Petro y la cuestión amazónica

re y Meta alcanzaron las 6075 hectáreas, con un aumento del 36%, cercano a la tendencia nacional de crecimiento que fue superior al 40%. Entre los cuatro departamentos, la cifra se acerca al 19% del total nacional de la superficie cultivada con coca.

Es un hecho notorio que la participación de esta economía en las finanzas de las organizaciones armadas sigue como una parte importante, aunque el cobro extorsivo por cabezas de ganado y el “impuesto” a otras actividades económicas, como el transporte y el comercio, también debe incluirse en el análisis del portafolio de ingresos de tales estructuras. Sin embargo, en un nuevo escenario político-institucional nacional, la continuidad de la erradicación forzada militarizada tomó por sorpresa a las comunidades campesinas que creen en un cambio de política más allá de la retórica.

Entre el 2017 y el 2018, miles de familias se inscribieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), desplegado como parte del AP del Estado con las FARC-EP. Este programa presentó fallas en su implementación y no cumplió en su momento las expectativas creadas. No obstante, el uso de la fuerza por parte del Ministerio de Defensa se incrementó en el gobierno Duque mediante una amplia contratación de grupos móviles, incluso en el periodo de pandemia, que chocaron con las comunidades que se resisten a la eliminación de su fuente de ingresos. Al ser poca la coca, pero alta la deforestación, el campesinado se muestra inconforme con la persecución a su poca economía, mientras que otros factores de gran deforestación avanzan.

La Comisión de la Verdad identificó en Guaviare, entre los factores de persistencia del conflicto armado, el acaparamiento de tierras y la expansión del latifundio; los conflictos socioambientales por la ocupación de Parques Nacionales Naturales y Zonas de Reserva Forestal; los choques interétnicos por la usurpación de los territorios colectivos, y la continuidad de los cultivos de coca que se ubican como punta de lanza del avance de la frontera agrícola. Sin embargo, en las conflictividades amazónicas han aflorado con mayor fuerza las Áreas Estratégicas Mineras, denunciadas por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) en Vaupés, Guainía, Guaviare, Vichada y Amazonas, y la declaratoria de Putumayo como Distrito Minero Energético, en donde se explotan cobre y petróleo, además de materiales de arrastre de los ríos.

Petro y la cuestión amazónica

Al fijar la mirada en la Amazonía, el presidente Petro ha propuesto una nueva faceta de la cooperación de Estados Unidos (EE. UU.) con Colombia. En su

discurso inaugural del 7 de agosto del 2022, señaló que había que llamar a esa potencia, junto con los demás países de dicho bioma, para trabajar juntos por su conservación, so pena de la extinción de la especie humana. En su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, manifestó que la humanidad entera debiera contribuir con un fondo para su protección. El mandatario también abrió una conversación con el Comando Sur de los EE. UU. y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para, según sus palabras, “tratar de llevar el diálogo de la fracasada guerra contra drogas hacia la cooperación con la Amazonía”.

En ese marco, el director general de la Policía colombiana recibió del jefe de la Sección de Narcóticos de la Embajada de EE. UU. los primeros helicópteros de la flota “las guacamayas”, donada por ese país, la cual Petro comenzó a instalar en San José del Guaviare. Según el presidente, los helicópteros se destinarán a combatir delitos ambientales, extinguir incendios, transportar pacientes y salvar la selva. Todos estos son propósitos loables. Sin embargo, esta cara de la cooperación estadounidense empieza a advertirse en la región como una nueva forma de intervencionismo de la potencia del Norte y como una militarización de las políticas ambientales.

En palabras del delegado de la Embajada de EE. UU. en Colombia, Francisco Palmieri, en un acto cumplido el 26 de octubre del 2022, “la increíble riqueza natural de este país enfrenta muchas amenazas. La región se acerca al umbral de que sus bosques sean sustituidos por pastizales con enormes implicaciones para la biodiversidad y el cambio climático”. En esta dirección se inscriben la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), entidades de EE. UU. que incursionan en temas ambientales desde hace más de un lustro. Ellas promueven programas de fortalecimiento de capacidades locales, apoyan a organizaciones no gubernamentales y hacen equipo con la Fuerza Pública en el análisis y monitoreo de la deforestación. Por otra parte, la cooperación de EE. UU. respaldó la Operación “Mayor Artemisa”, dedicada a ubicar y judicializar a responsables de deforestación, pero denunciada por organizaciones sociales como una estrategia que persigue y criminaliza al campesinado, sin atacar los problemas que subyacen al fenómeno de la ampliación ilegal de la frontera agrícola.

Como se observa en el lenguaje de la Embajada en mención y de agencias cooperantes, la deforestación tiene una explicación multicausal. La potrerización y ganaderización extensivas son unas de ellas; el hato ganadero es el renglón que más crece en la Amazonía desde el AP de 2016, jalonado por el fomento del Ministerio de Agricultura, la protección institucional de esa cadena de valor, la ex-