la definición de las zonas estratégicas a restaurar a nivel territorial. “Además, en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), a través del programa +Bosques, se desarrollarán acciones en 25.000 hectáreas. Para eso, el país se adjudicó 63,6 millones de dólares por la reducción de emisiones provenientes de los bosques. Este programa se encuentra en fase de preparación (primeros 2 años) y luego comienza la fase de implementación (4 años)”, detalla la profesional.

Esta iniciativa apunta a mitigar los efectos del cambio climático, mediante la gestión sostenible de los bosques a fin de reducir las emisiones y/o aumentar las remociones de carbono del sector forestal, en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

DESAFÍOS PRIORITARIOS ¿Qué desafíos se debieran abordar para potenciar el trabajo que se

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desarrolla en Chile para restaurar las áreas afectadas por incendios forestales? Desde la CONAF, Constanza Troppa responde: “Por una parte, es importante llegar a una priorización de zonas de restauración, que nos permita focalizar los recursos y el éxito de las iniciativas. En esta misma línea, se observa que es muy necesario vincular estas zonas con la ocurrencia y riesgo de incendios forestales para tomar medidas de prevención, con acción directa en el territorio, pero también de sensibilizar e informar a las personas. Y de manera transversal es prioritario el fortalecimiento de los viveros, en infraestructura, equipamiento y tecnología, así como la producción de semillas, porque son las plantas, las semillas y las personas quienes sustentan la restauración en los paisajes”.

Desde una perspectiva más amplia, el Dr. Narkis Morales apunta a potenciar la institucionalidad y el financiamiento para la restauración ecológica, así como a acordar algunos aspectos conceptuales al respecto. En ese contexto, cita un extracto del capítulo “Gestión para restauración de ecosistemas nativos afectados por incendios forestales: una tarea pendiente”, del libro “Restauración de bosques: Lecciones y desafíos en un mundo cambiante”, publicado el año 2021, del cual fue coautor.

La publicación sostiene que “la restauración ecológica ha sido escasamente contemplada dentro de las opciones para recuperar ecosistemas afectados por el fuego” y plantea que esto podría tener tres causas principales. “La primera tiene que ver con el desconocimiento del concepto de restauración ecológica fuera del ámbito de los especialistas, principalmente Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura e instituciones de educación superior”, señala. Y agrega que muchas veces el concepto de restauración se ha usado de manera incorrecta en proyectos cuyo objetivo es rehabilitar y/o reforestar ecosistemas, pero no restaurarlos. “Esto, finalmente, afecta la aproximación hacia el diagnóstico inmediato de los principales impactos ecológicos que ocurren inmediatamente después de un incendio, ya que no se logra priorizar las zonas más frágiles que requieren intervención temprana”, complementa.

Un segundo motivo podría ser la falta de una institucionalidad clara que determine los lineamientos para recuperar los ecosistemas afectados por incendios forestales. “Si bien existen diversas instituciones públicas y privadas con interés en restaurar ecosistemas incendiados, en este momento no existe claridad respecto a qué institución estatal debiera liderar y fijar las acciones inmediatas a seguir tras un incendio forestal. En el caso de los privados (por ejemplo, empresas forestales con patrimonio de bosque nativo a restaurar), son ellos mismos los que fijan sus líneas de acción y protocolos de recuperación post incendio para las distintas zonas del país, sin existir directrices específicas en este ámbito por parte del Estado”, advierte.

La publicación añade una tercera causa que podría desfavorecer los procesos la restauración ecológica es la falta de mecanismos de gestión que permitan asegurar fondos públicos y/o privados permanentes para implementar estas labores en el corto, mediano y largo plazo. “Por ejemplo, tras la temporada de incendios del verano 2017 el Ministerio de Medio Ambiente lanzó un Fondo de Protección Ambiental específicamente orientado a la ‘Restauración Ecológica y Social’ de los ecosistemas afectados por dichos incendios. Pero este fondo se estipuló como extraordinario, y solo para ese año, sin proyectarlo como un fondo relacionado con una política pública orientada a la restauración. De hecho, por el momento las iniciativas de restauración post fuego en Chile se han financiado principalmente a través de fondos gubernamentales extraordinarios y/o cooperación internacional. Si bien estos fondos han permitido desarrollar acciones de recuperación de corto plazo, han dejado inconclusas las demás acciones proyectadas en los planes de restauración generados (por ejemplo, Planes de Restauración del Parque Torres del Paine para los incendios del año 2005 y año 2012)”, concluye.

Aspectos a tener en cuenta para avanzar en la restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales.

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REMEDIACIÓN DE FONDO

Gentileza Kran

El uso de nanoburbujas y los estudios previos pueden favorecer los procesos de remoción de residuos y recuperación de los fondos en concesiones acuícolas.

C

hile es el segundo productor de salmones a nivel global. Sin embargo, este logro se ve empañado por cuestionamientos permanentes al desempeño ambiental y sanitario de esta industria en el país.

Una de las críticas apunta a que en la mayoría de los centros de cultivo se mantiene una importante densidad de peces confinados en espacios reducidos, lo que genera una gran cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos.

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Entre los primeros se encuentran las heces, las mortalidades y el alimento no ingerido por las especies, que se precipitan y acumulan en el fondo marino. En el caso de los desechos inorgánicos, se cuentan los plásticos de aparejos empleados en este rubro.

Frente a ello, el 27 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.410, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (Nº 18.892), para exigir a los titulares de concesiones acuícolas –o quien tenga derechos sobre esas áreas para el ejercicio de la actividad– que adopten medidas

ACUICULTURA 47

para evitar o reducir el depósito de residuos orgánicos e inorgánicos en el fondo de las zonas concesionadas. En la práctica, la nueva norma obligará a las empresas salmoneras a remover estos pasivos ambientales.

NANOBURBUJAS La depositación de desechos orgánicos en el fondo marino aumenta la carga de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, que existen naturalmente en el medio, reduciendo la disponibilidad de oxígeno en la columna de agua y en el sedimento. Lo anterior, a su vez, genera alteraciones en el ecosistema.

Mauricio Bueno, Gerente de la División Acuícola de Kran, explica que en el fondo marino se genera un proceso natural de intercambio de gases entre el sedimento y la capa de agua que lo cubre. Pero cuando hay hipoxia o anoxia (baja o ausencia total de oxígeno disuelto), esa interacción se hace muy lenta.

Ante tal eventualidad, añade el ingeniero, se puede revertir la condición anaeróbica de los lechos en los centros de cultivos mediante el empleo de nanoburbujas. Esta técnica de remediación acelera el proceso de intercambio gaseoso.

Si se aplica con un enfoque preventivo, la solución provoca una sobre oxigenación del fondo, evitando una condición anaeróbica. Sin embargo, también permite la remediación o recuperación de concesiones que ya estén afectadas por el problema.

“Los estudios demostraron que las nanoburbujas no suben como una burbuja común –como las macroburbujas de una gaseosa o una microburbuja de un difusor cerámico, por ejemplo–, sino más bien se mueven en un medio aleatorio. Es decir, se mantienen por largos períodos de tiempo en el lugar donde fue suministrada esa agua con nanoburbujas. Asimismo, tienen una carga negativa y una presión interior gigantescas, lo que, al implotar, genera un poder de desinfección en el medio” precisa Bueno.

En este procedimiento, además de las propiedades físico químicas de las nanoburbujas, se utilizan diferentes gases, como nitrógeno (N) y dióxido de carbono (CO2).

De acuerdo con una clasificación de Sernapesca, los fondos marinos se clasifican en varias categorías. Los Nº 3 y Nº 4 tienen hasta 60 metros de profundidad y pueden ser blandos (fangosos) o duros (roca), respectivamente. Por otra parte, los de categoría Nº 5 son mayores a 60 metros y corresponden a lechos blandos y duros.

El ingeniero de Kran explica que los procedimientos de remediación presentan distintas complejidades dependiendo de factores como el tipo de lecho y la zona geográfica del país.

La experiencia de la compañía, fabricante y exportadora de equipos de nanoburbujas, ha sido principalmente en concesiones acuícolas de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, correspondientes a los tipos de fondo 3, 4 y 5.

SIN QUÍMICOS Mauricio Bueno comenta que una operación habitual de remediación implica el uso de una embarcación, módulo o plataforma flotante, uno o varios equipos de nanoburbujas y uno o dos robots submarinos.

Las nanoburbujas se aplican mediante el uso de mangueras que caen desde el barco, con la altura precisa para llegar hasta el fondo marino. Al acercarse al lecho, las burbujas nanométricas se distribuyen por medio de difusores. Mientras, el procedimiento es supervisado por medio de grabaciones de video y fotografías captadas por los robots.

La duración total de las labores va entre 1 y 5 meses. “Pero es difícil de-

terminarlo con exactitud a priori, porque pueden ser uno o dos meses, pero los tiempos de recuperación, dependiendo de si se trata de fondos blandos o duros y el nivel de carga microbiológica, son diferentes”, explica el profesional.

Agrega que, desde el punto de vista técnico, aún no está definida una frecuencia adecuada para repetir la operación: “Estamos buscando el punto de equilibrio para determinar cuándo es el momento correcto, durante la etapa de engorda, en que se tienen que aplicar nuevamente nanoburbujas para lograr la prevención de la condición anaeróbica”.

Como beneficios ambientales, Mauricio Bueno destaca que el uso de nanoburbujas no requiere de químicos ni tampoco genera resuspensión de sedimentos: “Es decir, no genera ningún daño colateral al medio ambiente”.

TOXICIDAD EXPANDIBLE De manera complementaria, se pueden realizar estudios en las zonas a intervenir con el fin de obtener datos que aportarán a la labor de remediación.

Luis Salgado, Gerente General de Desmar, compañía dedicada a la consultoría e ingeniería en el área marítimo portuaria, sostiene que este

La Ley Nº 21.410 exige a los titulares de concesiones acuícolas la remoción de residuos desde los fondos marinos. tipo de sondeos son útiles “porque al remover depósitos de contaminantes en el lecho marino, éstos se dispersan pudiendo afectar con su toxicidad los fondos marinos y la columna de agua aledaños”.

Añade que “al conocer la dinámica del agua y el régimen de marea del lugar, las operaciones pueden programarse en los momentos en que las corrientes sean menores, con un mínimo efecto hacia las áreas vecinas”.

En esa línea, Salgado afirma que pueden efectuarse diversos tipos de estudios. Los de corrientes marinas, por ejemplo, “aportan los parámetros de dirección e intensidad de la corriente para la modelación de plumas de dispersión y dilución de contaminantes, al caer desde las redes peceras hasta el fondo marino”. También hay sondeos que entregan datos sobre las amplitudes de marea, las que por su efecto generan las corrientes marinas.

Además, están aquellos que contribuyen con datos de velocidad y dirección del viento, como forzante –junto con la marea– de la dinámica de la masa de agua, y los de sedimentos marinos, “que permiten caracterizar la composición de materia orgánica y no orgánica de los sedimentos depositados en el fondo marino, debajo y en las inmediaciones de un centro de cultivo”.

Sumado a lo anterior, existen estudios de estratigrafía, que hacen posible conocer la distribución vertical de la materialidad del fondo marino –especialmente en sedimentos blandos–, que puede estar formado por materia orgánica (fecas, restos de alimentos) y no orgánica (arenas, gravas, arcillas).

Asimismo, se desarrollan seguimientos oceanográficos de la columna de agua para ver la presencia de contaminantes orgánicos en suspensión.

48 ACTUALIDAD

EN TORNO A DOMINGA

El próximo fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto mineroportuario, que permitirá o no su continuidad, es un eslabón más de una cadena de sucesos que últimamente lo han marcado, como un intento de conciliación y una consulta ciudadana.

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ACTUALIDAD 49

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a Reserva Nacional Pingüino de Humboldt tiene características únicas. Primero, porque está conformada por tres islas (Chañaral, Choros y Damas). Segundo, por situarse en dos regiones: Atacama y Coquimbo.

Y, por último, por ser el hábitat de numerosas plantas vasculares que no se encuentran en ninguna otra parte de Chile, así como de 68 especies de vertebrados terrestres, entre las que destaca precisamente el Pingüino de Humboldt.

Este sitio bajo protección estatal ha estado en el centro de la discusión debido al interés de la empresa Andes Iron por desarrollar en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, el proyecto minero-portuario Dominga, que se emplazaría a unos 30 kilómetros al sur de la reserva.

La organización ambientalista internacional Oceana y otras locales se oponen férreamente a la iniciativa de inversión, por la eventual afectación negativa que produciría sobre el lugar de conservación. Algunas organizaciones sociales de la Higuera, en cambio, se han manifestado a su favor por los beneficios que traería a una comuna que históricamente ha estado ligada a la minería. De hecho, en el lugar donde se instalaría el puerto de Dominga ya existió un terminal marítimo de embarque de cobre y hierro y una fundición. Cabe recordar, además, que cerca del proyecto también operó por casi 100 años la mina El Tofo.

La compañía, en tanto, con el proyecto ambientalmente aprobado, asegura que adoptará todas las medidas para mitigar y compensar el impacto que podrían tener las faenas de construcción y operación sobre el entorno natural y humano de la iniciativa.

FALLO DECISIVO Mientras la vida silvestre sigue fluyendo en la reserva nacional bi-regional, en la tercera sala de la Corte Suprema sus ministros redactaban, hasta el cierre de esta edición, un importante fallo: el que dictará sentencia respecto a los recursos de casación presentados por opositores al proyecto Dominga en contra de una decisión del Primer Tribunal Ambiental (PTA), con sede en Antofagasta. ¿Cuál? La que en abril de 2021 acogió de forma unánime la reclamación en favor de la iniciativa presentada por Andes Iron.

La judicatura especial decidió en ese entonces, por unanimidad, anular la resolución del Comité de Ministros que había desestimado un recurso de reclamación interpuesto por la empresa; anular la Resolución Exenta Nº 25 del 14 de marzo de 2017 (RCA), que había rechazado el proyecto; y retrotraer el procedimiento de eva-

La consulta ciudadana realizada en La Higuera concluyó con un respaldo contundente al proyecto.

luación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE), de manera tal que se procediera a una nueva votación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Coquimbo, “esta vez ajustada a derecho”.

El PTA argumentó, después de más de un año y medio de tramitación, que los antecedentes aportados por la compañía “son completos, según los estándares a la época de su evaluación”.

El 11 de agosto de 2021, el proyecto Dominga obtuvo la RCA favorable por parte de la COEVA. Y casi por unanimidad, ya que solo se opuso Pablo Herman, en ese entonces Delegado Presidencial de la región. La ex autoridad justificó su voto en contra señalando que “no aceptaremos dos puertos en un mismo sector de la Región de Coquimbo”.

INTENTO DE CONCILIACIÓN En directa relación con Dominga, en los últimos meses se registraron una serie de eventos que, pocas veces, se vinculan a un proyecto de inversión. Uno de ellos fue la conciliación a la que llamó en forma inédita la Corte Suprema por los recursos de casación interpuestos en contra del emprendimiento minero.

Luego de culminados los alegatos, en noviembre pasado, el tribunal llamó a este procedimiento judicial para buscar un acuerdo entre las partes. La primera audiencia se desarrolló en enero último, ocasión en que los opositores a Dominga reafirmaron su postura y rechazaron los nuevos beneficios ofrecidos por la minera, como abastecer de agua desalinizada a todos los habitantes de La Higuera durante el perio-

do de funcionamiento de la faena, y un poder comprador para la pequeña minería existente en la zona.

Ante tal resultado, la Corte agendó otra audiencia de conciliación en marzo, que no se realizó ante la falta de interés de la contraparte de la empresa por llegar a un arreglo. Esto provocó que la Suprema diera por terminado el proceso y anunciara que ahora sus jueces se abocarían a redactar la sentencia definitiva.

Cabe indicar que, aunque la resolución sea favorable a la compañía, el proyecto podría volver a ser revisado por el Comité de Ministros, esta vez de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Entregando más antecedentes sobre lo que es una conciliación judicial, el abogado Daniel Guevara, especializado en derecho ambiental y ex presidente del PTA, explica que esta opción se presenta como método alternativo al tradicional proceso judicial que termina en una sentencia. “Es un equivalente jurisdiccional a la sentencia y con los mismos efectos de ella, donde las partes en un juicio (demandante/demandado) pueden resolver sus controversias sobre bases de acuerdo que son propuestas por sí mismas o por el tribunal a cargo”, señala.

El profesional asegura que, en causas por daño ambiental, las conciliaciones “son una etapa de llamado obligatorio que realiza un tribunal ambiental, el cual propone bases de acuerdo que ciertamente las partes pueden aceptar total o parcialmente. Si no es así, la causa avanza a la etapa probatoria del juicio y la consiguiente sentencia definitiva”.

Y en el caso de las conciliaciones en materia ambiental en causas de reclamación administra-

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tivas, como ocurre con las resoluciones del Consejo de Ministros que fueron recurridas ante un tribunal ambiental, “es posible que se efectúe un llamado a conciliación, lo que se ha venido asentando según la jurisprudencia reciente”, afirma.

