IMPAR
Difundiendo el conocimiento
inanciero COLECCIONABLE #1
POLíticas públicas | El país necesita no solo un cambio, sino una revolución en educación
esta separata FUE producida POR mARIANELA PALACIOS ramsbott, EDITORA DE CAPITAL FINANCIERO
Reducción de la desigualdad es una tarea inaplazable
Foto: Archivo CF
Si se analiza la evolución del coeficiente Gini, que es uno de los principales indicadores que se usan para medir la desigualdad, se puede apreciar cómo los avances conseguidos en la primera década de este siglo se estancaron a partir de 2009 y que el ritmo de crecimiento de la economía no parece guardar una relación perfectamente proporcional con el ritmo de reducción de las brechas sociales. Capital Financiero consultó a un grupo de profesionales de reconocida trayectoria sobre las políticas públicas que recomendarían aplicar para avanzar en materia de inclusión social, reducir las brechas sociales y lograr que la riqueza nacional se distribuya mejor. Y, tal como se esperaba, el tema de la educación cobró un rol protagónico en este debate. “El mejor instrumento de inclusión social es sin lugar a dudas la educación, que en Panamá ha logrado un grado avanzado de cobertura pero carece de buena calidad, en especial la que imparte el sector público”, resaltó Guillermo Chapman. Para mejorar este aspecto, el economista sugiere reorientar las prioridades de la inversión gubernamental para asignar más recursos a la formación de los educadores, creando escuelas superiores para la preparación de nuevos maestros y profesores de excelencia y para el re-entrenamiento de los actuales con expertos de distintas partes del mundo. “Al mismo tiempo que sembramos la nueva educación para cosechar a mayor plazo se deben crear planteles de excelencia que produzcan graduandos a mediano plazo que alimenten a nuestras universidades y las del exterior de manera de incrementar el plantel de profesionales en un plazo intermedio”,
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Inflación histórica en Panamá
9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 *
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anamá es uno de los países que más ha crecido en el mundo en los últimos años, con tasas de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) cercanas a 9% anual en promedio. Y aunque ese auge económico ha permitido reducir los niveles de desempleo, pobreza e indigencia, Panamá sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad social de la región.
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La mala distribución de la riqueza en Panamá es un factor que amenaza la sostenibilidad del modelo económico nacional. Y por eso corregir esa situación debería ser una de las metas prioritarias de cualquiera de los candidatos que competirán en las próximas elecciones. Con esa idea en mente y con el propósito de enriquecer el debate presidencial y ayudar a construir consensos que faciliten la definición de las políticas públicas que se deben ejecutar en los próximos años, Capital Financiero inicia hoy una nueva serie editorial: Misión Panamá. Mes a mes, presentaremos en esta serie las ideas de un grupo de profesionales de reconocida trayectoria en torno a seis temas claves para el desarrollo nacional: Finanzas Públicas, Agro y Seguridad Alimentaria, Agua, Subsidios, Energía y Educación. Iniciamos la serie con el tema Finanzas Públicas y un interesante intercambio de ideas y recomendaciones presentadas por Nicolás Ardito Barletta, Guillermo Chapman, Dulcidio De La Guardia, Luisa Turolla, Irene Giménez y Diego Ferrer. Vale la pena revisar algunos datos para entender que la tarea no es sencilla, pero seguir dilatando el enfrentamiento de este desafío no es una opción. Panamá experimenta en la actualidad uno de los ciclos de bonanza económica más largos de su historia. Ha crecido, en promedio, cerca de 9% anual en los últimos seis años y ni siquiera en el año 2009, tras el estallido de la crisis financiera y económica global, dejó de expandirse. En ese periodo, el Producto Interno Bruto (PIB) se duplicó, al pasar de $17.000 millones en 2006 a $36.000 millones en 2012, y la Inversión Extranjera Directa que recibió el país superó los $30.000 millones. Y ese boom económico vino acompañado de la disminución de la tasa de desempleo, de 12% en 2005 a 4% en la actualidad, y de la tasa de pobreza, que cayó de 36% a 26%. Pero a pesar de todas esas deslumbrantes métricas macroeconómicas, Panamá sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad social de América Latina y si nos dejamos guiar por el coeficiente de Gini, que es unos de los principales indicadores usados para medir esa realidad, las brechas sociales se han reducido en la útima decada, pero a una velocidad relativamente lenta si se compara con los ritmos de crecimiento que ha marcado la economía. Y en los últimos años ese progreso se ha estancado.
