Revista Fibra #2 by Menta Comunicación

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Corrección

Luciano Galup

Ma. Laura Ramos Luchetti

Coordinación Editorial Sebastián De Toma

Colaboradores Mariela Baladron

Dr. Raúl L. Katz Leila Lobos Luis Lozano Guillermo Pérez Diego Rodríguez

Diseño Gráfico

Sebastián De Toma

Ilustraciones

Lucía Molina y Vedia

Fernando Gelfo

Inés Isaurralde

Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ o envía una carta a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. Dirección Nacional del Derecho de Autor. Inscripción en trámite. 1° de diciembre de 2014. FIBRA es una Publicación de Menta Comunicación SRL. Alsina 833 P2 OF3 CABA contacto@mentacomunicación.com.ar

SUMARIO Año 1 · Número 2

Editorial

Internacionales

Nacionales

Empresas

Argentina Digital: del servicio público al derecho humano

Una red, todos los servicios, por Norberto Berner La norma que nos conduce a la sociedad del conocimiento, por Liliana Fellner La dinámica de un mercado intenso, por Santiago Marino

Entrevista a Nicolás Karavaski

Elementos para un Programa Electoral para el Desarrollo de la digitalizacion en Argentina

Entrevista a Henoch Aguiar

El espectro en debate Inclusión digital, por Mario Oporto

Las aventuras de TECO y TASA

Servicios OTT Nuevos Desafios

ARSAT-1 Argentina cuenta con su

primer satélite de telecomunicaciones Soberanía satelital e integración regional, por Matías Bianchi

Reseña Postbroadcasting. Innovación en la industria musical

Editorial

Una legislación para acompañar profundos cambios tecnológicos, económicos y culturales Si nos permiten abusar de esquematismos, podemos plantear dos formas de aproximarse al tiempo que transcurrimos en materia de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual. Una, más local, está encerrada en el frasco de tweets que interpretan toda iniciativa en clave de la disputa abierta en torno de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La otra, ampliada, intenta dar con un conjunto de novedades (en la economía de las empresas, en las tecnologías, en las formas de consumir para desde allí interpretar las transformaciones que vivimos y las políticas públicas que las acompañan. Esta mirada ampliada permite ver, por ejemplo, que la tensión entre empresas de medios y gobiernos no es un invento local, sino que atraviesa distintas democracias, con el ejemplo de la elección en Brasil, aún por revisar analíticamente. Pero, sobre todo, permite ver que iniciativas muchas veces constituidas como noticia en la lógica de la disputa coyuntural vienen en realidad precedidas de profundos cambios en nuestras tecnologías, en la economía de la comunicación y en los consumos culturales. En los últimos meses asistimos a dos novedades que requieren esa capacidad de ampliar el encuadre para poder ser analizadas en todas sus dimensiones. Una de ellas, que ya abordamos en la primera edición de Fibra, es la decisión de licitar frecuencias para telefonía 4G, lo cual modernizará prestaciones y dará aire a un espectro agotado por la creciente demanda de servicios de datos móviles.

La reciente presentación en el Congreso Nacional del proyecto de ley Argentina Digital, desde la profundidad de cambios que implica, debe visitarse con una tranquilidad que no acostumbramos tener en el plano local. Eso es lo que intentaremos hacer en esta edición de Fibra y, seguramente, en las siguientes.

La segunda de estas novedades es la reciente presentación del proyecto de ley Argentina Digital que, desde la profundidad de cambios que implica, debe visitarse con una tranquilidad que no acostumbramos tener en el plano local. Eso es lo que intentaremos hacer en esta edición de Fibra y, seguramente, en las siguientes.

La propuesta de actualizar nuestra legislación a tiempos de convergencias —de infraestructuras y de consumos— aún no del todo definidas es, desde ya, una noticia alentadora. Como también lo es que esa legislación contemple la posibilidad de pensar un rol activo para el Estado en la regulación del sector en términos de universalización, calidad del servicio, costos de interconexión y apertura de las redes. Quedan muchas cosas por discutir y muchas más por definir en un proyecto que no da algunas precisiones importantes, como por ejemplo cuál será la autoridad de aplicación de la nueva legislación. Entendemos que se debe destacar el enorme paso que implica estar discutiendo políticas de comunicación imprescindibles para un momento de grandes cambios e interrogantes. En apenas 15 años, nuestras sociedades han renovado casi todas las formas en que consumimos cultura y nos comunicamos. Resultaba más que necesario acompañar esas trasformaciones con políticas públicas que establezcan las reglas de juego para el sector, que sean capaces de ampliar y universalizar las formas de acceso y participación a las TIC que, definidas como servicio público o no, son una de las herramientas más poderosas de inclusión e igualación de nuestra época.

Internacionales Europa investiga acuerdos fiscales entre Amazon y Luxemburgo La Comisión Europea (CE) dio inicio a una investigación sobre los convenios firmados entre Luxemburgo y Amazon, que le permitirían a la segunda obtener ventajas fiscales incompatibles con las normas comunitarias. De acuerdo con lo informado por la CE, se encuentran revisando una normativa fiscal del ducado, vigente desde 2003, que le permitió a la filial europea de Amazon, Amazon EU Sarl, abonar un canon a su empresa matriz y así reducir su base imponible, lo que podría no estar en línea con las condiciones del mercado.

Cambio en el algoritmo de búsqueda de Google redujo tráfico de torrents El tráfico web de los principales sitios de descargas de archivos se redujo notablemente luego de que Google modificara su algoritmo de búsqueda: le quitó prioridad en los resultados de búsquedas a “contenidos ilegítimos”, en su “lucha contra la piratería”. La medida tomada por el gigante de Internet parece ser bastante más efectiva que otros cambios previos realizados en el algoritmo del buscador. En los últimos meses, la presión de las asociaciones que nuclean a los tenedores de derechos de autor aumentó de forma considerable.

España aprobó la “tasa Google” La reforma a la ley de Propiedad Intelectual de España incluye el gravamen conocido como “tasa Google”. El gigante de Mountain View ya amenazó con retirar su servicio Google News del país ibérico. También conocida como “canon AEDE” (por el apoyo que recibió de la Asociación de Editores de Diarios de España), la nueva legislación establece para los agregadores de contenidos web —como Google, Facebook, Twitter, Meneame, Yahoo! o Feedly, entre otros— el pago de un canon por publicar en sus plataformas enlaces de sitios de noticias. Entrará en vigencia el 1 de enero de 2015.

nacionales Corte Suprema rechazó demanda de una modelo contra Google La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que la modelo María Belén Rodríguez promovió contra el buscador web de Google porque en los resultados su imagen aparecía vinculada a sitios de contenido sexual, erótico o pornográfico. El fallo, con tres votos iguales y dos disidencias parciales, explica que hay dos derechos en pugna: “por un lado, la libertad de expresión e información y, por el otro, el derecho al honor y a la imagen”. Primó la “indudable” importancia de los motores de búsqueda que son consultados por “miles de millones de internautas”.

Se dictó nuevo reglamento para Operadores Móviles Virtuales La Secretaría de Comunicaciones de la Nación elaboró un Reglamento para regular el mercado de los Operadores Móviles Virtuales y “garantizar así la prestación de los servicios de Telefonía Móvil por parte de los pequeños y medianos actores del ecosistema de las comunicaciones en la Argentina”, según se informó a través de un comunicado. “La resolución se enmarca entre medidas adoptadas por el Estado Nacional para la implementación de la tecnología 4G, cuya licitación se encuentra en curso y que permitirá más actores en el mercado y mayor competencia”, explicaron.

“La TDA alcanzó un 87% de cobertura nacional” Osvaldo Nemirovsci, coordinador general del Sistema Argentino de Televisión Digital, destacó el avance nacional del servicio e informó que “ya alcanzó un 87% de cobertura en todo el territorio nacional”. “Ya hay 85 estaciones digitales de transmisión en funcionamiento y es importante la cobertura en sectores rurales, históricamente aislados en materia de comunicaciones”, señaló el funcionario. Remarcó además que el sistema ya cuenta con unas 7000 horas de contenidos producidos en todo el país.

empresas Motorola proyecta producir teléfonos 4G en Tierra del Fuego La empresa estadounidense Motorola proyecta comenzar a producir teléfonos móviles smartphones con tecnología de cuarta generación (4G) en Tierra del Fuego. “Tenemos previstos los proyectos y esperamos empezar en 2015, para el primer semestre”, dijo el vicepresidente para América Latina Hispana de Motorola Mobility, Rudinei Khalil, durante el lanzamiento del nuevo modelo Moto G en Buenos Aires. Consultado por las características del consumidor argentino, el ejecutivo aseguró que es “sofisticado, no por snob sino por inteligente”.

México busca crear nueva red de banda ancha El gobierno presidido por Enrique Peña Nieto anunció un plan para construir una nueva red de banda ancha de más de 20 mil antenas y que significará una inversión de 10 mil millones de dólares. La iniciativa busca impulsar la competencia en el mercado inalámbrico, dominado hoy por la empresa Telcel —propiedad de Carlos Slim— en un 70%. La nueva red sería administrada como un operador de operadores independiente, y estaría disponible para cualquier proveedor de servicios móviles que tenga interés en utilizarla, a costos regulados y no discriminatorios.

CNMC fija precios de la fibra óptica de Jazztel en interior de edificios Al igual que para la red de Telefónica en junio de 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España estableció los precios a los que Jazztel debe dar acceso a Vodafone a su red de fibra óptica que transcurre por el interior de los edificios, también llamada “infraestructura vertical”. La regulación vigente indica que el primer operador que despliega una red de fibra óptica en un edificio es quien debe garantizar que el resto de los operadores puedan acceder a precios razonables. Lo que condice con la intención de facilitar los despliegues de fibra óptica de todos los operadores.

Del servicio pĂşblico al derecho humano Nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones

Por Luis Lozano El miércoles 29 de octubre, el Poder Ejecutivo presentó y envió al Congreso un proyecto de ley de telecomunicaciones al que bautizó “Argentina Digital”. La iniciativa —que podría ser aprobada antes de fin de año— contempla la convergencia entre distintos servicios de telecomunicaciones y el principio de neutralidad de la red. Desde esa perspectiva, declara como servicio público el uso y acceso a las redes por parte de los licenciatarios, lo que le permitirá al Estado fijar tarifas en el segmento mayorista para garantizar la competencia y resguardar la actividad de pymes y cooperativas. También habilita a las empresas de telecomunicaciones a prestar servicios de comunicación audiovisual, al exceptuarlas de la prohibición dispuesta por la ley 26 522. El proyecto representa un golpe timón en las políticas públicas de telecomunicaciones, que hasta ahora conservaban la impronta mercadocéntrica heredada de la década de 1990. El avance que implica esta propuesta respecto de la ley de telecomunicaciones 19 798, vigente desde 1972, y sus modificatorias —en especial el decreto 764 del año 2000, que desreguló el mercado telefónico— es notable. Sin embargo, un primer análisis realizado sobre el cierre de esta nota muestra algunos interrogantes y zonas grises que se podrán mejorar en el debate parlamentario y en el proceso de reglamentación. La iniciativa consagra el derecho y la obligación para los licenciatarios de garantizar la interconexión de sus redes para asegurar que cualquier competidor pueda prestar servicio, mediante el pago de arrendamiento a precios competitivos regulados por el propio Estado. Este principio básico es el que permitiría lograr la interoperabilidad, prevista ya en el Decreto 764/2000, pero impedida en la práctica desde 2002 por los acuerdos de los grandes operadores con la anuencia del Estado. Basadas en un reglamento general que data de 1997, las empresas acumularon ganancias extraordinarias en el ámbito de la telefonía celular. Al mismo tiempo, el Ejecutivo logró mantener congelada la tarifa de telefonía fija, por lo que la facturación en el rubro móvil funcionó en parte como compensación para Telefónica y Telecom, actores protagónicos en ambos mercados. La gran diferencia reside en que la telefonía fija está definida como servicio público y, en tanto tal, el Estado conserva la potestad de autorizar o no los aumentos. No ocurre lo mismo con la telefonía celular. Este proyecto viene, entre otras cosas, a zanjar esas diferencias.

El avance que implica esta propuesta respecto a la ley de telecomunicaciones 19 798, vigente desde 1972, y sus modificatorias -en especial el decreto 764/2000, que desreguló el mercado telefónico-, es notable. Sin embargo, un primer análisis muestra algunas zonas grises.

Pero si bien la declaración de servicio público puede parecer una solución rápida y relativamente sencilla frente a los abusos en las tarifas y la mala calidad de los servicios, lo cierto es que el problema entraña una complejidad mayor. El desafío, entonces, pasa por revisar el rol del Estado como garante del derecho humano a la comunicación mediante el acceso a telefonía fija, móvil, Internet y servicios de valor agregado. En especial cuando ese acceso, hoy más que nunca, se hace realidad para millones de personas a través de dispositivos portátiles. El reconocimiento de estos aspectos en la letra del proyecto lo asimila bastante a lo que distintos actores de la academia, la sociedad civil y las empresas de telecomunicaciones denominaban y reclamaban bajo el nombre de una “ley de la convergencia”. El rol del Estado El proyecto tiene como punto central reponer al Estado en su rol de regulador y garante de condiciones de equidad en el acceso a los mercados de telecomunicaciones, tanto para los prestadores como para los usuarios. En este

Del servicio público al derecho humano Nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones

sentido, ya desde los fundamentos es posible reconocer un cambio de posicionamiento estatal respecto del tema. El Artículo 1° reconoce y garantiza “la completa neutralidad de las redes”, haciendo lugar a un reclamo sostenido desde diversos sectores para asegurar que los prestadores de servicios de telecomunicaciones no puedan bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de toda persona a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido a través de esas redes. En el mismo sentido, se inscriben las definiciones respecto del servicio universal que se incorporan en el Artículo 18º del proyecto.

El Artículo 1° reconoce y garantiza “la completa neutralidad de las redes”, para asegurar que los prestadores de servicios de telecomunicaciones no puedan bloquear, discriminar, ni restringir el derecho de toda persona a enviar o recibir cualquier contenido a través de esas redes.

Estas definiciones encuentran sustento en una perspectiva de derechos humanos que ha permitido ampliar la mirada sobre el rol del Estado como garante del derecho a la comunicación. Así, las telco deberían observar los mismos principios que rigen para el acceso al papel para imprimir periódicos o a las frecuencias para ejercer la radiodifusión en tanto ya no son sólo prestadores de telefonía, sino gestores de canales de contenidos diversos que circulan a través de los servicios de datos.

En los términos del Artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Es esta definición la que avala la intervención activa del Estado para garantizar condiciones de equidad en el acceso, lo que incluye desde el vamos las cuestiones vinculadas a tarifas y calidad del servicio, así como la no injerencia de los proveedores en los contenidos, que va de la mano del concepto de neutralidad de la red. El Artículo 15º del proyecto define como “servicio público esencial y estratégico” el uso y el acceso a las redes de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) “para y entre licenciatarios”. Esta definición es la que permitirá al Estado definir tarifas entre los proveedores, tanto para las redes de telefonía fija como para las de telefonía móvil, internet o televisión. Se trata de una variable central para garantizar niveles saludables de competencia en los distintos mercados y fomentar la actividad de pymes y cooperativas. Respecto de estas últimas, se deberá prestar especial atención a las sociedades de este tipo que prestan servicios en lo que se conoce como “última milla” o “bucle local” —el tramo de la red que conecta con el usuario final en los hogares— porque, en caso de aprobarse el proyecto en su redacción actual, corren el riesgo de ser forzadas a alquilar ese tramo a los grandes prestadores a precios que ni siquiera les permitirían recuperar las inversiones realizadas en muchos casos con emprendimiento de economía social. Resguardado este punto, la nueva ley les garantizaría, como no ocurría antes, la interoperabilidad con las redes troncales, a cargo de los actores más poderosos. Por otra parte, tal como advirtió Fernando Krakowiak en Página 121, no resulta clara la definición respecto de los precios minoristas, que son los que deben pagar los usuarios por los distintos servicios. El Artículo 48º sostiene que “los licenciatarios de servicios de TIC fijarán libremente sus precios, los que deberán ser justos y razonables”, pero inmediatamente agrega que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, las de los prestados en función del servicio universal y de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público podrán ser regulados por ésta”. Este punto, entre otros que muestran una redacción ambigua, debería ser aclarado durante el debate del proyec1

Krakowiak, Fernando, Nuevas reglas para sumar jugadores al mercado, diario Página 12, 30 de octubre de 2014.

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Convergentes Desde los primeros meses de 2007 el grupo Telefónica comenzó a realizar emisiones de televisión por internet (IPTV) a través de Terra, su propio portal, y esta oferta se ha enriquecido a lo largo de los últimos 7 años sumando contenidos que el grupo produce con otras de sus empresa, en particular el canal abierto de la ciudad de Buenos Aires, Telefé y sus productoras asociadas. En esta misma línea, se consolidó la alianza entre las dos mayores empresas de telecomunicaciones del país y un proveedor de TV por suscripción, que materializó en la práctica el ofrecimiento de los tres servicios con un solo abono. En abril de 2009, Telefónica anunció su acuerdo con la empresa de TV satelital DirectTV para ofrecer el paquete “Trío”, que incluye telefonía fija, internet de banda ancha y televisión por suscripción. Lo mismo hizo Telecom pocos meses después, también en sociedad con DirectTV. Por su parte, las cableras avanzaron en la prestación de telefonía sobre internet (VoIP): Telecentro, propiedad del ex legislador Alberto Pierri, amplió su oferta de los tres servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el grupo Vila-Manzano, hizo lo mismo en Mendoza a través de su empresa de cable Supercanal. Un caso particular es el de la mayor operadora de cable del país, conformada por Cablevisión y Multicanal, propiedad del Grupo Clarín y el fondo Fintech Advisory, que para avanzar en la oferta de telefonía junto al servicio de TV paga e internet requiere una autorización oficial, la concesión de un paquete numérico y la interconexión con Telefónica y Telecom. En respuesta a una solicitud planteada en 2007 y a un amparo judicial presentado por el Grupo Clarín, la Resolución 146 de la Secretaría de Comunicaciones, publicada el 13 de julio de 2009 en el Boletín Oficial, le otorgó a Fibertel —el principal proveedor de internet del holding—, 30 000 números para el área metropolitana de Buenos Aires, 5000 para Rosario, Santa Fe, La Plata y Córdoba y 1000 para Bahía Blanca, Campana, Escobar, Mercedes (Buenos Aires), Zárate, Luján y Paraná. Tres días después de conocida la medida Telefónica, Telecom y la Federación de Cooperativas de la Zona Sur presentaron un recurso de reconsideración ante la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) en el cual cuestionaban el otorgamiento del servicio de interconexión a Fibertel, en tanto esta empresa ya no existía como posible proveedor de telefonía pues había sido dada de baja de la Inspección General de Justicia para ser absorbida por Cablevisión y Multicanal. El 23 de julio de 2009, mediante la resolución 165, la SECOM hizo lugar al pedido de las telefónicas y revocó el permiso. La autorización quedó entonces sujeta a la aprobación definitiva de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, hoy anulada por las autoridades administrativas y judicializada por la empresa. Los casos mencionados demuestran el avance tanto por parte de las telefónicas como de los proveedores de TV por cable hacia la prestación de servicios convergentes. Frente a esta realidad resulta imprescindible reforzar los mecanismos de control cruzado sobre los mercados de medios y telecomunicaciones. La coordinación de las diferentes unidades estatales con competencia en la materia debe estar orientada por un doble objetivo: evitar el abuso de posiciones dominantes en el mercado de medios audiovisuales y terminar con el oligopolio de las compañías telefónicas, garantizando la entrada de nuevos competidores en igualdad de condiciones con los ya existentes.

to en el Congreso. Lo mismo ocurre con un aspecto central para toda iniciativa de esta naturaleza: la autoridad de aplicación. Pese a la trascendencia que el proyecto le asigna -y a que le delega una amplia gama de facultades-, el organismo no aparece definido en ninguno de los 76 artículos.

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Tensiones En la línea de regular industrias convergentes, resulta atendible que el proyecto levante la barrera prevista en el Artículo 25º, inciso d de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones no accedan a licencias de servicios de comunicación audiovisual. De hecho, la habilitación a las telco estaba prevista en la versión original del proyecto de ley de medios audiovisuales que el Ejecutivo envió al Congreso en 2009.

La habilitación a las telco para brindar servicios convergentes estaba prevista en la versión original del proyecto de ley de medios audiovisuales que el Ejecutivo envió al Congreso en 2009. Sin embargo, su exclusión fue finalmente aceptada por el oficialismo.

El punto se convirtió, en aquel momento, en el centro de una ardua polémica que tuvo como fundamento los reparos de algunos sectores que denunciaban al proyecto por abrir las puertas a un nuevo monopolio encabezado por las compañías de telecomunicaciones. Sin embargo, la exclusión finalmente aceptada por el oficialismo no garantizó una solución de largo plazo para evitar el abuso de posiciones dominantes en los mercados vinculados con la comunicación.