Un buen ejemplo es el de Dominga.

Añade que en las conciliaciones estos tribunales especializados “deben cautelar el medio ambiente como bien jurídicamente protegido”.

En el mismo sentido, postula que la conciliación “es un instrumento desafiante para los tribunales y las partes al exigir un avanzado conocimiento para proponer bases de acuerdo con criterio científico-técnico. Y permitir que la lógica no sea de ‘ganadores/perdedores’, sino que cautelando los bienes ambientales se puedan acordar soluciones que generen una mejora de los proyectos sometidos al sistema de evaluación en los territorios”. ¿Ejemplos exitosos de conciliación? Daniel Guevara revela que, en causas por daño ambiental, los tres tribunales ambientales que operan en el país los tienen, beneficiando a titulares de proyectos mineros, industriales o servicios en diversas áreas. El abogado destaca, por ejemplo, los acuerdos de conciliación logrados en el juicio entre el Consejo de Defensa del Estado y Minera Escondida, el cual incluyó a la comunidad atacameña de Peine, acordándose medidas de reparación y compensación ambiental y social en el sector del salar de Punta Negra.

NUEVAS PROPUESTAS Otro “hito” en el desarrollo del proyecto Dominga fueron las 56 nuevas propuestas socio-ambientales que presentó Andes Iron antes del inicio de la conciliación. Esto, “para robustecer y consolidar nuestro compromiso con los

habitantes de la comuna de La Higuera y la región de Coquimbo, desarrollando un proyecto de clase mundial”, indicaron desde la empresa.

Algunas de las medidas más relevantes, separadas por área, son las siguientes:

— Calidad de Vida: - Dotar a La Higuera de infraestructura para producir agua desalinizada para el consumo humano.

- Dotar de una cámara hiperbárica al Hospital Regional de Coquimbo para la salud y seguridad de los pescadores.

- Patrocinar un colegio de enseñanza media técnico-profesional en minería y procesos metalúrgicos en La Higuera.

- Entregar infraestructura para la instalación de 1.000 kits fotovoltaicos-domiciliarios en La Higuera.

— Protección de la biodiversidad y del medio marino: - Reducir el área de tráfico marítimo en un 85% en relación a la propuesta presentada inicialmente, disminuyendo al mínimo la posibilidad de colisión con cetáceos.

- Disminuir el flujo de tránsito de naves a tan solo un buque a la semana.

- Promover la participación activa de Oceana u otras ONGs en el Centro de Estudios Científicos.

- Ampliar las zonas de exclusión para la navegación a una superficie superior a las 223 mil hectáreas, que es mayor al polígono del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en La Higuera, cuya

creación fue aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021.

- Adelantar en seis meses los seguimientos de los impactos vinculados al medio marino en la etapa de construcción.

- Implementar un Centro de Rescate y Rehabilitación del Pingüino de Humboldt.

- Desarrollar líneas de investigación enfocadas en el cuidado del Pingüino de Humboldt, y en el rescate y rehabilitación del Chungungo, como parte de las labores del futuro Centro de Estudios Científico.

- Crear un Centro de Rescate y Rehabilitación del Chungungo.

— Avifauna: - Desarrollar un plan de monitoreo y seguimiento de avifauna en la zona.

- Realizar un estudio aplicado para evaluar el efecto de las luminarias sobre las aves.

- Integrar al pato Yunco y otras especies en los planes de recuperación, conservación y gestión de especies en Punta de Choros.

— Apoyo a sectores productivos: - Desarrollar un plan piloto de enriquecimiento de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos con especies nativas de la costa de la comuna de La Higuera.

- Implementar una planta de procesamiento para la producción sostenible de productos del mar.

- Generar un poder comprador de minerales sulfurados de cobre para la pequeña minería.

- Ceder 10 lts/seg de derechos de agua a los olivicultores de Los Choros.

— Descontaminación: - Asfaltar el camino principal de tierra en El Trapiche y Los Choros.

- Instalar mallas para atajar el viento en las plantaciones de olivos de la localidad de Los Choros.

- Retirar pasivo minero de la Quebrada Los Choros, en el sector Confluencia.

Andes Iron planea implementar un Centro de Rescate y Rehabilitación del Pingüino de Humboldt y promover el desarrollo de líneas de investigación enfocadas en su cuidado.

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— Energías renovables: - Abastecer el proyecto con un 100% de energía renovable al año 2030, de la cual el 50% podrá generarse en la comuna de La Higuera.

- Implementar buses y vehículos eléctricos para el transporte de personal.

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- Disponer de un fondo de inversión para la incorporación del hidrógeno verde a sus operaciones mineras y de procesos industriales.

— Norma lumínica: - Incorporar las mejores prácticas a nivel mundial en el diseño y operación de todo el sistema de iluminación del proyecto, para disminuir cualquier afectación lumínica en la actividad astronómica y en la biodiversidad durante su construcción y operación.

- Cumplir todos los estándares establecidos en la nueva norma de contaminación lumínica actualmente en discusión.

— Sistema de captación y devolución de aguas: - Revisar cada 5 años, desde la aprobación del proyecto, el plan de cierre de faena en relación al sistema de captación y devolución de aguas desde el rajo sur, para así aplicar nuevas tecnologías o alternativas disponibles para disminuir y reducir los tiempos de cierre.

- Implementar un sistema de atrapanieblas y recolectores de rocío en el cerro Los Choros, para aportar al caudal natural del área protegida del humedal de La Boca.

El abogado Daniel Guevara explica los alcances del proceso de conciliación judicial. brero debió comenzar a cumplir algunos compromisos derivados de la Resolución de Calificación Ambiental favorable que obtuvo en agosto de 2021. A continuación, se detallan: •

Implementación de un plan de trabajo de dos años sobre el Pingüino de Humboldt para conocer su distribución y características poblacionales de su hábitat, alimentación, nidificación, crianza, conducta, amenazas existentes, servicios ecosistémicos, entre otras variables ecológicas de interés. Como resultado del conocimiento científico, deberá elaborar un programa de protección y manejo ambiental específico de la misma especie con énfasis en los sistemas de detección y control de amenazas.

•

Desarrollo y presentación de un estudio de factibilidad para la implementación de un área silvestre protegida que compense la pérdida de superficie del piso vegetacional de Adesmia argentea y Bulnesia chilensis.

Este matorral desértico-mediterráneo interior no está representado en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y constituye hábitat de guanaco, entre otras especies de fauna terrestre.

CONSULTA CIUDADANA Características inéditas tuvo también la consulta ciudadana realizada recientemente en La Higuera para conocer la opinión de sus habitantes sobre el proyecto. La votación, organizada por la municipalidad local en el marco de las atribuciones que le confiere Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, arrojó que un 96,1% (795 votos de 827) apoya que el proyecto Dominga sea ejecutado en la comuna.

La nueva consulta representó un aumento en el respaldo al proyecto tomando como referencia el proceso realizado en 2019 sobre la nueva Constitución. En tal oportunidad se incorporó una pregunta relacionada con la instalación de faenas mineras en la zona, la cual contó con la aprobación del 56% de los participantes.

COMPROMISOS A CUMPLIR Aunque Dominga aún debe sortear algunas vallas, como la de la Corte Suprema, para poder iniciar sus obras de construcción, en fe-

Desde el descubrimiento del yacimiento de hierro, cobre y oro, en 2006, ya son 16 años de vida del proyecto Dominga. ¿Cuántos años más se proyectará? Este 2022 será, sin duda, decisivo en la obtención de una respuesta para una región que actualmente padece graves problemas como la sequía y una actividad económica disminuida.

52 MINERÍA

POR LA VÍA ELÉCTRICA

Con la incorporación de palas eléctricas en Mina Los Colorados, y buses eléctricos en sus operaciones, CMP suma nuevos pasos en su estrategia de desarrollo sostenible.

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MINERÍA 53

M

archa silenciosa, más confort y una reducción significativa de la huella de carbono, son algunos de los beneficios de los buses eléctricos en que se trasladan los trabajadores de Mina Los Colorados y Planta de Pellets, ubicadas en las comunas de Vallenar y Huasco respectivamente.

Se trata de una experiencia nueva para el personal que desde muy temprano viaja desde sus hogares hasta la faena de la Compañía Minera del Pacífico (CMP) que, además, ha implementado vehículos eléctricos en sus operaciones y tiene en carpeta proyectos de equipos de carguío.

Ejemplos como éstos evidencian los avances en la estrategia de electromovilidad que está potenciando CMP para avanzar hacia el desarrollo sostenible y aportar a la gran meta medioambiental que se ha propuesto el país: alcanzar la carbono neutralidad y la resiliencia al cambio climático al año 2050.

En ese contexto, y como el principal productor de minerales de hierro en la costa americana del Pacífico, CMP ha puesto en marcha un importante plan de inversiones y proyectos de mejoramiento ambiental y social, que tiene a la movilidad eléctrica entre sus principales ejes de trabajo para promover la reducción del consumo energético en sus distintas áreas de trabajo y, al mismo tiempo, consolidar una minería responsable que contribuya al bienestar del territorio y de su gente.

PALAS EN FAENA Recientemente, CMP adquirió dos palas

99% Del hierro que exporta

Chile es producido por CMP. Mina Los Colorados es el yacimiento más grande del país.

eléctricas para Mina Los Colorados, que permitirán aumentar la eficiencia operacional de la faena de forma sustentable. La utilización de estas modernas máquinas –que son también las primeras de su tipo en el valle de Huasco– se traducirá en mayor productividad, más confiabilidad y menores emisiones, junto con una considerable reducción de costo por tonelada de material movido.

El 22 de marzo se inauguró la primera de estas unidades, que consiste en un imponente equipo provisto de un balde cuya capacidad es de 56 yardas cúbicas, alcanzando un tiempo de carguío de 90 segundos en camiones de 250 toneladas.

Otro aporte significativo de esta herramienta es que evita la emisión de más de 2.500 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Al respecto, el gerente general de CMP, Francisco Carvajal, destacó que “este es el inicio de un proceso de modernización de muchas de nuestras instalaciones. Esta tecnología viene a consolidar nuestra visión de sustentabilidad, reemplazando equipos que emiten gases de efecto invernadero (GEI)”.

A su vez, durante la actividad de presentación de la pala, el subgerente de Operacio-

Dos buses 100% eléctricos trasladan a los trabajadores hasta Planta de Pellets y Mina Los Colorados, en la comuna de Huasco.

54 MINERÍA

84 Millones de toneladas

anuales es el movimiento total de material rocoso que registra Mina Los Colorados.

De ese volumen, 10.400.000 corresponden a mineral de hierro.

3,5 Millones de toneladas

anuales de producción es la capacidad nominal de la Planta de Pellets.

La operación de la pala eléctrica evita la emisión de más de 2.500 toneladas de CO2 en Mina Los Colorados.

Menos Emisiones En CMP subrayan otras mejoras operacionales y ambientales que están impulsando para reducir sus emisiones de carbono y contaminantes locales.

En esa línea, la compañía anunció un plan de descarbonización de la Planta de Pellets –distante a 5 km del puerto de Huasco–, que consiste en ejecutar el desarme de todas las instalaciones a carbón en los hornos y el reemplazo de sus piezas y partes para transformarla en una unidad que opere con gas natural licuado (GNL).

También destaca la implementación de un nuevo precipitador electrostático en la chimenea 2B de la Planta de Pellets, proyecto que se encuentra en marcha blanca y permitirá alcanzar una eficiencia de abatimiento de emisiones de 72% en material particulado (MP) y de 76% en dióxido de azufre (SO2), mediante la acción del desulfurizador.

nes Valle del Huasco de CMP, Marcos Sarmiento, indicó que este hito representa “todo el desarrollo que se viene en Mina Los Colorados.

Esperamos que esta inauguración sea una de las tantas que realicemos en el futuro, apalancando la estrategia de consolidar nuestra operación,

tanto en la mina como en el valle en general”.

Desde la compañía resaltan también que tanto el montaje como el traslado y la puesta en marcha del equipo en operación registró cero incidentes, gracias a una estricta planificación al alero de la Gestión de Riesgos en los Procesos (GRP) que rige a nivel corporativo.

Actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de armado de la segunda pala eléctrica destinada a Mina Los Colorados.

“Queremos impulsar una minería diferente, que crezca de la mano con las comunidades. En ese sentido, CMP desea profundizar su compromiso con la electromovilidad en Huasco, entendiendo que nuestra prioridad está en un mejoramiento ambiental y social que funcione como un claro ejemplo de la minería sostenible que como organización estamos comprometidos a impulsar, desde el corazón de nuestros procesos”, afirmó Francisco Carvajal.

BUSES EN MARCHA Otro hito reciente en materia de movilidad eléctrica fue la puesta en marcha de dos buses 100% eléctricos para el traslado diario de trabajadoras y trabajadores, desde sus viviendas hasta Planta de Pellets y Mina Los Colorados en la comuna de Huasco.

Este esfuerzo se suma al estreno en julio de 2021 de los primeros dos buses eléctricos de la firma, que se han empleado de manera exitosa para el transporte del personal hacia las faenas Minas El Romeral, en La Serena, y Cerro Negro Norte, en Copiapó.

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El proyecto considera una etapa piloto en que se evaluará el consumo, desempeño y rendimiento de los nuevos vehículos. Lo anterior, con miras a realizar una expansión hacia las diferentes operaciones de la empresa con el objetivo de migrar desde los combustibles fósiles hacia la electricidad.

Francisco Carvajal asegura que el lanzamiento de esta iniciativa representa “el inicio del camino de consolidación de la electromovilidad en un contexto de transformación hacia la sustentabilidad, que estamos viviendo con acciones concretas”. En esa línea, el gerente general de CMP agrega: “Esperamos que los buses sean apreciados por nuestros trabajadores y las comunidades del valle de Huasco”.

La operación de ambas máquinas en el Valle del Huasco está a cargo de Verschae, empresa que oficia como colaboradora y cuyo gerente general, Enrique Krauss, explica que las dos unidades “son de origen chino y cuentan con el más alto nivel de sofisticación tanto en materia de seguridad como de confort para los usuarios”. En su opinión, “este paso importante de CMP es un ejemplo para el resto de la minería y los actores involucrados en transportes”.

Algunos de los beneficios de un bus eléctrico, en comparación con una unidad convencional, son: la disminución en 50% de la huella de carbono, la emisión de un 10% menos de ruido y la reducción en 70% de los costos de mantenimiento. Todo ello, sumado a una más extensa vida útil y mayor comodidad.

56 EVENTO

LA PERLA DEL NORTE

Exponor retorna de manera presencial a Antofagasta con un enfoque importante en la minería y la energía verde. Destacamos las actividades más relevantes que ofrece en estos temas.

S

i planea visitar Exponor 2022, entre el 13 y 16 de junio, ponga atención a la siguiente novedad: por primera vez, 14 torres de energía solar iluminarán durante la noche el perímetro de la muestra, en el recinto ferial y de actividades comunitarias de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). “Un hito significativo en la utilización de energía sustentable y que permitirá seguir aportando en la reducción de la huella de carbono en nuestro país”, señala un comunicado del evento que da a conocer la buena nueva.

Tal innovación, a juicio de sus organizadores, demuestra que uno de los énfasis principales de la exhibición internacional de tecnologías e innovaciones para las industrias

minera y energética estará puesto en la minería verde. Ésta, entendida como aquella “que pretende sustituir procesos contaminantes por sistemas amigables con el medio ambiente. Este tipo de minería tiene como objetivo el desarrollo de técnicas ambientales que reduzcan los efectos negativos sobre los recursos naturales y la salud de las personas”, destacan en la AIA. En la agrupación también resaltan que Exponor, que vuelve al formato presencial después de tres años, se inserta en una región que se ha consolidado como la capital minera de Chile y el mundo, ya que aporta el 54% de la producción de minerales metálicos y no metálicos a nivel nacional y el 16% de la producción mundial. Además, lidera la cartera de proyectos

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mineros en el periodo 2018-2025 abarcando el 42% del total de iniciativas que ascienden a US$ 28.025 millones, según la Comisión Chilena del Cobre.

En materia energética, cuenta con una cartera de proyectos que supera los US$24 mil millones, la inmensa mayoría de energías renovables no convencionales. Y es pionera en la gestación de tecnologías como la geotermia y la concentración solar de potencia (CSP).

ACTIVIDADES Durante sus cuatro días, Exponor 2022 desarrollará una serie de actividades para poner en valor la generación de oportunidades de ne-

EVENTO 57

gocios para sus expositores y visitantes. Paso eso, ofrecerá seminarios, charlas técnicas, ruedas de negocios, visitas técnicas a faenas mineras, un networking after office, un congreso técnico de estudiantes, un zoom de innovación y el “Concurso de Mejoramiento Continuo de Escondida/BHP - AIA 2022”.

