Alcaldes justifican adeudos millonarios

Mario Álvarez Michaus, director general del ISSSSPEA, dio a conocer que ya están trabajando en el tema de la deuda que tienen algunos de los municipios, señalando que los mismos alcaldes han dicho que las deudas millonarias que se tienen han sido heredadas y no precisamente han ocurrido durante su administración.

“En muchos de los casos es que los alcaldes dicen que, si han pagado las cuotas que les han correspondido en sus trienios, sin embargo, recibieron la herencia de un pago de otras administraciones, pero, debo decirles que hay sensibilidad y voluntad de todas las partes” señaló.

El funcionario estatal explicó que la deuda que tienen los municipios asciende a los 200 millones de pesos, pero, que ya se están llegando a acuerdos con los municipios atrasados que son: Tepezalá, Rincón de Romos, Jesús María y Pabellón de Arteaga.

Dijo que en el caso de Pabellón de Arteaga están en el avalúo de algunos predios y en el caso de Rincón de Romos se percibe buena voluntad del presidente Municipal, donde se está viendo un pago en abonos; en el caso de Jesús María dijo que hay buena comunicación, sobre todo en el área de finanzas, y con Tepezalá también ya se está llegando a acuerdos.

Álvarez Michaus dijo que es una instrucción de la gobernadora apoyar a los municipios para que salgan de este bache y hay buena voluntad.

Reiteró que lo que argumentan los alcaldes es eso, que son herencias de administraciones pasadas y aunque hay voluntad de pago no pueden pagar solo lo último o más reciente “tienes que pagar lo primero, lo bueno es que ha habido responsabilidad en sus mandatos y han estado pagando”.

En el caso del alcalde de Rincón de Romos, Javier Rivera Luévano, quien por segunda vez es alcalde de ese municipio, el director del ISSSSPEA dijo que el alcalde también ha argumentado que la deuda viene de quien le heredó.

Finalmente, Álvarez Michaus, comentó que existen ya convenios de pago y una solicitud por escrito en el caso de Pabellón de Arteaga.

El diputado presidente de la comisión de vigilancia en el Congreso del estado, Jaime González de León, dio a conocer que la comisión recibió por parte del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (OSFAGS) el Plan Anual de Auditorías.

“Estuvimos en el órgano superior de fiscalización la comisión de vigilancia, donde se vio el Plan Anual de Auditorías, ya se presentó y son 177 auditorías para 32 entes que van a ser fiscalizados, dentro de los cuales están los 11 municipios, y estamos en espera a que en unos días salga el Plan anual de la Auditoría Superior de la Federación, para que se elimine el plan estatal del órgano superior de fiscalización” señaló.

Por lo cual, dijo, ya comenzaron las auditorías relacionadas al tema de las cuentas públicas “el plazo de Ley concluye hasta el 30 de septiembre, que es cuando se entregan los resultados a la comisión de vigilancia para que a más tardar el 30 de noviembre puedan ser subidas al pleno” dijo. González de León subrayó que son 32 entes los auditables, entre estos, como se mencionó, están los municipios, los órganos autónomos y dependencias de gobierno del estado.

El diputado dijo que un compromiso de la comisión de vigilancia es que todo se cumpla a cabalidad “es la labor, función y la responsabilidad que tiene la comisión de vigilancia a través del OSFAGS y estamos para cumplir la Ley, yo te puedo decir que el tiempo en que yo he estado en la comisión de vigilancia se cumple a cabalidad las disposiciones legales”.

El legislador hizo hincapié en que el proceso de auditoría a un ente público no termina con la votación en el pleno de las cuentas públicas, “cabe recordar que el proceso no termina una vez que se votan las cuentas públicas, pues al día de hoy los diferentes entes están en el proceso de aclaración de esas observaciones” dijo.

Incluso, señaló, que siguen en proceso aclaraciones desde el año 2018 a la fecha.

