Proceso - 05 Junio 2022 by Nico Bellic

ÍNDICE / NO. 2379 • 5 DE JUNIO DE 2022 MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Combate antinarco: El reproche de EU a México: “Nuestros agentes tienen atadas las manos” /J. Jesús Esquivel

DELINCUENCIA ORGANIZADA

POLÍTICA

6 9 13

Tamaulipas: Un suspenso en la Corte blinda a García Cabeza de Vaca para las elecciones /Diana Lastiri

CDMX

Chihuahua: Cárteles controlan el tráfico de migrantes en desierto fronterizo /Patricia Mayorga, Raúl Fernando Pérez y Óscar Rosales

Coahuila: Presión estadunidense por la inseguridad en el último año del gobierno de Riquelme /Camelia Muñoz

Tamaulipas: Huachicoleo y trata de personas en la cuna del Cártel del Golfo /Luciano Campos Garza

SALUD

El choque con Layda Sansores exhibe fuga en la Auditoría Superior de la Federación /Mathieu Tourliere

JUSTICIA

Morena “es la cuarta etapa del PRI... y durará poco”: Sauri Riancho /Arturo Rodríguez y Neldy San Martín Alito, traiciones y rupturas en los círculos del poder /Arturo Rodríguez y Neldy San Martín

“Golpe” al IECM: La oposición alerta contra el “austericidio” electoral /Sara Pantoja

CISA / Comunicación e Información, S.A. de C.V. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Rafael Rodríguez Castañeda, presidente; María Scherer Ibarra, secretaria; Estela Franco Arroyo.

semanario de información y análisis DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García † SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †

Baja California: “Los Chapitos”, Caro Quintero y “El Mayo” se pelean el Valle de Mexicali /Redacción

La prohibición de vapeadores, una densa cortina de humo /Melissa Amezcua

MEDIO AMBIENTE

La tala clandestina florece sin control en Chiapas /Isaín Mandujano

INTERNACIONAL

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ESTADOS UNIDOS Después de Uvalde, 20 tiroteos más /Wendy Selene Pérez

COLOMBIA Rodolfo Hernández: Un candidato multimillonario (inspirado en AMLO) que genera muchas dudas /Rafael Croda

REPORTEROS: Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Sara Pantoja, Arturo Rodríguez, Alejandro Saldívar, Neldy San Martín, Mathieu Tourliere, Rodrigo Vera, Rosalía Vergara. CORRESPONSALES NACIONALES: Verónica Espinosa, coordinadora. Baja California, Jesusa Cervantes; Colima, Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato, Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores; Jalisco, Gloria Reza; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández. INFORMACIÓN INTERNACIONAL. CORRESPONSALES: Madrid, Alejandro Gutiérrez; París, Anne Marie Mergier; Washington, J. Jesús Esquivel. CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Columba Vértiz de la Fuente, reporteras. Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Samuel Máynez. cultura@proceso.com.mx

DIRECTOR: Jorge Carrasco Araizaga jcarrasco@proceso.com.mx • Tel.: 55-5636-2050

ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera. arivera@proceso.com.mx • Tel. 55-5636-2074

JEFE DE AUDIOVISUAL: José Manuel Jiménez; jose.jimenez@proceso.com.mx Tel.: 55-5636-2016

JEFE DE INFORMACIÓN: José Gil Olmos

FOTÓGRAFOS: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda, Raúl Pérez. Asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo.

gil@proceso.com.mx • Tel.: 55-5636-2087

DEPORTES: Beatriz Pereyra. deportes@proceso.com.mx

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ANÁLISIS: Elisur Arteaga Nava, Agustín Basave, Ariel Dorfman, Denise Dresser, Marta Lamas, Olga Pellicer, Alberto Pérez Dayán, Ricardo Raphael, Javier Sicilia, Ernesto Villanueva, cartonistas: Gallut, José Antonio Rodríguez.

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN EDITORIAL: Cecilia Rivera cecilia.rivera@proceso.com.mx • Tel.: 55-5636-2050

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García.

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda.

CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González, coordinador; Daniel González.

EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Hugo Martínez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Jaime Contreras, Tomás Domínguez.

DISEÑO: Alejandro Valdés, coordinador; Fernando Cisneros, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya, Juan Ricardo Robles.

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ANÁLISIS

LIBROS

54 Justicia energética es soberanía energética /Alejandra Ancheita

Niñez migrante: rostro de nuestras crisis /Tonatiuh Guillén López

¿Revivir las pensiones expresidenciales? /Ernesto Villanueva

Homicidio del líder estudiantil: Vigencia de “Charras”, de Lara Zavala /Roberto Ponce

ESPECTÁCULOS

Francia Márquez /Marta Lamas

Cine mexicano: Recuperación, tras lo peor de la pandemia /Columba Vértiz de la Fuente

CULTURA

DEPORTES

Escamotean homenaje a González Orozco /Judith Amador Tello

PÁGINAS DE CRÍTICA

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Selección de Futbol Talla Baja: Pasos cortos, pisadas fuertes... y mucha pasión /Ricardo Olín

PALABRA DE LECTOR

La última y nos vamos /José Antonio Rodríguez

ARTE El espacio público: botín para el arte y el no arte /Blanca González Rosas

TEATRO “Calle amor”, manifiesto feminista, transgénero /Estela Leñero Franco

CINE “Flee” /Javier Betancourt

Protocolo de Conmoción Cerebral: Ganarle a la muerte en la cancha /Beatriz Pereyra

COMERCIALIZACIÓN: Margarita Carreón, gerente. Tel. 55 5636-2063. PUBLICIDAD: Lucero García. Tels.: 55-5636-2077 / 2062 / 2091. Norma Cervantes. MERCADOTECNIA: Norma Velázquez. Tel. 55-5636-2059. CIRCULACIÓN: José Quintero, Tel. 55-5636-2064. Pascual Acuña, Maribel Gutiérrez, Concepción Guzmán, Fernando Polo, Andrés Velázquez. SUSCRIPCIONES: Cristina Sandoval, Tels. 55-5636-2080 / 2081 / 2082 y 800-202-4998. Blanca Talavera. Atención a suscriptores (Reparto): Lenin Reyes. Tel.: 55-5636-2065 / 2066 / 2067. Jonathan García, Rosa Morales.

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Octavio Gómez

MORENA

“ES LA CUARTA ETAPA DEL PRI... Y DURARÁ POCO”: SAURI RIANCHO

ARTURO RODRÍGUEZ Y NELDY SAN MARTÍN xpuesto hasta ahora por cinco conversaciones reveladoras sobre su manera de pensar y operar en asuntos públicos y privados, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, llegó debilitado, como su partido, a las elecciones del 5 de junio. En medio de un éxodo de priistas al partido Morena, e inclusive a Movimiento Ciudadano, dos de las cuatro gubernaturas que el PRI conserva se enfilan a la cauda de derrotas que registra desde 2018, cuando aún gobernaba en 20 estados de la República. Su dirigencia, ausente de la discusión política excepto en coyunturas, como la reforma energética, logró ocupar la agenda de la semana precedente a las elec-

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ciones con la revelación de una llamada entre Moreno Cárdenas y Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, en la cual el también senador del Partido Verde le transmitió un supuesto mensaje del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández: “Irán con todo” si el PRI no aprobaba la reforma energética. Para Moreno Cárdenas ese fue el detonador que resultó en una serie de conversaciones publicadas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Con esa reorientación del debate sobre el origen y las motivaciones de la filtración de conversaciones, Moreno Cárdenas cerraba el periodo proselitista en seis entidades federativas donde su nonagenario partido termina por jugarse la mitad de su resto, las gubernaturas de Oaxaca e Hidalgo, en público distanciamiento de los gobernadores en funciones emanados del PRI.

