Retos en la implementación del Acuerdo de Final y acciones de Gobierno para la construcción de la Paz Total

administración pública colombiana. Esto se refleja en la magnitud de disposiciones que contiene el referido Acuerdo, que en la lectura del Instituto Kroc, entidad responsable de su seguimiento, alcanza 578 y son definidas como “compromisos concretos, observables y medibles, las cuales se encuentran en sentido estricto basadas en el texto del Acuerdo Final” (Instituto Kroc, 2022); la segunda fuente de verificación de esta magnitud, en términos de políticas públicas, es el Plan de Acción y Seguimiento (PAS), del Conpes 3932, por el cual se adoptan “Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial”, que identifica 501 indicadores.

En este contexto, la confianza se sitúa como eje central de la Paz Total, pues, por un lado, el Gobierno nacional ha demostrado ser sensible al clamor de paz de las comunidades, requiere generar confianza y garantías para los alzados en armas y, al mismo tiempo, por el otro, debe reducir de forma sustancial tanto los hechos como la percepción de corrupción. Con ello demostrará que no solo es sensible, sino también capaz de resolver el flagelo de la guerra y construir la Paz Total.

Por eso, este artículo se concentra en el análisis de la construcción de confianza para el logro de la Paz Total, en el reconocimiento de que la relación entre estas dos categorías es mutuamente determinante, pues sin confianza no es viable hablar de paz, pero, al mismo tiempo, sin paz no es posible hablar de confianza. Para ello, el resto del artículo abordará los siguientes aspectos: 1) retos en la implementación del Acuerdo de Final y acciones de gobierno para la construcción de la Paz Total; 2) transparencia, probidad y lucha contra la corrupción en la implementación del Acuerdo Final y la construcción de la Paz Total, y 3) empoderamiento ciudadano en la implementación del Acuerdo de Paz y el respaldo a la Paz Total.

Retos en la implementación del Acuerdo de Final y acciones de Gobierno para la construcción de la Paz Total

Al momento de escribir este artículo, se ha anunciado el reinicio de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, así como la intención de entablar múltiples diálogos con grupos armados.

También se ha anunciado un importante movimiento de redistribución de tierras a partir de la compra de tres millones de hectáreas a los ganaderos para entregarlas a campesinos y comunidades étnicas sin tierra o con tierra insuficiente.

Se tramita una reforma política, se ha reactivado el Consejo Nacional de Reincorporación, se han acompañado asambleas de campesinos cocaleros, se han anunciado cambios en los procedimientos para que los predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) lleguen a manera de arrendamiento o comodato a las organizaciones sociales, se ha puesto en el escenario internacional la necesidad de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas y se ha convocado a una asamblea de países productores de drogas ilegales. También se reconoce el valor del Informe Final de la Comisión de la Verdad y desde su posesión el presidente del República se comprometió con la implementación de las recomendaciones hechas, entre otros anuncios y decisiones.

Todas estas acciones son muestra de la voluntad real del Gobierno para cumplir con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera. Cada uno hace parte de los compromisos del Estado con la extinta guerrilla de las FARC-EP. Sin embargo, el hecho de que estas medidas se adelanten con tal celeridad, luego de cuatro años de virtual parálisis de la implementación del Acuerdo, conllevan al menos dos dudas sobre su implementación real.

En primer lugar, la transformación del conflicto implica tanto cambios en las dinámicas de la confrontación armada como en la dinámica de control territorial y se puede suponer que hay una pérdida de confianza de las comunidades en la capacidad del Estado por cumplir con los Acuerdos hechos, así como con su deber de llevar la paz y la tranquilidad a todo el territorio nacional.

Aunada a esta pérdida de esperanza está la ausencia de espacios de participación ciudadana para la construcción de las propuestas y un posible periodo de estancamiento en la promoción de nuevas acciones para la construcción de la paz, cuando se deban hacer transformaciones con la participación de las comunidades. Esto puede estar también en el centro de los problemas de implementación de los acuerdos que se alcancen con la guerrilla del ELN. Sobre los últimos dos aspectos se profundizará a continuación.

