ABECÉ DE LA PAZ TOTAL EN COLOMBIA: DEL CENTRO A LOS TERRITORIOS �������������������������������������������������������������������������������������

Alejo Vargas Velásquez

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, de la misma Universidad

Mauricio Jaramillo Jassir

Profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, de la Universidad del Rosario

Una de las políticas más emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez consiste en la denominada “Paz Total”, una ambiciosa estrategia para alcanzar el ideal pactado según la Constitución de 1991, cuyo espíritu se extravió con el paso de los años. El reto para el primer gobierno progresista de la historia es de la mayor complejidad, por lo cual el artículo propone una lectura de la propuesta desde algunos de sus ejes fundamentales, como la humanización del conflicto, la creación de zonas de paz, el nuevo enfoque sobre las drogas y la reconfiguración de roles para la Fuerza Pública. Se trata de entender una de las trasformaciones más significativas de la política de paz, seguridad y defensa de las últimas décadas, y la apuesta por concretar, de una vez por todas, la paz como fin esencial del Estado.

La Paz Total ha sido planteada por el gobierno actual como la realización de la promesa de la Constitución del 91, cuando se le elevó a uno de los “fines esenciales del Estado” en su artículo 22. Sin embargo, en los años posteriores y, en particular, desde comienzos de siglo, ese objetivo se extravió y la doctrina de seguridad colombiana se superpuso a los derechos humanos, y dejó en el

Fotografía por: Víctor de Currea-Lugo

ambiente la sensación de que la política de defensa nacional era incompatible con determinadas garantías individuales, sociales y colectivas.

En esta lógica, entre el 2002 y el 2010 hizo carrera el argumento de que la presencia del Estado significaba la ubicación de estaciones de Policía a lo largo y ancho del territorio, el cual equipara control con presencia. Mientras el primero asume que el Estado no es solo la Fuerza Pública, sino el conjunto de instituciones en materia de justicia, salud y educación, entre otras, la segunda alude al patrullaje en manos de la Fuerza Pública, que, aunque en el plano psicológico genere la sensación de protección, al final no resuelve la inseguridad y pospone las salidas de fondo.

Se trata de un proceder contrario a las lecciones dejadas por los diferentes procesos de paz con las guerrillas, de los cuales quedó, entre muchas enseñanzas, que la inseguridad también se explica por causas sociales, y aunque el esfuerzo armado y la recuperación del monopolio de la violencia sean indispensables, también es necesario ampliar el concepto de seguridad nacional a una versión más integral y multidimensional, hasta llegar a la versión que el actual gobierno reivindica: la humana.

En virtud de esa concepción, que pone a los derechos humanos en el centro de la seguridad y la defensa, surgió el concepto de Paz Total, el cual se apoya en varios pilares que podrían resumirse en: la humanización y desescalamiento del conflicto y sus múltiples manifestaciones; la negociación de paz con todos los grupos armados, claro está diferenciada a partir de estructuras, fines y trayectorias; nuevos roles para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que incluye su reforma y cambio doctrinal; la creación de zonas de paz con enfoques diferenciados y donde primará la idea de que solo la inversión social puede remediar la violencia estructural, y la transferencia de competencias y responsabilidades a gobiernos subnacionales para tramitar la paz. Sin embargo, hay por el momento un vacío, y es la carencia pública de un documento de política que recoja lo anterior.

Como consecuencia de todo ello, podemos extender para el debate nacional que la Paz Total conlleva, por lo menos, seis grandes ejes: 1) reiniciar las conversaciones con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el punto donde quedaron al final del gobierno de Juan Manuel Santos; 2) la implementación integral del Acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) con todos sus componentes; 3) iniciar unas conversaciones con las denominadas disidencias de las extintas FARC-EP, o con algunos sectores de ellas, para que logren reincorporarse al Acuerdo de Paz de La Habana; 4) ofrecer a los grupos de crimen organizado su “acogimien-