Una aproximación que oriente el futuro de la gestión política y pública de la paz: hacia una política de Estado que implemente el derecho a la paz

perspectiva de activar rutas de negociación para su reconocimiento del Estado social de derecho) y el contenido del marco normativo inicial propuesto (la reforma a la Ley 418 de 1997). La pretensión totalizadora, fuera de su carácter semántico, se basa en la función de aspirar el desarme de todos los actores del conflicto. Sin embargo, la propuesta no cuenta con un marco de estabilización conceptual ni técnica, ni con la definición y la institucionalización de una perspectiva de la gestión pública en torno al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho constitucional a la paz, que permita pensar que la paz se aborda con el carácter de una política pública.

El presente texto, presenta, por un lado, una aproximación a las dimensiones y las rutas que pueden dotar de integralidad la propuesta de la Paz Total —más allá del carácter discursivo—, centrada en una orientación para la gestión pública de la paz, en cuanto derecho reconocido constitucionalmente y, por otro, algunas ideas sobre los riesgos y las oportunidades que representa esta perspectiva totalizadora de la construcción de paz.

Una aproximación que oriente el futuro de la gestión política y pública de la paz: hacia una política de Estado que implemente el derecho a la paz

El enfoque y la perspectiva totalizadora de la idea de la Paz Total necesita de un marco de comprensión amplio y crítico que permita encauzar los esfuerzos dirigidos a su materialización, la cual debe explorar soluciones que no se limiten a la mera resolución de la violencia con todos los actores armados. Dicha perspectiva, más sostenible, eficaz y estratégica, debería adoptar las formas (políticas, jurídicas y técnicas) de una política pública que le permita al Estado colombiano —a partir de dicho marco de comprensión— diseñar e implementar acciones para la transformación del conflicto armado. Esta perspectiva rompe con la idea de la paz como la sucesión de procesos de negociación con grupos armados, la desmovilización de estructuras alzadas en armas o, en general, remediar el problema de la violencia, visión —para esta era— cuando menos restringida y obsoleta.

Reducir el propósito de la Paz Total a la posibilidad de desarmar y desmovilizar todos los grupos armados (aquellos asociados al histórico conflicto armado interno y aquellos que se derivan o gravitan, de formas más reciente, en torno a él) conlleva el riesgo de incluir este proceso en el recetario clásico de la relación de las armas, el conflicto y la paz y, por esa vía, diluirse en un nuevo ciclo de violencias descendientes de las de otrora. Así, es más conveniente proponer una ruta a largo plazo —que, de manera efectiva y acelerada, em-

piece por reducir y resolver los escenarios de victimización de la población y los territorios en dónde se desarrollan las diferentes confrontaciones, con lo que se priorizaría el carácter humanitario de la paz— para la transformación democrática del conflicto armado y las violencias asociadas o derivadas de este. Proponer una ruta de transformación y no de terminación, más allá de un ejercicio de resemantización de la idea de la paz alcanzada por la vía política —y, por tanto, negociada— sugiere una forma sostenible, participativa y con carácter de corresponsabilidad de la transición democrática de las causas, repertorios y consecuencias de las violencias que configuran el actual conflicto armado colombiano, en el que cada vez las fronteras y las relaciones entre lo político y lo criminal son más difusas.

Esta transición, como expresión empírica de la idea de la transformación del conflicto, supone que las causas y las consecuencias de las violencias serán objeto de intervención con dos propósitos esenciales: 1) el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos (priorizando a las víctimas del conflicto, en tanto son sujetos de protección especial), y 2) la profundización del carácter democrático del régimen político colombiano. La transición se refuerza con la posibilidad de vincular activa, eficaz y formalmente (es decir, por medio de la ley) a todos los actores del conflicto, de manera que su propio proceso de reconocimiento y acogimiento al Estado social de derecho haga parte de la transformación de este (en su carácter estructural y simbólico) y, a su vez, se hagan corresponsables.

