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Cámara de Contratistas

El tirón de las infraestructuras pierde fuerza

Fuerte caída de la licitación oficial en Castilla y León durante el pasado año por el descenso de las obras de la Administración central

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Durante el período 2001-03, la licitación de obra pública en Castilla y León superó los 6.000 millones de euros (un billón de las antiguas pesetas) entre las tres administraciones, lo que garantizaba un horizonte despejado a las constructoras que trabajan en nuestra comunidad autónoma. Esa euforia del sector se ha convertido en cautela con el descenso de la licitación oficial en la región durante el último año, que a finales del pasado mes de noviembre -últimos datos disponibles al cierre de esta edición- se situó en 1.549 millones de euros, con un descenso del 39% respecto al mismo período de 2003, según la estadística de la Cámara de Contratistas. Esta tendencia a la baja se debe sobre todo al fuerte descenso de 64 puntos en la obra licitada por el Estado. No obstante, la cifra del pasado ejercicio es la tercera más alta de las registradas en nuestra comunidad autónoma.

La menor cuantía licitada en Castilla y León en 2004 se debe a los cambios introducidos por el Gobierno socialista, cuyo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020 está aún en tramitación, y porque la cuantía alcanzada en 2003, que se elevó a 2.679 millones de euros, fue la más alta en la historia de la comunidad autónoma. De hecho, la Cámara de Contratistas ya adelantó a principios de 2004 que la licitación oficial registraría un descenso pues era muy difícil mantener las magnitudes del pasado año. Claro, que las previsiones del citado organismo señalaban una caída de 22 puntos y no del 39%.

Por administraciones, el Estado acumula en los primeros once meses de 2004 una licitación de obra pública por un importe de 613 millones, que representan el 40% del total licitado en nuestra región. Por su parte, la Junta de Castilla y León licitó obras hasta noviembre por valor de 503 millones de euros, un 1% menos, que representan el 32% del total regional. Por último, las administraciones locales sobrepasan los 433 millones de euros de obra licitada, un 20% más, y generan el 28% del total.

La obra civil acapara el 75% del total licitado en la región, frente al 25% restante que corresponde a edificación.Mientras que el primer grupo registró un descenso del 45%, en el segundo la caída fue del 9%. De la licitación total hasta noviembre de 2004 en Castilla y León, el 80% corresponde al sistema de concurso, el 17% a subasta y el 3% a procedimientos negociados.

La obra civil acapara el 75% del total licitado en Castilla y León en 2004, mientras que el 25% corr responde a edificación.

El Plan Direct tor de Vivienda y Suelo 2002-2009 contempla 130.000 actuaciones que afectarán a más de 12.000 familias cada ejercicio y la construcción de 4.000 pisos al año con unos recursos superiores a los 4.000 millones de euros.

Hogares al alcance de todos

La Junta destina 89,7 millones de euros en 2005 para facilitar el acceso a una vivienda a los colectivos más desfavorecidos

La Consejería de Fomento dedicará a vivienda y suelo más de 89,70 millones de euros en 2005, lo que supone un incremento del 7,09% respecto a los Presupuestos Regionales del año anterior. Este crecimiento mantiene la tendencia de 2004, en torno al 7,66%, y sobrepasa el aumento de las Cuentas de la comunidad autónoma.

Cerca de 84 millones de euros se destinarán a la realización de inversiones y 2,38 millones de euros estarán dedicados a transferencias corrientes, es decir, subvenciones para gastos de alquiler -para lo que se ha presentado la iniciativa Reserva de Viviendas Vacías-, seguir apoyando a los edificios rurales para dinamizar la vida en los pueblos, proporcionar ayudas a los jóvenes y colaborar con los ayuntamientos para ofrecer un domicilio digno a los inmigrantes.

Asimismo, se ha desarrollado el programa Viviendas Jóvenes, que aporta beneficios fiscales a este colectivo al adquirir su primera casa. La Junta duplicará el esfuerzo destinado a la constitución de Consorcios Públicos del Suelo hasta

Antonio Silván, consejero de Fomento.

alcanzar los once millones de euros. Con esta medida, el Gobierno regional seguirá colaborando con los municipios y firmará convenios con otros organismos hasta llegar a un mínimo de 10.000 viviendas protegidas en suelo público en los próximos cinco años. Además, ha aprobado la reforma de la Ley de Urbanismo y el nuevo Reglamento de Urbanismo con el objetivo de permitir más agilidad en la gestión urbanística y la construcción de un mayor numero de viviendas protegidas.

