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Se derogó artículo que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

Gabriel Soriano

Por salir de la competencia del Congreso local, se deroga la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya que corresponde al Congreso de la Unión legislar en esta materia. Con ello, se garantizaría el debido proceso y la presunción de inocencia.

Al inicio de la Legislatura, los diputados adicionaron el artículo 75A al Código Penal de Aguascalientes para enlistar los delitos que ameritaría prisión preventiva los cuales son: Homicidio, Feminicidio, Lesiones dolosas calificadas, atentados al pudor, corrupción de menores, pornografía infantil, violación, tráfico de menores, sustracción de menores, desaparición forzada, robo calificado, abigeato, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad

La prisión preventiva en México es una medida cautelar aplicada por un juez de control y consiste en privar de forma temporal al implicado y procede cuando se trata de delitos muy específicos. Estas medidas cautelares se aplican con el objetivo de asegurar la presencia del individuo en el proceso y para evitar que afecte la investigación de los hechos de los que se le acusa.

Sin embargo, la reforma antes planteada fue echada para atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues los congresos locales no tienen facultades para regular los supuestos de procedencia de prisión preventiva oficiosa, violando el artículo 19 de la Constitución.

Además esta determinación constituye una violación a la libertad personal, al debido proceso, a la seguridad jurídica, así como el principio de supremacía constitucional, según informó el diputado Alejandro González Dávila.

La esterilización femenina no consentida constituye violencia obstétrica institucional: SCJN

SCJn

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota, concedió el amparo a una mujer a la que le fue practicada una esterilización no consentida durante un procedimiento de cesárea en un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se resolvió que a la mujer se le practicó una esterilización no consentida, pues su “consentimiento” para realizar dicho procedimiento no fue previo, pleno, libre ni informado, al recabarse en un ambiente de estrés, amenazas e intimidación durante la labor de parto.

Esta esterilización constituyó violencia de género, pues el personal médico actuó conforme a estereotipos de género; se decidió esterilizarla sin su autorización a partir de una disminución de su capacidad de decisión en relación con su propio cuerpo.

Además, el Máximo Tribunal concluyó que la quejosa fue víctima de violencia obstétrica institucional como una forma de violencia de género expresada a través de un conjunto de prácticas deshumanizantes ejercidas en el ámbito de la salud pública, específicamente, de la salud reproductiva que redunda en la afectación a la autonomía, libertad y capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad.

Al respecto, la Sala destacó que la mujer —como paciente en edad reproductiva— no recibió consejerías previas de manera amplia en términos de la normativa aplicable, ni tuvo el tiempo suficiente para valorar y decidir cabalmente sobre el método de anticoncepción permanente denominado oclusión tubaria bilateral. Además, advirtió que no había urgencia para la práctica de la esterilización quirúrgica, ni era necesario que se realizara en forma inmediata para preservar la vida y la salud de la mujer.

Partiendo de la reversión de la carga de la prueba, la Primera Sala determinó que la mujer también fue víctima de otras formas de violencia obstétrica expresadas, no sólo en la esterilización no consentida que se le practicó, sino también en el maltrato recibido en su trabajo de parto, parto y post parto por las autoridades señaladas como responsables. La anterior conclusión se basó en que la quejosa fue humillada, regañada, intimidada y agredida por el personal médico que la atendió.

De esta manera, a fin de procurar la restitución de los derechos de la solicitante de amparo, en cuanto a los efectos de su otorgamiento, la Primera Sala ordenó al hospital responsable prestar atención médica quirúrgica sin costo a la mujer afectada, para que, de mediar un consentimiento pleno, previo, informado y libre, y ser medicamente viable, se le practique el procedimiento correspondiente para revertir la esterilización. De no ser factible, se le ofrezca la posibilidad de reproducción asistida, ya sea practicada en el Instituto, o bien, en una institución privada de salud, con cargo al IMSS.

Asimismo, la Sala instruyó a la autoridad responsable para que proporcione a la víctima un tratamiento médico psicológico o psiquiátrico orientado en salud sexual y reproductiva, para resarcir la afectación en la esfera psico-emocional sufrida.

Además, la Primera Sala ordenó al IMSS elaborar, integrar y difundir una guía integral para prevenir y erradicar conductas generadoras de violencia obstétrica institucional, cuyos ejes de contenido, enunciativa pero no limitativamente, deben centrarse en la perspectiva de género y en la obtención y generación de un consentimiento libre, pleno, previo e informado de las pacientes sujetas a tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas derivadas de métodos anticonceptivos y planificación familiar. Ello, aunado a la realización de capacitaciones dirigidas al personal vinculado con el tratamiento e intervenciones quirúrgicas derivadas de una condición obstétrica.

