IMPAR
COLECCIONABLE #3
Misión Panamá, un aporte al debate electoral La política de subsidios que se aplica actualmente, el creciente peso de la burocracia panameña, el riesgo que representa el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para las finanzas del Seguro Social y los factores que impiden a Panamá alcanzar un mayor nivel de competitividad, deberían ser temas prioritarios en la agenda de cualquiera de los candidatos que competirán en las próximas elecciones presidenciales. Con esa idea en mente y con el propósito de enriquecer el debate presidencial y ayudar a construir consensos que faciliten la definición de las políticas públicas que se deben ejecutar en los próximos años, Capital Financiero dedica su tercera edición de la serie editorial Misión Panamá a estos asuntos clave. Mes a mes, desde septiembre y hasta febrero, presentaremos en esta serie las ideas de un grupo de profesionales de reconocida trayectoria en torno a seis temas claves para el desarrollo nacional: Finanzas Públicas, Agro y Seguridad Alimentaria, Educación, Energía, Agua y los asuntos abordados en esta edición. Misión Panamá 3 se ha nutrido con los aportes hechos por Fernando Aramburú Porras, Rubén Lachman, Gabriel Diez, Juan Jované, Horacio Estribí y Raúl Moreira, así como también Nicolás Ardito Barletta, Guillermo Chapman, Dulcidio De La Guardia, Irene Giménez y Luisa Turolla, que fueron algunos de los protagonistas de Misión Panamá 1. Los subsidios se han duplicado durante esta administración, al pasar de $554 millones en 2009 a $1.099 millones. La planilla estatal ha aumentado 20% en los últimos cuatro años. El IVM de la Caja de Seguro Social entrará en déficit en 2016 y el subsistema de beneficio único agotará sus reservas en 2025. Y a pesar de que Panamá es uno de los 40 países más competitivos del mundo, figura también entre los 50 peores del mundo en indicadores relacionados con calidad de educación, prevalencia de VIH y productividad. Estos son apenas cuatro de los grandes desafíos que tendrá que asumir el próximo presidente de Panamá. Y esperamos que las ideas y recomendaciones aquí vertidas resulten útiles para definir las políticas públicas que deben aplicarse para avanzar en estas materias.
ESCENARIOS | HAY DOS ALTERNATIVAS: OTRA REFORMA PARAMÉTRICA O UN MAYOR APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
¿Se requiere una nueva Ley para la CSS? Al próximo gobierno le tocará definir cómo evitar una nueva crisis financiera en la CSS Foto: Archivo/CF
Manuel Luna G. mluna@capital.com.pa Capital Financiero
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e acuerdo con las estimaciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a partir del año 2016 la Caja de Seguro Social (CSS) empezará a tener déficit de caja en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y para el 2018 éste ascendería a $278 millones. Y las reservas de este programa se agotarían para el año 2025, poniendo en riesgo la última generación de trabajadores que permanece en este sistema, luego que fuese implementado el pilar de cuentas individuales, tras la entrada en vigencia de la Ley 51 de 2005. Para evaluar la situación actual de la seguridad social y sus alternativas para ser sostenible en el tiempo, se consultó a un grupo de expertos y todos ellos coinciden en que la próxima administración debe convocar a un diálogo nacional para tomar los correctivos que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social, principalmente el programa de IVM, que no está gozando de buena salud. Las alternativas que han planteado para enfrentar este problema son diversas, desde incrementar el aporte del gobierno, limitar el número de beneficiados, subir la cuota obrero patronal o reestructurar la edad jubilación, hasta migrar a un sistema de pensiones distinto al actual.
EL PROGRAMA IVM ENTRARÁ EN DÉFICIT A PARTIR DE 2016 Y EL SUBSISTEMA DE BENEFICIO ÚNICO AGOTARÍA SU RESERVA EN 2025 Fernando Aramburú Porras, por ejemplo, sostiene que el subsistema de beneficio único debe ir desfasándose en el tiempo para dar paso al de cuenta individual que ha probado ser sostenible en otros países “En el ínterin debemos buscar fórmulas compartidas entre el gobierno, empleadores y trabajadores para cubrir el déficit que se hará evidente en la próxima década, pero cuyas soluciones deberán buscarse en el próximo gobierno”, recomendó el ex ministro. Rubén Lachman, por su parte, opina que para que haya cualquier política social adecuada tiene que haber crecimiento económico y que los sectores económicos que mueven la economía del país se están desacelerando, por lo que “debemos estar listos para efectuar los cambios, ante estos cambios”. Gabriel Diez sostuvo que se debe ya empezar a buscar los mecanismos para resolver la crisis que se está anticipando y no esperar a que ésta llegue para entonces buscar la solución. El industrial expresó que mientras el que cotice tenga el derecho de inscribir a todas las personas que considera, no se podrá resolver el problema actual, por lo que hay que empezar a considerar que todo tiene un límite. “Es un deber apremiante del próximo gobierno empezar a discutir qué ajustes