Uso y costumbre del priismo histórico, proclive a la invocación de la “institucionalidad”, la prudencia que les caracterizaba señaladamente la víspera de los comicios se ha visto alterada con la irrupción en escena de veteranos tricolores que, organizados en distintas corrientes internas, demandan la renuncia de Moreno y el cambio en la dirigencia nacional. Consultada al respecto, Dulce María Sauri Riancho, expresidenta nacional del PRI, advierte: “Lo peor que le pudiera pasar al partido en esta situación de vulnerabilidad, y en este momento, es una disputa por la dirigencia. Los valores del interés superior del partido y la generosidad política deben prevalecer, aunque suene utópico”. También considera, como lo hizo hace un año tras la derrota en las elecciones, que debe haber un debate a fondo sobre el rumbo del país y el papel que le co-

P OL Í T ICA

Con 93 años a cuestas, el PRI llega a los comicios de este domingo 5 con un semblante de inanición, no sólo por la fuerza que ha venido perdiendo desde 2018 o porque está a punto de ceder a Morena dos de las cuatro gubernaturas que le quedan (Hidalgo y Oaxaca) –sentencian las encuestas–, sino por el escenario de decadencia política de la dirigencia nacional del partido, encabezada por Alejandro Moreno. En este contexto, Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del PRI, reflexiona sobre el futuro de su partido, que ha ido perdiendo cuadros que absorbe la 4T. “Morena es como el PRI de la década de los setenta”, dice.

J. Raúl Pérez

Morena. Refugio de priistas

rresponde al PRI, lo que puede aportar al proceso democrático –que considera amenazado– y, naturalmente, para que el instituto político tenga futuro. “Estamos hablando de un partido que tiene más de 90 años, 93, que aspira a ser centenario y tiene que llegar al 4 de marzo de 2029; tendrá que pasar la elección del 24 como un partido histórico no testimonial.” –¿Considera que puede llegar a ese centenario? –Mire, con carácter histórico sí, testimonial, tal vez. Pero el PRI nació desde el poder para ejercer el poder; entonces, para ser fiel a sus raíces tiene que estar en condiciones de disputar democráticamente el poder. Además, sostiene, con todo y las situaciones que padece el PRI y el rechazo ciudadano en las encuestas, sigue teniendo una fuerza electoral que de ninguna mane-

Sauri Riancho. “El PRI nació para ejercer el poder”

ra es desdeñable… “Pero no es por siempre, no es patente escriturada, porque la sociedad es plural y está sometida a la presión que durante muchos años el PRI ejerció sobre la sociedad”. Agrega que Morena “es como el PRI de la década de 1970, las tácticas que emplea son las de aquel PRI de los setenta, que justamente el proceso democrático de México fue acotando hasta casi eliminar y pensar que, como la viruela, no volvería a aparecer”.

Cuarta Transformación En los comicios de este domingo 5 el PRI se enfrenta a varios candidatos que han militado en sus filas y que, en su mudanza a Morena, se llevaron parte de la estructura electoral y la clase política que la moviliza. Hidalgo es uno de esos casos, pues Julio Menchaca, el candidato de Morena, fue priista; lo mismo ocurre con Américo Villarreal, candidato en Tamaulipas, y con Marina Vitela, candidata en Durango. De hecho, cinco de los 15 gobernadores en funciones emanados de Morena proceden del PRI, mientras que sus líderes camerales son los expriistas Ricardo Monreal, en el Senado, e Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados. Como se sabe, expriistas también son el presidente López Obrador, quien renunció al partido en 1989; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que lo hizo en 2001, y el canciller Marcelo Ebrard, que abandonó el PRI en 1995. –¿Es la cuarta transformación del PNR? –se le plantea sobre el antecedente del PRI. –Si lo vemos en términos de etapas históricas del partido de la Revolución: PNR-PRM-PRI, efectivamente, se le puede considerar como una cuarta etapa del partido. 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

se mire, tiene que mirarse, porque si no lo hace, lo van a hacer los otros dos partidos: PAN y PRD. En su perspectiva, el PRI se enfrenta ahora a la necesidad de reconocer “el impacto de la reducción drástica de su presencia territorial”. Agrega Sauri Riancho: “Estamos hablando de que, si los números confirman las encuestas, el PRI puede encontrarse en un escenario de perder la mitad de sus gubernaturas, una de estas sin alternancia hasta ahora, que es Hidalgo. Y le quedan dos muy importantes en las que nunca ha habido alternancia: Estado de México y Coahuila.” En particular, la relevancia del Estado de México es por su padrón y por su localización, y será, a su juicio, el prólogo de la batalla electoral de 2024.

Con seis estados en elección, para el entrevistado el PRI formalmente lleva tres candidatos: Esteban Villegas, en Durango; Alejandro Avilés, en Oaxaca, y Leslie Hendricks, en Quintana Roo. “Es una gran incongruencia que nuestra secretaria general (Carolina Viggiano) sea candidata del PAN, sin el decoro de separarse del cargo en el partido. No es explicable que un presidente en funciones busque que se le destape para ser candidato presidencial; que el secretario de Organización se destape para las elecciones del Estado de México en 2023, y no lo es que la secretaria general busque una gubernatura registrada por un partido de oposición”, dice. La entrevista con Alfaro se realizó el jueves 2, mismo día en el cual el excandidato presidencial y veterano priista Francisco Labastida Ochoa se expresó ampliamente sobre Alejandro Moreno, para Aristegui Noticias. Labastida consideró que al exgobernador de Campeche le falta estatura moral, dijo que hay indicios de corrupción con Pemex, que su estilo y despilfarro presagiaban la crisis del PRI y, de plano, dio por muerta la carrera política del PRI y de Moreno; éste, en respuesta, dijo que respeta a Labastida por ser un hombre mayor, pero rechazó sus dichos y recordó que el excandidato presidencial perdió en el año 2000. Moreno ataja toda expresión cuando asevera que no se irá y que concluirá, según sus planes, el periodo de cuatro años para el que fue elegido en la presidencia de su partido; esto es, en agosto de 2023, una vez que hayan sucedido las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

Dirigencia “fallida” “Vale la pena reflexionar sobre la permanencia de esa dirigencia frente a los retos de 2023 y 2024. Amerita una reflexión seria sobre el futuro del partido y una dirigencia fallida que no ha respondido a su principal responsabilidad de mantener el partido como tal en ejercicio del poder. “Ha sido una dirigencia de protagonismos y para proclamar ambiciones de carácter personal”, dice José Encarnación Alfaro, integrante del Grupo Reflexión. En entrevista, Alfaro expone como un escenario viable, grave y catastrófico sólo la victoria de la alianza Va por México en Aguascalientes, pero con una candidatura del PAN. Benjamín Flores

“Por decirle de alguna manera –expone Sauri Riancho–: el PRI inicia con la suma de las fuerzas regionales un proyecto para la transformación política del país en el 29, que en el 38 implica la corporativización de los sectores del partido y que luego corresponde al presidencialismo civil, era una teleología de progreso hacia una más y mejor democracia en el país. “Lo que vemos ahora es un retroceso, justamente retroceder a la fase de la centralización del poder político, de la concentración en la figura presidencial, el intento de sofocar la expresión de la diversidad política del país, que el propio PRI contribuyó a crear y a desarrollar como valor de la democracia en México. Quiero pensar que es una cuarta etapa que durará poco y que vendrá un quinto momento del PRI”, agrega Dulce María Sauri. La entrevista con la expresidenta nacional del PRI se realiza el jueves 2, una fecha que no pasa inadvertida, pues México se encuentra justo a dos años de la elección presidencial, tiempo en el cual su partido tiene que ajustarse a su nueva realidad. En su caso, a Sauri ya le tocó dirigir al PRI tras la derrota del año 2000, cuando se vaticinaba su extinción y se empezaban a perder gubernaturas. La relevancia de las elecciones del 5 de junio no es sólo por las dos gubernaturas, es decir, las de Hidalgo y Oaxaca; es también, expone Sauri, por los votos que ahora, como partido coaligado, puede aportar. En síntesis: mostrar la aportación priista, su representatividad; y en función de esto el PRI tiene que sacar sus cuentas y, por más oscuro que sea el espejo en que

Partido nonagenario. Desastre electoral

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Renunciar o permanecer Protagonista de los audioescándalos de la temporada, Alejandro Moreno Cárdenas convocó al Consejo Político Nacional de su partido. El objetivo: obtener de sus compañeros un acuerdo de apoyo frente a los ataques que, considera, son orquestados en su contra por el gobierno de la República. La cita fue también el jueves 2, mismo día en que Labastida vaticinaba el fin del PRI. José Encarnación Alfaro, expone al respecto: “Como partido, es correcto ser solidario y dar muestra de unidad en torno a la dirigencia, exigir al gobierno (federal) que saque las manos de los procesos electorales. Pero ese respaldo no blinda a Alejandro Moreno ni a la dirigencia nacional frente a un escenario electoral catastrófico.” Si bien esa posición se ha generalizado en diferentes sectores, especialmente en aquellos que promueven el regreso de Roberto Madrazo a la dirigencia nacional, hay voces que consideran que el problema no está en el actual dirigente, sino que van más allá. O