Desde el año 2007, las telefónicas han avanzado en la prestación de servicios de comunicación a través de redes convergentes, las mismas por las que prestan de manera oligopólica el servicio de telefonía básica, y ese avance continuó sin que estas empresas debieran incorporar los condicionantes que la versión original del proyecto les imponía (ver recuadro “Convergentes”). Esas reglas suponían tanto una entrada controlada al rubro de prestadores de servicios audiovisuales como una efectiva liberalización del mercado telefonía. De acuerdo con la propuesta original de proyecto de ley de medios audiovisuales, las empresas de telecomunicaciones prestadoras de servicios públicos que quisieran acceder a una licencia debían garantizar: 1. La interconexión con otros operadores, en cualquier punto técnicamente factible de la red, a precios no discriminatorios, basados en costos claramente desagregados y con la misma calidad que la disponible para sus propios servicios. 2. La portabilidad numérica, es decir, el derecho de los usuarios a cambiar de compañía sin por eso perder su número original para telefonía, tanto fija como móvil, y redes inteligentes. 3. La interoperabilidad de redes; esto es, la total interconexión entre redes de distintos prestadores. 4. La existencia de opciones desmonopolizadas de acceso al y del Sistema Nacional de Telecomunicaciones interno y al exterior, alterno a la red del solicitante para todos los rangos de servicios prestados por la empresa que solicita la licencia. 5. Acceso de los competidores a las informaciones técnica y comercial que estos requieran para suministrar servicios. 6. Acceso de los competidores a la infraestructura (postes, mástiles, ductos, etcétera) en condiciones de mercado. 7. Respeto de las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores de las distintas actividades que presten. 8. Acceso a los derechos de exhibición de un porcentaje de sus contenidos para sus competidores y, recíprocamente, espacio en su grilla para los productos audiovisuales generados por terceros independientes. Además, el proyecto obligaba a las empresas a conformar una unidad de negocios separada de la compañía prestadora de servicio público y prohibía prácticas anticompetitivas, como la utilización de subsidios cruzados.

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El caso Telefé Muchas voces se alzaron en respuesta a la presentación del proyecto “Argentina Digital” para sostener que la iniciativa allanaba de manera automática el camino para la adecuación del grupo Telefé a la ley 26 522, que en la actualidad está siendo evaluada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). No debería ser así. Resulta insoslayable que, en caso de aprobarse la nueva ley de telecomunicaciones, se removería un obstáculo clave para que el Grupo Telefé pueda prestar servicios de comunicación audiovisual: la mencionada prohibición del Artículo 25° de la mencionada ley. Pero esto no es todo. El mismo grupo enfrenta dos desafíos adicionales para lograr la aprobación de su plan de adecuación a la ley de medios. El primero es que con los canales de aire que posee en todo el país supera el límite de 35% de audiencia potencial dispuesto por la ley, lo que lo obligaría desprenderse de algunos de estos activos. La segunda cuestión, mucho más difícil de zanjar, tiene que ver con el origen de la propiedad, dado que el grupo Telefónica es de capitales españoles y supera también el límite de 30% de capital extranjero dispuesto en la LSCA. Sobre este punto, la empresa argumenta que el grupo de medios está en manos de una sociedad de capital norteamericano, como ocurre con otras empresas de medios en Argentina, y que podría ser titular de medios amparada en el Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones firmado por Carlos Menem en 1991 y ratificado por la ley nacional 24 124, en 1992. Este Tratado, al igual que otros similares firmados al calor del Consenso de Washington y los preparativos del ALCA, ha sido denunciado en diferentes ocasiones tanto por el carácter espurio de sus condiciones como por encontrarse vencido hace más de una década.

La iniciativa “Argentina Digital” resulta menos rigurosa en las condiciones respecto de aquel proyecto. Establece que las telefónicas que quieran brindar servicios audiovisuales deberán conformar unidades de negocios separadas a los efectos de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual y de los servicios de TIC; llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual y a los servicios de TIC y no incurrir en prácticas anticompetitivas tales como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas unidades de negocio. El monitoreo de estas variables y su cumplimiento estricto será condición básica para la efectiva apertura del sistema. Todas estas cuestiones, que sin duda deben ser revisadas, demuestran que la regulación vinculada al derecho a la comunicación en nuestro país aún arrastra contradicciones que van más allá del debate sobre la ley de Telecomunicaciones. Exigir que se mantenga las exclusión de las telefónicas del mercado de los servicios audiovisuales, como lo hizo la Asociación Argentina de TV por Cable pocos minutos después del anuncio del proyecto, aun cuando pueda parecer una garantía de plu-

Resulta más certero regular las condiciones de su ingreso para garantizar la efectiva apertura del mercado de las telecomunicaciones y el respeto por las reglas de pluralismo y diversidad dispuestas por la ley 26 522 para los medios audiovisuales.

ralismo, no se condice con la realidad. Resulta mucho más certero, en cambio, regular las condiciones de su ingreso para garantizar la efectiva apertura del mercado de las telecomunicaciones y el respeto por las reglas de pluralismo y diversidad dispuestas por la ley 26 522 para el universo de los medios audiovisuales.

Del servicio público al derecho humano Nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones

Argentina Digital: una red, todos los servicios Por Norberto Berner, Secretario de Comunicaciónes de la Nación Los avances tecnológicos han permitido la convergencia. Entonces, si esto sucede de hecho, ¿por qué no reconocerlo en la legislación? La ley de comunicaciones vigente data del año 1972, cuando hablar de esto era algo totalmente distinto. Ni el teléfono ni la televisión eran servicios de acceso universal, y ni hablar de las computadoras o de internet, que no existían siquiera o eran apenas prototipos experimentales. Cuarenta años después nos vemos obligados a actualizar esta situación. Ninguna legislación resiste esa cantidad de años con plena vigencia y menos si hablamos de las TIC, que tienen una evolución vertiginosa particular. Es necesario acompañar a la realidad con nuevas normativas, porque sino esta nos pasará por encima. El proyecto “Argentina Digital” regula a favor del usuario y permite la tan ansiada convergencia que se ha venido reclamando desde todos los sectores ligados a la industria de las TIC. Una de las críticas a la Ley de Medios fue que había nacido vieja, que no contemplaba los avances tecnológicos, pero era la ley de telecomunicaciones la que estaba obsoleta y había que reemplazar: esto es lo que se busca corregir con esta nueva iniciativa. Se incluye, además de la convergencia, la declaración de servicio público en competencia de las redes, permitiendo así que el Estado Nacional fije las tarifas para el uso de las redes por parte de las cooperativas y de las pymes que no cuentan con dicha infraestructura, y quienes se verán muy beneficiadas con esta situación, que les permitirá competir con las grandes empresas del ecosistema. Cada uno de los puntos de esta ley están pensados para que el usuario tenga más y mejores posibilidades. Podrán encontrar puntos que favorezcan a las telefónicas, o a las cableras, pero existe una armonía en esta ley que lleva a que cada uno de los actores pueda garantizar su rentabilidad y que el mayor beneficiado sea sin duda el usuario. Cabe destacar que la iniciativa incluye un nuevo concepto, el de velocidad mínima, que establece un estándar mínimo para la velocidad de transmisión de datos. Esto garantizará una mejor calidad y la certeza para quienes alquilen las redes de que las empresas propietarias no podrán escatimarle sus recursos. Este hecho, sumado al establecimiento de la neutralidad de la red, un concepto innovador que garantiza el libre acceso a los contenidos que se transmiten, favorecerá la plena competencia y la libertad de expresión. Uno de los objetivos primordiales de la ley consiste en la optimización de la red: ¿para qué tener muchas redes si con una alcanza? En este sentido, se incorporan dos conceptos claves: la arquitectura abierta de las redes y la desagregación de la red local. La primera permitirá que cualquier prestador pueda subirse a cualquier red, ya que la estructura deberá favorecer la interconexión para poder transmitir los contenidos deseados. La segunda permitirá que el usuario reciba cualquier servicio por medio del mismo cable, evitando así tener que realizar un cableado nuevo cada vez que se cambie de prestador. Por otra parte, resulta vital resaltar la importancia del Servicio Universal, contemplado en el proyecto de ley, que recupera el sentido con que se había creado, pasando de manos privadas al control del Estado Nacional, y que a través de aportes de las empresas permitirá conectar los lugares del país en donde las empresas no inviertan por considerarlos poco rentables. Esto garantizará la universalidad de los servicios TIC, a los que consideramos un derecho humano. Además, se dispone que nuestro país sea un área única de explotación, eliminando la larga distancia nacional y permitiendo que los habitantes del país puedan comunicarse en todo el territorio por el mismo precio. Mire por donde se lo mire, “Argentina Digital” es un proyecto superador a todas las propuestas que se encontraban en debate y es por eso que ha sumado el consenso de los legisladores que estaban trabajando en proyectos en el mismo sentido; y, con el debate correspondiente, abierto a los aportes que sean necesarios, esperamos empezar el 2015 con una nueva ley de Telecomunicaciones de la que podamos estar orgullosos.

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La norma que nos conduce a la Sociedad del Conocimiento Por Liliana Fellner1 El Poder Ejecutivo envió recientemente al Senado de la Nación el Proyecto de Ley “Argentina Digital”. Se trata de una norma que nos colocará entre los países más avanzados del mundo en materia de regulación de la convergencia tecnológica y la integración de servicios. No solo reemplazaremos la vieja Ley de Telecomunicaciones 19 798, dictada en 1972 por un gobierno de facto, sino que, fundamentalmente, terminaremos con el desorden legislativo existente, ya que en esta materia, además de esa anacrónica ley, están vigentes todas las normas dictadas en los 90, inspiradas en el modelo liberal de privatizaciones y desregulación de los mercados. Con la nueva ley, daremos coherencia y modernizaremos nuestro marco regulatorio.

Se impulsa un salto tecnológico de las comunicaciones en la Argentina, lo que nos permitirá alcanzar la soberanía tecnológica y productiva. En ese orden, se impulsa el rol del Estado como planificador, incentivando la función social de las TIC

Más allá de esta cuestión normativa, lo importante son los objetivos que persiguen con esta propuesta: En primer lugar, se consagra el derecho humano a las comunicaciones, reconociendo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante para la construcción de una verdadera Sociedad del Conocimiento. Se trata de una propuesta integral y abarcativa que promueve la optimización del uso de la infraestructura de las telecomunicaciones. En este punto, hay que destacar que se declara servicio público esencial y estratégico al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de servicios TIC.

Asimismo, se ratifica la idea de licencia única para servicios TIC y se eliminan las barreras legales que impedían la prestación de servicios de comunicación audiovisual y servicios TIC, plasmando la convergencia, en su sentido más integral. Esto, además, conducirá a incrementar la competencia entre los diferentes actores del sector, lo que, seguramente, se traducirá en menores costos y mejores servicios para los usuarios. Este es uno de los principios que inspiran la norma: atender a los intereses de los usuarios. Por otra parte, la propuesta garantiza la completa neutralidad de las redes; tema de especial importancia, que hemos tratado en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, la cual presido, y que nos alegra particularmente que se haya receptado en esta propuesta legislativa. También, se impulsa un salto tecnológico de las comunicaciones en la Argentina, lo que nos permitirá alcanzar la soberanía tecnológica y productiva para el desarrollo de nuestra nación. En ese orden, se impulsa el rol del Estado como planificador, incentivando la función social de las TIC. Por último, quiero destacar que se establece el Servicio Universal para que todos los argentinos puedan acceder a las comunicaciones sin importar su ubicación geográfica o su situación social. Nos esperan semanas de intenso trabajo, que esperamos materializar en una herramienta legal que permita brindar a los argentinos más y mejores comunicaciones.

1 Liliana Fellner es política y bioquímica. Actualmente ocupa el cargo de senadora nacional (finaliza su mandato en 2017) por la provincia de Jujuy dentro del bloque del Frente para la Victoria. Es titular de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de expresión de la cámara alta.

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Proyecto Argentina Digital, la dinámica política de un mercado intenso Por Santiago Marino1

Llueve en Buenos Aires. Sucede como casi todas las semanas del último año. Transito las calles de la bonita ciudad bajo la lluvia. Extrañamente funciona el servicio de 3G. Quizá por eso llueve. Recibo varias menciones en mi cuenta de Twitter (@santiagomarino). Todas hacen referencia al tema del día (#ArgentinaDigital), que desconozco todavía. Y a la una nota que escribí en marzo de 2014 para el “Suplemento Viernes” del matutino Ambito Financiero, en la que daba cuenta de por qué se dejó afuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) la regulación del modo en que las empresas de Telecomunicaciones ingresan al mercado audiovisual.

El proyecto que el Poder Ejecutivo envío al Congreso es una iniciativa política con impactos económicos, regulatorios y socioculturales en el conjunto de soportes y ventanas que, a partir de una serie de desarrollos tecnológicos, genera diferentes tipos de vínculos entre la oferta y la demanda de contenidos y medios audiovisuales.

El proyecto “Argentina Digital” actualiza un tema sobre el que hemos discutido mucho en los últimos años. Trae a su vez algunos peligros y desafíos que podrían resumirse en el reclamo para que no sea la “Ley Telefónica” o la del “monopolio bueno”. Será un aporte para mejorar el plexo normativo actual. Se retoma así una idea que entre otros, Alejandro Linares2 y Alejandra Páez3 presentaron en el reciente Enacom 2014: la necesidad de diseñar y aplicar una serie de políticas convergentes para el sistema.

El análisis

El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso la última semana de octubre y buscará aprobar antes del cierre de 2014 es una iniciativa política con impactos económicos, regulatorios y socioculturales en el espacio audiovisual ampliado4. “La convergencia entre telecomunicaciones y audiovisual ya tiene un recorrido en términos técnicos y se instaló en el uso social. Su exclusión de la LSCA implicó haber dejado pasar una chance importante de conducir el proceso, establecer condiciones de competencia para un mercado dinámico y condicionar los niveles de concentración de la propiedad, que sólo tiene efectos negativos (económicos y simbólicos) para los ciudadanos, usuarios, consumidores.”5 Retomar la cuestión pendiente en el proyecto denominado “Argentina Digital” implica mostrar un gobierno en acción y con iniciativa de gestión en el último período de su mandato, sin posibilidad de reelección y en el período de un supuesto declive de su capacidad. En esta línea puede comprenderse la acción puesta en la serie que agrega la licitación de los espacios de espectro radioeléctrico para la telefonía móvil y transmisión de datos, que pone en negociación al Estado con actores potentes del sector de telecomunicaciones y lo habilita a recaudar dólares frescos en una situación de crisis económica creciente. En materia política, estos son los efectos centrales. A los 1 Doctor en Ciencias Sociales, Director de la Maestría en Industrias Culturales (UNQ), JTP Políticas y Planificación de la Comunicación (Mastrini) en FSOC-UBA, docente de posgrado y grado en UNQ-UBA-USAL. 2 Docente de la Universidad Nacional de La Pampa y Becario de Doctorado de Conicet. 3 Docente de la Universidad del Salvador, maestranda en Industrias Culturales de la UNQ. 4 Es decir, el conjunto de soportes y ventanas que a partir de una serie de desarrollos tecnológicos genera diferentes espacios, modelos de negocio y tipos de vínculos entre la oferta y la demanda de contenidos y medios audiovisuales. 5 Marino, Santiago, El capítulo ausente de la ley de medios en diario Ámbito Financiero, Suplemento Viernes, 18 de marzo de 2014.

Del servicio público al derecho humano Nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones

que podrían sumarse los efectos que la iniciativa podría tener en sectores del mercado en los que opera —con posición dominante— el Grupo Clarín. Respecto del contenido específico, el proyecto tiene aspectos positivos, tales como: la actualización de la regulación para un mercado muy dinámico y la distinción entre contenidos y continentes6. La declaración de neutralidad de la red es un mecanismo que puede derivar en una regulación de avanzada a nivel internacional, aunque deberá ser definida de modo claro en términos de alcance y aspecto, y retomar parte de los avances El debate en el Congreso que la discusión específica de este tema en el Congreso había mostra- deberá optimizar cuestiodo. Por su parte, la definición de “servicio público” para la infraestrucnes centrales que el protura y la desagregación de la última milla o “bucle local” de la red son decisiones muy significativas. El desafío pasará por definir con claridad yecto parece haber dejado la posibilidad de fijar las tarifas para la locación de esa infraestructura pendiente. Por un lado, la por parte del Estado. Otro elemento central es la posibilidad de que las operadoras de telecomunicaciones puedan prestar servicios audiovisuales. Esas empresas ya están dentro del sistema audiovisual. Su capacidad económica —a partir del tamaño del mercado concentrado mercado y de escala amplia en el que operan— podría redundar en competencia desigual con los agentes originarios del mercado de medios tradicionales. En esa línea, el rol del Estado en su capacidad de controlar operaciones cruzadas y niveles de competencia será fundamental, para evitar que las grandes telcos los fagociten.

autoridad de aplicación cuenta con capacidades muy amplias y discrecionalidad plena para administrar en sector muy sensible. En este sentido, se debería retomar la senda de la LSCA y diseñar un organismo representativo, legítimo y con marcos de acción definidos.

A su vez, el debate en el Congreso deberá optimizar cuestiones centrales que el proyecto parece haber dejado pendiente. Por un lado, la autoridad de aplicación cuenta con capacidades muy amplias y discrecionalidad plena para administrar en sector muy sensible. Si bien es cierto que hoy depende exclusivamente del PEN, se debería retomar la senda de la LSCA y diseñar un organismo representativo, legítimo y con marcos de acción definidos. Por otro lado, las condiciones de competencia y las definiciones demandan exhaustividad, como por ejemplo la de “poder significativo del mercado”, con el objeto de evitar la discrecionalidad en la aplicación. El mes de octubre de 2014 terminó con novedades sobre el mercado de medios argentino. Algo que sucede desde hace más de 6 años en este país intenso. Pero las noticias no eran (sólo) sobre la LSCA y su aplicación sesgada por múltiples razones7, los avatares de la adecuación de oficio para el Grupo Clarín y sus efectos, o la licitación de espacios de 3G y 4G que resulta(rá) a la vez un gran negocio y una medida para mejorar (ojalá) el funcionamiento del servicio de telefonía celular y la transmisión de datos en Argentina. Ese sistema que extrañamente funcionó en mi móvil esta vez, y permitió enterarme qué es y qué desatará el proyecto que busca regular el amplio campo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

6 Esto ha sido explicado muy claramente por Enrique Carrier. Ver más en https://storify.com/enriquecarrier/argentina-digital-un-analisis 7 Marino, Santiago, “Vaivén: desgranar moralejas en la Argentina de la ley audiovisual”. En: Bizberge, Ana y Goldstein, Ariel, Medios y gobierno latinoamericanos en el S.XXI: las tensiones de una compleja relación (pp. 79-91). UBA Sociales, 2014. Disponible en: http:// iealc.sociales.uba.ar/files/2011/06/Observatorio-Latinoamericano-14-medios.pdf

“Estamos legitimando la ampliación de derechos y el acortamiento de brechas” Entrevista a Nicolás Karavaski, a propósito de “Argentina Digital”

Por Luciano Galup Fibra se reunió con el ingeniero Nicolás Karavaski, subinterventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones desde 2012, para hablar del nuevo proyecto de ley “Argentina Digital”, que busca reemplazar la vieja ley de telecomunicaciones de 1972. Fueron parte de la charla los aportes que realiza este proyecto a las telecomunicaciones argentinas, la desagregación de la última milla, el nuevo fondo universal, la eliminación de la larga distancia y la posibilidad que ahora se les da a las telcos de brindar contenidos audiovisuales. Según su mirada, ¿cuáles son los grandes aportes que hace el proyecto de ley “Argentina Digital”, que ya comenzó a ser debatido en el Congreso, en términos de TIC en Argentina? El que entiende un poco del sector con profundidad sabe que hay un desfasaje normativo que no tiene solamente que ver con años sino que tiene que ver también con considerar avances tecnológicos en el país y, de alguna manera, legitimar una serie de políticas públicas que tienen que ver con el advenimiento y el uso de la tecnología para y por la gente. Creo, en primer lugar, que estamos haciendo dos cosas que tienen que ver con disponer de un marco normativo adecuado que considere los avances de la tecnología y, en segundo lugar, estamos legitimando políticas de democratización, de inclusión social, de ampliación de derechos, de acortamiento de brechas. En el proyecto se habla de la obligación de interconexión y de una obligación de arquitectura abierta para los operadores. ¿En qué tiempos usted evalúa que los operadores pueden llegar a esas arquitecturas abiertas para que efectivamente esté interconectada? Hoy, por una normativa de orden inferior a ley, el Decreto 764/2000, que quizás no haya sido reglamentado con la profundidad necesaria, están obligados a interconectarse. Nosotros dimos un paso hacia adelante, e intentamos exigir y garantizar la interconexión por ley, sumándole herramientas que tienen que ver con garantizar estándares de calidad y fijar pisos y techos de tarifas para manejarse. La verdad es que, luego de que se promulgue la ley vendrá un trabajo muy arduo que tiene que ver con la reglamentación de muchos aspectos y la interconexión es uno de ellos, así como los procesos de segmentación de red y de definiciones de costos de segmentos de las redes. Una de las cuestiones que se venían discutiendo —de hecho hay varios proyectos en el Congreso—es la declaración de la telefonía celular como servicio público. ¿Esta presentación del proyecto modifica ese escenario o van por caminos separados y podrían ser leyes distintas? Creo que este proyecto es superador y contempla todas las propuestas que fueron impulsadas durante los últimos años por distintos actores, de distintos lugares y distintas fuerzas políticas, y considera no sólo a los servicios de comunicaciones móviles sino al uso y acceso de las redes, por donde se cursan todos los servicios, como un servicio público para y entre los licenciatarios. Entonces, decididamente el Estado va a intentar garantizar que las relaciones entre los licenciatarios que utilizan las redes, que son quienes finalmente le dan un servicio al consumidor, sean lo más claras, justas y transparentes posibles. ¿Le parece que las condiciones que genera el proyecto van a permitir aumentar el interés por generar conexiones de última milla o último bucle, para generar mejores condiciones de FTTH1, para avanzar en la conectividad con el usuario final? Por supuesto. No somos ingenuos: sabemos que las redes demandan de una inversión, a nivel no sólo de CAPEX2 sino también de OPEX3, muy grande, por eso no queremos que nadie haga una inversión para perder plata, sino que estamos buscando disponer de herramientas para ser capaces de crear condiciones de juego que les permitan 1 2 3

Fibra hasta el hogar, por sus siglas en ingles. De las palabras en inglés CAPital EXpenditures: inversiones en bienes de capitales. De las palabras en inglés OPErational EXpenditures: gastos operacionales.

