Unidad PPS de México (No. 13)

Publicación del Comité Central del Partido Popular Socialista de México,

Número 13, Diciembre 2017

AMLO y el asunto de la “amnistía”

POR CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO

ANÁLISIS

¡S

e abrieron los infiernos y los demonios se le fueron encima! ¿Qué desató su furia?

López Obrador tocó el lacerante tema de la inseguridad y la violencia que azuela al país y desnudó la torpe manera en que los neoliberales, y sobre todo los dos últimos gobiernos, han actuado al respecto. Entre lo que dijo hubo una palabra que no fue medular en su discurso ni lo es en el tema, pero sirvió a sus enemiSigue en la página 3

Militarizar la seguridad CARMEN CHINAS

E

n América Latina la militarización de las fuerzas de seguridad pública ha dejado experiencias terribles. En Colombia fueron juzgados, en abril de 2017, más de 20 militares por el escándalo de los llamados “falsos positivos”: los soldados disfrazaron a jóvenes civiles de guerrilleros y los asesinaron con el fin de cobrar beneficios y prestaciones económicas a cambio de abatir a supuestos insurgentes o paramilitares.

En Argentina, una sentencia histórica acaba de condenar a cadena

perpetua a ex militares por los llamados “vuelos de la muerte”, práctica realizada para matar civiles lanzándolos de aviones militares en pleno vuelo (se estimaron alrededor de 789 personas víctimas de asesinato o desaparición forzada).

La llamada Operación Cóndor recibió sentencia a principios de este año por el Tribunal de Roma, fue orquestada por mandos militares de las dictaduras en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia; consistió en establecer centros de persecución, represión y tortura para quienes se opusieran a los reSigue en la página 5

EDITORIAL

Elecciones en la “democrática” Honduras y en la “dictatorial” Venezuela

L

as elecciones generales en Honduras se llevaron a cabo el 26 de noviembre de 2017, y a esta fecha, 11 de diciembre, aún no se terminan de contar los votos, es decir, no se sabe aún quién ganó la presidencia de la república, pero ni la OEA ni Washington, han elevado la voz, pese a todas las ilegalidades y la represión ejercida contra ese hermano pueblo, por el actual presidente que anticonstitucionalmente pretende reelegirse.

Ni la OEA ni Washington, han elevado sus chillidos de marrano, pese a que en Honduras el pueblo ha desafiado el estado de sitio, e incluso parte importante de la policía y del ejército han desobedecido las órdenes para masacrar al pueblo insurrecto. Para el imperialismo yanqui y para la OEA la fla-

grante violación de los derechos y garantías del pueblo hondureño cometida por el gobierno pelele de Honduras, forma parte de la “normalidad democrática”.

En cambio, en Venezuela donde en los últimos 140 días el pueblo ha acudido a ejercer su voluntad popular, tres veces, en esta última ocasión 10 de diciembre próximo pasado para elegir autoridades municipales, los resultados se conocieron al otro día. Fue una lección de democracia para todo el mundo. Esto a pesar de la guerra económica, sicológica, mediática y de la amenaza de una invasión imperialista yanqui.

El presidente Nicolás Maduro ha señalado que una vez ganada la batalla por la paz: “la única alternativa es el debate de ideas, es la participa-

ción política; y en democracia la única alternativa es votar, ir a dirimir nuestras diferencias con el voto, y nosotros tomamos el camino electoral, pacífico, democrático, constitucional”.

Sin embargo, el chavismo arrasó de los 335 municipios, más de 300 fueron ganados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) además, Omar Prieto, militante del mismo partido fue electo gobernador del estado de Zulia, donde se realizó una elección especial, así 19 de las 23 gobernaciones quedan en manos de la revolución bolivariana.

Esto jamás lo difundirán los grandes medios de comunicación y menos en México, donde han llevado a cabo una campaña aturdidora para presentarnos al gobierno venezolano, como la peor dictadura existente en nuestro continente.

Por la liberación nacional y el socialismo Viene de la página 1

gos como pretexto para esta nueva y furibunda campaña de desprestigio en su contra: fue la palabra “amnistía”.