¿Es posible cerrar las brechas sociales?
Tasa promedio anual
Misión Panamá, un aporte de Capital Financiero al debate electoral
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Contraloría General de la República.
Evolución del coeficiente Gini 0.58 0.57 0.56
Banco Mundial* Cepal
0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.5 0.49
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Fuente: Banco Mundial y Cepal
Tasa de desempleo abierto urbano en Panamá (2004-2011) 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
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Fuente: Contraloría General de la República.
señaló Chapman. Desde su perspectiva, la formación académica debe complementarse con carreras técnicas intermedias que produzcan expertos útiles para la industria, la agricultura, las finanzas y el comercio a mediano plazo. Por otro lado, la provisión eficiente y eficaz de los servicios públicos de transporte, agua potable, electricidad y salud, muchos de los cuales tienen carencias significativas en el presente, son instrumentos útiles para mejorar la calidad de vida de la población y fomentar la inclusión. Pero hasta el momento, “la inversión de los recursos de la sociedad no ha obedecido a las prioridades correctas”. Adoptar las recomendaciones de
Unidos por la Educación para transformar la educación panameña, podría ser una alternativa para definir el rumbo en esa materia, indicó Dulcidio De la Guardia. “De tal forma que nuestros jóvenes cuentan con el conocimiento y las habilidades para aprovechar las múltiples oportunidades que se le están presentando a Panamá. La exclusión social es un resultado directo del pobre sistema educativo que tenemos”, dijo. A juicio del financista, para distribuir mejor la riqueza en el país, también habría que cambiar la política de subsidios universales al consumo a subsidios directos focalizados en los grupos vulnerables, con la meta de sacar a dichas familias de la pobreza.
En eso coinciden Nicolás Ardito Barletta, Luisa Turolla e Irene Giménez. Además, hay que “eliminar las prácticas oligopólicas que existen en la cadena de distribución de alimentos, que han hecho que el costo de los alimentos en Panamá se incremente en los últimos años muy por encima del incremento mundial”, concluyó De la Guardia. Nicolás Ardito Barletta, por su parte, destaca que la capacidad de generación del empleo en Panamá ha sido un factor relevante en la reducción de la desigualdad. Y que en la medida en que esos empleos van acompañados de salarios dignos el círculo virtuoso sigue expandiéndose. Pero el crecimiento económico no es un factor suficiente para generar todos los cambios que Panamá necesita para ingresar al primer mundo. “Hay ciertas tendencias inevitables por un tiempo, porque cuando se crece más rápido, los sectores más dinámicos se benefician un poco más rápido que otros. Hay que ver también la estructura económica. Si el sector agropecuario, donde tienes 180.000 personas, está creciendo lentamente, allí hay un porcentaje de la población que se queda más rezagado”, declaró. La pobreza en Panamá ha bajado de 40% en 2000 a 25% en 2012 y nuestro país está más avanzado en eso que la mayoría de los países de América Latina, pero hay que seguir progresando en esa dirección y una mejor atención de las comarcas puede marcar una gran diferencia en esta difícil tarea. “No solo se requiere cubrir las necesidades básicas de infraestructuras en educación y centros de salud de la población indígena, que es donde están más deficientes que en al resto del país, sino también un esfuerzo cultural, para que manteniendo su cultura puedan aprovechar mejor la modernización y el crecimiento de Panamá”, insistió Ardito Barletta. También hay que seguir dando más oportunidades a la mujer, lo cual supone otro factor importante para la reducción de las desigualdades, tanto para beneficio de ellas como de sus hijos. “Está comprobado internacionalmente que mientras más elevas la dignidad y la participación de la mujer, mejor salen sus hijos”.
