Los últimos años han sido, sin lugar a dudas, los más difíciles que ha vivido el Perú desde el retorno a la democracia a inicios de siglo, no solo por la pan demia del COVID-19, sino también por culpa de un gobierno incapaz y que está envuelto en una trama inter minable de corrupción en todos los niveles: manipulación de licitaciones públicas, nombramientos a dedo, despilfarro de recursos del Estado. “Palabra de maestro”, se dijo, pero todo lo que ha conseguido aquella promesa es escándalo tras escándalo. No obstante, a ello hay que sumarle además una ciudadanía ale targada, que prefiere ir a cuanto con cierto se anuncie que la movilización, y el bendito azar. La fórmula perfecta para el caos, un caos que, hasta ahora, ha causado una serie de problemas cuyas consecuencias a largo plazo serán devastadoras: la paralización de la actividad minera, la crisis de la próxima campaña agrícola, el de terioro del sistema de salud público, el incremento de la inseguridad ciudadana, y mil co sas más.
estadounidenses. La pregunta se cae de madura, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Evidentemente, no existe una única razón que pueda ex plicar la historia completa, aunque es esencial entender que todo está rela cionado. Un gobierno que hace lo que quiere es porque no hay nadie quien lo frene.
Un panorama cuasi sombrío, una realidad casi idéntica a las exageradas recrea ciones de las sociedades latinoamericanas en las películas
Sin embargo, aún estamos a tiempo de cambiar las cosas. Es en ese contexto en que nace Diligencia, una revista dirigida por un pequeño equipo de estudiantes universitarios que quiere aportar su granito de are na para ayudar al país a salir de la crisis en la que se encuentra. Una ini ciativa pequeña, pero iniciativa al fin y al cabo, y que esperamos se replique en otros espacios, tanto dentro como fuera de los salones de la universidad. En este primer número nos dedicamos a analizar, de la mano con diversos especialistas, los escánda los más recientes que ha tenido este gobierno: el uso indiscriminado de los recursos públicos, la falta de políticas públicas en el sec tor salud, la denuncia contra el presidente por presuntamente encabezar una orga nización criminal, entre otros temas. Se necesita alzar la voz frente a los problemas, no podemos sim plemente quedar nos de brazos cru zados y esperar que otros se encarguen por nosotros, no podemos escudarnos bajo la excusa de “no es tu responsabilidad arreglar el país donde naciste” o la de “igual me voy a mudar al extranje ro”. Siempre recuerden que, antes de nosotros, hubo otros peruanos que dieron la vida por el Perú que los vio nacer, y ahora es nuestro turno de ha cerlo para las futuras generaciones.
¿Inmunidad o impunidad? Es la pregunta que todos los peruanos se han hecho luego de que los abogados del presidente arguyeran que la denuncia presentada por la Fiscal de la Nación contra Pedro Castillo es inconstitucional.
POR PEDRO SALINASEl pasado 11 de octubre, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pre sentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de tres delitos: organización criminal, trá fico de influencias y colusión. El documento contiene más de 190 elementos de convicción que sus tentan la presentación de la acusa ción contra el jefe de Estado.
Dicha acción fue avalada por el Poder Judicial, quien auto rizó que se investigue de manera preliminar al jefe de Estado ante las evidencias de la comisión de posibles actos de corrupción como el direccionamiento de obras pú blicas.
“Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Minis terio Público una sospecha funda da de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de trans portes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea miento”, dijo la Fiscal al momento de anunciar la denuncia.
Sin embargo, ni bien pre sentado el recurso, se abrió un de bate entre quienes se encuentran a favor y quienes rechazan el ac cionar de la titular del Ministerio Público. Pero para entender el quid del asunto, es necesario primero responder dos preguntas funda mentales: ¿qué es una denuncia
constitucional?, y ¿por qué se uso recientemente?
UN RECURSO CONTROVERSIAL
La denuncia constitucional es un procedimiento que permite determinar si personas con inmu nidad (como el presidente y los congresistas) han cometido delitos durante el ejercicio de sus fun ciones, como abuso de autoridad o corrupción. En ese sentido, el recurso es utilizado contra el pre sidente pues él, según el artículo 117 de la Constitución Política del Perú (CPP), solo puede ser acusado
“El Poder Judicial autorizó que se investigue de manera preliminar al jefe de Estado ante las evidencias de la comisión de posible corrupción”.
por la comisión de tres delitos con cretos: traición a la patria, impedir elecciones, y disolver el Congreso ilegítimamente y/o impedir su re unión o funcionamiento y la del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema elec toral.
La discusión surge a partir de que la denuncia presentada por la Fiscal no acusa al jefe de Estado por ninguna de las cuatro causales mencionadas en el 117, sino por otras, además de que ha quedado un “vacío” respecto a la autoriza ción otorgada por el PJ al Ministe rio Público de investigar a Castillo.
Cabe señalar que es la primera vez que el recurso es utilizado en el Perú contra un presidente en fun ciones.
Para algunos letrados como Benji Espinoza y Eduardo Pachas, ambos abogados del presidente, la denuncia infringe el mencionado artículo de la CPP y, por lo tanto, se trataría de una denuncia in constitucional. El primero de ellos dijo ante la prensa que la denuncia “buscaba desconocer los límites impuestos en el artículo 117 de la Constitución, que reconoce la in violabilidad de la investidura pre sidencial mientras el presidente ejerce su mandato”.
“Este atropello supone, ade más, un desconocimiento y un abierto desacato a una orden judi cial expedida por el doctor (Juan Carlos) Checkley, así que vamos a presentar una acción de tutela de derecho para que el juez supremo convoque a una audiencia y deter mine si se ha violado la tutela judi cial”, agregó.
Por su parte, el segundo ase guró que la acusación fiscal vulne ra el derecho a la defensa de Pedro Castillo. “Se vulnera no solamente el artículo 117, se vulnera la pre sunción de inocencia y se vulnera el derecho a la defensa de tener un abogado defensor, y esto ya la OEA ha tomado competencia y está señalando su preocupación por lo cual ha llamado una reunión para que se vean estos esquemas”, deta lló. Además, comparó la acusación de la fiscal con la persecución nazi contra los judíos. “En la dogmática
penal, este es un caso muy famoso sucedido en el derecho penal de enemigo, cuando los nazis perse guían a los judíos y les quitaban su propiedad, su libertad, metían presos a sus hijos, a su esposa, y después de una historia de sufri miento recién decían que eran ino centes, eso es lo que quiere hacer esta disposición fiscal”, dijo el le trado.
Asimismo, Pachas añadió que la denuncia lo vulneraba tam bién a él y a su colega Benji pues, según su interpretación “[la de nuncia] nos consignaría al suscrito y al doctor Espinoza como aboga dos de una organización criminal”.
Quien también tiene similar opinión es el constitucionalista Omar Cairo, para quien “la denun cia es inconstitucional porque la Fiscalía está buscando que se en juicie al presidente por delitos que no se contemplan en el artículo 117”.
UN ESCENARIO INÉDITO
No obstante, pese a los de tractores, la realidad es que sobre el presidente Pedro Castillo pe san 6 investigaciones fiscales, que van desde ascensos ilícitos en las Fuerzas Armadas, pasando por un presunto plagio en su tesis de maestría, y llegan hasta obras ad judicadas a dedo.
Asimismo, la propia Fiscal Benavides le habría dicho a la co misión de alto nivel que la OEA en vió al Perú el pasado 21 de noviem bre que el jefe de Estado tiene 51 carpetas fiscales abiertas.
El constitucionalista Lucia no López remarcó que la Fiscal de la Nación se ha amparado en la Convención de las Naciones Uni das contra la Corrupción, que es tablece que los funcionarios que poseen inmunidad, como el presi dente Castillo, no pueden utilizar la para frenar acciones de investi gación, procesamiento y sanción en su contra.
