LA PAZ TOTAL REGIONAL: CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA�������������������

Ángelo Mauricio Victoria Russi

Abogado especialista en Derecho administrativo y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad Libre, Seccional Cali, y de la Universidad del Valle

Las discusiones sobre la paz han estado en la escena política nacional durante las últimas décadas, con ocasión de la intensidad del conflicto armado interno. Anteriores gobiernos, como el de Belisario Betancur y su diálogo con la Coordinadora Guerrillera —del cual surgió la Unión Patriótica que luego sería casi exterminada por el Estado y el paramilitarismo—, el de Andrés Pastrana con las FARC-EP, que implicó el despeje de una vasta zona que, tras el fracaso del diálogo, volvería a ser militarizada para ser aprovechada políticamente por la derecha montaraz terrateniente representada en el uribismo. El más reciente, el de Juan Manual Santos —clasista y neoliberal—, que le apostó a un proceso de paz con la guerrilla más duradera y antigua del mundo y que con muchas dificultades consiguió concretar un acuerdo que le valió un Nobel de Paz, pero que pareciera repetir la parábola anterior de cientos de asesinatos de los combatientes firmantes ya desmovilizados. Finalmente, en este último cuatrienio, el expresidente Iván Duque desperdició la oportunidad de avanzar con el acuerdo que había heredado de su predecesor y se dedicó a volverlo trizas o, en su defecto, a ralentizarlo hasta donde pudo.

Ahora, Gustavo Petro y su equipo, encabezado por el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, le apuestan a la implementación plena del acuerdo y su expansión mediante lo que ha llamado la “Paz Total”, que incluye no solo a los grupos violentos declarados en rebeldía (delincuencia política como la subversión), sino a todo aquel que desafía al Estado (delincuencia común, como el paramilitarismo y el narcotráfico) con el fin de impedir la perpetuación de la miseria de quienes se ven incursos en sus dinámicas delincuenciales y de la población que los rodea.

La idea, arriesgada y audaz, es que los mandatarios y las autoridades regionales de los departamentos y municipios tengan las herramientas legales y sociales que nunca han tenido para sortear las dificultades que les causan los actores violentos en su jurisdicción. No se trata de hacer procesos de paz con los violentos, sino de estar en capacidad de aplicar el derecho internacional humanitario y tomar otras medidas similares sin tener que esperar directrices del Gobierno nacional central, pues los tiempos en tardanza se contabilizan en muertes. Si estas facultades ya existieran, los alcaldes de ciudades como Tuluá, en el Valle del Cauca, podrían estar capoteando la crisis de seguridad que tiene a la ciudad con incrementos absurdos de extorsión (150 %) y hurtos, como el de vehículos (133 %). El modelo de paz de arriba hacia abajo ha mostrado su fracaso, por lo que es un imperativo ensayar con uno que empiece desde lo local, pues Colombia tiene violencias distintas en su geografía que son invisibles desde Bogotá.

Esto va en consonancia con lo que se viene planteando desde el acuerdo del 2016: la paz debe tener enfoque territorial, más allá de los límites de localidades con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, por supuesto, se debe centrar la atención en la ruralidad, epicentro de las violencias centenarias de la nación, razón por la cual el primer punto del acuerdo abordó la históricamente postergada Reforma Rural Integral. La meta planteada es formalizar siete millones de hectáreas y adquirir tres millones más para que una vez se encuentren tituladas se controle la frontera agrícola y se fortalezca la seguridad y la soberanía alimentaria con iniciativas comunitarias que se reúnan alrededor de zonas de reserva campesina (ZRC), una figura jurídica que ya estaba estipulada desde 1994 con la Ley 160, y de la cual han surgido solo ocho zonas por múltiples obstáculos técnicos y otros no tan técnicos, como la evidente estigmatización que han cargado por ser supuestamente territorios que sirven de guarida a la insurgencia.