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Misión Panamá N°1
Deuda | LOS PROFESIONALES CONSULTADOS EVALúan la situación fiscal del país
¿Es sostenible el endeudamiento público? Foto: Archivo CF
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a mayoría de los profesionales que participaron en este intercambio de ideas se muestran convencidos de que el modelo de endeudamiento actual de Panamá no es sostenible y sugieren hacer ajustes a esa política pública en varios sentidos, basados en una planificación financiera a mediano plazo, y aprovechar la bonanza económica actual para generar superávits fiscales o al menos disminuir los niveles de déficits que se estado registrando en la actualidad. “El modelo actual no es sostenible en el tiempo, toda vez que responde únicamente a decisiones políticas de corto plazo, y no toma en cuenta el impacto en la situación financiera del país en el largo plazo”, advierte Dulcidio De la Guardia. En su opinión, es importante ajustar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) con el objetivo de que el país pueda usar en forma efectiva la política fiscal, que es la principal herramienta macroeconómica con que cuenta. “La meta sería que la LRSF obligue al gobierno a generar un superávit fiscal en periodos de alto crecimiento económico, pero permitiendo un déficit fiscal, controlado, en periodos de poco crecimiento o recesión, o en casos de desastres naturales. De esta forma la LRSF se convierte en un mecanismo que le permite al Gobierno contar con una herramienta macroeconómica contra cíclica”, alegó. En esto coincide Guillermo Chapman, quien recuerda que la actual administración ha operado bajo una combinación de condiciones extraordinarias. Por una parte, ha gozado de un crecimiento real de la economía como el que no se había dado en el país desde la década de 1960, impulsado esta vez por el desempeño del Canal, las exportaciones de servicios dado el auge del comercio de China con Estados Unidos y Latinoamérica y el alto nivel de inversión pública y privado, todo ello facilitado por los cambios estructurales de mediados de los 1990 que toman una década en surtir efecto. “Y, por la otra parte, condiciones de alta inflación a la par de tipos de interés internacionales nominales sumamente bajos, todo lo cual le ha facilitado una política de endeudamiento público sumamente acelerado y a bajo costo real”, resaltó. Un análisis comparativo con las otras cuatro administraciones desde el retorno de los gobiernos civiles, deja en evidencia que el ritmo de crecimiento de la deuda pública de la actual ha sido con creces el más acelerado. De hecho, en términos relativos, la razón entre la velocidad de crecimiento de la deuda y del Producto Interno Bruto (PIB) nominal en el período 2009-2013 es la más elevada, con la única excepción del ciclo 1999-2004. Al definir las perspectivas de la economía nacional hacia el futuro, Chapman anticipa un ritmo de crecimiento saludable pero menor
PIB de Panamá en el siglo XXI (Crecimiento anual) 14.00% 12.10%
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Fuente: Banco Mundial
Pobreza versus ingreso per capita 20,000
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Ingreso per capita (En $)
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Tasa de pobreza
Fuente: Banco Mundial.
que el del último quinquenio en un contexto internacional de abatimiento de los precios de los productos básicos, que implica menor inflación interna e intereses más elevados en los centros de dinero en los que Panamá obtiene crédito público y privado. “A este panorama debemos añadir que en los próximos tres años debemos refinanciar vencimientos de deuda pública del orden de $2.000 millones y financiar inversiones así como los déficits que puedan resultar de las operaciones del sector público simplemente por la inercia del gasto”, precisó el economista, quien por todo lo anterior considera que el modelo no es sostenible y que se hace necesario hacer ajustes basados en una planificación financiera a mediano plazo. Irene Giménez alerta que la situación fiscal actual que enfrenta el Gobierno es un asunto a tener en cuenta a la hora de hacer esa planificación financiera, debido a la necesidad por recursos para concluir el ambicioso plan de obras públicas que se trazó el gobierno al inicio de su mandato.