Por su parte Heber Campos Bernal, especialista en Derecho
Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que es perfectamente posible que la Fiscalía presente denuncias constitucionales con tra altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente. “Lo que no es posible, sobre todo en el caso del presidente, es que esa denun cia constitucional dé paso a una acusación constitucional por fuera de los supuestos que están señala dos en el artículo 117 de la Cons titución”, explicó el letrado a un medio de comunicación.
Asimismo, el excongresista Richard Arce enfatizó que “el pre sidente no es rey, no tiene poder absoluto…el podría asesinar a al guien y no pasaría nada (…) Ahora sí el Perú entero podrá conocer y saber todo (…) Castillo debe rendir cuentas a la población”.
De igual manera opina el analista político Gustavo Romero Umlauff, quien remarca que “el presidente no puede tener licencia para matar, no vivimos en una mo narquía del siglo XVII, el Perú es
“Ahora el Perú entero podrá conocer y saber todo. El presidente Castillo debe rendir cuentas a la población peruana (ante las denuncias en su contra)”
una república democrática y por lo tanto Castillo no puede quedar impune ante los delitos que se le imputan”.
Cabe señalar que tanto a Junta de Fiscales Superiores y Coordinadores Nacionales de las Fiscalías Especializadas del Minis terio Público mostraron su apoyo hacia la fiscal Patricia Benavides.
QUÉ CONTINUA
La instancia encargada de evaluar directamente estas de nuncias es la Subcomisión de Acu saciones Constitucionales, cuya presidenta actual es la congresista
Lady Camones, del partido Alianza para el Progreso (APP). Este grupo de trabajo tiene un plazo de diez días para determinar si se admite o no la denuncia. Si la denuncia es declarada improcedente, pasa al archivo.
Por el contrario, si es califi cada como inadmisible, se notifica al denunciante para que subsane los detalles observados en el pla zo de 3 días hábiles. “Si en dicho plazo, el denunciante no llega a subsanar las referidas omisiones, la denuncia se enviará al archivo”, indica el reglamento.
Y si la denuncia es admiti da, la Subcomisión de Acusacio nes Constitucionales (SAC) emite un informe de calificación del caso que, por norma, es enviado a la Comisión Permanente para su evaluación. Si esta última instan cia aprueba el informe, dispone que nuevamente la subcomisión de acusaciones realice una investi gación en el plazo de quince días hábiles.
Esta investigación deriva en un nuevo informe que es enviado de regreso a la Comisión Perma nente del Congreso de la Re. Este grupo de trabajo lo toma de base para determinar si corresponde acusar al alto funcionario denun ciado. De ser el caso, nombra a una subcomisión acusadora para, efectivamente, presentar los ar gumentos ante el pleno y que, in mediatamente después, se realice la votación que decidirá si el alto funcionario merece una acusación constitucional.
Siguiendo con el artículo 89, inciso i, del reglamento del Congreso, se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de parlamentarios, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente.
El pasado 16 de noviembre, la SAC vio el informe de califica ción de la denuncia constitucio nal. Este fue aprobado con 13 votos a favor. Quizás, solo quizás, el fin de una era por fin se acerca.
Varios años después del caso del “avión parrandero”, la aeronave oficial del Perú vuelve a ser objeto de cuestionamientos pues ya no solo es utilizada como discoteca voladora, sino también como transporte privado del presidente y de su entorno más cercano, entre ellos, personajes vinculados a una organización criminal y a un prófugo de la justicia.
POR PEDRO SALINAS
“ Vamos a vender el avión presidencial”, una de las tantas promesas que el presidente Pedro Castillo hizo du rante su discurso por sus primeros 100 días al mando de las riendas del Perú. El dinero de la venta, aseguró el mandatario en aquella oportunidad, sería destinado a me jorar el sistema de salud y educati vo del país. Sin embargo, lejos de cumplir aquel ofrecimiento dema gógico, el jefe de Estado decidió ha cer algo más ‘revolucionario’: usar el avión, que es pagado por todos los peruanos, como su movilidad personal, y, lo más grave, trasladar a un prófugo de la justicia en él. Una historia que iba a quedar ocul ta, pero que se reveló por el bien de todos los ciudadanos.
Todo comenzó cuando el 24 de septiembre de este año el portal Centro Liber, publicase una serie de reportajes en donde expuso al mundo los manifiestos de los vue los presidenciales que van desde el 28 de julio del 2021 hasta agosto del 2022 y que se encontraban en poder de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Tras una exhaustiva investi gación por parte del mencionado portal, se halló en dichos docu mentos que el presidente no solo utilizaba el avión presidencial a discreción, sino que en él traslada ba a familiares, amigos que no es tán vinculados a la función públi ca, y a personas relacionadas a una organización criminal investigada por el Ministerio Público (MP).
Muchos nombres saltaron a la luz: Henry Shimabukuro, presunto asesor en la sombra, Ne nil Medina Guerrero, alcalde del distrito de Anguía, Hilario Ayala, Marco Apayca Cuya, estos últimos consignaron el DNI de Yennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, entre otros. Sin embargo, entre la eterna lista de pasajeros cuestiona
“El dinero de la venta, aseguró el mandatario en aquella oportunidad, sería destinado a mejorar el sistema de salud y educativo del país”.
bles que han viajado en el avión de todos los peruanos, resalta uno, el de un supuesto sobrino del presi dente llamado ‘Lay Vásquez’, y re salta porque, además de que nadie ha oído hablar de él, el DNI que se consignó en el manifiesto oficial de la FAP (97069630) era un núme ro que no está registrado –ni nun ca lo estuvo– en la base de datos del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil (Reniec).
El vuelo que ‘Lay’ abordó fue realizado el 23 de junio de este año. Junto a él viajaron otras 33 personas, entre ellas el propio Pedro Castillo, el exministro José Luis Gavidia, un equipo periodís tico de TVPerú, y otros familiares presidenciales. El destino de aquel viaje fue la ciudad de Chiclayo. Se gún el Centro Liber, aquel no sería
otro que el prófugo Fray Vásquez Castillo, sobrino directo del jefe de Estado e investigado por la fiscalía por integrar una presunta organi zación criminal enquistada en las más altas esferas del poder dedica da a la entrega ilegal de obras pú blicas, pues los apellidos de Lay y Fray son los mismos, y sus nombres tienen una similitud muy grande. Esta sospechosa realidad permite entrever que el viaje al norte del país habría sido una excusa para permitir que Fray fugue de la justi cia peruana y continúe en la clan destinidad, una situación secreta que atenta contra las leyes perua nas, presuntamente apoyada por el poder Ejecutivo.
Por su parte, Eduardo Pa chas, uno de los abogados de Pedro Castillo, en una breve declaración a la prensa, intentó decir que, en realidad, ‘Lay’ era otro sobrino llamado Yoni Vásquez. “Sobre el avión presidencial, se dio los infor mes a la Fiscalía. El día de ayer [28 de septiembre], la Fiscalía entregó una información; se ha dado los nombres de las personas que viaja ron y explicado los errores de tipo material y ortográfico. También se ha citado dónde están las cáma ras del grupo 8 para que se pueda descartar que el señor Fray viajó”, aseguró Pachas en aquella oportu nidad.
Sin embargo, como expli camos anteriormente, el DNI con signado para ‘Lay’ en el manifiesto oficial de la FAP es un número que
no existe en la base de datos del Re niec, por lo que la explicación del abogado presidencial es de todo menos confiable; y, además, no jus tifica el hecho de que en el avión viajen personas muy alejadas de la función estatal. Cabe recalcar que en los folios obtenidos por Centro Liber se consignó que Fray ya ha bía viajado antes junto con su tío a distintas partes del país; evidente mente, hasta la fecha no sabemos qué hizo o por qué fue convocado en primer lugar. Asimismo, esta información demuestra que tío y sobrino tenían un vínculo muy cercano, contradiciendo lo que al guna vez Pedro Castillo declaró a la fiscalía.
