A seis años de la implementación

Gobierno nacional transferiría los recursos de cada excombatiente (los ocho millones de pesos destinados para proyectos productivos) a un fondo común administrado por Ecomún, la entidad encargada de ejecutar los proyectos productivos. Esta misma presentaría informes periódicos de ejecución de recursos ante el CNR (AFP, Punto 3.2.2.6., p. 74). A la vez, el AFP abre a los excombatientes que así lo deseen la posibilidad de emprender proyectos individuales.

Aparte de generar un ingreso a los excombatientes afiliados a los proyectos productivos colectivos gestionados por Ecomún, también se aportaría a la preservación y el fortalecimiento de la comunidad tras su tránsito a la vida civil, con lo que se supera el modelo del DDR, que solo llevaría a engrosar el universo del trabajo precario e informal. Además, al adoptar una visión todavía más amplia, se aportaría a la construcción de un nuevo orden económico basado en los principios de solidaridad, cooperación, comunidad y justicia distributiva y ambiental, haciéndole contrapeso al capitalismo neoliberal en Colombia.

La propuesta de Ecomún estaba íntimamente ligada con la estrategia política del nuevo partido que surgiría después de la firma del AFP, primero como Partido FARC y luego el Partido Comunes, ambos dirigidos a la preservación de la comunidad de las FARC-EP.

A seis años de la implementación

Durante los cuatro años de su mandato, el gobierno Duque cumplió con algunas de sus obligaciones en términos de reincorporación. El 95 % del universo de 14.033 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz (OACP) recibió su asignación única de normalización de dos millones de pesos. El subsidio estatal (un 90 % del salario mínimo) es consignado cada mes en las cuentas bancarias del 88 % de los excombatientes. Hay 9659 excombatientes beneficiados con proyectos, es decir, han recibido los ocho millones de pesos para establecer su proyecto productivo (Agencia para la Reincorporación y la Normalización [ARN], 2022). Entonces, si queremos ver el vaso medio lleno tenemos con qué llenarlo: recursos invertidos por un total de más de noventa mil millones de pesos.

Sin embargo, hay ciertas mediciones cuantitativas que no se han hecho o se han hecho, pero de manera insuficiente. Por ejemplo, a seis años de la firma del AFP, ¿cuántas personas en proceso de reincorporación pueden ganarse el sustento diario a partir de su proyecto productivo, ya sea colectivo o individual? ¿Cuántas cooperativas creadas por los excombatientes tienen posibilidades de tener éxito en los próximos años? ¿Cuántos proyectos productivos

Fotografía por: Víctor de Currea-Lugo

individuales hay con viabilidad futura? ¿Cuántos excombatientes han ingresado a la educación superior? ¿Cuántos hubieran deseado ingresar, pero no pudieron y por qué razones?

Asimismo, es importante conocer evaluaciones cualitativas del proceso de reincorporación, por ejemplo, sobre la preparación de primaria y secundaria en el marco de los proyectos Arando la Educación y Maestro Itinerante. ¿Cuál es el nivel educativo de estos programas?, ¿son suficientes para aspirar a la universidad?, ¿tuvieron continuidad en el tiempo?, ¿hubo suficiente oferta, tanto en la ruralidad como en las ciudades, ante el éxodo que hubo desde los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) hacia las ciudades más cercanas? Pero también sería interesante conocer más sobre la oferta de ayuda psicosocial a los excombatientes: ¿fue suficiente, satisfactoria y aportó para resolver necesidades?

Pero más allá de mediciones cualitativas y cuantitativas, es útil también entender el desplazamiento que hubo en el enfoque de la reincorporación y cómo el Gobierno, desde un inicio, le apostó a la reinserción con el enfoque de un proceso de DDR “tradicional”, sobre todo a partir de la individualización del proceso de reincorporación y con la agencia estatal para tal fin, la ARN, que por su trayectoria desmovilizadora durante el conflicto y su experiencia con otros procesos de paz hizo lo que sabe hacer: desarrollar rutas de reincorporaciones individuales y asistenciales. A pesar de que el nombre de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) fue modificado por el de Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el enfoque no cambió. La necesidad de las personas en proceso de reincorporación por resolver su situación económica y la lentitud en la aprobación de proyectos colectivos ha hecho que muchos se vuelquen hacia proyectos individuales.

El colectivo de excombatientes creó Ecomún, con el aval del AFP, para ser la entidad ejecutora de los proyectos productivos colectivos, pero fue desplazado por la ARN, que terminó con la administración del dinero de la reincorporación de los excombatientes, lo cual constituye un flagrante incumplimiento de lo establecido por el AFP. De esta manera y poco a poco, la ARN se ha perfilado como la entidad encargada de la ejecución de la reincorporación, mientras que el espacio por excelencia de decisión de la orientación de la reincorporación es el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)-Comunes.

Esto nos lleva a un problema espinoso de la reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP: el vínculo, desde un inicio, entre la reincorporación política y la reincorporación económica. Como ya se ha dicho, la estrategia de reincorporación fue vista como una sola, en la que los diferentes procesos eco-