El presidente del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Juan Rojas García, aseveró que en este año el pleno de la magistratura estará completo, ya que el Consejo de la Judicatura tiene ya en análisis los proyectos de las convocatorias para el proceso de designación de dos de las tres faltantes.

Detalló que una vez que las propuestas de las convocatorias sean aprobadas podrían ser publicadas este mismo mes, al recordar que la Legislación señala que el pleno debe estar integrado por siete magistraturas, y actualmente se conforma solo con 4, y aunque es el mínimo que establece la ley y han logrado salir adelante, el objetivo es emitir al menos dos de las tres convocatorias pendientes, ya que hay una que está sujeta a un proceso judicial, de la cual están a la espera de la resolución.

Adelantó que parte de la definición será si las dos convocatorias son exclusivas para mujeres, al reconocer que esa es su pretensión, pero será el Consejo de la Judicatura donde se analice y se decida si así será o se abrirá indistintamente.

“Queremos un proceso serio, un proceso transparente, estamos esperando que podamos tener al menos una convocatoria, la legislación nos marca siete magistrados en pleno, pero la ley nos señala que con los cuatro de mayoría podemos seguir adelante”, subrayó.

Luego de que recientemente el presidente del Poder Judicial presentó su primer informe, destacó que uno de los retos importantes para este año es identificar dónde están los “cuellos de botella” en los juzgados, en los que realiza actualmente una gira de visitas en las que ha recibido propuestas de abogados y trabajadores.

“Les voy a dar un dato, imagine usted que un solo secretario de acuerdos de un juzgado de los familiar puede estar recibiendo hasta 150 promociones diarias, y hasta 300 peticiones cada día. Nosotros tenemos que ver por qué esas peticiones se están retrasando, cómo se están administrando para dar respuesta, además detectar las buenas prácticas”, manifestó García Rojas.

Dijo reconocer que se está lejos de alcanzar el ideal, pero sí existe la voluntad de acercarse a él poco a poco, “un día, una semana que podamos recorrer la emisión de una decisión será en beneficio de las personas. No dude la gente que trabajaremos para organizarnos de mejor manera, ese es el compromiso”, subrayó.

Durante el evento que se desarrolló en el Vestíbulo del Palacio Legislativo, la diputada Leslie Figueroa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes hizo un llamado a las y los presentes a emprender esfuerzos conjuntos trabajar en conjunto para garantizar mayores beneficios al sector migrante una mejor calidad de vida, pues “nuestra obligación de los que estamos en esta mesa es facilitarles el acceso a una vida digna y plena”.

Por su parte, el delegado Estatal del Instituto Nacional de Migración, Ignacio Fraire Zúñiga, señaló que el propósito de este encuentro es conocer los planteamientos de la realidad que viven las personas migrantes a diario, los planes de acción y las propuestas que plantean las diferentes autoridades en la materia, además de agradecer el apoyo otorgado por el gobierno local, aseguró que de este encuentro saldrán los acuerdos necesarios para poder implementar un programa de trabajo transversal interinstitucional.

En su oportunidad, la legisladora Nancy Gutiérrez informó que en breve presentará una iniciativa en materia migratoria con el propósito de poder garantizar a este sector poblacional que les sean respetados sus derechos humanos a migrantes locales como a los que van de paso.

Asimismo, la diputada Juanis Martínez dio a conocer a los invitados de este primer acercamiento consular que el próximo 14 y 15 de marzo el Congreso de Aguascalientes realizará el Parlamento de Mujeres Migrantes y Mujeres con Discapacidad, el cual tiene como objeto conocer las necesidades y problemas que enfrentan a diario, y así contar con un diagnóstico más claro de su situación y de manera posterior formular iniciativas acordes a la realidad.

Comisión Estatal de Derechos

Ya está en manos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo ocurrido en las instalaciones de CAVA, pues ya existe una queja interpuesta por la Asociación, dio a conocer Yessica Pérez Carreón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

“Tenemos una queja en integración, acudieron a derechos humanos, por lo que estamos haciendo las investigaciones correspondientes para determinar en un primer momento las autoridades que tuvieron injerencia y la manera en que se hizo el operativo” señaló.