P OL Í T ICA Octavio Gómez

Alejandro Saldívar

Germán Canseco

Alito, Velasco, Adán Augusto. Audioescándalos y deslindes

ALITO, TRAICIONES

Y RUPTURAS D EN LOS CÍRCULOS DEL PODER

ARTURO RODRÍGUEZ Y NELDY SAN MARTÍN

La violencia política se desató en el formato de audioescándalos. Un par de semanas antes de las elecciones para renovar seis gubernaturas, desde el gobierno de Campeche se revelaron grabaciones que exhiben al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y éste, a su vez, respondió con un audio con el cual denunció haber sido amenazado por el gobierno federal. El mensajero, de acuerdo con lo escuchado, es su compadre, el senador del Partido Verde Manuel Velasco. En entrevista, el también exgobernador de Chiapas da la versión de los hechos.

e ser puente entre priistas y el gobierno de la República, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, quedó exhibido y utilizado por su propio compadre, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para acusar una persecución política en su contra desde Palacio Nacional, presuntamente por negarse a apoyar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Alejandro Moreno planeó grabar esa conversación con fines políticos y utilizarme”, denunció el senador Manuel Velasco en entrevista con Proceso. “Yo hablaba a título personal (con Moreno), en una reflexión entre amigos: ‘Oye, a ver dialoga con todos, busquen la manera de llegar a un acuerdo’. Fue una reflexión a título personal de que las cosas se estaban enredando y se estaban poniendo tensas”, asegura. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha difundido cinco audios en los cuales el exgobernador de ese estado y dirigente del PRI, Moreno Cárdenas, sostiene conversaciones en las que expo2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

AUDIOS REVELAN LA NECESIDAD DE REFORMAR

SERVICIOS DE INTELIGENCIA: ALEJANDRO HOPE ARTURO RODRÍGUEZ Y NELDY SAN MARTÍN

l actual proceso electoral se ha visto marcado por escándalos de escuchas telefónicas que dejan expuestas, sin distingo partidista, las maneras, prácticas y tropelías de los actores políticos. Los polémicos audios comenzaron a difundirse el 3 de marzo último, con una conversación entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y su incondicional fiscal de control, Juan Ramos López, notoriamente molestos por el sentido del proyecto que el ministro Alberto Pérez Dayán redactó sobre el empecinamiento del primero en llevar a prisión a su cuñada Laura Morán y a la hija de ésta, Alejandra Cuevas Morán. El episodio evidenció el intento del fiscal general por influir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver en su favor un asunto personal. También exhibió la vulnerabilidad de una de las tres instituciones facultadas por la ley para realizar escuchas telefónicas. Esto es, que alguien intervino las comunicaciones de quien puede intervenirlas.

Semanas después, en Tamaulipas, fueron difundidas las conversaciones de Beatriz Salazar Mojica, líder de la bancada morenista en el Congreso local y sobrina del presidente López Obrador. El audio revela el acuerdo con un proveedor para que entregue dinero en efectivo a la diputada, aunque en los tiempos en que era administradora en un Conalep. Desde el 5 de mayo pasado diversas conversaciones, cuyo protagonista es el dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, han desatado una amplia polémica por lo que esos audios reflejan: uso de recursos privados, ilícitos, con fines electorales; consideraciones sobre el trato a la prensa y uso patrimonialista de los presupuestos de publicidad oficial para la censura; negociaciones de bienes raíces y ocultamiento de información fiscal y patrimonial. En especial, la delicadeza de que el fiscal general haya sido intervenido es “un llamado de atención para fortalecer los protocolos de

ne presuntos esquemas de financiamiento ilegal con fines electorales, denostaciones verbales contra la prensa y negocios personales evitando rendir cuentas. En el contexto, el líder priista difundió su propio audioescándalo. En la grabación de casi nueve minutos, que Moreno hizo público el pasado 31 de mayo y que presuntamente habría sido grabado el 8 de abril, previo a la discusión de la reforma eléctrica en el Congreso, Velasco le dice que fue llamado por el “dos”, en una supuesta referencia al secretario de Gobernación, Adán Augusto López –porque conoce de su cercanía–, quien le habría dicho que: “si no jalabas, se iban a ir con todo”. Más adelante, el “Güero Velasco” le recomienda que dialogue y que diga: “Recibí el recado del Güero, pero no se me hace que sean las formas, mediante amenazas; yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar, y sigo abierto a dialogar”. En entrevista con este semanario, el legislador del Partido Verde desconoce haber hablado de una amenaza y dice que es la interpretación que Alejandro Moreno le quiso dar. “Me acaba de mandar a amenazar con

un recado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Queda claro en la llamada y la grabé por temas de seguridad”, dice el dirigente nacional del PRI al terminar la conversación. También exgobernador de Chiapas, Velasco reitera en la entrevista su posición publicada en redes sociales: que era una conversación privada en la que hablaba a título personal, que fue desvirtuada, pues nunca amenazó a nadie, y Moreno violó su confianza al grabarlo sin su consentimiento.

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La reforma y Claudio X Desde que el presidente López Obrador presentó su iniciativa de reforma eléctrica, el 30 de septiembre último, los devaneos de los líderes del PRI motivaron divisionismo interno y preocupación en la bancada panista por la eventual fractura de la coalición “Va por México”. Los primeros 10 días de octubre quedaron marcados por las tensiones, extrañamientos y suspicacias: López Obrador instaba en sus mañaneras a los legisladores del PRI para que se definieran en favor

seguridad en la información en las dependencias federales”, considera Alejandro Hope, experto en temas de seguridad. Exfuncionario del Cisen, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad en Democracia y consultor en materia de seguridad, Hope advierte: “Esto revela que tenemos problemas de control y fiscalización sobre el aparato de seguridad. Todas las agencias que tienen trabajo clandestino o encubierto tienen potencial de abuso de facultades y deben estar sometidas a controles estrictos. No hemos tenido una reforma de fondo a los servicios de inteligencia en el país, éste es un tema que se nos quedó 10 años atrás”.

Historial de escándalos El siglo XXI trajo consigo la modalidad de los audioescándalos que, en medio de conflictos políticos o procesos electorales, se hacen sonar por la gravedad de lo que se dice y, coincidentemente, tienen que ver

de la reforma; la bancada y la dirigencia nacional del PAN lanzaban una rotunda negativa, mientras que el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, se mostraba abierto a la discusión y planteaba un parlamento abierto, inclusive hasta considerar que, en efecto, la reforma energética del sexenio pasado era “ultraneoliberal”. En ese contexto la integración de comisiones en la Cámara de Diputados había favorecido al PRI, dejando en sus manos dos de las más importantes, Gobernación y Vigilancia, así como la Junta de Coordinación Política. En la coordinación de la bancada del PAN se tenía una convicción alimentada desde que en junio de 2021 el presidente López Obrador anticipó que podía buscar sus votos para lograr reformas constitucionales: el PRI se aproximaba al gobierno. Jorge Romero, el líder cameral panista, amagó con romper la coalición legislativa, extensión de la electoral “Va por México”, para evitar un “albazo” que –estaban convencidos– se proyectó para la primera semana de octubre. En corto, los panistas acusaban que desde el reparto de comisiones se veía a Moreira “con Ignacio Mier para todos lados”. (Proceso 2345)

P OL Í T ICA con agresiones a periodistas, elecciones y corrupción, que en varios casos son también registro de fanfarronería. Entre los más lamentables episodios de la vida pública del país, conocidos por sus audioescándalos, destacan los casos de Mario Marín, aun gobernador de Puebla en 2006. El 14 de febrero de ese año se difundió la conversación que sostuvo con el textilero Kamel Nacif, celebrando la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho, de la cual surgió el apodo de El gober precioso. Por los hechos referidos en esa conversación, Marín fue detenido 16 años después, en febrero de 2021. Aquel 2006 también hubo una filtración de carácter electoral. Apenas pasada la elección presidencial y con impugnaciones en curso, fue revelada la llamada entre la entonces dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y el entonces gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, en la cual ella instruye una transferencia de votos al PAN para que gane Felipe Calderón; no hubo consecuencias. En 2009 el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, fue expuesto en varias conversaciones asegurando que el expresidente Carlos Salinas de Gortari se robó la partida secreta de la Presidencia. La grabación se encontraba en poder de la entonces subsecretaria Purificación Carpinteyro. Ambos fueron destituidos y ella logró evitar la cárcel.

