El alistamiento humanitario de la Paz Total

La primera fase de esta política de Paz Total es el alistamiento, que en esta ocasión tiene un marcado componente humanitario. Por primera vez, lo humanitario no es una estrategia de negociación, sino una apuesta estatal que no está condicionada al avance de los procesos de diálogo, pues su único fin es proteger la vida de las comunidades.

En procesos de paz anteriores, lo humanitario ha estado centrado en beneficios para las partes que participan de las hostilidades y no para la población que se ve afectada por ellas. Es así como la agenda humanitaria se ha circunscrito principalmente al intercambio de prisioneros. Usualmente se trata de la liberación de un número determinado de soldados y policías a cambio de guerrilleros presos.

El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra establece que “las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio” (Comité Internacional de la Cruz Roja [CIRC], 1949). Los acuerdos especiales pretenden que las partes del conflicto, en el caso colombiano un conflicto no internacional, puedan llegar a un compromiso claro para aplicar las disposiciones del derecho internacional humanitario (DIH), en particular, la protección de las personas que no participan o que han dejado de participar de las hostilidades.

En Colombia, el 2 de junio de 2001, se firmó un acuerdo humanitario entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en el cual el Gobierno se comprometió a suspender la medida de aseguramiento de quince personas pertenecientes a la guerrilla, privadas de la libertad, que se encontraban enfermas, mientras que la insurgencia se comprometió a liberar a 42 soldados y policías enfermos que se encontraban en su poder (Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, 2001). Finalmente, este acuerdo culminó con la liberación de catorce combatientes de las FARC y 359 miembros de la Policía y del Ejército.

Existen también los actos y compromisos humanitarios. Los primeros son acciones de respeto a la vida, la integridad, la libertad o los bienes de personas específicas en una situación concreta (por ejemplo, liberar un secuestrado sin contraprestación o permitir el retorno de unos desplazados). Los compromisos dan lugar a asumir una regla de comportamiento para regular una sucesión de situaciones futuras y pueden surgir de manifestaciones unilaterales o de acuerdos bilaterales o multilaterales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2003, p. 200).

La política de Paz Total exige a los grupos armados un compromiso humanitario unilateral. Según el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, existen tres compromisos humanitarios a los que a los grupos armados ilegales que se quieran sumar a la política de Paz Total se les está exhortando. Uno de ellos tiene la condición de requisito previo para iniciar una negociación con el Estado, ya sea esta de carácter política (para los casos de rebeldes e insurgentes) o jurídica (para las estructuras criminales):

1. Cero asesinatos, cero torturas y cero desapariciones en los lugares de operación armada y, en especial, en los lugares de control social territorial.

Si eso se manifiesta claramente, se puede tener un encuentro directo. Este es un prerrequisito.

2. Evitar confrontaciones con grupos armados con quienes tienen disputas territoriales o con la Fuerza Pública.

3. Evitar la permanencia en lugares de habitación de la población, centros de educación y limitar al máximo su presencia en lugares que eventualmente justifiquen el desarrollo de confrontaciones.

El cambio de paradigma es fundamental: el asunto humanitario deja de ser un problema de estrategia y se convierte en una necesidad urgente para atender de forma eficaz la necesidad de salvar las vidas, la integridad y la tranquilidad de las comunidades en los territorios.

En ese sentido, según ha manifestado el Gobierno nacional, no se condicionarán los diálogos de paz a compromisos humanitarios, distanciándose de otros procesos en los que se exigía la entrega de todos los secuestrados u otro tipo de actos humanitarios para el inicio de las conversaciones.

Sin embargo, esta estrategia de compromisos humanitarios cumple otros objetivos distintos a salvar vidas: permite identificar si el grupo tiene unidad de mando y, por tanto, facilita evaluar si la negociación se efectuará con un grupo armado consolidado (más allá de su carácter beligerante o no) con control efectivo de su fuerza, o con bandas criminales que tienen aspiraciones de sometimiento, pero que no representan como tal un grupo armado. La respuesta del Estado debe ser distinta para cada fenómeno, pues al segundo no aplicaría un proceso de sometimiento colectivo.

El componente humanitario podría ser considerado la fase de alistamiento de la política de Paz Total. Con este punto se pretende llegar a acuerdos humanitarios con grupos beligerantes e irregulares que no tienen motivaciones

políticas, pero sí un control social territorial, normatividad interna, estatutos explícitos o implícitos, códigos de desarrollo de la violencia y capacidad de afectar bienes públicos y sociales.

El concepto de lo humanitario que se intenta aplicar en el país no se refiere únicamente al marco del DIH, sino que comprende lo humanitario de una manera más amplia. Es, en palabras de Danilo Rueda, un derecho humanitario “a la criolla” (2022).

El ejemplo más diciente de este esfuerzo de Paz Total es lo que está sucediendo en Medellín. En la capital antioqueña existe la estructura criminal de “La Oficina”, cuyo origen fue el servicio sicarial para el cartel de Medellín. El 28 de julio del 2022, antes de la posesión del presidente Gustavo Petro, se conoció una carta de este grupo en el que manifestaban:

Después de varios gobiernos y proyectos de sometimiento fallidos, recibimos con esperanza su llamado a la construcción de una Paz Total, que solamente será posible en la medida que se tenga la grandeza de reconocer la urbanización de la guerra en Colombia. (El Colombiano, 25 de septiembre de 2022)

En cumplimiento de lo establecido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), el primer paso para iniciar una ruta de paz es la fase de alistamiento, que, en este caso, consistió en una primera tregua total entre estructuras. El 28 de agosto del 2022, veintiún días después de haber iniciado el nuevo gobierno y un mes después de difundirse la comunicación de La Oficina, se conoció que Medellín logró siete días consecutivos sin homicidios (entre el 23 y el 30 de agosto), un hecho que podría deberse al pacto referido.

Según la OACP, la verificación de esta fase de alistamiento humanitario se efectúa a través de distintas fuentes: número de muertes que reporte el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), cifras reportadas por la Policía Nacional e información entregada por actores eclesiales y organizaciones sociales.

En un derecho de petición que presentó la oficina del senador Iván Cepeda al INMLCF, se evidencia que las cifras nacionales de homicidios y desapariciones durante la administración Petro tienen una tendencia a la baja, al compararlo con el periodo similar de su antecesor (figura 1).

Aún es temprano para afirmar que la reducción en las cifras sea una tendencia estable, o que se deba únicamente a la política de Paz Total del gobierno; sin embargo, sí es un reflejo de una situación que podría ocurrir en el futuro y de