En los próximos tres años debemos refinanciar vencimientos de deuda pública por $2.000 millones y financiar inversiones y altos déficits Si esta coyuntura se maneja correctamente, agrega, el país podría avanzar sin mayores traumas, pero si no, podría llegar a afectar a los negocios o contribuyentes a nivel personal si es que ocurren cambios en el régimen o estructura fiscal. “El balance fiscal del sector gubernamental ha visto un deterioro sistemático de la condición de superávit hasta el punto de entrar en déficit en las finanzas. Dicha situación plantea una necesidad de poner en orden las cuentas, tan-
to el gasto corriente como los planes de inversión que deberán ser revisados”, agregó. No habiendo superávit para disponer y mediando límites al endeudamiento, anticipa para los próximos años una desaceleración del ritmo de crecimiento tanto de los gastos operativos como de inversión del sector público. “Lamentablemente y no obstante se hagan los ajustes necesarios, hay posibilidades que el gobierno tenga que recurrir a alguna modificación del régimen impositivo, ya sea vía la alteración de los tipos existentes para fijar las tasas o nuevos gravámenes en sí como para poder compensar los flujos futuros teniendo en cuenta el nivel de gasto y deuda presente”, opina Giménez. El saldo de la deuda pública ha registrado un incremento de 40% en los últimos cuatro años y eso, a juicio de la consultora, no es un hito menor. “Así se tomen todas las medidas de encuadramiento necesario del caso en la situación del balance fiscal gubernamental, posiblemente el sector público deba recurrir a incrementar las tasas de los gravámenes existentes o bien introducir nuevos gravámenes para alinear los niveles de flujos de ingresos y egresos”, indicó. Un recorte más drástico de las erogaciones del erario público sumado a un refinanciamiento con un estiramiento de los plazos de la deuda pública, podrían llegar a mitigar o evitar en algún punto esta situación, pero todo ello quedaría supeditado a la voluntad y posibilidad política en medio del venidero ciclo electoral. Nicolás Ardito Barletta considera que el gobierno panameño debe ser prudente en materia fiscal. “Hay que volver a reducir el déficit fiscal anual, que se nutre pues con un mayor endeudamiento. Las proyecciones que se han hecho de un crecimiento más conservador de 5%, 6% y 7% anual en los próximos cuatro años, indican que se podrá mantener un nivel de inversión pública apreciable, no tan ambicioso como el de ahora, pero apreciable, para suplir las deficiencias de infraestructuras de escuelas, hospitales, etc.”, afirmó. Así se puede seguir reduciendo la deuda como porcentaje del PIB, que ahora mismo está en 40% y que puede llegar a 33% 34%, pero todo dependerá de la tasa de crecimiento de la economía. “Por eso el hecho de que la proyección se haya hecho con una tasa de crecimiento de entre 5,5% y 7% es muy prudente, porque tal vez allí es donde va a estar el crecimiento que nutre los ingresos fiscales y que nutre la capacidad de actuar sin aumentar la deuda”. Diego Ferrer se distancia un poco de estas visiones al sostener que el modelo de endeudamiento actual de país es perfectamente sostenible. Y vale la pena evaluar sus argumentos, caracterizados por un verdadero lujo de detalles (Ver nota: La clave del éxito a futuro será respetar estrictamente la LRSF).
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Misión Panamá N°1
$4.146 millones en pasivos no registrados Es importante reconocer que gran parte de la percepción de sobreendeudamiento público se da por el uso de “pasivos no registrados” como mecanismo de financiamiento de obras públicas. Estos pasivos no registrados han tomado dos formas principales: exclusión de ciertas empresas públicas del Sector Público No Financiero (SPNF) y la contratación de proyectos de inversión de obra pública bajo la modalidad llave en mano.
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ANálisis | sector público debe adoptar Normas Internacionales de Contabilidad
¿Responsabilidad fiscal, será la clave del éxito?
