Fracaso en tiempos de guerra y de paz: un balance de la erradicación forzada en Colombia

teriores pretensiones es retomar la sustitución voluntaria y concertada como una “política de Estado”, lo que implicaría implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), antes que ejecutar cualquier operación de erradicación forzada, tal y como dispuso el AP.

En estos seis años de implementación, las operaciones de erradicación forzada continuaron y se convirtieron en foco de violencia en distintos territorios del país. En este periodo presenciamos continuos choques entre la Fuerza Pública y los campesinos que se oponen a que sus cultivos sean erradicados mientras no se cumplan los compromisos del AP y llegue a su territorio el programa de sustitución con la oferta estatal prometida. En múltiples ocasiones, estos eventos escalaron rápido a brutales enfrentamientos entre civiles y Policía/ Ejército que desencadenaron continuas violaciones a los derechos humanos.

En este artículo planteamos que no habrá Paz Total si continua la erradicación forzada, en lugar de implementar la sustitución voluntaria y concertada. En estos términos, argumentamos la necesidad de suspender la erradicación forzada (ya sea manual, terrestre o aérea), como un requisito indispensable para fortalecer los esfuerzos institucionales en pro del PNIS y del cumplimiento de los demás compromisos del AP. A fin de sustentar esta propuesta, el artículo enfatiza en el fracaso de la erradicación forzada en Colombia y las alternativas establecidas en el AP con miras a solucionar la problemática y contribuir a la reforma de la política de drogas en el país.

Fracaso en tiempos de guerra y de paz: un balance de la erradicación forzada en Colombia

La erradicación forzada en Colombia constituye la política predilecta para enfrentar la problemática de los cultivos ilícitos. Con la adopción en los noventa del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (Pecig), esta política ocupó un lugar protagónico de la apuesta antinarcótica en Colombia, impulsada después en el año 2000 por el Plan Colombia bajo el auspicio estadounidense (Vargas, 2002; Veillette, 2005).

Junto con la aspersión aérea, en Colombia existe otro tipo de medidas: los programas de desarrollo alternativo o sustitución. Su enfoque consiste en brindar alternativas económicas sostenibles a las familias cultivadoras, con el fin de desincentivar la siembra de los cultivos ilícitos. En conjunto, la erradicación forzada y el desarrollo alternativo son percibidos históricamente como la combinación ideal de incentivos para evitar la siembra y resiembra de los cultivos,

la famosa “zanahoria y garrote” (Phan-Gruber, 2010). El supuesto básico es que sin el “garrote” de la erradicación forzada, el campesino no tendría ningún incentivo para dejar de sembrar los cultivos ilícitos o mantener sus compromisos de no resembrar. En recompensa por su renuncia a la “ilegalidad”, el campesino recibe su “zanahoria”: ayudas y apoyo estatal (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2007; Vargas Meza, 2010).

La estrategia mixta no cumplió sus propias metas: no fue efectiva para reducir los cultivos ilícitos o, al menos, lograr mantener zonas libres de cultivos ilícitos a largo plazo (Marín, 2021; Mejía, 2010; 2016); produjo el famoso “efecto globo” (la reducción de cultivos fue compensada por la siembra en otras zonas del país) (UNODC, 2004; 2005); la descoordinación entre ambas estrategias terminaron por sabotear los pequeños avances de las iniciativas de desarrollo alternativo (Ramírez, 2009).

Más allá de evaluar el fracaso de la política desde la reducción del cultivo, el Pecig produjo graves vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades (Dion y Russler, 2008; Holmes et al., 2011) y serios impactos medioambientales en sus territorios. Estas afectaciones constituyen, desde el principio, una causa constante de malestar social en los territorios intervenidos. Las “marchas cocaleras” sucedidas entre 1996 y 1998 en diversos departamentos son un hito representativo de la protesta social contra la fumigación aérea (Ramírez, 2001). Asimismo, la vía judicial la han utilizado diversas organizaciones y actores para denunciar estas afectaciones (Triana y Cristancho, 2021).

Ante la suspensión del Pecig por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el 2015, y con los requisitos para reanudar el programa establecidos por la Corte Constitucional (2017), el Estado intensificó otras modalidades de erradicación forzada: la erradicación manual y la aspersión terrestre con glifosato mediante el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Terrestre (Pecat). Con la guía de la misma idea de la “zanahoria y el garrote” (Acero y Machuca, 2021), el Estado pretendió implementar el PNIS a la par que desarrollaba operaciones de erradicación forzada. La combinación entre ambas estrategias, además de hacer caso omiso al orden de intervención dispuesto en el AP (primero la sustitución voluntaria vía PNIS y, en última instancia, la erradicación forzada), resultó tan nociva y violenta como la aspersión aérea.

En estos años de implementación, la erradicación desató episodios de violencia letal de la Fuerza Pública contra campesinos y comunidades étnicas que se oponían a estas operaciones y demandaban la implementación del PNIS. Según Machuca y Marín (2020), estos enfrentamientos se han distinguido por el uso desproporcionado de la violencia por parte de la Fuerza Pública (Policía,

Esmad y Ejército). En distintos episodios, el balance en términos humanitarios es lamentable: civiles resultaron heridos de gravedad o, en el peor de los casos, asesinados. Según información brindada por la Policía Nacional, estos enfrentamientos aumentaron de manera sustancial durante el gobierno de Duque, en especial en el año 2020, el cual coincidió con la pandemia del Covid-19, como se evidencia en la figura 1.

Figura 1. Bloqueos de las comunidades ante la erradicación forzada (2017-2020)

Fuente: elaboración propia (2021).

En estos primeros meses del gobierno Petro aún se registran casos de erradicación forzada manual y terrestre. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) denunció dos episodios de erradicación terrestre: 1) durante los días 21, 25 y 30 de agosto, en el municipio de San José de Uré, y 2) el 11 de septiembre, en Puerto Libertador. La Asociación manifestó: “estamos nuevamente a la expectativa de por fin sustituir verdaderamente los cultivos declarados ilícitos [...] pero NO a través de la continuidad de la nefasta política antidrogas fracasada con un alto costo en materia de derechos humanos y nada efectiva” (ASCSUCOR, 2022). Además de Córdoba, otros incidentes de erradicación forzada se presentaron en Tibú (Norte de Santander), Calamar (Guaviare) y La Montañita (Caquetá) (Romero, 2022).

En octubre del 2022, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombia-