Zonas de paz y territorios como sujetos activos del proceso

territorios, en las que han surgido propuestas de construcción de paz desde la propia comunidad. Perspectiva que refleja una lógica compatible con la idea del Gobierno nacional de asumir como vinculante lo que se decida en las regiones. Dicho de otro modo, en este desescalamiento o en la denominada humanización del conflicto, es imprescindible profundizar el proceso de descentralización consagrado en la Constitución del 91, pero ralentizado mediante contrarreformas ejecutadas en los años posteriores.

Zonas de paz y territorios como sujetos activos del proceso

Con la Ley de Orden Público que modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, la administración de Gustavo Petro y Francia Márquez buscará la construcción de paz desde lo local, por eso se contemplan los “diálogos sociales humanitarios” que otorgan la posibilidad a los mandatarios locales de negociar condiciones para aliviar la situación humanitaria.

También se pretende consolidar un fondo para la paz entre ministerios, entendible como una apuesta por transversalizar la paz sin que haya ninguna cartera al margen, con el objeto de integrar esfuerzos y que no se entienda que la responsabilidad es exclusiva de la Oficina del Alto Comisionado de Paz o de quienes participan de la negociación.

Para apoyar esta labor en los territorios se tiene previsto el trabajo de “comisionados de paz regionales”, quienes tienen el deber de adelantar el tema en las zonas donde la violencia es más intensa. Este abordaje complementa los esfuerzos consignados en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, en el que se incluyeron enfoques diferenciados según criterios étnicos, de género o territoriales; esto último sucedió con la creación de los dieciséis Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que cubren el 36 % del territorio nacional.

Lo anterior parte de una resignificación del servicio militar obligatorio, el cual sería reemplazado por una labor social que cambiaría de manera drástica la relación de los jóvenes con el Estado. Una de las motivaciones del servicio militar consistía en generar un sentido de pertenencia hacia las Fuerzas Militares y de Policía, al tiempo que se prestaba un servicio al país. Sin embargo, ese propósito se pervirtió y su prestación se convirtió en responsabilidad eximida para las elites. Además, para la construcción de una relación más dinámica entre sociedad y Fuerzas Pública existen otros escenarios. Por eso, se propone recrear el vínculo entre jóvenes y Estado con un servicio social vinculado a la paz, la defensa del medio ambiente o el trabajo con víctimas.