Analicemos el asunto. Sabemos que México ocupa el segundo lugar en el mundo en materia de violencia impune, y, según el Índice Global de Paz, su situación es peor que en Ruanda o el Congo. A este hecho se refirió López Obrador con datos y cifras: “…desde que le pegaron una garrotazo a lo tonto al avispero, se registró 230 mil asesinatos, más de un millón de víctimas de la violencia…”, denunció.

“Esta absurda e inhumana estrategia la comenzó Calderón y la siguió Peña, el resultado es que hay 74 homicidios diarios en el país” Y anunció: “…no vamos a continuar con esa estrategia, vamos a aplicar una nueva estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad, y me siento con la capacidad y con la experiencia para resolver este problema que tanto preocupa a los mexicanos”.

Analicemos la tesis de AMLO. ¿Hace falta una nueva estrategia?

Sin duda, puesto que la actual ha fracasado. “Ha sido… un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado, con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico”, dice atinadamente el Proyecto de Nación 2018 – 2024, presentado en el II Congreso Nacional de Morena, en noviembre pasado. “Llevamos más de 10 años aplicando esa lógica centrada únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su infraestructura financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres”, continúa el documento. Con esa lógica, “las instituciones responsables se han desgastado y desprestigiado, y existen cada vez más evidencias de que algunos cuerpos de seguridad, más que ser la solución son parte del problema por su involucramiento con el crimen organizado”. En conclusión: “Estamos ante el agotamiento de un modelo de seguridad”.

Analicemos el problema del narcotráfico, sus orígenes y factores que lo agravan: Nuestra colindancia con el mayor mercado de la droga en el mundo, el mercado estadou-

…Nuestra colindancia con el mayor mercado de la droga en el mundo, el mercado estadounidense, está en la raíz del problema que no debiera ser nuestro; porque además de consumir montos astronómicos de estupefacientes… nidense, está en la raíz del problema que no debiera ser nuestro; porque además de consumir montos astronómicos de estupefacientes, la voracidad de ese mercado exige volúmenes crecientes. Es un grave problema de salud pública que afecta a aquella sociedad y atenderlo sería responsabilidad de aquel Estado, no del nuestro ni otro alguno, pero es evidente que el Estado norteamericano se muestra incapaz de resolverlo y hasta pretende desconocer su terrible realidad.

Pero el hecho de que aquel Estado no atienda su grave problema social genera un gran problema a México, que ha crecido de manera desaforada en los últimos treinta años, a partir del arribo de los gobiernos neoliberales. Porque éstos se han mostrado siempre sumisos frente a los poderes económico y político del vecino del norte, siempre dispuestos a seguir sus indicaciones, servir

sus intereses, cumplir sus exigencias y aún saciar los vicios de su sociedad enferma, y lejos de atender las necesidades del pueblo de México, incluso lo han victimado una y mil veces.

Por ejemplo, al reconvertir al campo mexicano, de productor para el consumo interno, que era antes de la reforma de Salinas al artículo 27 de la Constitución y el TLCAN, en lo que es ahora, productor para satisfacer necesidades del mercado estadounidense, ese mismo mercado le ha requerido al proveedor mercancías lícitas, como aguacate, pimiento y brócoli, pero también ilícitas, como marihuana y amapola.

Esto fue lo que impuso el imperialismo y acataron sus lacayos que se dicen nuestros gobernantes. Pero la citada reforma al 27 constitucional, por otra parte, privó a millones de compatriotas de la parcela que cultivaban y de la cuál vivían, así fuera con limitaciones, y los arrojó a la inopia total. Como resultado, por un lado se desbordó la migración; millones han marchado hacia el país del norte en busca de trabajo para sobrevivir, el que fuera; y por otro, miles de campesinos acabaron cultivando para el mercado de la droga, por necesidad y bajo amenaza.