Entre los seminarios destacan los siguientes relacionados con temas de medio ambiente, energía y sustentabilidad: — “Minería Verde y Cadena de Valor” Se realizará el 14 de junio con el objetivo de realzar la importancia de la minería verde como pilar estratégico en la nueva forma de hacer minería y sus metas en carbono neutralidad. Su eje principal será el rol de las empresas proveedoras y su papel fundamental en el desarrollo de proyectos. Expondrán representantes de las empresas mineras SQM, BHP, Albemarle, Sierra Gorda y Antofagasta Minerals. ­— “Energía: Proyectos de Inversión y Desafíos” Está focalizado en empresas del sector energético para que expongan sobre sus pro-

— “Economía Circular: Negocio Sustentable”

1 País invitado: Alemania.

Esto, en el contexto del acuerdo de cooperación firmado por el gobierno chileno y alemán en 2013 para la colaboración en el sector de la minería y materias primas.

yectos de inversión, nuevas tecnologías y desafíos del sector. Se agendó para el 15 de junio.

— “Hidrógeno Verde” Se justifica porque “el hidrógeno verde y su rol en la nueva forma de hacer minería se convierten en una oportunidad de crecimiento y avance en materia de sustentabilidad”. Se centrará, también el 15 de junio, en dar a conocer los desafíos y beneficios que conlleva asociarse con este rubro y su creciente desarrollo tecnológico.

Su foco serán las políticas y proyectos relacionados con la economía circular, además de relevar la importancia del desarrollo sustentable en los negocios generados por y para empresas proveedoras. Contempla intervenciones de especialistas de las compañías Sierra Gorda, Doña Inés de Collahuasi, BHP y Finning. Se desarrollará el 16 de junio.

Sierra Gorda será una de las empresas mineras presentes en el evento. Miroslaw Kidon, su Gerente General, señala al respecto que “a pesar de la pandemia, el año pasado en la empresa alcanzamos importantes récords en términos de producción y costo de C1. Operamos en un yacimiento difícil, con un bajo contenido de mineral y, sin embargo, logramos excelentes resultados, siendo Exponor la oportunidad para intercambiar experiencias y establecer contactos comerciales con proveedores”.

Con todo, Exponor 2022 proyecta negocios en torno a US$ 850 millones, considerando la participación de unos 800 expositores y la llegada de más de 40 mil visitantes.

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OLORES Y RUIDO El mal olor y el ruido excesivo son difíciles de tolerar. De ahí la importancia de generar normas que pongan límites y de desarrollar tecnologías para prevenir, controlar y monitorear ambas problemáticas ambientales. En relación a estos temas se despliega el siguiente reporte técnico.

Gentileza Asprocer

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CON AROMA DE MEJORAS La norma de olores para planteles porcinos establece límites de emisión y buenas prácticas operacionales, para proteger la salud y calidad de vida de las comunidades aledañas. Detallamos su contenido.

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M

ejorará la calidad de vida de unas 40 mil personas y entregará beneficios por 27 millones de dólares, gracias a la reducción de emisiones odorantes, contaminantes locales y gases de efecto invernadero. Esas son algunas de las positivas proyecciones asociadas a la aplicación de la primera norma de olores del país, que regirá específicamente para los criaderos de cerdos. La regulación fue aprobada en enero por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y entrará en vigencia una vez que la Contraloría General de la República termine su revisión y sea publicada en el Diario Oficial.

“Esta es una norma ampliamente esperada por las comunidades aledañas a los planteles porcinos. Destaca por incorporar un enfoque tecnológico, el cual incluye no sólo límites de emisión de olor, sino también prácticas operacionales, con el fin de subir el estándar operativo de las fuentes emisoras de olor. De esta forma, se espera proteger la salud de la población y mejorar su calidad de vida”, subraya Igor Valdebenito, Jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Esta normativa se desarrolló en el marco de la Estrategia para la Gestión de Olores iniciada en el año 2012 y, según resaltan desde la Secretaría de Estado, cuenta con robustas técnicas de medición, con estándares similares a los de Holanda y está homologada por el Instituto Nacional de Normalización (INN).

A continuación, detallamos sus principales exigencias y los desafíos que su puesta en práctica plantea a la industria y los proveedores.

LÍMITES DE EMISIÓN Según el decreto ingresado a Contraloría, esta regulación abarca a todos los planteles porcinos del territorio nacional que tengan 750 animales o más, a los cuales se les impone límites de emisión de olor, así como la necesidad de implementar buenas prácticas operacionales y tecnologías de control en las principales fuentes odoríferas, como son las lagunas de purines (mezcla de agua, excrementos y otros residuos) y las áreas de compostaje.

Los límites de emisión definidos distinguen a los planteles por tamaño y hacen la diferencia entre las instalaciones nuevas y existentes.

Valdebenito explica que para calcular estos umbrales en las fuentes emisoras pequeñas (aquellas con 750 a 25.000 animales) y medianas (más de 25.000 y hasta 50.000 cerdos) existentes, el titular “deberá realizar, durante el primer año de entrada en vigencia del decreto, una medición de la Tasa de Emisión de Olor (TEO) a través de un muestreo de olor en laguna, para planteles pequeños, y un muestreo de olor en laguna y/o en el área de compostaje, para el caso de planteles medianos, considerando la condición más desfavorable, y reportar los resultados a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La SMA verificará que la medición se haya efectuado de acuerdo con las metodologías autorizadas y establecerá, mediante resolución, la Tasa de Emisión de Olor para la unidad emisora que aplique, en base a la que podrá calcularse el límite de emisión de olor para la fuente emisora, conforme a la Tabla 1 (ver adjunta) mencionada en la norma”.

Las fuentes emisoras medianas que cuenten con tecnologías para reducir olores en el área de compostaje, no tendrán que acatar el límite indicado para ese caso.

En tanto, los emisores medianos y pequeños se podrán eximir de lo dispuesto en la tabla 1, si acreditan una TEO total –vale decir, de todas las unidades generadoras de olor de la fuente emisora– que permita cumplir un impacto odorante máximo de 8 unidades de olor europea por metro cúbico (UOE/m3) percentil 95. Esta misma condición es la que se dispone como límite de emisión para las fuentes grandes (más de 50.000 cerdos).

61

62 OLORES Y RUIDO

Tabla 1: Límite de emisión de olor para fuentes emisoras existentes pequeñas y medianas Fuente emisora

Límite de emisión, en TEO (UOE/t)

% de reducción asociado límite de emisión

Pequeñas

TEO laguna medida año 1 x (1- XLP/100)

XLP = 70% en lagunas

Medianas

TEO laguna medida año 1 x (1- XL/100) TEO área de compostaje medida año 1 x (1- XC/100)

XL = 75% en lagunas XC = 60% en área compostaje

XLP = % de reducción asociado a laguna para fuente emisora pequeña.

XL = % de reducción asociado a laguna para fuente emisora mediana.

El plazo para cumplir con los umbrales señalados será de cuatro años contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Para las fuentes emisoras nuevas, la norma pone los siguientes límites de emisión: en los planteles grandes, una TEO total que permita cumplir un impacto odorante máximo de 8 UOE/m3 percentil 98; y para los medianos y pequeños, una TEO total que permita cumplir un impacto odorante máximo de 10 UOE/ m3 percentil 98. Estas exigencias se aplicarán desde la entrada en vigencia de la norma.

MEDICIONES Y VERIFICACIÓN El decreto ingresado a Contraloría señala también que, para verificar el cumplimiento de los límites indicados, los regulados deberán medir y modelar sus emisiones, y reportar sus resultados a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que actuará como ente fiscalizador. ¿Cómo se garantizará la calidad y veracidad de esos datos?

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalan que desde el año 2010 se dispone de métodos para medir olores homologa-

1 Año de plazo, contado desde

la entrada en vigencia del decreto, tendrán las fuentes existentes para informar sobre sus prácticas operacionales. A partir del segundo año, se deben mantener los registros que acrediten el cumplimiento de estos hábitos.

dos por Instituto Nacional de Normalización (INN) desde estándares europeos. “Así esta primera norma de olores cuenta con una robusta base metodológica tanto para la toma de muestras como para su análisis. Además, se publicó el año 2017 la ‘Guía para predicción y evaluación de impacto por olores en el marco del SEIA’, lo que permitió promover el uso de metodologías de evaluación de impacto odorante de manera correcta. De esta forma, tanto los regulados, como los fiscalizadores y el mercado, que ofrece este tipo de servicios de medición, cuentan con información técnica referente a métodos de medición y modelación, anterior a la publicación de la normativa”, destaca Igor Valdebenito.

Añade que los procedimientos y protocolos de medición, verificación y acreditación de las exigencias de la norma serán establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente.

PRÁCTICAS OPERACIONALES En la MMA resaltan que aun cuando el límite de olor sea el adecuado, esto se debe complementar con otras exigencias como la implementación de prácticas operacionales para prevenir y controlar las emisiones odorantes. En ese contexto, la norma señala que todas las fuentes deberán informar a la SMA: • • •

• •

Las condiciones y periodicidad con que se limpian los pabellones.

Las condiciones en que se voltea la fracción sólida tratada mediante compostaje.

Las condiciones de operación de las tecnologías relacionadas con las emisiones de olor.

Las condiciones de transporte del purín, guano y/o lodo.

Un plan de contingencia para comunicar

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Gentileza Ecolife

XC = % de reducción asociado a área de compostaje para fuente emisora mediana.

La medición olfatométrica es una alternativa para responder a las exigencias de la regulación.

•

de inmediato a la SMA y al municipio respectivo la ocurrencia de algún evento odorante y las acciones correctivas desplegadas.

Las condiciones operacionales de todas las unidades emisoras, incluyendo las circunstancias más desfavorables para su funcionamiento.

De igual manera, la norma establece un sistema de reportes mediante el cual los regulados deberán entregar la información requerida por la SMA. En relación a esto, Igor Valdebenito señala que habrá inspecciones en terreno para verificar el cumplimiento de la norma, “la cual deberá ser incorporada como parte de los programas de fiscalización ambiental. En forma complementaria, se tienen contemplado los reportes de inicio y de cumplimiento en línea que permitan recibir y efectuar gestión de datos de la información ingresada por los titulares, además de efectuar el seguimiento en línea de las variables ambientales lo que permitirá disminuir la carga administrativa de la SMA y ser más eficientes en el proceso de fiscalización”.

OLORES Y RUIDO 63

DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA En el sector regulado valoran la existencia de esta normativa, toda vez que entregará “certeza de lo que se debe hacer y lo esperable en materia de emisiones de olor provenientes de este tipo de instalaciones”, señala Daniela Álvarez, Gerente de Sostenibilidad de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile (Asprocer).

La ejecutiva añade que “el enfoque normativo que se tomó en Chile es muy exigente y sigue la línea de actuación establecida por aquellos países líderes en la materia”. No obstante, indica que, a diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, faltó regular en paralelo las otras posibles fuentes de olor, ya que esto permite una solución más efectiva de los problemas; y también disponer exigencias diferenciadas para las zonas urbanas y rurales. Con relación a esto último, plantea que el gremio considera necesario contar con una planificación y ordenamiento del territorio para el desarrollo sostenible. “Lamentablemente es imposible compatibilizar muchas veces la producción de alimentos, o las actividades industriales, o de saneamiento, con la instalación de viviendas a escasos metros.

Y esto en el área rural ocurre a diario. La planificación y regulación del territorio fue uno de los puntos fuertes que observamos cuando revisamos la normativa internacional comparada. Y es un factor clave no sólo en temas de olor, sino en muchos otros aspectos ambientales y sociales, en los que Chile está aún al debe”, sostiene.

En cuanto a la implementación de la próxima norma, Daniela Álvarez comenta que los desafíos pasan por un tema estructural del negocio y la posibilidad que tengan los pro-

ductores de ajustarse a esta regulación en un escenario mundial desfavorable, con un alto costo de materias primas y los precios de la carne de cerdo a la baja. También considera importante capacitar a los diferentes actores, así como construir vínculos de confianza y cercanía para mantener una buena relación empresa-comunidad.

Agrega que los límites de emisión establecidos significan cambios y adecuaciones para todo el sector porcino. Y recuerda que “se debe realizar un diagnóstico odorante inicial en todas las unidades y reportar a la Superintendencia de Medioambiente las mejoras a implementar y la vía más apropiada para la gestión del cumplimiento.

La autoridad será la encargada de aprobar dichos planes y posteriormente el titular cuenta con plazos establecidos para implementar las medidas y evaluar, de ser pertinente, el ingreso de los proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental para su aprobación y posterior ejecución. Aquí hay un punto importante, puesto que son varias las instancias de aprobación que requieren los proyectos de mejora antes de poder ser construidos e implementados, y pudiera ser que los plazos establecidos en la norma sean demasiado estrechos. Es algo que debemos poner sobre la mesa en nuestro diálogo con el Ejecutivo, a la espera de que se puedan establecer mecanismos ágiles para la revisión y aprobación de este tipo de proyectos”, advierte.

En lo que respecta a las obligaciones que tendrán los regulados de reportar sus prácticas operacionales, Daniela Álvarez sostiene que “el sector ha avanzado bastante, gracias a la generación de guías y procedimientos estandarizados de las operaciones, por lo que no vemos mayores complicaciones. La novedad es que hoy se deberá reportar a la autoridad y probablemente el desafío está allí, puesto que es muchísima información por cada uno de los planteles, entonces como gremio estamos solicitando reunirnos con la Superintendencia para entender cómo están pensando facilitar estos procesos”.

Gentileza Ecolife

TECNOLOGÍAS E INVERSIONES

La norma obligará a implementar tecnologías para el diagnóstico, control y monitoreo de las emisiones de olor.

Las exigencias que impone la norma obligará a los planteles porcinos a implementar tecnología para el diagnóstico, control y monitoreo de los olores, especialmente en las unidades más odorantes, como son las lagunas de purines y las áreas de compostaje. ¿Cuáles se utilizan más habitualmente y qué rangos de inversión pueden significar?

En la empresa Ecolife indican que las principales tecnologías que se usan para realizar mediciones y modelaciones son la olfatometría dinámica, los sistemas y trenes de muestreos,

la cromatografía gaseosa para evaluar las concentraciones de gases y sus notas de olor característicos, y el software de modelación Calpuff. “En Ecolife, usamos olfatometría dinámica y de campo, para desarrollar las mediciones”, apuntan Fabiola Vega, Alejandra Hernández y Christian Tapia. En cuanto al nivel de inversión, añaden: “Para apoyar a nuestros clientes, hemos definido diferentes fórmulas con las metodologías que disponemos, para que puedan realizar las mediciones. Pero por lo general, el rango para implementar la tecnología y los sistemas de mediciones y modelación de olores es sobre USD 75.000 a USD 100.000 dependiendo del equipo a implementar”.

Desde Ecotec Ingeniería, Gerhard Schleenstein aporta más información sobre las alternativas para efectuar mediciones: “El Ministerio del Medio Ambiente en los últimos 15 años ha hecho un esfuerzo para homologar estándares técnicos, principalmente normas alemanas.

En este sentido, contamos con la NCh 3190:2010 de olfatometría dinámica que es una norma para los laboratorios, con la cual se determina mediante un método sensorial la concentración de olor en una muestra. También contamos con normas chilenas para el muestreo, tales como la NCh 3386:2015. Sin perjuicio de lo anterior, hay fuentes que son difíciles de muestrear, como los pabellones, que son fuentes de volumen; y fuentes de grandes extensiones que frecuentemente no son homogéneas, como pilas de compostaje, lagunas purineras y las superficies donde se disponen los efluentes”.

En relación a la norma para el sector porcino, el consultor advierte un aspecto relevante: “La propuesta no se pronuncia sobre frecuencias de los muestreos, número de fuentes a muestrear y tampoco sobre la cantidad de muestras a tomar en una fuente para lograr cierta representatividad de los resultados. Será la Superintendencia del Medio Ambiente que deberá zanjar todos estos temas que, por cierto, no son detalles”.

Schleenstein comenta también que, para modelar la dispersión de los olores, en Chile prácticamente se ha establecido como estándar el uso del modelo CALPUFF, que en su momento fue catalogado como preferente por la Oficina de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA), pero en 2018 dejó de ser recomendado. “A esto se suma que los datos meteorológicos WRF comúnmente utilizados en la modelación presentan velocidad del viento muy superiores a las velocidades que registran las estaciones locales. Esto es grave para los resultados de la modelación ya que las situaciones más críticas del impacto odorífico ocurren justamente en periodos de calma o de muy bajas velocidades del

Gentileza Asprocer

64 OLORES Y RUIDO

La norma fija límites de emisión de olor para los planteles de cerdo, diferenciando por el tamaño de las fuentes.

52 Millones de dólares estiman

en Asprocer que se deberá invertir en el sector para cumplir con la norma. “La mayor cantidad de recursos se destinará en infraestructura de pabellones con cambios en sistemas de ventilación, pero también existen altos costos asociados a mejoras necesarias para disminuir las emisiones en las etapas de tratamiento y de almacenaje de purines”, apunta Daniela Álvarez.

viento, lo que a todas luces se está subestimando”, plantea el experto de Ecotec.

