CONFLICTO ARMADO, DIH, DD. HH., SALUD MENTAL Y PAZ TOTAL �������

Jorge Enrique Acero Triviño

Abogado, psicólogo, neuropsicólogo clínico, jurídico y forense, y profesor universitario

El conflicto armado y social que durante décadas ha sufrido el pueblo colombiano, en especial las poblaciones rurales (campesinas, indígenas y afrodescendientes) y las urbanas (líderes sindicales, gremiales, estudiantiles y docentes), o aquellas personas que piensan, sienten y/o actúan diferente a la “mayoría” del status quo, promueve una variedad de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) y violaciones a los derechos humanos (DD. HH.) en contra de la población civil que habita en los territorios en los que están presentes los actores armados. Sin duda, su actuar violento afecta la salud física, psicológica y emocional de quienes participan de las hostilidades y de las víctimas del conflicto armado, lo que constituye un problema de salud pública.

Charry-Lozano (2016, p. 55), en "Impactos psicológicos y psicosociales en víctimas sobrevivientes de masacre selectiva en el marco del conflicto en el suroccidente colombiano en el 2011", postula lo siguiente:

[…] el conflicto armado en Colombia ha hecho que en la disputa los diferentes actores ejecuten conductas victimizantes en aras de controlar a la po

blación, castigarla, obtener ganancias militares, o eliminar o desplazar a un grupo étnico o religioso; y es así como las víctimas en Colombia han estado expuestas —como tácticas de guerra— a homicidios perpetrados contra comunidades con el fin de causar su desplazamiento, a actos de tortura, a tratos crueles degradantes e inhumanos, a secuestro y secuestros colectivos, a desaparición forzada, a tomas armadas de diferentes poblaciones, a masacres indiscriminadas de civiles, a masacres selectivas, a homicidios, a delitos contra la libertad y la integridad sexual, a la violencia de género, a minas antipersonales, a reclutamiento forzado y de menores, y al abandono o despojo forzado de tierras.

Agrega la autora, “el conflicto armado transformó escenarios comunitarios en lugares de miedo, truncó proyectos de vida y provocó humillaciones inenarrables, incertidumbres y pérdidas de la identidad” (p. 55).

Ahora bien, las infracciones al DIH y las violaciones de los DD. HH., como consecuencia de conductas violentas presentadas dentro del conflicto armado, abarcan un inmenso “ramillete” de conductas punibles tipificadas en la legislación penal colombiana y en la normativa penal internacional que menoscaban la salud física y mental de quienes están implicados en el conflicto. A diario, en algunos casos, se enfrentan a eventos traumáticos o en otros los reexperimentan, lo que conlleva la aparición y el agravamiento de trastornos psicológicos y emocionales, con la presencia de un malestar psicológico clínicamente significativo que afecta las áreas de ajuste en los niveles personal, familiar, laboral, social y comunitario de quienes los padecen, además de la funcionalidad en las actividades de la vida diaria.

Con el propósito de tenerlas en cuenta, entre las conductas punibles a las que se ha hecho mención se presentan, entre otras, homicidios agravados y de persona protegida; feminicidios; inducción al aborto; lesiones personales físicas y psíquicas; tortura agravada y de persona protegida; violencia sexual agravada y de persona protegida; prostitución forzada o esclavitud sexual; utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; perfidia; actos de terrorismo; actos de barbarie; tratos inhumanos y degradantes; actos de discriminación racial, toma de rehenes; detención ilegal y privación del debido proceso; constreñimiento a apoyo bélico; despojo en el campo de batalla; omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria; obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias; destrucción y apropiación de bienes protegidos; destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario; destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto; ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas; represalias; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; atentados a la subsistencia

y devastación; omisión de medidas de protección a la población civil; reclutamiento ilícito; exacción o contribuciones arbitrarias; destrucción del medio ambiente; desaparición forzada; secuestros; apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo; privación ilegal de la libertad; prolongación ilícita de privación de la libertad; detención arbitraria especial; desconocimiento de hábeas corpus; desplazamiento forzado; tráfico de personas; hurto y extorsión; usurpación de tierras y daño en bien ajeno, entre otras, que “generan una gran cantidad de víctimas, entre las cuales se ubican personas en situación de desplazamiento, desapariciones forzadas, exposición a actos violentos, masacres y muertes violentas” (Campo-Arias et al., 2014; Palacio, 2016, citados en Cudris y Barrios, 2018, p. 80), que en demasiados eventos ni se investigan y quedan en la total impunidad, lo que ocasiona revictimizaciones con el agravamiento en la salud mental de las víctimas.