De igual manera, miles de jóvenes, privados de escuela, deporte y trabajo, y sumidos en la subcultura individualista y consumista a ultranza, engendrada por el régimen de la propiedad privada, han acabado en

fuerza de trabajo al servicio de la delincuencia organizada. ¿En qué ha de consistir la nueva estrategia? Dado que el problema es mayúsculo y tiene causas y resultantes políticas económicas y sociales; la nueva estrategia no puede ser simplista, como la que desató Calderón con el nombre de “guerra al narcotráfico”; tiene que atacar todos los frentes donde el problema se anida.

Así lo ve López Obrador, por eso dijo, “vamos a explorar todas las posibilidades, todas las opciones, vamos a atender las causas”. 1) Tiene que empezar por echar fuera a los neoliberales, porque con su conducta servil a intereses ajenos a los de México y los mexicanos, son responsables directos del problema del narcotráfico, que, como vimos, nos fue generado por la insolvencia del Estado norteamericano frente al problema de salud pública de su sociedad, sin que el Estado mexicano hiciera valer nuestros propios inte-

reses. 2) Tiene que tomar decisiones propias, no sometidas a los poderes de la potencia del norte. 3) Tiene que liberar al campo mexicano de la brutal dependencia respecto del mercado estadounidense, tanto de mercancías lícitas como ilícitas. 4) Tiene que atender de manera satisfactoria las carencias de nuestra juventud del campo y de la ciudad. Una juventud sana, con acceso a la salud, a la educación, al deporte y la cultura; y a un sustento económico suficiente y honesto, no será presa de la delincuencia. 5) De igual manera, tiene, el Estado mexicano, que generar empleo para la fuerza de trabajo adulta del país, suficiente y dignamente remunerado. Éstas, entre otras medidas de orden económico, político y social son esenciales. Y esto no significa desdeñar otro tipo de medidas, del orden judicial y policiaco, que también son importantes; pero que, por sí solas, no bastan.

6) Tiene que parar el baño de sangre, la política de las matanzas en que el

ejército ha sido responsable de quitar la vida a muchos compatriotas civiles y ajenos a la delincuencia, igual que las bandas de criminales, como se ha documentado. Es decir, los neoliberales han degradado al otrora glorioso ejército mexicano.

Es urgente restaurar la paz. Y es pérfido pretender asustar a la población, como lo han hecho Peña, Cienfuegos y Soberón, además de toda la cauda de sus voceros, con el pretexto del agregado que AMLO hizo a la nueva estrategia, de que incluso examinará si es necesario llegar a una amnistía. Nada tendría de terrible echar mano de ese recurso, además de todas las otras acciones ya comentadas, si éstas no alcanzaran a resolver el problema. Lo verdaderamente aterrador sería continuar con más sangre, más asesinatos, más violencia ejercida con impunidad, como sería el caso de continuar los neoliberales en el gobierno, con Meade, Anaya, Mancera o cualquier otro de sus nefastos candidatos.

Por la liberación nacional y el socialismo

Viene de la página 1

gímenes de derecha que imperaban en Latinoamérica entre los 70 y 80.

Se estima que fueron más de 50 mil muertos y 30 mil desaparecidos el resultado de ese plan criminal que sostenía la inteligencia norteamericana como forma de dominación política en la región.

En México se condenó en 2009 al Estado por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla a manos de militares y se ordena la reparación del daño, así como realizar los cambios legislativos necesarios para adecuar las normas en apego a estándares internacionales de derechos humanos en materia de desaparición de personas.

En el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” que impera en México desde hace más de 10 años, impuesta por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, se modificó en la práctica la función constitucional de las fuerzas armadas de ser garantes de la seguridad nacional en términos de soberanía, a la de atender funciones de vigilancia policiaca, inteligencia y persecución al crimen organizado, sin tener facultades legales para hacerlo.

Hoy en día, la CNDH documenta alrededor de 10 mil denuncias de abusos por miembros de fuerzas ar-

…la propuesta de Ley de Seguridad Interior está lejos de llevarnos a una solución y nos acerca más a la militarización propia de los regímenes golpistas y dictatoriales… madas durante el periodo de 2006 a 2016, por lo que se expiden numerosas recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, reclamando sacar al ejército de las calles, profesionalizar a las policías civiles y atender la prevención de la inseguridad, más que la reacción frente a los delitos.