“Estamos legitimando de ampliación de derechos y de acortamiento de brechas” Entrevista a Nicolás Karavaski, a propósito de “Argentina Digital”

a las empresas que les interese ser dueñas de una red de transporte, invertir y tener un rédito por la inversión. Es por eso que estamos intentando fijar determinados parámetros de calidad, como por ejemplo la velocidad mínima de transmisión con la que van a tener que llegar a los domicilios de usuarios todas las redes, que va a ser fijada o revisada cada dos años por la autoridad de aplicación. ¿Eso va a generar un piso, un servicio universal de conectividad para todo el país? Sí, una especie de uniformidad mínima de conexión para cada hogar o para cada usuario. Una de las cuestiones que no está definida es la manera en que se va a conformar la autoridad de aplicación. ¿Ustedes tienen pensadas algunas de las formas que puede adquirir o es un proceso posterior a la sanción de la ley? No es lo que se está discutiendo en este momento, no es la cuestión de fondo que hace a la ley. Hay distintos modelos en todo el mundo, desde organismos descentralizados, organismos dependientes del poder ejecutivo, pero con algunas variantes de autonomía. Creo que es una definición que se va a tomar inmediatamente después de que esté sancionada la ley.

Las empresas licenciatarias actualmente de servicios de comunicación audiovisual no tienen hoy prohibido dar servicios de telecomunicaciones, lo que sí ocurre al revés: existe una asimetría regulatoria.

En este sentido, el proyecto “Argentina Digital” tiende a pensar el proceso de las TIC de manera convergente. Los organismos también pueden serlo; en función de eso, ¿ustedes piensan en un organismo único o puede decantarse en varios? Sería posible que hubiera dos o más organismos que estuvieran encargados de ser los rectores de la aplicación de la ley. Lo que se vuelve a legitimar en el texto del proyecto es el fondo universal. ¿Cómo se va a utilizar ese fondo?

Hoy el fondo fiduciario de servicio universal está conformado por el aporte de algunos privados y está manejado de manera conjunta entre el privado y el Estado, con mucha incidencia del privado. Lo que se hace en el proyecto es exigir a todos los licenciatarios que realicen un aporte determinado a un fondo nuevo que va a ser administrado completamente por el Estado, con posibilidad de ser ejecutado directamente por empresas del Estado —Arsat o Correo Argentino, por ejemplo— o de continuar con una lógica de adjudicación y licitación, si es que hay algún interesado privado en realizar obras de servicio universal. Yendo puntualmente al tema de licencias, se equipara dentro del marco regulatorio del proyecto lo que es conectividad por cable, inalámbrica y alámbrica: se estaría juntando a las telefónicas con los prestadores de servicios de cable. ¿Cómo le parece que se va a desarrollar el mercado en función de la posibilidad que tendrían las telcos de brindar contenidos audiovisuales y los operadores de cable de dar servicios de telecomunicación? Acá hay que ser claros: las empresas licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual actualmente no tienen hoy prohibido dar servicios de telecomunicaciones, lo que sí ocurre al revés, por lo que existe una asimetría regulatoria que no es funcional y no va de acuerdo con los avances de la tecnología más allá de que tenga que ver con quizá un momento político del país en el que se haya optado por avanzar respecto a esta prohibición para poder así sacar adelante una muy buena ley como lo es la Ley de Medios. Entonces, creo que se va a dar gradualmente, pero hay espacio para que todos los actores interesados puedan convivir sin problemas y el beneficiado

“Estamos legitimando de ampliación de derechos y de acortamiento de brechas” Entrevista a Nicolás Karavaski, a propósito de “Argentina Digital”

sea el usuario. De más está decir que la reglamentación de la ley deberá cuidar a los pequeños y medianos de manera de asegurar sus posibilidades, porque ese es el espíritu del proyecto. En relación con eso, ¿la propuesta o la idea hacia donde quiere avanzar el proyecto es que cada usuario tenga un único cable que ingrese a su casa, o una colección de fibra óptica y pueda seleccionar distintos operadores en función de los servicios que brinda? En función de lo que le convenga al usuario, que no tenga que preocuparse por el “agujero” que tenga en la pared ni por los “agujeros” que se le generen en los bolsillos por realizar muchos “agujeros” en las paredes, sino que pueda preocuparse por qué es lo que quiere, elegir dentro de un universo muy amplio de posibilidades lo que más le convenga en relación con sus posibilidades económicas, deseos de consumo o elecciones ideológicas. Lo que estamos intentando hacer es ampliar las posibilidades de elección y que eso, según una ley de oferta y demanda económica, haga que los precios de diversos servicios comiencen gradualmente a ser menores. ¿Cómo está Argentina, hablando del tema precios, cuando se lo compara con otros países de la región y del mundo? ¿Los precios pueden bajar o estamos en precios razonables de mercado? Las realidades en el mundo son distintas, los precios y servicios son distintos a lo largo de todo el mundo. Hay algunos países que tienen tarifas planas y no cobran consumos de distintos tipos. Creo que en general los precios van a tender a bajar en su relación costo/beneficio. Un aspecto muy importante del proyecto de ley es que estamos proponiendo considerar todos los servicios TIC en una única área nacional con lo que vamos a tener, de prosperar la ley, que redefinir todos los planes troncales y eso va a hacer que cambien un poco las formas a través de las cuales nos comunicamos, y esperamos que esto se note en los bolsillos. El ejemplo más básico es que estamos intentando eliminar el cobro de tarifas interurbanas y de larga distancia nacional, que hoy tecnológicamente ya no tiene sentido. El proyecto le da bastante protagonismo, en este sentido que mencionaba usted de ampliar la oferta, a las pymes que no tienen la posibilidad económica de generar tendidos de red, pero sí tienen la posibilidad económica de ofertar al mercado productos y servicios. ¿Le parece que ese ingreso va a ser sencillo, va a permitir de alguna forma generar mayor oferta en el mercado y que eso redunde en una baja en los precios o al menos diversifique la oferta? No pienso que vaya a ser sencillo y sí pienso que va a hacer que existan más servicios disponibles para consumir a precios más adecuados. Me gustaría hacer énfasis en que en muchos lugares, en el poco tiempo que pasó desde que se conoció el proyecto, sólo se ha hablado de que es a favor y en contra de alguien, y no hay que dejar de tener en cuenta que estamos proponiendo que las cinco redes importantes que existen en el país sean abiertas todas por igual para que las usen quienes quieran, con determinados estándares y parámetros funcionales y rangos tarifarios. Este es un proyecto que tiende a democratizar y dar posibilidades para ampliar voces, producciones, servicios, para que después el usuario final elija qué quiere y pague un precio justo por ese servicio. ¿De qué forma impacta esto en la legislación vigente y puntualmente con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que en algunas cuestiones van en paralelo con definiciones que tiene este proyecto de ley que ha sido presentado al Congreso Nacional? Estamos proponiendo derogar la ley vigente de Telecomunicaciones, estamos proponiendo derogar el decreto 764/2000, pero no hasta tanto esté reglamentada la nueva norma, por eso va a continuar en vigencia por algún tiempo luego de ser aprobado este proyecto, hasta que esté la reglamentación nueva. A la ley de Medios no le tocamos ni una coma, queda total y completamente vigente, lo que se hace es eximir a un sujeto de derecho que tenía prohibido dar determinados servicios y se termina con una asimetría regulatoria.

Elementos para un Programa Electoral para el Desarrollo de la digitalizacion en Argentina

Por Dr. Raúl L. Katz El año próximo la Argentina entrará en un periodo electoral que se caracteriza por la posibilidad de que la ciudadanía evalúe planes alternativos de gobierno a ser puestos en práctica por quien gane las elecciones. Un plan de gobierno representa, más allá de las medidas específicas para adoptar o la agenda legislativa a seguir, una visión del futuro de nuestro país. En otras palabras, se trata de definir, entre otras cosas, qué tipo de sociedad queremos, cuáles son las aspiraciones sociales y cuál es el plan de desarrollo económico y de cambios de la matriz productiva. En este contexto, la importancia creciente del fenómeno de la digitalización en nuestro país y a nivel mundial requiere que todo partido político proponga un programa de lo que debería hacer en dicho espacio si fuera votado por la mayoría. Este artículo pretende esbozar algunos de los elementos que deberían constituir una agenda electoral para el desarrollo de la digitalización en Argentina. ¿Por qué la digitalización merece un capítulo en los programas electorales? La digitalización define las transformaciones económicas y sociales asociadas con la adopción masiva de tecnologías digitales. Las revoluciones tecnológicas están marcadas por innovaciones que cambian radicalmente los modelos productivos y generan crecimiento económico y desarrollo social. En tanto proceso socio-económico, la digitalización se refiere a la transformación del contexto tecnológico, lo que modifica las relaciones institucionales mediante la introducción de comunicaciones, aplicaciones y contenidos digitales1.

Para alcanzar un impacto significativo en la economía y en la sociedad, la digitalización debe alcanzar altos niveles de utilización. Los bienes y servicios digitales deben ser asequibles para la población y por las empresas (particularmente pymes). Las tecnologías digitales deben estar desplegadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

Contrariamente a otras transformaciones tecnológicas (electricidad, ferrocarriles), la digitalización se basa en la evolución de numerosos componentes (semiconductores, redes de comunicación, ingeniería de computación, etcétera), los que deben ser planificados e implementados de manera simultánea. En la medida en que estos cambios ocurren a escala mundial, es imposible mantenerse al margen de esta tendencia. Es más, cuanto más avanzado está un país respecto de este fenómeno, más alto será el impacto económico, político y social de la digitalización. Nuestros estudios indican que un aumento de 10 puntos en el índice de digitalización genera un incremento de 0,81% en el PBI de un país2, y una reducción de 0,82% en la tasa de desempleo. Asimismo, la inclusión digital ayuda a elevar el nivel de salario medio de los habitantes, lo que contribuye a reducir el nivel de pobreza de un país3. Asimismo, la digitalización contribuye al desarrollo político de un país en la medida en que cuanto más alto es el nivel de la digitalización, más intensa es la participación política de los ciudadanos, y más elevado es el índice de transparencia que permite a la ciudadanía tomar nota de la acción de los gobernantes4. Para alcanzar un impacto significativo en la economía y en la sociedad, la digitalización debe alcanzar altos niveles de utilización. Los bienes y servicios digitales deben ser asequibles por el conjunto de la población y por las 1 Ver Katz, R., Koutroumpis, P. “Digitization: a growth and welfare multiplier”, Technovation (2013). 2 Ver Katz, R, Koutroumpis, P. Callorda, F. “The Latin American Path towards digitization”, Info, vol 17, No 13, 2013, pp. 6-24. 3 Ver Katz, R., Callorda, F. Impacto del despliegue de la banda ancha en Ecuador. DIRSI, abril 2013. 4 Ver Katz, R. Perspectivas para el desarrollo de una Agenda Digital en Bolivia. Presentación al Directorio de Entel Bolivia, 27 de Enero 2014. Encontrada en: http://www.teleadvs.com/wp-content/uploads/Presentacion_ENTEL_Final.pdf.

Elementos para un Programa Electoral para el Desarrollo de la digitalizacion en Argentina

Cuadro 1. Argentina Vs. Chile: Utilización de Infraestructura Digital Indicadores

Definición

Argentina

Chile

Comercio electrónico

Comercio electrónico como porcentaje del comercio minorista

2,33 %

2,20%

Gobierno electrónico

Índice de gobierno electrónico basado en Internet

52,94

75,16

Uso de Internet

Porcentaje de usuarios de Internet

55,80%

61,42%

Acceso a redes sociales

Visitantes únicos per cápita a la red social dominante

50,92%

58,24 %

Ingenieros

Ingenieros como porcentaje de la población total

3,16%

8,64%

Fuentes: Euromonitor, PNUD, UIT, Facebook, Unesco

empresas (particularmente pymes). Las tecnologías digitales deben estar desplegadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional de manera ubicua. La accesibilidad debe ser provista por múltiples redes móviles y fijas de voz y de datos. Dichas redes deben proporcionar suficiente capacidad de transporte para entregar un volumen creciente de contenidos a velocidades de acceso que permitan su uso efectivo.

Argentina enfrenta un número de desafíos para continuar desarrollando su digitalización. Comparado con la digitalización de los países de desarrollo medio de la OCDE, nuestro país enfrenta todavía retrasos en términos del volumen de inversión en infraestructura y velocidad de redes de banda.

¿Cuál es el estado actual de la digitalización en Argentina? De acuerdo al índice de digitalización desarrollado por nosotros5, Argentina ocupa la tercera posición en América Latina (con un valor de 44,09) detrás de Chile y Uruguay. Las áreas de mayor desarrollo de la digitalización en Argentina hasta el momento han sido la asequibilidad (en términos de los precios de telefonía móvil, no de banda ancha), adopción de dispositivos digitales y utilización. Asimismo, en términos de progresos, una de las áreas de más desarrollo en el país ha sido el aumento de capacidad de transporte internacional de redes y la velocidad de redes de banda ancha. Sobre la base del avance de la digitalización desde el 2005, estimamos que esta ha contribuido de manera acumulada en $4,6 mil millones de dólares al PBI de la nación.

Aun así, la Argentina enfrenta un número de desafíos para continuar desarrollando su digitalización. Cuando se compara la digitalización en Argentina con la de los países de desarrollo medio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país enfrenta todavía retrasos en términos del volumen de inversión en infraestructura, velocidad de redes de banda ancha y desarrollo de capital humano. Por ejemplo, la inversión en telecomunicaciones por habitante en nuestro país es deu$s33, mientras que el promedio de la OCDE es u$s156. Aún la media de los otros tres países líderes de América Latina (Chile, Uruguay y Panamá) es de u$s926. En el área de velocidad de banda ancha, mientras que solamente el 36% de las líneas en

5 El índice de digitalización es un índice compuesto calculado sobre la base de 21 indicadores organizados en seis pilares: 1) Asequibilidad (precio de diferentes servicios de telecomunicaciones, lo que determina la posibilidad de adquisición a individuos y empresas), 2) Confiabilidad de infraestructura (nivel de robustez de las redes que transportan información digital), 3) Accesibilidad a las redes (adopción de terminales que permiten a individuos y empresas acceder a las redes que transportan información digital), 4) Capacidad (mide la capacidad de las redes de telecomunicaciones para transmitir volúmenes elevados de información digital), 5) Utilización (adopción de plataformas y cambios en los procesos de negocio, los que indican una asimilación creciente de tecnologías digitales) y 6) Capital Humano (mide el porcentaje de la población económicamente activa calificada para desarrollar productos y servicios digitales). 6 Fuente: análisis de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Elementos para un Programa Electoral para el Desarrollo de la digitalizacion en Argentina

Cuadro 2. Metas Específicas de Digitalización Argentina (2012)

Argentina (2018)

Costo mensual de una conexión de banda ancha fija ajustada por el PBI per cápita (*)

US$ 36,50

US$ 25,07

Inversión en telecomunicaciones por habitante

US$ 33,36

US$ 156,17

10,88

27,72

Penetración Banda Ancha Móvil

24,38%

63,47%

Penetración de Computadoras en la Población

60,66%

73,35%

Cobertura de la Red de Telefonía Móvil

94,10%

99,90%

Capacidad de Acceso Internacional a Internet (kbps/usuario)

21 966

225 567

40%

84%

Comercio electrónico como porcentaje del comercio minorista

2,34%

3,91%

Índice de gobierno electrónico basado en Internet

52,94

74,33

Porcentaje de usuarios de Internet

56%

77,46%

Ingenieros como porcentaje de la población total

3,16%

11,64%

Fuerza de trabajo con educación secundaria como porcentaje de la población activa

27,76%

29,82%

Indicadores

Penetración de Banda Ancha Fija (conexiones cada 100 individuos)

Velocidad de la Banda Ancha (Pico de Mbps, Promedio de Mbps)

Argentina ofrecen servicio en exceso de 4Mbps, en Chile y Uruguay este número es de 47.5%, mientras que el promedio en países de la OCDE es del 75%7. En lo que hace a la asequibilidad, si bien el promedio de tecnologías (telefonía fija, móvil y banda ancha) indica un nivel avanzado en términos de precios accesibles al conjunto de la población, Argentina es el país de América Latina con la tarifa mensual de banda ancha fija más alta de la región. Esto resulta en una brecha sustancial en términos de penetración de banda ancha entre los deciles de ingreso 5 y superiores (es decir clases medias y altas) y la base de la pirámide socio-demográfica). Por otro lado, corresponde mencionar que la banda ancha móvil es asequible para el conjunto de la población, excepto en los dos deciles más bajos de ingresos8. En otras áreas relevantes para medir el desarrollo de la digitalización, Argentina muestra un retraso en la tasa de utilización de infraestructura digital (ver cuadro 1). Para resumir, el análisis de componentes del índice de digitalización permite identificar algunos desafíos para Argentina. El país ha progresado a una tasa anual de 56,41% en su índice de digitalización en los últimos nueve años9. Las principales áreas de progreso han sido capacidad de redes (30,60%), por el aumento de velocidad y la capacidad de transporte internacional; accesibilidad (11,38%), por el aumento de la penetración móvil, y utilización (14,44%). Sin embargo, a pesar del progreso, Argentina muestra un retraso en comparación con países 7 Fuente: Akamai. The State of the Internet (2014). 8 Ver Katz, R. y Callorda, F. La banda ancha en la base la pirámide. Londres: GSMA, 2013 9 En el 2004, el índice de digitalización de Argentina era 26,82.

Elementos para un Programa Electoral para el Desarrollo de la digitalizacion en Argentina líderes de América Latina en inversión, capacidad de redes y capital humano. Por ejemplo, es necesario incrementar la inversión en el sector con el objetivo de aumentar la capacidad internacional de redes y las velocidades de la banda ancha. Asimismo, en el ámbito del capital humano, existe la necesidad de aumentar el volumen de graduados en ciencia, tecnología e ingeniería. En otra área de desarrollo, Argentina necesita acelerar la implantación de una política tendiente a desarrollar contenidos locales de Internet. La falta de contenidos locales representa una barrera fundamental al desarrollo de la digitalización. La situación actual de contenidos de Internet en Argentina muestra un retraso en el desarrollo de material local con el Desde el 2004, Argenti- consecuente predominio de contenidos extranjeros o contenidos exna ha mejorado signifi- tranjeros adaptados. De los quince sitios más populares de Internet cativamente su nivel de en Argentina, nueve son desarrollados en el extranjero o representan meras traducciones de sitios desarrollados en otros idiomas10.El análidigitalización. Sin embar- sis de contenidos también muestra un predominio de plataformas de go, a pesar de esta trans- impacto social limitado. Esta situación pone de relevancia la urgencia en el desarrollo de una política tendiente al desarrollo de contenidos formación, nuestro país locales relevantes.

se encuentra atrasado no sólo respecto de los países de desarrollo medio de la OCDE, sino también de algunos de América Latina. Este atraso limita la contribución que las tecnologías de información y comunicación pueden hacer para transformar nuestra matriz productiva, e impacta en la calidad de vida y en el sistema político.