En atención a los tres millones de hectáreas enunciadas, el valor histórico del acuerdo logrado entre el gobierno Petro y la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegán), representada por el señor José Félix Lafaurie, irá creciendo

si logra materializarse tal como se acordó. Lograría, entonces, saldar parcialmente la deuda histórica con el campesinado colombiano. Sin embargo, si no se cumple, se convertirá en una nueva claudicación ante los intereses del latifundismo nacional y una burla al gobierno alternativo.

Son innegables y fundadas las críticas de un sector de la izquierda que advierte que posiblemente el Estado le termine comprando la tierra que despojaron o con la que lavan sus activos a ciertos paramilitares y narcotraficantes que siempre han sabido camuflarse como prestantes ganaderos y caballistas. Por eso, los detalles en la implementación de este acuerdo son de máximo cuidado, y el punto más importante es que tres millones de hectáreas pasen a manos de campesinos víctimas del conflicto. Esto activaría el cumplimiento del primer punto del acuerdo de paz, mientras, a la par, se formalizan otros siete millones de hectáreas. Además, si se suma la aprobación del Tratado de Escazú, estaremos ante un buen inicio para la solución definitiva del problema del agro en Colombia, como sucedió en su momento en Corea del Sur.

A primera vista, y con la pasión encendida por el triunfo electoral, en ánimo justiciero ciertamente parece mejor echar mano de la legal y legítima extinción de dominio sobre estos predios, pero, ante la amenaza nada falaz de activación y rearme de estos empresarios, que reciclaría un nuevo periodo de violencias por décadas, o por lo menos de pleitos jurídicos que durarían lo mismo, parece más sensata la compraventa con toda su complejidad. Los ganaderos pierden también al renunciar a tierras fértiles por la amenaza de una alta tributación y, en este momento, ver reducido su espacio político por obra de que su discurso incendiario fascista (como el de la senadora Cabal, esposa de Lafaurie) quede en el aire. Con muchas dudas, no será nada fácil materializar la adquisición suscrita que conlleva un plan integral de asistencia al campesino en todo aspecto; no intentarlo sería una traición al mandato popular que recibió el presidente de la República.

Un territorio óptimo y que necesita desarrollar los postulados de la Paz Total es la zona montañosa del centro del Valle del Cauca, lugar en el que siempre hicieron presencia las FARC-EP y, posteriormente, el paramilitarismo, pero donde, a su vez, ya existen avances, como la iniciativa de establecer formalmente una ZRC. Esta región contempla en su zona urbana el valle geográfico, mientras la zona rural montañosa se ubica en el margen occidental de la Cordillera Central (el margen oriental pertenece hoy al departamento del Tolima). Es en esta zona, entregada a militares que tuvieron que ver con las guerras de independencia en su montaña media y alta, donde ahora se pretende gestionar la creación de la ZRC, por parte de la comunidad campesina. Este es, en efecto, un terreno fértil para la agricultura, pero, por lo mismo, ha sido centro

de conflictos históricos a lo largo del siglo XX, antecedidos por problemas de tierras en la zona plana y ribereña desde el siglo XVII.

La nobleza se asentó en la cédulas reales de Caloto, Cali, Buga y Cartago, mientras los indígenas fueron enviados en un proceso de reducción de aborígenes a la periferia regional del valle geográfico donde resistieron, en los actuales Quilichao, Palmira y Yumbo, antes los “pueblos de indios” de Yunde, Yanaconas, Arroyohondo y Yumbo, de la “ciudad de españoles” Cali; y en Tuluá, antes los “pueblos de indios” relegados en las aldeas de Amaime, Candelaria, Guacarí, Zabaletas y San Bartolomé de Tuluá, de la “ciudad de españoles” Buga. No es gratuito, entonces, que conflictos por la tierra hayan tenido asiento histórico en el corazón del Valle, con tradición de resistencia frente al establecimiento.

Esta lucha de clases contribuyó en la formación y la transformación del territorio centro vallecaucano, que fue escalando a medida que transcurrió el siglo XIX, asumiendo formas jurídicas, pero sin abandonar la faceta violenta.

