Retos y papeles de la fuerza pública frente a la Paz Total

resultados se socializaron con cada una de las regiones visitadas y mediante un evento en la Universidad Nacional.

Este ejercicio no solo permitió identificar barreras existentes entre la fuerza pública y la población, sino también crear canales de comunicación con ellas y construir confianza. La metodología utilizada, sin duda, podría aportar a los ejercicios de diálogo con la población que ha emprendido el Ministerio de Defensa en el marco de su proceso de construcción de la política del sector.

Retos y papeles de la fuerza pública frente a la Paz Total

Introducir la noción de seguridad humana

Ampliar el concepto de seguridad para que se construya no solo en relación con el Estado, sino también con la persona y, más allá de evitar la guerra, con la construcción de una paz efectiva. Esto es introducir la noción de seguridad humana en los conceptos de seguridad ciudadana y seguridad nacional.

Hablar de seguridad ciudadana como seguridad humana es, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no limitarse a la lucha contra la delincuencia, sino que se hable sobre cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Así pues, la Policía debe priorizar las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, además de las tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados (CIDH, 2009, p. 8).

Introducir la noción de seguridad humana en el concepto de seguridad nacional es pasar del acento exclusivo de la seguridad territorial al de la seguridad de la población, la comunidad, la economía y las riquezas, incluido el medioambiente. Aunque esto parezca nuevo, realmente no lo es, dado que la ONU, a través de su informe del PNUD de 1994, lo introdujo, y el Estado colombiano lo ha adoptado, tal y como lo ha indicado la Corte Constitucional desde el 2003: “la misión que están llamados a cumplir los integrantes de las Fuerzas Militares es de carácter instrumental […] cuyo soporte básico y fundamental lo constituye la defensa y la protección de los derechos humanos” (Corte Constitucional, Sala Plena, C-872/03, 2003).

Desde luego, las tareas que surgen con esta noción de seguridad humana no son exclusivas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, sino que incorporan el trabajo articulado de todas las instancias del Estado y en todos los niveles. El papel de ambas instituciones es contribuir a su despliegue y desarrollo.

Escalar la noción de seguridad humana más allá de la Fuerza Pública

Pensar que la seguridad humana es tarea exclusiva de la Fuerza Pública es un error. Si bien de lo que se trata es de fortalecer la noción de seguridad humana en las estrategias militares y policiales y, como ya se dijo, enfocarse más en la prevención, el control, el trabajo articulado de la Fuerza Pública con otras instancias del Estado, o el apoyo de la Fuerza Pública a tareas de estabilización y crisis humanitarias, entre otras, todo en pro de brindar mayor seguridad a las personas, restringirlo a estas sería un retroceso.

Por ello, el mayor reto que tiene el sector es escalar este concepto más allá de la Fuerza Pública para trabajarlo articuladamente con todo el aparato estatal. Esta no es una tarea nada sencilla y, para que funcione, debe estar liderada directamente por el presidente de la República, un hecho que todavía no ha sido considerado. El Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana recientemente creado deberían ser instancias en las que se discuta este enfoque.

Fortalecer el accionar contra el crimen organizado

El crimen organizado no desaparecerá de manera automática con el acogimiento a la justicia de los grupos armados organizados existentes y la negociación con el ELN. Como ya ocurrió después del proceso de negociación con las FARC, y como ha pasado en Centroamérica y otros países que han firmado acuerdos de paz, las actividades de economía ilegal persisten por cuanto sus dimensiones son trasnacionales y hacen parte de estructuras más amplias y complejas que las identificadas nacionalmente.

El reto está en no seguir haciendo más de lo mismo, es decir, en combatir casi que de manera exclusiva el componente armado de estos fenómenos —como lo son los nuevos grupos que puedan conformarse— o focalizar los esfuerzos en la erradicación de cultivos. Es necesario, para el caso del narcotráfico, por ejemplo, fortalecer las acciones contra los demás nodos de esta cadena: controlar los insumos químicos y demás para el nodo de producción, fortalecer las capacidades de interdicción para el nodo de tráfico, promover las capacidades de control financiero y lavado de activos para desarticular el nodo financiero y desarrollar una estrategia muy robusta de prevención de consumo. También implica fortalecer el trabajo entre Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación e, incluso, el sector de la justicia para hacer más eficientes los procesos de investigación criminal y judicialización, priorizando el análisis de macrocasos criminales y redefiniendo los llamados objetivos de alto

Fotografía por: Ricardo León

valor: más que los líderes de estructuras criminales, identificar actores clave, como los encargados de manejar las finanzas de la organización o de controlar el procesamiento químico de la producción de cocaína.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural e incluso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deben formular e implementar una verdadera estrategia de desarrollo agrario y forestal que vaya más allá de pilotos de sustitución de cultivos no funcionales. Aunque esto excede los alcances del sector de defensa, es necesario resaltarlo.

También, la Fuerza Pública debe trabajar en comprender y desarticular las redes criminales que crecen para controlar los negocios de minería ilegal y de tráfico de armas, de personas, de flora y fauna y de contrabando, entre otros.

Para todo ello, es indispensable fortalecer las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, así como trabajar, casi que de manera incansable, en la captura y cooptación del Estado. El crimen organizado cada vez está menos interesado en mantener confrontaciones directas con el aparato de seguridad

del Estado para lograr sus fines; su estrategia avanza hacia la cooptación de funcionarios del Estado y sus instituciones, es decir, la criminalización del Estado para que este trabaje en favor de sus intereses.

Contribuir a la estabilización de los territorios más afectados

La implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC es aún una prioridad indiscutible. Aunque la tarea de implementar lo allí pactado es de todas las instituciones del Estado, la Fuerza Pública, además de restablecer los mínimos de seguridad, puede y debe seguir disponiendo de sus capacidades para contribuir al restablecimiento de derechos de las poblaciones más afectadas. Herramientas como la logística, las comunicaciones militares y la ingeniería militar deben, por tanto, contribuir a facilitar el acceso integral del Estado a las regiones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Se recomienda no echar en saco roto el diseño de la estrategia de Zonas Futuro, para que con otro nombre y, sobre todo, tomando sus lecciones aprendidas, pueda continuar, ojalá bajo el liderazgo del presidente de la República (Pachón Pinzón, 2022).

Otro punto es el del trabajo que viene desempeñando la Fuerza Pública como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, así como las misiones de apoyo a la asistencia humanitaria en casos de crisis causadas por el hombre: migración descontrolada y desplazamientos, entre otros.

Fortalecer los servicios de vigilancia y seguridad ciudadana

Aunque la tarea de vigilancia y seguridad ciudadana es el deber ser de la Policía Nacional, el despliegue hacia más de veinte especialidades que tiene esta institución la ha llevado a que se desdibuje su tarea principal. Por ello, ha llegado la hora de que se fortalezcan los servicios de vigilancia y seguridad ciudadana y que se prioricen las tareas de prevención y control sobre las de represión y castigo. Esto es poner en el centro a las personas y su seguridad.

Por ello, la prioridad de la Policía Nacional debe ser la reducción de los delitos de mayor impacto, esto es homicidios, hurtos, secuestros, extorsiones, asesinatos a líderes sociales, así como proporcionar protección reforzada a poblaciones afectadas por la violencia y la criminalidad, en particular a los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los líderes sociales y los pueblos indígenas. La prevención del reclutamiento es otra tarea indispensable.