En cuanto a la definición de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el preámbulo de su constitución que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y que entró en vigor el 7 de abril de 1948, ha considerado, hasta la actualidad, la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, por tanto, la salud física y mental va más allá de la ausencia de enfermedad y busca un estado de bien-estar para el ser humano. La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones.

La definición de salud mental en Colombia se encuentra en la Ley 1616 de 2013:

[…] como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad […] La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas. (art. 3)

En el ámbito psicológico y emocional se presentan trastornos psicopatológicos, psiquiátricos y alteraciones neuropsicológicas, cuya génesis o agra-

vamiento son consecuencia del conflicto armado y de la multiviolencia que de él se desprende, sin interesar cuáles son los grupos armados generadores de violencia, ya sean al margen de la ley o pertenecientes a la institucionalidad o amparados por ella (guerrillas, paramilitarismo, Fuerza Pública u organizaciones del crimen organizado).

En cuanto a afectaciones en víctimas del conflicto armado están el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión, ideación suicida, ataques de pánico y consumo de sustancias psicoactivas, así como trastornos de somatización y de la alimentación. Además, se identificó la disminución de los niveles de calidad de vida, la ruptura de las redes sociales y afectivas, la modificación de los roles familiares y el desarraigo cultural (Charry-Lozano, 2016).

En lo relacionado con los trastornos psicológicos que se presentan en el marco de conflicto armado, Cudris y Barrios (2018) establecieron que los municipios violentos presentaban prevalencias más altas de trastornos de ansiedad, depresión, posible trastorno de estrés postraumático y consumo de cigarrillo; en cuanto al consumo de alcohol, era más frecuente en municipios con menor intensidad del conflicto. En la misma línea, Gómez Restrepo et al. (2016), citados por Cudris y Barrios (2018), encontraron que:

[…] la proximidad y la persistencia de eventos de conflicto armado se relacionan con una mayor prevalencia de problemas y trastornos mentales, lo cual lleva a la necesidad de planear intervenciones desde la salud pública que permitan mitigar el daño, tanto en situación de conflicto como tras este. La asociación entre estas variables es compleja y se entrelazan otros aspectos como el tipo de exposición, la intensidad, el tiempo ocurrido, posiblemente haberse desplazado y las características culturales que podrían influir en la adaptación y la capacidad de resiliencia de los individuos. (p. 80)

De igual manera (Cudris y Barrios, 2018, con cita de varios autores), en las víctimas del conflicto armado se encuentran, como principales impactos psicológicos, los siguientes: trastornos de estrés postraumático, del estado de ánimo, de ansiedad y depresión, por fobia, por consumo de alcohol con patrón no especificado y riesgo o intento suicida. Asimismo, se identifica la disminución de los niveles de calidad de vida, rupturas de las redes sociales y afectivas, modificaciones de los roles familiares y desarraigo cultural. La presencia de daño psicológico, incluso cinco años después de las vivencias de las situaciones de violencia, evidencian el daño prolongado y real, en términos de salud mental, si se tienen en cuenta los impactos transgeneracionales de los traumas, en especial en este tipo de vivencias, cuestión que se agudiza según el tipo de violencia experimentada, la convivencia en el mismo contexto con

los victimarios y el desplazamiento forzado. Estos problemas de salud mental, como consecuencia de la violencia, requieren consideraciones psicosociales específicas para la formulación de planes integrales de intervención.

Las personas víctimas del conflicto armado que presentan estrés postraumático —el cual aparece tras la vivencia de un suceso muy amenazante o catastrófico, como, por ejemplo, las situaciones traumáticas a las cuales fueron expuestas en casos de desplazamientos forzados—, además del trastorno psicopatológico, pueden presentar alteraciones neuropsicológicas en los dominios de atención y memoria, lo que les ocasiona un deterioro importante en su bienestar y calidad de vida.