POSIBLES CONSECUENCIAS
El 14 de noviembre, la Co misión de Defensa del Congreso de la República comenzó la inves tigación sobre el uso irregular del avión presidencial para facilitar la presunta fuga de Fray Vásquez Castillo. En paralelo a la indaga ción en el Parlamento, también la Contraloría General de la Repúbli ca realiza su trabajo. El órgano de control fiscal envió un documento al comandante general de la FAP, general del Aire, Alfonso Artadi Sa letti, informando que Aland Con chs Mier (jefe de equipo) y Abdiel Mamani (integrante), iniciarán
con la recopilación de datos en di cha institución.
La congresista Patricia Chi rinos, en una publicación en sus redes sociales, remarca que “el uso de bienes públicos con fines per sonales es delito. Por ello solicito a la Comisión de Defensa que cite a todos los ministros de Defensa e Interior del gobierno, para q infor men sobre el uso de aeronaves de ambos sectores por familiares de Castillo o en actividades no oficia les”.
El abogado Roberto Pereira, en declaraciones a un medio de comunicación, considera que la revelación de los manifiestos de los vuelos presidenciales ratifica ratifica la hipótesis fiscal en lo que respecta a la relación y al rol de operadores que desempeñaban Fray Vásquez y Gianmarco Casti llo –otro de los sobrinos que viajó
“El DNI consignado para ‘Lay’ en el manifiesto oficial de la Fuerza Área del Perú es un número que no existe en la base de datos del Reniec”
en más de una oportunidad en el avión presidencial junto a su tío–en el actual gobierno.
“Desde la campaña, el presidente y sus sobrinos han tenido una rela ción muy estre cha y que ahora se revele que han participado en estos vuelos solo complica la situación de Pedro Castillo, que ha intenta do desvincular se sin éxito de esta relación familiar (...) la participación
en este viaje del presidente y minis tros refuerza la tesis del Ministerio Público de que ellos (los sobrinos) eran una pieza más de este engra naje de corrupción y cuya cabeza es el presidente de la República”, afirmó.
La abogada Romy Chang in dicó que el presidente podría reci bir hasta 15 años de pena privativa de la libertad si se llegase a demos trar que trasladó a Fray Vásquez en el avión presidencial. Asimismo, recalcó que es imperativo recabar las declaraciones de las otras 33 personas que viajaron en aquella comitiva oficial en donde estuvo ‘Lay’.
“[El caso] es muy trascenden tal porque es un documento ofi cial que definitivamente hace que tenga que iniciarse una investiga ción a nivel del Ministerio Público, que es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Si se corro bora que esto es cierto, acá habrá varias consecuencias, empezando por los delitos graves por el encu brimiento personal que, en caso de los funcionarios públicos, como es el del presidente, pueden llegar hasta los 15 años de cárcel”, expli có en declaraciones a un medio de comunicación.
Por otro lado, la letrada mencionó que se debe fiscalizar cómo son utilizados los recursos del Estado. “Acá hablamos de un delito grave que es peculado de uso que sanciona a todos los funciona rios que le dan a los bienes del Es tado un uso que no es acorde con la función o el trabajo que tienen que desempeñar. Yo puedo ser pre sidente de la República, pero eso no me da derecho a utilizar todas las instalaciones de Palacio”, deta lló.
Las cartas están sobre la mesa. Fray sigue fugado y ‘Lay’ no “aparece”. Es turno del Congreso actuar de manera correcta y tomar las medidas pertinentes. El país no puede seguir así, el avión de todos los peruanos no puede convertirse en una movilidad de criminales.
Según la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), poco más de un millón trescientos treinta y ocho mil peruanos viven en condición de pobreza extrema, cifra que creció gracias a la pandemia, a la coyuntura internacional y al caos local. De ellos, 577,043 son adultos mayores beneficiarios de Pensión 65; y de este último grupo, 2 son los papás del presidente Pedro Castillo.
Sobre don Ireño Casti llo y doña Mavila Díaz Terrones poco se sabe a ciencia cierta. Se conoce que ambos son campesinos; que viven en el centro poblado San Luis de Puña, Tacabamba; que tienen nue ve hijos, uno de ellos el actual pre sidente del Perú; y que, según el Padrón General de Hogares (PGH), son adultos mayores en condición de pobreza extrema, condición que mantienen desde al menos el 2013 y que les habría redituado más de 25 mil soles gracias a su afi liación al programa Pensión 65 y a los diferentes bonos emitidos por el gobierno hasta la fecha, como el famoso bono Yanapay o el bono Pongo el hombro.
“¿Qué es la extrema pobre za en el Perú?, ¿quiénes son ver daderamente pobres extremos? ¿Un agricultor o un campesino es una persona en extrema pobreza?, comparado con alguien que vive en algún cerro de Lima es un rey, un millonario. ¿Alguien que tiene hijos profesionales o que tienen propiedades o que son autoridades estatales es un extremo pobre?”, se cuestiona Marco Gutiérrez, ana lista político y abogado experto en temas municipales.
Poco después de conocido el caso de los padres presidenciales, Agustín Tapia, jefe de la Unidad Territorial Cajamarca de Pensión 65, nos reveló que “el sábado 4 de junio, la promotora de Tacabamba visitó la vivienda de los papás del
presidente y pudo constatar que son personas que viven en condi ción de pobreza y que cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios del programa”. ¿Abandono parental?, ¿apro vechamiento estatal?, ¿criterios de focalización poco precisos?, ¿fil tración? Muchas preguntas, nin guna certeza, ninguna respuesta de aquel supuesto hijo atento y amoroso que ahora nos gobierna, ni de aquellos padres que, orgullo sos de sus costumbres, se jactaron, en una entrevista días antes de conocerse el resultado final de la segunda vuelta electoral del 2021, de haber criado al primer presi dente chotano de nuestra historia. “Desde niño lo he criado yo bien criado”, diría Ireño en dicha opor tunidad.
Aquellos padres que, desde su casa hecha de adobe y piedra, con techo de calamina, una an tena parabólica de lo que sería el servicio de televisión por cable, ro deada de vegetación, y alejada del mundo; acompañados de su perro y de sus cuyes tildarían de corrup tos a todos quienes criticasen a su Pedro, el maestro de la familia. “Mi hijo no es corrupto, los corruptos son ellos”, reafirmarían en esa en trevista, una de las pocas que han ofrecido a algún medio de comu nicación
LA NORMATIVA
Para ser beneficiario de Pen sión 65 hay que cumplir con cin
co requisitos: ser mayor de 65 años, tener DNI, estar cla sificado como extremo pobre según los crite rios del Sistema de Focalización de Hogares (Sis foh), no percibir pensión pública o privada, y presentar una decla ración jurada. Julio Mendigure, ex director del programa, señala que, de todos los criterios de focaliza ción, el más importante es la Cla sificación Socioeconómica (CSE) brindada por el Sisfoh a través del PGH. “Pensión 65 no trabaja en base al parentesco”, agrega.
Según la recién aprobada Metodología para la Determina ción de la CSE del Sisfoh, se con sidera como pobres extremos a aquellas personas que integran ho gares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la Canasta Básica Alimentaria, es decir, 201 soles; cuyo nivel de consumo en servicios de electricidad no supe ran los 10.66 soles mensuales; que no están afiliadas a ningún seguro
“Se pudo constatar que son personas que viven en condición de pobreza y que cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios del programa”.
médico; que no cuentan con vehí culos; y otras variables recolecta das a través de la Ficha Socioeco nómica Única (FSU).