Ya en el siglo XX, la montaña enclavada en la Cordillera Central fue el escenario donde la faz violenta prevaleció sobre la jurídica, siendo el epicentro de La Violencia. “Urbano Campo” fue el seudónimo utilizado por Jacques Aprile-Gniset para ilustrar el periodo de La Violencia y su relación con la urbanización del Valle del Cauca en Violencia y urbanización en el Valle (1980). La hipótesis que se desarrolla en el texto es que la urbanización de las principales ciudades del departamento, excluyendo a Cali, no se debió precisamente a la industrialización del país en la década del cincuenta, que atrajo mano de obra a los centros urbanos, sino al desplazamiento forzado que ocasionó la violencia expresada en los colores políticos azul y rojo. El libro muestra el proceso histórico del despojo en el centro y el norte del Valle del Cauca, empezando en el siglo XIX, cuando a un general de apellido Cancino, que peleó en las batallas por la independencia, le fueron adjudicadas las tierras de media y alta montaña centrovallecaucana sobre la Cordillera Central. Este las heredó a sus descendientes, mientras colonos provenientes de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, el Eje Cafetero y Antioquia fueron llegando a trabajarlas con cultivos de papa y ganado.

Cuando estos colonos se estabilizaron en el siglo XX con sus familias, después de haber abierto monte, aparecieron personas con experiencia en fundar municipios por medio del despojo, como Leocadio Salazar, un risaraldense que edificó los municipios de Ulloa y Trujillo. Existieron similitudes con la urbanización de los monopolios económicos, como el caso de Nestlé en Bugalagrande, multinacional suiza-norteamericana dedicada allí a producción lechera, o el de los ingenios azucareros a lo largo de todo el valle geográfico; uno de estos

Fotografía por: Ricardo León

ingenios sumó a su estrategia un accionar político jurídico desde sus inicios con el exembajador gringo de apellido Eder, que supo extender y perpetuar su emporio económico con su clan familiar.

Otras investigaciones también apuntan a que las causas del periodo violento no fueron multicausales con incidencia predominante de la política, sino casi que exclusivamente fueron un problema de tierras, de su distribución y despojo, tal como ya se había vivido en siglos pasados. La evidencia científica, por lo menos entre 1948 y 1965, fue una exploración de sumarios judiciales de tipo penal y civil en el distrito judicial de Buga (Gómez et al., 2007). Con estudios más extensos, se ha mostrado la misma dinámica en las municipalidades nortevallecaucanas desde finales del siglo XIX y durante el XX, atribuidas a La Violencia por detrás de otros departamentos a los que emigraron los colonos, que habrían de poblar tanto la Cordillera Central como Occidental del Valle (Betancourt, 1988).

Otras narrativas tienen la misma orientación, como la literaria, donde es inevitable mencionar al “Cóndor” León María Lozano, quien, armado por el Estado, a nombre del partido Conservador y sin ver el trasfondo económico de la guerra latifundista de las élites por la tierra, dirigió el ejército paramilitar de aquel momento y flageló las zonas rurales (Álvarez Gardeazábal, 1971). Este relato traspasó las fronteras físicas —se publicó en varias lenguas— e incluso artísticas, porque fue llevado al cine1. Asimismo, en cuanto a crónicas, debe citarse la obra de Molano (2017), quien nos ofrece un pasaje sobre la atmósfera apremiante del lugar objeto de nuestro análisis.

En las décadas posteriores el aparecimiento del narcotráfico fue desvaneciendo el tinte partidista del conflicto por la tierra en la región, mientras las FARC-EP se afincaron definitivamente en la zona. Más tarde, su intensidad permaneció baja hasta las postrimerías del siglo XX, cuando hizo presencia el paramilitarismo, con el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la presencia de grupos armados al margen de la ley en la zona y la guerra por el control del territorio fueron algunas de las causas que impidieron a los campesinos ser beneficiarios de la restitución de tierras (CNMH, 2014). El mismo ente calculó que entre 1984 y el 2017 hubo 25.596 personas desplazadas por todos los grupos armados (CNMH, 2018), pero la organización no gubernamental CODHES, refiriéndose concretamente a la incursión paramilitar en la región entre 1999 y 2001, estimó que 1704 personas del campo fueron desplazadas solo al casco urbano de Tuluá (CODHES, 2001).