hay que empezar a hacer para dar sostenibilidad en el tiempo al sistema de IVM”, advierte Horacio Estribí, quien considera que los candidatos presidenciales deberían ya empezar a expresar una postura sobre el tema de la CSS. “El tema es que se ponen en riesgo muchas cosas de registrarse una situación deficitaria y eso tendría un efecto devastador sobre la economía”, advirtió el economista. Igualmente, expresó que las reformas que se introdujeron en el gobierno de Martín Torrijos, producto del consenso, fueron un paliativo para darle un respiro a la institución por un tiempo relativamente corto, por lo que el tiempo de revisar lo que se hizo ya llegó y en el próximo quinquenio habrá que tomar decisiones. También considera que debe haber más transparencia y divulgación, que debe existir un mayor compromiso de la CSS en dar a conocer los estados financieros de los distintos programas, porque el público carece de esa información. El ex director de la CSS, Juan Jované, sostuvo que el error de la última reforma a la Ley Orgánica estuvo en que no se creó un fondo para asegurar que el último jubilado del sistema de beneficio único pudiera cobrar, porque al crearse un nuevo sistema el antiguo se quedó sin una generación atrás que cotice, porque los nuevos cotizantes pasan al sistema nuevo. Y en su opinión, esta fue una irresponsabilidad del gobierno de ese entonces, que no entendió que no se puede liquidar un sistema de seguridad social, sin crearle un fondo. Jované señaló que ante este panorama hay dos soluciones, las reformas paramétricas, que incluyen aumentar la edad de jubilación y cambiar la fórmula de calcular las pensiones, o que el gobierno haga un mayor aporte de lo que está dando para resolver a la actual generación, que sería la sacrificada. En esa dirección, Raúl Moreira sostuvo que la seguridad social es un tema difícil y ya se está hablando de que en un periodo muy corto de tiempo habrá nuevamente que revisar la Ley de la CSS y que otro factor que está afectando las finanzas del seguro social es que hay empresas que no declaran a los trabajadores, irregularidad para la que se prestan funcionarios de la propia institución. “Si se pudiera resolver ese problema, se generarían ingresos importantes para la institución”, detalló Moreira,
Números rojos en IVM * Las reservas del Programa de IVM de la CSS se agotarán en el año 2025 * El déficit de este programa alcanzará $286,2 millones en 2019, si no se hacen ajustes. * Cada vez será menor la relación entre las personas que cotizan respecto a quienes se jubilan. La proporción actual es de 3,6 personas a 1, pero se prevé que para el 2020 será de 2,1 personas a 1. Fuente: Dirección de Finanzas de la CSS
Ejecución presupuestaria
$798,2
millones. Gastos de funcionamiento de la CSS de enero a septiembre de 2013
54,3%
Porcentaje de gastos corrientes ($1.838, millones) que se han usado para atender pagos de pensiones, subsidios de maternidad y enfermedad, asignaciones familiares, indemnizaciones y otras transferencias en dinero ($997,8 millones).
$750,8
millones. Inversiones de la CSS. Fuente: CSS.
para quien es clave que se trabaje en mejorar la eficiencia y racionar los gastos, y así temas como la eliminación de los beneficiarios sea la última medida que se pueda tomar, porque se trata de un tema social que tendría un impacto negativo importante. El economista Guillermo Chapman, socio fundador de Indesa, destaca que se debe “dividir el programa de pensiones del de salud en dos instituciones separadas, dado que requieren dos enfoques y especializaciones profesionales radicalmente distintos”, mientras que los administradores de salud deberán opinar en cuanto a cómo integrarlo o no con el programa del Ministerio de Salud (Minsa). Chapman propone que para los que ingresen de aquí en adelante al programa
de pensiones se debería adoptar el modelo de “contribuciones definidas”, para lo cual existe una diversidad de fórmulas que permiten la obtención del producto del aporte. Y añade que para definir la administración de los fondos aportados se debe alcanzar un acuerdo entre todos los actores de la sociedad panameña, vía consenso en vez de imponer fórmulas preconcebidas. El problema estará en el arrastre que viene del modelo histórico de los beneficios definidos, “en donde hay claros indicios de que este componente del programa es deficitario y habrá que subsidiarlo en alguna forma, probablemente con cargo al presupuesto nacional”, advirtió. Dulcidio De La Guardia, citando proyecciones a mediano plazo del MEF, resaltó que a partir del año 2016 la CSS empezará a tener un déficit de caja y que para el 2018 ascenderá a $278 millones. En medio de este panorama, el ex viceministro de Finanzas sostiene que “es necesario iniciar de inmediato un diálogo nacional con el objetivo de buscar alternativas para hacer viable las finanzas de la institución por los próximos 50 años”. Y en el mismo se deben incluir “todas las variables que afectan las finanzas del programa de IVM, en alusión a la edad de retiro, densidad de cuotas, cuota obrero patronal, tasa de rendimiento de las inversiones y costo de administrar este programa”.
ES NECESARIO INICIAR DE INMEDIATO UN DIÁLOGO NACIONAL PARA BUSCAR ALTERNATIVAS QUE HAGAN VIABLES LAS FINANZAS DE LA INSTITUCIÓN POR LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS Irene Giménez, socia de la firma Goethals Consulting Corp., sugiere “migrar hacia un sistema de pensiones y jubilaciones con administración privada, conviviendo por un tiempo a definirse con el seguro social” y mientras tanto las finanzas deberían ir saneándose con una administración de tipo gerencial, que pague las prestaciones, jubilaciones y pensiones con parte de los excedentes que generará el Canal. Giménez considera que la mejor opción es crear sistemas de administraciones privadas, como en Chile, donde las cuentas pertenecen a cada asegurado, y el incentivo para que estos fondos se comporten de manera ejemplar es que cada asegurado tiene la potestad de mudarse de administrador las veces que desee, generando una competencia entre los administradores y creando nuevas estructuras financieras. El director del Centro Nacional de Competitividad, Nicolás Ardito Barletta, resaltó que “las medidas que se tomaron hace varios años han ido en la dirección correcta, aunque y hay que seguir vigilando el análisis actuarial, para que cada vez más el sistema de seguridad social no sea un sistema en donde la generación nueva paga a la generación vieja, sino que cada generación va contribuyendo para sus propias jubilaciones futuras”.