En lo que respecta al rango de inversiones, Schleenstein indica: “El CAPEX para la realización de las mediciones es cero, porque el regulado paga el OPEX solamente, con una excepción: la inversión en monitores de gases odorantes que están previstos en la norma. Ahora, nuevamente será la SMA la encargada de definir detalles, por lo cual no se puede entregar un rango de inversión, pero en todo caso, estamos hablando de montos menores, inferiores al costo anual de las mediciones de olor”.

La norma también obligará a mejorar las prácticas operacionales para controlar olores, en especial en sectores como las lagunas de purines, las áreas de compostaje y los pabellones, ¿qué soluciones de gestión o tecnoló-

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gicas se podrían aplicar?

Gerhard Schleenstein responde: “El Ministerio del Medio Ambiente siempre se ha enfocado a que se implementen buenas prácticas operacionales, además de la inversión en tecnología. Aun así, el abanico no es muy grande. Se pueden sellar las lagunas, mejorar el control del compostaje o cambiar la tecnología de los pabellones”. Agrega que el rango de inversión depende de cada instalación.

Los profesionales de Ecolife, en tanto, hacen referencia a otras opciones: “Nuestra empresa pone a disposición el sistema de mitigación de atomización de neutralización de olor, acompañado con tecnologías de medición y telemetría.

Monitoreo de gases con activación remota de sistemas de atomización, que no son manipulados por las plantas, con activación automática definiendo parámetros que impacten a la comunidad cercana. Pero también existen otras potenciales soluciones como: cubierta a lagunas, encapsulado de área y derivar los gases a un digestor, biofiltros, biotrickling, lavadores de gases y ozono”.

Fabiola Vega, Alejandra Hernández y Christian Tapia agregan que “los valores dependerán de las soluciones y tecnologías que requieran y determinen cada plantel. Como referencia los sistemas de mitigación de atomización de neutralización de olor con sistema de activación remota pueden partir desde los USD 27.000; pero por lo general están asociados a sistemas de contratos de servicio mensual, que simplifican y facilitan la gestión de los planteles, logrando tener un socio para atender la gestión de olores. Otras soluciones como el encapsulado de área y derivación de gases a un digestor sobrepasa los USD 300.000.

El sistema a determinar y, por ende, la inversión dependerá en gran medida del flujo a tratar”.

PUNTOS DE VISTA 65

Por Eduardo Astorga Profesor de Derecho Ambiental

Acuerdo de Escazú, ¿en qué consiste?

L

a primera medida en materia ambiental del nuevo Gobierno fue la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos a los que hace mención su título, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Escazú busca la promoción del libre acceso a la información pública en materia ambiental, y promueve una mayor participación ciudadana en resoluciones ambientales.

Fomenta la participación ciudadana en procesos de toma de decisión sobre el desarrollo y reconoce la figura del defensor de derechos ambientales. También propone prevenir, investigar y sancionar todos los ataques contra estos defensores, contemplando medidas específicas para protegerlos.

Sobre el derecho a la información, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que consiste en el derecho a buscar, recibir y difundir información bajo los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia. O sea, la información debe ser pública y accesible, en particular en los casos relacionados con asuntos ambientales, debiéndose generar, recopilar, evaluar y actualizar toda la información sobre proyectos que puedan producir impactos ambientales negativos.

El derecho a la participación ha sido abordado principalmente en los casos de vulneraciones al derecho de propiedad de las comunidades indígenas. Es el Estado el responsable de garantizar la participación en todas las fases de planeación e implementación de proyectos o medidas que puedan afectar los territorios o recursos naturales de las comunidades. Incluso, ha señalado que los estudios de impacto ambiental (EIA) deben realizarse en cooperación con las comunidades, debiendo los estados garantizar espacios para que todo el público presente sus opiniones o comentarios antes, durante y después de la presentación de los EIA. En conclusión, el Acuerdo de Escazú y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben analizarse en conjunto a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual permite la protección y garantía de los derechos a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y brinda la claridad que requieren los diversos actores económicos para desarrollar sus actividades en el país.

66 OLORES Y RUIDO

¿CÓMO HUELEN LAS PTAS? Sólo 85 de las 301 plantas de tratamiento de aguas servidas que operan a nivel urbano en Chile tienen sistemas para abatir gases odorantes. Revisamos las tecnologías que hoy se usan para su prevención, control y monitoreo.

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OLORES Y RUIDO 67

A

burridos de los malos olores, un grupo de vecinos de Valdivia, del sector barrio El Bosque, decidió hace algunos meses tomar el “toro por las astas”. Eso significó demandar por daño ambiental, ante el Tercer Tribunal Ambiental, a la empresa sanitaria Aguas Décima por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS) de la comuna.

En la ocasión, revelaron que la Superintendencia del Medio Ambiente había fiscalizado varias veces a la instalación, descubriendo contenedores con tapas abiertas, ausencia de sistema desodorizante en la unidad de deshidratado, olores molestos mayores a los habituales y otras negligencias.

Lo que ocurre en la capital de la Región de los Ríos, ¿será un problema que se repite en otras zonas de Chile o solo un caso aislado? ¿Cómo se están previniendo, controlando y midiendo las emanaciones odoríferas desde las PTAS? Este artículo aporta respuestas.

GASES ODORANTES A modo de contexto, en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) explican que en las diferentes etapas del tratamiento de aguas servidas, compuestas por unidades físicas y/o químicas y/o biológicas, “se van desarrollado procesos de separación física y reacciones químicas y bioquímicas. Y se van generando y liberando algunos compuestos gaseosos que pueden ser percibidos por el ser humano. Son los denominados gases odorantes, entre los cuales están los compuestos azufrados (sulfhídricos, mercaptanos, sulfurados), nitrogenados (amoniacales y aminas) u otros que están presentes en las aguas residuales. En algunas PTAS, según las características de las aguas servidas, estos gases pueden estar más concentrados y ser liberados al aire”.

En la entidad estatal precisan que los gases sulfhídricos y amoniacales son los más percibidos por las comunidades cercanas a las PTAS. “Son muy molestos y en concentraciones altas pueden ser tóxicos”, advierten.

Los factores que influyen en su generación y percepción son la sobrecarga orgánica, la baja carga hidráulica, el ingreso de aguas servidas sépticas a la PTAS por colectores muy extensos o plantas elevadoras con tiempo de retención altos, el tipo de sistema de tratamiento, la falta de mantenciones y buenas prácticas operacionales, la distancia a la población más cercana y la dirección de los vientos.

Los problemas operacionales que provocan la generación de gases odorantes en estas plantas se producen, principalmente, en la línea de lodos. No obstante, “se ha ido avanzando en su prevención, porque las empresas sanitarias han mejorado el funcionamiento de aquellas unidades que más producen estos gases, y también han aumentado las PTAS que cuentan con unidades encapsuladas y con apoyo de sistemas de tratamiento de gases”, destacan en la SISS.

DESARROLLO TECNOLÓGICO En el organismo fiscalizador aseguran que a comienzos de siglo no se hablaba de sistemas de tratamiento de gases odorantes (STG), “pero desde esa fecha se han ido desarrollando las tecnologías para ese fin”. Así, en 2018 existían 71 PTAS con algún sistema para su abatimiento, mientras que en 2021 esa cantidad creció a 85 PTAS, lo que equivale al 28% de las 301 instalaciones de saneamiento que están operativas en los sectores urbanos del país.

Para prevenir eventos de malos olores que puedan afectar a sus comunidades vecinas, las plantas han encapsulado las unidades que aportan una mayor generación de gases odoríficos, en especial las de pretratamiento, desbaste, desarenadores, desgrasadores, deshidratado de lodos y espesadores.

Respecto a los STG utilizados en las PTAS de nuestro país, en la SISS destacan cinco: filtros de carbón activado, biofiltros, scrubbers, lavadores de gases y biotrickling. Los dos primeros, en ese orden, son los más ocupados, casi en una proporción similar.

El gráfico adjunto muestra la evolución de estas tecnologías.

Los biofiltros, en particular, son sistemas de tratamiento en base a la acción de organismos vivos para la filtración y remoción de gases odorantes y olor en aire. “El material del lecho (húmedo) puede estar compuesto de compost, madera, minerales porosos inorgánicos y algas, lo que permite que estas soluciones sean de fácil construcción y operación. Además, presentan un menor costo y consumo de energía.

Por eso, su aplicación es la que más ha crecido en el último tiempo”, aseguran en la Superintendencia.

Plantean también que este tipo de tecnología controla variables operacionales como temperatura, pH, humedad, y presión, y presenta una eficiencia de remoción de gases odorantes de entre 70% y 95%.

Irene Merino, Technical Support Engineer

2010 Año en que la SISS

instruyó por primera vez a las empresas sanitarias el deber de prevenir la generación de externalidades negativas como los olores molestos, “ya que este aspecto es parte de la calidad de servicio de tratamiento y disposición de aguas servidas”.

de la empresa BION, que se desempeña en este mercado, añade que los microorganismos son sensibles a las condiciones atmosféricas de temperatura y humedad relativa. Además, necesitan una alimentación constante para sobrevivir, por lo que puede verse afectada la biofiltración “por paradas en el proceso o disminución de la concentración de los compuestos que llegan al filtro”.

LAVADORES Y FILTROS La profesional también releva el lavado químico, que consiste en el paso del gas a través de torres de lavado donde tiene lugar el contacto aire/agua/reactivos. “En este caso, una solución química ácida o básica se inyecta en el sistema por la parte superior, pasando a contracorriente del gas, y, posteriormente, se recupera en el fondo de la torre para su recirculación.

Los compuestos gaseosos quedan retenidos en la solución química que hay que reemplazar periódicamente. Tiene un elevado costo de operación y mayor riesgo asociado a la manipulación de productos químicos”, explica.

Pone de relieve, asimismo, la filtración con adsorbentes sólidos, especialmente con carbón activo. El sistema implica el paso del gas a través de depósitos que contienen una media adsorbente, cuya capacidad de eliminación de gases olorosos puede variar dependiendo de: la estructura porosa del material base (carbón activo, arcillas naturales) y los reactivos químicos con los que se impregnan, que consiguen que la media adsorbente reaccione con contaminantes gaseosos específicos para retenerlos o convertirlos en no olorosos. “Su costo de inversión inicial es bajo y no requiere personal calificado para su operación”, plantea Merino.

68 OLORES Y RUIDO

Evolución de los Sistemas de Tratamiento de Gases Odorantes (STG) en PTAS 40 35

36

30

40

40

25 20

22

15 10 5 0

7 Biofiltros

2018

7

1

Filtros Carbón Scrubber Activados

1

Lavador de Gases

1

1

Biotrickling

2021

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios

dataloggers 3G/4G hacen posible una transferencia de datos en tiempo real más confiable, el desarrollo de nuevos paneles solares de alta eficiencia para la alimentación de los equipos de monitoreo de forma óptima, y la llegada de anemómetros ultrasónicos contribuye a una mejora en la precisión de las lecturas meteorológicas. Y el reciente arribo de softwares del tipo digital twin nos permite evaluar diversos cambios operacionales en las plantas de tratamiento de agua”.

A su vez, Alfonso Gutiérrez, Sales Manager de BION, releva el cada vez mayor alcance a nivel internacional de la adaptación de la norma UNE-EN 13725 sobre olfatometría dinámica, como medida de control de las sustancias odorantes emitidas.

En relación a las tecnologías, plantea que, aunque el sistema de biofiltros convencional fue desarrollado hace ya varias décadas, “durante los últimos años se han ido desarrollando variantes como el biofiltro percolador o el biolavador”. Agrega que la filtración con materiales adsorbentes, en especial con carbón activo, ha ido evolucionando en las últimas décadas hacia la generación de una menor huella de carbono. Esto, “mediante la integración en su composición de otros compuestos bases, como las arcillas naturales, o el desarrollo de medias adsorbentes más ecológicas que puedan extender su uso después de la saturación”, puntualiza.

NUEVOS DESAFÍOS

La eliminación y control de olores en las PTAS y otras instalaciones es una labor fundamental.

En otra empresa del rubro, Envirosuite, subrayan la importancia de las plataformas de monitoreo y modelación de variables ambientales para gestionar las externalidades en las PTAS. Una de ellas, el hardware eNoses de aire ambiente, mide en tiempo real los principales gases odorantes, como ácido sulfhídrico, amoniaco, compuestos orgánicos volátiles y metilmercaptano. Fernando Rojas, Project Manager de la compañía, destaca también el software Omnis, “la plataforma más completa conocida a la fecha para combi-

nar capacidades de monitoreo en conjunto con modelación de olores o gases, tanto en tiempo real como en pronóstico”.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Sobre cuánto han evolucionado estas tecnologías en el último tiempo, el experto afirma que “durante la última década hemos visto un desarrollo importante en tecnologías de sensorización más precisas, compactas y cada vez a un menor costo. También la aparición de nuevos tipos de

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El futuro desarrollo, dictación y aplicación de una norma de emisión de olores en las PTAS –contemplada en la Estrategia para la Gestión de Olores que lleva adelante el Ministerio del Medio Ambiente en Chile– implicará, sin duda, un importante desafío para sus operadores, en especial para las empresas sanitarias, y también para proveedores de equipos y servicios en este campo.

Alfonso Gutiérrez expresa que “su beneficio será evidente porque los procesos de limpieza de las aguas generan emisiones que deben ser controladas”.

Sobre el enfoque que debería tener la regulación, Fernando Rojas, de Envirosuite, asegura que “si tomamos como referencia la nueva norma de emisión de olores para planteles porcinos, es probable que para las plantas de tratamiento de aguas servidas se acuerde un criterio de calidad, vale decir, una concentración de olor al primer receptor en relación con algún percentil. También es probable que se quiera legislar respecto a emisiones máximas de gases odorantes al primer receptor, en cuyo caso tomarán mucha

OLORES Y RUIDO 69

64% Aumentó, entre 2018 y 2021, la participación

de los biofiltros en el abatimiento de gases odorantes de las PTAS en Chile. Hoy, operan 36 sistemas de este tipo, casi igualando a los filtros de carbón activado.

Las plataformas de monitoreo y modelación de variables ambientales son muy necesarias para gestionar las externalidades en las PTAS. más importancia las nuevas tecnologías de monitoreo”.

En la SISS, en tanto, ponen sobre la mesa otro desafío: que el sector sanitario se preocupe más de evitar los problemas de olores antes de que las comunidades vecinas se vean impactadas por los gases odorantes, “para lo cual deben realizar todas las gestiones en forma preventiva y no esperar que las personas se vean afectadas y se interpongan denuncias”.

Abogan, por otra parte, para que las empresas que operan las PTAS hagan mayor uso de las herramientas tecnológicas disponibles para monitorear gases alrededor de estas instalaciones. “Un ejemplo son los sensores de gases característicos de aguas servidas. Se instalan en algunos puntos estratégicos de las plantas y pueden medir tanto gases sulfhídricos como amoniacales, entregando registros en línea y alertas preventivas”, detallan.

En línea con las recomendaciones de la SISS, Fernando Rojas plantea que como las comunidades están cada vez más empoderadas e informadas, “el trabajo se debe centrar en minimizar la influencia de las PTAS en ellas e investigar cada uno de los eventos de olor a través de plataformas que permitan estos análisis. Lo otro es compatibilizar la información que pueden aportar las nuevas tecnologías con los requerimientos de la autoridad ambiental. Como empresa hemos participado en diversas conversaciones que apuntan a la elaboración de normativa y a aunar criterios con la entidad fiscalizadora”.

Por su parte, Irene Merino, de BION, expone que el mayor desafío de esta industria es “llevar sus emisiones odoríferas lo más cercanas a cero.

Esto significa invertir parte de las ganancias en aplicar más y mejor tecnología a sus procesos para eliminar emisiones perniciosas”.

69

70 OLORES Y RUIDO

LÍMITES PARA EL RUIDO

Gentileza Proterm

Ya está en marcha la revisión del D.S. Nº 38, que regula las emisiones acústicas desde fuentes fijas, y el desarrollo de la primera norma de calidad ambiental para ruido.

P

ese al alza de las tasas de interés y la consecuente desaceleración del sector inmobiliario, la construcción de edificaciones en distintos puntos del país no se detiene. Además de modificar el paisaje urbano, esto genera un impacto adicional relevante: la contaminación acústica, ya que inevitablemente ese tipo de obras genera ruido ambiental.

El tráfico vehicular es otra importante fuente de emisiones sonoras y, por lo tanto, puede afectar la salud y calidad de vida de la población. En efecto, la Agencia Ambiental Europea señala en su informe “Environmental noise in

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Europe - 2020” que el ruido y, en particular, el que procede del transporte, sigue siendo un problema medioambiental relevante en el Viejo Continente.

Según el reporte, la contaminación acústica contribuye a 48.000 nuevos casos de isquemia (reducción del flujo sanguíneo) al corazón cada año y genera aproximadamente 12.000 muertes prematuras en el mismo período.

En Chile, la emisión de ruido está regulada por normas específicas, dependiendo de si se trata de fuentes fijas o móviles. En el caso de las primeras

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rige el D.S. Nº 38 (2012), que actualmente está en proceso de revisión; mientras que para los medios de transporte terrestre se aplican los decretos Nº 129 (2001), en cuanto a buses de locomoción colectiva, y Nº 7 (2015), para vehículos livianos, medianos y motocicletas.

Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) está comenzando a elaborar la primera Norma de Calidad Ambiental de Ruido que apunta a definir objetivos de calidad acústica en el territorio nacional, con miras a proteger la salud de la población.

FUENTES FIJAS El D.S. Nº 38 establece niveles máximos de emisión de ruido generados por diversos tipos de fuentes fijas (ver tabla 1), que corresponden a actividades productivas, comerciales, de servicios y de esparcimiento. ¿Cuáles son las más bulliciosas?

Desde la consultora SocioAnalytic, el grupo de trabajo integrado por Graciela Rodríguez, socióloga y Magíster en Gestión de la Sostenibilidad; Hernán Astudillo, Dr. rer. nat. del Depto. de Física de la U. de Concepción,

1.440.000

Habitantes del país están expuestos a altos niveles de ruido en horario nocturno, señala el último Informe del Estado del Medio Ambiente.

y Mauricio Campos, ingeniero civil en sonido y acústica, explica que el impacto asociado al ruido emitido por una determinada actividad productiva depende principalmente del entorno en que está inserta. “Si nos enfocamos en la salud de las personas, la magnitud del efecto está relacionada con la cantidad de personas afectadas”, detallan los profesionales.

Agregan que, bajo esa premisa, las actividades de construcción en centros urbanos de alta densidad poblacional resultan más propensas a conflictos y denuncias, “dada la dinámica de sus operaciones y el uso de herramientas, equipos y maquinaria que generan altos niveles de ruido”.

Por su parte, Alejandro Reyman, Jefe de Proyectos de Ingeniería Acústica de la empresa Proterm, concuerda en que, debido a la cercanía con la comunidad, a lo complejo de implementar medidas de control acústico y a los altos niveles de ruido derivados de sus actividades, la industria de la construcción –sobre todo de edificios– probablemente sea uno de los rubros que más impactos causa en su entorno cercano.

“La problemática que tienen las construcciones en altura es que emiten mucho ruido en casi todas sus etapas; en la construcción de los cimientos y bases del edificio, y en el hincado de pilotes de la estructura. Esto último, actividad que genera también altos niveles de vibraciones”, añade.

Los consultores agregan que, durante la jornada nocturna, el funcionamiento de pubs, discotecas, centros de eventos y otros tipos de recintos afines, es motivo de denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y de procesos sancionatorios.

De igual manera, precisan que la industria de gran envergadura como la minería y los rubros pesquero y forestal, y otros que poseen grandes centros productivos, “resultan siempre susceptibles a superaciones de norma, de encontrarse cercanos a receptores”.

En el sector energético, las termoeléctricas asoman como genera-

72 OLORES Y RUIDO

doras de altos niveles de ruido, mientras que las plantas ERNC, pese a originarse en fuentes limpias, tampoco están libres del problema. “Algunos de los parques eólicos implementados en el sur de nuestro país han tenido conflictos con receptores vecinos y su evaluación se ha complejizado de tal forma que la SMA emitió una guía de evaluación exclusiva para estas instalaciones”, advierte el equipo de SocioAnalytic.

Otras instalaciones comerciales y de infraestructura como la portuaria, los terminales de buses y los aeropuertos presentan actividad permanente (noche y día). Esta dinámica, a su juicio, afecta también a receptores vecinos.

MEJORAS NECESARIAS El D.S. Nº 38 reemplazó al D.S. 146 (1997) y uno de sus principales cambios fue que redujo los límites máximos permitidos en horario nocturno. Actualmente, la autoridad ambiental está revisando esta normativa con el objetivo de “generar mayor certeza jurídica y técnica en su aplicación”, señala Igor Valdebenito, Jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente.

Para Alejandro Reyman, la publicación de este decreto ha significado una mejora sustancial, básicamente, porque simplificó el método de medición, haciéndolo más concreto y flexible con relación a la norma anterior: “Esto se traduce en una mejor caracterización de los niveles de ruido de las fuentes a evaluar, ya que además considera relevante el índice máximo que pudiese registrarse producto de ruidos del tipo impulsivo. A su vez, este indicador se compara directamente con el ruido promedio Leq (nivel sonoro continuo equivalente), estableciéndose una relación entre los niveles promedio y los máximos presentes al momento de la medición”.

Dado lo anterior, concluye el ingeniero, el decreto vigente es una herramienta efectiva, pero debe perfeccionarse respecto a factores como “discriminar qué corresponde a ruido de fondo y qué no, y qué hacer bajo ciertos escenarios para los cuales la metodología de medición no se adapte de la mejor manera”. Por ejemplo, al tratarse de fuentes cercanas a autopistas de alto tráfico.

Desde la mirada de Rodríguez, Astudillo y Campos, uno de los aspectos más relevantes del D.S. Nº 38 fue el cambio en los máximos permisibles nocturnos, estableciendo un estándar en materia de contaminación del ruido muy exigente y nunca antes visto en la regulación chilena.

Sin embargo, estiman que lo referido a metodología y procedimientos de medición requiere sofisticarse, dada la complejidad del ruido como fenómeno físico que se propaga a través del aire: “Asuntos como el aporte del ruido de fondo, la zonificación y las condiciones meteorológicas con que se efectúan las mediciones son aspectos importantes de revisar, ya que representan problemáticas recurrentes en las evaluaciones del D.S. Nº 38”.

Añaden que otro tema no menor es que en el decreto no se analiza la representatividad temporal de las emisiones de ruido de una actividad productiva. En la misma línea, advierten que el cumplimiento normativo se aborda con base en mediciones discretas de solo un minuto de duración, “que deben realizarse ‘en el momento y lugar de mayor exposición a ruido’ del receptor evaluado, lo que en muchas ocasiones es difícil determinar, si es que no se conoce la dinámica de la actividad productiva y del entorno sonoro”.

Para los profesionales, atender estos aspectos podría conducir a una regulación más certera y objetiva en beneficio de la salud de las personas y de los proyectos de inversión.

NORMA DE CALIDAD PRIMARIA Si las emisiones de ruido en Chile son reguladas por los decretos suEDICIÓN 175 MARZO-ABRIL 2022

Tabla: Ruido máximo permisible para fuentes fijas (D.S. 38) Zonas urbanas

De 7 a 21 hrs.

De 21 a 7 hrs.

Zona I

55

45

Zona II

60

45

Zona III

65

50

Zona IV

70

70

*Corresponde a niveles de presión sonora corregidos. Cifras expresadas en db (A).

- Zona I: Permite solo uso de suelo residencial y espacio público o área verde.

- Zona II: A lo permitido en la Zona I, suma equipamiento de cualquier escala.

- Zona III: Además de lo anterior, se autorizan actividades productivas y/o de infraestructura.

- Zona IV: Permite solo usos de suelo de actividades productivas y/o de infraestructura.

El monitoreo de ruido se realiza desde distintas locaciones.

Fuente: Decreto Supremo Nº 38, MMA.

6.500.000 Personas sufren de perturbación crónica del sueño en Europa por causa del ruido, de acuerdo con el informe “Environmental noise in Europe- 2020”.

premos Nº 38, Nº 7 y Nº 129, y de manera complementaria por la Ley de Tránsito, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ordenanzas municipales y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ¿por qué se hace necesario sumar una norma primaria de calidad ambiental?

Desde el MMA, Igor Valdebenito explica que los decretos vigentes corresponden a normas de emisión que buscan controlar el ruido en las distintas fuentes emisoras. Una norma de calidad, en cambio, establece estándares de calidad acústica a cumplir a nivel ambiental en el territorio nacional, sin identificar fuentes emisoras directamente. “Después, si se supera ese estándar se establecen zonas saturadas o latentes que podrían gatillar la elaboración de planes de prevención o descontaminación por ruido, estableciéndose medidas como estamos acostumbrados a ver por los contaminantes atmosféricos en los planes vigentes”, complementa.

A juicio de Alejandro Reyman, ese futuro estándar permitirá fortalecer la gestión del ruido ambiental, pudiendo definir además los niveles que originan situaciones de emergencia. “La norma estará basada en un diagnóstico inicial que está siendo desarrollado a través de mapas de ruido de las grandes ciudades y de la Ruta 5, información que se complementa con la red de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente. Esto permitirá conocer la magnitud y el comportamiento de los niveles de ruido de las grandes ciudades y centros urbanos”, explica el ingeniero de Proterm.

También, recalca que el texto posibilitará tener una mayor certidumbre jurídica y legislativa para el desarrollo de nuevos proyectos industriales y otros que se encuentren en operación, argumentando que

OLORES Y RUIDO 73

El sonómetro es un dispositivo que se utiliza para medir niveles sonoros de forma normalizada. se podrán tomar decisiones estratégicas y de planificación con base en un marco regulatorio más claro que el actual.

ALTOS ESTÁNDARES Por su parte, Graciela Rodríguez, Hernán Astudillo y Mauricio Campos valoran que la Res. Ex. Nº 587 del MMA, que marcó el inicio de la elaboración de la norma, considere los estudios y antecedentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Ambiental Europea, “que vienen abordando seriamente esta problemática desde el año 2002”.

Los expertos de SocioAnalytic precisan que, según el reporte “Environmental noise in Europe - 2020”, el principal causante de los trastornos de salud por exposición a ruido sería el tránsito de vehículos, trenes y aviones.

“El tráfico vehicular, por ejemplo, produce niveles de ruido nocivos que afectan a casi el 50% de los habitantes de las grandes ciudades en Europa. Asimismo, la red de transporte de trenes y el tránsito de aviones se indican como generadores de ruido de mayor presencia que las actividades productivas e industriales”.

Por otra parte, se estima que el porcentaje de habitantes expuestos a ruido industrial en los países miembros de la Unión Europea alcanza una media de solo el 0,2%. Dados estos antecedentes, concluye el equipo, “todo indica que el anteproyecto de Norma de Calidad Primaria para

Ruido estará enfocado en regular los niveles de ruido a los que todos habitantes del país estamos expuestos, independientemente de si nos encontramos cercanos o no a una actividad productiva o a una industria”.

En su opinión, esto levanta un desafío no menor y de alta complejidad como es abordar el ruido de tráfico en las ciudades y carreteras, que en parte hoy se encuentra regulado por los decretos Nº 129 y Nº 7. Cabe indicar que esta última norma, que regula el ruido generado por vehículos livianos, medianos y motocicletas, también fue revisada recientemente por el Ministerio del Medio Ambiente para “actualizar las normativas técnicas de certificación de vehículos a procedimientos internacionales y actualización de algunas definiciones”, plantea Igor Valdebenito.

La redacción de la Norma Primaria de Calidad para Ruido comenzó en junio de 2021 y en el MMA estiman que el proceso tomará alrededor de tres años. “Estamos en la fase de elaboración del anteproyecto”, puntualiza Igor Valdebenito.

Para su desarrollo se considerarán diferentes estándares, como los de la OMS y de agencias ambientales internacionales, “pero además se analizan las posibilidades reales de alcanzar dichos estándares”, agrega.

En este contexto, se está conformando un Comité Operativo integrado por los ministerios de Salud, Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, bajo la coordinación del MMA.

74 OLORES Y RUIDO

OBRERAS DEL SILENCIO Conozca los principales sistemas empleados en la prevención y control de ruido en obras de construcción y demolición.

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OLORES Y RUIDO 75

V

ivir o trabajar cerca de una obra en construcción puede ser, por decir lo menos, una experiencia molesta. Esto, sobre todo, por el alto nivel de ruido que provoca el empleo de equipos como compresores, excavadoras y martillos neumáticos, lo que gatilla frecuentes quejas de la población.

Este tipo de faenas debe cumplir el Decreto Supremo 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que se aplica a fuentes de ruido de carácter transitorio (no permanente). ¿Qué tecnologías se utilizan para controlar el ruido en el rubro? “Las más usadas son barreras perimetrales, encierros y semi encierros, cortinas acústicas (o barreras flexibles) y túneles acústicos para camiones de hormigonado”, detalla Christian Gerard, Gerente General de la empresa Control Acústico.

El documento técnico “Matriz de medidas de control de ruido para las actividades de construcción” –actualizado a enero de 2022 y elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y el Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del MMA– describe las cuatro soluciones arriba indicadas.

— Barrera acústica perimetral: Pantalla acústica instalada en el perímetro de la obra. Para su correcto funcionamiento la materialidad de la pantalla debe cumplir con una densidad mínima de 10 kg/m2 y presentar hermeticidad en las uniones entre planchas. Opcionalmente, puede incorporar material absorbente en su cara interior, con coeficiente de absorción mínimo de 0,6 según índice NRC (coeficiente de reducción de ruido).

— Encierro o semiencierro acústico: Cerramiento total o parcial de la faena o maquinaria mediante paneles verticales que rodeen la fuente emisora, más un panel de cierre dispuesto horizontalmente como techo. Para su adecuado funcionamiento, la materialidad del encierro o semiencierro debe cumplir con una densidad mínima de 10 kg/m2 y presentar hermeticidad en las uniones entre planchas. Además, tiene que incorporar material fonoabsorbente en su cara interior, con coeficiente de absorción mínimo de 0,6 según índice NRC. — Cortinas acústicas (o barreras flexibles): Cortina compuesta por membrana flexible de alta densidad (densidad mínima de 6 kg/m2), colgada frente a los vanos de las caras afectadas, en edificios de cuatro o más pisos de altura. Su factibilidad podría depender de la geometría de la fachada del edificio.

— Túnel acústico para camión de hormigonado: En la construcción de edificaciones en altura (más de dos pisos), donde se utilizan camiones de hormigonado, se instala un túnel o semiencierro fabricado en paneles de densidad mínima de 10 kg/m2, con material fonoabsorbente en sus caras interiores con coeficiente de absorción mínimo de 0,6 según índice NRC. Para el monitoreo de las fuentes de ruido, Gerard destaca el uso de sistemas de medición en línea. “Permiten que las constructoras puedan saber, en tiempo real, los niveles de ruido que emiten y así tomar medidas de auto control inmediatas cuando éstos superan la normativa o necesitan verificar alguna denuncia”, afirma.

EN LA DEMOLICIÓN Para el control de ruido en obras de demolición, Flesan –la principal empresa de este mercado en Chile– utiliza la cizalla hidráulica para hormigón y fierro, un sistema de demolición de alta tecnología a través de corte diamantado, y está innovando con el empleo de unas mantas anti ruido que cubren los martillos.

A modo de autocontrol, Flesan monitorea permanentemente los niveles de ruido en las obras de demolición.

Además, la compañía recomienda a los titulares de los proyectos aplicar medidas de mitigación en las obras como cierres acústicos, con cumbreras, y programarse para trabajar en ciertas bandas horarias.

María Eugenia Ubilla, su Gerenta de Medio Ambiente, agrega que la firma “también adopta las medidas de mitigación según norma y usa sonómetros cada 15 días para mantener monitoreadas las obras y detectar los peaks, a modo de autocontrol, sobre todo en sectores urbanos. Nuestro objetivo permanente es buscar metodologías para intentar reducir, aunque sea un decibel, porque los procesos de demolición inevitablemente superan los niveles permitidos por la norma vigente (DS 38/2011), dada la maquinaria con la que se ejecutan. Por eso, desarrollamos un trabajo de participación con los vecinos en los que recogemos todas las inquietudes que pueda haber”.

En Flesan lamentan que, aunque gran parte de las municipalidades – que mantienen convenio con el ente fiscalizador y el MMA– sabe que en los trabajos de demolición es imposible cumplir con la citada regulación, “existe una actitud pasiva que hace que a la fecha no se haya adecuado la norma a estas faenas y otras asociadas a la construcción”, asegura la ejecutiva.

DESAFÍO NORMATIVO Pese a que le es imposible cumplir hoy con el DS 38, la empresa se ha propuesto reducir sus emisiones de ruido de forma progresiva. “Estamos esperanzados en contar en el futuro con una tecnología que nos permita acercarnos a lo exigido”, plantea Ubilla, quien anuncia que “en el largo plazo no descartamos trabajar junto a empresas especializadas en temas de ruido para hacer un estudio y diagnóstico interno, y luego buscar casos de éxito en el extranjero.

Queremos saber cómo se cumple y controla afuera el ruido ambiental, realizando un comparativo con la normativa internacional”.

Deja en claro, asimismo, que, si bien la Cámara Chilena de la Construcción implementó una mesa de trabajo para el análisis y eventual modificación de la normativa en actividades de construcción y demolición, “esto toma tiempo y sus resultados son inciertos. La revisión del DS 38 partió en octubre de 2019 con la elaboración del anteproyecto, por lo que hoy nos debemos ajustar a una norma inadecuada, que no es pertinente ni ha sido elaborada para estos trabajos. Así, independiente del grado de diligencia que despleguemos para cumplir el mínimo exigido, igualmente incurrimos en una conducta sujeta a sanción”, acota.

Christian Gerard sostiene que el principal desafío que hay en Chile en este ámbito se relaciona, justamente, “con mejorar la actual normativa que aplica a las fuentes de ruido de carácter transitorio, la cual debe reflejar de mejor forma el comportamiento de este tipo de actividades”.