La intensidad del conflicto volvió a amainar con la conversión de las AUC en bandas criminales (bacrim), que se afincaron en los cascos urbanos a raíz del

proceso de paz de Santa Fe de Ralito en el 2005. Más adelante, siguió desescalándose con el proceso de paz que llevó a la firma del acuerdo del 2016; sin embargo, la pronta inaplicación —o implementación deficiente— del acuerdo, especialmente en lo que concierne a su primer punto sobre la Reforma Rural Integral, provocó que la violencia se acentuara en el 2018, con la llegada de un nuevo gobierno uribista. Así, volvió a subir la intensidad del conflicto en el sentido de que las disidencias de la antigua guerrillera, por los incumplimientos del Estado, se armaron y montaron un bloque autodenominado “Adán Izquierdo”, que no solo combate a la Fuerza Pública y afecta a la población civil, sino que ha llegado a declarar como objetivo militar a sus antiguos compañeros que se desmovilizaron y hacen abiertamente política con un partido político formalizado, que cuenta con una bancada parlamentaria transitoria.

Es este el panorama de un territorio propicio para desarrollar los postulados de la Paz Total, o “paz grande”, como ha preferido denominarla Francisco de Roux, en la que las disputas de la tierra han sido una constante histórica. En el siglo XXI se nos ofrece un contexto de concentración de tierra que ubica al Valle del Cauca como el quinto departamento con mayor concentración, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011), con un índice Gini de tierras por encima de 0,8.

Referencias

Álvarez Gardeazábal, G. (1971). Cóndores no entierran todos los días. Plaza y Janés.

Aprile-Gniset, J. (1980). Urbanización y violencia en el Valle. Universidad del Valle.

Aprile-Gniset, J. (2010). Notas sobre la fundación de Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca.

Betancourt, E., D. (1998). Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos: las organizaciones mafiosas del Valle del Cauca entre la historia, la memoria y el relato, 1890-1997. Antropos.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2013). Esbozo de una memoria institucional. La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Imprenta Nacional.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2014). Patrones y campesinos. Tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca 1960-2012. Imprenta Nacional.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2018). Bloque Calima de las AUC. Depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano. Informe No. 2. Imprenta Nacional

Congreso de Colombia. (3 de agosto de 1994). Ley 160 de 1994: por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. DO 41 479.

Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES). (2001). Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento No. 35. CODHES.

Gómez Trujillo, O., Urrutia Noel, E. y Cruz Alvarez, L. D. (2007). La violencia en el centro del Valle del Cauca, 1948-1965. Unidad Central del Valle del Cauca; Matriz de Acuerdos de Paz Iniciativa Barómetro.

Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. (2021). El Acuerdo Final de Colombia en tiempos del Covid-19: Apropiación institucional y ciudadana como clave de la implementación. Matriz de Acuerdos de Paz Iniciativa Barómetro-Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz; Escuela Keough de Asuntos Globales.

Molano, A. (2017). Los años del tropel. Debolsillo.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humanos. PNUD. Victoria Russi, Á. (2016) A propósito de “Cóndores no entierran todos los días”. Revista Awasca, 28.

Notas

1 Con dirección de Francisco Nordem y estrenada en 1985, la película Cóndores no entierran todos los días fue de los primeros largometrajes colombianos seleccionados en festivales internacionales de cine independiente. Fue filmada en Boyacá y no en el Valle, y se basó en las técnicas del neorrealismo italiano (Victoria Russi, 2016).

RETOS, DILEMAS, CERTEZAS E INCERTIDUMBRES DE LA PAZ TOTAL