Para Gutiérrez, esta forma de focalizar es errónea, sobre todo para con las áreas rurales del país. “La subvención económica de Pen sión 65 debería darse a aquella per sona adulta mayor que no cuente con recursos ni con familia que vea por él, la obligación de cuidar a los ancianos es de sus familiares, no del Estado”, remarca.
Similar opinión tiene el analista Gustavo Romero. “Tengo entendido que los padres tienen bienes, propiedades, además del abultado sueldo del presidente, di fícilmente son gente apta para ser beneficiaria del programa, y si lo han conseguido , creo que fue de una forma cuestionable”.
“Cuando se tramita la CSE se hace por hogar, no por familia, además, el ganado y las parcelas agrícolas no son factores toma dos en cuenta; esto obedece a una metodología. Entonces, cuando se evaluó por última vez el nivel socioeconómico de los padres del
presidente en el 2018, ellos fue ron empadronados como pobres extremos debido a que vivían en un área rural, reportaban poco consumo de energía eléctrica, la vivienda seguramente era de ado be y probablemente no contaban con red de agua y desagüe. Dicha CSE sigue vigente al día de hoy”, explica Sandro Martínez, Director de Operaciones de Focalización del Sisfoh, quien además remarcó que la focalización no puede ser tan específica porque “de serlo sería muy costosa”.
Una metodología de focali zación que, aunque varias veces actualizada, ha permitido, desde la creación de Pensión 65 en el año 2011, casos similares a los de don Ireño y doña Mavila, como lo fueron el de la abuela de la exvi cepresidenta Marisol Espinoza o la mamá de William Contreras, viceministro del Midis, pese a que, como explica Mendigure, cada seis meses el programa organiza visitas para cotejar lo declarado por los usuarios.
Hasta el cierre de esta edi ción, el actual director de Pensión
65, Hernán Eduardo Pena, no res pondió a las preguntas que se le hizo llegar de manera escrita a Di ligencia.
¿LEGAL O ILEGAL?
“Nadie ha hecho nada malo, no se los puede sancionar por solo ser padres del presidente”, afirma Martínez; “ellos son personas en condición de pobreza”, ratifica Tapia; “es su derecho”, alegó Con treras durante una entrevista en Canal N. Y es que, sobre el papel, los padres del presidente no han incumplido norma alguna.
Una conclusión que, sin em bargo, revelaría más de lo que se podría observar a simple vista. “Si los padres viven en condición de pobreza extrema entonces se les podría denunciar al presidente y a sus hermanos por abandono fami liar (infracción a los artículos 474, 479 y 487 del Código Civil) y eso lo podría hacer la procuraduría del Midis”, detalla Gutiérrez.
Abandono que, aunque im probable pues si hay algo que Pe dro Castillo procura atender es a su familia, contrastaría con los cuantiosos gastos que el despacho presidencial ha tenido en alimen tos y en el servicio de televisión por cable solamente en el primer año de su gestión; y con el palpa
“La pensión debería darse al adulto mayor que no cuente con recursos ni familia. El cuidado de los ancianos es de sus familiares, no del Estado”.
ble cariño que el jefe de Estado dice tener para con sus padres.
Gutiérrez agrega además que este caso sienta un preceden te negativo ya que aquellas auto ridades que tengan familiares en programas de ayuda social ya no sentirían la presión ni la responsa bilidad de hacerse cargo de ellos. “Lo correcto hubiese sido que des
pués de la denuncia los padres [ellos mismos o mediante el pre sidente] renuncien al programa y devuelvan de manera íntegra el dinero que habrían recibido pues es lo que establece la ley Sinafo”, considera.
Por su parte, el abogado Ro mero Umlauff señala que si se lle gase a demostrar que la CSE de los padres del presidente Pedro Casti llo es falsa o ha sido manipulada entonces “estarían cometiendo de lito de fraude y deberían ser san cionados pues se estarían aprove chando de fondos del Estado”.
Es necesario mencionar que Pensión 65 no cuenta con ninguna normativa para suspender o desa filiar a sus beneficiarios; no obs tante, en caso de una presunta fil tración o corrupción, puede visitar a los involucrados y solicitar una revisión de la CSE al Sisfoh o este último actuar de oficio. No obstan te, en el presente caso, ninguna de estas dos instituciones ha hecho uso de dicha facultad operativa. “No se han tomado acciones de control por la única razón de que los padres del presidente viven en
un distrito distinto al suyo”, deta lla al respecto Martínez.
POSIBLES FAVORES
“No creo que no se hayan perca tado de esto antes, más bien, creo que lo que ha pasado [con los pa dres del presidente] es que [las autoridades locales] han querido quedar bien con Pedro Castillo”, conjetura Gutiérrez respecto a la permanencia de Ireño y Mavila en el Padrón de Usuarios de Pensión 65 a razón del precedente de mani pulación de información por parte de las municipalidades distritales y sus Unidades Locales de Empa dronamiento (ULE) que revelase la exministra Carolina Trivelli en el 2012.
Martínez explica que una parte importante del proceso de
Clasificación Socioeconómica está a cargo de las Unidades Locales de Empadronamiento pues son ellas quienes visitan los hogares y reca ban la data pertinente. En ese sen tido, el funcionario remarca que “en caso de filtración o manipu lación el principal responsable es el encargado de la municipalidad distrital pues es él o alguien de su confianza quien da fe de la veraci dad de los datos recogidos para la CSE, para la elaboración del PGH”. Luego del escándalo del heli puerto informal construido en los terrenos de don Ireño y doña Mavi la revelado el pasado 3 de julio por Cuarto Poder, testimonios locales vincularon al alcalde de Tacabam ba, Walter Agip Rojas, funcionario cuestionado por compras sospe chosas, con la familia presidencial pues estos dirían que maquinaría municipal habría sido la empleada para la elaboración de aquella obra ilegal. ¿Una cuota de favores entre autoridades?, ¿La municipalidad distrital de Tacabamba avala que los padres del presidente se man tengan en el padrón de beneficia rios de Pensión 65?
“Si los padres viven en pobreza extrema, entonces se podría denunciar al presidente y a sus hermanos por abandono familiar”
Especialista en políticas públicas de salud, la también doctora en psicología considera que el actual gobierno carece de líneas guía para sostener y mejorar el sistema de salud pública, sobre todo para los pacientes de enfermedades neoplásicas.
Hace unos meses el pre sidente Pedro Castillo hizo una promesa que, hasta el momento, no ha podido cumplir: la entrega de más de 4 mil millones de soles para la campaña de lucha contra el cáncer infantil.
¿Usted cree que esta incapacidad de hacer realidad su promesa refleja la precariedad del estado del sistema de salud pública peruano?
El problema del cáncer es un problema bien sensible y te sirve para poder entender el gran pro blema que subsiste en varios aspec tos del sistema de salud. Considero que la propuesta del cheque para combatir al cáncer infantil fue algo absurdo. El gobierno debería ver una estrategia a largo plazo y una manera de cómo se implemen tarán estas medidas en base al pre supuesto prometido, no medidas populistas. Cuando a nuestros ni ños le dan cáncer es algo muy serio dado que tiene un costo muy gran de para las familias. Pedro Castillo se equivocó con su accionar ya que
“Si uno desea tener un sistema de salud que tenga seguro universal, se debe garantizar que tenga cobertura de salud y financiera”
uno podría en tender que el dinero está dis ponible en el momento para la lucha contra el cáncer, pero también es ne cesario que se nos manifieste cuál es el plan en base a ese presupuesto, cómo se va a ejecutar. Hay que recordar que, por mu cho tiempo, el cáncer no tuvo la atención ne cesaria en el sis tema público y, aunque con los años aparecie ron los seguros privados onco lógicos y se han desarrollado cam pañas valiosas, el Perú todavía está lejos de ser un país en donde las necesidades básicas de los pacien tes oncológicos son debidamente atendidas.