Foto: Archivo CF
En el caso de las empresas excluidas, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) mantiene un saldo de deuda de $991 millones y el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (Aitsa) pudiera estar realizando una emisión de bonos en los próximos meses hasta por $650 millones. A junio 2013, los compromisos llave en mano ascienden a $2.505 millones. En total, hablamos de $4.146 millones en pasivos que no consolidan con la deuda pública, lo que representa el 29,1% de la misma. Si quisiéramos irnos al extremo de sumar estos pasivos a la deuda pública, la relación deuda PIB aumentaría a 50,8%, aproximadamente donde se situaba en el 2007. La razón por la cual este sería un ejemplo extremo, es que actualmente el Estado financia aproximadamente el 60% de sus inversiones físicas con ahorro corriente (ingreso corriente – gasto corriente) y el 40% con deuda. En otras palabras, no es correcto suponer que el 100% de los llave en mano serían financiados con deuda. En el caso de las empresas excluidas, se hizo con ENA, Aitsa y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) lo que en el 2004 se hizo con la ACP. Estas empresas se eliminaron de la consolidación de la deuda pública por tener ingresos estables que le permiten levantar deuda contra sus flujos y/o balances. El hecho de que estas deudas no consoliden con la deuda pública es aceptable bajo estándares internacionales; sin embargo, es importante que el Estado monitoree de cerca el desempeño de esas empresas públicas pues en caso de default, existe una alta probabilidad que se conviertan en pasivos del Gobierno Central. En el caso de los llave en mano, el Gobierno ha recurrido a este mecanismo de pago con mayor frecuencia ya que el sector público panameño registra gastos en base caja. Esto le permite reconocer y registrar el gasto correspondiente a la porción del proyecto a pagarse durante la vigencia fiscal corriente. En otras palabras, se adquiere el compromiso, pero se segmenta el pasivo y se difiere en el tiempo. Esta es una práctica peligrosa en la medida en que se difieran demasiados pasivos a futuras vigencias fiscales, restando espacio fiscal y de maniobra cuando más lo podemos necesitar. Por ejemplo, frente a una desaceleración económica y/o desastre natural. Hemos visto como para el final de la administración actual, una porción importante de estos pasivos ha sido diferida a la próxima administración, con aproximadamente unos $2.076 millones a pagarse entre el 2014-2016 ($1.058 millones entre 2015 y 2016). Si bien estos siguen siendo niveles manejables considerando los tamaños de futuros presupuestos a ser ejecutados, es un precedente preocupante. En la medida que el sector público culmine su transición a una contabilidad devengada (cosa que tomará varios años), el uso del mecanismo de proyectos llave en mano será transparente ya que se registrará lo ejecutado del proyecto en la vigencia fiscal en que se ejecuta y no en la que se paga el proyecto. Sin embargo, mientras los proyectos se registren cuando se pagan, los llave en mano deben ser la excepción y no la regla. En términos generales, estos pasivos no registrados son conocidos por la comunidad financiera internacional encargada de monitorear las finanzas públicas panameñas y son incluidos en sus distintos análisis de sostenibilidad de la deuda. El MEF toma en consideración todos los llave en mano cuando prepara su programación de deuda plurianual.
“Los llave en mano deben ser la excepción y no la regla”, advierte Diego Ferrer
Ajustes
Diego Ferrer capital@capital.com.pa Especial para Capital Financiero
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l endeudamiento del Estado panameño es un tema que ha penetrado el debate político y que seguramente tendrá un protagonismo importante frente a las elecciones presidenciales del 2014. Algunos medios de comunicación y sectores de la sociedad civil hablan de un sobreendeudamiento producto de las políticas de la administración actual, mientras que el Gobierno Nacional alega un manejo responsable de las finanzas públicas. Como resulta prudente cuando estamos frente a un debate politizado, es importante tomar un paso hacia atrás, intentar poner las cosas en contexto y ver qué nos dicen los números.
RECOMIENDAN AL MEF preparar un análisis de sostenibilidad de
Panamá ya cuenta con un marco fiscal sólido, delineado en la LRFS. Esto ha sido fundamental para darle credibilidad al país y sus finanzas, y lograr el grado de inversión. La clave del éxito a futuro será respetar estrictamente la LRSF. La presente administración merece ser reconocida por ser la primera en tener que cumplir con esa ley. Sin embargo, también debemos recordar que aprovechó la creación del FAP para modificarla y establecer límites de déficits y por lo tanto de endeudamiento más laxos, aunque mantuvo los límites sobre la relación deuda/PIB. Esto le restó credibilidad a la LRSF e introdujo un precedente negativo. Actores como el FMI han abogado por una postura fiscal más neutral (déficits más cerca al 1%) durante los próximos años, cuando se espera que el crecimiento del PIB converja hacia la tasa potencial de crecimiento (6,0%-6,5%). Las razones principales son que años de crecimiento alto presentan oportunidades para fomentar el ahorro y la consolidación fiscal. Adicionalmente, el tener una política fiscal expansionista durante años buenos puede
limitar la habilidad del país de responder eficazmente ante shocks internos y/o externos. Por otro lado, el FMI, en revisión de la economía panameña para el año 2012, comentó que estos pasivos podían representar riesgos fiscales y le recomendaba al Gobierno Nacional acelerar la adopción de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público para garantizar una cobertura más transparente y amplia de todos los pasivos efectivos y contingentes del sector público. Ese será un proceso largo y difícil, pero permitirá traerle mayor transparencia a los proyectos contratados bajo la modalidad llave en mano y disciplinará al Estado a priorizar proyectos en base a métricas de retornos sociales y financieros, al tener que registrar estos pasivos cuando se ejecuten y no cuando se paguen. También es recomendable que el MEF prepare anualmente un análisis de sostenibilidad de la deuda pública a nivel de Gobierno Central, modelando el posible default de las empresas públicas fuera del SPNF e incorporando los proyectos llave en mano contratados.