Si bien la inseguridad es la preocupación número uno en el país, la propuesta de Ley de Seguridad Interior está lejos de llevarnos a una solución y nos acerca más a la militarización propia de los regímenes golpistas y dictatoriales al suplantar la función propia de las instituciones civiles en materia de seguridad y llevando a establecer una normatividad inconstitucional y le-

siva de derechos fundamentales de las personas.

Destacan los argumentos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el sentido de que dicha ley no aportaría elementos que lleven a afrontar los retos de la inseguridad que se viven en México, reduce incentivos en la profesionalización de las instituciones civiles de seguridad, favorece un paradigma militar en materia de seguridad que está probado no reduce violencia y aumenta violaciones a derechos humanos, tiene ambigüedad de conceptos, viola el principio de necesidad, sometimiento de autoridad civil al mando militar, indebida regulación del uso de la fuerza, afectaciones a la protesta social, ausencia de transparencia, inconstitucional e inconvencionalidad, indebida protección y garantía de los derechos humanos.

Y mientras se impone la Ley de Seguridad Interior, la CNDH emite hace unos días la recomendación (54/2017) a la Sedena al haberse acreditado violaciones a derechos humanos ocurridas contra habitantes de Tepatitlán de Morelos en Jalisco, por cateo ilegal, detención arbitraria, tortura, violencia sexual y ejecución arbitraria.

Esta ley no debe aprobarse por el Senado, hay muchas voces que advierten los riesgos, mejor buscar soluciones apegadas a derecho que tengan como eje la prevención social de la violencia y no la represión. carmenchinas@hotmail.com

Comunidad de

LA COLORADA devastada por la Minera canadiense ‘Panamerican Silver’

Documento elaborado por nuestro compañero Efraín Arteaga Domínguez miembro de la Dirección Política del Partido Popular Socialista de México (PPS de M) quien encabeza y dirige esta lucha.

AL PUEBLO DE MÉXICO: AL PUEBLO DE ZACATECAS: AL PUEBLO DE CHALCHIHUITES: A pesar de que el artículo 14 constitucional establece con toda claridad que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio…”, la empresa minera canadiense ‘Plata Panamericana’ o ‘Panamerican Silver’ ha venido cometiendo una serie de atropellos contra los derechos más elementales de la comunidad de La Colorada, municipio de Chalchihuites y de sus habitantes:

1. Hacia 2014, la empresa construyó unilateralmente una “Unidad Habitacional”, constituida por 50 casas de un material llamado ‘Multipanel’, para lo cual devastó todo un cerro, arrasando con miles de árboles y arbustos que ahí existían. Se trata de supuestas “casas” extraordinariamente pequeñas, armables y desarmables.

2. En 2015, sin juicio de por medio, y por lo tanto sin una orden judicial, y sin ningún tipo de negociación o acuerdo con la comunidad, la empresa procedió a exigirles a los habitantes de la co-

munidad que se mudaran a la unidad habitacional recién construida, señalándoles que ahí se les daría en comodato (es decir, prestada) una vivienda, y avisándoles que sus casas serían demolidas inmediatamente. Las únicas opciones que les daban eran las siguientes: i) o firmaban el contrato de comodato aceptando su desplazamiento forzoso, o ii) las máquinas arrasarían con sus casas, incluso con sus familias dentro de ellas.

3. En una supuesta ‘mesa de diálogo’ en Palacio de Gobierno, el Gobierno del Estado, lejos de proteger los derechos de los habitantes, se puso del lado de la empresa minera canadiense, y exigió a la gente de la comunidad acatar sus de-

Por la liberación nacional y el socialismo signios, advirtiéndoles que si no lo hacían, la empresa estaría en su derecho de arrasar sus casas incluso con sus familias adentro, en cuyo caso el Gobierno daría instrucciones para que ninguna agencia del Ministerio Público recibiera denuncias en contra de aquélla. Los funcionarios que cometieron semejante canallada fueron Luis Alfredo Chávez González, Subsecretario de Atención y Concertación Ciudadana, y Patricia Aguilar García, asesora de la Secretaría General de Gobierno.