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Misión Panamá N°3
ALTERNATIVAS | LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS NO SON SOSTENIBLES
¿Qué ajustes requieren los subsidios? LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y AL GAS DEBEN SER FOCALIZADOS EFECTIVAMENTE O ELIMINADOS PROGRESIVAMENTE Foto: Cortesia Tropigas
Darsy Santamaria Vega dsantamaria@capital.com.pa Capital Financiero
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l crecimiento económico de Panamá se mantiene a un ritmo acelerado en comparación con el resto de la región, cuando para 2013 y 2014 se prevé alcanzar el 7%, lo que a primera vista sería indicativo de una mejor calidad de vida para los ciudadanos; sin embargo, la distribución de las riquezas es un talón de Aquiles para el país y a pesar de las mejoras en los indicadores económicos el abismo entre ricos y pobres sigue presente. Los subsidios han sido herramientas usadas por todas las administraciones para intentar distribuir mejor esas riquezas, pero el esfuerzo hecho hasta la fecha no ha resultado tan efectivo como algunos esperaban. En este periodo de gobierno se han ido agregando nuevos subsidios, como la Beca Universal, el apoyo a los discapacitados o el programa 100 para los 70, y también se han ampliando algunos ya existentes, como la Red de Oportunidades, los intereses preferenciales y los subsidios a la tarifa eléctrica y el tanque de gas licuado. Entre 2010 y 2013, se han desembolsado $4.394,6 millones para cubrir estos subsidios. Ello sin contar los $1.099 millones en subsidios aprobados en el presupuesto del Estado para el 2014 (Ver Recuadro: Evolución de los subsidios. Y la pobreza se ha reducido de 38,3% en 2006 a 25,5% en 2012, según los informes oficiales, en gran parte por la reducción del desempleo, los aumentos de salarios y el efecto de algunos de estos subsidios, pero las mejoras que se habían conseguido en materia de desigualdad social –medida a través del coeficiente de Gini- en la primera década de este siglo, se estancaron a partir de 2011. Los nuevos subsidios abarcan la beca universal ($126 millones), pensión de 100 a los 70 ($122 millones), programa Ángel Guardián ($20 millones), Fondo Solidario de Viviendas ($22 millones), útiles escolares gratuitos ($40 millones) y bonos nutricionales ($7 millones), de acuerdo con el presupuesto del Estado para el 2014. A éstos hay que sumar ahora el subsidio al Metrobus y el futuro subsidio al Metro.
Foto: Cortesia Mides
Foto: Cortesia Mides
RECOMIENDAN REGLAMENTAR LOS LÍMITES DE CADA PROGRAMA
CON EMPLEOS DECENTES
Y LIMITAR LA BECA UNIVERSAL A
Y SALARIOS APROPIADOS PARA
LOS ESTUDIANTES CON BUENOS
LA MAYORÍA PODRÍAN
RENDIMIENTOS
DESMONTARSE GRAN PARTE DE LOS SUBSIDIOS ACTUALES
Subsidios otorgados por el gobierno
PIB versus pobreza 45 40
(En millones $)
35 30 25
En porcentaje
Adicionalmente, las recientes leyes agropecuarias sancionadas por el Presidente de la República implican subsidios para la producción agrícola. Los expertos convocados por Capital Financiero para esta edición de Misión Panamá coinciden en que los subsidios juegan un papel en un momento dado, como apoyo a las personas de bajos recursos; sin embargo, aseguran que no son sostenibles en el tiempo, que los mismos deben tener una fecha limitada de aplicación y quedar sujetos a la evaluación a fin de medir si sus resultados cumplen el objetivo para el que fueron creados. Por ejemplo, en el caso de la Red de Oportunidades, la meta debiera ser que los beneficiarios de estas transferencias eventualmente puedan subsistir por sí solos, ya que el programa tiene componentes claves como educación, salud, fortalecimiento de capacidades productivas y organización cooperativa. Fueron enfáticos en los casos del subsidio a la energía eléctrica y al gas licuado, al sugerir que deben ser eliminados debido a que se prestan para muchas distorsiones. Por ejemplo, tal como está estructura el sistema, personas con altos ingresos también tienen acceso a ellos en la actualidad. El presidente del Colegio de Economistas, Raúl Moreira, señala que la brecha entre los que están recibiendo más del beneficio del crecimiento económico y los que están pagando las consecuencias de ese crecimiento se va incrementando, y por eso en Panamá hay personas que no la están pasando bien. A su juicio, esta situación va a significar en cierto grado que el Estado auxilie a las personas de más bajos recursos para que puedan garantizar por lo menos su existencia, por ello augura que los subsidios no disminuirán a corto plazo. Moreira enfatiza que los subsidios afectan las finanzas del Estado, sobre todo porque las decisiones que se toman en respecto a ellos suelen ser más políticas que técnicas. Comenta que un subsidio como la Red de Oportunidades se podría compensar incrementando los niveles de autogestión de los beneficiarios, para que no sea solo una transferencia de dinero y el subsidio con el tiempo pueda eliminarse.
