La ley de financiación de los partidos políticos en Argentina

Como ya hemos mencionado, la Constitución Nacional, en su artículo 38, impone la obligación a los partidos políticos de dar “publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.” Hasta el año 2002, la financiación de los partidos políticos se hallaba regulada por la LOPP. En ese año, con la sanción de la ley 25.600, denominada “de Financiamiento de los Partidos Políticos”, se derogaron las disposiciones de la LOPP sobre la materia. En el año 2006, la ley 25.600 fue remplazada en su totalidad por la ley 26.215, que, con diversas modificaciones, rige la materia hasta la actualidad.

La ley 26.215 establece un modelo mixto para el financiamiento de los partidos políticos, por el cual pueden obtener sus recursos del sector público y privado (artículo 4). En cuanto a la financiación privada, la ley reconoce que los partidos podrán obtener aportes de sus afiliados y donaciones de personas humanas no afiliadas y personas jurídicas, con las limitaciones que impone la propia ley (artículo 14).

Existen tres tipos de limitaciones a la financiación privada de los partidos políticos. La primera es en cuanto a la naturaleza propia de los donantes. Las donaciones no pueden ser anónimas, y los partidos tienen prohibido recibir aportes en forma directa o indirecta de, entre otros, los permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar, de Gobiernos o entidades públicas extranjeras, o de personas humanas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país (artículo 15).

La segunda limitación es en cuanto al monto de los aportes o donaciones. De acuerdo con el artículo 16, los partidos políticos no pueden recibir de una misma persona humana o jurídica por cada año calendario un monto superior al dos por ciento del monto que surja de multiplicar el valor