4.

Efectivamente, alrededor de 150 casas de igual número de familias fueron arrasadas; en un buen número de casos la demolición inició con las familias dentro de ellas, y sin dar oportunidad de sacar sus muebles, utensilios o documentos.

Incluso hubo un caso en que treparon un bulldozer al techo de una casa para desde ahí demoler una vivienda vecina; el techo de la casa colapsó por el peso de la máquina y comenzó a venirse abajo; los hijos de esa familia, que estaban ahí dentro, apenas salvaron sus vidas. Y por increíble que parezca, el Ministerio Público no hizo absolutamente nada al respecto.

5.

Una vez que sus casas fueron demolidas, y con sus familias en la calle, los padres de familia tuvieron que vivir la humillación de tener que aceptar refugiarse en las barracas que construyó la empresa, en condiciones de extremo hacinamiento, y del más descarado despojo. Ahora la empresa se dice propietaria del territorio en que estuvo asentado el poblado, y no les permite a los pobladores, ni siquiera a los niños, transitar por lo que un día fue su pueblo.

6. Les prohíbe tener animales de ninguna clase (ni gallinas, ni puercos, ni caprinos, ni ovinos, ni vacunos, ni equinos), lo cual los ha obligado a tener que encargar sus pequeños rebaños en poblados vecinos, con familiares, amigos o conocidos. Incluso la empresa se ha arrogado la facultad de decomisar (es decir, robar) los animales que ha encontrado en las inmediaciones de lo que ha sido históricamente la comunidad. Y ha llegado al extremo de prohibirle a la gente de la comunidad, tomar leña del monte. Recientemente, un gorila de los guardias de seguridad de la empresa (armados con fusiles y encapu-

chados), a patadas le apagó su fogón a una madre de familia a la cual se la había acabado el gas, porque según dijo el mal nacido, “nadie le había dado permiso de agarrar leña de la ladera”.

7.

El gerente de la empresa, de nombre Juan Villegas González, originario de Valparaíso, Zacatecas y traidor a su patria, se llena la boca diciendo que él es mucho más poderoso que el Presidente Municipal y que el Gobernador del Estado. El caso es que esta empresa depredadora ya ha causado un daño inmenso al ecosistema: día y noche, los 365 días del año, arroja a la atmósfera toda clase de polvos y vapores tóxicos; la nube tóxica suspendida encima de la comunidad se observa desde la carretera ChalchihuitesSombrerete; es decir, a siete u ocho kilómetros de distancia. La presa de jales envenena de manera continua la tierra y el agua; muchos animales han muerto por el solo hecho de beber ahí. El bosque, que a la naturaleza le ha llevado millones de años formar con toda su riqueza de biodiversidad (es decir, de flora y fauna) está siendo arrasado inmisericordemente. Los múltiples manantiales y ojos de agua que existían han desaparecido. Claro, los habitantes de la comunidad, entre ellos los niños, respiran permanentemente estos polvos y vapores tóxicos, como si no tuvieran derecho a un medio ambiente sano, y a la salud.

8.

La empresa se ha apropiado por la vía de los hechos del territorio de la comunidad: de lo que podríamos llamar el fundo legal del poblado, de sus tierras de cultivo y de agostadero de manera absolu-

tamente ilegal. En la medida que la comunidad ha detentado la posesión de esta tierra desde hace muchas generaciones, y sus habitantes viven de ella, de la agricultura, la ganadería y la recolección, tienen el legítimo derecho a que se les continúe reconociendo como comunidad y se les restituya plenamente su derecho, su tierra.

9. El 13 de enero de 2017, la empresa despidió a 18 trabajadores y trabajadoras aun cuando no habían cometido ninguna falta en su trabajo; sólo por el hecho de estar exigiendo por la vía legal y de manera pacífica la restitución de las 1,150 hectáreas de las cuales la empresa se ha venido apropiando ilegalmente. Una vez rescindidos, la empresa les da tres días para que desalojen las casas que les dio en comodato, y les advierte que si no las desalojan, les exigirá el pago de una multa (una especie de renta) a razón de 300 pesos por día. Es decir, pretende arrojarlos de sus casuchas desarmables sin hacerse responsable por haberles demolido sus casas, y por haberlos despojado de sus lotes urbanos, sus tierras de cultivo y sus tierras de agostadero.