Implicancias para un programa electoral Este diagnóstico permite esbozar ciertas directrices para el avance de la digitalización en la Argentina. Desde el 2004, Argentina ha mejorado significativamente su nivel de digitalización. Sin embargo, a pesar de esta transformación, nuestro país se encuentra atrasado no sólo respecto de los países de desarrollo medio de la OCDE, sino también de algunos de América Latina. Este atraso limita la contribución que las tecnologías de información y comunicación pueden hacer para transformar nuestra matriz productiva, impactando asimismo en la calidad de vida y en el sistema político. El objetivo es apalancar los avances realizados hasta la fecha para posicionar al país en una posición líder en América Latina y entre los países de desarrollo medio. En primer lugar, Argentina debe darse como meta de digitalización el avanzar dramáticamente en ciertas áreas clave (ver cuadro 2).

Para alcanzar estas metas, se podría considerar la creación de una agencia digital responsable de garantizar el desarrollo del sector. La digitalización requiere la definición e implantación de políticas integrales y coordinadas que no puedan ser asumidas por el regulador. Este no formula políticas, regula. La formulación de políticas del sector debe ser responsabilidad de un solo ente que cubra el conjunto del sector digital. La planeación para el sector debe ser coordinada con todas las áreas del estado que intervienen en el área de TIC. El énfasis debe ser puesto en la solución de los problemas de brecha de demanda (alfabetización digital, accesibilidad, desarrollo de contenidos, etcétera). En este contexto, el Poder Ejecutivo debe asumir responsabilidad y visibilidad en la promoción del desarrollo del sector. El objetivo es crear un marco institucional que provea certidumbre y estabilidad, permitiendo el flujo eficiente de capital público y privado a las fuentes de inversión.

10 Ver Katz, R. Callorda, F. Desarraigo Cultural en Contenidos de Internet: un análisis para América Latina. Estudio presentado a la VIII Conferencia de CPR-Latam, Bogotá, 30 de mayo, 2014.

“No veo el beneficio regulatorio de haber hecho una licitación forzada y a las apuradas”

Foto Eliana Waiser

Entrevista a Henoch Aguiar

Por Leila Lobos y Sebastián De Toma Henoch Aguiar es licenciado en Derecho y fue secretario de Comunicaciones de la Nación durante el gobierno de Fernando De la Rua. Ha desarrollado una amplia carrera académica y es una referencia ineludible en el ámbito de las telecomunicaciones. Fibra se reunió con él para analizar la licitación del espectro de las frecuencias destinadas al servicio 3G y 4G que se llevó a cabo el pasado 31 de octubre, la adecuación forzada del grupo Clarín que ha resuelto la Autoridad Federal de Radiodifusión (AFSCA) y sus primeras impresiones sobre el proyecto de ley conocido como “Argentina Digital”. ¿Cuál es su opinión acerca del llamado y posterior licitación que hizo la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) respecto de las frecuencias 3G y 4G? Primero, era necesario generar una apertura del espectro. Tan necesario como generar mayor competencia. Nosotros venimos de un modelo en el cual teníamos cuatro y medio o cinco actores, si lo contamos a Nextel como un entero. Tenemos cuatro prestadores importantes de desarrollo nacional, y bastante competitivos, y en todos los años en que los cuatro convivieron no escuché de ninguno que hiciera perdidas. Esto ya, obviamente, se achicó con la absorción de Movistar y Movicom. En este momento se está tornando más crítico porque el que quedaba como una posibilidad remota y azarosa de competencia, en este momento, prácticamente desapareció del mapa, como es el caso de Nextel. Entonces, en síntesis, pasamos a un achicamiento del espacio competitivo que es preocupante para el usuario, sobre todo tomando en cuenta que en los últimos años hemos visto comportamientos en donde ninguno ha peleado el mercado desde el lugar de un mayor servicio al usuario, de una mayor transferencia, de una diferenciación positiva. Todos sentimos, quizás injustamente, que hemos sido estafados en estos detalles. Hay un problema suplementario y es que los prestadores de celulares deberían representar lo más avanzado de la inversión y la tecnología en Argentina, primero porque el gran futuro del negocio es inalámbrico, y segundo porque no hay demasiada renovación en el plantel fijo. Cuando vemos los balances de las compañías y tomamos un período largo, vamos a ver que en algunos años, quizás justamente este, encontremos porcentajes más cercanos al 13% o 14% de inversión sobre sus ingresos totales. Pero si hacemos el promedio de la década pasada, 20042014 o 2003-2013, vamos a notar que están mucho más cercanos al 10% y, si quitáramos este año, el promedio cae brutalmente al 8%. ¿Qué implicancia tiene poseer un 10% de inversión? Hay un axioma que repito siempre y que me ha servido para analizar a cualquier país: en un estado que uno de los prestadores dominantes de un servicio, está invirtiendo más o menos el 20% de sus ingresos, es un país que ruge, que avanza, en donde los ciudadanos se ven en mejores situaciones competitivas frente a las comunicaciones de otros países. Los que están alrededor del 15% no están mal, pero tampoco están en el pelotón de punta. Ahora, cuando la inversión está cercana o debajo del 10%, eso significa que la totalidad del sistema económico de servicios está llevando un lastre, que son comunicaciones menos competitivas, más caras, que dan menos megas por persona que en el resto de los países. Estamos en esa condición. He apreciado mucho, y lo he declarado públicamente, lo que ha hecho (Norberto) Berner desde el inicio, cuando propuso el Reglamento de Calidad. Me apena que haya quedado estancado, espero que renazca el Reglamento de los Usuarios de los Servicios de Telefonía Móvil. Pero en esta licitación tengo algunos reproches que hacer. En primer lugar, es la primera licitación de celular o de frecuencias que conozca que haya limitado el ingreso a los prestadores nacionales, sea o no la intención. El resultado fue una licitación para un club de amigos. En segundo lugar, se licitó la totalidad del espectro para estos tres actores, sabiendo que, con el espectro que le quedaba a Movicom y un poco más, hubiera quedado la posibilidad no de un cuarto sino hasta un quinto prestador. El resultado, en todo caso, es un esquema altamente concentrado para el lustro o la década que viene. Además, sentí esto como una reacción ante la falta de divisas y ante la falta de caja, ya que a Economía siempre le

“No veo el beneficio regulatorio de haber hecho una licitación forzada y a las apuradas” Entrevista a Henoch Aguiar

viene bien licitar, más que como el resultado de una política de telecomunicaciones. Sentí la avidez de Economía en esta licitación. Me lamento por ello. ¿Qué critica le haría a los pliegos de la licitación que se realizó? La primera es que esta cifra de dinero es muy cara. El segundo, los objetivos son algo imposibles de cumplir. Y el tercero, todo lo que cueste lo vamos a pagar los usuarios. Esto significa que el servicio 4G va a ser para gente con mucha plata porque el servicio va a estar muy caro. No es la mejor de las noticias para el usuario, porque queda claro que ninguna de estas empresas tiene como accionista principal a los herederos de la Madre Teresa de Calcuta. Todas ellas vienen teniendo en el largo plazo el 30% o 33% del mercado cada una. Con lo cual, poner una licitación tan onerosa significa pensar una vez más en los intereses del Estado a corto plazo. De todas maneras, tampoco se verán demasiado satisfechos, porque si fuera cierto que van a desplegar las redes en el tiempo previsto, en el próximo año deberían fugarse por balanza de divisas unos dos mil a tres mil millones de dólares de equipamientos, sin lo cual ya sabemos que se estaría incumpliendo con los plazos. No veo el beneficio macro, ni el beneficio micro, ni el beneficio regulatorio de haber hecho una licitación forzada y a las apuradas. Con esta licitación se duplica el ancho de banda, ¿será suficiente para los próximos años o va a haber que buscar alternativas para seguir ampliándola? La evolución del ancho de banda es creciente. Va a bastar para los próximos cinco años, probablemente. Pero las recomendaciones hoy en día para un desarrollo interesante de 3G nacional, sin considerar el 4G para estos años, están entre los 800-1000 Mega de ancho y estamos previendo que de aquí a diez años vamos a necesitar 1500. Es decir, que estamos regularizando la situación, pero el espectro va a ser de consumo creciente y ya hay que empezar a pensar en las otras frecuencias que están disponibles para abajo y sobre todo para arriba: 2.5, 3.5. O trabajar con sistemas más complejos que permitan lo que en algún momento se llamaba “frecquency hopping1”. La idea a futuro, de aquí a veinte años, me imagino una banda ancha que va de los 500, 600, 700 a los 5 a 7 Megas en donde el aparato va buscando todos los lugares libres y va saltando, bajando la titularidad o el uso exclusivo de las frecuencias y teniendo un uso compartido, horizontal, del conjunto de las frecuencias disponibles para estos servicios. Confundiéndose ya, de aquí a veinte años no van a tener ningún sentido las frecuencias que todavía no reservamos para la Televisión Digital. Ni va a tener sentido el Wi-Max2. Todo eso se va a transformar en un único gran prestador móvil grande y chico. Para eso sería bueno desarrollar los Operadores Móviles Virtuales. ¿Qué le hubiera agregado a los pliegos? Sería más específico con respecto a las obligaciones, porque me parece que son tan generales que abarcan el 2G, el 3G y el 4G a la vez, con lo cual se transforman, prácticamente, de cumplimiento imposible y el que lo licita no será aquel que controle su ejecución, porque los plazos vienen después del cambio de la futura gestión, es el mismo Secretario de Comunicaciones, pero no lo veo como una jugada en donde el Estado conforte su rol de regulador. Este pliego es un conjunto de exigencias sin mucho realismo en el control, pero lo más grave es la falta de competencia y la utilización de la totalidad del recurso radioeléctrico que en este momento estaba disponible. Es cierto que unos 40 megas que se van a utilizar de aquí a unos 3 o 4 años en Estados Unidos cuando haya equipamiento de base para los usuarios, habrá acá también.

1 Se refiere a Frequency Hopping Spread Spectrum o FHSS, en español espectro ensanchado por salto de frecuencia. 2 Interoperabilidad mundial para acceso por microondas, por sus siglas en ingles.

“No veo el beneficio regulatorio de haber hecho una licitación forzada y a las apuradas” Entrevista a Henoch Aguiar

Una mirada sobre Argentina Digital ¿Qué le parece este nuevo proyecto de Telecomunicaciones? Es un proyecto que pone al Estado como actor principal del mercado de las telecomunicaciones, puesto que no solamente otorga las licencias, aprueba todos los cambios societarios y los precios de interconexión, sino que además define los precios de arrendamiento entre prestadores y, esencialmente, puede definir los precios al público. Es decir que permite una intervención planificadora estatal del conjunto del sector, lo que responde a la idea general de una economía planificada. ¿Qué críticas le haría? La crítica es que nombra una autoridad de aplicación sin establecerla, ni conformarla. Con lo cual no podemos saber si va a ser plural, independiente o dependiente. No hay características de esa autoridad. Y a su vez el regulador de la aplicación de la ley tiene poderes muy altos de modificación de todos los reglamentos de telecomunicaciones. Aún en los casos en donde la ley establece comportamientos reglados por algún criterio, siempre establece alguna excepción que le permitiría en definitiva a la autoridad comportarse como le plazca. Esto tiene dos inconvenientes. Primero, que hay una concentración de poder muy alta sin criterios estables, porque en definitiva el regulador puede ir cambiando de criterios porque sólo depende de él. Y, segundo, que la ley es muy general y delega todo en regulaciones futuras de detalle. Esto hace que genere en este momento un alto nivel de incertidumbre para los actores, porque ninguno de ellos puede de verdad decir que esto lo beneficia o lo perjudica. Esto pasa aún en los casos de las empresas telefónicas que claramente se ven beneficiadas con la posibilidad de ingresar en el mercado audiovisual, mercado por el cual nunca jamás pagaron, porque ellos pagaron la licitación por ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y en su oferta nunca jamás incluyeron la posibilidad de brindar este servicio. En otros países, cuando se han modificado las condiciones de la concesión, se ha pedido un plus para este cambio en este caso de otorgamiento gratuito. ¿Cómo valora el proyecto? Las cosas positivas son, por ejemplo, la unificación de las tarifas telefónicas de larga distancia. Se supone que esta modificación se hace sin aumentar el costo del abono; si aumentara, otro sería el análisis. El resto de los contenidos suelen ser buenos o malos según como sean reglamentados. Es una estructura externa la que estamos viendo, pero que no tiene las definiciones de valoración económica que indican cuál es el valor del arrendamiento, de la interconexión, los criterios con los cuales se van a utilizar. Por ejemplo, en materia de interconexión, no se fijan ni costos incrementales de largo plazo, ni canasta de precios competitivos, no hay algún criterio fijado y los que están podrán ser reemplazados a futuro. En este momento la ley interviene en un conflicto, que es el conflicto entre radiodifusión y telefónicas, a favor de las últimas. Lo cual hace peligrar sobre todo a las 900 empresas chicas y medias del interior del país que están brindando esos servicios entre cableras y cooperativas. Se van a ver enfrentados seguramente a la prestación de televisión satelital con Telefónica y Claro, que simplemente habilitarán el uso de los satélites que ya están operando en América Latina. Después, obviamente incide en la vieja pelea que ya es un clásico en estos últimos años entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional. Porque efectivamente permite el uso y el acceso de las redes de televisión por cable por parte de terceros, lo cual seguramente plantee interés no en un cable de un pueblo de cinco mil habitantes, sino en las principales plazas que están ocupadas por el prestador número uno: Cablevisión. En el resto de los temas hay que suspender el juicio hasta que se vea cómo se aplica la letra fina, que es la que define los mercados.

El espectro en debate A prop贸sito del concurso de las frecuencias para servicios celulares

Por Fernando Gelfo Hace algunas semanas, el Estado Nacional anunció a los mercados de las comunicaciones que se había retomado la decisión de asignar frecuencias de espectro radioeléctrico por subasta, a operadores privados. Desde el referido anuncio, las etapas que comprenden el proceso de otorgamiento se han ido produciendo sin pausa ni impedimentos significativos, al punto tal de que el pasado 31 de octubre las empresas oferentes efectuaron sus respectivas ofertas en el acto de subasta. La atribución y asignación de nuevas bandas a los servicios móviles se viene reclamando desde hace largo tiempo, y el derrotero del conjunto de espectro subastado estuvo supeditado a marchas y contramarchas al menos desde el año 2004. De concretarse finalmente el proceso en los términos en que se encuentra planteado al momento de escribirse estas líneas, es claro que este tendrá una influencia decisiva en la oferta y en la prestación de servicios celulares de los próximos años. El 12 de marzo de 2004, Telefónica Móviles S.A.1, sociedad del Grupo Telefónica, adquirió los activos de BellSouth Corporation en Latinoamérica. En la República Argentina la operación implicó que el grupo español tomara el control de las empresas Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. (Movicom) y de su controlada, Compañía de Teléfonos del Plata S.A. La operación referida implicaba la acumulación de espectro radioeléctrico por parte de la empresa adquirente en aproximadamente 85 Mhz, bastante más de los 50 Mhz establecidos como máximo en la regulación2. Por ello la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), a través de la Resolución 268/20043, condicionó la operación conjunta de las empresas involucradas a cumplir con la normativa vigente, por lo que las empresas que se concentraban debían reintegrar casi 35 Mhz de espectro radioeléctrico.Por la misma razón, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aconsejó al Secretario de Coordinación Técnica4 subordinar la aprobación de la operación de concentración5 hasta tanto las empresas efectivamente redujeran hasta los niveles de concentración de espectro previsto en el Decreto N° 266/98 en su Artículo 4°, apartado 4.2.1, del Anexo al Artículo 1°. En mayo del año 2011, a través de la Resolución 57/2011, la SECOM llamó a concurso para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de Servicios de Comunicaciones Personales (PCS) y Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC). Lo que se licitaba era básicamente el espectro devuelto por Telefónica Móviles. En febrero de 2012, se recibieron los sobres para la precalificación presentados por Nextel6, Multitrunk, Telecom Personal, AMX Argentina7 y Superfone, de las cuales sólo dos oferentes pasaron el filtro de la comisión de precalificación: Nextel y AMX. El resto no superó la precalificación por diversas razones. Respecto de Telecom Personal, se adujo que como a través del análisis de la CNDC se había llegado a la conclusión de que Telefónica de España, controlante en Argentina de Telefónica Móviles (Movistar), tenía influencia sustancial sobre Telecom Italia, controlante en Argentina de Telecom Personal, por lo que dicha integración no era compatible con la obtención de más espectro de ninguna de las firmas involucradas en la operación de concentración analizada por la CNDC8. En ese estado de cosas, en septiembre de 2012, por Resolución 71/2012 (SC), el Ministerio de Planificación Federal decidió “dejar sin efecto el procedimiento de selección por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. En sus considerandos, la Resolución entendía que de los antecedentes obrantes en el expediente surgía que los 1 2 3 4 5 6 7 8

Actualmente explotadora de la marca Movistar. Decreto N° 266/98 en su Artículo 4°, apartado 4.2.1 del Anexo al Artículo 1°. Artículo 4º de la Resolución 268/2004. Luego, la Resolución 343/2005 (SC) estableció el cronograma de devolución de espectro. Autoridad de aplicación de la Ley 25 156 en ese momento. En los términos del Art. 13 Inc.b. de la Ley 25 156. Nextel Communications Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada. Explotadora de la marca Claro. En el Dictamen Nº 835.

El espectro en debate A propósito del concurso de las frecuencias para servicios celulares

indicadores económico-financieros de la empresa NII Holdings Inc. —quien, conforme la oferta de Nextel Communications Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada, aportaría el mayor porcentaje de inversión y, a su vez, era la sociedad controlante de la oferente—, mostraban datos de vulnerabilidad que podrían afectar el desarrollo de las inversiones comprometidas. Además, entendía que quedando solo un oferente para la Subasta Pública (AMX) dicha situación era contraria a los principios que informan el procedimiento elegido en el caso, como propender a la competencia entre operadores y fomentar el ingreso de nuevos prestadores. Ello pese a que AMX tenía menor cantidad de espectro asignado que Telefónica, con la que competía también a escala global. Al considerar la situación, surge el siguiente interrogante: si existían preocupaciones respecto de los efectos que podría generar la influencia de Telefónica sobre Telecom, si no se le otorgaba más espectro a esta última, no otorgar espectro tampoco a la mayor competidora del mencionado binomio, ¿era la solución más razonable? Tres meses después, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) emitió el Decreto 2426/2012, el cual, en lo que aquí interesa, hizo básicamente tres cosas: •

Incorporó al Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico (Decreto 764/2000) la facultad de la Autoridad de Aplicación de asignar en forma directa frecuencias a Organismos Nacionales, Entidades Estatales y Entidades con participación mayoritaria del Estado Nacional (Artículo 1º).

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Instruyó a la Secretaría de Comunicaciones para que proceda a asignar las frecuencias que fueron objeto del concurso suspendido a la empresa AR-SAT (Artículo 2º).

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Ordenó a la Secretaría de Comunicaciones instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir9 las bandas comprendidas entre 1710-1755, 2110-2155 MHz y 698 a 806 MHz10exclusivamente a los servicios de Telecomunicaciones Móvil Terrestre (Artículo 6º).

Recordemos que AR-SAT, al momento de la emisión del Decreto 2426/2012, no poseía la infraestructura requerida11, ni existía un plan concreto que generara algún grado de ilusión respecto de la prestación de servicios celulares estatales. Se perdieron al menos dos años detrás de esta idea peregrina. En mayo de 2014 el PEN volvió sobre sus pasos y emitió el Decreto 671/2014, por el cual dejó sin efecto los artículos 2º, 3º y 6º del Decreto 2426/2012. Ordenó a la SECOM instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir bandas, pero esta vez12 las comprendidas entre 1710-1770, 2110-2170 MHz y 698 a 806 MHz exclusivamente a los servicios de Telecomunicaciones Móvil Terrestre13. Además instruyó a la mencionada Secretaría a que proceda a concursar frecuencias. ¿Cuáles? a. las detalladas en el Anexo I. Es decir, nuevamente las devueltas por Telefónica, enviadas a concurso por la Resolución 57/2011 y que, suspendido éste, fueron luego asignadas a ARSAT.

9 El Artículo 3º del Reglamento Sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico (Anexo IV Decreto 764/200) define la “asignación” como la autorización que otorga a la Autoridad de Aplicación para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas; mientras que la “Atribución de una Banda de Frecuencias” la define como la inscripción en el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina, de una banda de frecuencia determinada, para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada. 10 Asignada hasta ese momento para brindar servicios de radiodifusión (por ejemplo, el de cable vía UHF en zonas rurales, que fue perdiendo espacio con la expansión de la televisión satelital). 11 Ni lo tenía al momento de la emisión del decreto 671/2014. 12 Decreto 2426/2012 ordenó atribuir las bandas comprendidas entre 1710-1755, 2110-2155 MHz y 698 a 806 MHz, mientras que el Decreto 671/2014 ordenó atribuirlas comprendidas entre 1710-1770, 2110-2170 MHz y 698 a 806 MHz, es decir 15 Mhz más en el primer caso, y 15 Mhz más en el segundo. 13 Estas frecuencias, en el último llamado a concurso (Res. 38/2014), son utilizadas para prestar el nuevo Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas.

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b. las comprendidas entre 1710-1770, 2110-2170Mhz14 y 698 a 806 Mhz15 y que la Secretaría de Comunicaciones debía atribuir según lo ya señalado. En el contexto referido, llegamos a la Resolución 38/2014 de la Secretaría de Comunicaciones, por la cual se llama a concurso público y se aprueban sus pliegos. Desde el punto de vista de las frecuencias a subastar, el concurso puede ser dividido en dos grupos que, a grandes rasgos, respetan el acontecer histórico reseñado. Por un lado, tenemos las frecuencias asignadas a los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS) y al Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC). Por el otro, las frecuencias asignadas al nuevo servicio llamado Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA), vulgarmente conocido como 4G.

Apertura de sobres y precalificación El 18 de Septiembre de 2014 se llevó a cabo la apertura de sobres a partir de la cual se efectuó la precalificación de los actuales oferentes. En dicha oportunidad, resultó notoria tanto la ausencia de Nextel como la no presentación de ofertas por parte de empresas del Grupo Clarín. En cambio, sí se presentaron Movistar, Personal, Claro y la empresa Arlink, propiedad del grupo Vila-Manzano. Al momento de considerar la precalificación de oferentes, se generaron algunos interrogantes en el mercado, sobre todo respecto del primer grupo de frecuencias reseñado (PCS y SRMC). En efecto, para la mayoría de las empresas de telecomunicaciones del país, las circunstancias respecto de la frustrada subasta del año 2012 no han variado, al menos para mejor. Una muestra de ello es lo ocurrido con Nextel, cuya no presentación al concurso parece relacionada con la noticia de que NII Holding, controlante de Nextel Argentina, presentó la quiebra en Estados Unidos. Además, el grupo Telefónica (Movistar), al igual que en el año 2012, por el límite regulatorio fijado por el Decreto N° 266/9816 (50 Mhz), no puede presentarse a licitar espectro de Servicios de Comunicaciones Personales (PCS) o de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC). Algo particular ocurría con el caso de Telecom (Personal). Recordemos que en el año 2009 Telefónica de España (controlante de Telefónica de Argentina) adquirió parte de Telecom Italia (controlante de Telecom Argentina). La CNDC obligó a ambas empresas a notificar la operación, dado sus efectos en la República Argentina. El organismo entendió que a través de dicha adquisición existía una influencia sustancial de una compañía sobre la otra. Luego de un largo proceso que incluyó varias acciones judiciales, las partes ofrecieron un compromiso de conducta que fue aceptado por el Estado Nacional. En la licitación del año 2012, Telecom fue descartada, según afirmó el actual Ministro de Planificación al diario Página/12 el 6 de septiembre de ese año, “porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) evaluó que suponía un riesgo darle más participación a una empresa que está siendo analizada por un proceso de concentración monopólica”. Luego, al quedar sólo un oferente, la Secretaría de Comunicaciones dejó sin efecto el concurso. El resultado general fue, como se vio, que no se asignaron las frecuencias disponibles y, frente al aumento en el tráfico de datos, la calidad de los servicios se vio altamente perjudicada. Para el presente proceso, la Comisión de precalificación debió considerar nuevamente si los oferentes, incluido Telecom, cumplían con las condiciones de idoneidad exigidas para presentar ofertas y ser adjudicatarios de espectro. Ello generó una nueva consulta a la CNDC, a fin de que ese organismo se expida nuevamente acerca de si la participación de alguno de los oferentes, desde el punto de vista de la defensa de la competencia presenta algún inconveniente. 14 Atribuidas luego por Resolución 17/2014 (SC). 15 Atribuidas luego por Resolución 18/2014 (SC). 16 Decreto N° 266/98 en su Artículo 4°, apartado 4.2.1 del Anexo al Artículo 1°.

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La licitación de espectro para 4G en Brasil La asignación de espectro 4G de la República Argentina no es la única que se esta produciendo en la región. Con algunos días de antelación, un proceso similar estuvo ocurriendo en la República Federativa de Brasil respecto de la banda de 700 MHz. A principios de octubre, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de ese país informó1 que respecto de la licitación de la banda referida para el despliegue de servicios de banda ancha móvil 4G las empresas Claro S.A. (AMX), TIM Celular S.A. (Telecom) y Telefónica Brasil S.A. (Vivo - Telefónica) se hicieron adjudicatarias de los Lotes 1,2 y 3, respectivamente, que representan aproximadamente un ancho de banda de 2x10MHz2 cada lote a nivel nacional, mientras que Algar Celular S.A. obtuvo el mismo ancho espectral en aproximadamente 87 municipios del país3. Hay dos características que resaltan en el proceso brasileño: En primer lugar, en cuanto a la cantidad de oferentes, resultó altamente significativa la no presentación de las empresas Oi y Nextel al proceso licitatorio, lo cual derivó en que varios lotes ofrecidos por Anatel fueron declarados desiertos por falta de ofertas. En segundo término, quizá como consecuencia de lo anterior, las ofertas apenas sobrepasaron el precio base de la subasta fijado para cada segmento. Claro pagó por el lote 1 un total de BRL 1947 millones (u$s798 millones), lo que representa un 1% sobre el precio base; TIM adquirió el Lote 2 prácticamente por la misma suma, BRL 1947 millones (u$s798 millones); Vivo, por su parte, se quedó con el Lote 3 por el precio base, es decir BRL 1927 millones (u$s790 millones). Respecto del bloque regional, Fuente: Anatel Algar Celular adquirió el Lote 5 por BRL 29,5 millones (u$s12 millones), o sea un 0,02% sobre la base. En total se recaudaron aproximadamente BRL 5851 millones (u$s2400 millones). Mientras que las expectativas de recaudación con carácter previo al proceso licitatorio se encontraban entre los u$s3146 y u$s3595 millones, según declaraciones del Ministro de Comunicaciones Paulo Bernardo, publicadas por el sitio especializado Signals Telecom. 1 Información disponible en: www.anatel.gov.br 2 Punto 1.1.a del Aviso licitatorio: Tipo A (lotes 1-6), la expedición de autorización para el uso de radiofrecuencias, en carácter primario de bloque 10 + 10 MHz en la Sub banda de radiofrecuencias 708 MHz a 748 MHz y 763 MHz a 803 MHz , que se rige por el anexo Resolución 625, del 11 de noviembre de 2013, por un período de quince ( 15) años , prorrogable por una sola vez a título oneroso por igual período en las Áreas Prestación descritas en el anexo I. 3 Lote 5, que comprende una región de 87 municipios de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul y São Paulo.

Frente a la necesidad técnica de ampliar la cantidad de espectro en manos de los prestadores, el escenario pareció exigir una nueva consideración de la situación. En efecto, tanto la Comisión de Precalificación como la CNDC no formularon objeciones a la presentación de ninguno de los oferentes al proceso de subasta. El 7 de octubre, el Secretario de Comunicaciones emitió la Resolución 65/2014, que tuvo por precalificados a todos los oferentes. El principal17 argumento utilizado por la CNDC a favor de la “no objeción” fue la reconfigu17 Otro argumento fue la circunstancia de que, habiendo monitoreado el compromiso ofrecido por las empresas Telefónica y Telecom en el año 2009, no se vislumbraban incumplimientos.

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ración total del mercado que podría implicar el otorgamiento del espectro ofrecido en subasta que, en términos comparativos, es enorme. En efecto, se parte de una situación pre-concurso en la cual las participaciones de mercado rondan aproximadamente los siguientes valores: Personal, 32%; Claro, 32%; Movistar, 29%; y Nextel con 7%; existe el límite a la tenencia de espectro de 50 Mhz en una misma área de servicio; y, si se observa la suma total de Mhz otorgados al día de la fecha por área de prestación, tenemos que en el área I es de 140 Mhz, en el área II, 132,5 Mhz, y en el área III es de 135 Mhz. Sin embargo, la Resolución 37/2014 SC, que aprueba el reglamento del nuevo Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (en adelante SCMA), fija como límite regulatorio para dicho servicio 60 Mhz por prestador. Por otro lado, se subastan 95 Mhz de espectro para servicios PCS y 7,5 Mhz de SRMC, distribuidos en las tres áreas, pero además se agregan 180 Mhz de SCMA de explotación nacional. Asimismo, el pliego crea la figura del nuevo entrante para el cual reserva 20 Mhz de espectro para servicios PCS por área de explotación y 40 Mhz de espectro para SCMA (de explotación nacional). La sola comparación de los datos entre la disponibilidad de espectro del mercado en su configuración actual con la cantidad de espectro a subastar, más la potencialidad de un nuevo entrante da una idea de la magnitud de la reestructuración que podría producirse en el mercado de la telefonía móvil argentina. A esto se agrega el efecto tecnológico que producirá la adquisición de las bandas SCMA. En efecto, como tales bandas se utilizarían para transmitir información que actualmente circula por las frecuencias correspondientes a los servicios restantes (PCS y SRMC), estos se descongestionan, ya que parte de su tráfico actual comienza a circular por esta nueva ruta de datos. De esta forma, contar con acceso a bandas destinadas a comunicaciones avanzadas permite que el operador móvil pueda incrementar su base de clientes, mejorando asimismo la calidad del servicio brindado a través de tecnología 3G. Desde el punto de vista del procedimiento elegido para asignar las bandas (subasta al mejor postor) hay que agregar que, al momento de efectuar su análisis, la CNDC desconocería por completo las ofertas específicas que efectuarán las empresas al momento de licitar tales bandas, lo cual vuelve completamente relativo cualquier análisis a priori del escenario probable luego de la subasta. En suma, la CNDC consideró que la variación de circunstancias es tan significativa que emitir una opinión basada en los resultados potenciales y a priori de la subasta podría generar efectos más perjudiciales que los que se pretende evitar con una opinión previa. Por ello, optó por permitir la participación de todos los oferentes e intervenir post licitación si en la nueva configuración del mercado se generan conductas contrarias a la competencia y al interés económico general. Respecto de las frecuencias para Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) en relación a Telefónica y Telecom, la cuestión presenta otros ribetes: aunque la CNDC no ponga objeciones a la presentación de oferentes al concurso, ello no implica que la Secretaría de Comunicaciones pueda alejarse de lo estipulado en la regulación al momento de considerar “cuánto” espectro es posible asignar a cada prestador. En efecto, la Resolución 37/2014 dispuso en el Artículo 5º que, a los efectos de evitar la concentración de espectro radioeléctrico, ningún prestador podrá ser titular de un ancho de banda superior a 60 Mhz para la prestación del SCMA, pero a continuación agregó que a los efectos de la contabilización de dicho espectro “se considerará el espectro asignado a la sociedad, a sus controladas o controlantes, directa o indirectamente, o aquellas que posean una participación superior al TREINTA POR CIENTO (30%) de las acciones con derecho a voto. Esta limitación

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tampoco podrá ser vulnerada mediante la constitución de uniones transitorias de empresas, o bajo cualquier otra forma jurídica”. Es decir que la determinación acerca de si el límite de 60 Mhz impuesto, en el caso de Telefónica y Telecom, debe ser contabilizado en forma conjunta o por cada empresa dependerá del alcance que se le otorgue a los términos “controladas” y “controlantes”. Recordemos que en la Resolución 4/2009, dictada en el marco de la Diligencia Preliminar 29, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analizó la relación existente entre ambas empresas y entendió que existía una “influencia sustancial” de una compañía sobre la otra que ameritaba obligarlas a notificar la operación de concentración entre ambas. El análisis de dicha operación derivó en el Dictamen 835 y la posterior recomendación de la CNDC en el sentido de no darle más espectro a Telecom en la subasta del año 2012. Pero, por otro lado, una interpretación más literal de la norma puede llevar a considerar que, existiendo el precedente referido, si la Resolución 37/2014 hubiera querido referirse a “influencia sustancial” en lugar de “control” lo hubiera hecho expresamente18.

El acto de subasta El 31 de octubre se llevó a cabo finalmente el mentado acto de subasta en el que los cuatro oferentes precalificados presentaron sus ofertas para la adquisición de lotes de frecuencia. Al momento de cerrarse esta nota se sabe que: •

El Grupo Clarín pidió una cautelar en contra del proceso de subasta que fue rechazada19 por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3.

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Las cuatro empresas precalificadas presentaron ofertas. Arlink por el lote reservado al nuevo entrante, a precio de la Base. En tanto que Telecom y Claro habrían adquirido tanto frecuencias de PCS y SRMC como de SCMA.

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Las ofertas totalizaron u$s2233 millones, lo que dio un incremento de un 13,6% sobre la oferta base que era de u$s1965 millones.

La Secretaría de Comunicaciones tiene ahora veinte días para expedirse dictando el acto administrativo por el cual se concluye el procedimiento de selección aceptando las ofertas presentadas. Una vez notificado, las empresas adjudicatarias tienen otros diez días para pagar el monto ofertado.

Conclusión Como corolario de lo dicho hasta aquí podemos concluir diciendo que, aún cuando el derrotero para llegar hasta el proceso de subasta analizado ha sido largo y complicado y, a pesar de que al momento de escribir esta páginas la configuración final del mercado de los servicios celulares para los próximos años en la República Argentina es aún una incógnita, la puesta a disposición de espectro al mercado móvil argentino es sin dudas un hecho altamente positivo, y su llegada a buen puerto podría beneficiar, tanto a usuarios, como a compañías prestadoras y al propio Estado.

18 Para una disquisición más profunda acerca de las diferencias entre las nociones de control e influencia sustancial se recomienda la lectura de la Resolución 4/2009 CNDC. 19 Para así decidir, la jueza consideró que el Grupo Clarín reconoció no haber presentado oferta en el concurso por lo que resulta irrefutable que la empresa no reviste la calidad de oferente, y por ello carece del status jurídico que lo habilitaría a cuestionar las decisiones relativas a las precalificaciones y posteriores adjudicaciones.

El espectro en debate A propósito del concurso de las frecuencias para servicios celulares

Algunos Interrogantes El nuevo Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas y la subasta de espectro genera varios interrogantes que se irán develando con el avance del proceso de implementación del servicio. El primero para destacar es el relacionado con la figura del operador entrante. El Artículo 3º del pliego define al Operador Entrante como: “el LICENCIATARIO que no presta SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (STM), de RADIOCOMUNICACIONES MÓVIL CELULAR (SRMC), y de COMUNICACIONES PERSONALES (PSC), y que conforme a este PLIEGO cumple con los requisitos para la PRECALIFICACIÓN20”. En otras palabras, no pueden ser considerados operadores entrantes, ni Telefónica (Movistar), ni Telecom (Personal), ni AMX (Claro), ya que todas estas compañías prestan alguno de los servicios mencionados en el Artículo 3º. Por su parte, el Artículo 33º reserva para nuevos entrantes un bloque de frecuencias bastante importante: es único y se compone de 20 Mhz en cada área del país para el servicio de PCS y de 40 Mhz (en dos porciones) para servicios de SCMA de alcance nacional. Especifica el artículo que la oferta por este bloque deberá realizarse por el número de lote (Lote 1). Es decir que, de acuerdo a la redacción del artículo, quienes subasten este bloque deberán ofertar por el todo. La particularidad de la figura reside en la intención de garantizar en el mercado móvil argentino la entrada de un nuevo operador con la capacidad, al menos desde el punto de vista de la disponibilidad de frecuencias, de competir en todo el país.

Las condiciones jurídicas parecían ofrecerle a Nextel una oportunidad inmejorable de consolidarse como nuevo entrante en el mercado de servicios móviles. Sin embargo, el 18 de septiembre se supo que esta empresa desistía de su presentación al concurso, y por ello todas las miradas se desplazaron a Arlink.

Visto desde el punto de vista de la figura creada, las condiciones jurídicas parecían ofrecerle a Nextel una oportunidad inmejorable de consolidarse como nuevo entrante21 en el mercado de servicios móviles. Sin embargo, el 18 de septiembre se supo que esta empresa desistía de su presentación al concurso22, y por ello todas las miradas se desplazaron a Arlink, única empresa entre las que se presentaron que está en condiciones de ser considerada nuevo entrante.

Dicha circunstancia interpela acerca de si el mecanismo que se ha elegido para fomentar la competencia en el sector de los servicios móviles (nos referimos a reservar un bloque de espectro de manera exclusiva para un nuevo entrante) ha sido el mejor. En varios países de Europa ha dado buenos resultados la figura del Operador Móvil Virtual como dinamizador de la competencia, sin embargo dicha figura presupone un prestador con la infraestructura y frecuencias suficientes como para proveer un servicio eficiente. Queda claro que la enorme capacidad económica que el desarrollo de infraestructura para la prestación de servicios móviles plantea hace necesaria una escala empresarial y un retorno de la inversión difícil de obtener23. Ello se evidencia en la escasa presentación de ofertas para el lote reservado a nuevos entrantes. Súmese a ello que en la República Argentina hay más de un celular por persona (se estiman 60 millones de líneas) y las tres compañías 20 Artículo 3º del pliego. 21 De acuerdo con la definición de operador entrante no pueden ser considerados “entrantes”, ni Movistar, ni Personal, ni Claro, pero sí Nextel, que explota frecuencias asignadas al Servicio Radioléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE), las cuales quedaron fuera de la definición del Artículo 3º. Al respecto puede consultarse la Circular Aclaratoria publicada por la Secretaría de Comunicaciones. 22 En efecto, hasta hace algunos días Nextel parecía ser la gran favorita a quedarse con el Lote 1, pero recientemente se supo que NII Holding, controlante de Nextel Argentina, presentó la quiebra en EE.UU. 23 Recientemente, por ejemplo, se hizo público que el gobierno de Brasil recaudó u$s 900 millones menos de lo que esperaba en la licitación de 700 Mhz.

El espectro en debate A propósito del concurso de las frecuencias para servicios celulares

actuales se reparten el share de mercado en porciones similares. Veremos a medida que avancen los días si la adjudicación de espectro a través de esta figura, basta para lograr consolidación del tan mentado “nuevo entrante”. El segundo interrogante para destacar es el que se da en relación a la potencial asignación de bandas de espectro aún ocupado por prestadores de servicios de comunicación audiovisuales. La Secretaría de Comunicaciones atribuyó el espectro para servicios móviles a mediados de mayo de 2014, disponiendo para el caso de las bandas del 698 Mhz a 806 Mhz la migración de los sistemas que se encuentran operando en tales bandas en el plazo de dos años, según los criterios y procedimientos fijados en el Artículo 12º del Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico. A esto se le suma la impugnación de dicha atribución por parte de varios prestadores de servicios audiovisuales que utilizaban dichas bandas. Esto quiere decir que existe el peligro de que parte del espectro subastado pueda encontrarse ocupado y quizá judicializado durante largo tiempo.

Es notoria la expectativa de ingreso de dólares al país por la adjudicación del espectro. ¿Entrarán al país u$s2233 millones y se irán u$s4000 millones en concepto de importación de antenas?, ¿se autorizarán tales importaciones lo suficientemente rápido como para efectuar su despliegue en dieciocho meses?

Si tenemos en cuenta que el Artículo 12º del pliego dispone que “las autorizaciones para el uso de las frecuencias de ESPECTRO RADIOELECTRICO objeto del presente CONCURSO se otorgarán por un plazo de QUINCE (15) años contados a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo de adjudicación…”, se entiende la preocupación que el tema puede generar en los oferentes, quienes pagarán quince años de autorización, pero sin saber cuál podría ser su disponibilidad efectiva. Máxime teniendo en cuenta las obligaciones de cobertura que le fija el Artículo 2º del Anexo III del pliego (Lotes 8, 9, y 10, dieciocho meses). Tanto el reglamento de Gestión y Control de Espectro (Artículo 12º) como el propio pliego (Artículo 19º) prevén la posibilidad de que el nuevo autorizado “convenga” con el autorizado obligado a migrar las bandas respectivas, las condiciones de anticipación del plazo de desocupación, asumiendo los costos de la migración. Pero queda claro que tal sobre costo potencial y oculto en las bandas a subastar podría tornar excesivamente onerosa la adjudicación de dicho espectro.