76 OLORES Y RUIDO

Proterm provee soluciones de alto estándar para el diagnóstico, control y seguimiento de estas emisiones industriales.

U

n servicio de gestión integral, basado en soluciones de ingeniería, para resolver los problemas que generan las emisiones de olor de distintas industrias, en cualquier punto del país. Así se podría resumir la oferta de Proterm, empresa que provee de opciones de alto estándar para el diagnóstico, control y monitoreo del impacto odorante de las actividades productivas.

“Tenemos las capacidades para abordar todo el ciclo que requiere la adecuada gestión de los olores. Nuestra propuesta de valor es elaborar diagnósticos de emisiones odorantes y diseñar soluciones que permitan a nuestros clientes cum-

plir con los estándares ambientales exigidos por la autoridad y las comunidades aledañas a las plantas”, destaca Miguel Gatica, gerente del área de Ingeniería en Olores y Medio Ambiente de la compañía con sede en Concepción y más de 30 años de experiencia en mediciones ambientales.

DIAGNÓSTICO ACREDITADO Los servicios de Proterm en el área de olores se pueden dividir en tres etapas.

La primera corresponde al diagnóstico, que permite identificar las principales fuentes

EDICIÓN 175 MARZO-ABRIL 2022

odorantes y los compuestos precursores del olor, para lo cual utilizan: •

Métodos sensoriales: Orientados a medir olores compuestos, mediante sistemas de percepción químico-sensorial, como la olfatometría dinámica y los panelistas de campo, que permiten reconocer y realizar análisis cualitativos y/o cuantitativos.

•

Métodos analíticos: Apuntan a identificar cualitativa y cuantitativamente los compuestos químicos o sustancias olorosas que causan molestias, como el ácido sulfhídrico (H2S) asociado a las emisiones generadas

OLORES Y RUIDO 77

conocimiento cabal de todos los rubros con los que trabajamos y nos permite mezclar la ingeniería de olores con la de procesos industriales”.

VIGIA Y NASAPP La última fase de la gestión integral de olores que realiza Proterm es el seguimiento permanente del estado de las emisiones para verificar la efectividad de las soluciones implementadas y ratificar el cumplimiento normativo. Para eso se aplica tecnología de vanguardia que permite monitorear el olor en tiempo real, predecir eventos odoríferos e incluso involucrar a la ciudadanía en la medición de las emisiones.

En ese contexto, destacan las siguientes herramientas: •

Los equipos VigIA pueden detectar concentraciones muy bajas de compuestos odorantes. por la descomposición de distintos procesos productivos. Un ejemplo es la cromatografía de gases con espectrometría de masas.

Con esas herramientas, se desarrollan estudios de impacto odorante, modelaciones de la dispersión del olor e inventarios de emisiones.

Gatica subraya: “Un elemento diferenciador de nuestro servicio de diagnóstico es que somos el único laboratorio de olores en Chile acreditado bajo la norma ISO 17.025:2017 para realizar estos análisis, por lo cual tenemos el estándar de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), aunque esta categoría no existe en estos casos porque no hay norma al respecto. Esto significa que trabajamos con equipos calibrados, procedimientos y registros auditables de todo lo que hacemos. Con eso, entregamos trazabilidad, calidad y confiabilidad a nuestros clientes de que las mediciones son correctas y tienen respaldo”.

Añade que este servicio se desarrolla con equipos de vanguardia provistos por Olfasense, empresa que, además, “lidera a nivel mundial la realización de ensayos inter-laboratorio, el cual es un ensayo de aptitud internacional que permite evaluar nuestro desempeño y verificar si estamos ejecutando bien el método de análisis”.

Otra cualidad que diferencia los servicios de diagnóstico de Proterm es que cuenta con un laboratorio móvil para llevar la olfatometría dinámica y otros análisis a cualquier parte del país.

“Hemos medido olores en planteles de aves en Arica,

El laboratorio de Proterm es el único acreditado 17.025:2017 para analizar olores en Chile, destacan en la empresa. y también en otras fuentes en Porvenir, en la Región de Magallanes”, comenta el ejecutivo.

Miguel Gatica agrega que un buen diagnóstico es clave para diseñar las soluciones de gestión, control y seguimiento adecuadas para cada cliente.

Y resalta que la empresa presta estos servicios a todos los rubros industriales con potencial de generar olores: “Trabajamos con planteles de cerdo, plantas de tratamiento de aguas servidas, pesqueras, refinerías, pisciculturas, plantas de alimentos, rellenos sanitarios, entre otros”, detalla.

CONTROL DE OLORES Una vez completado el diagnóstico, Proterm se aboca a diseñar y poner en marcha la solución más apropiada para el control de las emisiones odoríferas. Para eso cuenta con un equipo multidisciplinario de ingenieros que desarrolla e implementa proyectos de mitigación que reducen las emisiones y se ajustan a cada proceso industrial, entregando soluciones eficientes desde el punto de vista técnico y económico.

En ese marco se ejecutan actividades de ingeniería conceptual, básica y de detalle, que incluyen la evaluación y recomendación de tecnologías y equipos de control, como también la implementación del proyecto diseñado.

Gatica destaca: “Proterm tiene una amplia experiencia en el diseño de soluciones ambientales y de energía para la industria, lo que nos entrega un

VigIA: Sistema de monitoreo que combina sensores de alta sensibilidad, Inteligencia Artificial y Bigdata. “Estos equipos detectan contaminantes odorantes en concentraciones en partes por billón (ppb), posicionándose como los más precisos del mercado. Esta tecnología es desarrollada por la empresa francesa Ellona, con la que realizamos un convenio de colaboración en 2021 para dar origen a VigIA. Hoy tenemos una veintena de estos equipos en instalaciones de diferentes rubros, incluyendo planteles de cerdo, plantas de tratamiento de aguas servidas, pesqueras, entre otros”, señala Gatica.

Añade que los equipos VigIA “son los únicos que se pueden entrenar para determinar la fuente específica que genera el olor. Vale decir, podemos calcular la huella de olor, lo que es muy favorable para industrias que tienen diferentes focos de emisiones”.

•

Nasapp: Aplicación móvil que permite a la comunidad aledaña a una fuente de olor alertar sobre episodios odorantes y entregar información relevante para que las industrias puedan gestionar de manera rápida y oportuna sus olores molestos. “Para esto mantenemos una alianza con el centro tecnológico español Eurecat. Este servicio está actualmente operando en ciudades como Coronel para el seguimiento de dos pesqueras, y también en varias plantas de tratamiento de aguas servidas y rellenos sanitarios en distintos lugares del país.

Esta aplicación de ciencia ciudadana es nueva en Chile, y tiene un gran desarrollo en Europa, así es que esperamos que siga creciendo”, sostiene el ingeniero..

Luego concluye: “Todos los métodos y tecnologías que utilizamos son complementarios y permiten entregar soluciones integrales para la gestión adecuada de las emisiones de olores industriales”.

78 OLORES Y RUIDO

TSG Environmental ofrece una herramienta de vanguardia que permite a sus clientes maximizar la continuidad operacional gracias a su tecnológico ecosistema de monitoreo en tiempo real que permite prevenir incidentes en las comunidades vecinas. ¿Quiere saber cómo?

L

as variables que definen el impacto odorante que produce una industria son: fuente de emisión, la topografía y las condiciones de dispersión. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones climáticas o la emisión de la planta comienzan a cambiar?

Al respecto Héctor Vergara, Gerente de Diagnóstico de TSG, señala que "en los últimos años nuestro país ha sufrido cambios en los patrones climáEDICIÓN 175 MARZO-ABRIL 2022

ticos, que afectan el equilibrio natural, añadiendo riesgos a la problemática de la generación e impactos por olores. Por eso, surge en la industria la necesidad de contar con herramientas dinámicas y eficientes que incorporen tecnología para evaluar de forma temprana estos riesgos y, acto seguido, implementar las medidas de mitigación apropiadas", sostiene.

Agrega que, en este contexto, TSG ha desarrollado un Ecosistema

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de Monitoreo compuesto por diversos productos que integran la modelación de contaminantes atmosféricos en tiempo real "ofreciendo a sus clientes una herramienta con la capacidad de cuantificar y predecir los niveles de impacto de distintos contaminantes en las comunidades en base a registros meteorológicos en tiempo real. Esto se complementa con soluciones big-data para evaluar y prevenir futuros impactos en las comunidades".

ECOSISTEMA DE MONITOREO TSG En TSG aseguran que han asimilado la importancia del valor de la información. De ahí que sus monitores recolectan una gran cantidad de datos, los cuales son analizados mediante inteligencia artificial, gracias a la cual se puede estudiar el comportamiento pasado y visualizar información sobre eventos futuros, generando alarmas automáticas (hasta con 72 horas de anticipación). "De esta manera, apoyamos la gestión de las empresas permitiendo que optimicen sus procesos y recursos, minimizando sus posibles eventos e incidentes medioambientales y evitando reclamos de la comunidad", afirma Víctor Fica, Gerente de Control y Monitoreo de la compañía.

Por otro lado, el sistema permite efectuar un análisis causa raíz de incidentes utilizando el big-data. "Tenemos una unidad de Customer Success que brinda apoyo permanente a nuestros clientes para la interpretación e interrelación de la gran cantidad de información levantada por los productos del Ecosistema de Monitoreo", destaca Fica.

MAYOR CONTROL Y MENORES COSTOS Cuando se tiene un presupuesto acotado se debe focalizar la inversión y con este sistema se cuenta con la identificación de áreas críticas y fuentes que causan la mayor cantidad de quejas, “por lo cual es una excelente herramienta para poder definir dónde invertir”, destaca Juan Andrés Miranda, Subgerente Comercial de TSG. Luego complementa: “al contar con información histórica, real y trazable, se puede efectuar un análisis objetivo de las causas y sus impactos. Y en función de los hallazgos se pueden tomar decisiones para programar las actividades e inversiones".

El control automático en sistemas de control de olores "Smart Switch", herramienta pionera implementada por TSG, permite activar, ajustar o apagar los sistemas de control dependiendo de las emisiones, los ciclos productivos y las condiciones atmosféricas en tiempo real.

Miranda agrega que "esta operación inteligente de nuestros equipos hace posible optimizar las tareas de los operadores, controlar el gasto en insumos, mejorar los protocolos internos y disminuir los tiempos de respuesta ante incidentes".

25 AÑOS DE EVOLUCIÓN TSG nace en 1995 con el objetivo de brindar apoyo a las industrias en el control de sus emisiones para que pudieran desarrollar sus actividades en armonía con las comunidades aledañas. La empresa también es un actor importante apoyando y asesorando no solo a clientes de los diferentes rubros –como porcino, pesquero, celulósico y sanitario, entre otros–, sino que también ha tomado un rol activo colaborando con el ministerio del medio ambiente en las normativas de olores en Chile.

Héctor Vergara también destaca que TSG "es la única empresa del mercado que entrega soluciones de principio a fin para las diversas problemáticas de olores e impacto ambiental, desarrollando tecnología in-house para responder rápidamente las demandas de los clientes, ofreciendo una solución integral a la medida de sus desafíos".

Por Sebastián Videla Decano Facultad de Ingeniería Universidad Católica de Temuco

Comunas sustentables: un desafío no resuelto

T

emuco, la capital de la Araucanía, genera unas 100 mil toneladas de basura domiciliaria al año, que son enviadas a la ciudad de Los Ángeles para su disposición final en un vertedero. El costo alcanza a 10 mil millones de pesos. No es la única comuna con este problema de disposición final de sus residuos; hay muchas otras.

A nivel país, el Observatorio de Gasto Fiscal ha informado que las municipalidades desembolsaron entre el 2015 y el 2021 la suma de 313 mil millones de pesos en gestión de sus residuos sólidos, cifra que tiende a aumentar frente a la falta de tecnología y gestión sustentable de la basura. A ello se suma la crisis hídrica que obliga a que las comunas contraten camiones aljibes en todo el país.

La mega sequía que enfrenta Chile genera múltiples dificultades a la población, especialmente en zonas rurales donde la extracción de aguas no resulta factible frente al agotamiento de acuíferos y cuerpos de agua superficial.

Las ciudades de nuestro país están ausentes de planificación territorial y muy lejos de diseños sustentables. Es urgente introducir prácticas de economía circular. Para ello se necesita un cambio estructural que en el caso de los residuos sólidos incluya la clasificación en origen y la separación de todo material que pueda tener un nuevo destino. Los residuos a depositar en los vertederos deberían ser esencialmente inorgánicos.

Existen las tecnologías necesarias para aprovechar energéticamente los residuos orgánicos, pero es necesario transferir y adaptar los procesos a las condiciones de la basura chilena.

Es urgente impulsar mayores estudios destinados a diseñar plantas a la escala de las ciudades chilenas, realizando las pruebas pilotos que estos proyectos exigen. El problema institucional se centra en la ausencia de planes integrales de saneamiento de ciudades que abarquen toda la problemática urbana en forma holística y completa.

En zonas rurales, la generación de residuos no permite definir plantas de tratamiento a escala comercial, por ello se debe incentivar el uso de procesos más simples pero muy efectivos, como el compostaje y el reciclaje, y en el tema hídrico las soluciones basadas en la naturaleza.

La implementación de muchas de estas soluciones requiere apoyo económico externo, y el Estado debiese tener una posición proactiva, muchas veces entrabada por la excesiva burocracia. Frente a la mayor conciencia ambiental que se observa en el país, cabe esperar que el desarrollo urbano y rural se encamine prontamente hacia prácticas sustentables.

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El sistema Bioset permite obtener lodos de alta calidad y valor, en un proceso eficiente, simple, seguro y cerrado, lo que evita la liberación de olores.

Por Carlos Padilla Urrutia Product Manager Water and Wastewater Treatment Soltex Chile

E

s un reactor continuo, cerrado y libre de emisiones de olores que, en poco más de 30 minutos, produce lodos Clase A, validado según la normativa de la EPA, que tienen un alto valor como fertilizante. Su consumo energético es muy bajo y no genera ningún tipo de residuos.

Así se podrían resumir algunas de las características y beneficios del sistema Bioset, desarrollado por Schwing Bioset, un proceso que convierte los biosólidos de aguas residuales en un producto de alta calidad (Clase A

USEPA), ofreciendo una conveniente alternativa para el manejo de estos residuos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO El proceso mezcla biosólidos deshidratados con óxido de calcio (cal viva) y ácido sulfámico (un ácido sólido granular que se utiliza en cantidades muy pequeñas) y lo bombea de forma continua en un reactor de flujo pistón manteniendo la temperatura (+55 °C) y presión (por encima de 5 psi) por más de 30 minutos.

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El primer paso es la reacción del óxido de calcio con la humedad en el lodo deshidratado, lo que genera calor y eleva el pH. Cuando la cal viva (CaO) es añadida al lodo deshidratado, el óxido de calcio reacciona con el agua y se convierte en hidróxido de calcio (Ca(OH)2), tal como se grafica a continuación: CAL CaO + H2O → Ca(OH)2 + Calor Esta es una reacción exotérmica, que genera una cantidad significativa de calor. Esta

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liberación de calor aumenta la temperatura de los residuos biológicos a +55 °C (para el proceso de Bioset), lo que produce la pasteurización efectiva.

El hidróxido de calcio es un compuesto alcalino que puede producir niveles de pH hasta de 12.4. A niveles de pH mayores de 12, las membranas celulares de los patógenos dañinos son destruidos. El alto pH también proporciona una barrera contra atracción de vectores, moscas y otros insectos que impide que infesten los residuos biológicos tratados. Debido a que la cal es poco soluble en agua, las moléculas de cal persisten en los biosólidos. Esto ayuda a mantener el pH por encima de 12 y evitar la re-generación de patógenos.

La mezcla de ácido sulfámico (H3NSO3) con la cal produce una reacción exotérmica que genera la elevación crítica de temperatura.

Asimismo, esto permite reducir la presión de operación del proceso ya que la reacción libera agua e inhibe la acumulación de material dentro de los sistemas. A continuación, se representa esta reacción: ÁCIDO SULFÁMICO H3NSO3 + Ca(OH)2 → NH3 + CaSO4 + H2O + Calor

Además de la pasteurización y el aumento de pH de los biosólidos, existen otros beneficios proporcionados por la reacción de cal, entre los cuales destacan: •

El alto pH precipita la mayoría de los metales que están presentes en los lodos y reducen su solubilidad y movilidad.

•

La solubilidad del hidróxido de calcio genera iones de calcio libres, que reaccionan y forman compuestos complejos con especies olorosas de azufre tales como sulfuro de hidrógeno y mercaptanos orgánicos. De esta manera se eliminan los olores de residuos biológicos.

PRODUCTO VALIOSO La adición de cal aumenta el contenido de sólidos de los lodos, por lo que se hace más fácil de manejar y almacenar.

El producto final se caracteriza como un complemento para la tierra con un contenido suplementario de cal, valioso para la aplicación en terrenos o predios agrícolas. El producto final contiene nitrógeno, fósforo y

potasio en niveles iguales a los fertilizantes tradicionales (2-2-1), y el alto pH (12 a 12.3) permite neutralizar suelos ácidos.