Sobre estas alteraciones neuropsicológicas, Luna et al. (2018) llevaron a cabo una investigación con personas víctimas del conflicto armado colombiano que sufrieron desplazamiento forzado, unas con trastorno de estrés postraumático (TEPT) y otras sin él, con el objeto de determinar su rendimiento en los procesos atencionales y mnémicos, por medio de una evaluación neuropsicológica. Las personas que presentaban TEPT se asociaban con alteraciones atencionales. En cuanto al dominio de memoria, no se encontró una relación directa entre TEPT y el proceso mnémico. No obstante, entre los hallazgos, las investigadoras encontraron que en el desempeño global del circuito atención-memoria se observó una alteración leve, con mayor incidencia en personas sin TEPT, aunque existen casos de baja representatividad de las personas con TEPT que demuestran alteración leve y severa en los dominios de atención y memoria.

De forma similar, la salud mental de los actores armados también se encuentra alterada. En un artículo publicado por Moreno et al. (2020) se revela una serie de estudios que dan cuenta de diferentes afectaciones en la salud mental, producto de las dinámicas del conflicto armado colombiano, tanto en actores legales como ilegales. Entre estos estudios cita a Chimunja et al. (2018), quienes describen lo siguiente:

[…] la prevalencia de enfermedades mentales y sus factores asociados en una muestra de 49 historias clínicas de oficiales del Ejército Nacional de Colombia, vinculado a las dinámicas directas del conflicto armado. Basado en los análisis cuantitativos de corte retrospectivo, se encontró que 30 personas fueron diagnosticadas con Trastorno de estrés postraumático (61 %) (TEPT), 11 con diagnósticos relacionados con la esquizofrenia (20 %) y en menor medida y distribución cuadros de depresión (4 %), trastornos de adaptación (2 %), trastornos psicóticos (4 %), trastornos de la personalidad (2 %) y trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de

cocaína. En relación con los factores asociados se determinaron elementos como: exposición a eventos traumáticos y estresantes, antecedentes psiquiátricos personales y familiares. (p. 7)

En lo que tiene que ver con trastornos psiquiátricos de actores ilegales, Chimunja et al. (2018) indican:

De La Espriella y Falla (2009) realizan un acercamiento a la salud mental de un grupo de 76 desmovilizados de grupos paramilitares y guerrilleros, pertenecientes al programa de la Alta Consejería para la Reinserción (ACR). En las historias clínicas se encontraron antecedentes de diversos diagnósticos psiquiátricos, entre los que se destacan: dependencia a múltiples sustancias, trastorno de control de impulsos, esquizofrenia paranoide, episodio psicótico agudo, episodio depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno afectivo bipolar, retardo mental, trastorno límite de la personalidad, trastorno psicopático y trastorno esquizoide, además de ideación suicida. Sin embargo, no se encontró presencia de TEPT. (p. 8)

Por su parte, Tobón et al. (2015), citados en Chimunja et al. (2018), afirman:

[…] describieron y compararon las características psiquiátricas, cognitivas y emocionales entre un grupo de 63 excombatientes de grupos armados ilegales y un grupo control (población civil), mediante un protocolo de evaluación psicológica y neuropsicológica. En primer lugar, en términos del perfil psiquiátrico, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los trastornos de la personalidad antisocial y el trastorno disocial de la conducta. En segundo lugar, en la evaluación del perfil cognitivo, se evidencia en el grupo de excombatientes un peor desempeño y una mayor puntuación en la variable distrés personal, en el subcomponente empático, adicional, se evidencia poca planeación y bajo control inhibitorio. Por último, en relación con el perfil emocional y procesamiento de la información, se encontraron diferencias al momento de reconocer emociones positivas como la alegría, con una mayor prevalencia en el grupo control. (p. 8)

Dentro de su discusión y conclusiones, Chimunja et al. (2018) revelan que,

[…] se evidencia una baja producción científica relacionada con las categorías de salud mental en los actores armados del conflicto […]. Por otra parte, resulta significativo mencionar que la producción científica existente tiene un enfoque cuantitativo, de modo que desconoce las identidades culturales, ideológicas y las dinámicas propias del conflicto interno colombiano,