Evolución de la relación deuda-PIB 80.00%
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la deuda, modelando
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el posible default de
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fuera del SPNF e in-
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corporando los llave en manO ¿Dónde estamos? Entre los años 2004 y 2012, la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de 70,4% a 39,3%, producto de los esfuerzos de consolidación fiscal realizados por el Estado panameño. Mucho se ha hablado en Panamá del crecimiento de la deuda panameña en términos absolutos. En efecto, durante el mismo periodo (2004-2012) vemos que el saldo total de la deuda aumentó de $10.026 millones a $14.245 millones, un aumento del 42,1%. Sin embargo, el nivel absoluto de
PIB (En millones de $) Deuda como porcentaje del PIB
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Fuente: Banco Mundial y MEF.
endeudamiento del Estado (o de una empresa o familia) no es tan importante como el peso relativo. En este sentido, es importante destacar que durante el periodo considerado (2004-2012), los ingresos totales del Estado, a nivel de Gobierno Central, aumentaron de $2.345 millones a $6.576 millones, un aumento del 180,4%, mientras que el PIB nominal (incluye inflación) creció de $14.179 millones a $36.253 millones, un aumento del 155,7%. Lo importante a considerar para medir la sostenibilidad del modelo actual es la capacidad de repago
del Estado. Para ello, un indicador útil es el nivel de cobertura de intereses de la deuda, es decir, cuantas veces los ingresos del Estado cubren los pagos de intereses de la deuda soberana. En el año 2004 los ingresos del Gobierno Central cubrían los intereses de la deuda del Estado 3,6 veces. En el 2012, esta cifra ascendió a 8,6 veces. Bajo esta y otras métricas, la posición de endeudamiento del Estado panameño ha mejorado considerablemente durante la última década.
El mejoramiento de estas métricas ha venido acompañado por el reconocimiento de la comunidad financiera internacional. Aparte de lograr el grado de inversión en el 2010, con subsiguientes mejoras en el 2011 y 2012, Panamá es hoy considerado un crédito solido por los mercados financieros, medido a través de los márgenes (spreads) entre los rendimientos de los instrumentos de deuda panameña y los de los bonos del tesoro americano de igual madurez. De igual forma, el Fondo Monetario Internacional (FMI), durante su última revisión anual de la economía panameña (2012), estimó que las vulnerabilidades de la deuda pública eran bajas. ¿Hacia dónde vamos? Para efectos de determinar los parámetros a utilizarse respecto al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con apoyo de consultores externos y el FMI, y utilizando proyecciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), proyectó el crecimiento del PIB y de la deuda pública hasta el año 2025, tomando en consideración los aumentos en aportes del Canal ampliado al Tesoro Nacional. Según estas proyecciones, la trayectoria de la deuda mantendría tendencias favorables, logrando una relación deuda bruta/PIB del 22,1% en 2025 y una relación deuda neta (cuando se restan los ahorros acumulados en el FAP) al PIB del 16,2%. De lograrse, estos serían niveles de endeudamiento envidiables de acuerdo con estándares internacionales y, en conjunto con un marco fiscal y macroeconómico positivo, representarían varias mejoras en la calificación de riesgo actual del país. Claramente, estas proyecciones no son una garantía y serán sensibles a fluctuaciones en ingresos proyectados, tanto a nivel del Gobierno Central, como de la ACP. También dependerán de que futuras administraciones respeten la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), el ancla de toda la política fiscal, y por ende del nivel de endeudamiento, del Estado.
