Erradicación, Paz Total y ambiente

portación de carne y animales en pie, el lavado de dinero e, incluso, por aspectos culturales como el interés de miles de excocaleros de ser legales.

A estos factores se le unen el avance de la agroindustria de monocultivos de palma y maderables, entre otros; también son parte de tales explicaciones los planes de Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre las potenciales cuencas petroleras del Caguán-Vaupés y el cinturón de crudos pesados del Ariari-Guaviare; la construcción de infraestructuras en lugares no permitidos por la ley; la valorización de tierras del latifundio que se ha visto acrecentada por grandes inversiones estatales mediante la pavimentación de vías y proyectos eléctricos, realizadas con recursos de los OCAD Paz, justificadas como parte de las acciones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); la debilidad de las autoridades ambientales encargadas del territorio, y el caos que creó la normatividad que estableció distintos ordenamientos en el uso del territorio al traslapar diferentes figuras jurídicas que afectan los derechos campesinos e indígenas.

A pesar de estos factores, el presidente Petro ha puesto el reflector sobre el impacto que causan los cultivos de coca y las posibilidades de dedicar las energías campesinas e indígenas a la restauración de las selvas. En Puerto Leguízamo explicó que los programas de sustitución no funcionan para detener la deforestación. A su juicio, la agroindustria de la coca le permite al productor cocalero agregar valor in situ, al convertir la hoja en pasta base, la cual es comprada por los narcotraficantes en el mismo predio, con lo que logran una inserción en la economía global que no se equipara con los proyectos de sustitución de cultivos. Por ello propone crear un fondo con vigencias futuras a veinte años, con el cual se le pague a las familias que abandonen la coca para dedicarse a la regeneración de la selva una suma que oscile entre dos y tres millones de pesos mensuales.

Erradicación, Paz Total y ambiente

El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, ante quejas por el mantenimiento de la erradicación, advirtió en una sesión del Congreso que “la erradicación forzada no se ha levantado aun de manera general la orden de hacerla (sic), pero que entrados en conversaciones, en esos diálogos, que ya ha adelantado en varias partes el ministro del Interior con la ministra de Agricultura, entonces la erradicación se suspende”. Esta aseveración genera preocupación, pues sería la comprobación de que el Gobierno mantendría la lógica de la reducción de la oferta para cumplir con indicadores de reducción de hectáreas, lo

cual debería ser justamente un aspecto a reformar en la política de drogas del gobierno del cambio.

Dejar el tema de la contención y reducción de cocales como un asunto a tratar con los grupos armados no solo les brinda a estos una bandera política, sino que no recoge las lecciones aprendidas del proceso de paz con las antiguas FARC-EP. La agenda impulsada por el expresidente Santos consideró que el retiro de esa guerrilla de la economía de la cocaína sentaba las bases de la “solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”. La experiencia posterior demostró que los cultivos son un asunto que exige un tratamiento con los agricultores, los cuales demandan un trato penal diferencial y materialización de sus derechos. Es evidente que el peso de la política de drogas no puede recaer en el ámbito de los productores.

El enfoque del actual gobierno es mucho más amplio en el abordaje de las problemáticas asociadas con los cultivos de coca y contempla la interdicción, la lucha contra el lavado de activos, la responsabilidad internacional, el correcto manejo de los bienes incautados al narcotráfico y los vasos comunicantes entre la economía de las drogas y la política, para citar otros componentes. La invitación al ELN a hablar de las complejidades del narcotráfico se enmarca en esta mirada amplia más allá de los cultivos y las rentas locales de la pasta base de coca. Lo pertinente debería ser la contención concertada de los cultivos entre el Gobierno y las comunidades, así como los acuerdos rápidos para su reducción progresiva, con monitoreo independiente y seguimiento a los compromisos de las partes de forma periódica.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, desde el Meta recordó que las iniciativas de reducción de cocales y deforestación podrían contar con la Paz Total como un valor agregado. En un catálogo de cinco puntos destacó que la Paz Total es fundamental para la implementación de caminos pacíficos de contención de la deforestación, lo cual va de la mano con la realización de acuerdos que empoderen a las comunidades. La ministra aboga por la resolución de conflictividades socioambientales en el eje Meta-Caquetá-Guaviare, no insistirá en las aspersiones aéreas con glifosato y dejará de usar la Operación Artemisa por su falta de asertividad en el tratamiento de los reclamos sociales que se cruzan con la protección ambiental.

En terreno, el AP del 2016 permitió ver la debilidad de las instituciones ambientales. Académicos y ambientalistas se quejaron en los años siguientes de un vacío que dejaron las antiguas guerrillas, espacio que no ocupó la institucionalidad. Por el contrario, en el posacuerdo la deforestación escaló a cifras

aterradoras, ya no como resultado de la ocupación campesina en busca de tierras, sino como parte de una operación de acaparamiento por parte de grandes capitales. Como ejemplo se observa que en el primer trimestre del 2022 se talaron 52.000 hectáreas en los tres departamentos citados antes.

Esa debilidad la han aprovechado diversos sectores e intereses. En el caso de las guerrillas del Primer Frente, estas asumieron el control ambiental y se proclamaron auténticas herederas de las FARC-EP. Instalaron vallas con órdenes referidas a vacas, transporte, comercio, caza, pesca y bosques, emiten comunicados en los que cuestionan a las autoridades ambientales, expulsaron a funcionarios de la Unidad de Parques, incineraron vehículos de las Naciones Unidas y critican el rol de algunas agencias cooperantes. Asimismo, ese Frente se presenta ante las comunidades como defensor de los campesinos cocaleros, desvirtúa el programa PNIS y lo muestra como otra promesa incumplida del Estado. Tierras, coca, marihuana y medio ambiente son palabras que resuenan en un comunicado reciente leído por el jefe de esa organización, Iván Lozada, en el que advierte que los indígenas y campesinos deben ser tenidos en cuenta en la regulación del mercado del cannabis o la coca, para que no ocurra lo mismo que con el mercado de cannabis medicinal, acaparado por multinacionales.

En este contexto se inscribe de manera positiva el primer encuentro que sostuvo el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, con delegados de las FARC-EP alineados con el Primer Frente. Distender el conflicto y desescalar la confrontación en la región amazónica son grandes avances. Igual se registra el pronunciamiento de los Comandos de la Frontera —Ejército Bolivariano— que actúan en Putumayo y han manifestado su disposición a participar de la convocatoria de la Paz Total. Los pronunciamientos de esas dos organizaciones hacen prever que la contención de la deforestación y de los cocales pueden estar insertas en la agenda de la paz con ellos.

En las puntas de colonización contemporáneas es indiscutible el hecho de que las órdenes de los armados se hacen cumplir y que el no hacerlo tiene implicaciones graves para el transgresor. Un asunto bien distinto es cuando se trata de las normas impartidas desde la institucionalidad, pero el Estado no puede renunciar al ejercicio de la ley. En las partes Estado-comunidad y actores armados con influencia en los territorios se encuentran enunciaciones que hacen prever una nueva oportunidad. Ahí existe un camino y paradojas que los implementadores de la Paz Total tendrán que capotear, como tener en cuenta las lecciones aprendidas durante el AP y el posacuerdo de Santos con las FARC-EP.