único a nivel mundial, caracterizado por un prolongado tiempo de desarrollo, una fuerte oposición de ideales políticos por sobre los derechos y la vida humana, influencia del narcotráfico, abandono estatal y perpetuación de desigualdades sociales y económicas. Estos elementos retrasan una comprensión integral del conflicto, los diversos actores partícipes en este y las consecuencias a nivel de la salud mental, que a su vez interfieren con la implementación de programas de atención humanitaria eficaces para víctimas, actores armados, población civil y sociedad en general. En segundo lugar, la discusión previa hace evidente la falta de políticas y legislaciones para la atención a población armada, legal e ilegal, partícipe en el conflicto; dado que las legislaciones actuales centran su atención en población víctima. Estos modelos de atención deben estar enmarcados en enfoques diferenciales, teniendo en cuenta elementos individuales, ideológicos, históricos y políticos descritos en investigaciones y reportes previos. Lo anterior garantizaría una atención sustentada en prácticas basadas en evidencia empírica para actores armados legales e ilegales. Por último, se sugieren realizar futuras investigaciones, programas y desarrollo de políticas públicas que focalicen sus acciones en estas poblaciones, las cuales también son garantes de derechos. Adicionalmente, estos actores, por su historia de vida en relación con el conflicto, están predispuestos a presentar mayor afectación en su salud mental. (p. 15)

Para finalizar, los impactos en cuanto a salud mental que traería la Paz Total serían los siguientes:

1. Los territorios quedarían sin actores armados ilegales, con lo cual bajarían las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH, y mejoraría de forma ostensible la salud mental de las comunidades.

2. Se restablecería el tejido social y la paz sostenible.

3. Las víctimas podrían acceder de forma material a sus aspiraciones de justicia, verdad, reparación y acciones de no repetición, en pro de su salud mental.

4. Facilitaría un desarrollo adecuado en atención a la salud mental de la población civil afectada por el conflicto armado y de los actores legales e ilegales, con la implementación de las respectivas políticas públicas con enfoques diferenciales.

5. Se implementarían políticas públicas tendientes a desarrollar la Ley 1616 de 2013 sobre salud mental.

Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 599, por la cual se expide el Código Penal. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/ norma_pdf.php?i=6388

Congreso de la República de Colombia. (2013). Ley 1616 por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones. http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1616_2013.html

Cudris, L. y Barrios, A. (2018). Malestar psicológico en víctimas del conflicto armado. Revista CS, 26, 75-90. https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/ revista_cs/article/view/2654/3564

Charry-Lozano, L. (2016). Impactos psicológicos y psicosociales en víctimas sobrevivientes de masacre selectiva en el marco del conflicto en el suroccidente colombiano en el 2011. Colombia Forense 3(2), 53-61. file:///C:/Users/ usuario/Documents/Downloads/1756-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4525-1-10-20170809.pdf

Luna, J., Rodríguez, P. D. y Hernández, I. (2018). Perfil neuropsicológico de atención y memoria en víctimas del conflicto armado colombiano. Revista de Psicología, 36(2), 701-718. https://pdfs.semanticscholar.org/5a7e/01c2cc0305a6ca2f63ab5d090b56419fa477.pdf

Moreno, L., Silva, B., Gómez, M. y Bustos, T. (2020). Salud mental de actores armados, legales e ilegales, en el conflicto armado interno colombiano. Revista Euritmia 4, 4-17. https://www.researchgate.net/publication/357032966_SALUD_MENTAL_DE_ACTORES_ARMADOS_LEGALES_E_ILEGALES_EN_EL_ CONFLICTO_ARMADO_INTERNO_COLOMBIANO

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2002). World Report on Violence and Health: Summary. Washington: Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. https://www.bing.com/search?q=Organizaci%C3%B3n+Mundial+de+la+Salud-OMS+(2002).+World+report+on+violence+and+health%3A+Summary.+Washington%3A+Oficina+Regional+para+las+Am%C3%A9ricas+de+la+Organizaci%C3%B3n+Mundial+de+la+Salud.&cvid=20c675bf49ea4590a31602b2a3430683&aqs=edge..69i57.1988j0j1&pglt=41&FORM=ANNTA1&PC=U531

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