Un replanteamiento implica nuevos indicadores de eficacia de la estrategia de seguridad militar

te en riesgo de sufrir represalias violentas, al tiempo que no consiguen desmantelar a los grupos armados y criminales ni debilitar los negocios ilícitos que estos gestionan. El daño involuntario causado socava la confianza local en las fuerzas de seguridad y refuerza la capacidad de los grupos armados para ejercer el control social y territorial. (International Crisis Group, 2022)

Un replanteamiento implica nuevos indicadores de eficacia de la estrategia de seguridad militar

Los resultados hasta ahora obtenidos del accionar de los organismos de seguridad, en términos de indicadores operacionales para establecer el grado de cumplimiento y eficacia en materia de drogas de la estructura institucional de defensa, obliga a una reformulación que, a su vez, necesita un marco de estrategia para el tratamiento del tema del narcotráfico. Los discursos sobre regulación, y sus difíciles posibilidades de concreción en el corto plazo, obligan a establecer un marco de política más realista que coadyuve a un diálogo productivo con EE. UU. tanto en materia de cambio en la agenda bilateral sobre drogas como en el papel de las fuerzas de seguridad.

En ese sentido, se propone la necesidad de establecer un modelo de reducción de daños en el consumo problemático y en el ámbito de la producción (Vargas, 2022). En este último caso, la estructuración de una política obliga a un balance claro del Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) y la apuesta de los Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), así como a considerar qué de ello se mantiene y qué se reformula. Ese balance debe verse también a la luz de la redefinición de la estrategia que debería replantear la nefasta exigencia de erradicaciones previas, a fin de que el Estado contribuya a los cambios requeridos en los territorios, de acuerdo con la voz de las comunidades y la contrastación técnica de sus demandas.

Para lograr la reducción de la producción se necesita un voto de confianza en las comunidades, el fortalecimiento de sus organizaciones de cara al desarrollo territorial y la neutralización de las amenazas de seguridad por parte de las estructuras de violencia organizada. Las reducciones de las áreas cocaleras deben ser el resultado de la claridad existente sobre hacia dónde se orienta el desarrollo local, y no de acuerdos inútiles de erradicación previa con cada familia cocalera, así como de establecer la gradualidad de las reducciones y el fortalecimiento del control social del monocultivo de uso ilícito (áreas permitidas, lugares, compromisos de reducción, acciones contra la infraestructura criminal y sus afectaciones de la vida de los territorios, entre otros).