Cabe aclarar que este punto ha generado preocupación en casi todos los oferentes que compraron el pliego, que quedó plasmada en las consultas realizadas por estos y que por toda respuesta en la circular aclaratoria han obtenido una oscura remisión a lo dispuesto en los Artículos 12º y 19º del propio Pliego. Otra cuestión que resulta notoria es la relacionada con la expectativa de ingreso de dólares al país por la adjudicación del espectro a subastar. Excede el marco de la presente nota el análisis de los costos asociados que la implementación del nuevo servicio de SCMA puede llegar a insumir, sin embargo, resulta claro que la infraestructura necesaria deberá importarse de otras regiones del planeta, con la consecuente salida de dólares que toda importación genera. Dicha circunstancia genera varios interrogantes: ¿entrarán al país u$s2233 millones y se irán u$s4000 millones en concepto de importación de antenas?, ¿se autorizarán tales importaciones lo suficientemente rápido como para efectuar su despliegue en dieciocho meses?

El espectro en debate A propósito del concurso de las frecuencias para servicios celulares

Inclusión digital Por Mario Oporto1 Las comunicaciones son un factor clave para el desarrollo y el crecimiento del país, tanto como las rutas, el transporte o la energía eléctrica. La expansión que registró la telefonía móvil en la última década —en el número de líneas habilitadas (con un crecimiento superior al 1200% y en la cantidad de servicios y usos de los teléfonos celulares (internet, televisión, aplicaciones)— provocó que las redes resultaran insuficientes para atender la demanda de millones de usuarios. Es lógico: esas redes fueron planificadas, en su origen, para sostener una cantidad de líneas mucho menor que las que hoy están en funcionamiento. En el último año, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación implementó importantes medidas con el objetivo de mejorar los servicios de telefonía celular. Se destacan el nuevo Reglamento de Calidad y las recientes licitaciones de espectro y tecnología 4G. También se suma el trabajo conjunto con la Secretaría de Asuntos Municipales, que dio como producto una ordenanza modelo destinada a solucionar la problemática que representa la instalación de antenas de telefonía móvil en los distritos. Precisamente en este punto se inscribe la tarea que se desarrolla en el ámbito de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, y en la comisión homónima del Senado. Se trata de un anteproyecto de Ley de Infraestructura Federal de Comunicaciones Móviles, una herramienta normativa y regulatoria para las antenas de telefonía celular, que preserva la autonomía municipal en lo referido a las cuestiones urbanísticas, de habilitación y percepción de tasas, contempla el impacto ambiental y la salud y garantiza el derecho a las comunicaciones de todos los ciudadanos que viven o transitan cada distrito. Este proyecto —que será enriquecido, además, con el aporte de especialistas en radiaciones no ionizantes (las que emiten las antenas de celular) y en medio ambiente, universidades nacionales, empresas y cooperativas del sector— apunta a otorgar a la infraestructura de comunicaciones móviles una importancia equivalente a la que tienen, por ejemplo, los tendidos de la red eléctrica. Pero es importante entender que esta iniciativa legislativa no es un hecho aislado. Se enmarca en una política pública diseñada con un objetivo estratégico: recuperar la soberanía en las comunicaciones. Esa política se inició en 2003 con la estatización del correo. Siguió con la anulación del contrato con la empresa francesa Thales Spectrum, que tenía el control del espectro radioeléctrico, y la recuperación de la posición orbital 82º (ambas en 2004); la creación de ARSAT (2006); la creación de la Televisión Digital pública y gratuita (2009); la puesta en marcha del programa Argentina Conectada (2010), que concretó el tendido de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica; y el reciente lanzamiento exitoso del satélite ARSAT-1, fabricado íntegramente por científicos argentinos. A todo esto se agrega el nuevo proyecto de ley Argentina Digital, que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso. Reemplazará a la Ley 19 798 de Telecomunicaciones, sancionada en 1972. De ninguna manera una norma de aquel año —que, además, fue promulgada por un gobierno de facto— puede regular servicios entonces inexistentes, como internet y la telefonía celular. Celebramos estos avances que, junto al programa Conectar Igualdad, a través del cual se distribuyeron 4,5 millones de netbooks para alumnos y docentes de escuelas públicas, profundizan las políticas de inclusión digital. El Gobierno continúa ampliando derechos, en este caso, universalizando el acceso a la información y a las comunicaciones y democratizando las redes de datos. Aquí también el Estado dice presente.

1 Mario Oporto es político y profesor de historia. Actualmente ocupa el cargo de diputado nacional (su mandato vence en 2015) por la provincia de Buenos Aires, dentro del bloque del Frente para la Victoria. Es titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación.

Las aventuras de TECO y TASA Telefónica España apunta a Brasil. Telecom, a la venta. ¿Fin de la novela?

Por Guillermo Pérez Dos noticias recientes de magnitud alborotan el mercado local de las telecomunicaciones. La primera refiere a las negociaciones que llevó adelante Telefónica de España S.A. (Telefónica) para fusionar Telefónica Brasil S.A. con Global Village Telecom S.A. (GVT). La segunda noticia tiene que ver con la posible venta de Telecom Argentina al fondo de inversión Fintech. Ambas son de gran importancia para el futuro de las telecomunicaciones en la Argentina, en tanto involucran a las dos principales empresas del sector. Telefónica apuesta por Brasil La empresa Telefónica de España busca fusionar su subsidiaria brasilera, Telefónica Brasil, con GVT, hoy controlada por la francesa Vivendi. La operación será por € 4663 millones, más una participación del 12% de las acciones de la nueva empresa fusionada Telefónica Brasil S.A.1 A su vez, luego de realizada la operación Vivendi, transferirá el 4,5% del capital de Telefónica Brasil S.A. a cambio de de 1110 millones de acciones ordinarias sobre Telecom Italia S.P.A., correspondiente a 8,3% sobre el derecho a voto sobre esa compañía2. Para situar a los desprevenidos, corresponde aclarar que Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo. Tiene una fuerte presencia en Europa (España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, entre otros) y Latinoamérica (Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, entre otros). GVT, por su parte, es la filial brasilera de la empresa francesa Vivendi3, cuya facturación anual estimada ronda los 800 millones de euros. Comercializa a través de las marcas POP y VONO los servicios de telefonía fija e internet en 127 ciudades del país carioca. Según ha divulgado Telefónica, la empresa brasilera post fusión se convertiría en la principal empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica, ya que sería la principal oferente de accesos a internet de todo Brasil, y además tendría posiciones preponderantes en telefonía móvil, fija y televisión satelital. Como resultado de la operación, el grupo de origen ibérico pasaría a liderar el mercado brasilero, en competencia con otros grandes jugadores de peso como Telmex y Telecom Italia.

De ser aprobada por los organismos reguladores, Telefónica de España fortalecerá su posición en Brasil, principal fuente de ingresos del grupo fuera de España (donde el negocio muestra signos de estancamiento).

Si bien la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) y el Consejo Administrativo de Defensa Económica, el organismo regulador brasilero (CADE), aún no se han expedido, la operación no parece, a priori, sencilla de digerir.

En el caso de que la operación alcance la aprobación de los organismos reguladores de los distintos países involucrados en la operación, Telefónica de España fortalecerá su posición en Brasil, principal fuente de ingresos del grupo fuera de España (donde el negocio muestra signos de estancamiento). Y es de esperar que con esta operación Brasil se convierta en la principal fuente de ingresos de Telefónica en el mundo. Los cuadros siguientes muestran la dimensión del negocio de Telefónica en Brasil, en comparación con Argentina y Chile, la segunda y tercer unidades de negocio de mayor relevancia para el grupo en Latinoamérica.

1 Considerando la cotización actual de Telefónica Brasil S.A., se estima que la operación equivaldría a 6700 millones de euros. 2 De esta manera Vivendi conservará el 7,5% de Telefónica Brasil S.A. y el 8,3% de Telecom Italia S.P.A., a la vez que Telefónica de España S.A. quedará desvinculada de Telecom Italia S.P.A. 3 Vivendi es una empresa con origen francés dedicada al negocio de las telecomunicaciones y el entretenimiento. Cabe destacar que en los últimos años ha asumido una posición conservadora ante las vicisitudes del mercado, vendiendo otras unidades de negocios en el mundo y conservando en alguna de ellas participaciones minoritarias (Maroc Telecom, SFR y Activision Blizzard). SFR es el segundo jugador en Francia en Telefonía móvil. Vivendi compró GVT en el año 2009.

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Indicadores de Acceso por país (valores en miles) Brasil

Argentina

Chila

Telefonía fija

10 929,1

4779,6

1616,8

Telefonía móvil

79 350,7

19 252,8

10 394,0

Internet

4103,5

1854,5

1005,3

TV paga

687,8

TOTAL ACCESOS

95 098,1

559,9 26 173,9

559,9

Fuente: Teléfonica. Año 2013

Grupo Telefónica: ingresos por país (en millones de euros) Facturación

Ganancias

Participación en ingreso regional del grupo

12 217,0

3940,0

42,0

Argentina

3681,0

977,0

12,6

Chile

2483,0

818,0

8,5

Brasil

Fuente: Teléfonica. Año 2013

En resumen, Telefónica cede posiciones en Europa a cambio de incrementar su presencia en Latinoamérica. A nivel global, una noticia que ya no resulta novedosa. Para responder cuál es el impacto de esta noticia en Argentina, primero debemos considerar una segunda novedad que nos trajo este movido año en el mundo de las telecomunicaciones.

Telecom… ¿se argentiniza? La segunda noticia relevante, con mayor impacto por su cercanía geográfica, es la oferta que recibió Telecom de Italia por Telecom Argentina (TECO) de parte del fondo de inversión Fintech4 por la totalidad de la participación directa e indirecta de la empresa italiana sobre su filial argentina. De concretarse la operación, Telecom Italia vendería su participación en Sofora a Fintech, quien controlaría indirectamente Telecom Argentina, en sociedad con el Grupo W de la familia Wertheim (ver gráfico). Al tiempo que Telefónica se focaliza en Brasil, incluso a costa de ceder preponderancia en Europa al salir de Telecom de Italia, Telecom Argentina (subsidiaria de esta última) recibió una oferta por parte del grupo inversionista Fintech. Si bien ambas operaciones deberán atravesar la aprobación de los organismos reguladores locales e internacionales, el impacto sobre el mercado local sería una separación societaria entre los dos principales competidores: Telefónica de Argentina (TASA) y Telecom (TECO). Si bien para el mundo de las telecomunicaciones, Fintech es un jugador inesperado, lo cierto es que este fondo 4 El contrato, luego de sucesivas prórrogas, el 25 de octubre Telecom notificó a la Comisión Nacional de Valores que en un nuevo acuerdo firmado en Roma se ratifica el monto total de la contraprestación de u$s960 millones por el 68% de Sófora. Además notifica que de dicho monto ya se había cobrado la suma de u$s113,7 millones, y se esperaba cobrar antes de octubre un monto adicional de u$s215,7 millones a partir de los cuales se transferirá el 17% de las acciones de Sófora a Fintech. La transferencia del 51% restante se hará efectivo luego de obtener las autorizaciones pertinentes de los organismos reguladores argentinos (dando un plazo para ello de dos años y medio).

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de inversión, propiedad de David Martinez5, viene haciendo ruido en la Argentina hace tiempo. En el 2004 tuvo participación en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial que posibilitó el levantamiento de la quiebra que pesaba sobre Cablevisión. El ingreso en Cablevisión le permitió introducirse en las negociaciones que derivaron en la fusión entre Cablevisión y Multicanal, de la cual saldría Fintech con el 40% de Cablevisión post fusión. A su vez, a lo largo de la década pasada, Fintech fue diversificando sus inversiones, apuntando principalmente al sector energético y a la deuda pública6. La oferta de Fintech de u$s960 millones por el 68% de las acciones que posee Telecom Italia en Sofora fue aprobado por el directorio de la empresa italiana y aún resta la aprobación por parte de los organismos reguladores de la Argentina7. Si bien desde la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Defensa al Consumidor (CNDC) poco habría que objetar, en tanto la operación favorecería la competencia en el ámbito local dando punto final a la novela TECO-TASA, el marco regulatorio audiovisual abre un interrogante al respecto. En efecto, la Ley 26 522 establece limitaciones a la participación de empresas licenciatarias en empresas de servicios públicos. Idéntica situación enfrenta Telefónica con Telefe, aunque hasta la fecha el organismo regulador (la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) no se ha expedido. ¿Será este el motivo por el cual los organismos reguladores demoran en expedirse sobre la operación?8 Al margen del aspecto regulatorio que resta resolver, cabe preguntarse cuál será el rumbo que elegirá el fondo de inversión para TECO. Las pocas declaraciones que trascendieron refieren a la voluntad de dotar a Telecom Argentina de mayor autonomía en la toma de decisiones estratégicas y en el uso de los fondos. Surge la duda: ¿estará pensando Fintech en una inversión financiera o pretende incursionar en el negocio de las telecomunicaciones? Lo cierto es que, de quedarse TECO con una parte del espectro que sale a licitación para brindar 4G, ambas perspectivas son viables y en el corto plazo.

¿Fin de la novela TECO – TASA? Retrato de una historia regulatoria La relación entre TECO y TASA se asemeja mucho a un romance adolecente: una historia de idas y venidas a lo largo de los años. Se conocieron durante la privatización de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), cuando se les otorgó el monopolio de prestación de todos los servicios durante diez años a cada empresa en dos zonas geográficas excluyentes (TASA, zona sur; TECO, zona norte). No está de más recordar que esa privatización delineó una de las principales características del mercado de telecomunicaciones de Argentina: la integración vertical de las empresas con posición dominante. La suerte se 5 Es un financista nacido en México que actualmente reside en Nueva York. De escasa exposición pública, está dedicado a la inversión en deuda empresarial y soberana, a partir de lo cual se convirtió en un millonario. Considerado como el mexicano de mayor influencia en Wall Street. En Marzo del 2013 escribió una columna en el Financial Times de Estados Unidos, intitulada “Los jueces de EU están poniendo en peligro las finanzas internacionales.” 6 Verbitsky, Horacio. “El tercer canje”. Página/12 [en línea]. 24 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/ diario/elpais/1-253677-2014-08-24.html 7 La última prórroga estiró los plazos para la confirmación de la venta hasta el 24 de octubre de 2014. 8 Todo esto podría cambiar si se aprueba el proyecto “Argentina Digital”, al menos tal cual estaba redactado al momento de ser presentado por el PEN en el Congreso de la Nación.

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dejó librada a la “competencia por comparación” (en desuso como instrumento regulatorio y con escaso efecto comprobable) y al ejercicio de la política regulatoria que comenzó a cobrar vigor con la desregulación del sector, en el año 2000, luego de diez años de monopolio compartido: con el Decreto 764/2000 se da inicio a la competencia en el sector, permitiendo el ingreso de nuevos operadores al sector a partir de la sanción de un Reglamento Nacional de Interconexión (RNI - Anexo II del Decreto), cuya finalidad era la de garantizar el acceso de cualquier licenciatario a la red otro, en condiciones no discriminatorias. Desde ya que la apertura regulatoria significaba el ingreso de nuevos competidores al sector, lo cual era esperado con una prudente expectativa: la regulación asimétrica que adoptó la Argentina tenía como objetivo favorecer al entrante. Sin embargo, el foco de interés estaba puesto en la feroz competencia que se estimaba se iba a desatar entre los dos principales operadores del sector. Los resultados, sin embargo, fueron desalentadores. Salvo en el negocio de la telefonía móvil (que con el ingreso de Telmex inyectó competencia en el mercado), en el resto de los servicios de telecomunicaciones primó una colusión que, desde una mirada biempensante, podría calificarse de tácita. Colaboró con el statu quo la pasividad de un organismo regulador que contaba sin embargo con las herramientas para aplicar una política agresiva que garantice y fomente el ingreso de operadores sin o con poca infraestructura. Llama la atención que desde el 2000 y hasta la actualidad la única interconexión cuya regulación de precios fue efectiva es la de telefonía fija, un mercado de interés menor para viejos y nuevos jugadores. Los precios transitorios se transformaron en permanentes9, la desagregación local quedó en el olvido10, la aplicación de benchmarking11 para estimar costos de interconexión no fue utilizada en ningún caso que se recuerde públicamente y el naciente mercado que se generaba en torno al servicio de internet fue creciendo a espaldas del organismo regulador. Luego de diez años de regulación sectorial, la posición dominante que ejercían TECO y TASA poco había mermado. Y, para colmo de males, en el año 2007 se hace público en Europa que Telefónica de España estaba interesada en ingresar a Telecom Italia, generando la concentración entre ambas empresas que en la Argentina se analizó recién en el año 2009. Luego de un largo proceso de análisis de la CNDC realizado a través de una Diligencia Preliminar (en tanto las empresas negaban que la operación generara concentración en la Argentina), el organismo antitrust publicó la Resolución CNDC 4/2009 en la cual determinó que TECO y TASA debían notificar la operación de concentración ante los organismos reguladores de Argentina. El resultado de aquella notificación fue el Dictamen 744/2009 de la CNDC, de lectura recomendable por las conclusiones que de allí pueden obtenerse del estado de situación del mercado luego de diez años de regulación y competencia12. Allí comienza una historia que hoy pareciera volver a fojas cero y que debiera ser aprovechada por el Estado para introducir reformas que hagan jugar al sector el rol que le cabe en un país concebido con crecimiento e integración social (ver recuadro). De concretarse la operación de Telefónica de España en Brasil a cambio de las acciones sobre Telecom Italia que 9 Capítulo VII del Reglamento Nacional de Interconexión (RNI). 10 Artículo 39º del Capítulo VII del Reglamento Nacional de Interconexión (RNI). 11 Artículo 26º.4 del Capítulo V del Reglamento Nacional de Interconexión (RNI). 12 Cabe recordar que, como resultado de dicho Dictamen, la CNDC estimó como conveniente la transferencia de TECO a una tercera empresa no vinculada a TASA. Dicha resolución fue judicializada y concluyó en el Dictamen 835/10, donde las partes propusieron una “muralla china” (chinese wall), para impedir el intercambio de información sensible de ambas empresas entre directores en Europa y de esa manera evitar el gerenciamiento conjunto de ambas empresas en Argentina.

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le otorgan influencia sobre Telecom Lo que natura nosustancial da… regulación noArgentina, presta. y suponiendo que la operación de Fintech se apruebe y que Telecom Argentina desarrolle una estrategia de mayor competencia e inversión en el mercado local, puede El análisis económico realizado por la CNDC en el Dictamen 744/09 divide el sector en dos grandes rubros: los esperarse una nueva perspectiva competitiva para el mercado local (la que debería acompañarse con una nueva servicios minoristas y los servicios mayoristas. actitud regulatoria, por supuesto). Respecto del mercado minorista, sigue el procedimiento habitual para analizar concentración: observa la particiComo en billar, mientras bandas de involucra la jugada, probabilidades de sobre éxito tiene: bola está pación de el mercado, obtienemás indicadores crecimiento de la menos concentración y concluye la baselade los ya niveles girando y, mientrasque tanto, vale la pena conservarlalaoperación. ilusión. En el caso que nos ocupa son todos considerados de concentración resultarían de aprobarse riesgosos para la competencia1. Una vez analizados los mercados minoristas, el Dictamen analiza los mercados mayoristas, aquellos donde los servicios son prestados por empresas de telecomunicaciones a otras empresas de telecomunicaciones. Es por ello que regulatoriamente estos mercados se encuentran conceptualmente bajo la órbita de la interconexión, tal como se la define en el Anexo II del Decreto 764/2000 (Reglamento Nacional de Interconexión – RNI). El Artículo 2º del RNI establece el alcance del concepto de interconexión: confiere acceso a la red de los competidores para prestar a un cliente propio cualquier tipo de servicio, propio o de tercero. De allí se desprende que una correcta y estricta aplicación de este concepto permitiría a cualquier licenciatario proveer los servicios de telecomunicaciones con o sin red, sin importar la magnitud de cada uno de los competidores ni su posición en el mercado. En un extremo hipotético, que se considera aquí como mero ejercicio conceptual, con una correcta regulación de precios que efectivice estos conceptos, el poder de mercado en los mercados minoristas podría ser fácil de desafiar por una empresa entrante. ¿Alcanza con exigir una estricta y rigurosa aplicación de la regulación que existe, para luego esperar que lluevan entrantes como maná del cielo? ¿Es sólo “competencia” de lo que adolece el sector en nuestro país? Esta mirada, si bien es útil para remarcar las falencias regulatorias actuales, resulta insuficiente en tanto minimiza el poder efectivo que deviene del control de la generación y distribución del tráfico de red; a la vez que sobreestima la capacidad potencial que puede tener un organismo regulador sobre empresas privadas con poder dominante. En el análisis de las barreras a la entrada que generaría la operación TECO-TASA, el Dictamen CNDC-744/09 indica que “la entrada y/o la permanencia de un operador no puede concebirse como posible en esta industria sin la interconexión de redes competidoras. De aprobarse la operación sin condicionamiento alguno se generaría un red con autosuficiencia casi absoluta para la prestación de servicios de telecomunicaciones y, por ende, con la capacidad y el incentivo material para no interconectar operadores”. Con una “red autosuficiente” que cuenta con capacidad e incentivo para no interconectar a competidores, y en ausencia de una regulación que permita la competencia efectiva, los entrantes no tuvieron otro camino que invertir en infraestructura para competir. Ni con la privatización, primero, ni con la desregulación, después, se diseñó una estrategia de desarrollo para el sector que fomente una asignación eficiente de los recursos que redunde en mayor competencia y calidad de servicio para los consumidores. Los últimos años, con mayor presencia estatal en el mercado, han servido para empezar un camino del cual resta mucho recorrer. Las redes de telecomunicaciones deben concebirse como una herramienta clave para planificar el desarrollo económico, social y la seguridad nacional. Las soluciones futuras a los problemas actuales deben abordarse desde la planificación, antes que desde un enfoque meramente regulatorio. De lo contrario, como dice el refrán, lo que natura no da… 1 Con excepción del mercado de telefonía fija, donde una gran cantidad de localidades de la Argentina no verifica solapamiento y por tanto concentración.