Amparo en revisión 1064/2019. Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Resuelto en sesión de 26 de mayo de 2021, por unanimidad de votos.

Juez federal vincula a proceso al conductor José Luis Morales

Senadora Martha Márquez espera que ahora sí cesen actos violentos en su contra

Claudia rodríGuez loera

El locutor José Luis Morales fue vinculado a proceso por parte de un juez federal, en una segunda audiencia; esto es resultado de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de integrar la carpeta de investigación contra el conductor, a quien la legisladora Martha Márquez denunció por los comentarios hechos sobre su persona y en especial su vida privada, a las que dedicó varias emisiones del noticiario matutino del cual es titular.

La senadora panista expuso que tuvieron que pasar dos años en los que esta situación fue constante y por uno y otro motivo estuvo impedida para presentar su queja formalmente ante las autoridades federales, pero ahora ya hay un resultado con la vinculación a proceso, y si bien no espera de su parte ningún castigo para el locutor, sí exige que se detenga la violencia en su contra, aunque ya está en manos de la jueza si merece alguna sanción, la cual no reparará el daño ya ocasionado.

Externó que el locutor de radio miente al señalar que irá a la cárcel como resultado de esta denuncia, lo que seguramente lo dice a manera de manipulación, ya que, si bien el delito de violencia política por razón de género amerita de tres a seis años de prisión, no está considerado como delito grave; de tal manera que llevará su proceso en libertad.

En una rueda de prensa improvisada, luego de conocer el dictamen de juez federal, Márquez Alvarado manifestó que su llegada al Congreso local y luego al Senado de la República, se debe a las acciones afirmativas sobre paridad de género para los entes legislativos, “si no hubiera paridad no hubiera llegado al Congreso del Estado, y en el caso del Senado pasó Martha Márquez | Foto Cristian de Lira

igual, había otros planes para Aguascalientes, hombres que encabezaban la lista para ocupar el espacio; se mueven las listas a nivel nacional y es cuando se le da la oportunidad a Martha”.

Expuso que desde la su campaña a senadora tuvo que tolerar los señalamientos del conductor en su contra, y tuvo que dejarlo a un lado para no afectar su salud, y luego, después de la campaña, le dijeron que sí lo iba a denunciar, pero después, por lo que ese asunto pendiente siguió aplazándose porque debía demostrar en la Cámara alta que iba a ser un trabajo digno, “han pasado más de dos años de violencia, de tener que callar, y mi familia calla y finge que no le afecta, y todo esto a seguido de más violencia, en el Senado”, manifestó.

La legisladora compartió un audio, ejemplo de la violencia vivida, un audio muy reciente de una de las emisiones recientes del programa de noticias de José Luis Morales.

Persiste violencia intrafamiliar en México

adrián FloreS

Pese a que de marzo a abril se registró un ligero decremento en las carpetas de investigación iniciadas por presunta violencia intrafamiliar, en México sigue persistiendo este delito que, durante la pandemia, tuvo un evidente repunte ya que, opinan expertos, las víctimas pasaban más tiempo con sus agresores.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en abril se denunciaron 23 mil 386 casos de violencia familiar a las distintas fiscalías estatales del país, lo que representa un decremento del 1.4% si se compara con las 23 mil 711 consignadas en marzo, pero que a fin de cuentas termina visibilizando un notable incremento si se hace la comparación con abril del 2020, donde fueron 15 mil 235 las pesquisas por este ilícito.

Hasta abril, en la República Mexicana se han cometido, al menos que se investigan oficialmente, 82 mil 702 delitos de violencia familiar, lo que representa un au-

Hasta abril, se investigan más de 80 mil casos en todo el país

mento sobresaliente del 19.2% (13 mil 317) con respecto a los 69 mil 385 reportados en el mismo periodo de tiempo de 2020. De las más de 82 mil carpetas iniciadas en el país, 759 fueron de Aguascalientes.

Según el SESNSP, en enero del 2021 se investigaron 17 mil 399 delitos de violencia familiar; luego, en febrero, 18 mil 206; en marzo, 23 mil 711; y en abril las 23 mil 386 ya mencionadas.

Si bien ahora con la “nueva normalidad”, algunas actividades ya se han retomado y el confinamiento no es tan estricto como lo fue al principio de la pandemia, este 2021 se ha visto inmerso dentro de un panorama de violencia familiar que las autoridades necesitan resolver con nuevas políticas públicas integrales que busquen erradicarla.