La Paz Total y otros actores armados

vo escalamiento de violencia obedece, entre otras cosas, a las denominadas zonas posFARC, cuyos territorios fueron paulatinamente ocupados por grupos armados ilegales, como “Los Pelusos”, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, también conocidas como El Clan del Golfo) y, por supuesto, el ELN. Por ejemplo, parte de la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo, que desde ese periodo está sufriendo una guerra enconada entre el Estado, Los Pelusos y una estructura del ELN, obedece precisamente a la disputa territorial que dejaron las extintas FARC-EP en la región.

Según cifras del observatorio de DD. HH., conflictividades y paz de Indepaz, durante el cuatrienio 2018-20221 fueron asesinados 957 líderes sociales, siendo el año 2020 —el año del confinamiento por la pandemia— el de mayor violencia contra los líderes y lideresas, con un total de 308 víctimas (Indepaz, 2022). De igual forma, los firmantes y excombatientes asesinados durante ese periodo fueron 261, de modo que el 2019 fue el más letal para ellos, con un total de 78 excombatientes asesinados. Finalmente, en cuanto a las masacres, Indepaz reportó 313, con el 2021 como el año más violento, con 95 casos que dejaron 335 víctimas. En resumen, el panorama del país en cuanto a la crisis humanitaria es bastante complejo debido a un considerable escalamiento de violencia, que algunos analistas consideran como una nueva etapa del conflicto armado colombiano.

Este fue el país que recibió el nuevo gobierno de Gustavo Petro y, con él, también la imperiosa tarea de reducir estas cifras y desactivar los avatares de esta nueva etapa del conflicto. Así las cosas, el presidente Petro y las bancadas de gobierno están impulsando una política integral que desde varias aristas pretende consolidar lo que se ha denominado Paz Total. Este breve ensayo tiene la intención de señalar algunos retos y dilemas en los que posiblemente se verá envuelta la política de Paz Total, dificultades en el plano social y humanitario como también en el campo político.

La Paz Total y otros actores armados…

Durante el presente año se vivieron dos paros armados por parte de grupos distintos. Por un lado, el del ELN, entre el 23 y el 26 de febrero (Rodríguez Vera, 2022), y, por otro, el de las AGC desde el 5 hasta el 10 de mayo (Pares, 2022). Durante el paro del ELN se calcularon aproximadamente 65 acciones, cuya mayoría se concentró, sobre todo, en la región del Cauca y Norte de Santander, mientras que las AGC tuvieron sus acciones en el noroccidente del país y en la costa Atlántica, con un aproximado de 145 afectaciones en dichos territorios.

El anterior panorama puede brindarnos distintas lecciones, pero aquí se pretende resaltar una en específico. Exponía Fernando Cubides en su obra Burocracias armadas (2006) que, en el plano del conflicto armado, las distintas organizaciones tienen una tendencia a calcar su estructura organizativa. Sin embargo, vale la pena indicar que esta mimesis también tiene sus efectos en los repertorios de acción armada de los grupos, como también el sentido con que se orientan dichas acciones.

Después de una fallida negociación entre el gobierno de Iván Duque y el ELN debido a las demandas del entonces presidente de cesar las acciones ilegales en el país, y al ataque a la Escuela de Policía en Bogotá por parte de la guerrilla en enero del 2019 (Villarraga, 2022), las negociaciones ya no quedaron en vilo, sino que fracasaron por completo. En el caso de las AGC, es importante recordar que, en el pasado reciente, en el gobierno Duque, antes de la captura del máximo comandante de esta organización, Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel” (El Espectador, 2021), durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el máximo líder de esta estructura había manifestado a través de una carta su intención de iniciar un proceso de sometimiento (El Colombiano, 2017).

Siendo el 2022 año de elecciones, existía el riesgo de que resurgiera el problema de la seguridad y la paz como un punto neurálgico de la agenda política del país. Así, entonces, los paros armados fueron una muestra de capacidad de desestabilización de ambas organizaciones que indicaba que el poder de estas no era minúsculo y refleja, entre otras cosas, la fallida estrategia militar del gobierno de Iván Duque para diezmar a estas organizaciones. Por tanto, el candidato presidencial que llegase a posesionarse estaría obligado a enfrentarse a unas estructuras con suficiente capacidad para paralizar los territorios y la economía, con la reafirmación de que la política de confrontación militar había fracasado.

La Paz Total es un viraje en la política de Estado para abordar el problema de la paz y lo que como gobierno denomina “seguridad humana”. Además del elemento esencial de la participación social en los famosos diálogos regionales, el gobierno Petro tiene la intención de adelantar negociaciones con grupos armados al margen de la ley y acercamientos con grupos armados organizados o estructuras organizadas de alto impacto.

El 14 de septiembre del presente año el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, había presentado algunos esbozos sobre la política de Paz Total. En lo concerniente a los grupos armados, el comisionado indicaba que el país estaba próximo a un cese al fuego multilateral de los diferentes grupos armados