La amenaza de romper la coalición no sólo fue un dicho. Para el 7 de octubre Jorge Romero había tenido reuniones con priistas inconformes con la posición asumida por Moreira, había acercamientos al Senado vía Claudia Ruiz Massieu y un discreto Osorio Chong… pero, más allá de la operación legislativa, la clave para atemperar los ánimos estuvo en el encuentro del 12 de octubre pasado, cuando los dirigentes de los tres partidos y sus coordinadores parlamentarios se reunieron con Claudio X González en la sede del PRI. Desde entonces la posición priista se mantuvo en realizar un parlamento abierto y votar después de las elecciones del 5 de junio, en un periodo extraordinario o, inclusive, esperar al siguiente periodo. Sin embargo, en el primer trimestre de 2022 el gobierno de la República canceló el diálogo que se había preparado entre el PAN y Gobernación. De hecho, la dirigencia del PAN quedó superada por los acuerdos entre Adán Augusto y los gobernadores panistas. Finalmente, el gobierno rechazó el parlamento abierto por considerar que los priistas sólo estaban “pateando el bote”, pero al final votarían en contra.

Un año después, en 2010, Fidel Herrera, entonces gobernador de Veracruz, ofrecía dinero a las campañas priistas, haciéndose deplorablemente célebre su dicho: “Estoy ahorita en la plenitud del pinche poder, tengo el gobierno en la mano”. México conocería la ostentación del gobernador tabasqueño Andrés Granier, cuando presumió en un audio difundido en 2013 su extenso guardarropa de mil camisas, 400 pantalones, 300 trajes y 400 pares de zapatos que, confiesa, guarda en sus casas de Miami, Cancún, Ciudad de México y Villahermosa. A mitad del sexenio de Peña Nieto se revelaron las conversaciones telefónicas del entonces presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir; de su operador en México, Juan Andrés de Oteyza, y de los acuerdos que hacían con Emilio Lozoya, entonces director de Pemex y quien previamente había sido parte del consejo de administración de la constructora. Para Alejandro Hope, los audioescándalos de 2022 no son novedad. “La gente se ha vuelto más tolerante a la invasión de su privacidad. El celular es fundamental en la existencia de mucha gente y eso conduce a prácticas que no protegen la privacidad”. Desde 2013, un análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dio cuenta de las intervenciones telefónicas a periodistas, políticos y ciudadanos inmersos en

El tuit de Velasco. “Hablé a título

actividades públicas mediante el software espía FinFisher. Siguió el escándalo por las intervenciones de Pegasus. La Red por los Derechos Digitales en México ha sido una de las más activas en la promoción de recursos judiciales para que el espionaje no quede impune. Sin embargo, la justicia mexicana no ha encausado ninguna de las denuncias.

Revelaciones legales Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, explica que, conforme a la Constitución y a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando una conversación es grabada y divulgada por una persona que participó en esa comunicación, entonces no se viola la ley. Por el contrario, dice, cuando se trata de una persona ajena a la comunicación que graba y divulga esa información o simplemente graba esa información, ahí sí hay una intervención de comunicaciones privadas, ilegal y violatoria de los derechos de las personas que son parte de esa comunicación. Independientemente del contenido de las conversaciones y las ilegalidades que ellas reflejan el hecho de la grabación de esas conversaciones, si fuera una persona ajena a esas comunicaciones entonces sería un acto ilegal, un delito inclusive, concluye. O

personal”

Contraataque del PRI. Denuncia 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Así, la votación se adelantó para una semana después de la consulta de revocación de mandato, es decir, al segundo domingo de abril, sin incluir propuestas de los demás grupos parlamentarios. Del lado morenista, seguros de que la iniciativa no iba a pasar, decidieron exhibir el rechazo con las acusaciones de traición a la patria que se extendieron en paralelo al desarrollo de la etapa proselitista en las seis entidades con elecciones. Fue una semana antes de la votación cuando se habría dado la llamada entre Manuel Velasco y Alejandro Moreno.

La operación, la proximidad Una revisión de las redes sociales de Manuel Velasco da cuenta que sostuvo una decena de reuniones con Adán Augusto López Hernández desde el 30 de agosto de 2021, cuando asumió como titular de la Secretaría de Gobernación. El 3 de septiembre, 6 de octubre, 16 de noviembre, 8 de diciembre y 21 de diciembre de 2021, además del 9 de febrero, 16 y 17 de marzo, 9 de abril de 2022, un día después de la supuesta conversación con Alito, y el 20 de abril, dos días después del naufragio de la reforma eléctrica. Una fuente de alto nivel, consultada bajo condición de anonimato, detalló que Velasco es un político oficioso y que, desde que llegó López Hernández al Palacio de Cobián, lo buscó para acercarle al PRI y comenzó a tener un papel de operador entre el titular de Gobernación, gobernadores de oposición y el dirigente priista. Al respecto, el exgobernador de Chiapas rechaza haber operado la reforma eléctrica por órdenes de Bucareli, y afirma que con el secretario de Gobernación tiene una relación en el ámbito legislativo, como coordinador de una fracción parlamentaria. También niega una amistad con él… Aunque lo desmintió el propio secretario de Gobernación saliendo de Palacio Nacional el pasado 2 de junio: “Manuel es mi amigo, una gente a la que yo estimo, me tocó ser senador cuando él era gobernador de Chiapas, por la vecindad manteníamos comunicación, la mantenemos hasta la fecha”. “Es normal que un coordinador de una fracción parlamentaria se reúna con el secretario de Gobernación, quien es el encargado de llevar las relaciones con el Poder Legislativo”, dice Velasco. En el audio divulgado por Alito Moreno, éste le dice a Velasco que entiende el papel que le toca jugar a su “hermano”, Adán Augusto, en el contexto de la férrea oposición del PRI, PAN y PRD aglutinados en la coalición Va Por México, contra la reforma eléctrica. “Al final del camino, Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo, lo conocemos

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de hace años, pero si tiene instrucciones de su jefe, pues ¿qué le vamos a hacer?”, se escucha decir a Moreno.

Larga amistad Las fotos de la boda del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y la administradora general de la Auditoría Fiscal federal, Rosalinda López Hernández, en Villahermosa en 2013, dan cuenta de una larga amistad entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el senador del Partido Verde Manuel Velasco. En ese momento Rutilio Escandón era el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, cargo que desempeñó de 2013 a 2018, cuando Velasco era el gobernador, Adán Augusto López senador y Rosalinda López diputada local. Velasco firmó como testigo del novio en el enlace nupcial y Arturo Núñez, entonces gobernador de Tabasco, de la novia. Pero su relación con la familia López Hernández comienza desde la época en que su abuelo, el fallecido Fernando Coello Pedrero, era cercano al padre de Adán Augusto y Rosalinda López, el notario tabasqueño Payambé López Falconi, fallecido en 2020. Tanto el abuelo de Velasco como el padre de los López Hernández fueron protectores y aliados históricos del presidente López Obrador. Velasco coincidió en el Senado con Rosalinda López de 2006 a 2012, él por el Partido Verde y ella por el PRD, y se hicieron muy amigos. En 2012 Manuel Velasco ganó la gubernatura de Chiapas para un periodo que terminó en 2018. En 2013, Velasco Coello propuso al Congreso local a Rutilio Escandón Cadenas como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas. En 2015, Rosalinda López renunció a su militancia de 15 años en el PRD y fue la abanderada del PAN y el PVEM para contender como candidata a la alcaldía de la capital tabasqueña, municipio Centro. Meses antes, en junio de 2014, periódicos locales de la época informaron que el destape de la candidatura lo hizo Velasco, quien viajó a Tabasco para el aniversario luctuoso del exgobernador Carlos Alberto Madrazo, y acompañado de Rosalinda López y del adversario de López Obrador, el exgobernador Roberto Madrazo, dijo que “sería una excelente candidata ciudadana”.

