IV. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL Según la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, proclamada el 18 de diciembre de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas se considera desaparición: el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. (ONU, 2017 s.p.).
Dentro de los diversos problemas sociopolíticos que enfrenta México, la violencia se ha convertido en el tema, donde la inseguridad y la criminalidad toman un rol protagónico. En este sentido, las desapariciones podrían comprenderse como una práctica de violencia que se incrementó en la última década (Minchel, M. C. J., & Domínguez, M. R., 2020). Según datos del Gobierno de México (SEGOB, 2020) se contabilizan 61, 637 denuncias de personas desaparecidas no localizadas. En este aspecto, con la referencia de magnitud de dichas cifras, únicamente se presenta la punta del iceberg de un problema social sin precedentes, pues la problemática de la violencia extrema por la que atraviesa México, no solamente se ha convertido en un fenómeno para los territorios y grupos sociales afectados, sino también ha afectado la manera en cómo se aborda el tema ya que implica una mirada holística que considera aspectos como los factores políticos, económicos y/o de control (Minchel, M. C. J., & Domínguez, M. R., 2020). Frente a esta diversidad de elementos involucrados en la trama compleja de la desaparición en México, se observan retos. Dentro de la legislación mexicana, gracias a los esfuerzos sobre todo de los colectivos de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas, en 2017, se publicó la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Desde la institucionalidad política, también, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha jugado un rol preponderante en la
22
