Paz elitista

se acumule la labor para una gran implementación, la cual puede durar años o siglos, y quedar prisionera de la maraña burocrática del aparato estatal1 .

También se debe controvertir la negación a buscar una salida dialogada a los fenómenos de violencia ligados a las economías ilícitas, tales como el narcotráfico y la minería ilegal. Con el falso argumento de que se tiende a confundir ese tipo de violencia con la política, se cierra la posibilidad de encontrar una salida sociojurídica a la “guerra contra las drogas”, que se convirtió en un componente de alto impacto en la sociedad colombiana y en el mundo en general. La paz no puede seguir siendo fragmentaria y parcial, pues su único efecto es postergar la violencia, haciéndola cada vez más letal e indiscriminada.

Paz elitista

Por último, se hace imprescindible controvertir el rango que ostenta la política de paz en un país con violencia crónica desde la perspectiva que la presenta como una política secundaria, débil, discontinua y restringida a unos cuantos funcionarios.

La paz debe dejar de ser una apuesta de gobiernos para convertirse en una agenda de Estado2. Como política de Estado, es necesario resaltar que por primera vez un Gobierno define la paz como objetivo de la política de seguridad y abandona el enfoque de la seguridad nacional, cuyos resultados se miden “por bajas” y no por vidas. Cuando hablamos de política de Estado se quiere decir que debe comprometer al Estado en todas sus instancias y niveles, así como mediante distintos y sucesivos gobiernos, para que todos, en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política, tengan la tarea de perseguir la paz como fin supremo. Esto implica, entre otros asuntos, que tanto los acuerdos de paz como las mesas de negociaciones y los procesos de sometimiento que se alcancen con un grupo deben continuar su curso e implementación en los gobiernos siguientes, y no pueden interrumpirse por voluntad personal o partidista.

En este sentido, uno de los reproches que se hace a la Paz Total es que es “ambiciosa”. Por lo que hay que preguntar, ¿por qué la guerra y la política del “enemigo interno”, que han sido ilimitadas, que se han desplegado de una manera tan compleja, que han contado con el Estado en su conjunto, con tantos recursos nacionales y extranjeros, la voluntad política para escalar la confrontación militar a niveles exorbitantes y de una manera tan extensiva, nunca ha recibido la crítica de ser una política ambiciosa?, ¿por qué ahora sí se hace con la paz, que por primera vez ocupa el lugar central que merece?

Pero, además, esta concepción implica que el diálogo no es solo con actores armados, sino con las fuerzas vivas de la sociedad que confluyen en propósitos nacionales. La Paz Total es que la ciudadanía pueda ejercer la acción democrática y política, y transformar las expresiones de violencia en escenarios de diálogo. Para hacer realidad las transformaciones que requiere el país se necesita más que la negociación entre grupos armados y el Estado. La Paz Total también implica la convergencia de voluntades de distintos actores en los fines estatales. El mejor ejemplo de esto es el reciente y trascendental acuerdo celebrado entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la poderosa federación de ganaderos colombianos, Fedegán, mediante el cual se van a comprar tres millones de hectáreas de tierra para entregarlas a campesinos y poblaciones rurales. Esto significa la participación decisiva de las comunidades, de las iglesias, de organizaciones humanitarias y de autoridades locales. La conformación de territorios o regiones de paz, como lo contempla la ley que define la Paz Total, es una apuesta para que allí mismo se adelanten diálogos ciudadanos vinculantes para llegar a la paz.

En consecuencia, como lo reclamamos para el mundo, lo buscaremos para nuestro país. La Paz Total como fin en la historia de las guerras que han surcado nuestros territorios, que producen millones de víctimas, que degradan los valores y comportamientos sociales, que elevan a niveles insospechados la codicia, que irrigan y destruyen el tejido social, que producen el contexto favorable a la consolidación de las transnacionales del narcotráfico, que profundizan la corrupción y la subordinación de las instituciones del sistema político a nefastos propósitos, que destruyen el medio ambiente y que hoy, en definitiva, pueden acabar con la Humanidad.

En conclusión, la definición de la Paz Total implica que es absoluta y perpetua, multidimensional e integral, que es una política de Estado y un movimiento que expresa el poder ciudadano para transformar la realidad de sociedades que han padecido en forma crónica el odio y la muerte violenta.

Referencias

Bobbio, N. (2008). El problema de la guerra y las vías de la paz. Gedisa.

Camacho, C., Garrido, M. y Gutiérrez, D. (Eds.). (2008). Paz en la República. Colombia, siglo XIX. Universidad Externado de Colombia.

Gutiérrez, F. (2020). ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? Penguin Random House.

Kant, I. (s. f.). La paz perpetua.

Villarraga, Á. (2013). Movimiento ciudadano y social por la paz. Gente Nueva.

Notas

* Este artículo fue publicado primero en el diario El País (España), el 7 de noviembre del 2022; se publica en este dossier por la importancia de su contenido y con la debida autorización del autor.

1 Según cálculos recientes, al Estado colombiano le tomaría 43 años indemnizar a las millones de víctimas del conflicto armado y las violencias. 2 Así se definió en la ley que prorroga la Ley 418 de 1997, en la que se establece la política de paz de Estado.