Hablar en clave “Te voy a hablar en clave, ¿ok?”, así inicia la conversación que difundió Alito Moreno con Velasco, y que habría sepultado en menos de 10 minutos unos 20 años de amistad.

Ambos fueron compañeros en San Lázaro como diputados federales de 2003 a 2006, luego los dos fueron senadores de 2006 a 2012, y también coincidieron en la Conferencia Nacional de Gobernadores, uno como gobernador de Chiapas, de 2012 a 2018, y el otro de Campeche, de 2015 a 2019, pues abandonó el cargo para contender por la presidencia del PRI para un periodo de cuatro años. Pero su relación iba más allá de lo político, Velasco es el padrino de bautizo del segundo hijo de Moreno. –¿Por qué le dijo que hablarían en clave? –Porque él me dice que le llame de otro número. Ese día primero platico con él, ya había hablado con él, con mi número ordinario, con el que hablo con él y él me solicita vía mensaje que le marque de otro número. Velasco explica que “él me da otro número y es evidente… Hay que pedir a las autoridades correspondientes que investiguen todos los audios. Es evidente que está manipulado porque tuvimos muchas conversaciones. Que las autoridades investiguen todos los audios”. El senador reconoce que durante la llamada notó que su compadre sonaba extraño, pues no hablaba con “el lenguaje habitual con el que hablamos”, pero asegura que nunca imaginó que “mi propio amigo me grabara” para “manipular la conversación” y dar una interpretación de que estaba siendo enviado para amenazarlo ante la opinión pública. –¿Se terminó la relación con el dirigente nacional del PRI? –Yo no esperaba que él traicionara una relación de amistad de tantos años. Tendrá sus motivos y sus razones, pero yo no las comparto. En la llamada del 8 de abril, Velasco le pregunta a Alejandro Moreno si es verdad que a los diputados del PRI que voten en favor de la reforma eléctrica los van a expulsar. El líder priista le dice que sí. El bloque político, regional y generacional que conformaron en su asenso Alejandro Moreno, Manuel Velasco y Alejandro Murat se rompió este 2022. El primero, convertido en dirigente nacional del PRI, se plegó a la agenda de la coalición política “Va por México”, junto al PAN y el PRD; los segundos se embebieron en la llamada “Cuarta Transformación”. Mayo se convirtió en espacio temporal para la fractura entre “hermanos”. Primero, el 14 de mayo último, con el mensaje fotográfico de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, quien posó con sus homólogos morenistas: la capitalina Claudia Sheinbaum, el tabasqueño Carlos Manuel Merino y la campechana Layda Sansores. Diez días antes, el 4 de mayo, Sansores había iniciado la tanda de publicación de conversaciones de Moreno Cárdenas. O

P OL Í T ICA Edgar Negrete / Cuartoscuro.com

Colmenares y Angulo. “Relación eminente formal”

EL CHOQUE CON LAYDA SANSORES

EXHIBE FUGA

EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

En el enfrentamiento entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mediante la revelación de audioescándalos, ha quedado al descubierto la opacidad de la mandataria sobre el origen de las grabaciones, pero también que el priista ha tenido acceso a información de la Auditoría Superior de la Federación, información que después ha usado para su causa. En medio de esta guerra de lodo queda también al descubierto el Caso Rafael, referente a un sistema de seguridad que el gobierno federal adquirió en 2015 por miles de millones de pesos… y que nunca funcionó.

MATHIEU TOURLIERE ara defenderse contra los audios que lo exhibieron como probable responsable de diversos delitos, y de ejercer un trato humillante hacia los periodistas, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, utilizó una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que implica, entre otros imputados, a Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche. El empleo de esa información exhibió que Moreno Cárdenas tiene las puertas abiertas del organismo fiscalizador dirigido por David Colmenares Páramo. También exgobernador de Campeche, el dirigente de partido –autonombrado Alito– obtuvo de la ASF una denuncia teóricamente confidencial, que tiene la marca de “acuse”, lo que prueba que viene del organismo fiscalizador. Esa denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de mayo último, el mismo día de la difusión del primer audio contra el priista; esa grabación es parte de una batería de audios

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Octavio Gómez

Sansores. Los audios de dudosa procedencia

dados a conocer por Sansores (Morena) en plena campaña electoral para renovar seis gubernaturas este domingo 5. Sansores, por cierto, se ha reservado la información sobre el origen de los audios que ha dado a conocer. El contenido de la denuncia de Alito es endeble: el dictamen técnico que sostiene la acusación mencionó a Sales en irregularidades que la propia ASF atribuyó a la Policía Federal (PF). En el periodo revisado por la ASF, Sales era titular de la entonces Comisión Nacional de Seguridad, organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob) –entonces encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong– al que pertenecía la PF. Moreno Cárdenas cuenta con un aliado que tiene un pie en la ASF: Pablo Angulo Briceño, un joven campechano, diputado plurinominal del PRI, que es su incondicional desde hace años. El legislador preside la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, cargo desde el cual supervisa la labor del ente fiscalizador y de su director, David Colmenares. En respuesta a un cuestionario que le envió Proceso, la ASF indicó que “desconoce” la razón por la cual Moreno obtuvo

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una copia de la denuncia, y señaló que la relación personal de Colmenares con Angulo es “eminente formal y atiende exclusivamente a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”. A la pregunta de por qué la CNS –y su extitular, Sales– aparece en el dictamen técnico de la denuncia, mas no en el informe de auditoría, el organismo fiscalizador respondió que ambos documentos revisten una “naturaleza específica e independiente” uno con el otro; su denuncia por el caso Rafael, abundó, únicamente “realiza una descripción de hechos presuntamente delictivos, sin que la ASF califique la existencia de un delito en particular”. Desde el 11 de mayo último Layda Sansores ha difundido una serie de grabaciones en los que ha exhibido al priista, mermando su liderazgo en la alianza opositora Va Por México que, además del PRI, aglutina al PAN y al PRD. Aunadas a las expresiones soeces que que se le oye proferir, el dirigente nacional del PRI fue grabado mientras reconocía que el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, había dado 25 millones de pesos

a la campaña del PRI; en su opinión, según la grabación, debía entregar 10 veces más. En otro audio, que la mandataria reveló el 24 de mayo pasado, el priista afirma que: “El hijueputa que se pase de verga, una verguiza salvaje…”. Y que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá; ¡hay que matarlos de hambre!”. En la más reciente grabación, del 31 de mayo pasado, Moreno Cárdenas detalla un esquema financiero mediante una inmobiliaria: “Vas a ver cómo van a salir las cosas ahora que yo esté en la Cámara (de Diputados)”.

Inconsistencias Acorralado por los audios de Sansores, el exgobernador contraatacó el 25 de mayo último: denunció a Renato Sales de haber robado un sistema de inteligencia instalado por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y de usarlo para “obtener” y “manipular” los audios con el objetivo de dividir a la oposición con vistas a las elecciones de este domingo 5. Su fuente, dijo, es un “parajito”.

P OL Í T ICA Existen indicios de que el espionaje político contra Alejandro Moreno Cárdenas viene de Campeche, pues la propia Sansores informó que cuenta con 60 horas de grabaciones contra el priista. Tras su elección como gobernadora, Sansores designó a Sales como fiscal estatal, pese a su trayectoria en el gobierno de Peña Nieto y a su paso por la fiscalía estatal, entre 2009 y 2013, durante el gobierno del priista Fernando Ortega Bernés. Sin embargo, la versión de los hechos que Moreno escuchó del “parajito” tiene varias fallas. De entrada, el sistema Rafael no fue robado, sino que nunca funcionó. Además, lo controlaba la PF, un ente dirigido en el sexenio pasado por Enrique Galindo Ceballos y Manelich Castilla Craviotto, que respondía administrativamente a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Moreno Cárdenas respaldó su argumento con dos fotografías de una denuncia que la ASF presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate contra la Anticorrupción de la FGR, el 11 de mayo pasado. En ella, la ASF pidió investigar irregularidades por 807 millones 659 mil pesos en la compra del sistema Rafael, por el que la Policía Federal (PF) pagó mil 302 millones de pesos. La denuncia de la ASF, presentada por Heladio Elías Ramírez Pineda –director de asuntos jurídicos de la dependencia e hijo del exgobernador oaxaqueño Eladio Ramírez–, incluyó a Sales entre los imputados. Contrario a lo que afirmó Moreno, la ASF no imputó al ahora fiscal de Campeche ningún robo: lo acusó de que “no supervisó a la PF a fin de garantizar el desempeño honesto de su personal” durante su tiempo al frente de la CNS, desde julio de 2015 hasta el último día de gobierno de Peña Nieto. La ASF basa sus denuncias en dictámenes técnicos derivados de las auditorías que realizó, y de las observaciones que contienen los informes. Y la auditoría 2019-5-36L00-20-0006-DN-2019, que dio pie a la denuncia, no menciona en ningún momento la falta de supervisión de la CNS: contiene cuatro pliegos de observaciones, que en conjunto suman 807 millones 659 mil pesos, pero las achacó a funcionarios de la PF o al proveedor.