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4 Misión Panamá
N°1
Política financiera | Grado de inversión A, el nuevo reto de Panamá
¿Llegó la hora de generar superávit?
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romover el ahorro nacional. Mejorar la calificación de riesgo de grado de inversión con que cuenta el país. Mejorar la competitividad del centro financiero. Reducir el servicio de la deuda pública como porcentaje de los ingresos del Estado. Mantener la diversificación de las fuentes de financiamiento de la República de Panamá. Continuar desarrollando el mercado de capitales local. Estas son algunas de las recomendaciones que dieron los profesionales consultados cuando se les consultó sobre las políticas públicas financieras que debería asumir Panamá para mejorar su estatus actual. “Uno de los problemas financieros más serios del país es la falta de ahorro nacional. En la última década hemos estado invirtiendo cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB), del cual sólo el 15% es ahorro de los panameños y el restante 10% proviene del ahorro de los extranjeros. Esto nos hace sumamente vulnerables a los vaivenes de la economía mundial, como pasó en la última crisis internacional”, indicó Guillermo Chapman. La brecha de ahorro es resultado tanto del sector público, que ha mantenido déficits fiscales del 2% al 3% del PIB incluso en este ciclo de extraordinaria bonanza económica, como el sector privado, con su componente empresarial y doméstico. “El financiamiento externo para cerrar la brecha ingresa en la forma de inversión extranjera directa y préstamos bancarios”, aclara el economista. En su opinión, el primer elemento de una política de fomento del ahorro nacional sería que el sector público equilibre sus cuentas e idealmente alcance superávits. “En cuanto al sector empresarial, habría que incentivar por medio del sistema tributario la mayor retención de utilidades como instrumento eficaz para financiar las empresas recurriendo menos al endeudamiento”, dijo. Además, la promoción de un eficiente mercado de capitales promovería el ahorro doméstico y el financiamiento de la inversión a mediano y largo plazo. “La abundancia del crédito al consumo no sólo a través de los bancos, sino por medio de financieras, claves de descuento, mueblerías y otros medios fomenta un uso muy
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$2.443,2
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millones / Volumen de negociación en la Bolsa de Valores al cierre de julio
2500
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Calificación de riesgo actual del país. Es un grado de inversión y el escalón siguiente es A.
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Fuente: Contraloría General de la República.
Metas específicas Mejorar la calificación de riesgo de grado de inversión con que cuenta el país. La información financiera de las instituciones financieras, cooperativas y aseguradoras debe estandarizarse, consolidarse y ser publicada para poder contar con una visión de conjunto de todo el sector financiero nacional. Incentivar por medio del sistema tributario la mayor retención de utilidades como instrumento eficaz para financiar las empresas recurriendo menos al endeudamiento. Apoyar el desarrollo del centro de servicios legales y fiduciarios.
profuso del crédito por el consumidor”, alerta Chapman, quien considera que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) podría establecer normas en cuanto a los créditos que otorgan los bancos para la compra de automóviles y los que le adelantan a mueblerías y otras casas comerciales. A su vez, la Contraloría General de la República podría revisar su política de claves. En cuanto a la calidad de las instituciones financieras, tales como las financieras, cooperativas, aseguradoras y otras que tienen distintos entes reguladores, Chapman su-
Gracias!
giere que por lo menos la información financiera de las mismas fuese estandarizada, consolidada y publicada por la SBP a fin de poder contar con una visión de conjunto de todo el sector financiero nacional. Desde su perspectiva, Panamá no es el llamado centro financiero que pretende ser. “Hace falta legislación, promoción, instituciones, seguridad jurídica, apoyo gubernamental para que aquí se transen y liquiden con celeridad valores internacionales, existan mesas de monedas y se den distintos tipos de servicios que caracterizan un verdadero centro financiero que fortalecería y complementaría el centro logístico que estamos desarrollando”, sentenció. Dulcidio De la Guardia, por su parte, recomienda mantener una política fiscal coherente que reduzca en el tiempo el servicio de la deuda pública como un porcentaje de los ingresos corrientes del estado. Hay que “continuar con un manejo activo del perfil de vencimiento de la deuda pública, reduciendo el riesgo de refinanciamiento en un año en particular. Mantener la diversificación de las fuentes de financiamiento de la República de Panamá y continuar apoyando el desarrollo del mercado de deuda pública local”, insistió. Además, es importante identificar las acciones que Panamá debe tomar para mejorar la
8,9% Crecimiento promedio de Panamá en los últimos cinco años. La media de los países con igual calificación es 2,9%.