Procesos de participación en la implementación de los acuerdos

La participación en la implementación de los acuerdos de paz aparece como un componente transversal en cada uno de los puntos del Acuerdo Final, y como parte de lo que permaneció durante los últimos cuatro años se pueden destacar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Sin embargo, la falta de apropiación, tanto de los principios orientadores del Acuerdo en cada uno de sus puntos como de la integralidad y la complementariedad de las acciones pactadas, por un lado, y la falta de asignación de recursos para la implementación de estos programas que pretendían construir una visión de mediano plazo sobre los territorios más afectados por el conflicto armado, por otro, han generado una pérdida de credibilidad por parte de las comunidades en la eficacia del Estado para cumplir con lo pactado y un desgaste de los procesos de participación asociados.

Algo similar se puede presumir a consecuencia de la falta de garantías para los excombatientes de las FARC-EP, pues sin perjuicio de la autoría material de los asesinatos de los excombatientes que se han perpetrado en estos años, la responsabilidad última de su protección recaía en el Estado, para lo cual se había diseñado un acuerdo especial denominado “Acuerdo sobre las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de paz, lo que incluye a las organizaciones criminales denominadas como "sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. Acuerdo que ha demostrado con suficiencia su inoperancia y que conlleva a preguntar: ¿cómo vamos a reconvocar a los excombatientes a la implementación del Acuerdo de Paz, cuando han llevado una de las peores partes del incumplimiento del Gobierno?

Mientras estos procesos de desgaste se dan en las comunidades y los sujetos principales del Acuerdo Final, en el resto de la sociedad el cierre institucional frente a su implementación, así como la crisis socioeconómica que vivimos han generado el traslado de la agenda pública a otros aspectos, por lo que la implementación de otros compromisos del Acuerdo que requieren el concurso de la sociedad colombiana pueden implicar dificultades que en el 2016 no se veían asociadas con la transformación del sujeto social que tenga como meta la paz, con las limitaciones fiscales versus los recursos necesarios para la implementación del Acuerdo y con el diálogo de lo pactado frente a las transformaciones institucionales y la política social del gobierno Petro.

En consecuencia, es posible que en el futuro inmediato el Gobierno nacional se enfrente a la disyuntiva entre mantener la celeridad en la implementación del Acuerdo Final y garantizar la participación ciudadana. Cualquiera que sea la solución que se adopte, por la coyuntura, mucho más que por la voluntad, quedarán vacíos que deben ser analizados y atendidos por el movimiento so-

cial, el Congreso y el mismo Gobierno nacional, a fin de evitar que al cabo de estos cuatro años se reabran los ciclos de violencia y desconfianza entre las comunidades, los actores armados y el Estado.

Implementación de los acuerdos alcanzados con el ELN

A diferencia del acuerdo preliminar entre las comisiones negociadoras del Gobierno y las FARC-EP, “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, el Gobierno nacional anunció la implementación de los acuerdos que se alcancen con el ELN. Si bien esto puede aumentar la confianza del grupo guerrillero en el proceso de paz, e inclusive fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para su implementación, trae retos importantes al poner en diálogo una nueva agenda de discusión entre las comunidades y las instituciones.

Es preciso recordar que la propuesta inicial del ELN para el desarrollo de diálogos de paz con los diferentes gobiernos es el desarrollo de una Asamblea Nacional en la que se discuta con la sociedad civil los puntos que se plantean para repensar el desarrollo socioeconómico nacional. Por tanto, el anuncio del Gobierno de una implementación escalonada es posible que signifique la apertura de una agenda de diálogo participativo. Esto significaría un cambio drástico frente a la manera como se desarrollaron los diálogos con las FARCEP, que podría conllevar a la reactivación de parte del sujeto social que mantiene la bandera de la paz desde la sociedad civil.

Sin embargo, el desarrollo de esta posible agenda puede encontrarse con dificultades asociadas con el desgaste de los procesos de participación, al pasar de años de alta esperanza e incidencia en la implementación temprana del Acuerdo Final a la casi extinción de la incidencia por cuenta del recorte fiscal y de gestión frente a la implementación de este, y ahora de nuevo surge una convocatoria constante que esperamos que sea incidente en la gestión del actual gobierno. Empieza por la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en poco tiempo, a manera de movilización permanente, para rodear al Ejecutivo ante las tensiones sociales que las profundas reformas anunciadas para las próximas legislaturas desatarán casi con toda seguridad.

El reto, entonces, se centrará en garantizar un equilibrio y una motivación constantemente alimentada, para que en medio de las múltiples agendas se dé a la guerrilla el espacio que requiere en el propósito de desarrollar la agenda planteada y se llegue a soluciones eficientes que permitan, al final, abrazar la paz también con este grupo político alzado en armas.