Simulación El caso Rafael se remonta al 23 de diciembre de 2015. La PF, entonces dirigida por Enrique Galindo Ceballos, contrató a la empresa Rafael Defense Advanced System para un proyecto llamado “Análisis, diseño e implementación de la plataforma del sistema de explotación de la información de inteligencia”, el cual implicaba una combinación de las soluciones Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite y un vehículo de Comando y Control (C2).

La oferta, diseñada para un uso militar o policiaco, pretendía dotar a toda la PF con un dispositivo de captación de imágenes ultraprecisas y georreferenciadas instalado en una aeronave (RecceLite), enriquecido por varias capas de información provenientes de bases de datos (ImiLite) –incluyendo las 60 bases de datos de la Plataforma México– y procesadas en tiempo real (Wisdom Stone) para dar un panorama muy preciso, en tres dimensiones y en tiempo real, de lo que sucede en un terreno. Para el uso de la tecnología, solicitada formalmente por la División de Inteligencia, la PF puso sobre la mesa 130 millones 800 mil dólares, equivalentes a 2 mil 547 millones de pesos, respaldados por una carta de crédito del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext). El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2015, en plenas vacaciones y a dos días de Navidad. Fue adjudicado de manera directa bajo “las primicias de urgencia, riesgo y confidencialidad”. El dinero salió de la muy opaca partida 4310, correspondiente a “Transferencias para gastos de Seguridad Pública y Nacional”. Durante los siguientes tres años se instalaron grupos de trabajo, capacitaciones –incluyendo una en Tel-Aviv, en septiembre de 2016, con viáticos cubiertos por Rafael–, se importó el material físico –con contratiempos de hasta 277 días en aduanas–, se instalaron los sistemas, se llevaron a cabo “Pruebas de Aceptación en Sitio”, y se firmaron dos convenios modificatorios que aplazaron la entrega. En agosto de 2016 Galindo dejó las riendas de la PF –a Manelich Castilla Craviotto– para dedicarse a la política; actualmente es el presidente municipal de San Luis Potosí por la alianza PRI-PAN-PRD. El 22 de noviembre de 2018 Castilla instruyó formalmente a las Divisiones de Antidrogas, Científica, Gendarmería, Investigación e Inteligencia para que utilicen el sistema Wisdom Stone. Detrás de este formalismo se escondía una gran simulación: la solución tecnológica de última generación que vendió Rafael resultó una plataforma inutilizable para los agentes de la PF, quienes ni siquiera tenían cuentas de administración para operarla, según la ASF. La articulación entre los sistemas Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite nunca funcionó; no podía conectarse con las 60 bases de datos de la Plataforma México, uno de los sistemas operaba sin licencia de uso instalada, sin posibilidad de monitorear los accesos a la tecnología, y los formatos de informes eran tan imprácticos que los agentes elaboraban sus documentos por fuera, en Word o Excel. Al final, apenas algunos agentes de la PF, pertenecientes a una sola división –en lugar de las cinco planeadas–, utilizaban

la potente plataforma como simple “gestor de base de datos y repositorio de archivos”, hasta que en septiembre de 2019 se le venció el soporte técnico. En junio de 2018 fueron designados “administradores del contrato” César Damián Trejo Vargas y Dante Barrera Aguilar, dos exfuncionarios de la era de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y quienes en el gobierno de Peña Nieto fungían como directores generales del Centro de Alertas y Atención de Riesgos y del Centro de Monitoreo Técnico de la PF, respectivamente. Después de la toma de posesión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el equipo de Alfonso Durazo Montaño en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tomó el control de la PF y pidió una auditoría al Órgano Interno de Control. El tema Rafael ya era un dolor de cabeza para la administración entrante, pues desde el 13 de junio de 2018 la empresa reclamaba 58 millones de dólares a la PF –cerca de la mitad del monto total– y la dependencia se negaba a pagar. Ante el rechazo, la compañía israelí presentó una demanda de nulidad, la cual fue admitida el 8 de enero de 2019 por la Décima Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En septiembre de 2019, la SSPC presentó una denuncia, que permitió a la ASF investigar el asunto. Al revisar los archivos y los materiales los auditores encontraron un caos administrativo: contratación no justificada, inventarios incompletos, facturas que no correspondían con lo entregado, pagos por adelantado no justificados, retrasos de 10 a 17 meses en las entregas. Al adentrarse a las cuestiones tecnológicas observaron otras aberraciones. Descubrieron que la PF había adquirido una solución tecnológica incompatible con sus propios protocolos informáticos, “por lo que el personal de la Policía Federal no podía utilizar el sistema para el cumplimiento de sus funciones”. En palabras de unos agentes entrevistados por los auditores, la solución “no es un traje a la medida” para la PF. La disputa con la empresa por el reclamo de 58 millones de dólares terminó de echar a perder la inversión. La PF no pudo activar sus cuentas de usuario y se dejó de aportar soporte técnico. Lo absurdo llegó a que, entre enero y abril de 2019, se realizó una capacitación “sin contar con la participación del proveedor y sólo en ambiente de pruebas del sistema”. Actualmente, subrayó la ASF, “la Plataforma adquirida no se utiliza para ninguna labor de inteligencia en la Guardia Nacional (que sustituyó a la Policía Federal)”, y “no se ha cargado información en el Sistema WS”. 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Foto: Tomada de Twitter / Cuartoscuro.com

El mandatario. Protección legal

TAMAULIPAS

UN SUSPENSO EN LA CORTE BLINDA A GARCÍA CABEZA DE VACA PARA LAS ELECCIONES

DIANA LASTIRI

D 16

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e cara a la elección de este domingo 5, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió dejar en la incertidumbre la situación jurídica del gobernador

de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) busca procesar penalmente por diversos delitos. Sin dar explicaciones públicas, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó a sus compañeros en la Primera Sala posponer hasta el miércoles 8 la discusión de las impugnaciones con las que se resolvería si el gobernador García Cabeza de Vaca goza o no de fuero constitucional. Con esto el mandatario estatal llegó blindado a las elecciones en las que se definirá quién lo sucederá en el cargo. Fue así como quedaron en lista las dos impugnaciones presentadas por el Congreso de Tamaulipas contra la resolución de desafuero de García Cabeza de Vaca, emitida el 30 de abril de 2021 por la Cámara de Diputados, por asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal; y contra la solicitud de orden de aprehensión que la FGR presentó ante un juez del Estado de México por delincuencia organizada y lavado de dinero. La decisión de dejar en lista los asuntos respondió a que en enero pasado el Congreso de Tamaulipas se desistió de la con-

