La sociedad civil en la propuesta de paz con el ELN

Orinoquia, Nororiental, Noroccidental y Eje Cafetero, Suroccidente y Región Central.

• La segunda fue la Cumbre de Mujeres y Paz. Esta tuvo dos versiones, con más de mil trescientas participantes, y se instituyó gracias a la alianza de ocho organizaciones, redes y plataformas de mujeres que se agruparon para trabajar propuestas que permitieron cimentar y determinar un enfoque de género que se discutió en la Mesa de negociación y se tuvo en cuenta en los puntos acordados por la Agenda.

• Y la tercera, la iniciativa de aquellas víctimas que participaron en las visitas directas, en total sesenta, con el objetivo de llevar su testimonio a ambas delegaciones y donar a la Mesa objetos que retrataran la crudeza del conflicto y la importancia de llegar a acuerdos para construir un nuevo país. Allí fue cotidiano el uso de pancartas, cadenas y fotos de quienes padecieron el conflicto armado —estos fueron algunos de los objetos que se dejaron en exposición permanente en el Palacio de Convenciones en La Habana, donde se desarrollaron las conversaciones— de manera que acompañaran a las delegaciones hasta la firma del Acuerdo Final (Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Presidencia de la República de Colombia, 2018, p. 49).

En síntesis, en las negociaciones de La Habana, las organizaciones de la sociedad civil cumplieron un rol esencial en el proceso de paz. Lograron ampliar los temas que se trataron en la agenda, la apropiación pública del proceso, la legitimidad de los resultados y la obtención de una mayor durabilidad y sostenibilidad para la paz (Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Presidencia de la República de Colombia, 2018, p. 217). Fue un proceso en el que se lograron desarrollar actos demostrativos y exitosos de promoción de la participación ciudadana y, mediante ella, se alcanzaron a proveer mejores escenarios posibles para la generación de condiciones de desarrollo y paz (Maldonado, 2016).

La sociedad civil en la propuesta de paz con el ELN

El ELN es la única guerrilla colombiana con la que no se ha alcanzado una salida negociada de la guerra. A pesar de esto, es también la agrupación armada con la que, en un mayor número de intentos, el Gobierno y la sociedad civil han buscado acercamientos e inicios de diálogos para conseguir este objetivo (Valencia, 2019). Durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), el ELN fue una guerrilla que, a pesar de su importancia, no atendió el llamado a la negociación por parte del Gobierno nacional. Las demás agrupaciones guerrilleras, como las FARC-EP, el M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y

las Autodefensas Obreras (ADO), se acogieron al proceso de negociación del Gobierno y lograron la firma de acuerdos de tregua y cese al fuego bilateral3 .

Además, a pesar de que el ELN respetó la decisión de las demás organizaciones al margen de la ley, se marginó de estas dinámicas de paz, pues consideró que no había otra opción diferente a la conquista del poder para lograr la revolución, lo cual estaba acorde con su consigna, “Ni un paso atrás. Liberación o muerte”. Además, se encontraba en un proceso de recuperación política y militar, luego de sus años de crisis en la década de 1970, lo cual lo obligó a que los temas de negociación y paz pasaran a un segundo plano.

Incluso, durante el periodo presidencial de Virgilio Barco (1986-1990), de nuevo la agrupación mostró su reticencia para negociar con el Gobierno nacional, al menospreciar la iniciativa para la paz lanzada durante este gobierno, en septiembre de 1988. De hecho, esta fue rechazada por el pleno de las agrupaciones insurgentes, siendo acogida solo por el M-19, que llevó a un proceso de diálogo y negociación entre finales de 1988 y comienzos de 1990, y que desembocó en la firma de un acuerdo definitivo de desmovilización, el 9 de marzo de 1990.

Sin embargo, durante este periodo se dieron hechos importantes que modificaron las dinámicas de paz del ELN. El primero fue la conformación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), la cual crearon en septiembre de 1987 el M-19, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento de Integración Revolucionario (MIR) Patria Libre, las FARC-EP y el propio ELN4. El segundo se dio a finales de 1989, cuando el ELN —que en ese entonces se denominaba Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional (UCELN), debido a la unión con el movimiento insurgente MIR Patria Libre— realizó su Segundo Congreso Nacional “Poder Popular y Nuevo Gobierno”, con el cual esta agrupación pasó a una nueva etapa, pues implicó la superación de la crisis que sufrió durante la década de los años setenta.

En este Congreso, la agrupación expresó los elementos básicos de la negociación política con el Gobierno nacional y con ellos reveló el sello distintivo de lo que sería hasta la actualidad sus procesos de paz. Entonces dijo:

a) Debe orientarse a erradicar las causas generadoras del conflicto; b) es indispensable la participación de la sociedad por medio de sus organizaciones; c) es un medio para dar a conocer los objetivos de la lucha, por lo que se requiere adelantarla de “cara al país”, y d) es un medio para llegar a muchos sectores, entre ellos, a la comunidad internacional [cursivas añadidas].