Debido a que el calcio en el producto Clase A/EQ final está disponible fácilmente, la neutralización del pH se produce 40 veces más rápido que cuando se ocupan los productos típicos de la cal agrícola. Un beneficio adicional del producto final es que el alto porcentaje de contenido orgánico (35-55%) retorna esta materia a los suelos agotados.

El sistema Bioset es una alternativa tecnológicamente robusta y confiable para producir biosólidos de calidad en sólo minutos, lo que representa una enorme ventaja frente a sistemas tradicionales como el compostaje que demora meses en generar el producto final y donde el control de olores y vectores es un problema.

Profesionalizar la producción de lodos de alta calidad permite a las empresas cumplir con creces la normativa vigente, y abre la posibilidad de transformar un residuo en un producto con valor comercial por medio de un proceso controlado, continuo y estandarizado.

Gentileza Codelco

LAS AGUAS DEL MINERO Nuevas exigencias incorporó la reforma al Código de Aguas para los acuíferos que son descubiertos y usados al interior de las faenas mineras. ¿Qué implicarán para las empresas? Opinan especialistas.

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E

s muy probable que la alegría y emoción que sienten trabajadores mineros –de una pequeña, mediana o gran compañía del rubro– al encontrar agua dentro de una propiedad o concesión minera, sea similar a descubrir un depósito de cobre u otro metal con suficientes reservas que justifiquen su explotación. Es que ese elemento vital tiene enorme importancia para la actividad.

Los recursos hídricos subterráneos hallados en este tipo de faenas son conocidos como las aguas del minero. En relación a éstas, el Código de Minería, en su artículo 110, sostiene que “el titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de concesión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguirán con ésta”.

A su vez, la recientemente promulgada reforma al Código de Aguas, en su artículo 56 bis, expresa que “las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de exploración y de explotación minera podrán ser utilizadas por éstos en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y sean informadas para su registro a la Dirección General de Aguas (DGA), dentro de noventa días corridos desde su hallazgo”.

Haciendo un análisis de ambos textos legales, el abogado Antonio Maldonado, especialista en derecho ambiental, sostiene que, tras la promulgación del nuevo Código de Aguas, “es preciso modificar también la norma contenida en el Código de Minería, a fin de evitar posibles conflictos de inter-

pretación entre dos normas de igual jerarquía y entre las cuales puede aplicarse igualmente el criterio de especialidad. A simple vista, se complejiza la aplicación a futuro de la nueva regulación mientras exista una norma que siga otorgando el derecho de aprovechamiento por el solo ministerio de la ley. En este sentido, se debería eliminar de dicha norma del Código de Minería la frase ‘por el solo ministerio de la ley’, e incluir una referencia a la nueva norma del Código de Aguas, de tal forma que no exista contradicción entre ambas”.

POSIBLES PROBLEMAS La reforma al Código de Aguas, en lo relativo a esta materia, introduce no sólo cambios de redacción, sino también nuevas exigencias.

Antes de referirse a ellas y su impacto en el sector, Cristina Betancour, Gerente de Desarrollo de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), aclara que las aguas del minero, por surgir espontáneamente en las faenas debido al trabajo realizado, también pueden generar inconvenientes. En concreto, suelen interferir en las labores, por lo que “históricamente la legislación ha permitido que puedan ser aprovechadas sin necesidad de tramitaciones o requisitos administrativos”, afirma.

En torno al 8% de los recursos hídricos que ocupa la industria minera provienen de las “aguas del minero”.

La ejecutiva revela que tales interferencias en el trabajo pueden afectar la seguridad minera –lo que es muy importante y sensible para el sector– o tener efectos en las operaciones. Por ejemplo, el agua en las faenas puede causar inestabilidad en los taludes de una mina, lo que se traduce en deslizamientos, asentamientos, desmoronamiento de materiales y, en consecuencia, en la posibilidad de accidentes. Y también provocar dificultades para el tránsito de equipos móviles, desplazamiento de las personas y operación de equipos estacionarios, “lo que en casos críticos se transforma en problemas de productividad por detención de algunas operaciones o el mayor tiempo involucrado para realizarlas”, asegura.

EXIGENCIA DE INFORMAR Como ya se mencionó, el nuevo Código de Aguas establece que los concesionarios mineros tendrán que informar a la DGA sobre el hallazgo y empleo de las aguas del minero, en un plazo no superior a 90 días, prorrogables por solo una vez, para que dicha repartición evalúe si la extracción EDICIÓN 175 MARZO-ABRIL 2022

afecta la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros. Además, “deberán indicar su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. En caso de haber aguas sobrantes, igualmente deberán informarlas. El uso y goce de estas aguas se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto”.

La DGA, por resolución, determinará las formas, requisitos y periodicidad en que se deberá entregar la información, incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal y pequeña minería, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 142 del Código de Minería.

A partir de lo anterior, Betancour precisa que “la principal preocupación de las empresas del rubro es que cualquier restricción exigida puede generar una paralización de las operaciones por aguas halladas que no se pueden ocupar o retirar. Esto es particularmente sensible para la pequeña minería, sobre todo por la retroactividad de la medida. Los actuales titulares tendrán que informar su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican la necesidad del uso de estas aguas para las faenas de explotación. Además, podrán verse sujetos a limitaciones por parte de la DGA en caso que se verificare una grave afectación del acuífero a consecuencia de estos aprovechamientos”. ¿Qué podría implicar para la producción minera que ahora se deba informar a la DGA sobre el uso de un acuífero? El abogado José Ignacio Benavente, especialista en derecho de aguas del estudio Arteaga Gorziglia, responde: “En teoría, si se logra el objetivo de la reforma, la DGA podrá tomar medidas en cuanto a limitar los usos por peligrar los acuíferos o los derechos de terceros, ya que tendrá información detallada de la situación de esas aguas, aplicando tanto para nuevos hallazgos como retroactivamente. El problema se presenta para aquellas empresas mineras que no tengan otros derechos de aprovechamiento distintos de aquellos que son reconocidos por el hallazgo en sus faenas, no tengan alternativas de suministro de agua o no tomen medidas de eficiencia en sus procesos, con lo que su producción puede verse afectada si la DGA limita el uso por la afectación del acuífero respectivo”.

Agrega que esa nueva facultad de la Dirección General de Aguas afecta por igual al sector público como al privado, sin distinción de minerales. “Esta reforma incluye más elementos normativos para entender el agua como recurso limitado, respecto del cual debe priorizarse su uso. En este punto, los mineros deben tener presente que le han puesto exigencias que pueden terminar limitando el uso y goce de sus derechos. No debemos perder de vista que la industria minera se concentra en la zona norte de nuestro país, donde los fenómenos de escasez hídrica y sequía se manifiestan fuertemente. Con todo, el desafío de adecuarse a las nuevas reglas será transversal a todos los actores”, sentencia Benavente.

SE PUEDE SUPLIR Poniendo “paños fríos”, la representante de Sonami recuerda que la proyección de consumo de agua en la minería del cobre, de acuerdo a datos de Cochilco, señala que al 2032 solo se ocuparán 6,7 m3/s de agua continental, muy por debajo de los 12 m3/s que se utilizan hoy. “Esto se debe a que la minería se ha preocupado, desde hace mucho tiempo, de buscar fuentes alternativas de abastecimiento hídrico, como el agua de mar y la recirculación. Así, queda margen como para suplir el 8% que se ocupa actualmente de aguas del minero, de acuerdo a información levantada desde las propias empresas”, destaca.

En cuanto a los nuevos proyectos, detalla que prácticamente su totalidad incluye abastecimiento de agua de mar, “por lo que no deberían verse mayormente afectados ante los cambios en el Código de Aguas respecto a lo que ya venían trabajando”.

PUNTOS DE VISTA 85

Por Cristóbal Fernández Abogado, Magister en Derecho Ambiental, U. de Chile

Escasez hídrica: el turno de los ciudadanos

P

oca sorpresa genera el anuncio de la Gobernación de la Región Metropolitana respecto a la escasez hídrica, y las probabilidades de racionamiento inminente. El escenario provocado por el cambio climático ha venido anunciándose desde hace años y sólo algunos han adoptado medidas tendientes a una reducción o eficiencia en el consumo de agua.

De acuerdo a estadísticas generales, el 75% de este recurso es utilizada por la agricultura. El resto se lo reparten, en partes más o menos iguales, la minería, la industria y el uso inmobiliario, constituido por residencias y equipamientos.

En la RM, en la última década, la agricultura ya ha reducido la superficie cultivada y ha efectuado un importante esfuerzo para renovar y tecnificar sus sistemas de riego. Aparte, el Gobierno ha intervenido las principales cuencas del Maipo y del Mapocho, redefiniendo las prioridades de su uso.

La Gran Minería ha efectuado también importantes procesos de mejoramiento de la eficiencia en el consumo del agua, implementando proyectos de desalinización de agua de mar, o invirtiendo en la sustitución de tecnologías menos demandantes del recurso.

Con todo, en la RM no existen actividades mineras importantes, por lo que el consumo de las fuentes naturales correspondientes a los ríos Maipo y Mapocho no se ve afectado de manera importante por estas actividades.

Algo parecido ha ocurrido en la industria, en la que la sustitución de demanda en el consumo de agua se ve como una necesidad de adecuación productiva que, con distintos énfasis, se ha incorporado en las prácticas de la industria manufacturera.

Aparte, tanto la agricultura como la minería e industria constituyen demandas que concentran el consumo en un número relativamente acotado de actores, si se lo compara con los ciudadanos respecto del consumo domiciliario. Cuando los actores son menos, es más fácil adoptar estrategias y efectuar fiscalizaciones, y la decisión de un actor tiene mucha mayor incidencia que la de cada uno de los habitantes de una ciudad respecto del consumo total de la misma. He ahí el problema: todos pensamos que somos poco incidentes, por lo que no adoptamos medidas tendientes a disminuir y racionar nuestro consumo. Esto es una “tragedia de los comunes”, que Garret Hardin describió en 1968 por la que todo lo que no tiene dueño se ve perjudicado por el sobreuso que hacemos de ello. Si todos son responsables, nadie lo es.

Pero si la agricultura, la minería y la industria han hecho y están haciendo esfuerzos, toca a la ciudadanía, a cada uno de nosotros, adoptar medidas eficientes para la reducción del consumo de agua. El promedio de nuestros ciudadanos consume más que el promedio de un suizo. Los ciudadanos hemos seguido actuando como si nada pasara y lo cierto es que, por la razón o la fuerza de un racionamiento que parece inevitable, nuestras costumbres deben cambiar.

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LAS “BAJAS” DE LA NATURALEZA Aunque se suelen invisibilizar, el medio ambiente y su biodiversidad sufren graves daños durante conflictos armados como el que azota a Ucrania, afectando también la calidad de aire, suelos y aguas.

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C

ontradiciendo el dicho popular, en el amor y en la guerra no todo está permitido. En un enfrentamiento bélico, por ejemplo, es imposible legitimar el uso de productos químicos que provocan severas consecuencias en la población civil.

Es lo que ocurrió por el uso del llamado “agente naranja”, por parte de Estados Unidos, durante la guerra de Vietnam (1962-1971). Este compuesto, que contenía herbicidas y defoliantes para evitar que la guerrilla local pudiera protegerse debajo de la cubierta vegetal, habría provocado miles de muertos y más de 500 mil malformaciones congénitas en niños y niñas. Según estudios, a más de medio siglo de finalizadas las hostilidades, esta arma química aún sigue pudriendo los suelos de Vietnam a través de los sedimentos de ríos y lagos.

Otras múltiples investigaciones apuntan a la actividad bélica como causante de graves daños al entorno natural y humano, afectando significativamente los ecosistemas. De hecho, según el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, más de dos tercios de los hábitats de la biodiversidad mundial han sido impactados por guerras u otros conflictos armados durante las últimas seis décadas.

El armamento hundido en el mar libera compuestos tóxicos que suponen un peligro para la vida de los ecosistemas marinos.

LARGA DURACIÓN Para ilustrar sus consecuencias, un reportaje de la empresa de información meteorológica Meteored, con base en España, sostiene que “así como una intensa erupción volcánica, las actividades militarizadas destruyen y contaminan todo a su paso. Incluso son peores, pues sus consecuencias tienden a prolongarse mucho más tiempo y no solo contaminan el aire, sino que también degradan los suelos, exterminan la vegetación e infectan los cuerpos de agua”.

En la nota también se asegura que la degradación ambiental que causan las guerras comienza mucho antes que se dispare la primera bomba o bala. Así lo avala un informe de la organización Conflict and Environment Observatory, que plantea que conformar y mantener fuerzas militares consume grandes cantidades de recursos como metales comunes, tierras raras, agua e hidrocarburos.

Además, los vehículos militares, aeronaves, buques, edificios e infraestructura en general son altamente demandantes de energía, que en la mayoría de los casos proviene de combustibles fósiles y cuyo uso es altamente ineficiente. “Las emisiones de CO2 de los ejércitos más grandes son mayores que las de muchos de los países del mundo combinados”, afirma el reportaje.

Agrega que el entrenamiento militar genera emisiones, perturba los hábitats terrestres y marinos, y causa contaminación química y acústica por el uso de armas, aeronaves y vehículos.

Por otra parte, se ha documentado que uno de los mayores efectos históricos de las guerras en el medio ambiente se relaciona con el hundimiento de armamento en el mar para evitar su reutilización por el bando enemigo. Tanto así que, de acuerdo a antecedentes de la fundación española Aquae, en los mares del Norte y Báltico hay más de 1,6 millones de toneladas de municiones, las cuales liberan compuestos tóxicos que suponen un peligro para la vida de los ecosistemas marinos.

UCRANIA: PELIGRO RADIOACTIVO Desde el 24 de febrero pasado, cuando se inició la ofensiva rusa sobre Ucrania, numerosos e importantes daños ambientales se han producido en las diferentes regiones ucranianas. En Donbas, por ejemplo, cerca de 900 minas de carbón y metalúrgicas activas e inactivas, especialmente por falta de mantención, han incrementado su aporte de

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De noviembre: a instancias de la ONU, se conmemora año a año el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.

gases contaminantes a la atmósfera y de toxinas a los cursos y cuerpos de agua.

Asimismo, distintas organizaciones ambientales aseguran que ataques a centrales eléctricas, depósitos de combustibles y otras infraestructuras han provocado el derrame de petróleo y liberación de peligrosos contaminantes al aire, agua y tierra. Ya en los primeros días del conflicto, el ejército ruso se apoderó de la central nuclear de Chernóbil, donde en 1986 se desencadenó el mayor desastre nuclear de la historia. El desplazamiento de los tanques por el suelo aún contaminado ha provocado un aumento significativo de la radiación alrededor del sitio.

Cabe añadir que Ucrania cuenta con unos 15 reactores de energía nuclear en cuatro plantas, que abastecen a más de la mitad del país, que si son atacadas podrían liberar desechos radiactivos que contaminarían amplias zonas durante miles de años.

Por si fuera poco, el conflicto ha provocado el hundimiento de muchos barcos y la destrucción de puertos como los de Pivdenny u Ochakiv, en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera del Mar Negro, una de las mayores áreas naturales protegidas de Ucrania que alberga varias especies en peligro de extinción.

CASOS EMBLEMÁTICOS A juicio de la ONU Medio Ambiente, aparte de las nefastas consecuencias provocadas por el uso del agente naranja durante la guerra de Vietnam, los siguientes componentes del medio ambiente y su biodiversidad han sufrido impactos significativos durante el último siglo por diferentes conflictos bélicos:

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El deterioro de la calidad del aire es uno de los ejemplos más visibles y contaminantes de los conflictos bélicos.

— La vida silvestre y deforestación en el Congo: Desde mediados de la década de los años 90, una serie de sangrientos conflictos armados en la República Democrática del Congo ha tenido un efecto devastador en las poblaciones de vida silvestre, las cuales han servido como suministro de carne para los combatientes.

“Especies pequeñas como antílopes, monos y roedores, y otras más grandes como gorilas y elefantes de los bosques, han sufrido terriblemente por la guerra”, asegura un informe, que también menciona como efectos de las hostilidades el uso indiscriminado de recursos naturales y la deforestación.

— Las marismas en Irak: En respuesta a un levantamiento chiíta en el sur de Irak, a principios de la década de 1990 las tropas de Saddam Hussein drenaron las marismas mesopotámicas, el ecosistema de humedales más grande de Medio Oriente, situado en la confluencia de los ríos Tigris y Eufrates.

Esto provocó la transformación del paisaje en un desierto con cortezas de sal. Más recientemente, en 2017, los militantes del Estado Islámico

2016 Año en que la ONU Medio Ambiente

adopta una resolución que reconoce “el papel de los ecosistemas saludables y de los recursos gestionados de forma sostenible en la reducción del riesgo de conflicto armado”.

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incendiaron pozos petroleros en la ciudad de Mosul, en el sur del país, y liberaron al aire, el agua y la tierra un cóctel tóxico de químicos.