Servicios OTT: Nuevos Desafios Ya tenemos streaming. ¿Ahora qué sigue?

Por Diego Rodríguez La posibilidad que hoy brinda Internet de proveer contenidos Over the Top, es decir, aquellos servicios que se brindan a clientes a través de Internet y no directamente por un operador de telecomunicaciones, abrió el grifo para que comenzarán a llover contenidos audiovisuales que siguieran esta lógica. Actualmente, Netflix es un jugador con peso propio en el mercado audiovisual y no es el último. Varias compañías tratan de no perderle pisada: Hulu, Amazon y hasta Yahoo!. Ahora que el servicio ya se está brindando desde hace un par de años, llegó el momento de consolidar lo conseguido: no alcanza con llegar al usuario, se trata de llegar rápido, con calidad y de manera estable. Hace dos décadas atrás, todos los amantes de las tecnologías sabíamos muy bien que Internet iba a ser la plataforma predilecta para llevar entretenimiento a los usuarios, y de una manera u otra acompañamos muy de cerca su crecimiento Este crecimiento rápido llevó a que algunos jugadores del mercado televisivo, como también otros nuevos, empezaran a incursionar en servicios de oferta televisiva por este medio. El primer paso fue proveer canales lineales o servicios de “video bajo demanda” (VOD, por sus siglas en ingles, Video on demand) a las computadoras, utilizando los protocolos y las herramientas limitadas existentes en la época, obviamente restringidos por las conexiones de baja velocidad a Internet hogareñas existentes en ese entonces. Pero hace unos años el mercado empezó a involucrar a Internet en todos los dispositivos terminales de usuario y, por lo tanto, la industria televisiva los empezó a incluir en Las propuestas Over the sus servicios de provisión de video por Internet, dando lugar al termino de “Over the top”, es decir, no me importa cuál es el dispositivo final, Top debieron acomodarmientras esté conectado a Internet y posea un reproductor de video, se a entregar el contenido ahí el contenido tendrá presencia. A partir de entonces, la industria televisiva aprendería que su objetivo inmediato y segundo gran desafío sería proveer sus productos a este nuevo universo de terminales reproductores (PCs, smartphones, tablets, consolas de juego, SmarTVs, etcétera). Este segundo gran paso de la industria conllevó un sinfín de nuevas prácticas de uso del contenido televisivo, nuevos y desafiantes objetivos y, sobre todo, un aprendizaje de las herramientas y de los protocolos propuestos por el mundo tecnológico. Varias empresas y entidades, algunos jugadores tradicionales y otros emergentes, empezaron a jugar con las herramientas y estándares emergentes y con un público que al mismo tiempo iba aprendiendo y conociendo las tecnologías que el mercado proponía.

correcto en el momento y terminal correcto y al usuario adecuado: un servicio 360º. Por tanto, las herramientas a su alcance deben ser lo más fácil y predecibles en su uso y deben también acompañar el aprendizaje.

De hecho, algunas de ellas han logrado productos de excelente calidad con propuestas interesantes y, sobre todo, demostrando que lo que se estimaba era posible y prometedor como oferta de servicio. Como ejemplo pueden citarse las tres más reconocidas al día de hoy: Netflix, Amazon y Hulu. Productoras de contenido, programadores de señales de televisión, operadores de TV, fabricantes de televisores o consolas de juego, proveedores de servicios varios, todos pusieron el ojo en esta nueva oportunidad y empezaron su juego. Al mismo tiempo, estas mismas empresas y entidades vieron cómo los hábitos de consumo fueron cambiando y migrando de hábitos pasivos de consumo a una mayor actividad por parte del usuario. El concepto PLAY se instaló como pilar de consumo: el usuario busca inmediatez en el servicio, independencia de elección, aceptación o rechazo inmediato, diversidad, participación y sobre todo compartir y sociabilizar sus experiencias. Así, las propuestas debieron acomodarse a entregar el contenido correcto en el momento y terminal correcto y al usuario adecuado. Este consumidor se hizo dueño de dispositivos que lo acompañan permanentemente y busca adecuar sus tiempos y su comodidad al terminal que tenga a mano, es por eso que la oferta debe prever un ser-

Servicios OTT: Nuevos Desafios Ya tenemos streaming. ¿Ahora qué sigue?

vicio 360º, que permita disponer del contenido cuando y donde lo desee el televidente. Estos dispositivos fueron acercando una nueva tecnología hasta ese momento desconocida por el usuario, es por eso que las herramientas a su alcance deben ser lo mas fácil y predecibles en su uso y deben también acompañar el aprendizaje. Volviendo al mundo OTT, hoy nos encontramos ante una nueva etapa, una etapa de consolidación de servicios y productos, donde la gran cantidad de soluciones ya desplegadas buscan como desafío una integración y consolidación como producto televisivo. Su gran desafío será igualar o acercarse lo más posible a la robustez y confianza de servicio que la televisión tradicional ha logrado luego de varias décadas de trabajo. Es decir, concebir un servicio OTT como un state of the art: lograr los valores de garantía y confianza necesarios para competir dentro de un mercado televisivo que aún se basa en sus estructuras fijas tradicionales. Para conseguirlo, la industria deberá definir y establecer los protocolos y estándares de una manera más unificada que la actual y lograr que el mercado tecnológico se base en estos con el fin encontrar la madurez necesaria Los proveedores de ser- para lograr el objetivo.

vicios televisivos pasarán del juego y el aprendizaje a soluciones verdaderamente competitivas y transgresoras, que se enfrenten de igual a igual al servicio actual y de alguna manera desafíen al mercado lineal tradicional. Esta consolidación de servicios se resume en tres grandes partes por mejorar: el producto, la tecnología y la robustez.

Ante este nuevo escenario, los proveedores de servicios televisivos pasarán del juego y el aprendizaje a soluciones verdaderamente competitivas y transgresoras, que se enfrenten de igual a igual al servicio actual y de alguna manera desafíen al mercado lineal tradicional. Esta consolidación de servicios se resume en tres grandes partes por mejorar: en primer lugar, el producto, en segundo lugar, la tecnología y, por ultimo, la robustez. Dentro de la oferta de productos OTT, encontraremos propuestas que integrarán todas sus partes y esfuerzos en soluciones únicas, tratando de abastecer la demanda del usuario con soluciones unificadas. Así streaming de canales lineales, contenidos long-form (películas, series, etcétera) bajo demanda, contenidos short-form (reportajes, high-lights, backstage, etcétera) bajo demanda, eventos en vivo, contenidos exclusivos, etcétera, completarán propuestas bajo un mismo producto, a lo que se sumarán la originación de canales lineales virtuales o playlist personalizados que buscarán atender la demanda específica de lo usuarios.

La tecnología siempre será el punto clave de una consolidación, ya que el mercado y su dinamismo hace cada vez menos predecible el futuro tecnológico a mediano y largo plazo, por lo que las variables incluídas dentro de los análisis no deben tener un futuro largo cerrado, sino disponer siempre de flexibilidad para ir amoldando las soluciones a las puertas que las nuevas tecnologías van abriendo. Atar proyectos a variables tecnológicas es atar el producto al presente, sin dejar lugar a adaptaciones, crecimientos o mutaciones de un ambiente por naturaleza cambiante y dinámico. Por último, llegar a un producto tecnológicamente robusto es llegar a la maduración del servicio, y lograr la confianza necesaria del mercado y de los consumidores será la clave del éxito. Pero la gran pregunta es: ¿cómo desarrollar un servicio realmente robusto cuando los proveedores de contenidos no controlan las plataformas ni los dispositivos? La respuesta está en cambiar la forma de pensar, en no atar el concepto tradicional de servicio televisivo a esta nueva etapa, sino en buscar las herramientas justas y adecuadas para que las variables queden lo más libres posible y así poder jugar con ellas e ir acomodándolas de acuerdo a como se mueva el mercado. Todos sabemos que el desafío es más grande de lo que parece, y que las lecturas que hoy se pueden hacer pueden quedar obsoletas muy pronto. Pero sentar las bases de un servicio robusto y de variables libres le otorgará una larga vida al servicio OTT brindado.

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Estándares Vs. Dispositivos: una materia aún pendiente Luego de plantear el gran desafío actual, tenemos que analizar las propuestas y las herramientas tecnológicas que lo acompañan y, como primera medida, debemos analizar los estándares y protocolos tecnológicos existentes y como cada uno de los dispositivos compatibilizan con cada uno de ellos. Empecemos por analizar la preparación del material físico que servirá como soporte de contenido para un servicio no lineal (on demand) o el tratamiento de productos lineales (canales de televisión en vivo o programados), es decir la formación de los files de video y audio o el “flujo binario de datos” que deberán ser entregados a los dispositivos para su reproducción. En este punto, el mercado ha ido marcando sus estándares, eligiendo a MPEG/H.264 como su sistema de compresión predilecto, tanto en video (codec AVC) como en audio (codec AAC o HE-AAC). La correcta elección de las variables de compresión brindará la eficiencia necesaria en el uso de los recursos internos y también en los recursos externos necesarios para Luego de plantear el gran llegar con el contenido al usuario final. Así, el conocimiento del estándar debe ser profundo y debe explorarse y explotarse al máximo todo su potencial. Uso de niveles y perfiles correctos, longitudes y estructuras GOP (Group Of Pictures, por sus siglas en inglés)1 adecuadas, profundidad de muestreo, variabilidad de bloques, resoluciones y relaciones de aspecto personalizadas, etcétera, harán de cada versión del contenido una muestra adaptada al terminal objetivo. La clave será encontrar el número exacto de versiones del mismo contenido que entregue una solución costo/efectiva pensando en el universo de dispositivos para atender y dejando las variables abiertas a las nuevas incorporaciones y decisiones futuras.

desafío actual, tenemos que analizar las propuestas y las herramientas tecnológicas que lo acompañan y, como primera medida, debemos analizar los estándares y protocolos tecnológicos existentes y como cada uno de los dispositivos compatibilizan con cada uno de ellos.

Sabemos que las tecnologías de streaming requieren de la formación y de la provisión de contenidos en varias versiones de compresión/calidad para poder proveer un servicio continuo de video, atacando la inestabilidad que las conexiones de Internet tienen del lado del usuario. Es por eso que hacen uso de la herramienta de ABR (Adaptive bit rates) para poder fluctuar entre calidades del mismo contenido sin que se produzca un corte del servicio. El análisis debe contemplar calidades que atiendan conexiones de datos de muy baja calidad (apenas unos kbps) hasta conexiones de banda ancha de muy alta velocidad (varios Mbps), pero al mismo tiempo contemplar soluciones para dispositivos con resoluciones físicas de display muy pequeñas (apenas unas pulgadas) hasta dispositivos terminales con ventanas de reproducción enormes (mas de 40 o 50 pulgadas). Todas estas variables mencionadas deben plantearse tanto dentro de las discusiones comerciales como en la ingeniería interna y determinar cuáles son los costos involucrados y los beneficios obtenidos, dando más poder a un punto o al otro según las decisiones de la compañía. El tratamiento y la formación de files para contenidos on demand permite configuraciones mas detalladas con cambios y adaptaciones bien planificadas y anticipadas, para de esta manera obtener calidades muy altas solo con la disposición del recurso suficiente y el manejo del tiempo que los servicios no lineales otorgan. Pero el tratamiento de servicios lineales y la formación de Live streaming’s requieren de configuraciones muy cuidadas y seguimientos online del producto, como cualquier servicio en vivo, lo que hace que deba estudiarse con mucho detalle los puntos del flujo que recorrerá el video desde que se origina hasta su entrega. 1 Se trata de un grupo de imágenes sucesivas dentro de un stream codificado de vídeo. Cada stream de vídeo codificado consiste en sucesivos GOPs, y es desde las imágenes que contienen estos GOPs desde donde se generan las imágenes visibles.

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Mas allá de la implementación masiva de H.264, nuevos sistemas de compresión han aparecido y ya están en la mira de todos los proyectos OTT por un lado, HEVC/H.265 (nuevo trabajo en conjunto ISO-ITU2) y, por otro, VP9/ VP10 (liderado por Google). Estos nuevos codec permiten, entre otros puntos, compresiones más elevadas de video y de audio manteniendo la calidad visual del producto o, visto desde otro punto de vista, la mejora de calidades con bajas tasas binarias. Ningún proyecto OTT puede mantenerse ajeno a estas mejoras y todo desarrollo deberá ponerlo en su roadmap inmediato. De tratarse de contenido on demand, el punto que sigue es la formación del file en sí, es decir, la contención del video y del audio, para lo cual podrán utilizarse archivos MP4, ISM (Silverlight) o FLV/F4V (Adobe Flash, tradicionalmente acompañado por video codec VP6 u otros), para mencionar los más usados, siendo los dos primeros los que han ganado en el presente y han abarcado actualmente el universo de dispositivos.

Para la entrega de contenido es clave la definición y la configuración del formato de streaming. Los utilizados en los servicios OTT desde siempre provienen de empresas del mercado informático privado y su definición está atada a decisiones particulares, sin concebirse en sí una estandarización pura.

El tercer punto, clave para la entrega de contenido, es la definición y la configuración del formato de streaming, lo que tecnológicamente se define como packaging. Esta herramienta preparara el contenido, ya sea file o señal en vivo, en segmentos de video/audio que serán entregados en forma continua a los dispositivos a través de una red de distribución, definiendo el concepto streaming teórica y prácticamente. También definirán la forma de presentación y señalización de ese flujo, para lo cual dispondrán de manifiestos que lo establezcan. Los formatos de streaming utilizados en los servicios OTT desde siempre provienen de empresas del mercado informático privado y su definición está atada a decisiones particulares, sin concebirse en sí como una estandarización pura. Dicho en otras palabras, cada formato será o no compatible por tal o cual dispositivo terminal que haya decidido adoptarlo y entre ellos juegan fuerte los intereses de cada parte.

Los estándares existentes más utilizados son: ISS Smooth Streaming (Microsoft), Adobe RTMP/HDS (http delivery streaming) y Apple HLS (http live streaming), otorgando cada uno de ellos las herramientas necesarias para lograr el streaming de contenidos audiovisuales a los terminales que los adopten. Si bien estos estándares han demostrado su robustez y han madurado, proveyendo servicios de alta calidad, el mercado aún tiene pendiente la materia de “estandarización”, para lograr encontrar una solución que permita la provisión del contenido al universo completo de dispositivos y plataformas, o lo más cercano a su integridad. En 2012, el organismo ISO desarrolló y presentó como estándar internacional a la técnica de ABR streaming llamada ‘MPEG-DASH’ (Dynamic Adaptive Streaming over http) la cual intenta relacionar todas las herramientas y los formatos de streaming existentes en un solo estándar, aceptando cualquier tipo de video/audio (video/audio codec “agnóstico”) y también siendo “agnóstico” a la red, al servicio y sobre todo al dispositivo final. Una gran promesa se avecina y nada más prometedor ante una necesidad de consolidación del servicio. El gran desafío será su aceptación por el mercado completo y que la mayor cantidad de dispositivos lo incorporen en sus roadmap. De esta manera la consolidación de los servicios OTT, planteada como el nuevo desafío, verá como ventaja absoluta el avance tecnológico y la estandarización de las herramientas para lograr mejores experiencias hacia un futuro prometedor y a su vez incierto.

2 Organización Internacional para la Estandarización y Unión Internacional de Telecomunicaciones, respectivamente, por sus siglas en inglés.

Argentina cuenta con su primer satélite de telecomunicaciones El ARSAT-1 brindará servicios de TDH, Internet, datos y telefonía IP

Por Mariela Baladrón Con el lanzamiento del primer satélite argentino de telecomunicaciones el pasado 16 de octubre, el país dejará de alquilar estos servicios a operadores extranjeros. La fabricación de satélites de estas características en el país por parte del Estado, que incluye la explotación de sus servicios, impacta no sólo en la industria espacial local y regional, sino también en otros sectores de la economía. Además, forma parte de un conjunto de políticas públicas de desarrollo de infraestructura de las telecomunicaciones con perspectiva social. Cuando el ARSAT-1 ganó espacio en el discurso público y mediático durante los últimos meses, el binomio soberanía satelital (y su correspondiente hashtag #SoberaníaSatelital en las redes sociales) funcionó como la síntesis de un todo bastante más complejo. Sin embargo, es posible que muchos aspectos relacionados con el primer satélite argentino de telecomunicaciones sean desconocidos o no tengan aún mucha prensa. Por lo tanto, la pregunta es: ¿De qué hablamos cuando hablamos de #SoberaníaSatelital?

Primer paso: preservación de las posiciones orbitales En primer lugar, para lanzar un satélite de telecomunicaciones se debe contar con un bien escaso: la asignación de una posición orbital geoestacionaria por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Este organismo establece los criterios para otorgar las 180 posiciones orbitales disponibles en el mundo y, dado su valor estratégico, administra y verifica su uso eficiente. La explotación se puede dar de forma directa o alquilar la ubicación a una empresa que pueda brindar el servicio. En cada posición orbital se puede autorizar la localización de hasta 4 satélites, bajo el cumplimiento de ciertos parámetros técnicos. La Argentina estuvo a punto de perder una de sus posiciones orbitales en 2005 (en la actualidad tiene asignadas dos, 71,8° y 81° longitud Oeste) por incumplir con la obligación de poner un satélite en órbita. Como parte de las políticas de privatización llevadas adelante durante la década de 1990, las posiciones orbitales habían quedado en manos de la empresa de capitales extranjeros NahuelSat S.A. Frente al incumplimiento de ocupar la posición orbital 81° de longitud Oeste por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del servicio, el Estado realizó una serie de gestiones ante la UIT que permitió preservar la posición en manos de la Argentina.

Segundo paso: el sueño del satélite propio Una vez asegurada la posición orbital para el país, el Estado debía resolver de qué forma garantizaría la explotación de ese recurso. Y la respuesta llegó en 2006 con la creación por ley de la empresa ARSAT, una sociedad anónima del Estado que tiene a su cargo la puesta en marcha del Sistema Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones. Este proyecto implicaba el diseño de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, su desarrollo, la construcción en el país, su lanzamiento y puesta en servicio en las posiciones orbitales (y bandas de frecuencias asociadas) asignadas a la Argentina por UIT y la comercialización de los servicios satelitales y conexos. Esta decisión fue crucial, ya que no sólo se protegió un recurso estratégico para el país, sino que también se apostó a posicionar al crecimiento de la industria espacial y al desarrollo tecnológico local. Mientras tanto, la empresa NahuelSat no sólo había incumplido con la obligación de poner un satélite en órbita, sino que tampoco reemplazó al Nahuel-1 en 2007 cuando presentó una falla irreversible en su sistema de propulsión. Finalmente, se llegó a un acuerdo con dicha empresa a través del cual ARSAT absorbió sus activos y obligaciones.

La argentinidad del ARSAT-1 Uno de los diferenciales del primer satélite argentino de telecomunicaciones es su diseño de huella. Su pisada cubre todo el territorio nacional —desde La Quiaca a Ushuaia, la Antártida argentina y las Islas Malvinas— y países

Argentina cuenta con su primer satélite de telecomunicaciones El ARSAT-1 brindará servicios de TDH, Internet, datos y telefonía IP

limítrofes con mayor potencia de señal. De esta forma puede ofrecer servicios de igual calidad a todos los puntos del país, superando barreras topográficas y llegando a zonas alejadas de centros urbanos o con baja densidad poblacional que tenían una oferta limitada o inexistente por parte de los prestadores privados. Otro punto fundamental es que todas las fases del proyecto del ARSAT-1 fueron realizadas en el país: su especificación, diseño, integración y ensayos contienen más de un millón de horas hombre de trabajo calificado local. ARSAT fue la empresa encargada de la especificación y monitoreo de todas las etapas del proyecto, mientras que INVAP, la empresa rionegrina de alta tecnología, fue contratada para el diseño y la integración del satélite. Para los ensayos se creó el Centro Si bien la Argentina no de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima (CEATSA), una emcontaba con anteceden- presa de ARSAT e INVAP, dado que no había ningún país en la región tes en proyectos de sa- con la infraestructura necesaria para realizar ensayos con satélites de esta magnitud. Los altos costos de trasladar el satélite y contratar esos télites geoestacionarios, servicios en Estados Unidos o Europa para todos los ensayos que debe tenía una vasta expe- atravesar un satélite de estas características —para simular las duras riencia en el desarrollo condiciones durante el lanzamiento y la vida en órbita a 35.786 km de la Tierra— motivaron la decisión de hacer la inversión en el país y dejar de satélites de observa- la capacidad instalada para futuros ensayos espaciales y de otras indusción de la Tierra a partir trias, como la aeronáutica, la electrónica, la automotriz, la de defensa, la de energía y la de bienes de capital en general.

del trabajo realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) e INVAP.