Luego de este consenso interno se comenzó a realizar una serie de procesos de paz, desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994) hasta el de Gustavo Petro (2022-2026), que no cesan y cuyo rasgo característico es la demanda de la agrupación guerrillera de la inclusión de la sociedad civil en los acercamientos y los diálogos de paz. Un ejemplo de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en los acercamientos con el ELN quedó consignado en 1998, durante la presidencia de Andrés Pastrana, cuando se firma entre las partes el Acuerdo Puerta del Cielo, en Madrid (España) y Maguncia (Alemania). En este proceso participaron tanto el Gobierno como la sociedad civil (Medina, 2009).

En este sentido, el ELN mantuvo como rasgos distintivos, durante los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez —desde 1994 hasta 2010—, una insistencia de negociar siempre y cuando se dieran los acercamientos y diálogos con la presencia de la sociedad civil, manteniendo sobre la mesa la idea de realizar la convocatoria de una Convención Nacional. Esto se entendió, durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), como un elemento determinante para sentar al ELN y procurar la construcción de un acuerdo de paz que permitiera la salida del conflicto a esta agrupación armada, que es la última vigente como guerrilla en el país. El gobierno Santos comprendió que la participación ciudadana no solo era un tema de negociación, sino la metodología misma del proceso (De Currea, 2014; Medina, 2007).

Idea que hoy se mantiene y ratifica, de allí que sea conveniente insistir en la necesidad de contar con un número alto de organizaciones de la sociedad civil que participen en un proceso de paz con el ELN. Es positivo que el Gobierno genere contactos e interlocuciones entre los actores armados —Estado y guerrilla— con organizaciones de la sociedad civil. Esto desde el principio hasta el futuro posconflicto que se desee. En síntesis, si se desea avanzar y llegar a acuerdos con esta guerrilla es necesario involucrar a la ciudadanía en todo el proceso. Concepción que está implícita tanto en la propuesta de Paz Total del gobierno Petro como en los comunicados y diversos mecanismos de comunicación del ELN.

Ahora bien, la idea para finalizar este texto es plantear una serie de aspectos que pueden ayudar a involucrar a la sociedad civil en el proceso de paz que se reiniciará con el ELN a partir de noviembre del 2022. Una negociación que demanda la participación decidida de diversos sectores sociales, de las mujeres, de los jóvenes y de población diversa, así como de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que son las principales víctimas del conflicto armado. Es necesario que todos estos actores ejerzan presión mediante la movilización social (masiva), a fin de crear una opinión pública favorable al proceso de paz que se inicia.

Es necesario trabajar para que, desde el primer momento, la sociedad civil participe en este sentido, esté presente en temas como el cese al fuego y de las hostilidades, y sea ella la que sienta las bondades inmediatas del inicio del proceso de paz y, al mismo tiempo, cuide y proteja el proceso que se inicia. Como lo plantea Mauricio García Durán (2013, p. 2) en su texto Participación de la sociedad civil en los procesos de paz: comparación entre Filipinas y Colombia, es conveniente que este actor apoye con el monitoreo del cumplimiento y/o la violación de los compromisos que se pacten a lo largo del proceso de paz, específicamente de las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que afectan a la población civil.

Es conveniente que la sociedad civil recuerde y recoja los avances y aprendizajes que se tuvieron tanto en los acercamientos y negociaciones anteriores como en la última, que se detuvo durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022). En especial, se trata de defender lo logrado en las audiencias de preparación del proceso en el 2017, cuando la sociedad civil ayudó a construir un modelo de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz que, recordemos, fue el primer punto en la agenda de negociación entre el ELN y el Gobierno nacional. Allí quedó claro que se requería de un ejercicio dinámico, incluyente y pluralista de participación de los diversos actores de la sociedad civil en la construcción de la paz con este grupo armado. En este sentido, se requiere que sea la misma sociedad civil la que recoja las experiencias, introduzca cambios en la metodología, si se requieren, y se apropie de este componente. Sería un empoderamiento de las ciudadanías convertirse en un aporte para que tanto Gobierno como guerrilla logren avanzar en el proceso.

Una vez se instale la mesa de conversaciones se requiere que sea la misma sociedad civil la que proponga opciones de participación en ella, ya sea de forma directa, como actor político y observador durante las negociaciones formales, y de forma indirecta, mediante foros paralelos a la mesa, tal como ocurrió en la experiencia con las FARC-EP, en la que los foros sirvieron para aportar sobre asuntos que luego fueron acogidos por los negociadores. Recordemos que estos foros le dan a la sociedad civil una posición para presionar por un acuerdo, así como abogar por la inclusión de temas específicos; también pueden proporcionar un canal de retorno, en el que se pueden discutir problemas difíciles y soluciones alternativas, así como puede funcionar a manera de dispositivo de monitoreo durante las negociaciones. En especial, se debe, como sociedad civil, organizar y promover espacios por fuera de la mesa, con el fin de entregar insumos que ayuden a avanzar en las negociaciones. Tal es el caso de crear mecanismos de participación directa que, por razones de escala, normalmente se dan en los ámbitos local o regional.