¿Cree usted que desde el gobierno se han preocupado por mejorar el estado actual del sistema de salud público?
En general no se ha prestado atención a tener un sistema inte
gral de salud que pudiera dar una atención óptima en salud, protec ción financiera y otros servicios. Situaciones como la pandemia han acelerado algunas acciones positivas como la implementación de laboratorios en las distintas regiones del país, aunque eviden temente eso no es suficiente. Nos falta data, nos faltan profesionales especializados en pediatría onco lógica, nos faltan hospitales, nos faltan muchas cosas. Las personas tienen el derecho de recibir un tra
tamiento integral. La acción del go bierno de entregar el dichoso che que es torpe sí, pero este problema de la precariedad del sistema de salud nos persigue desde hace mu chos gobiernos, aunque debo decir que, si ha habido un compromi so no cumplido, se debe exigir su cumplimiento, y no solo eso, sino otros asuntos relacionados como, por ejemplo, saber quién va a ma nejar el dichoso presupuesto.
¿Cuáles son las principales di ficultades de las familias con niños con cáncer?
El cáncer es una situación que genera mucho costo, porque el tratamiento es costoso para toda la familia. Si es una persona adul ta, va a dejar de trabajar y alguien lo va a tener que cuidar. Si es un niño, además del cuidado per se, se involucra el tema de género en quién asumirá el rol de cuidador. Esto genera una serie de presiones
en la familia, entre las cuales está el factor económico: el cáncer es una enfermedad que afecta infini tamente el bolsillo de las personas, sobre todo las que viven en provin cias fuera de Lima porque deben invertir también en el traslado a un hospital de la capital.
¿Cómo podría mejorar el panorama para los niños peruanos con cáncer?
Dado que el cáncer como el infantil involucra el hecho de cui dado, es un tema muy sensible de abordar. Deberíamos también te ner un observatorio en el cual se observen estos casos de cáncer en el país. Esto es importante porque necesitamos data para poder to mar mejores decisiones en base a esta y así poder curarlos.
A la fecha no contamos con los números exactos de niños enfer mos y de los que ganan la lucha y sobreviven a esta terrible enferme
dad. Si uno desea tener un sistema de salud que incluya aseguramien to universal, se debe garantizar que el seguro le dé cobertura de salud y financiera. El cáncer suele llevar a la ruina a la familia.
¿Es posible aumentar el nú mero de hospitales oncológicos a nivel nacional?
Por mucho tiempo se tuvo muy en cuenta el efecto curativo del cáncer, cual estuvo bien, no obstante, no se prestaba atención a que muchas veces al tener muy pocos hospitales oncológicos o con capacidad para dar atención en el país, las personas tienen la nece sidad de viajar y cuando lo hacen, estas no viajan solas, sino llevan a sus familias. Es rescatable hallar iniciativas de la sociedad civil para las familias de estos pacientes on cológicos, lo cual es positivo, pero es una tarea que debería asumir el Estado.
Durante más de un mes se estuvieron registrado falsos fallecidos en el Sinadef sin que las autoridades se dieran cuenta y, por consiguiente, hicieran algo al respecto. Solo después de que la situación se mediatizara, los responsables se dieron cuenta de que el Perú se había vuelto una mala copia de ‘The Walking Dead’.
SALINAS¿Alguna vez se han pre guntado cómo sería vivir dentro de una de esas famosas series y películas que narran la historia de uno o varios personajes que sobreviven en un mundo infestado de muertos vi vientes? Pues, de un tiempo a esta parte, el Perú se ha convertido en el escenario de una de esas pesadi llas.
De un momento a otro, pe ruanos y peruanas de todas partes del país eran declarados oficial mente en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) como fallecidos… mientras toma ban el desayuno o se dirigían a sus centros de trabajo. La ficción se hizo realidad. Y aunque los re portes de ‘muertos vivientes’ se comenzaron a dar desde mediados del mes de septiembre de este año, fue el caso de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarra tea mejor conocida como el despa cho paralelo del presidente Pedro Castillo, el que mediatizó la situa ción pues, justo después de que se volviese un prófugo de la justicia, alguien sin identificar registró un acta de defunción con su nombre el martes 11 de octubre.
Tras el escándalo de Sánchez Sánchez, otras actas de defunción comenzaron a salir a la luz por lo surrealista de las mismas, entre las cuales se encontraban la de Ra fael López Aliaga, virtual alcalde de Lima, la de Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, la de Keiko Fu jimori, lideresa de Fuerza Popular, y la del propio presidente Pedro Castillo. Y aunque luego fueron corregidas, el ciudadano de a pie
que fue registrado como fallecido sin estarlo, aún se debate entre la vida y una falsa muerte y todo lo que ello conlleva.
RESPONSABILIDADES
¿Qué fue lo que ocurrió? Las autoridades nunca supieron dar una respuesta clara. Los titulares del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio de Salud (Minsa) se res
ponsabilizaron mutuamente por la vulneración del Sinadef. “No es el Reniec el que emite los certifica dos de defunción. No es el Reniec el que incurre en un problema, sino el Minsa que no quiere ver qué está pasando ni tiene control de sus usuarios”, declaró ante la prensa Carmen Velarde, jefa na cional del Reniec. Por su parte, el entonces ministro de Salud, Jorge López, diría por su parte que “ne cesitamos darle la viabilidad a este sistema porque es muy vulnerable. Este no es un programa que noso tros manejamos, lo administra el Reniec. Como Minsa estamos en investigaciones, tomando las eva luaciones necesarias, pero hay que ver cuál parte del sistema ha sido vulnerado”.
“No es el Reniec el que incurre en un problema, sino el Minsa que no quiere ver qué está pasando ni tiene control de sus usuarios”Personal enterrando a un fallecido en el cementerio POR PEDRO
El experto en ciberseguridad Gustavo Vallejo dijo, en una entre vista a un medio de comunicación, que hasta ahora todo apunta a que no hubo una correcta validación de las identidades que utilizan la plataforma de Sinadef. Asimismo, cuestionó la labor del Minsa, que habilita a los médicos que usan el sistema; y del Reniec, encargado de la seguridad.
“Los controles de seguridad al parecer han sido muy básicos, tanto para ingresar información médica como para monitorear. No se ha estado validando qué perso nas han modificado datos y desde dónde. Tampoco se han levantado alertas”, expresó.
Vallejo precisó que las au toridades deben incorporar una autentificación de “múltiples fac tores”, es decir, no solo exigir un usuario y clave, sino el ingreso de la huella biométrica y el DNI elec trónico. “El uso de estas tres ba rreras ayudaría a identificar más rápido a la persona que ingresa al sistema y aplicar, si así es el caso, los temas de responsabilidad”, de talló.
Por su parte, Camila Giane lla, especialista en políticas públi cas relacionadas al sistema de sa lud, criticó que tanto el entonces ministro de Salud como la jefa del Renic hayan preferido discutir que sumar esfuerzos para solucionar un problema crítico. “Todos son el Estado, todos deberían trabajar para hacer lo mejor. Probablemen te haya una responsabilidad de todos y deberíamos mejorar el sis tema, pero salir al frente y echar la culpa al otro no sirve de nada”, remarcó.