Si bien la Argentina no contaba con antecedentes en proyectos de satélites geoestacionarios, tenía una vasta experiencia en el desarrollo de satélites de observación de la Tierra a partir del trabajo realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) e INVAP. Además, ARSAT cumplió un rol fundamental no sólo en especificar el satélite, sino también durante todo el proceso por la experiencia de sus ingenieros en la operación y prestación de servicios satelitales de telecomunicaciones. Si bien ese saber acumulado fue indispensable para la fabricación del ARSAT-1, se plantearon desafíos por las particulares diferencias entre los dos tipos de satélites. Un satélite de observación tiene una vida útil aproximada entre 3 y 5 años y orbita entre los 200 y 1200 kilómetros de distancia del planeta, con un peso que oscila entre los 500 y 1500 kilos. En cambio, un satélite de telecomunicaciones se ubica en la órbita geoestacionaria (a 35 786 kilómetros) en un hábitat hostil, su vida útil se estipula en 15 años y, en el caso del ARSAT-1, tiene un peso de 1,5 toneladas (sin combustible), lo que implica la necesidad de contar con requerimientos mucho más estrictos para su diseño y fabricación. Con relación al desarrollo tecnológico nacional, el ARSAT-1 cuenta con varias partes diseñadas y fabricadas en el país, como los paneles de telecomunicaciones y la computadora principal del satélite. Y respecto de la calidad de los procesos y de las metodologías de trabajo, el aseguramiento del ARSAT-1 validó el desarrollo del satélite, que obtuvo una póliza de largo plazo por sus 15 años de vida útil y tasas 50% más bajas en promedio que las del mercado para una plataforma inaugural. Estas condiciones de aseguramiento surgieron sobre la base de los procesos de auditoría, revisión de procedimientos, manejo de riesgo y control de calidad por parte de expertos internacionales.

Los servicios y la rentabilidad de la industria satelital local Para evaluar los servicios y recupero de la inversión del ARSAT-1 es necesario considerar en realidad al Sistema Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones en su conjunto. Además del primer satélite de telecomunicaciones, se fabricó un segundo satélite, el ARSAT-2, actualmente en fase de ensayos y con fecha estimada de

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lanzamiento durante el segundo semestre de 2015. A su vez, está en proceso de diseño un próximo satélite y la posibilidad de colaborar en otros proyectos a nivel regional, a partir de la capacidad desarrollada. En este sentido, conviene tener en cuenta que, mientras que el ARSAT-1 focalizará su huella en la Argentina y los países limítrofes, el ARSAT-2 tendrá pisada sobre todo el continente americano. Por lo tanto, el primer satélite brindará señal principalmente a nivel nacional y gran parte de su capacidad será ocupada por servicios que actualmente se prestan sobre un satélite adyacente alquilado, el AMC-6 (al cual se migraron los que brindaba el Nahuel-1 hasta 2007). Es decir, se dejará de alquilar capacidad satelital y el ARSAT-1 contará con una elevada ocupación desde el comienzo de su puesta en servicio, con una capacidad remanente para sumar a nuevos clientes. En cambio, el ARSAT-2 Construir más de un satendrá toda su capacidad disponible para nuevos clientes y servicios télite abarata los costos y su cobertura permitirá exportar y comercializar señales de video a de los siguientes protopaíses de toda América. Para pasar en limpio: construir más de un satélite abarata los costos de los siguientes prototipos y, además, permite extender la variedad y cobertura de los servicios que se prestan. De esta forma, la inversión inicial de 270 millones de dólares que implicó el ARSAT-1 (la cual incluye los costos de lanzamiento y seguros) se recuperará en menos de la mitad de la vida útil del satélite. Si se considera el costo estimado de la construcción de los primeros tres satélites de este tipo en el país, la cifra total es de 540 millones de dólares, lo cual demuestra una importante disminución de los costos de los siguientes GEO (satélites geoestacionarios).

La articulación con otras políticas públicas de infraestructura

tipos y, además, permite extender la variedad y cobertura de los servicios que se prestan. De esta forma, la inversión inicial de 270 millones de dólares que implicó el ARSAT-1 (que incluye costos de lanzamiento y seguros) se recuperará en menos de la mitad de la vida útil del satélite.

Los principales servicios que brindará el ARSAT-1 son: televisión directa al hogar (TDH), acceso a Internet para su recepción en antenas VSAT, datos y telefonía sobre IP. También transportará señales de video de los operadores de televisión de cable y será utilizado para las transmisiones de noticias desde unidades móviles. Sin embargo, la verdadera dimensión de estos servicios se da a partir de la complementariedad con otras tecnologías como la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) y el despliegue de la Televisión Digital Abierta (TDA). Por ejemplo, en aquellas localidades donde no se puede acceder a la señal terrestre de la TDA, que llega a aproximadamente el 86% de la población, se podrá acceder a través de un kit satelital y cubrir mediante ambas tecnologías el 100% del territorio nacional. Con respecto a la fibra óptica, mientras se calcula que 36 millones de personas serán alcanzadas por ese servicio, el resto de la población tendrá acceso en iguales condiciones, pero a través del satélite. Por su parte, el ARSAT-2 brindará la plataforma para promover el posicionamiento de la Argentina como exportador de contenidos audiovisuales. Dada su cobertura sobre todo el continente americano, este satélite dará soporte para que las empresas argentinas puedan exportar servicios de datos y un DTH (Directo al hogar, por sus siglas en inglés) sudamericano, lo mismo que establecer enlaces punto a punto y acceso a Internet con antenas VSAT1, además de posibilitar el transporte de video a todo el continente para la exportación de señales de televisión. 1 Very Small Aperture Terminal – antenas satelitales pequeñas que permiten conectar zonas remotas o donde no llega la transmisión de datos con otras tecnologías (por ejemplo, cuando no llega la TDT por cuestiones topográficas o la REFEFO para internet, etcétera) Se instalan en escuelas rurales, por ej, te mando una foto ilustrativa adjunta. Con esa pequeña antena es posible brindar servicio en cualquier lado donde tiene pisada el satélite.

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Todas estas políticas permiten ampliar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones argentina, no sólo para intentar garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a la mayor parte de la población, sino también tiende a reducir otra de las brechas digitales, que tiene que ver con la inversión y el desarrollo local.

El impactonacional y regional El desarrollo del ARSAT-1 logró concretarse porque el país contaba con una industria satelital preexistente, compuesta por instituciones del sector público y privado, que creció mucho durante la última década. Las instituciones referentes de este sector en el ámbito civil son ARSAT, como responsaEl desarrollo del satélite ble del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, y CONAE, como responsable del Plan Espacial Nacional en reARSAT-1 logró concretar- lación a los emprendimientos espaciales dedicados a la observación de se porque la Argentina la Tierra. Por su parte, INVAP es el integrador principal de los proyectos satelitales de ambas instituciones, CEATSA se sumó recientemente contaba con una indus- para los ensayos medioambientales de la industria y la empresa VENG tria satelital preexistente, SA2 está dedicada al desarrollo de lanzadores para el acceso al espacio.

compuesta por instituciones del sector público y privado, que creció mucho durante la última década.

Además de la aplicación comercial que pueden brindar los satélites de observación y de telecomunicaciones, se trata de actividades que crean las condiciones de mercado para otros sectores y servicios. El impulso de la inversión pública, tanto a través de las instituciones referentes como de los centros de investigación, impulso la creación de numerosas empresas de base tecnológica en los últimos años, a partir del crecimiento de los proyectos espaciales. Estas empresas aportan al desarrollo de la ingeniería, el software y los componentes para el sector espacial argentino. Este auge también se retroalimenta con la inversión y crecimiento de una masa crítica de recursos humanos formados en el ámbito científico. La actividad espacial también tuvo gran auge en diversos países de la región, como es el caso de Venezuela, que cuenta con las misiones Simón Bolívar (comunicaciones) y Miranda (observación de la Tierra). Por su parte, Bolivia puso en órbita el Tupac Katari (comunicaciones) en 2014, Ecuador lanzó las misiones Cubesat y Uruguay desarrolló el satélite cubesat de 2 unidades Antel-Sat. Perú adquirió recientemente un satélite de observación submétrico, como también lo hizo Chile hace unos años. Brasil cuenta con un ambicioso plan espacial, incluso con una misión en cooperación con la CONAE: el Sabiamar. Este panorama, sumado a las propias características de cooperación que implica la industria satelital, abre una interesante perspectiva para el desarrollo satelital e innovación tecnológica a nivel regional. Sería interesante sostener el concepto de #SoberaníaSatelital con una impronta de integración regional que evite las asimetrías y con un claro respeto hacia la determinación de cada país. Una propuesta a futuro podría implicar el desarrollo de una agencia espacial regional para sumar las experiencias laborales y colaborar con una visión y estrategia internacional. La Argentina logró fabricar su primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones. Su impacto se extiende al diseño y a la complementariedad de políticas públicas para las telecomunicaciones, el desarrollo de una industria espacial local así como también para el desarrollo de recursos humanos e industrias afines, además de ahorro de divisas por alquiler de capacidad satelital. Es posible que expandir esta política con una perspectiva regional permita trasladar ese impulso y garantizar su ampliación y continuidad.

Las siglas significan Vehículo Espacial de Nueva Generación. Es una empresa creada por el Poder Ejecutivo Nacional.

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ARSAT: soberanía satelital e integración regional Por Ing. Matías Bianchi, presidente de ARSAT ARSAT es una empresa del Estado nacional comprometida con la defensa de las posiciones orbitales argentinas y con el desarrollo de la industria satelital local, que busca afianzar su colaboración con los países de la región. Las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la UIT, el organismo especializado en telecomunicaciones de Naciones Unidas, habían sido puestas en serio riesgo por decisiones de rentabilidad empresaria tomadas por la empresa de capitales extranjeros en quien se había delegado durante los 90 la puesta en marcha de un sistema de satélites de telecomunicaciones para nuestro país. En continuidad con las gestiones realizadas ante ese organismo internacional por la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Néstor Kirchner, la creación de ARSAT en 2006 por ley del Congreso Nacional no puede desvincularse de la visión estratégica en materia de soberanía satelital del ex presidente, para quien la mejor forma de proteger las posiciones orbitales asignadas a la Argentina sería con satélites desarrollados en el país.

En la última década, la inversión de Estado nacional (a través del Ministerio de Planificación Nacional) en proyectos para la industria satelital de uso civil ha crecido exponencialmente.

Los gobiernos de Cristina Kirchner dieron continuidad a ese proyecto, haciéndolo realidad. En la última, década la inversión de Estado nacional (vehiculizada a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) en proyectos para la industria satelital de uso civil ha crecido exponencialmente, sobre todo a partir del 2009, año en que comienza la construcción del primer satélite argentino (y latinoamericano) de telecomunicaciones, el ARSAT-1. Durante esta década se inició también el desarrollo del ARSAT-2 (que está atravesando su fase de ensayos) y se creó el Centro de Ensayos de Alta Tecnología CEATSA (de ARSAT e INVAP), también hitos significativos en la construcción de nuestra soberanía satelital. El Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, que está a cargo de ARSAT y que fue puesto en marcha en 2007, consta actualmente de tres misiones satelitales. El ARSAT-1 fue construido para brindar servicios de telecomunicaciones de igual calidad a todas las regiones del país. El ARSAT-2, que será lanzado el año próximo, tiene coordinados sus servicios para las regiones suramericana y norteamericana, por lo que será un vehículo para la exportación de servicios satelitales al resto del continente. Mientras tanto, estamos especificando el ARSAT-3, que tendrá cobertura en Argentina por spots y cuyas funciones principales serán incrementar la calidad de los servicios de comunicaciones e impactar en la baja de sus costos. El trabajo de ARSAT en misiones satelitales estuvo orientado a conseguir diseños robustos que nos dieran seguridades de cumplimiento efectivo de la gran tarea que le fue encargada. Como empresa que busca posicionarse en el mercado satelital, también tenemos planes de innovación: por eso el ARSAT-3 será ya un satélite híbrido (químico-eléctrico), un primer paso para otro salto tecnológico de nuestro país en este campo, ya que optimiza la relación potencia/masa del satélite. Para no volver atrás en el desarrollo de esta industria, la Argentina deberá ser capaz de comercializar satélites a otros países. No solo pensamos en exportar (para lo que ya tenemos grandes avances con la plataforma actual), también queremos aportar a la construcción de una Patria Grande Satelital que vaya incluso más allá de la transferencia tecnológica. Por eso este año, junto a INVAP y CONAE, estaremos avanzando en el diálogo con los países de la región interesados en la realización de emprendimientos conjuntos que nos permitan replicar para el sector satelital algunos de los avances vistos en la última década en cooperación regional, a la vez de sumar desde esta área para conseguir mayores niveles de integración entre los países de Latinoamérica. Queremos seguir construyendo soberanía satelital para la Argentina, pero también acompañar, por fuera de cualquier liderazgo, el crecimiento de los países de nuestra región, que en los últimos años están dando pasos muy importantes en este terreno.

Rese帽a Postbroadcasting. Innovaci贸n en la industria musical

Postbroadcasting. Innovación en la industria musical José Luis Fernández (coord.); La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2014.. Escuchar y compartir música con otros es una práctica que realizar la raza humana desde hace milenios. Ahora bien, no ha pasado tanto tiempo —no más de 80 años— desde que ésta pasó a ser un negocio, a la sazón, multimillonario. Hoy, la red de redes nos permite llevar la música a todos lados de manera tal que hace palidecer hasta el sepia a los dispositivos portátiles que comenzaron a proliferar hace poco más de tres decenios. Junto con la portabilidad, la ubicuidad y la personalización de los consumos musicales actuales, llegó la crisis de la industria musical, no sólo por las descargas llamadas “ilegales” sino por el streaming y nuevas prácticas de los ahora prosumidores1. Es que el trabajo colaborativo también llegó a la música; las formas abiertas y compartidas de producción y de distribución amenazan a la propia noción de producción artística y, cabe destacar, al negocio. Cruje el sistema broadcast y el futuro de la industria comienza a ser incierto, ya que perdió el lugar central que supo disfrutar antaño. En estos temas se sumerge Postbroadcasting. Innovación en la industria musical, libro que reúne diferentes trabajos de investigadores de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, coordinados por el reconocido sociólogo José Luis Fernández2 con prólogo de Rubén López Cano, de la Escuela Superior de Música de Cataluña. A lo largo de todo el volumen se intenta observar desapasionadamente la nueva agenda de la industria musical y poner el foco en aquellos emergentes, a partir de los distintos puntos de vista otorgados por los autores, en donde las obras musicales se reconfiguran en las redes. El lugar de partida es la intersección de los nuevos estudios sobre las mediatizaciones y el análisis crítico de las nuevas prácticas profesionales y creativas. Por supuesto, al imbrincarse con un tema tan actual, el final del trabajo conduce a nuevas preguntas acerca de la innovación en la industria musical. Luego del prólogo de López Cano y la introducción de Fernández, en el primer texto —cuya autoría pertenece a este último— se lleva a cabo un extenso recorrido por la terminología utilizada por la sociosemiótica de las mediatizaciones, desde la cual se realizó toda la investigación, para llevar a cabo el análisis; además, incluye un serie de periodizaciones necesarias para lograr enfocar el momento actual sin dejarse arrastrar por las novedades que todos los días traen las portadas de los periódicos: aquí, la historia de la música es dividida en varias secciones que comienzan en 1880 hasta llegar a nuestros días (1880-1910, década de 1920, 1950, 1960, 1980, y 1995 en adelante). Se definen además las principales formas en que la música llegaba y llega a los oídos de sus consumidores, comenzando por las actuaciones en vivo, siguen el broadcasting y el networking —que incluye el delivery de canciones organizado a partir del gusto de cada usuario—. El investigador sabe, ya que así lo especifica, que para analizar estos fenómenos macro no hay que perder de vista lo micro: en clave política, para conocer el territorio no alcanza con aprenderse el mapa, hay que “bajar” al barrio. Luego, se encuentra la segunda sección del libro con tres capítulos sobre la investigación del universo YouTube. Allí, se da cuenta de las transformaciones que se están produciendo en la propia vida de lo musical no sólo en términos de sus mediatizaciones sino también en términos de la representación de sus actores (intérpretes, técnicos, públicos) y de las nuevas relaciones que se generan entre lo mediatizado y lo presencial de las performances musicales. 1 Es un acrónimo formado por la fusión original de las palabras en inglés producer (productor) y consumer (consumidor). Las primeras referencias son de Marshall McLuhan y Alvin Toffler en la década del 70 del siglo pasado. Don Tapscott reintrodujo y popularizó el concepto en su libro La Economía Digital, de 1995. 2 Es doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Es titular regular de la cátedra Semiótica de los medios I, Cs. de la Comunicación, FCS-UBA y es profesor invitado en diversas universidades de la Argentina, España, Uruguay y México. Fundó y dirige la revista académica semestral L.I.S. Letra, imagen, sonido. Ciudad mediatizada. En los últimos años ha investigado la tensión entre broadcasting y networking, y ha publicado distintos trabajos sobre el tema tanto en el país como en el exterior. Es presidente de la Asociación Argentina de Semiótica.

Reseña En el primero, escrito por Jimena Jáuregui, se analiza la presencia discursiva del tango en YouTube. No deja de ser irónico que compare a este ritmo (declarado muerto tantas veces) con el pop: en ambos casos, vistos a través del prisma de la nostalgia, se “sitúa la gestación de lo retro como un modo específico de relación con un pasado reciente del cual se tiene memoria viva y donde el fácil acceso a la documentación archivada permite, de un elemento de recuerdo exacto replicar el viejo estilo con precisión en busca de fascinación y diversión. (...) El audio, junto a la fotografía y el video, habrían creado una sensibilidad basada en el obsesivo repeat-play” (p.51). En el siguiente, de Mariano Lapuente, se indaga desde una perspectiva semiótica los rasgos discursivos que diseñan la figura del prosumidor (ver nota 1) de recitales de música en vivo de la ciudad de Buenos Aires. Según explica el autor, “se atenderá a los modos de figuración del cuerpo, a las marcas que identifican el tránsito que llevan del usuario consumidor al usuario productor, y al cambio que sufre la gestión social de la música al desplazarse de la industria cultural a la actividad colectiva de los usuarios” (p. 66). Por último, en el de Daniela Koldobsky se plantean tres ejes de análisis: los videos musicales, su relación y distancia respecto del género videoclip en YouTube; los comentarios de usuarios de YouTube como plataforma para compartir videos musicales y sus diferencias con la crítica musical como género periodístico; y, la construcción del archivo o la memoria musical en forma audiovisual a partir de YouTube. En relación a estos, trabaja con dos hipótesis. La primera sostiene que la emergencia de YouTube produce cambios en los formatos de los videos musicales y sus modos de compartirlos, en la circulación de la opinión acerca de la música y en su relación con el metadiscurso musical en general, y en los modos en que la sociedad construye la memoria musical y audiovisual. La segunda radica en pensar que todos los cambios descriptos están atravesados y afectados por la oposición entre broadcasting y networking, o entre medios masivos y medios en red. (p.82-83) La tercera y última sección del libro está dedicada a las experiencias alternativas en la industria y creación musical en las redes. Allí se incluyen tres estudios sobre sitios web dedicados a lo musical en pleno desarrollo y, por consiguiente, en continuo cambio. Joel Vargas analiza Bandcamp, al que describe como un “hazlo tu mismo” 2.0; María Lucila Nuñez, Soundcloud, al que caracteriza como una plataforma orientada hacia la producción internacional conjunta y la distribución independiente. Finalmente, María Georgina Campos hace lo propio con Song Reader, una propuesta de producción musical colaborativa del conocido artista Beck. Sería inadecuado, teniendo en cuenta los fenómenos analizados, ofrecer aquí cualquier tipo de conclusión general, más allá de la que exponen los autores en sus respectivos capítulos. Por lo tanto, no la hay. Sin embargo, tal como afirma José Luis Fernández en el primer capítulo, queda abierta la pregunta sobre el futuro de la industria musical y en un nivel aún más amplio, el de la música como expresión de la vitalidad humana.