JU S T IC IA

El panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca llegará protegido contra el desafuero a los comicios de este domingo 5, cuando se elegirá su sucesor en la gubernatura de Tamaulipas. La Suprema Corte de Justicia va a discutir hasta el miércoles 8 si tiene o no fuero constitucional. Y en otra denuncia, aunque el mandatario estatal no ha logrado descongelar sus cuentas bloqueadas por la UIF, el juez todavía espera las pruebas que ofrecieron las autoridades estadunidenses sobre operaciones ilícitas del gobernador y su familia. troversia constitucional presentada contra el desafuero dictado por la Cámara de Diputados… y posteriormente se arrepintió. El ministro decidió, independientemente del desistimiento ratificado de los legisladores locales, entrar al fondo del asunto. Sin embargo, en la sesión privada de la sala celebrada el pasado miércoles 1 los ministros consideraron que el proyecto no incluyó suficientes argumentos para justificar por qué se debía estudiar el asunto. En consecuencia, el ministro ponente se comprometió a incluir estos argumentos para discutir el próximo miércoles 8 si el desafuero dictado por la Cámara de Diputados contra el gobernador es o no válido. González Alcántara Carrancá no ha dado a conocer el sentido de sus propuestas; sin embargo, el 14 de mayo de 2021, cuando inicialmente desechó la controversia planteada contra el desafuero, dio a conocer el criterio que, según las fuentes consultadas, se prevé que sea reiterado en el proyecto de resolución. En su pronunciamiento el ministro señaló que no existió invasión de competencias al Congreso de Tamaulipas por parte de la Cámara de Diputados, pues, aunque dicha instancia resolvió desaforar al gobernador, ordenaron notificar a los legisladores locales para que ellos, en total libertad, decidan si adoptan o no la resolución federal. Añadió que, debido a que los diputados de Tamaulipas rechazaron homologar su decisión a la de los diputados federales, el fuero del Ejecutivo local permanece vigente hasta que concluya su cargo, es decir, hasta octubre próximo. Esta posición lleva hasta ahora dos votos en favor, pues en julio de 2021, cuando la Primera Sala revocó el desechamiento dictado por el ministro González Alcántara Carrancá, sólo él y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron por conside-

rar que el fuero del gobernador prevalece, que las competencias del Congreso de Tamaulipas no fueron invadidas y, por tanto, no era necesario estudiar la impugnación. Será el miércoles 8 cuando los ministros Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos den a conocer su posición, ya que conozcan el expediente y lo hayan estudiado. En la segunda impugnación de los legisladores locales contra la solicitud de la FGR para librar orden de aprehensión contra el gobernador por delitos distintos a los que generaron el desafuero, el ministro presentará un proyecto congruente con el de la primera impugnación. Es decir, al declarar que el fuero prevalece, se prevé que el ministro proponga invalidar la orden de aprehensión emitida por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, para que García Cabeza de Vaca no sea detenido antes de que concluya su cargo, lo que ocurrirá en octubre próximo

Pendientes, las pruebas de Estados Unidos Ante la amenaza de que la FGR consiguió una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, según la causa penal 139/2021, el gobernador de Tamaulipas tramitó, desde mayo de 2021, un amparo para evitar su captura, en la que alegó que la fiscalía no esperó a que su desafuero pudiera ser declarado legal. En noviembre de 2021, en el amparo 669/2021, el juez octavo de Distrito de Tamaulipas falló en favor de García Cabeza de Vaca al afirmar que, efectivamente, el proceso de desafuero no ha concluido. “Quien resuelve estima que no se ha cumplido aún el procedimiento para la

privación de la inmunidad procesal como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal contra el gobernador de Tamaulipas, hoy quejoso, por lo que sigue conservando el fuero o inmunidad procesal y, de momento, legalmente no puede ser puesto a disposición de las decisiones de otras autoridades”, señaló el juzgador. Y concluyó: “Una vez superado dicho obstáculo constitucional, podría jurídicamente y sólo hasta entonces, abordarse el análisis de la orden de aprehensión respectiva que se reclama”. En consecuencia, declaró que la orden de aprehensión resultó transgresora de los derechos fundamentales del gobernador y le concedió el amparo para que, mientras se resuelve si tiene fuero o no, o bien hasta que concluya su cargo, no pueda ejecutarse la orden de captura en su contra. La sentencia fue impugnada por la FGR y desde marzo pasado está pendiente que el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas dicte su sentencia en el recurso de revisión para saber si confirma o no el amparo que protege al gobernador de ser detenido. Pero en el amparo 677/2021, también tramitado ante el juez octavo de Distrito, el gobernador no logró liberar sus cuentas bancarias, bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y deberá esperar hasta el 5 de julio próximo para que defina si le concederá o no el amparo. En tanto, el juez permanece a la espera de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI remitan unos informes ofrecidos como pruebas en favor del gobernador. Esto, pese a que la FGR informó el año pasado que recibió información del Departamento de Justicia sobre el gobernador y tres de sus familiares por supuestas operaciones ilícitas en el sistema financiero de dicho país. En agosto de 2020 este semanario informó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, especializada en crímenes trasnacionales, inició una investigación contra el gobernador, que pudiera tener relación con la información que la DEA entregó a la FGR referente a grabaciones telefónicas que presuntamente vinculan al mandatario estatal con el crimen organizado. En dichas grabaciones se afirma que García Cabeza de Vaca recibió de la delincuencia organizada dinero para financiar su campaña y obtiene ganancias a través de un empresario de Reynosa, contratista de Pemex, acusado de contrabando de combustible y de estar relacionado con Javier Cantú Barragán, primo de Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, empresario “favorito” del expresidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2059). 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Twitter @ricardorubiot

Congreso de la Ciudad de México. Polémica aprobación

“GOLPE” AL IECM

LA OPOSICIÓN ALERTA CONTRA

EL “AUSTERICIDIO” ELECTORAL SARA PANTOJA uego de la polémica aprobación de las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para reestructurar el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y fusionar, entre otras unidades, la de Fiscalización de recursos de los partidos políticos, diputados locales de oposición advierten que ello traerá mayor opacidad y podría inclusive abrir la puerta al crimen organizado para financiar las campañas electorales en 2024; con ello, dicen, en un futuro no muy lejano en la capital y en el país podría ocurrir algo similar a lo que vivió Colombia en los años ochenta y noventa. Para evitar eso y “frenar las intenciones del gobierno federal de controlar los Organismos Públicos Locales Electora-

L 18

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les (OPLES)”, así como para defender la autonomía del IECM, ya preparan controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para presentarlas ante instituciones locales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Incluso, algunos no descartan acudir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA). El pasado 27 de mayo, en una sesión ordinaria que duró 26 horas seguidas y estuvo plagada de vicios parlamentarios y hasta de chistes y pasteles de cumpleaños, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 37 votos a favor y 19 en contra, el dictamen presentado por Morena para eliminar o fusionar cinco áreas del IECM: la Unidad de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos

Humanos, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados y la Unidad de Fiscalización. La iniciativa, que desde el inicio llevó la anuencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se presentó con el argumento de “adelgazar” el IECM en cumplimiento de la “Ley de Austeridad” y ahorrar 52 millones 436 mil pesos al año de su presupuesto. Esa cantidad equivale a 4.36% de los mil 201 millones 84 mil 647 pesos de presupuesto asignados para 2022. También significa el despido de 107 trabajadores, algunos con más de 20 años de antigüedad, cuyas indemnizaciones –que se elevarían a más de 100 millones en conjunto, según cálculos de diputados– no se ha informado de dónde se pagarán. Además, se dio en el contexto de la crisis financiera que, desde el año pasado,

C DM X

A tono con la embestida del gobierno federal contra el INE, la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que adelgaza al órgano electoral local y que –a juicio de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano– traerá mayor opacidad y, peor aún, abrirá las puertas al financiamiento de las campañas por parte del crimen organizado. Por eso los partidos amagan con impugnar incluso en instancias internacionales. de recursos, o va a haber recursos del narco o va a haber recursos de empresarios metidos en las elecciones. Todo lo irregular que te puedas imaginar se va a dar sin que se pueda revisar, fiscalizar o transparentar”, advierte. También existe peligro de que haya dinero mal habido en las próximas elecciones. Y suelta: “Lo que va a pasar es que Morena hará lo que quiera, será tierra de nadie. Por eso le están dando un duro golpe a la democracia en la Ciudad de México, están desmantelando al IECM”. Royfid Torres, diputado local de Movimiento Ciudadano, recuerda que en el proceso electoral de 2021, “el Instituto Nacional Electoral, en colaboración con el IECM, redujeron las auditorías en calles de bardas, espectaculares y eventos masivos porque se les venía reduciendo el presupuesto. Si eso, además, se traduce en reducción de personal especializado en fiscalización, se genera una oportunidad inmensa para que partidos políticos, sobre todo los que tienen más recursos, puedan generar mayores gastos sin pasar por fiscalización. Ese es el riesgo”.