Estribí dijo que es criticable es el referente a los intereses preferenciales, debido a que es irrisorio el porcentaje de personas de bajos ingresos que se benefician de este subsidio. Sus recomendaciones van dirigidas a la necesidad de revisar, reajustar y reenfocar estos subsidios hacia el logro de objetivos básicos y limitarlos a la gente de bajos recursos. Los mismos planteamientos los hace el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, quien dijo que los subsidios no son sostenibles indefinidamente para ningún país del mundo. Desde su perspectiva, los subsidios deben traer como colateral un compromiso por quienes los reciben y deben tener una fecha determinada para su vigencia, a fin de que los beneficiarios se inserten a la economía. “Los subsidios deben ser para apoyar y no para cargar”, agrega. No obstante, la mayoría no tiene fecha de cumpleaños y lo que se invierte en subsidios sigue incrementándose año tras año por situaciones políticas, apuntó. También opina que la pensión de 100 a los 70 debe regularse al igual que la beca universal. Esta última, a su juicio, solo debe otorgarse a estudiantes con buen rendimiento escolar. Al ser consultado sobre el tema, el economista Rubén Lachman aseguró que la única solución es no hablar de subsidios sino de incentivos que beneficien la articulación de sectores económicos, que ahora mismo están funcionando como islas. Cita como ejemplo la gran interrogante de cómo explotar las oportunidades que ofrece el contar con una cadena de frío que permita abastecer a los cruceros y al resto del sector turismo y se pregunta quién se está preocupando por esto. Señala que “esa debe ser la preocupación de los burócratas, que viven del salario que le pagamos nosotros, quienes deben estar al servicio de ver cómo ayudan para que eso se logre”. El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Fernando Aramburú Porras, sugiere focalizar los subsidios, otorgándolos a quienes verdaderamente los necesitan, es decir hacer un censo de las personas realmente pobres y que necesitan apoyo del Estado. Asimismo, se requieren esfuerzos de corresponsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la red de oportunidades, la corresponsabilidad sería que el gobierno les haga seguimiento a las madres, para que éstas manden sus hijos a las escuelas y asistan a las citas de salud programadas.
Pobreza total PIB
20 15 10 5 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: MEF y Contraloría General de la República *La cifra de pobreza del 2012 fue dada a conocer en el 2013 por ello es válida mientras que la correspondiente será publicada el próximo año.
Recomienda la aprobación de una ley que establezca parámetros para que los subsidios establecidos a futuro sean bien sustentados, y se identifiquen las áreas en que son verdaderamente necesarios, ya que el compromiso que se está generando a las finanzas públicas es impactante. Para el economista Juan Jované, hay subsidios que llevan a incorporar a más población al proceso productivo, como los vinculados a la educación y la alimentación, esos son útiles debido a que la transición demográfica es bastante avanzada y es necesario apoyar a los niños y jóvenes para que tengan acceso a una educación y sus niveles socioeconómicos no afecten sus desempeños escolares. Ello es posible si la economía crece porque responden a un derecho humano y a su vez generan capital humano. No obstante, hay que analizar acerca de los subsidios de las pensiones no contributivas ya que son insostenibles más aún si se atiende a una población muy grande. Por ello sostiene que un país en crecimiento debe generar empleos decentes para la gente; sin embargo, hay alrededor de 60.000 empleados en empresas formales, pero que son informales porque los empresarios no les pagan ni el seguro social. Eso hay que eliminarlo e incluir a las personas al sistema formal, asevera.
Presupuestos 2010 2011 2012 Totales 951.1 1167.5 1251.2 Hogares 533.5 670 854.6 Intereses preferenciales 80.5 42.1 147.1 Gas licuado 82.1 98.8 96.4 Diesel a transporte público 10.6 10 10.1 Subsidio eléctrico 112.1 233.9 222.1 FACE 0 177 157.8 FET 112.1 56.9 64.3 Fondo Solidario de Vivienda 3 14.5 17.4 Programa 100/70 112.7 91.9 110 Beca Universal 24 49 110 Red de Oportunidades 62.5 48.6 53.4 Uniformesy útiles escolares 30.2 32.3 34 Tarifa Metrobus 8 34.1 Indeminización rutas troncales 15 40 19.1 Caja del Seguro Social 252.8 335.7 22.9 Empresas 164.8 161.7 173.7 CAT, Cefa, CFI 18.9 18.6 11.8 Eurocertificados 2.2 2.2 0.2 CPC, Devolución de impuestos 13.5 5.5 12.6 FECI 24.1 29.2 35.6 Exoneración de Imp. de importación 86.5 82.3 103.7 Exoneración de ISR 19.6 23.9 9.8 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
2013 1026.8 609.4 65.2 100.8 105 40 65 7.5 102 126.5 62
383.4 34 21.9 0 12.1
Jované señala que la fórmula para que no haya más subsidios es que haya empleos decentes porque en la medida que vayamos colocando a las personas en el sistema formal, no necesitarán subsidios, es decir que pueden eliminarlos sin afectar a la gente. Estas opiniones son compartidas por el economista Horario Estribí, quien considera que para atacar el problema de la pobreza y la distribución de la riqueza hay que reenfocar el uso de los recursos públicos hacia esos objetivos. La mayoría de los subsidios hoy por hoy no están teniendo impacto en cuanto a esos objetivos o tienen un impacto muy pequeño, con excepción de la Red de Oportunidades y la beca universal, que son buenos ejemplos de cómo atacar el problema, indica.