Pérez Carreón dijo que apenas se está en la fase inicial de investigación “nues- tros procedimientos de queja llevan fases de investigación y estamos en la fase inicial. El término de la misma depende como fluya la información y depende de la calidad de las autoridades que hayan participado”.

Dijo que hay que recordar que también hay competencias que se traspasan, es decir, la Comisión de Derechos Humanos del estado sólo ve el tema de las autoridades propias del estado y la participación de autoridades federales las ve la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Esta primera fase es necesaria justamente para determinar qué autoridades intervienen y en calidad de que intervienen” dijo.

Explicó que los procedimientos de queja son por escrito y la investigación que se hace es porque se recibe la queja y se reciben los oficios, donde también lo que se busca es tener la versión oficial de las autoridades para poder tener los elementos adecuados de la investigación.

Por otra parte, dada la cercanía de la Marcha que se realiza cada 8 de marzo, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dijo que la Comisión está atenta de estar acompañando a la Marcha, pero, en calidad de observadoras, para ir en sintonía de lo que la propia sociedad civil busca.

Recordó que en esta Marcha se hacen reclamos y consignas, donde se pide al estado mejoras en las situaciones que se viven y la Comisión está vigilante de todo lo que se desarrolle en el respeto a los derechos humanos de los manifestantes.

Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), considero que hace falta un blindaje sobre todo en las carreteras que confluyen a Aguascalientes “ahí pediría a los diferentes niveles de gobierno municipales, estatales y federales hacer lo adecuado para que se blinde el estado, pero, desde Querétaro, Guadalajara, Torreón y Monterrey”.

Lo anterior al señalar que ante la cercanía del inicio de la Feria Nacional de San Marcos 2023 se requiere un blindaje especial, pues durante la verbena abrileña acuden a nuestro estado muchos visitantes de otros estados.

Incluso, señaló que “no está descartado que narcos asistan a la Feria Nacional de San Marcos, porque nadie se los impide”.

El presidente de la CANACAR dijo que es de conocimiento que los grupos delincuenciales están de paso por nuestro estado, incluso hasta viviendo en Aguascalientes, por lo que no escatimó al señalar que es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen en el blindaje carretero desde Querétaro, Guadalajara, Torreón y Monterrey, para evitar sobre todo que penetren grupos violentos y alteren la paz durante la Feria.

“Mucha gente viene a divertirse a la Feria, yo creo que cerca del 40 por ciento de los visitantes son foráneos, entonces hay que cuidarlos porque mucha gente no está saliendo por temor a un asalto” indicó.

Con respecto al tema de los empresarios, señaló que el estado mantiene su seguridad de tal manera que siguen llegando empresarios, puesto que también lo hacen por vía aérea, y las inversiones siguen fluyendo.

Destacó que el entorno en el cual vivimos hay que cuidarlo entre todos, pues el riesgo de que se salga de control el clima de seguridad en el que vivimos siempre ha estado latente.

“Por eso se necesita que todos sumemos esfuerzos, desde el ciudadano con la denuncia anónima, siempre que esté a la vista de la comisión de un delito” finalizó.

Además de instalar mil 500 módems en escuelas, plazas públicas y centros de salud de las comunidades más alejadas de la entidad, la Comisión Federal de Electricidad competirá en el mercado de la telefonía celular y servicio de internet, anunció la encargada de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes, Silvia Licón Dávila.

La funcionaria federal adelantó que los equipos para garantizar el acceso al internet de la población se instalarán en las comunidades y municipios más alejados de la capital, para lo cual trabajará de manera coordinada con el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), ya que el objetivo es que sean las escuelas más alejadas en donde privilegie este servicio, pero también en los centros de salud y plazas públicas.

