Dimensión distributiva y redistributiva

cional restaurativa, y la justicia ambiental y climática. La apuesta por estas dimensiones de justicia puede ayudar a consolidar un horizonte de sentido articulador y estructurante del proyecto de Paz Total en el actual contexto político, económico y ambiental. Ahora bien, los lectores pensarán que muchos tipos de justicia quedan por fuera de estas categorías y, con seguridad, tienen razón. No obstante, la presente propuesta ofrece una idea de “pilares mínimos” que sirvan para estructurar la Paz Total como apuesta a largo plazo.

En las páginas siguientes se abordará con un poco más de detalle la forma en la que estas tres dimensiones de justicia constituyen, en términos generales, un relato estructurante de la Paz Total (véase la figura 1).

Figura 1. Las tres dimensiones de justicia que estructuran la Paz Total

Dimensión Disitributiva - Redistributiva

Búsqueda de la Paz

Dimensión Transicional - Restaurativa

Dimensión Climática - Agraria

Dimensión distributiva y redistributiva

El logro y el sostenimiento de la paz en una sociedad como la colombiana requiere de un viraje significativo en la política económica del país. En razón de ello, la apuesta por consolidarla será posible en el largo plazo si —en materia económica— el Estado compromete sus esfuerzos en el logro de, al menos, tres grandes movimientos redistributivos: 1) la redistribución de las cargas tri-

butarias hacia un modelo más equitativo en el que los que más tienen más pagan; 2) la redistribución de ingresos que será necesaria para arrebatar “mano de obra” a los mercados ilegales que ofrecen mejores ingresos que el aparato productivo legal en Colombia, y, finalmente, 3) la redistribución de la tierra, que ha pasado por un proceso de concentración mediado por sofisticados y brutales repertorios de violencia y que, con la orientación del Estado y las organizaciones campesinas y sociales, podrá contribuir —en el largo plazo— con la diversificación de la matriz productiva que será determinante en el aumento de la capacidad económica del Estado.

Los retos en materia de justicia redistributiva son enormes e implican decisiones de política pública basadas en la comprensión de que la justicia económica es base fundamental para construir cimientos sólidos de convivencia en la sociedad porque, a la par que reducen las brechas de desigualdad, provocan que la ilegalidad resulte más riesgosa y costosa que la legalidad —a largo plazo y en los territorios históricamente abandonados por el Estado—. Existe una amplia producción académica que apunta a la necesidad de atender la violencia estructural como generadora de violencia directa en los procesos de construcción de paz, so pena de construir una “paz negativa” y endeble basada en la mera coerción (Galtung, 2016).

En este campo de la justicia redistributiva como soporte de la paz, el gobierno de Gustavo Petro ha dado algunos pasos importantes. Como es de conocimiento público, marcha en el Congreso de la República la reforma tributaria que busca ampliar la base de tributación en Colombia y redistribuir las cargas tributarias en el sentido acá planteado. Asimismo, se pactó un acuerdo para la adquisición de tierras que tiene mucho de discutible, pero que puede ser un camino que ayude a desarmar ánimos belicosos por parte de violentos y vigorosos sectores de grandes propietarios en el país asociados con la ganadería que, en Colombia, ha sido una de las grandes economías de guerra.

En relación con este último elemento, es importante que el Estado no abandone la recuperación de tierras que actualmente no cumplen con la función social establecida en la Constitución Política —vía extinción de dominio o expropiación—. Es decir, a la política de compra de tierras anunciada, debe sumarse una agresiva política para poner a “producir el campo”, lo que es posible solo con un proceso redistributivo que ponga en el centro la participación vinculante de las economías campesinas, negras e indígenas.

En este camino de lograr justicia distributiva y redistributiva para la paz es importante que el actual gobierno considere la posibilidad de consolidar y ampliar la renta básica en lo que se configura como la antesala de una recesión eco-