Intimidación de GN y protestas contra el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec

/ pedro matías

Tensión en el Istmo de Tehuantepec por las protestas contra las obras del megaproyecto presidencial del Corredor Interoceánico. Por un lado, continúan los bloqueos carreteros y ferroviarios, y por otro, se incrementan los actos intimidatorios de la Guardia Nacional y de elementos de la Secretaría de la Marina.

El bloqueo en la vía del ferrocarril en tramo Mogoñé Viejo - Vixidu, de San Juan Guichicovi, cumplió cuatro días, mientras que el bloqueo en la carretera federal 200 en su tramo de Santa Cruz Bamba a Huatulco lleva 48 horas, por el incumplimiento de acuerdos con comuneros y ejidatarios.

La Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció que este 1 de marzo, cinco patrullas de la Secretaría de Marina se apersonaron en la zona colindante entre los ejidos de Mogoñé Viejo y El Zarzal del municipio de San Juan Guichicovi, donde decenas de campesinos mixes mantienen un plantón en protesta por las afectaciones que vienen ocasionando los trabajos de ampliación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Detalló que los marinos encabezados por el capitán Jorge Mario Bremon Zamorano, han realizado amenazas y actos de intimidación en contra de los ejidatarios y pequeños propietarios de Vixidu. A la movilización de los campesinos de Mogoñé se han sumado comisiones de los pueblos de Hierba Santa, Río Pachine, Encinal Colorado, El Zarzal y Palomares. Los inconformes cuestionaron las declaraciones del secretario general de gobierno, Jesús Romero López, en el sentido de que han sido atendidas el 90% de las demandas de los pueblos. Ante la inminencia de una confrontación violenta, UCIZONI le solicitó al gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, se establezca una mesa de trabajo para atender con seriedad las demandas de los núcleos agrarios afectados.

Por otra parte, ejidatarios de la comunidad agraria de Concepción Bamba Garrapatero, ubicada en Tehuantepec, mantienen un bloqueo carretero en el tramo de Santa Cruz Bamba-Huatulco por un adeudo de la empresa Infraestructura y energías Renovables Laysa S. A de C.V., la cual les adeuda 10 millones de pesos por la extracción de miles de toneladas de piedras para la construcción del megaproyecto “Rompeolas”, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Denunciaron que Laysa no sólo no ha cumplido con minuta de acuerdos, sino que ha provocado un conflicto en la zona y amenazan con desalojarlos.

Los inconformes denunciaron que además del despojo de su territorio, ahora han llegado personas “extrañas” que quieren comprar terrenos o venden sustancias extrañas, entonces, “ya no los queremos, que paguen lo que deben y que se vayan”. Advirtieron que, a pesar de las amenazas e intimidaciones, continuarán las acciones porque “no es un grupito es toda la comunidad”.

Alrededor de 88 ejidatarios denunciaron que la empresa bajo su apoderada legal, Natividad Gordillo Espinoza firmó un contrato con el ejido para extraer piedra y la asamblea de ejidatarios lo aceptó, sin embargo, incumplió en pago, por lo que desconocieron el contrato y también a sus autoridades agrarias encabezadas por el comisariado Israel Díaz.

Se quejaron de que la empresa extrajo 4 mil toneladas de piedra durante 4 meses, lo que equivale a miles de toneladas de piedra para la construcción del rompeolas.

“Nosotros lo que exigimos es justicia”, enfatizó Martinelda Cordero Ríos, integrante de la comisión de investigación, quien refirió que la empresa no les ha pagado nada y que toda negociación con el comisariado, no lo respetarán.

“La empresa extrajo mucha piedra de nuestro banco comunitario, y ahora no nos quiere pagar y encima de todo, también nos retiene impuestos, cuando nosotros no pagamos impuestos, todo ha sido una mentira”, declaró. “Hacemos un llamado urgente al gobierno de Oaxaca, que ya sabe de esta problemática, pero ha hecho caso omiso para atendernos, y el gobierno federal también”, puntualizaron.

El gobierno federal informó que el Rompeolas se construye con una inversión de 4 mil 200 millones de pesos, a cargo del consorcio integrado por las empresas GAMI Ingeniería e Infraestructura MarítimoPortuaria. Tiene una longitud de mil 600 metros y una profundidad de 24 metros, con miras a concluir a mediados del 2023, siendo el nuevo puerto petrolero comercial más importante de México.

El rompeolas se construirá con un total de 9.1 millones de toneladas de piedra que se colocarán en el mar y 13 mil 85 piezas de co- relocs, que son estructuras de concreto cuyo objetivo es disminuir el efecto de energía de las olas y brindar seguridad ante tsunamis, ciclones, huracanes y tormentas.

En respuesta, la campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca condenaron los actos intimidatorios de la Guardia Nacional y Marina en el Istmo de Tehuantepec contra defensoras y defensores de Matías Romero, San Juan Guichicovi y Barrio de la Soledad. Indicaron que “las comunidades en resistencia ejercen su derecho a la libre manifestación y expresión ante el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec (transístmico).

Resaltaron que “ningún proyecto de ‘desarrollo’ debería generar afectaciones al medio ambiente, polarización social o agresiones contra las comunidades que legítimamente se oponen. Los derechos de las y los defensores deberían garantizarse en el estado de Oaxaca. Es importante señalar que Oaxaca es el estado con mayor número de agresiones contra defensoras y defensores del país (34 personas defensoras asesinadas de 141 en 4 años).

De igual forma, la Unión Democrática de Comunidades Indígenas (UNDECI) condenaron las acciones de desalojo, represión y amenazas del gobierno federal y estatal en contra de organizaciones sociales y comunitarias que juegan un papel de representación, defensa y exigencia de los derechos colectivos, de los recursos naturales y el territorio.

Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: ONU

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta del país, son responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los opositores al régimen y todo aquel que disiente o expresa su crítica contra el gobierno, afirma en un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (“GHREN”, por sus siglas en inglés).

“El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución”, afirman los expertos de la ONU.

“Tiene motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense”, remarca el informe dado a conocer en rueda de prensa en Ginebra en la que participaron los miembros del Grupo Jan Simon, presidente, Alexandro Álvarez y Ángela María Buitrago

El GHREN fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos por un periodo de un año, para que investigara todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, a fin de contribuir a la rendición de cuentas y a el acceso a la justicia para las víctimas.

Crímenes de lesa humanidad

El grupo concluyó que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias y estructuras de su gobierno, y actores no estatales han realizado, y siguen realizando a la fecha de redacción de este informe, graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos en contra de un sector de la población nicaragüense, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos, o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión.

Dichas violaciones y abusos, como actos prohibidos, “constituyen un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, a través de una política discriminatoria que comprende la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y que, además de haber resultado en la destrucción del espacio cívico y democrático en Nicaragua, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”.

Agrega que “tiene motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. Dicho ataque fue implementado a través de diversos medios y métodos prohibidos o inhumanos que se han ido desarrollando, implementando y complementado a lo largo del tiempo. Este ataque, lejos de haber cesado, continúa perpetuándose”.

Las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe fueron cometidos intencionalmente como parte de este ataque, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste. 110. Lo anterior corresponde a los elementos que constituyen el marco de la prohibición internacional y del tipo internacional penal de crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, se encuentran: “el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación forzosa, y las violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable”.

Piden emPrender aCCiones legales

El grupo recomienda a la comunidad internacional “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna”.

Asimismo “ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional. c) En la negociación de proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua, los Gobiernos y organismos multilaterales deberían incluir garantías de derechos humanos y priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación en Nicaragua’’.

EU pide no criminalizar a periodistas independientes en Guatemala

El gobierno del presidente de Estados

Unidos, Joe Biden, apeló al sistema judicial de Guatemala para que no criminalice a los reporteros y a la prensa independiente que están siendo acusados e investigados por presunta intervención en procesos jurídicos.

“Urgimos al sistema judicial de Guatemala a que rechace la criminalización de periodistas independientes y apoye al periodismo independiente como un bastión de una sociedad democrática próspera y segura”, estableció el gobierno de Estados Unidos.

Por medio de una breve declaración por escrito, Ned Price, vocero del Departa-

Extraditan a Estados Unidos a Ismael Quintero Arellanes

de droga de México a Estados Unidos, su fabricación y transporte.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a Estados Unidos en extradición a Ismael Quintero Arellanes Fierro o Mayel, sobrino de Rafael Caro Quintero, líder del extinto cártel de Guadalajara.

De acuerdo con la FGR, el sobrino de Caro Quintero es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York para enjuiciarlo por asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación ilegal de armas.

De acuerdo con las autoridades, Ismael Quintero se encargaba de la seguridad y protección de su tío, Rafael Caro Quintero, así como de la logística en el tráfico mento de Estado del gobierno de Biden, indicó que hay preocupación por los reportes de que una corte ordenó “investigar a nueve periodistas por obstrucción de Justicia”.

Quintero Arellanes fue detenido en enero de 2020 en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a la orden de detención provisional con fines de extradición, luego de desahogarse el proceso correspondiente, en abril de 2021 el gobierno mexicano autorizó su extradición.

El pasado 20 de febrero, el Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal rechazó ampararlo contra esta determinación, por lo que, al no tener más recursos legales para evitar su entrega, la misma se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes estadounidenses designados para su traslado final.

El portavoz del Departamento de Estado matizó que entre los periodistas investigados se cuentan a “periodistas de El Periódico y un fundador de un medio de comunicación independiente, José Rubén Zamora”, quien fue detenido en Guatemala en julio de 2022. “Las sociedades incluyentes, pacíficas y prósperas dependen del flujo libre de información e ideas, incluyendo la libertad de buscar, recibir e impartir información tanto en internet y fuera del espacio cibernético”, concluyó el vocero del Departamento de Estado.

Pese a ir en contra de la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la del estado de Florida, legisladores republicanos lanzaron dos propuestas para aplicar la pena de muerte a agresores sexuales de niños menores de 12 años.

El senador Jonathan Martin y la representante Jessica Baker, ambos republicanos, promovieron estas iniciativas de ley para que sean tratadas en la próxima Legislatura que comienza el 7 de marzo.

Sus argumentos fueron que estos delitos “destruyen la inocencia” y “trasgreden todos los niveles de decencia de una sociedad civilizada”, por lo que piden a los jueces que recomienden la pena de muerte si ocho de los miembros del jurado lo votan de manera favorable. En caso de que sean menos de ocho, que se imponga la cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional.

En Florida es legal la pena de muerte, siempre y cuando el jurado lo vote por unanimidad, pero hay personas, como el gobernador del estado, Ron DeSantis, que piden cambiar la ley para que pueda avalarse con una mayoría simple. En ese sentido, en las dos cámaras del Congreso de Florida están pendientes proyectos de ley para eliminar el requisito de unanimidad del jurado. Pero existen antecedentes. Altos tribunales de Estados Unidos y Florida han fallado contra la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores de 12 años.

Sin embargo, el 23 de febrero se llevó a cabo la primera ejecución en Florida, en casi tres años y medio. El acusado era Donald Dillbeck, de 59 años, condenado por dos asesinatos en primer grado, cometidos en 1979 cuando era menor de edad y otro en 1990.