9,5% Nivel de inversión pública en 2012 como porcentaje del PIB.
competitividad de su centro financiero. “También es importante identificar las cosas que Panamá debe llevar a cabo para apoyar el desarrollo del centro de servicios legales y fiduciarios, que son un complemento muy importante a nuestro centro financiero. Para ello se debe de identificar un campeón dentro del Ejecutivo cuya responsabilidad sea la ejecución de dichas acciones”, afirmó De la Guardia. Finalmente, es crítico mantener y mejorar la calificación de riesgo de grado de inversión con que cuenta el país. Ese BBB debe transformarse en nivel A lo antes posible. Irene Giménez considera que el principal desafío en materia financiera para Panamá actualmente es gestionar las finanzas públicas en forma prudente (Ver nota: ¿Es sostenible la política de endeudamiento público?).
estos seis DISTINGUIDOS profesionales , EN RESPUESTA A UNA SOLICITUD hecha por capital financiero, dedicaron su tiempo, sus conocimientos y su amplia experiencia para enriquecer el debate sobre las finanzas públicas y hacer recomendaciones específicas para manejar los desafíos que enfrenta el país de cara al futuro. !Muchas gracias a todos por este valioso aporte que han hecho PARA LA CONSTRUCCIón de un mejor Panamá!
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Nicolás Ardito Barletta
Luisa Turolla
Diego Ferrer
Presidenta de Proyectos Inteligentes (SmartBiz Inc.)
Vicepresidente de Inversiones del Grupo Verdeazul
Ex presidente de Panamá entre 1984 y 1985 y ex ministro de Planificación y Política Económica. Negoció los aspectos económicos de los Tratados del Canal de Panamá en el gobierno de Omar Torrijos. Fue el primer director de la Autoridad de la Región Interoceánica. Internacionalmente, se desempeñó como vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y director del Departamento de Asuntos Económicos de la Organización de Estados Americanos. Doctor en Economía de la Universidad de Chicago.
Creó y dirigió la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros para la Agenda Complementaria y la Competitividad. Lideró la Gestoría del Programa Compite Panamá. Consultora de Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio y Naciones Unidas. Doctora en Economía y Comercio de la Universitá degli Studi di Venezia, con tres décadas de experiencia profesional haciendo énfasis en políticas públicas y competitividad.
Ex subdirector de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Ex consejero comercial de la Embajada de Panamá en Washington. Graduado en Economía en McGill University. Graduado en Relaciones Internacionales en The Johns Hopkins UniversityPaul H. Nitze School of Advanced International Studies. Tiene una Maestría en Administración de Empresas del IE. También tiene na Maestría en Relaciones Internacionales de la University of Louisville.
Director del Centro Nacional de Competitividad de Panamá.
Panamá en cifras
Inversión Extranjera Directa (En millones de $)
Irene Giménez
Dulcidio De La Guardia
Guillermo Chapman
Es socia y directora general de Goethals Consulting Corp, firma que ha tenido un rol protagónico como consultora en la definición de políticas públicas y reformas estatales en Panamá y varios países de Centroamérica y el Caribe. Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene una Maestría en Economía y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade)
Ex viceministro de Finanzas. Fue presidente de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear), la Cámara Panameña de Mercados de Capitales, la Asociación de Agentes Vendedores de Valores de Panamá. Fue vicepresidente de Banca Privada e Inversiones del Banco Continental y vicepresidente de Banca de Inversión de Banistmo. Graduado Administración de Negocios de la Universidad Estatal de Florida y con Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Loyola.
Miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Ex ministro de Planificación y Política Económica de Panamá (hoy Ministerio de Economía y Finanzas). Formó parte del grupo de empresarios que fundó la Bolsa de Valores de Panamá en 1990. Fue gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Licenciado en Economía de Lousiana State University y magíster en Economía y Finanzas de la misma institución.
Directora general de Goethals Consulting Corp.
Director de Morgan & Morgan
Socio fundador y presidente de Indesa Holdings
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