Menores enredados en los hilos de las pandillas y las maras

Ventana Regional

Menores enredados en los hilos de las pandillas y las maras

¿Qué factores familiares y sociales condicionan a personas menores de edad a unirse a grupos delincuenciales? ¿Qué medidas han tomado los Estados y qué dicen los estudios realizados por diversas ong?

augusto will guillén

Amediados del 2014 la población de Centroamérica ascendía a 41.9 millones de habitantes según el estudio de población de Population Reference Bureau ( prb); de ellos, 9 millones son jóvenes entre 15 y 24 años de edad, cerca del 30% del total de habitantes en la región. Este alto índice de población joven representa un desafío para la ejecución de políticas públicas que intentan promover el desarrollo sostenible y equitativo, pues, por sus características psicológicas, sociales y culturales los jóvenes requieren una atención diferenciada; sin embargo, el entorno de la región aparece poco favorable.

Centroamérica es una región con grandes brechas sociales. Estudios realizados por diferentes organismos internacionales señalan que cerca de 2 millones de

jóvenes no trabajan ni estudian, viven en estado de ocio permanente, y 3.25 millones trabajan en condiciones precarias, en sectores de baja productividad y en trabajos informales sin seguridad social.

En términos más generales, la región está marcada por una larga historia de conflictos sociales y políticos, movimientos migratorios forzados, proliferación de grupos delictivos, maras, pandillas, crimen organizado y una cultura de violencia. En un entorno hostil y con oportunidades muy limitadas, se ha incrementado el número de personas menores de edad que participan en acciones delictivas, ya sea porque se integran tempranamente a las maras o pandillas, o porque son víctimas de estructuras criminales que los utilizan para sus actividades ilícitas o los explotan.

Condici ones de vulnerabilidad y fact ores de ries go

En varios países de la región, el reclutamiento y participación de personas menores de edad en pandillas y maras ha adquirido relevancia. Es importante aclarar que psicológica y legalmente, los menores no tienen las facultades suficientes para decidir voluntariamente el ser miembro o no de un grupo delictivo. Su incorporación y participación, en todo caso, se relaciona con factores y condiciones estructurales que los obligan directa o indirectamente.

Los factores que crean condiciones de vulnerabilidad en los menores pueden ser personales o estructurales. Los estructurales se refieren al entorno y las relaciones sociales, mientras que los personales tienen que ver con las condiciones del crecimiento psicológico en la niñez y adolescencia, las necesidades de afecto, protección, búsqueda de autoafirmación, de identidad y pertenencia. Por eso, la Convención del Niño afirma que en esta etapa los seres humanos necesitan protección y cuidado especial por la falta de madurez física y mental. La gran pregunta es ¿cómo garantizar la protección adecuada de los menores en contextos hostiles y precarios que no logran superar la desigualdad y exclusión social?

Si la familia no satisface las necesidades psicológicas-afectivas de los jóvenes, la pandilla o mara se presenta como un grupo de referencia donde éstos se sienten aceptados y prevalece el sentido de lealtad, la estima afectiva e identidad, sumado a la satisfacción de necesidades básicas, alimento, abrigo y protección. La fuerza de esos vínculos compelen a los menores a participar en las actividades delictivas del grupo

La mirada se dirige en primer lugar a la familia, la institución primaria de socialización. Pero, cuando este espacio no está en condiciones de satisfacer las necesidades psicológicas-afectivas, debido a las rupturas y cambios en las relaciones ya sea por la separación de los progenitores, las migraciones forzadas, la pobreza extrema y la separación que provoca la guerra y la violencia, el cuido de los menores se traslada a miembros secundarios de la familia como tíos, abuelas, madrinas o padrinos. En muchos de esos casos, la pandilla o mara se presenta como un grupo de referencia donde la persona menor de edad puede prescindir de la autoridad familiar, pero, sobre todo, se siente aceptado, prevalece el sentido de lealtad, el sentimiento de estima afectiva e identidad, sumado a la satisfacción de necesidades básicas, alimento, abrigo, protección. La fuerza de esos vínculos compelen a los menores a participar en las actividades delictivas del grupo sin prever el alto costo y las consecuencias que significa para su desarrollo humano.