Precisa que la mayoría de los subsidios no son sostenibles en el largo plazo y su nivel de crecimiento por causas demográficas, incrementos del monto y nuevos subsidios, obligarán en el futuro a realizar ajustes a estos. En materia de subsidios, el ex ministro Guillermo Chapman se muestra pragmático al indicar que ningún gobierno los eliminaría con facilidad. Sin embargo, dado el nivel de ingreso que tiene la población panameña y suponiendo que a pesar de que entremos en una etapa de menor crecimiento relativo, las condiciones van a continuar mejorando, es de esperar que poco a poco algunos de estos subsidios se puedan ir disminuyendo o eliminando. Sin embargo, señala que es de anticipar que con el inicio de las operaciones del metro, el pasaje tenga que ser subsidiado. “Una de las lecciones que se aprenden en esta materia es que no hay tal cosa como un subsidio o incentivo temporal”. La visión de Dulcidio De la Guardia es que se deben eliminar los subsidios universales al consumo porque son recibidos por personas que no necesitan el subsidio. Y en segundo lugar, no incentivan el consumo racional del producto toda vez que el costo del producto está subsidiado. Irene Giménez, socia de Goethals Consulting Corp., considera que una política basada en subsidios no contribuye nunca al progreso. Giménez, no obstante, subsidiaría la demanda por servicios educativos, pero de una manera no tradicional: Financiaría la educación estatal otorgando en forma directa a cada padre de familia y que sean ellos que decidan dónde enviar a sus hijos a estudiar. El director del Centro Nacional de Competitividad, Nicolás Ardito Barletta, también reduciría gradualmente los subsidios y empezaría por desmontar los subsidios al consumo. Los subsidios solo “se justifican si son para invertir en la gente; es decir, al que tiene hambre no le des un pescado, enséñale a pescar, para crear capital humano”, concluyó.
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Misión Panamá N°3
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DESAFIO | FUERTES EN SERVICIOS FINANCIEROS E INFRAESTRUCCTURA AÉREA Y PORTUARIA , PERO DÉBILES EN EDUCACIÓN, SALUD Y PRODUCTIVIDAD
¿Cómo elevar la competitividad? SE HAN DADO PASOS CORRECTOS, PERO FALTA MUCHO POR HACER PARA SEGUIR ELEVANDO LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Marianela Palacios Ramsbott mpalacios@capital.com.pa Capital Financiero
P
anamá ascendió 19 puestos en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM) en los últimos cuatro años y se ubica actualmente entre los 40 países más competitivos del planeta, de acuerdo con ese ranking internacional (Ver gráficas). Destaca como líder en servicios financieros, solidez bancaria e infraestructura portuaria y aérea, entre los diez primeros países del planeta, pero al mismo tiempo figura entre los 50 peores en varios indicadores relacionados con calidad de educación, prevalencia del VIH, independencia del poder judicial, salarios y productividad y costos del crimen y la violencia (Ver recuadros: 10 mejores y 10 peores indicadores). ¿Qué podemos hacer para elevar la competitividad de Panamá? Antes que nada, para abordar este tema, hay que entender que la competitividad es un tema transversal que requiere contar con un modelo institucional apropiado, capaz de impulsar un importante esfuerzo participativo público-privado con visión de largo plazo y continuidad más allá de los cambios de gobierno. Esa base institucional permite formular apuestas fundamentadas en una agenda interna consensuada con base en estrategias de promoción de sectores de clase mundial, explica Luisa Turolla, quien estuvo al frente de la Gestoría del Programa Compite Panamá. “De ahí surge la acción conjunta y deliberada de la sociedad, organizada a nivel nacional, sectorial y regional para hacer frente a sus desafíos”, agregó la economista. En todos los índices que miden la evolución de la competitividad, emergen año tras año como factores más problemáticos en Panamá la corrupción, la ineficiencia de la burocracia gubernamental y la formación inadecuada de los egresados del sistema educativo. “Estos factores actúan transversalmente y en forma negativa, como un freno al avance del país y a la sostenibilidad de nuestro modelo económico”, advierte Turolla. En los últimos años el país ha logrado conseguir importantes avances y pasos en la dirección correcta, pero es mucho lo que aún falta por hacer para seguir elevando a los sectores productivos estratégicos a categoría de clase mundial. El plan estratégico de gobierno de la administración de Ricardo Martinelli identificó correctamente como motores de crecimiento que demandan atención prioritaria los siguientes: Logística, turismo, agricultura y servicios financieros. “La acción, sin embargo, predominantemente se ha enfocado hacia la dotación de infraestructura, lo cual es una condición necesaria pero no suficiente. Incluso puede generar problemas políticos y sociales cuando el gasto en inversión física es percibido por la sociedad como ineficiente y fuente de corrupción”, aclara. La especialista considera que la coyuntura política pre-electoral es propicia para que la más importante instancia participativa de consulta institucionalizada, como lo es la Mesa de Concertación Nacional, actualmente convocada para la revisión, actualización y priorización de los Acuerdos de la Concertación de 2007, presente recomendaciones. “Es muy importante para el país que estas recomendaciones sirvan de orientación para la próxima administración. La voluntad política para consolidar nuestro incipiente Sistema de Competitividad es el factor sine qua non para avanzar, reconociendo que sin la participación de la sociedad organizada no se puede consolidar este sistema”, opina. Para avanzar en competitividad, de acuerdo con Fernando Aramburú Porras, el país debe concentrarse la calidad de educación, un tema en el que coinciden muchos panameños y del cual se ha escrito mucho, se han hecho muchos diagnósticos y se han ensayado muchos esfuerzos. “Sin embargo, los intereses gremiales y los paradigmas continúan prevaleciendo sobre el bien general. Solo afrontado los retos que impone la modernización de la educación, el país podrá ser competitivamente sostenible”, alertó. Esto significa orientar los recursos necesarios a la educación y estar dispuestos a pagar el costo político de hacer los cambios necesarios. “Sugerimos introducir la fórmula exitosa empleada en otros países, de realizar alianzas públicoprivadas para la educación primaria y secundaria, tales como los ‘chárter schools’ de Estados Unidos y otros países desarrollados, que han dado excelentes resultados”, precisó. Rubén Lachman es de los que piensa que mientras no nos demos cuenta que el problema de Panamá es que no se están compartiendo bien las riquezas, no se asumirán las medidas que hay que tomar.
