de la implementación

recursos de inversión. En el PMI, el 29,2 % de los recursos de la implementación provienen de esta fuente.

Sistema General de Regalías (SGR)

Este sistema distribuye los recursos provenientes de los pagos efectuados por las empresas que se encargan de la explotación de recursos naturales no renovables. En términos de la distribución, se creó la Asignación para la Paz, que destina el 7 % de los recursos del sistema para temas de implementación. En el gobierno de Iván Duque se estableció que estos recursos serían destinados a los 170 municipios incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En el PMI, el 15,2 % de los recursos provienen de esta fuente.

Recursos propios de los entes territoriales

Este es uno de los puntos más complejos, pues en la estructura de finanzas públicas territoriales es muy limitada, dado que depende de los cobros por impuesto predial y de industria y comercio, sobretasas, multas y estampillas. De acuerdo con el PMI, el 4,3 % de los recursos se obtendrán de esta fuente.

Cooperación internacional

De esta fuente se previó que el 8,9 % de los recursos financiarían la implementación. Para su gestión se creó el Fondo Colombia en Paz como forma de gestión de los diversos aportes que realiza la comunidad internacional.

Privados

Para incluir estos rubros se cuenta con el mecanismo de obras por impuestos, que consiste en la entrega de beneficios tributarios a privados que realicen obras en los 322 municipios priorizados en las zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC).

Un balance sobre lo administrativo y lo presupuestario: el sombrío panorama de la implementación

La perspectiva de la implementación del AFP hoy es crítica en la mayoría de sus aspectos: el avance en los puntos del Acuerdo es mínimo, la situación de seguridad de los excombatientes es precaria y los cambios institucionales no se han completado. No obstante, como mencionamos en la introducción, nuestro análisis se concentra en las dimensiones administrativas y presupues-

tarias del AFP, sobre la base de la siguiente idea-fuerza: que la condición de posibilidad para la implementación de un acuerdo de paz parte de 1) su inclusión dentro de las inercias administrativas de un Estado, es decir, de que se integre efectivamente a la lógica del funcionamiento de las instituciones; y 2) de la garantía de financiación coherente con la perspectiva de transformación que los mismos proponen, esto es, aflojar el presupuesto para materializar los cambios que implica una paz que no se limita al silencio de los fusiles.

Con respecto al primer elemento, suscribimos el acumulado analítico del Centro de Pensamiento y Diálogo Político de la Universidad Nacional, que lo ha caracterizado como producto de la simulación. De acuerdo con CEPDIPO, tanto en el gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018) como en el de Iván Duque (2018-2022) los tomadores de decisión se mantuvieron en la hipótesis de que las acciones contenidas en el AFP se podían incluir dentro de las funciones misionales y de Gobierno de las distintas entidades del orden nacional y sus expresiones territoriales (Valencia, 2021c). Como resultado de lo anterior, hasta el día de hoy no existen en las instituciones encargadas proyectos de inversión específicos que se formulen desde la particularidad de la visión del AFP, lo que determina que no exista en la inercia administrativa una verdadera traducción que garantice que se destinen recursos, funcionarios y tiempos institucionales para cumplir con lo acordado.

Un segundo elemento importante en relación con la articulación administrativa tiene que ver con la dinámica de saboteo a la puesta en marcha de las herramientas de planeación contenidas en el AFP. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se asumió la construcción del PMI como una mera formalidad que debía limitarse a que el AFP encajara con las acciones en las que las instituciones ya se ocupaban. Para el caso del último cuatrienio, caracterizado en el reciente informe de empalme con un gobierno que obró deliberadamente para debilitar el AFP (Valencia, 2021c), el sabotaje se reflejó en el incumplimiento de la reforma constitucional que instaba a incluir un capítulo específico de paz en el PND y en el plan plurianual de inversiones. Contrario a ello, el gobierno Duque promovió una perspectiva de paz —la denominada “paz con legalidad”— que, de hecho, no se acerca ni en lo conceptual ni en lo práctico a las propuestas del AFP (Estrada, 2019; Valencia, 2021a; Valencia et al., 2018b).

Sobre el segundo elemento, el de la financiación, el panorama es el siguiente:

• Existe una desfinanciación estructural, debido al costeo en el PMI, que está muy por debajo de las estimaciones de entes como Fedesarrollo y

Bank of America (Valencia et al., 2018a, 2018b).