Cuando un menor de edad se involucra en estos círculos delictivos es porque existe una compleja gama de condicionamientos que lo colocan en una situación vulnerable y lo empujan a ella. Según Emilio Goubaud, en un trabajo con maras en Guatemala de la Asociación para la Prevención del Delito, el 98% de los adolescentes que entran en grupos de pandillas, han sido víctimas de violencia, abuso sexual y maltrato psicológico en sus hogares.

Los factores estructurales potencian la posibilidad de que un menor se vea involucrado en grupos delictivos, partiendo de la premisa que todo ser humano está en interacción permanente con su entorno. En Centroamérica, donde hay fácil acceso a las drogas, violencia intrafamiliar, acceso a las armas

24 de fuego, condiciones de vida precarias y pobreza para grandes grupos de población, una cultura de violencia generalizada, presencia de pandillas y maras, migración forzada, y crisis en los modelos políticos y económicos, el entorno se convierte en un riesgo permanente para los menores. De manera que cualquier esfuerzo político y social que procure superar las vulnerabilidades es positivo en la prevención del riesgo que implica la participación de menores en actividades delictivas.

Usar men ores : otra f orma de operar

Con la sistemática aplicación de políticas de mano dura, el aumento de penas y la militarización de la seguridad para perseguir y sancionar a los grupos delictivos, las agrupaciones como las pandillas o maras buscan reclutar menores de edad para cometer actos ilícitos. La razón es que en el proceso de modernización de los sistemas de justicia penal en Centroamérica y el reconocimiento de los derechos humanos para niñas, niños y adolescentes, la legislación para procesar un menor con responsabilidad penal vino a diferir respecto a los adultos. Un menor goza de garantías especiales y medidas menos severas, además que en el imaginario colectivo es menos sospechoso que un adulto. Esta condición es aprovechada por los grupos delictivos que cada vez utilizan más a menores en sus actividades.

En Guatemala, autoridades del Ministerio de Gobernación señalan que los niños son reclutados desde los 6 años para transportar drogas, armas y mensajes entre las pandillas. Relatos similares se conocen en Honduras. Durante el 2015, el número de pandilleros menores de edad procesados por la fiscalía de El Salvador aumentó en un 52%.

Las medidas que se han adoptado incluyen el incremento de las penas para los adultos que utilicen menores para

realizar sus actividades delictivas como en el caso de Honduras, o bien, la promoción de iniciativas de ley para procesar judicialmente a los menores a partir de los 14 años con penas similares a la de los adultos, como en El Salvador.

Pero procesar judicialmente a menores con parámetros similares a los de los adultos significa exponerlos a nuevos peligros ya que su ingreso al sistema carcelario de adultos limita sus posibilidades de inserción social. Alrededor de ellas se ha abierto un debate público en el que participan tanto las autoridades como expertos y la opinión pública.

Procesar judicialmente a menores con parámetros similares al de los adultos significa exponerlos a nuevos peligros como su ingreso al sistema carcelario de adultos donde se limitan sus posibilidades de inserción social

Un enfoque novedoso es el de la justicia restaurativa, que involucra de manera más activa e integral a la víctima, al autor del delito y a la comunidad, con el objetivo de ofrecer una alternativa que restaure la armonía entre los involucrados y les permita asumir una actitud más preventiva y educativa ante el suceso delictivo; sin embargo, este enfoque es muy cuestionado cuando se enfrenta a situaciones de menores procesados por delitos graves como el tráfico de drogas, secuestros, violaciones u homicidios.

Las escuelas c omo centr os de reclutamient o

Las pandillas y maras asientan su poder y sus actividades en el control y la expansión territorial. En El Salvador tienen presencia en las escuelas públicas para alcanzar sus propósitos y asegurar el relevo generacional así como la extensión del grupo. De acuerdo a estimados del sindicato de maestros de El Salvador ( simeduco), no menos del 80% de las escuelas tienen pandilleros como alumnos. Esta estrategia de las maras se explica en tanto que la escuela es el segundo espacio de socialización para los menores.