AFECTACIÓN
Días después de conocerse públicamente que el Perú se ha bía convertido en ‘Zombieland’, el Reniec tomó la decisión –cues tionable– de desactivar el registro online de defunciones, es decir, se dejó de registrar el número de fa llecidos por toda causa, incluyen
do evidentemente a los fallecidos por COVID-19. La jefa del Reniec señaló en su presentación ante el Congreso que el pasado lunes 24 de octubre se reanudaría el fun cionamiento del Sinadef. En efec to, ese día el Reniec comunicó que había activado a 14.155 usuarios válidos de los 37.880 mil que fue ron enviados por el Minsa para acceder al sistema. No obstante,
“Otros países de la región latinoamericana no tenían un sistema similar y no han podido hacer lo que nosotros hicimos durante la pandemia”
precisó que más de la mitad de los accesos solicitados presentaba in consistencias, por lo que la lista se tuvo que remitir para su revisión y validación.
Ello se materializó mediante la resolución gerencial Nº 0003652022/GG/Reniec, publicada el pasa do 15 de octubre. A partir de esa fecha, los familiares o represen tantes de funerarios, además de declarar la defunción individual mente, deberán presentar, ante las oficinas del Reniec, el certificado
manual expedido por un médico calificado con sello, firma y hue lla digital.
El ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal contó a un medio de comunicación que desde inicios de octubre perci bió una “tendencia rarísima” en el crecimiento de muertes diarias en el Sinadef. Esto lo llevó a revisar a detalle y hallar discordancia en los registros de casi todos los grupos etarios, además de observar causa les irreales de muertes. “Todo esto denota un criterio de seguridad muy débil. Se pudo haber creado tal vez preguntas secretas u otros tipos de barreras, como claves di námicas”, dijo.
“El problema es que hay fragilidad debido a un sistema de tsalud muy fraccionado. El Sinadef es importante, nos ayudó bastante para saber cuántas personas fa llecían producto del Covid-19. Por ello hay que protegerlo y defender lo”, remarcó Camila Gianella.
Una situación compleja que al final pudo llevarse de la mejor manera a un sistema pionero que en un principio sirvió para conta bilizar el número de muertes en tiempo real y de manera efectiva, nos terminó convirtiendo en una mala copia de ‘The Walking Dead.
Hace 20 años se tuvo la esperanza de que muchas problemáticas subnacionales mejorarían con el inicio del proceso de regionalización en el país. Tras las últimas Elecciones Regionales de este año, distintos especialistas vinculados a la política discutieron acerca de los avances, problemas y desafíos de la regionalización en el Perú.
Generalmente los te mas vinculados a las políticas de regiona lización no son abordados en la discusión política. No obstante, aún se mantienen las desigualda des, agudizadas en los rincones del país, además de problemáticas que se extrapolan del contexto político nacional como la corrupción, el desgobierno, la incapacidad para la gestión pública, entre otros.
Es por ello que, en el marco del Seminario Internacional “Polí tica subnacional en Ámerica Lati na”, se desarrolló en la Pontifica Universidad Católica del Perú la Mesa redonda “Elecciones Regio
nales y Municipales en Perú 2022: ¿Más continuidades que cambios?, en el que cuatro especialistas vin culados a la política comentaron los siguientes cuatro temas en el marco de estas elecciones regiona les:
LA BAJA PARTICIPACIÓN ELECTORAL, POR EL DR. JORGE ARAGÓN (PUCP)
El fenómeno de la participa ción política que va decayendo gra dualmente cada año en la mayoría de las regiones del país dado que, para una gran parte de la pobla ción estas elecciones no son vistas con un grado de importancia igual
o mayor a los procesos nacionales, cuales suceden cada cinco años.
Hay lugares en el país donde la participación electoral es menos del 70%. Un fenómeno similar su cede con la contabilización de los votos válidos frente a los votos vi ciados/nulos.
Entonces, podemos obser var un desgaste inevitable sobre el proceso de descentralización en el país que lleva cada vez a menor in terés por parte de los ciudadanos de peruanos,
No podemos hablar de ma las noticias a nivel de regiones, no obstante, la oportunidad es que se puede avanzar de nuevo el proceso de regionalización solo si hay vo luntades políticas que reduzcan la brecha entre distintos lugares del país, a través de diversas dinámi cas políticas, sociales y económi cas.
LA PRENSA POLÍTICA REGIONAL, POR LA PERIODISTA NORKA PERAL TA (OJOPÚBLICO)
La contribución de la pren sa regional en estas elecciones con distintas herramientas creativas nos han podido brindar mapeos de información relevante como las dirigidas a las investigaciones fis cales a 250 candidatos regionales y más de 1500 candidatos a munici pios locales, para que los lectores puedan tomar una mejor decisión en el marco electoral.
No obstante, es sorpresivo que a pesar de la difusión de esta investigación a través de informes
breves no resulté en la elección de autoridades limpias que no enfren ten procesos investigatorios en su contra.
Es curioso que en la región de Madre de Dios, territorio que sufre de problemas ambientales por la deforestación y la minería informal, el ganador sea un diri gente vinculado a este ilegal ru bro, además de ser investigado por delitos contra la administración pública.
Una explicación relacionada a estos resultados es que, tras una investigación de OjoPúblico, se ha lló que el 70% de la población de esta región está vinculada directa o indirectamente a la minería in formal.
Por otro lado, en la región Ancash, fue curioso hallar que muchos candidatos no registraron que tenían propiedades en sus ho jas de vida, siendo profesionales con muchos años de experiencia. En algunos casos, podría significar que estas personas están relacio nadas a alguna actividad paralela delictiva.
Tampoco podrían haber buenas noticias a nivel periodís tico, pero es importante rescatar nuevas formas en que podamos ejercer una vigilancia ciudadana y periodística.
PARTIDOS, MOVIMIENTOS Y CANDIDATOS, POR PAULO VILCA (CON SULTOR EN (50+1))
El proceso electoral da pie a lugar a campañas sin ideología, es decir, los candidatos políticos no se enfocan en construir discursos o posiciones políticas que les dis tingan ideologicamente de otros y no son temas que tengan cabida en los debates que se realizan..
Por otro lado, no tienen nin gún sentido de hablar de partidos ni de movimientos regionales, sino más bien de individuos que plan tean proyectos personalistas basa dos en la disposición de su capital económico. Entonces, las victorias y pérdidas no son sobre los parti
dos, sino sobre los candidatos.
Por último, quienes ganan estas elecciones usualmente son los políticos conocidos, quienes tienen una portátil permanente mente; son persistentes, a pesar de perder siguen participando; y tienen muchos recursos, cual, en muchos casos, está vinculados a su financiamiento, y podría ser el germén de sus futuras gestiones políticas.
Aunque, deseo ver el vaso medio lleno, ya que un buen gru po de autoridades elegidas ya han ocupado otros cargos anteriormen te, frente a un escenario donde los políticos elegidos sean novatos y les llevé a tomar un considerable tiempo de su periodo, en aprender a gestionar.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES, POR BELÉN ELÍAS
La participación de las muje res suelen cambiar en los distintos procesos electorales. Si bien hay mujeres presentes en distintos car gos en tres niveles de gobierno.
Por otro lado, estas Elec ciones Regionales han estrenado algunas reformas electorales enfo cadas en la promoción de la parti cipación equitativa de las mujeres como la alternancia de género y la normativa que sanciona el acoso político.
En función a resultados de candidaturas, la participación de candidatas mujeres ha superado el 45% en las distintas contiendas electorales a nivel local, regional y nacional.
No obstante, aún se presen tan algunos desafíos como son la discrecionalidad de los partidos políticos que, en muchos casos, pueden favorecer a candidatos asentuados en los partidos políti cos.
Por último, la gran mayoría de candidatas a la gobernación re gional son fundadoras de sus par tidos o movimientos regionales. Esto se explica a que pocas muje res tienen la capacidad suficiente de recursos para financiar sus pro pias campañas.