Hay que aprovechar la experiencia de procesos anteriores de paz para que se exploren todos los mecanismos de participación e incidencia de la ciudadanía en la negociación. Realizar audiencias públicas, encuestas de opinión, reuniones en concejos municipales o campañas de recolección de firmas (Paffenholz, 2014, pp. 85-86). Asimismo, explorar diversas acciones colectivas que incluyan campañas, manifestaciones, protestas y acción callejera. El objetivo es democratizar y legitimar el proceso de negociación, así como crear un compromiso público. La sociedad civil puede movilizar a la población en general y ayudar a crear un diálogo.

Finalmente, desde ahora la sociedad civil debe pensar en el posconflicto. Si algo deja claro la experiencia de estos últimos cinco años en el país es la necesidad de participar en la fase de implementación, después de que se firme el acuerdo de paz (Paffenholz, 2014, p. 83); es necesario que se trabaje en democratizar el acuerdo y asegurar su sostenibilidad. Esto significa que la experiencia actual debe servir para revisar el papel de la sociedad civil en el periodo posterior al acuerdo, con miras a monitorear la implementación e informar a la población general y a la comunidad internacional sobre los avances y las parálisis de la implementación del acuerdo.

Para finalizar, presento la buena síntesis que se hizo sobre los aprendizajes que dejó el proceso de paz con las FARC-EP y que están contenidos en el tomo siete de la Biblioteca de la Paz, editada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz:

Asegurar la representación justa y significativa de la ciudadanía requiere de procesos de selección transparentes y criterios igualitarios para todas las partes. Segundo, los foros consultivos de carácter formal deben tener mandatos claros, particularmente con relación a qué tan obligatorias son sus recomendaciones para las negociaciones oficiales. En tercer lugar, existe un número de “estrategias de transferencia” que aseguran que los insumos de los participantes sean incluidos de alguna manera en los acuerdos logrados. Estos pueden darse por medio del intercambio directo con mediadores, consejeros o negociadores, o por medio de canales de comunicación o lobby. Desde el momento en que los procesos consultivos son formalizados, aquellas personas que toman las decisiones deben reportarles a los actores involucrados en la consulta y proveerlos con retroalimentación significativa y puntual sobre los resultados, incluyendo justificaciones relacionadas con la no inclusión de las contribuciones en la agenda o acuerdos. Por último, la comunicación con el público debe ser un proceso de dos vías, y ha de ser conducido a través de canales diversos, como por medio de un

secretariado central, conferencias de prensa conjuntas, el uso de encuestas públicas o haciendo uso de equipos de comunicación que sean enviados a partes remotas del país. Se debe tener especial cuidado en evitar diferencias entre lo que se comunica y lo que realmente se percibe en el terreno, y en asegurar que la naturaleza no obligatoria de estos canales de comunicación no produzca una sensación de frustración entre el público. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Presidencia de la República de Colombia, 2018, pp. 217 -218)

Referencias

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Notas

1 La Paz Total puede entenderse de muchas maneras; precisamente, otros textos que se presentan junto con este evidencian las múltiples miradas que puede tener tal concepto. Una Paz Total que puede verse como la inclusión de otros actores armados. También como una paz que no solo va encaminada a silenciar los fusiles, sino también a realizar reformas económicas, sociales y humanas. Aquí se defiende la idea de la Paz Total como una paz construida por todas y todos los actores sociales.

2 Los foros se cumplieron al iniciar cada uno de los puntos de la Agenda y la información recopilada fue puesta a disposición para discusión de la Mesa; así, entonces, se realizaron nueve foros: Foro Nacional de Política de Desarrollo Agrario Integral (17, 18 y 19 de diciembre de 2012), Foro de Participación Política (28, 29 y 30 de abril de 2013), Foro de Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, en Bogotá (24, 25 y 26 de septiembre de 2013); Foro de Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, en San José del Guaviare (1, 2 y 3 de octubre de 2013); Foro de Víctimas, en Villavicencio (4 y 5 de julio de 2014); Foro de Víctimas, en Barrancabermeja (10 y 11 de julio de 2014); Foro de Víctimas, en Barranquilla (17 y 18 de julio de 2014); Foro Nacional de Víctimas, en Cali (3,

4 y 5 de agosto de 2014), y, finalmente, Foro del Fin del Conflicto e Implementación, Verificación y Refrendación, en Bogotá (8, 9 y 10 de febrero de 2016) (Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Presidencia de la República de Colombia, 2018, p. 47). 3 Únicamente los destacamentos Simón Bolívar, Antonio Nariño —el 9 de diciembre de 1985—, Gerardo Valencia Cano —el 8 de abril de 1986—, José Manuel Martínez Quiroz e Inés Vega —el 20 de julio de 1986—, del ELN, se adhirieron a los acuerdos de La Uribe, establecidos entre el Gobierno nacional y las FARC-EP.

4 Antes de la conformación de la CGSB, las mismas agrupaciones guerrilleras, con excepción de las FARC-EP, integraron, en mayo de 1985, la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), la cual, luego de la incorporación de las FARC-EP —gracias a un proceso de acercamiento con los principales dirigentes guerrilleros de esta agrupación— se transformaría en la CGSB.