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO

Estas medidas se encuadran en el Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009, que contempla la realización de 130.000 actuaciones que afectarán a más de 12.000 familias cada ejercicio, la construcción de 4.000 viviendas al año y la movilización de más de 4.000 millones de euros. Los principales destinatarios de esta iniciativa son los jóvenes, la tercera edad, los habitantes de los municipios rurales, las familias numerosas o monoparentales, las víctimas de la violencia doméstica y los inmigrantes.

Los principales objetivos de este documento son fomentar una oferta diversificada que cubra las demandas de todas las capas de población, incrementar la oferta de suelo urbanizable para la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y potenciar los patrimonios públicos de suelo urbanizado. Además, la Junta incrementará las actuaciones para la rehabilitación de edificios y apoyará la reforma y mejora de los conjuntos urbanos. Por otra parte, destaca la voluntad de atender adecuadamente a los grupos sociales con problemas específicos en este área e incentivar la participación del sector privado en la gestión del Plan Director a la vez que se implican en él

todas las administraciones públicas. Por último, el Gobierno regional pretende mejorar la calidad de las viviendas y la transparencia del mercado.

La ejecución de la totalidad de las actuaciones contempladas en el Plan Director para el período 2002-2009 requiere una inversión de 4.000 millones de euros. Estas aportaciones serán cubiertos tanto por el Estado como por la Junta y podrán adoptar diferentes modalidades, como los préstamos cualificados, concedidos por las entidades de crédito públicas y privadas en el ámbito de los convenios suscritos con el Ministerio de Fomento. En el período de aplicación del Plan, el volumen de créditos destinados a la financiación de actuaciones protegidas en esta materia tendrá un valor aproximado de 3.152 millones de euros. El 60% del total se destinará a la promoción de viviendas de protección oficial de gestión privada, mientras que el 12% de las actuaciones en materia de suelo serán financiadas mediante préstamos cualificados.

Por otra parte, las ayudas económicas directas serán aportadas tanto por el Gobierno central como por el regional para facilitar el acceso a la viviendas a aquellos colectivos con mayores necesidades. El Plan tiene previsto dedicar a este tipo de financiación cerca de 1.000 millones de euros, de los que el 47% será cubierto por la Junta y el resto procederá de recursos estatales. Del total de las ayudas estatales, más del 81% se destinará a incentivar la adquisición y el alquiler, mientras que el 19% se dedicará a suelo y rehabilitación. Por su parte, la Junta invertirá el 55% de las ayudas procedentes de sus presupuestos a incentivar la promoción de viviendas protegidas de gestión pública, distribuyendo el porcentaje restante entre suelo (15%), rehabilitación (más del 10%) y ayudas para la adquisición y el alquiler de viviendas (11%).

Dinamizar el mercado del alquiler

Respecto al mercado de alquiler de pisos, el Plan Director de Vivienda y Suelo recoge entre sus actuaciones la subvención parcial de la renta y ayudas a los dueños de viviendas cofinanciadas. Asimismo, el documento contempla la necesidad de movilizar el parque de viviendas incentivando la rotación de inquilinos y el servicio de Bolsa de Alquiler para Jóvenes prestado por la Junta y otras administraciones. Otro de los objetivos del este documento es transformar el suelo urbanizable en urbanizado y apto para la edificación, lo que reducirá su repercusión en el coste final de la vivienda. Para lograr esta meta, el Plan propicia su transformación con destino a viviendas protegidas y establece ayudas para la inmediata edificación. Las subvenciones podrán ser mediante cesión de suelo o contribuyendo a su financiación. En este contexto, se invita a las corporaciones locales a la formación de Patrimonio Público de Suelo. Asimismo, está prevista la realización de estudios para conocer la situación del mercado y establecer criterios de clasificación. Además, el Plan prevé medidas para impulsar su conservación mediante inspecciones periódicas y la actualización de las listas de adjudicatarios de estas viviendas.

Los s jóv venes de Castilla y León cuentan con diferentes modalidades de ayudas para acceder a la adquisición o alquiler de una vivienda. SUBVENCIONES

Para los jóvenes, incorpora distintas modalidades de ayudas para incentivar la adquisición y el arrendamiento. Así, los jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales limitados pueden acceder a una subvención fija para la adquisición de su primera vivienda, que se verá mejorada en forma de subsidio sobre el préstamo si se trata de una vivienda rural. Este segmento de población tendrá reservada un cupo de las viviendas de gestión pública.

Está previsto que este plan afecte a 130.000 hogares, el 20% del total en la comunidad autónoma. En este sentido, tanto las familias numerosas como las monoparentales contarán con unas ayudas similares a las de los jóvenes, la tercera edad, los inmigrantes y las personas sin techo. Además, La Junta establecerá convenios con los ayuntamientos para facilitar el acceso a la vivienda a los grupos más desfavorecidos.

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