El internacionalista Oscar Vidarte analiza los escenarios posibles tras la victoria de Lula Da Silva en Brasil, en medio de preocupaciones e incertidumbre dada su vinculación con los casos de corrupción de Odebrecht. Por otro lado, comenta acerca de la activación de la Carta Democrática Interamericana, tras la solicitud del presidente Castillo.
POR PEDRO SALINAS
La victoria de Lula Da Sil va genera preocupación porque él directamente estuvo vinculado con el caso Lava jato, entonces esto podría generar suspicacias, más aún teniendo en cuenta la debilidad institucional de los países de la región, donde muchas veces la justicia se alinea al gobierno de turno. Entonces, co menta el Dr. Oscar Vidarte, inter nacionalista y docente PUCP, que es válida la preocupación.
Es cierto que la justicia pue de hacer frente a este tipo de situa ciones, dado que tratándose de un caso tan mediático e importante como el caso Lavajato, la justicia brasileña ha creado una serie de mecanismos para permanecer au tónoma, actuar transparente y no verse afectada frente al gobierno de turno.
No obstante, coincidente mente Odebrecht ha realizado al gunas acciones que van en contra de las promesas para una accesi bilidad en las colaboraciones que
Castillo, Lula y su liderazgo en la región latinoamericana Castillo no tiene aliados, a diferencia de Lula Da Silva. Este último tiene un liderazgo impor tante, además de alianzas con los partidos políticos. Creo que él va a formar una coalición frente a un escenario polarizado que al final no lo terminarán situando como un mandatorio delimitado.
la empresa investigada realizaba hacia los distintos entes fiscales en los países donde habían cometido delitos.
Se podría esperar que Ode brecht esté esperando mejores tiempos con Lula Da Silva en el poder, pero no se puede decir que la justicia se puede manejar fácilmente en Brasil.
Creo que la duda y preo cupación es vá lida, pero una gran parte del país considera que Lula es muy cuestionado y que es un actor corrupto. Creo que él no ha en trado al gobier no para debili tar los procesos judiciales de Lavajato ya sea interna y exter namente.
La situación de Brasil no es buena, ya que no es el contexto de la primera década del siglo 21 que fue uno del auge de los comodities y mucha demanda que en tiempos actualed que no podrá cumplir.
Creo que Lula va a tener un contexto político muy difícil, pero que por las características del lide razgo de Lula y alianzas, va a tener cierta estabilidad. Pero el desafío más importante de Lula es a ni vel económico. A Lula le va a cos tar mucho sacar a Brasil de estar circunstancias. Veo a un gobierno que creo que tiende a debilitarse rápidamente en los primeros dos años, si la economía mundial es distinta.
Si bien son situaciones dis tintas, Castillo no tiene liderazgo, partido políticos, poca presen cia en el Parlamento, ha tomado malas decisiones en materia de cuartos técnicos. En ambos países tienen o van a tener una derecha muy dura. No obstante, la derecha en Brasil ya aceptó el resultado de las elecciones.
Creo que Bolsonaro se ha dado cuenta que es mejor aceptar los resultados, ya que no esperaba buenos resultados en este proce so electoral. Si él no aceptaba los
“La justicia brasileña ha creado una serie de mecanismos para permanecer autónoma y actuar transparente frente al gobierno”Las elecciones en Brasil se realizaron en un clima de incertidumbre
resultados, podría deslegitimarse por completo. Vamos a ver si él po drá construir un liderazgo.
Siento que, aunque la na rrativa de este gobierno de Brasil es conocido: cooperación regional, este Brasil es distinto, pues ahora tendrá prioridades internas. Por más que Lula tenga la voluntad de hacer algo distinto, no veo un Brasil liderando grandes proyectos regionales.
Tal vez algunos proyectos se pueden destrabar en la región, que están planteadas en las agendas in ternacionales.
“Por más que Lula Da Silva tenga la voluntad de hacer algo distinto, no veo un Brasil liderando grandes proyectos en la región sudamericana”.
LA ACTIVACIÓN DE LA CAR TA DEMOCRÁTICA INTERAMERI CANA
Yo creo que la activación de la Carta Democrática Interameri cana es una herramienta política para “driblar” esta denuncia fiscal hacia el presidente. Pero más allá de la coyuntura, la democracia peruana se está volviendo comple tamente destruida desde hace seis años.
Creo que el problema es es tructural. La OEA debe hacer un informe en el que pueda estable cer un tipo de vínculo para unir al país. Esta organización sabe clara mente qué pasa en el país a través de distintos informes de las emba jadas y otros entes. Entonces, la vi sita presencial de dos días es sólo la última parte: reuniones cara y cara. N.
Lo positivo es que se ha nombrado un grupo de alto nivel, algo que no sé ha visto nunca en la OEA. El detalle es que por la propia composición no pueden quedarse mucho tiempo, por lo que tal vez tengan una agenda apretada.
Además de la comunicación que le enviara el Presidente perua no a Lula da Silva felicitándolo por su reciente triunfo, que lo llevaría por tercera vez a la presidencia de Brasil, días después el profesor lo llamó por teléfono, según manifes tara el mandatario en su cuenta de Twitter. Anunciando que Lula da Silva le extendió una invita ción personal a la ceremonia que se llevará a cabo en Brasilia para la toma de mando en la presidencia. Lo anterior sucede en mo mentos en que el Ministerio Pú blico de Brasil le ha suspendido la colaboración judicial a su contra parte peruana, motivo por el cual las manifestaciones que Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros ex ejecutivos de la constructora de bían de haber brindado el lunes 7 de noviembre, en la que deberían de haber ratificado (o no) que se habían entregado para la campaña presidencial del 2011 de Ollanta Humala US$ 3 millones por suge rencia de Lula da Silva.
Los aludidos ejecutivos no rindieron sus manifestaciones en la fecha prevista, y estas fueron re programadas “bajo apercibimiento de ley” en el juicio al expresidente Humala y su esposa.
El fiscal Juárez Atoche mani festó que en los poco más de dos meses que faltan hasta la nueva citación, las autoridades de Brasil deberán definir si se retoma la coo peración. Explicó que si se mantu viera la suspensión, haría valer el inciso D del artículo 383 del Có digo Procesal Penal, mediante el cual se incorporarían al juicio oral las declaraciones que Odebrecht, Barata y los otros directivos ofrecieron al Ministerio Público en anteriores oportunidades (EC 08.11.22), en las que expresaron que Humala y su esposa recibieron US$ 3 millones de la constructora para la campaña del 2011 por un pedido de Luiz Inácio Lula da Sil va, lo que sería cuestionado por los abogados de los brasileros, ingre sándose a una disputa legal.
Lima es una de las peores ciudades para conducir a nivel mundial. Caos e informalidad son el pan de cada día en las pistas de la capital.
POR RENZO SALINASMovilizarse en Lima es una de las cosas más estresantes que uno se pueda imaginar, tanto si uno utiliza el transporte público o un vehículo particular. Los datos res paldan esta afirmación: según el último Reporte urbano de percep ción sobre calidad de vida en la ciudad del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, el transporte urbano es el segundo problema que más afecta al limeño en su día a día. Incluso durante el –cri minal– encierro por el Covid-19 el transporte no dejó de ser un dolor de cabeza, aunque ciertamente en menor medida que ahora y en años anteriores al 2020.
Al ser consultada al respec to por un medio de comunicación, Patricia Alata, directora de Conoci miento de Lima Cómo Vamos, dijo que: “durante los primeros diez años de aplicación de nuestro estu dio, del 2010 al 2019, el transporte público siempre estuvo en el se gundo lugar después de inseguri dad. Solo a partir de la pandemia, en 2021, es que esta bajó y cambia ron las prioridades a algo que tenía que ver con salubridad; no obstan te, el transporte siempre está como uno de los mayores problemas para los ciudadanos porque no tenemos un transporte de calidad o formas de movernos adecuadamente para todas las personas”.
