El cansancio de la guerra: la madurez del conflicto o el empate mutuamente doloroso

violentas de la historia, en las que fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales y se aniquilaba de forma sistemática al principal partido de oposición, la Unión Patriótica, surgido para respaldar el proceso de paz de Belisario Betancur.

Aunque la Constituyente en teoría estaba concebida y diseñada para que las diferentes guerrillas se acogieran al proceso de paz y de manera automática obtuvieran curules en el cónclave, está demostrado que el ataque a Casa Verde, la sede de la comandancia de las FARC-EP, buscaba sacarlos de la Asamblea. Con doble discurso, el presidente Gaviria confesó, con encuestas en mano, que, ante el inminente triunfo de la izquierda, en especial del M-19, recién reincorporado a la vida civil, una buena parte de las setenta curules quedarían en manos de la izquierda. Gaviria, posesionado el 7 de agosto, veía con preocupación que “[…] entre el 17 de septiembre y el primero de octubre de 1990, se realizó en los campamentos de Casa Verde la Primera Cumbre de comandantes de la CBSG, en la que se encontraron cara a cara, el cura Manuel Pérez, del ELN; Francisco Caraballo, por el EPL, y Manuel Marulanda, de las FARC-EP”.

Ante esta situación, si la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar decidía participar en la Constituyente, “se rompería la correlación de fuerzas” y la izquierda pesaría mucho en la redacción del texto de la nueva Constitución. Tenían que sacarlos de manera contundente, y la forma como se decidió fue con el bombardeo de los campamentos de las FARC-EP. Las elecciones eran el 9 de diciembre de 1990, pero el plan de la toma de Casa Verde estaba decido. La “orden para adelantar la Operación Colombia fue firmada el 26 de noviembre por el comandante de la VII Brigada, el brigadier general Luis Humberto Correa Castañeda, catorce días antes de iniciarse el ataque, pero los preparativos se adelantaban desde hacía mucho tiempo”.

Aunque nadie garantizaba que el ELN y las FARC-EP participarían en la Constituyente, este hecho arreció, recrudeció los métodos, llenó de argumentos a los sectores más refractarios contra la paz y prolongó la guerra con las FARC-EP hasta el 2016, cuando se firmó el Acuerdo Final. Pero ningún sector social, ni el Congreso, ni la misma Asamblea Constituyente, ni la prensa, ni los tribunales de justicia, ni la academia, nadie, ha llamado a cuentas a los gobernantes que tomaron tan extraña y tal vez absurda decisión.

El cansancio de la guerra: la madurez del conflicto o el empate mutuamente doloroso

Una hipótesis central es que Colombia está cansada de la guerra, de las violencias asociadas o no a ella, de la politiquería alrededor del conflicto, de la

polarización y el odio, mientras que el gran propósito de la paz se hunde en un mar de olvidos e indiferencias. En medio de la confusión que reina en el país, la deslegitimación no solo de los gobiernos sino de todo el sistema democrático institucional, en medio de discursos y manifestaciones de odio, envidia y venganza, la paz, que es la conquista más importante de los últimos setenta años, pasa desapercibida en medio de los avatares del ejercicio de una política cada vez más degradada. La sociedad, y suponemos que los mismos actores armados, deben entender que en una guerra tan prolongada la degradación tiene máximos costos para todas las partes y daños irreversibles para la sociedad.

Según Mitchell (1996), la negociación de un conflicto resulta de circunstancias diversas, condicionadas por los procesos, el contexto y el tiempo, pero también por la actitud de las partes y el importante papel de influencias externas. Este conjunto de condiciones se denomina “madurez del conflicto”. Se considera que los conflictos “están a punto” o han alcanzado la madurez suficiente para someterse a un proceso de mediación o negociación cuando hay las siguientes situaciones: la complejidad y prolongación en el tiempo hace que ninguna de las partes alcance una victoria definitiva y aumentan los costos de todo tipo, sin lograr una escalada decisiva o una salida digna; los esfuerzos por “administrar” el conflicto son ineficientes y se avizora la amenaza de un colapso o escalada de graves daños para las partes; ninguno de los contradictores está dispuesto o tiene capacidad de cubrir los costos crecientes de una escalada del conflicto; las partes están dispuestas a romper el costoso estancamiento, a lograr objetivos secundarios que preserven la dignidad, implicándose en alguna comunicación, contacto o negociación. Por su parte, Eduardo Pizarro y otros especialistas caracterizaron este statu quo de guerra como “empate militar negativo”, concepto que se ha transformado en “empate mutuamente doloroso” (2003).

En nuestro concepto, vivimos esta madurez del conflicto, lo que ha permitido los acuerdos con las FARC-EP. Ahora, si la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional así lo entendemos, desde el punto de vista racional, podríamos llegar a consensos políticos. Pero esto no significa que no sigan existiendo sectores refractarios y resistentes, cuyos intereses se afincan en las “ganancias”, entendidas no solo como ganancia económica, sino también como rentabilidad social y política.

Esos sectores se han convertido en un obstáculo y pueden adquirir preponderancia en ciertas coyunturas, obstaculizar los acuerdos y el avance de los diferentes procesos. Su papel como opositores en una sociedad democrática es obstaculizar el cumplimiento de los compromisos del proceso de paz y crear dificultades, al obstruir oportunidades de continuar avanzando en los diferentes procesos de negociación. Esos sectores son los que lograron el triunfo del