Consolidación de la paz

14. Ampliar la figura de los jueces de paz y conciliadores en pequeñas causas.

15. Promover la figura de los gestores de paz para presos políticos y sociales, quienes por reducción de sus penas trabajen en actividades de paz, reconciliación y acción social.

Consolidación de la paz

Si bien hacer la paz es una actividad difícil, lo es aún mucho más consolidarla, en la que, a todas vistas, la cultura de paz cumple un rol fundamental; en la medida en que se alcancen los acuerdos que pongan fin a las violencias, las partes— pero fundamentalmente el Estado— deben darles cumplimiento a los acuerdos, en el marco de la regla de oro Pacta Sunt Servanda, con un enfoque de “dialogar para pactar, pactar para cumplir, y cumplir para cambiar”. En esto no puede haber excusa ni licencia, ni siquiera deberá esgrimirse como causa de incumplimiento, el incumplimiento de otros compromisarios; aquí deberá ponerse a prueba el principio ético del cumplimiento: “cumplir, aunque me incumplan”.

Por otra parte, le corresponderá al Estado hacer una revisión, ajuste y actualización con el enfoque de la Paz Total, a todos los acuerdos de paz que se han pactado en los años anteriores, fundamentalmente, a los procesos conocidos como las “paces de los noventa” y “las paces de los años 2000”; conviene que esa actualización se haga como una especie de homologación, en la que novedades de las paces de hoy favorezcan a las paces de ayer, así como también el espíritu de la Paz Total permita subsanar errores, cumplir lo incumplido y, sobre todo, cerrar procesos punitivos aún abiertos de manera injustificada.

Conviene también insistir en que, por hacer las paces con los factores y actores de violencia, el Estado no podrá atar sus manos para actuar frente a la criminalidad u otras formas de violencia supérstites. Ante retornos de formas violentas que quieran o pretendan persistir, el Estado cuenta con los instrumentos de ley, a los que deberá acudir para dar cumplimiento al mandato constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y comunidades, en todo tiempo y lugar de la República, y de la funcionalidad de la institucionalidad democrática.

En esto no puede haber equívocos ni pausas, ni puede abrirse paréntesis alguno. El Estado deberá actuar frente a todos los fenómenos violentos una vez alcanzada la paz; para ello deberá diseñar una política pública de alta policía, en la que las autoridades judiciales y la Policía, como órgano civil, sean

los protagonistas en la persecución del delito y de la impunidad; eso sí, bajo una nueva doctrina de seguridad y defensa, en la que la vida, el derecho y los derechos humanos prevalezcan. En este sentido, el concepto del “enemigo interno” debe ser proscrito y borrado de la interpretación y actuación de las autoridades y de la institucionalidad. En cambio, el concepto de “seguridad humana” ha de ser prevalente por sobre otras nociones de seguridad que se pretendan erigir.

El Estado colombiano deberá proyectarse más allá de las fronteras; su relacionamiento con el mundo exterior, es decir, con la comunidad internacional, ha de ser en términos eminentemente pacíficos, para lo cual contará siempre y en todo momento con la acción política y diplomática, tanto para alcanzar niveles de entendimiento, cooperación y hermanamiento con los pueblos y naciones como para contribuir mediante la cooperación y la ayuda a otros que las necesiten y que Colombia les puede suministrar. El Estado colombiano deberá proyectarse como un país de paz que, gracias a sus experiencias, puede ofrecer al mundo lecciones a ser consultadas en otros contextos conflictivos de otras latitudes.

Colombia deberá retirarse de aquellas prácticas y tratados en los que se nos vincula militarmente, pues el Estado colombiano deberá ofrecer lo mejor que tiene: la paz que alcance; máxime, cuando se pretende desarrollar la paz en términos de totalidad, pues sería un contrasentido que Colombia logre la Paz Total en el interior del país y participe en procesos militares o bélicos en otras latitudes del mundo.

Por ello conviene que Colombia denuncie y renuncie a participar en tratados como el desueto y anacrónico Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), u otros de naturaleza parecida. Deberá retirarse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque su vínculo con esta sea de observador.

Asimismo, no se entenderá que un país que alcance la Paz Total mantenga altos niveles en su gasto militar, pues ya no los necesitará, y más bien estos recursos pueden y deben destinarse a la inversión social y a la construcción de la paz y la convivencia pacífica.