Explicó que el objetivo de coordinarse con el IEA es para ampliar la cobertura de internet y no doblar esfuerzos en este tema, sabedora que el gobierno estatal tiene también un programa encaminado a proporcionar este servicio de forma gratuita, “estoy trabajando con la licenciada Lorena Martínez, ella tiene mucha preocupación por el internet en las escuelas”.

Licón Dávila informó que además la CFE venderá a la población “chips” para celulares y ofrecerá el servicio de internet al público con tarifas por debajo de las que normalmente ofrecen las empresas de este giro.

“Chips, teléfonos celulares muy baratos, pero los celulares serán muy baratos, pero aún no los dan a conocer; yo por ejemplo ya traigo chip y 200 pesos me duran mucho”, compartió la funcionaria y aseguró que esta misma semana llegarán los primeros 500 microchips telefónicos de los dos mil anunciados para Aguascalientes, a precios que van desde los 30 pesos, y aseguró que tienen una excelente cobertura en las zonas más alejadas del estado y donde hay problemas de conectividad para navegar. También se distribuirán en las áreas más apartadas de los municipios, resaltó.

“Se van a repartir en todos los municipios, para la gente, se ubica la escuela y se reparte a la gente de esa comunidad, la escuela será el centro de distribución, y las unidades de salud”, detalló.

“Fíjate que yo por ejemplo en la compañía con la que estaba, cuando iba ya aquí saliendo de la ciudad ya no traía nada de cobertura. Con estos chips, aunque sea un puntito en el abaniquito, pero traigo conectividad” aseveró entusiasmada Silvia Licón.

En el Índice de Transparencia en Contratación Pública del Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información, México ocupa el lugar 28 de 42 países, lo que evidencia la necesidad de transparentar cómo y cuándo se realizan las contrataciones, comentó Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Como sabemos, los contratos públicos también son altamente vulnerables a la corrupción; una de las razones es la complejidad que implica un procedimiento de contratación y también esa delgada línea de interacción entre el servicio público y las empresas privadas durante las transacciones comerciales; de acuerdo con una estimación de la Open Contracting Partnership (OCP), alrededor del 60 por ciento de los sobornos transnacionales están relacionados con las contrataciones públicas”, explicó el comisionado Alcalá.

Ante ese reto, el INAI promueve la política pública de Contrataciones Abiertas, que es un esfuerzo internacional impulsado por la OCP, que busca incrementar la oferta y calidad de la información pública relacionada con los procedimientos de contratación que realizan todos los órdenes de gobierno y los poderes, detalló el integrante del pleno.

Al participar en la firma del convenio entre el Poder Legislativo de Quintana Roo y el organismo garante de esa enti- dad para la implementación de “Contrataciones Abiertas”, Adrián Alcalá destacó que se trata de la primera ocasión en que un Congreso se suma a esta iniciativa, la cual tiene presencia en 40 sujetos obligados de todo el país y abona al combate a la corrupción.

Posteriormente, en representación de INAI, el comisionado Adrián Alcalá participó en la instalación de la Red Local del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), del que forman parte el organismo garante de Quintana Roo, así como la organización Somos Uno Quintana Roo, y las Universidades Autónoma del Estado e Intercultural Maya de Quintana Roo, además de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de esa entidad.

Tras recordar que Quintana Roo se ha sumado por cuarto año consecutivo al Plan DAI, Alcalá Méndez detalló que dicha estrategia “tiene por objeto pasar del ejercicio del derecho, a utilizar el derecho de acceso a la información como una herramienta que ayude a cualquier persona y a las organizaciones a tomar mejores decisiones, que estén más informadas, así también como resolver problemáticas de las más diversas: desde el agua potable, el alcantarillado, recolección de basura, servicio de salud, etcétera; las problemáticas son tan diversas como el imaginario lo es. Para resolver estos problemas, es a través del uso y el aprovechamiento de los datos y la información que se encuentra en posesión de todas las instituciones públicas”, señaló.