La idea de la Paz Total debería, entonces, cohesionarse política, conceptual y técnicamente en torno a 1) la adopción de un marco comprensivo amplio de las causas, los repertorios y las consecuencias de los conflictos y las violencias, 2) la definición de unos objetivos estratégicos derivados de la idea de la transformación de estos (no de la pretensión de su terminación o finalización) y 3) el diseño y la implementación de líneas de acción (como marco de operación de la gestión pública). Además, con el fin de hacerla sostenible, en relación con sus posibilidades políticas y sociales prácticas y con su implementación por parte del Estado en sus formas de gestión pública, debería estructurarse y formalizarse, por medio de las distintas formas (jurídicas, políticas y técnicas) de una política pública que desarrolle el derecho constitucional a la paz. Esta posibilidad, sin embargo, no se subsana con la modificación del marco normativo que faculta y define las formas de negociación del Estado colombiano con los grupos armados, situación que solo le da vía jurídica al desarme de grupos armados.

Con respecto al marco de compresión —que funcionaría simultáneamente a manera de delimitación del problema y de línea de base para la definición de los objetivos estratégicos y las líneas de acción que operativizan el propósito de la

política pública, en la perspectiva de desarrollar el derecho a la paz—, este supone una aprehensión analítica y sistémica de las causas, repertorios y consecuencias del conflicto armado y las violencias. A manera de aporte a la discusión y la construcción de la idea de la Paz Total, se propone un marco de comprensión construido a partir de las dimensiones del conflicto armado que, en la práctica, presentan una síntesis analítica de las causas, las dinámicas y los fenómenos del impacto humanitario de las violencias (que se refieren a los procesos de victimización individual y colectiva) y del carácter simbólico de la violencia (como consecuencia de la prolongación y degradación del conflicto armado).

Dimensión estructural

La dimensión estructural del conflicto se refiere a las formas en las que, como parte del desarrollo histórico del Estado colombiano, se han institucionalizado en el ordenamiento jurídico, en las formas de participación y representación, en las relaciones políticas, en las formas de organización y funcionamiento del Estado (en sus expresiones nacional y territorial) y en el modelo de desarrollo económico. Estas nociones y expresiones empíricas de marginación, discriminación y violencia han inducido los niveles actuales de desigualdad y de vulneración de derechos humanos y, a su alrededor, se configura el panorama social, económico y político colombiano.

Esta dimensión estructural reconoce las formas institucionales y las prácticas formales del poder político en torno a las cuales se configura el régimen de exclusión y marginación en que han encontrado germen todos los ciclos de violencia en Colombia.

Dimensión humanitaria

Por dimensión humanitaria del conflicto y de las violencias derivadas o asociadas a él se entiende el amplio espectro de victimizaciones a individuos, comunidades, colectivos y territorios como resultado directo e indirecto de las confrontaciones entre los grupos armados. Las formas de estas victimizaciones, incluyendo su carácter individual y colectivo, así como sus connotaciones físicas, psicosociales y materiales (que en su conjunto materializan la vulneración de los derechos humanos y la integridad física y moral de las víctimas), son el homicidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, la tortura, el secuestro, el reclutamiento forzado, el confinamiento, el exilio y las demás prácticas delictivas que vulneran la integridad física y moral de los sujetos y las comunidades.

Esta dimensión representa el repertorio cotidiano de crisis humanitaria, en la que se expresa la confrontación armada y se desarrolla la expresión violenta de los conflictos y las actividades criminales que se asocian con las rentas ilegales, en cuanto son fenómenos que gravitan alrededor del conflicto armado.

Dimensión simbólica

La dimensión simbólica representa las relaciones de la prolongación y la degradación del conflicto armado y las violencias en la cultura colombiana y cómo en torno a dichas relaciones el campo de la cultura se convierte en contexto explicativo, campo de enunciación y campo de reproducción de las violencias.