Diversos medios de comunicación en El Salvador reportan casos de colegios donde las maras han asesinado a adolescentes que se negaron a integrarse a sus actividades. El reclutamiento forzoso mediante la amenaza o cobro de favores a los adultos tutores de los menores es una de las modalidades para conseguir que los adolescentes cometan ilícitos o cumplan ciertos roles en la cadena delictiva. Algunas de las actividades ilícitas en las que participan son: cobro de extorsiones, vigilancia de territorios, personas u objetivos y proporcionar información. En los territorios controlados por las pandillas, las escuelas se han convertido en centros de reclutamiento y parte de sus redes.

La mendicidad : esclavitud en las calles

El reclutamiento de los menores por parte de las pandillas y maras también tiene otros fines. En Honduras, Casa Alianza reportó que en el 2015 cerca de 8 mil menores de San Pedro Sula y Tegucigalpa vivían en mendicidad, y se sospechaba que al menos el 50% de ellos eran víctimas de explotación por parte de grupos delincuenciales. A todas luces, esta es una modalidad de trata de personas que se aprovecha de la explotación de los menores para conseguir ingresos económicos. Se calcula que un menor puede captar entre 6,000–12,000 Lempiras mensuales (US$ 268–535).

Durante el 2014, según datos de unicef, en Guatemala se estima que cerca de un millón de menores se ve forzado a trabajar en diversas actividades a causa de la pobreza extrema. Según declaraciones de las autoridades guatemaltecas, esta realidad viene agudizándose los últimos años con el incremento de casos de niños y niñas atrapados en redes criminales para mendigar. Ellos son obligados a pedir en las calles, esquinas, semáforos y plazas por períodos de 16–20 horas diarias, y luego son recluidos en hacinamiento con otros menores, en condiciones infrahumanas.

Esta cruel realidad de explotación que viven los menores los expone al consumo de droga, a agresiones físicas y psicológicas, a violencia sexual, a la prostitución, a la extracción de órganos, al secuestro y pornografía infantil. Las medidas estatales se han enfocado en perseguir y sancionar a las personas que explotan a los menores, aumentando el número de penas en sus marcos jurídicos; sin embargo, son insuficientes pues no dan soluciones integrales de prevención y protección.

Infancia y ad olescencia : garant ía de bienestar presente y futur o

La afiliación de un menor a una pandilla o mara, se debe entender a partir de la suma de múltiples fallas en las principales instituciones socializadoras: familia, escuela y comunidad; y de las dinámicas estructurales de los entornos poco favorables que se vive en la región centroamericana. Esta realidad expone a los menores a involucrarse en grupos delictivos, a ser forzados violentamente a participar de acciones ilícitas y a ser explotados.

El involucramiento de menores en pandillas o maras, tiene dos implicaciones. Primero, es una prueba de la debilidad que tienen los Estados para garantizar la

26 protección integral a la niñez y, a la vez, es reflejo del complejo entramado de vulnerabilidades sociales y económicas que sufren los sectores menos privilegiados de la sociedad. Segundo, el aumento de menores infractores de la ley agudiza el problema de las pandillas e indica un relevo generacional dentro de estos grupos, lo que lleva a deducir que el número de integrantes se mantiene o aumenta.

Los Estados y la sociedad en general, deben trabajar por garantizar entornos libres de violencia, programas educativos integrales y oportunidades laborales, para evitar las migraciones forzadas y el deterioro de las familias y las comunidades. Todo ello es posible si se garantiza una inversión adecuada y responsable para superar las desigualdades sociales y priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Las políticas y las estrategias de los Estados para combatir el fenómeno de la violencia y criminalidad sigue siendo el gran reto a largo plazo en el cual deben trabajar, articulando esfuerzos, todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es urgente que se elaboren políticas públicas eficientes y eficaces para salvaguardar las garantías individuales y colectivas necesarias para el buen desarrollo de las potencialidades de las personas menores de edad y el ejercicio pleno de sus derechos.

Proteger y garantizar el adecuado desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, contribuye a la formación de capital humano y social, lo cual se traducirá en bienestar presente y futuro de las sociedades. Estudios de unicef comprueban que una inversión adecuada en las etapas de infancia y adolescencia constituye la base para asegurar no sólo el bienestar inmediato de las familias, sino también la cohesión, la productividad y el desempeño económico futuro de una sociedad.