10. Los habitantes de la comunidad de La Colorada no nos vamos a rendir ni nos vamos a vender; seguiremos luchando de manera pacífica y por la vía legal por la restitución de nuestras tierras. Vamos a enseñarles a nuestros hijos, que hoy son pequeñitos, que la defensa de la Patria comienza por la defensa de nuestra comunidad.

Atentamente La Colorada, Chalchihuites, Zac., 5 de diciembre de 2017 ¡Patria o muerte, venceremos!

Niegan entrada a peritos de la Sedatu a minera canadiense en Zacatecas Nota referente a la lucha de la comunidad de La Colorada publicada por: Alfredo Valadez Rodríguez / Corresponsal / Periódico La Jornada / Domingo 10 de diciembre de 2017,

P

ersonal de la minera canadiense Pan American Silver negó el acceso a sus instalaciones a peritos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quienes llegaron procedentes de la Ciudad de México a realizar trabajos de medición y deslinde dentro del área de litigio que habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, mantienen contra esa compañía, a la que acusan de despojo de tierras.

En declaraciones a La Jornada, Efraín Arteaga Domínguez, vocero de los habitantes que fueron desplazados de sus casas y terrenos por personal de la minera a principios de este año, informó que a solicitud de los afectados, la Sedatu midió un predio de mil 150 hectáreas, de las que ellos han sido posesionarios desde hace varias generaciones.

Durante toda la semana, agregó, los representantes del gobierno federal hicieron las mediciones en esa localidad, a pesar de que la minera no dio permiso para que los peritos ingresaran a sus instalaciones ni al polígono del cual la empresa dice ser propietaria.

Sin embargo alrededor de la mina se realizaron las mediciones y (la tarde de ayer viernes) se pudo concluir exitosamente la labor, a petición de los habitantes afectados por la compañía, en esa población ubicada 219 kilómetros al poniente de la capital de Zacatecas, en los límites con el estado de Durango.

El vocero de La Colorada declaró que Pan American Silver se negó a participar en estas diligencias, no asistió ni siquiera a defender su supuesto derecho. Ni a la reunión de inicio de los trabajos, ni a la reunión de cierre.

En aproximadamente dos meses, tras evaluar todos los elementos informativos obtenidos en su visita, los peritos de la Sedatu podrán emi-

tir lo que en la ley agraria se conoce como un escrito de opinión, que tiene valor de dictamen. El próximo 10 de enero se realizará una nueva audiencia del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas (TUA), donde serán incluidos los trabajos de medición y deslinde que realizó personal de ese órga- no jurisdiccional. Ésta es una nueva fase dentro del juicio que promovieron los campesinos de La Colorada y sus familias ante el TUA para que el gobierno federal les reconozca su condición de poseedores y pasar a la fase de propietarios, mediante un convenio de enajenación. Quieren demostrar que la minera canadiense se apropió ilegalmente de los predios que ocupa, y que las supuestas escrituras que la empresa dice tener, seguramente son malhabidas.

Por el momento lo más importante del procedimiento es que el TUA

aprobó una medida cautelar para proteger a los habitantes de La Colorada, donde se señala que mientras se resuelve el fondo del asunto, la empresa no podrá desalojarlos de la unidad habitacional que construyó la compañía, donde los pobladores se tuvieron que refugiar, una vez que sus casas tradicionales fueron demolidas por la minera”.

Arteaga Domínguez recordó que minera Pan American Silver asegura que una parte del polígono de mil 50 hectáreas –donde se ubican sus instalaciones–, la adquirió a pequeños propietarios. Es ahí donde están sus oficinas, área de fundición, presa de jales y el tiro principal de la mina subterránea.

Pan American Silver extrae diariamente de esa mina mil 800 toneladas de concentrados minerales, de los que una vez procesados, obtiene oro, plata, plomo y zinc.