Competitividad versus PIB 40000
46.00%
35000 44.00% 30000 25000
42.00%
20000 40.00%
15000
Evolución de Panamá en el ranking del FEM (Posición global*)
38.00%
10000
PIB (En millones de$) *Mientras más bajo esel número, mejora la competitividad del país porque recorta su distancia del líder.
5000 0
36.00%
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: MEF Y FEM.
Los 10 mejores indicadores Indicador
Posición global entre 148 países 3 4 5 5 6 7 7 7 8 1
1. IED como fuente de transferencia tecnológica 2. Suscripciones de teléfonos móviles 3. Calidad de infraestructura de transporte aéreo 4. Reglas para Inversión Extranjera Directa 5. Calidad de la infraestructura portuaria 6. Solidez del sistema bancario 7. Accesibilidad a servicios financieros 8. Adquisiciones del gobierno de PAT 9. Facilidad de acceso a créditos 10. Disponibilidad de Servicios Financieros * IED: Inversión Extranjera Directa. Fuente: Índice Global de Competitividad del FEM 2013-2014
Los 10 peores indicadores Indicador
Posición global entre 148 países Independencia del Poder Judicial 118 Participación femenina en la fuerza labora 116 Impacto económico del VIH/Sida 116 Costos del crimen y la violencia para las empresas 115 Calidad de la educación en matemáticas y ciencias 114 Salarios y productividad 111 Confianza en la administración profesional 109 Prevalencia del VIH 102 Tasa de matrícula en educación secundaria 101 Inflación (tasa anual de cambio) 101 Fuente: Índice Global de Competitividad del FEM 2013-2014.
cada quien anda por su lado y producto de la abier“Eso no es sustentable, en ninguna parte del ta economía panameña, todo lo están resolviendo a mundo podría ser sustentable”, dijo. través de importaciones”, acotó. Este economista recomienda una mayor inteEn ello coincide Irene Giménez, socia de Goethals gración de los sectores económicos, que el Canal Consulting Corp. sea una especie de Disney World y el resto de Panamá sea como Orlando en Florida, que todas “En función de esto, podemos pensar en un las actividades vayan de la mano y se vendan unas ‘Panamá favorable’ para los negocios en los distina otras. tos enclaves y un ‘Panamá desfavorable’ o algo más adverso para los mismos a nivel general. Esta geneTener dos países en uno es otro de los grandes ración de áreas y regímenes especiales ha puesto en desafíos que se deben enfrentar y resolver, si aspirarelieve la poca competitividad del régimen general mos a un desarrollo sostenible y socialmente justo. y ordinario en lo impositivo, laboral y migratorio”, “Tenemos dos países dentro de uno, el primero señaló. que es muy productivo, y la otra parte es muy poco Esta disparidad, inherente a esta organización productiva. Si en Panamá trabajan 1.500.000 percon áreas y regímenes especiales, genera problesonas, solo 100.000 están produciendo suficiente mas de inequidad en la ingresos y tienen una productividad tan alta que EL PAÍS DEBE ESPECIALIZARSE competencia, suponiendo mayores cargas en varias logran que todo el país esté funcionando bien, desde la EN LA CREACIÓN DE UN CENTRO áreas para las empresas y empresarios que no pueperspectiva de los indicadores macroeconómicos. LOGÍSTICO PARA REDISTRIBUIR Y den aplicar, generando así barreras de entrada dentro En ese conglomerado, los salarios son en promedio PROCESAR PRODUCTOS A TRAVÉS del mismo mercado nacional. como de $4.000 al mes y en el resto del país el proDEL TRANSPORTE MARÍTIMO “La democracia encuenmedio anda entre $600 y tra encrucijadas cuando un $700”, apuntó. grupo reducido goza de ciertos derechos (porque deben ser universales) o ciertos privilegios (que no De hecho, de acuerdo con las cifras oficiales, son universales e idealmente no deben existir) que la productividad de esas 100.000 personas, que les permiten prosperar y tener ingresos superiores forman parte del conglomerado que se concentra a los del resto de la población. La acción política entre Panamá y Colón y que tiene que ver prinentonces debe ser expandirlos a toda la población cipalmente con el comercio mundial (puertos, cuando dichos privilegios son deseables para el Canal, telecomunicaciones, banca y demás servidesarrollo (si es bueno para algunos, tiene que ser cios financieros), es 18 veces superior a la del resto bueno para todos)”, alega. del país, donde trabajan 1.400.000 de trabajadores. “Panamá está creciendo en forma de islas” y eso no está bien. Es lo mismo con la Zona Libre de Colón. “¿Por qué la segunda zona libre más grande del mundo, está ubicada en Colón, que es uno de los lugares más pobres del mundo? No transmite riqueza. Aquí
Por todo ello, Giménez juzga positivamente la aplicación de un régimen único, la eliminación de enclaves, tomando los beneficios actuales de dichas zonas que promueven el desarrollo y llevándolo al punto de ser tan beneficioso como sea posible en tanto igual para todos, es decir, propugnando una verdadera igualdad. Para elevar la competitividad de Panamá, a su juicio, se requiere eliminar los pequeños enclaves que conviven en el mismo país con diferentes privilegios e incentivos y regresar a las funciones básicas del Estado, pequeño, eficiente y eficaz; recuperar el poder de la sociedad civil, actuando bajo el mínimo necesario de regulación; adoptar los principios del mercado (competencia, desregulación, precios sin intervención); descentralizar y devolver la cercanía que permite una mejor fiscalización y un mayor poder de reclamo