Antecedentes

una “paz territorial”, como la denominó Sergio Jaramillo, toman un papel significativo. ¿Si se soluciona el conflicto armado se resuelve de forma automática la problemática de los cultivos de coca? ¿Coinciden la deforestación y el conflicto? ¿Van de la mano —per se— la coca, la deforestación y los grupos ilegales armados? ¿Les interesa a las guerrillas y al Gobierno incorporar estos temas en la agenda de la Paz Total?

Antecedentes

La firma del Acuerdo de Paz (AP) entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) supuso, entre otras cosas, una controversia sobre el periodo al que arribaría el país. Funcionarios de ese gobierno incubaron el término “posconflicto” y se creó una Consejería Presidencial con el mismo nombre, mientras que los indígenas del Cauca afirmaron que se había entrado en una etapa de posacuerdo, a fin de diferenciar una paz alcanzada de otra por alcanzar.

En ese contexto, hubo organizaciones que pidieron trabajar por una paz completa, con referencia a la necesidad de conquistar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que activistas por el fin de la guerra a las drogas introdujeron la consigna “coca regulada, paz garantizada”, para indicar que mientras el Estado no tome el control de la economía del narcotráfico, la paz seguirá como una quimera, lo cual concede razón a quienes sostienen que las drogas son el principal combustible de la continuidad del conflicto interno.

La competencia por hacerse al control de territorios, entre viejos y nuevos actores armados ilegales —disidentes, reincidentes, persistentes, entre muchas denominaciones— se desbordó en términos humanitarios y llevó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a reconocer la existencia de seis conflictos activos. En menos de cinco años de posacuerdo, se revivieron alertas y preocupaciones, entre las que destacan, para efectos de esta nota, la lucha por la paz en el contexto de las drogas y el medio ambiente.

Fue en la Amazonía donde se registraron las primeras manifestaciones de aislamiento y separación del proceso de paz de La Habana. El Primer Frente de las FARC-EP, con sede en territorios de los ríos Unilla, Itilla, Vaupés e Inírida, al sur de Guaviare, se separó de las órdenes de su jefatura desde el 2015. Después, algunos mandos territoriales de esa organización se retiraron del proceso y se expandieron hacia los ríos Apaporis, Ariari, Guayabero, Guaviare y Caguán, entre otros, y llegaron a convertirse rápido en el principal objetivo de alto valor para los entes de seguridad del Estado.