Esta interpretación y las consecuentes formas de la relación de la cultura y las violencias configuran un ciclo perverso que alimenta una espiral más amplia de dimensiones estructurales y humanitarias que nutren las causas y la prolongación del conflicto armado colombiano y sus violencias. La cultura pone en evidencia las implicaciones de la violencia en los comportamientos individuales y colectivos, así como, a través de estos, la creación de imaginarios que alimentan la repetición de los ciclos de violencia. Estos ciclos, en el caso colombiano, han determinado directamente la prolongación y degradación del conflicto armado interno y, por extensión, “el recrudecimiento exponencial de la barbarie” (De Zubiría, 2015, p. 242). Esta dimensión simbólica permite valorar todas las formas y expresiones en las cuales la cultura puede convertirse en un escenario que permite la reproducción de la violencia y se constituye como violencia en sí misma, de modo que alimenta conflictos estructurales como el nuestro.

En relación con esta dimensión debe señalarse que, así como algunos aspectos de los diferentes campos de la cultura tienen la capacidad para legitimar, reproducir y crear escenarios de violencia, también pueden ser potenciales constructores de escenarios de paz.

En el marco de un contexto explicativo y comprensivo como el propuesto, en lo que se refiere a las dimensiones del conflicto armado y las violencias asociadas o derivadas de él, la pretensión totalizadora de la idea de la Paz Total debería implicar todas sus dimensiones (y, con ello, todas sus expresiones), más allá de todos los actores, es decir, solo los grupos armados.

En este punto, la idea de la Paz Total, se sugiere, debe proponer transformar el conflicto y las violencias por medio de la gestión pública enfocada en desarrollar el derecho constitucional a la paz. Con esto en mente, en cuanto a las líneas estratégicas de acción a través de las cuales puede implementarse una

ruta estratégica para el desarrollo del derecho constitucional a la paz que, de forma sistémica y sostenible, permita transformar el conflicto y abrir una era de transición a la paz, se encuentran prioritarias las siguientes.

Implementación expedita y completa del Acuerdo Final de Paz de 2016

Se trata de reactivar, acelerar y fortalecer el proceso de implementación política, legislativa, administrativa y técnica, al garantizar su plena implementación, cumplir los niveles de participación y asegurar la naturaleza y alcance de todo lo acordado en el acuerdo final del 2016. Sin embargo, dicha reanudación debe implicar, fundamentalmente, la resignificación del sentido político del Acuerdo y no reducirlo a su instrumentalización e implementación técnica, es decir, devolverle la importancia histórica, el significado y potencial ético y la incalculable trascendencia social, política y económica para el país.

Solución negociada del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional

El Gobierno nacional, en representación del Estado colombiano, tiene la oportunidad de restablecer el proceso de diálogo y negociación política con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, también tiene la oportunidad de diseñar e implementar participativamente un modelo de negociación disruptivo, creativo y audaz que amplíe la participación en el proceso mismo de negociación y en la construcción de la paz tanto de la insurgencia como de la sociedad civil, el aparato productivo y el más amplio espectro de las fuerzas políticas de la nación. Este proceso, de forma audaz y creativa, debe poner en el centro del diseño y en la metodología del proceso el carácter político del conflicto armado, a fin de no instrumentalizar el propósito de la paz por medio de un acuerdo cuyo efecto real, en el contexto del conflicto y las violencias, sea tan vulnerable como relativo. La oportunidad del diálogo y la negociación política con el ELN es también la oportunidad de resignificar conceptual, política y operativamente la paz, en la medida en que dicho escenario pueda trazarse el objetivo de definir la ruta de la transformación del conflicto y las violencias, y no solo pretender su terminación, con lo que se corre el riesgo de caer en un nuevo proceso de desarme de un grupo insurgente.

Desmantelamiento de grupos armados asociados a los mercados ilegales

El Estado colombiano, liderado por Gobierno nacional, se encuentra en la necesidad de diseñar e implementar un marco jurídico y técnico de sometimien-