ciudadano. Guillermo Chapman, socio fundador de Indesa, sostiene que lo primero que se necesita para hacer de Panamá un país más competitivo es contar con recursos humanos productivos y ello requiere educación, entrenamiento y un mercado laboral eficiente. “La competitividad empresarial exige libertad de entrada y salida en todos los mercados, libre competencia y falta de restricciones al establecimiento de los precios. Concretamente, el país debe especializarse en la creación de un centro logístico para la redistribución y procesamiento de productos a través del transporte marítimo en especial alrededor del canal ampliado, aéreo y terrestre”, indicó. Al referirse al turismo y los servicios financieros, Chapman resaltó que son sectores que ofrecen grandes oportunidades, pero que requieren todavía grandes inversiones, entrenamiento de personal y mucho apoyo gubernamental. “En los últimos años la participación relativa del sector agropecuario en la economía nacional se ha venido encogiendo y es evidente la falta de una estrategia agrícola de largo plazo. Este es un tema que debe abordarse prioritariamente si queremos tener un país competitivo”, recomendó Chapman. En eso coincide Raúl Moreira, al igual que en la necesidad de invertir más en capital humano y reforzar las capacidades tecnológicas de los trabajadores panameños. “La innovación y el capital humano son para mí la clave para poder montar al país en otro nivel de competitividad”, apuntó Juan Jované. La mayoría de los consultados piensan que la principal limitación para hacer sostenible en el tiempo el modelo económico de Panamá es la falta de recurso humano calificado. Y para superar este problema, De la Guardia sugiere seguir las recomendaciones de Unidos por la Educación. Por otro lado, hay que “identificar y reducir los trámites burocráticos que limitan la creación y el desarrollo de empresas y la inversión extranjera”. Es que, en Panamá, cumplir con la burocracia estatal tiene un costo muy alto, en particular para las nuevas empresas. Y esta barrera de entrada limita en gran medida que muchas microempresas, pequeñas y medianas empresas se formalicen. También se debe continuar con el desarrollo de Panamá centro logístico, con la ejecución de las inversiones ya identificadas y necesarias para apoyar el desarrollo de dicho sector. “Eliminaría las trabas burocráticas, principalmente aduaneras, que son un obstáculo para el desarrollo del sector logístico de valor agregado. Y aseguraría que las contrataciones públicas cuenten con reglas claras, transparentes y competitivas, permitiendo el acceso a todos los agentes económicos que deseen participar”, añadió De la Guardia. Eliminar las prácticas monopolistas y oligopólicas que limitan la competencia y el acceso de los agentes económicos al mercado, debería ser otra prioridad en la agenda. “Por ejemplo, las prácticas oligopólicas en la cadena de distribución de alimentos”, puntualizó el financista.
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4 Misión Panamá
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POLÍTICAS PÚBLICAS | LA PLANILLA ESTATAL HA CRECIDO 20% EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
¿Cómo reducir la burocracia panameña? Recomiendan aplicar un programa de amortización de empleo Foto: Archivo/CF
Marianela Palacios Ramsbott mpalacios@capital.com.pa Capital Financiero
E
l peso de la burocracia de la República de Panamá es relativamente alto si se compara con el de otros países. Los empleados del Gobierno Central panameño representan el 7,6% de la ocupación total del país en contraste con el 1,8% del Gobierno Federal de Estados Unidos, que tiene la ventaja de gozar de economía de escala por razón del gran tamaño de ese país. Pero si lo comparamos con Costa Rica, un país con una magnitud similar al nuestro, emplea en su gobierno el 3,8% de la población ocupada. Y España, con su notorio despilfarro fiscal, ocupa el 5,4% en el sector público nacional, según datos suministrados por el economista Guillermo Chapman. Y durante esta administración, a pesar de que durante la campaña electoral del actual presidente se habló de la conveniencia de reducir la planilla estatal y hacer más efectiva la administración pública panameña, la burocracia no ha dejado de crecer. De hecho, la planilla estatal panameña ha crecido 20% en los últimos cuatro años, al pasar de 169.274 funcionarios en septiembre de 2009 a 203.929 en septiembre de 2013, de acuerdo con la Contraloría General de la República. “Sin embargo, por otra parte, hay que reconocer que desde 1999 la porción del gasto corriente del gobierno que se dedica a la planilla ha bajado de un tercio del total a una cuarta parte en el año 2012”, acotó Chapman. Desde el punto de vista político, económico y social el empleo público no se puede reducir de un tajo, ni conviene hacerlo. “La reducción debe hacerse a través de un programa que llamaríamos de amortización de empleo que consiste en procurar no reemplazar a los empleados que renuncian o se jubilan, excepto aquellos que deben mantenerse como los de la fuerza pública, maestros, bomberos y similares”, destacó. Podría añadirse un programa de profesionalización de los mandos intermedios-altos permanentes con una escuela de excelencia a nivel superior al que accedan abogados, ingenieros, arquitectos, economistas y otros a un programa de formación muy riguroso, de un año o más, que vayan a integrar los
Gracias!