La forma en que nos mo vemos y transportamos por las ciudades adquiere un papel cada vez más importante en el desarro
llo del país. Según el “Estudio de movilidad urbana con BIG DATA” (2019), en Lima Metropolitana y el Callao se realizan diariamente 26.8 millones de viajes y el trans porte público es el modo más uti lizado (51%). Sin embargo, nadie está satisfecho.
A ello hay que añadirle ade más que es por culpa del caos de nuestro transporte que nuestro aire es uno de los más contami nados a nivel de América del Sur. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en las últimas semanas la capital ha sufrido un aumento notorio de concentraciones de PM2.5 y PM10 (partículas respira bles presentes en la atmósfera; la
“El Informe de Competitividad Global nos clasificó al Perú en el puesto 97 de 114 en términos de infraestructura de transporte”
primera proviene de las emisiones de los vehículos que usan diésel). En palabras sencillas, esto significa que el aire en toda Lima Metropo litana es prácticamente insalubre, siguiendo los índices establecidos por la Agencia de Protección Am biental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés).
Al respecto, Roy Garay, inge niero y analista en vigilancia de la calidad del aire del Senamhi, ex
plicó a un medio de comunicación que “según un diagnóstico realiza do por el Ministerio del Ambiente, el 58% del PM2.5 que se emiten a la atmósfera de Lima Metropolitana proviene del sector transporte”.
Por su parte Jimmy Jara, do cente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPC, remarcó en un seminario que es la gestión del tránsito la principal causante de la generación de gases contaminan tes, como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material par ticulado, entre otros. Sin dejar de mencionar el CO2, principal gas de efecto invernadero. Es por ello que, según el ingeniero, el crecimiento de la ciudad debe de priorizar la circulación de vehículos no moto rizados y transporte masivo que no utilice combustibles fósiles.
Cabe mencionar que, hace un par de años, en el 2019 el In
forme de Competitividad Global nos clasificó en el puesto 97 de 114 en términos de infraestructura de transporte. En pocas palabras, so mos de los últimos en materia de diseño de sistema vial.
Pero, ¿por qué estamos en trampados? Básicamente, tres son las razones por las cuales el trans porte urbano limeño es práctica mente un desastre sin remedio: el desordenado parque automotor; el peligroso régimen comisionistaafiliador bajo el cual operanla gran mayoría de unidades de transporte público (centrado en micros, com bis, taxis informales); y la prioriza ción de la construcción de vías por encima de políticas que desincen tiven el uso de autos.
La fórmula para el desastre Vamos por partes, el primer gran problema de nuestro sistema de transporte es la pésima gestión
Todos los días se vive el ‘tráficoen la ciudad de Lima
del tránsito metropolitano. Pese a tener un parque automotor sea
El segundo gran problema es el caótico transporte público y el régimen comisionista – afiliador, principal causante de que los cho feres de custers, micros y combis pierdan todo autocontrol en una peligrosísima carrera por conse guir pasajeros. El resultado: las nu merosas infracciones de tránsito, el pobre estado de conservación de los vehículos, la saturación xde las rutas y el pobre servicio ofrecido a los usuarios. A decir de Alfonso Flores, gerente general de la fun dación Transitemos, “desgraciada mente nuestro sistema [de trans porte] es de baja calidad, vehículos antiguos, frecuencias no estableci das, se toman en cualquier sitio, inseguridad. Por eso la percepción de insatisfacción es fuerte, porque el 70% de los viajes es en eso”.
relativamente pequeño (según el último informe de la Superinten dencia Nacional de Registros Públi cos (Sunarp), en Lima Metropolita na existen aproximadamente 120 autos por cada mil habitantes), la congestión vial es una de las peo res de la región: las demoras para circular por carreteras principales pueden ser de horas y los acciden tes son moneda corriente por estos lares.
Y el tercer gran problema, la falta de políticas públicas ade cuadas al contexto en el que Lima vive. De un tiempo a esta parte, las autoridades han centrado sus “esfuerzos” en la construcción de vías para tratar de aligerar el trán sito que se forma a todas horas en nuestra capital. La razón por la que este es el camino incorrecto es sim ple: el problema no es – y nunca lo ha sido– la cantidad de carros pues nuestro parque automotor es relativamente pequeño en compa ración a otros. Varios especialistas siempre han justificado ello. Por ejemplo, Juan Carlos Dextre, inge niero civil especializado en trans porte y seguridad vial con quien tuve la oportunidad de conversar hace unos días, me aseguró que “si queremos una ciudad con mayor movilidad, en realidad no debe mos apostar por más infraestruc tura para autos, sino concentrar los esfuerzos en mejorar la red del transporte público”.
Una reforma olvidada Vivimos en una jungla de cemento. Pese a la famosa refor ma del transporte anuncia ya hace más de cinco años, el caos parece imperturbable. Los grandes proyec
“En Lima existen aproximadamente 120 autos por cada mil habitantes), la congestión vial es una de las peores de la región?
tos de transporte público (Metro politano y el Metro de Lima) van a un ritmo tan lento como el de nuestros viajes diarios por la capi tal. La Autoridad de Transporte Ur bano (ATU) carece del impacto que prometió tener al momento de su creación en el 2018. El especialista en transporte Lino de la Barrera coincide en señalar que los vecinos de Lima Metropolitana no sienten que sus viajes en la ciudad hayan mejorado.
“Cuando se creó la ATU, hay que entender teníamos una reali dad en que dos municipalidades peleaban permanente para ver quién predominaba. La idea era organizarse a través de una insti tución que dependiera del MTC para que eso no ocurra. A la larga se ha recibido el Metropolitano, y sigue tal cual. El desarrollo de los kilómetros adicionales lo ha hecho la Municipalidad de Lima, no ATU. Tenemos corredores que siguen siendo los tres, no hay más corre dores complementarios. El trans porte tradicional sigue siendo el mismo”, evaluó.
A ello hay que añadirle ade más los muchos intentos por parte del gobierno de Pedro Castillo de entregar la institución a los trans portistas informales, razón por la cual los ojos de los medios de co municación y de la ciudadanía en general se posaron sobre la gestión del infame exministro prófugo de la justicia Juan Silva Villegas.
Un sistema de transporte como el nuestro afecta directa mente a sus usuarios. Graves im pactos en la salud pública por el estrés que genera desplazarse; en la economía por el elevado gasto en pasajes; y en nuestro bienes tar, pues una persona puede pasar cuatro horas diarias en un bus de transporte público.
¿Qué hacer?
Definitivamente, todavía nos espera un largo camino para poder ser una ciudad en donde un viaje de poco más de 10 kilóme tros no demore en realizarse más de cuatro horas. Según algunas estimaciones hechas por especia listas en transporte, Lima estará
en condiciones de avanzar en las soluciones de sus principales pro blemas del transporte y de conta minación recién al 2030, para que los habitantes recuperen el tiempo que pierden en el actual tránsito caótico y dejen de exponerse a los accidentes y a los altos niveles de polución, esto a su vez contribuirá con la mejora de su calidad de vida y de su productividad.
Hay que tener estrategias claras, metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se debe educar a la ciudadanía en educa ción vial. Además, se debe crear un sistema de buses intermodal. El transporte no es un juego, pues de él dependen en gran medida las riendas económicas del país.
Debemos exigir un cambio, no podemos seguir viviendo en una jungla de cemento. Conver sando con un transeúnte mientras esperaba el bus para ir a su trabajo, me dijo algo sencillo pero contun dente, pese a no ser un especialista en la materia: “hierba mala nunca muere… hasta que se la saca desde la raíz”.