— Los bosques de Afganistán: Décadas de conflicto han destruido más de la mitad de los bosques de Afganistán. “El país ha sido deforestado hasta en un 95% en algunas áreas, en parte debido a las estrategias de supervivencia de la población y al colapso de la gobernanza ambiental durante décadas de guerra”, sostiene la ONU. Añade que la extensa deforestación ha tenido múltiples implicancias sociales, ambientales y económicas para millones de afganos, incluida la creciente vulnerabilidad a desastres naturales como inundaciones, avalanchas y deslizamientos de tierra.

— Los ecosistemas de Nepal: Durante el enfrentamiento armado entre 1996 y 2006, el ejército nepalés, anteriormente responsable de la protección de los bosques, fue movilizado para operaciones de contrainsurgencia. Esto dio lugar a la explotación irresponsable de la vida silvestre y de los recursos vegetales como las hierbas medicinales, entre ellas Yarsagumba y Chiraito, por parte de insurgentes y civiles en áreas como el Parque Nacional de Khaptad, en el Área de Conservación de Makalu Barun.

— Minería y tala en Colombia: La extracción de oro no regulada en este país causó, por décadas, daños ambientales en áreas controladas por los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La minería, la extracción ilegal de otros recursos naturales y la tala fueron una fuente importante de financiamiento para los rebeldes, provocando la contaminación por mercurio de los ríos y la tierra, especialmente en la cuenca del río Quito.

Jenny Mager Santos

N

o cabe duda que el cambio climático ha marcado el desarrollo profesional de Jenny Mager, actual Jefa de la División que aborda este tema en el Ministerio del Medio Ambiente.

Ingeniera Civil en Geografía de la Universidad de Santiago, con una maestría (MPA) en políticas públicas y ciencias ambientales de la Universidad de Columbia NYC, antes de asumir el liderazgo en el área fue Encargada de Mitigación de la entonces Oficina de Cambio Climático y Jefa del Departamento de Mitigación e Inventarios de Emisiones de la misma Secretaría de Estado. Su experiencia abarca la participación y coordinación de los compromisos ambientales de Chile en materia de cambio climático, como la meta de alcanzar la carbono neutralidad a más tardar al año 2050, la Contribución Determinada a Nivel Nacional que el país ha presentado ante las Naciones Unidas y la Estrategia Climática de Largo Plazo que establece los lineamientos a seguir en materia de mitigación y adaptación.

Hoy, en su actual cargo, afronta un importante desafío para el devenir del país: contribuir a implementar la Ley Marco de Cambio Climático que ya fue despachada del Congreso y hasta inicios de abril estaba en revisión por parte del Tribunal Constitucional para su pronta promulgación. En relación a este instrumento de gestión, la especialista destaca: “Esa ley va a institucionalizar la acción climática que se lleva desarrollando en el país hace varios años. En ese marco, dará responsabilidades y atribuciones no solamente al Ministerio de Medio Ambiente, sino a una cantidad importante de otros ministerios, a los gobernadores y a las municipalidades, para que esto quede institucionalizado y deje de depender de la voluntad política del gobierno de turno”.

A nivel internacional, Jenny Mager pertenece al Grupo consultivo de Expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y es revisora certificada de Comunicaciones Nacionales, Informes Bienales de Actualización e Inventarios de emisiones (sector procesos industriales).

Valentina Durán Medina

D

esde muy joven, los temas ambientales han sido parte de la vida cotidiana de Valentina Durán. Su gran interés por la protección y conservación del entorno natural y humano decidió combinarlo con el estudio del Derecho. Se tituló de abogada en la Universidad de Chile y posteriormente realizó un Máster en Derecho Ambiental en la Universidad de París, en Francia.

Hoy, suma cerca de 28 años ejerciendo la profesión y como consultora en derecho y gestión ambiental, recursos naturales y políticas públicas.

En lo que representa un hito en su carrera, recientemente asumió como Directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Sobre esta responsabilidad, comenta: “Estoy muy entusiasmada de tener la oportunidad de liderar uno de los organismos clave dentro de la institucionalidad ambiental. Nuestro mayor desafío será asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental con altos estándares de gestión en la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”.

Añade que en el organismo estatal existe “la capacidad de visualizar, anticiparse y reaccionar a los desafíos que impone el cambio climático en el SEIA con una nueva Ley Marco, de elevar los niveles de participación para iniciar el camino progresivo de aplicar los estándares del Acuerdo de Escazú, y de construir junto a su equipo un Servicio cada día más robusto que siga protegiendo el derecho a un ambiente sano”.

Durante los 5 años previos se desempeñó como Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, siendo académica de este plantel desde comienzos de la década. También integró la Comisión Nacional del Litio en 2014, participó como experta de las negociaciones del Acuerdo de Escazú, y ha sido directora de la Fundación Espacio Público y consejera de Comunidad Mujer.

Es autora de varias publicaciones y ha expuesto en seminarios, congresos y encuentros nacionales y extranjeros en las áreas de derecho ambiental, recursos naturales y sostenibilidad.

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AGENDA AL DÍA

Dada la situación sanitaria favorable, y la alta vacunación contra el Covid-19, las ferias, congresos y otros eventos están volviendo, en su gran mayoría, al formato presencial. Es lo que ocurre con los que destacamos a continuación:

Fidelmov

Exponor 2022 Esta tradicional exhibición internacional de tecnologías e innovaciones para las industrias minera y energética se realizará entre el 13 y 16 de junio en el recinto ferial y de actividades comunitarias de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Se trata de una fuente estratégica de información sobre las futuras inversiones y una oportunidad de compartir en terreno junto a empresas y expositores. Cuenta con un completo programa de actividades, incluyendo seminarios, charlas técnicas, ruedas de negocios, visitas a compañías mineras, entre otras. Más antecedentes en artículo aparte y en www.exponor.cl

Expo Frío & Calor A efectuarse entre el 29 de junio y 1 de julio en Espacio Riesco, la 5ª Exposición Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria reunirá a técnicos, mecánicos, instaladores, arquitectos, ingenieros, comerciantes e industriales de estos rubros.

Se espera la participación de más de 100 empresas nacionales e internacionales, y de unas 300 marcas, desarrollándose de manera paralela jornadas de capacitación, seminarios y conferencias técnico-comerciales. Detalles en www.expofriocalorchile.com

ExpoEnergía La XIX versión de este reconocido evento, que el próximo 9 de noviembre tendrá como locación el Club Hípico de Santiago, exhibirá a los visitantes las nuevas propuestas del mercado en materia energética. Acogerá a empresarios y ejecutivos de los sectores minería, energía e industria, principalmente, de medianas y grandes compañías del país, quienes tendrán la oportunidad de conocer e interactuar con las últimas innovaciones tecnológicas y asistir a charlas sobre los temas que están marcando tendencia en el mundo energético. Información adicional en www.expoenergia.cl

EDICIÓN 175 MARZO-ABRIL 2022

La cuarta versión de la Feria Internacional de Electromovilidad de Chile vuelve a ser presencial en 2022, los días 8 y 9 de septiembre en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Este evento permitirá comercializar y difundir las últimas novedades y tendencias de todo el ecosistema de electromovilidad, aportando contenidos y mostrando innovaciones y desarrollos tecnológicos profesionales. Entre sus objetivos está difundir y sociabilizar La Ruta Energética 2018-2022 y aumentar la eficiencia en el transporte público y privado en Chile, reduciendo las emisiones de CO2.

Su sitio oficial es www.fidelmov.cl

Semana de la Madera El Parque Bicentenario de Vitacura será la sede de la Semana de la Madera 2022, a desarrollarse entre el 19 al 23 de octubre. Es un encuentro en torno a la creación e innovación en madera, resaltando las áreas de arquitectura, diseño, ingeniería, innovación y emprendimiento. De modo experiencial, el evento constituirá una vitrina para relevar la madera en todas sus expresiones, apuntando a generar una identidad y cultura de la madera en Chile y un referente a nivel latinoamericano.

Incluirá seminarios, expo comercial, charlas técnicas, concurso internacional y networking. Organiza Madera 21 de Corma. Los pormenores en www.semanadelamadera.cl

ENTRETENCIÓN 93

Se nos vino abril y casi sin darnos cuenta estamos pisando mayo. O sea, aproximándonos rápidamente a mitad de año. Entonces, aquello de que el tiempo pasa volando para nada es una exageración. Es el signo de los tiempos, ¡qué duda cabe!

Parece que la vida no fuera más que un soplido.

En fin, de alguna manera hay que tratar de aprovechar al máximo las instancias que nos permiten entretenernos, como es el caso de esta sección, en la que confrontamos el nivel de conocimientos de la temática ambiental. Un espacio de verdadero relajo, ¿no le parece?

Bien, vamos entonces a las preguntas que hemos considerado para esta ocasión, recordándole la modalidad de puntaje: Con siete aciertos, considérese un notable especialista en la materia; con seis a cinco puntos buenos, indudablemente está entre los que más saben; con cuatro respuestas correctas, aún forma parte del sector "pudiente"; con tres y menos, debe caminar por el sendero de la inquietud y aumentar su lectura ambiental.

Preguntas: 1. ¿Sabe la fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados?

2. Defina el concepto de biomasa.

3. ¿Conoce cuál es el porcentaje de ahorro de combustible estimado en el reemplazo del uso de gasolina en vehículos livianos por GNC o GLP? 4. Y en lo que respecta a las emisiones directas del sector, ¿cuál es el porcentaje estimado que provienen de la combustión de los grandes camiones de extracción que operan en los rajos y que utilizan diésel?

5. ¿Tiene una idea aproximada respecto a la cantidad de toneladas de CO2 que emitió la industria de transporte marítimo internacional en 2018?

6. Sabe ¿qué porcentaje de los recursos hídricos utilizados en faenas mineras provienen de las llamadas "aguas del minero"?

7. Señale cuántos kilómetros aproximadamente de redes de distribución de gas natural existen en Chile.

Solución en página 94

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Soltex: nuevo Product Manager Desde abril, Pablo Briceño es parte del equipo de ventas de la División Bombas de Soltex con base en Santiago (casa matriz), con el cargo de Product Manager bombas de diafragma neumáticas Wilden y dosificadoras Neptune. Su misión es apoyar a la fuerza de ventas de la empresa e implementar la estrategia comercial, para aumentar la participación de mercado de dichas líneas de productos aplicables a una gran variedad de procesos industriales.

Respuesta a ¿Cuánto Sabe Ud? 1. A instancias de la ONU, el 6 de noviembre se conmemora año a año.

2. La biomasa es la materia orgánica que se produce durante un proceso biológico, espontáneo o provocado, que puede usarse como fuente de energía.

3. Un 35% es el ahorro estimado en combustible que, según el Ministerio de Transportes, podría lograrse tras reemplazar el uso de gasolina en vehículos livianos por GNC o GLP. 4. Según datos que maneja el Consejo Minero, cerca del 80% de las emisiones directas del sector provienen de la combustión de los grandes camiones de extracción que operan en los rajos y que utilizan diésel.

5. 1.056 millones de toneladas de CO2, es decir 2,89% del total de emisiones a nivel global, emitió la industria de transporte marítimo internacional en 2018, según datos de la OMI. 6. Aproximadamente un 8% del total.

7. Unos 8.800 km.

Flesan y Río Claro reciclan hormigón Para potenciar la gestión de los residuos de construcción y demolición, Flesan y Río Claro están trabajando en conjunto para procesar y revalorizar el producto convertido en áridos. María Eugenia Ubilla, Gerenta de Medio Ambiente de Flesan, comenta que “en cada demolición hay todo un proceso de desmantelamiento. En un inmueble se intervienen quincallería, baños, pisos, ventanas. Todo esto tiene una segunda vida. También separamos los productos reciclables, como madera, fierro y plástico para cada tipo de obra”. Esta alianza se inició con una muestra pequeña de 20 toneladas, encargándose Río Claro de extraer el fierro que conforma la estructura para su reutilización. Y el resto del material inerte, una vez limpio, va a la chancadora.

Polo de desarrollo en torno al litio La empresa SQM y la Universidad Católica del Norte unieron esfuerzos para avanzar en el diseño, producción y reciclaje de baterías de litio, así como también de cátodos y componentes de las mismas. El proyecto, denominado “Creación de un polo de investigación y desarrollo en la cadena de valor de baterías de litio”, se ejecutará entre los años 2022 y 2030, generando valor económico, social y medioambiental para la zona norte y para Chile.

Shell lanza lubricante biodegradable

Solución Puzle

Shell desarrolló una nueva e innovadora tecnología de lubricantes biodegradables para el rendimiento ecológico de los transformadores. Sobre sus ventajas, Carlos Becerra, Jefe Soporte Técnico y Servicios Lubricantes Enex, sostiene que “Shell Diala S5 BD es un aceite dieléctrico biodegradable, formulado con tecnología GTL (Gas to Liquid), que ofrece un excelente rendimiento a bajas temperaturas y mejora la protección de los equipos. Este lanzamiento forma parte del plan de Shell para que sus clientes tomen decisiones más sostenibles y, al mismo tiempo, convertirse en una empresa de emisiones netas cero para 2050 o antes”.

Confirman multas a Aguas Antofagasta El Segundo Tribunal Ambiental rechazó las tres reclamaciones interpuestas por la empresa Aguas Antofagasta y ratificó las multas que le aplicó la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, debido a los derrames de aguas servidas ocurridos los años 2015 y 2018 en la costa de esa ciudad. Así, la sanitaria deberá cancelar cerca de mil millones de pesos.

EDICIÓN 175 MARZO-ABRIL 2022

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Demandan a tres mineras por daño en Salar de Atacama El Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda conjunta de reparación de daño ambiental en contra de las mineras Escondida, Zaldívar y Albemarle por el impacto que su extracción continua de agua ha generado en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, emplazado en la zona sur del Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta. De acuerdo al escrito, los diferentes caudales extraídos han producido “un descenso superior a 25 centímetros del nivel freático, superándose con ello de forma permanente en el tiempo, desde el año 2005, la disminución máxima aceptable que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo”. Esto ha significado un deterioro “grave, permanente e irreparable” del mencionado sistema hídrico, comprometiendo su capacidad de regeneración.

Abastible www.abastible.cl

Exponor 1

51

https://es.useoxynova.com

58

www.agru.cl

32

www.ayt.cl

Tapa 2

SalmonChile firmó un convenio con las empresas Aquafil y Atando Cabos, esta última una cleantech company centrada en el reciclaje de plásticos para ayudar a preservar los ecosistemas. Su objetivo es recoger y reciclar las redes usadas en acuicultura para favorecer la economía circular. La asociación se basa en un plan de trabajo de 4 años que incluirá los procesos de recogida, reciclaje, medición y presentación de informes que harán que este esfuerzo tenga éxito.

www.oceanscan.cl

45

www.orbeconsultores.com

2

www.prorep.cl

18

www.proterm.cl

61

www.sgscm.cl

57

www.simtech.cl

25

www.solenis.com

3

Soltex 65

www.soltex.cl

23

TSG 73

www.tsgenvironmental.com

69

Underdeep

Equilibrio Triangular www.etriangular.cl

53

Solenis 63

EMS www.ems-chile.com

https://neyenmapu.cl

Simtech 83

Ecotec www.olores.cl

24

Sierra Gorda 41

Ecolife https://nicolaides.cl

www.grupomathiesen.com

Proterm 8

Ecogen www.ecogen.cl

43

PROREP 90

Conade www.conade.cl

www.kran.cl

ORBE Consultores 31

Colbún www.colbun.cl

81

OceanScan 35

Coinsa www.coinsa.cl

www.inquinat.cl

Neyenmapu 71

CCCS https://cccs.cl

www.induambiente.com 55 - 85

Mathiesen 19

CAP Acero www.capacero.cl

39

Kran 44

BION www.bioconservacion.com

www.ifxnetworks.com

Inquinat 13

Arauco www.arauco.cl

6 - Tapa 4

InduAmbiente

Aguas Andinas www.aguasandinas.cl

www.hidronor.cl IFX Networks

AGRU Chile

Ambiente y Tecnología

Acuerdo para reciclar redes de la acuicultura

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Hidronor

Agranco - OXYNOVA

www.ambec.cl

Algramo, Unilever Chile y Walmart Chile lanzaron una alianza que permite a sus clientes asumir un rol más activo ante la crisis medioambiental y ahorrar hasta un 20% de dinero en sus compras. En concreto, quienes visiten los supermercados Líder Santa Amalia (Av. Santa Amalia 1763, La Florida) y Express de Líder La Dehesa (El Rodeo 12850, Lo Barnechea) pueden acceder a la venta de productos de limpieza como detergente, suavizante y lavaloza de marcas reconocidas como OMO, Quix, CIF y Soft, usando envases recargables que fomentan la reutilización y la economía circular.

www.gac.cl

Ambec

Unilever, Walmart y Algramo fomentan economía circular

Tapa 3

Gestión Ambiental Consultores

AGQ Labs www.agqlabs.cl

www.exponor.cl

15

www.underdeep.cl

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