LA CARRERA ADMINISTRATIVA DEBE ESTAR NORMADA POR UNA LEY GENERAL Y REGIRSE POR MERITOCRACIA EN LUGAR DE CLIENTELISMO POLÍTICO cuadros estables del servicio público. Tal como se hace en ciertos países europeos. A juicio de Fernando Aramburú Porras, la forma de atacar la burocracia empieza por la revisión de las funciones principales que debe realizar el Estado y la identificación de cuáles son redundantes y se repiten en varias instituciones o pueden ser realizadas por el sector privado. “Adicionalmente deben revisarse los procedimientos empleados para los diferentes servicios que se prestan, así como los sistemas electrónicos que se utilizan para darlos. Un Estado moderno debe facilitar los trámites a los ciudadanos y no poner más trabas y burocracia. Hoy en día prácticamente cualquier trámite puede hacerse por vía electrónica”, dijo. Con la simplificación de los procesos y funciones pueden lograrse muchos ahorros. “Por último y no menos importante deberán eliminarse todas los nombramientos políticos y for-
7,6% En Panamá
3,8% En Costa Rica
1,8% En Estados Unidos Fuente: Indesa talecer la carrera administrativa del sector público”, acotó. En eso coincide Horacio Estribí, quien advierte
ESTOS SEIS DISTINGUIDOS PROFESIONALES , EN RESPUESTA A UNA SOLICITUD HECHA POR CAPITAL FINANCIERO, DEDICARON SU TIEMPO, SUS CONOCIMIENTOS Y SU AMPLIA EXPERIENCIA PARA ENRIQUECER EL DEBATE SOBRE LOS SUBSIDIOS ESTATALES, LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL, LA BUROCRACIA Y LA COMPETITIVIDAD Y HACER RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA MANEJAR LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL PAÍS DE CARA AL FUTURO. !MUCHAS GRACIAS A TODOS POR ESTE VALIOSO APORTE QUE HAN HECHO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEJOR PANAMÁ!
!
Fernando Aramburú P.
Rubén Lachman
Gabriel Diez
Presidente de la firma consultora Intracorp
Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)
Licenciado en Economía de la Universidad de Pacífico, Lima, Perú. Maestría y doctorado en Economía y Finanzas de la Universidad de Boston, Estados Unidos. Consultor y director de empresas, asociado a Booz & Company. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la administración pública y privada, con especialidad en el área gerencial y finanzas. Ocupó los cargos de director general de Ingresos en 1977 y ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Doctor en Economía de la Academia de Grenoble, Francia. Cuenta con más de 35 años de experiencia como especialista en análisis macroeconómico, sectoriales y regionales, estudios de mercado, de factibilidad y rentabilidad y planes de negocios. Fue consejero en las negociaciones de la deuda comercial panameña en Nueva York y en el proceso de adhesión de Panamá a la OMC. Consultor de empresas, organismos multilaterales y agencias de cooperación.
Ingeniero. Fue ministro de Vivienda durante la administración de Martín Torrijos y presidente del Sindicato de Industriales en el periodo 2006-2007.
Presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)
¿Cuánto representan los empleados públicos respecto al total de trabajadores?
que el sistema de carrera administrativa del sector público en Panamá es tan dicotómico, tan dual, como el resto del país en su estructura, y que el clientelismo es otro importante peso en el ala del Estado panameño. “Tienes un sistema altamente protegido en áreas esenciales, como salud, educación y seguridad, que tienen una especie de inamovilidad garantizada. Que se convierten en una especie de vacas sagradas. Tienen aumentos garantizados, indistintamente a sus méritos. No se les puede destituir, no se les puede llamar la atención, nada. Allí no hay mucho espacio para evaluar méritos, simplemente hay una situación de compulsividad, tienes que dar el aumento simplemente porque están agremiados y se acabó, no los puedes botar”, afirmó. Eso contrasta con el otro extremo, el de funcionarios que no están amparados por ninguna ley y que son botados a discreción, sin ningún tipo de cortapisas, y donde la influencia política y la amistad pesan más que el sistema de méritos. “Es claro, por consiguiente, que el país y sus recursos humanos debe moverse hacia una mayor profesionalización y que todos los funcionarios se rijan bajo una ley que se fundamente esencialmente en consideraciones que atañen al rendimiento y méritos individuales de cada servidor público, en lugar de a consideraciones políticas”, declaró Estribí. Raúl Moreira también aboga por la necesidad de desarrolla una verdadera carrera administrativa en el sector público panameño. “Una real carrera administrativa que permita a las personas, de acuerdo con sus méritos, mantenerse en un área independientemente del gobierno que entre o salga y del partido al que pertenece. Eso es cada vez más necesario, pero requiere de un compromiso enorme para poder ejecutarse, y no veo a corto plazo un escenario para lograr eso, no veo la voluntad política para resolver el tema de la burocracia en el país”, opina. A su juicio, eliminar la duplicación de esfuerzos y funciones que existen en muchas áreas es otra prioridad para avanzar en este tema. “Hay que lograr que la burocracia sea más eficiente” y “balancear la relación entre las personas que prestan servicios administrativos y las que prestan servicios. Eso sería lo lógico”, apuntó Juan Jované, para reducir los sobrecostos administrativos. Gabriel Diez, por su parte, recomienda entrenar a los funcionarios públicos, darles capacitación y profesionalizarlos.
Juan Jované Economista
Licenciado en Economía de la Universidad de Panamá. Y tiene una Maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y un postgrado en Docencia Superior de la Universidad de Panamá. Es profesor de la Facultad de Economía en la Universidad de Panamá y ha sido director del Instituto de Estudios Nacionales y del Centro de Investigación de esa facultad. También fue director de la Caja de Seguro Social de 1999 a 2003, durante la administración de Mireya Moscoso.
Horacio Estribí
Raúl Moreira Rivera
Licenciado en Economía de la Universidad de Boston con una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue director del Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud durante la administración de Martín Torrijos. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. También ha sido docente de la Universidad Latina, Universidad Americana, Universidad Interamericana y de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior.
Licenciado en Economía con una Maestría en Administración de Empresas y una Especialización en Finanzas. Es profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Católica Santa María La Antigua y la Universidad de Panamá y miembro del directorio de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Fue director de Planificación y Finanzas de la Administración de la Zona Libre de Colón y asesor económico de la Asociación de Usuarios de la misma zona franca.
Presidente de la firma consultora Cegesa
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Presidente del Colegio Nacional de Economistas de Panamá