Rogelio Morales /cuartoscuro.com

padece el IECM y que heredó su nueva presidenta, Patricia Avendaño, el 27 de octubre del 2021. Peor aún, la modificación ocurre en medio de una tendencia de reducción presupuestal aplicada al inicio de la gestión de Sheinbaum: de 2 mil 20 millones 180 mil 767 pesos en 2018, bajó a mil 425 millones 479 mil 792 pesos en 2019 y a mil 275 millones 479 mil 792 pesos en 2020. Y aunque en 2021, año electoral, aumentó a mil 586 millones 601 mil 874 pesos, en 2022 bajó 385 millones 517 mil 227 pesos. Tania Larios, diputada local del PRI y quien presentó más de mil reservas al dictamen, manifiesta su preocupación porque las funciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización de vigilar el financiamiento a partidos políticos y el uso de recursos públicos en las campañas electorales, serán asumidas por la Comisión Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Asegura que esa unidad requiere de personal especializado y, con su modificación, advierte, “ya no se va a poder comprobar ni fiscalizar el ejercicio de las elecciones de 2024, que serán muy competitivas, muy cerradas. Vamos a estar en un estado de orfandad y desamparados ante recursos de dudosa procedencia y malos manejos que no van a ser ni justos ni equitativos ni parciales”. Peor aún, “lo que me preocupa más, dadas las declaraciones en distintos estados de la República, es que el crimen organizado sea el operador y el que financie las campañas de los aspirantes a representantes populares. Lo dije en tribuna: eso es lo que va a llegar y a permear en la ciudad y en el país”. Recuerda que en algunas alcaldías, como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac, hay presencia de grupos de la delincuencia organizada que operan en el país. Eso “es gravísimo si vemos a otros países en América que vivieron esto, como Colombia. ¡Vamos para allá!”. En ese riesgo coincide Ricardo Rubio, diputado local del PAN, quien el día de la votación presentó una moción suspensiva de 461 páginas, cuya lectura llevó más de ocho horas. “La Unidad de Fiscalización va a caer en inoperancia y será un desviadero

Jorge Gaviño, legislador local del PRD, reconoce que lo aprobado por el Congreso fue una intromisión y una violación a la autonomía del IECM de autodeterminar el uso de su presupuesto. “Haberle cambiado las estructuras administrativas, aunque las facultades se mantienen, nada más se trasladan de una unidad a otra, implica una intromisión del Legislativo a los órganos autónomos sin consultarlo con foros o mesas de trabajo”. Admite que el IECM pudo enviar al Congreso sus observaciones, “pero no tuvimos ni una cosa ni la otra, ni el respeto a su autonomía ni la escucha de ellos. Esto es inconsistente”. De paso pregunta qué pasará con los más de 100 trabajadores que serán despedidos, y confiesa: “ni siquiera merecimos darles un transitorio a las personas que estamos mandando a la calle. Son 107 personas, algunos con años trabajando ahí, y no dijimos que se les respetarán sus derechos laborales adquiridos. ¡Nada! ¡Ni siquiera eso!”. Días antes de que se aprobara el dictamen, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la CDMX (Coparmex) manifestó su preocupación por la iniciativa: “Si bien los procesos electorales deben ser menos onerosos y más eficientes, no puede prescindirse de áreas centrales que cumplen con una función sustantiva para la transparencia y la fiscalización de las actividades de los partidos políticos, del Gobierno de la Ciudad, alcaldías, ciudadanos y otros posibles actores vinculados a las contiendas electorales”. Y añadió: “En tiempos en que el combate a la corrupción es la bandera más alta, se necesita tener plena certeza sobre cómo, cuánto y en qué gastan el dinero de los ciudadanos los partidos políticos, así como evitar por todas las vías institucionales ne-

Instituto Electoral de la Ciudad de México. Adelgazamiento

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Andrea Murcia /cuartoscuro.com

CDMX “se va a comprometer la cadena de custodia de los paquetes electorales, se pondrán en duda los resultados de las elecciones y habrá retraso en los procedimientos y denuncias. ¡Están poniendo en riesgo toda la función electoral!”. La priista Larios lo secunda; asegura que “ésta fue una iniciativa que mandó el gobierno de la Ciudad de México a través de un diputado, y que, a su vez, viene de una estrategia nacional, de una iniciativa que se mandó a la Cámara de Diputados y que no será aprobada porque la oposición se resistió ante estos embates. Lo que les quedó como alternativa es pasar esta iniciativa a través de los congresos locales para cumplir sus fines político electorales”.

Impugnaciones en puerta Tania Larios. Más de mil reservas

Retroceso El jueves 26 de mayo, cuando se iniciaba la discusión de la reforma, 300 integrantes de las organizaciones Mujeres en Plural y la plataforma Aúna presentaron una carta al Congreso local en la que pedían no debilitar la Unidad Técnica de Género y de Derechos Humanos del IECM, pues ello perjudicaría “los avances institucionales a favor de la igualdad sustantiva, que son logros históricos de los movimientos de mujeres en México”. Agregaron que esa reforma, “tanto en forma como en fondo, sentaría un precedente que puede afectar a todos los Órganos Públicos Locales y a la democracia misma”, y que sería “un gran retroceso político e institucional”. Ese mismo día, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), observadora electoral, emitió una carta en la que expresó que las modificaciones al IECM “significan un pésimo precedente” y que esos cambios “pueden afectar gravemente a nuestra democracia y a nuestros derechos político-electorales protegidos por la Constitución”. Y añadió: “Presentar este tipo de reformas y proyectos por parte del gobierno en turno, sin un sustento, discusión y evaluación en la que se permita el diálogo y la generación de ideas mediante el parlamento abierto, sólo demuestra el simple austericidio por recortar el presupuesto a este instituto autónomo, que en 2022 tuvo 40% de reducción presupuestal”. Los legisladores consultados coinciden en que, al “desaparecer” esa unidad, las mujeres, la comunidad LGBTTTI+, las personas con discapacidad, indígenas y

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migrantes se quedarán sin defensa ni empuje para acceder a espacios de poder por la vía democrática. “Es un retroceso en la progresividad de los derechos que marca el artículo primero de la Constitución, los derechos humanos son progresivos”, afirma Roydif Torres. También advierten que las reformas concentraron facultades de las cinco unidades en la Presidencia del IECM y alertan de la posibilidad de que el gobierno local y Morena intenten controlar el órgano al controlar, de facto, a Avendaño, exesposa de Néstor Vargas, consejero jurídico del gobierno de Sheinbaum. La consejera presidenta no esperó ni un día después de la aprobación para informar que el Instituto acataría la orden legislativa. El panista Rubio alerta también que con la eliminación de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, que capacita a los representantes de casillas, Miguel Dimayuga

cesarias, la presencia de recursos ilícitos en las elecciones”.

Elisur Arteaga. Dictamen inconstitucional

En la polémica sesión del 26 y 27 de mayo, la oposición adelantó que si se aprobaba el dictamen, lo impugnarían ante la SCJN, lo mismo con controversias constitucionales que con acciones de inconstitucionalidad. Tras la publicación de las reformas, el 2 de junio en el número 864 BIS de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los diputados consultados confirman la intención y aclaran que tienen 30 días para acudir al máximo tribunal del país para tratar de echar abajo la reforma. Consultado por Proceso, el especialista Elisur Arteaga asegura que el dictamen votado es inconstitucional, debido a que se violó la autonomía del IECM, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. Dice que los diputados y el mismo Instituto pueden impugnar la decisión con una acción de inconstitucional ante la Sala de Constitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y con una controversia constitucional ante la SCJN, siempre y cuando tengan 33% de firmas del total de legisladores. El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) añade que organizaciones civiles y personas en particular pueden solicitar un amparo ante un juez de distrito con el argumento de que, al afectar el funcionamiento del IECM, se violan sus derechos político-electorales. El diputado Rubio confirma que, además de las acciones de inconstitucionalidad de los diputados, ya se prepara la figura Amicus Curie para reforzarla, y que la Coparmex y organizaciones protectoras de derechos humanos, sin mencionar cuáles, fortalecerán las impugnaciones. “De ser necesario iremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para luego acceder a la Corte, pediremos a la ONU que haya un pronunciamiento y acudiremos a la OEA para que tome cartas en el asunto”.

Especial

Agentes antidrogas estadunidenses. Acotados

J. JESÚS ESQUIVEL ASHINGTON.— La cooperación entre Estados Unidos y México en el combate al crimen organizado y el narcotráfico padece un gran problema que impide la reducción de los niveles de violencia y la recuperación de territorios mexicanos en poder de los narcos: la desconfianza. “Se perdió la confianza en el intercambio de información de inteligencia, y con las restricciones a nuestras agencias federales que operan en México la situación empeoró, hay poca colaboración”, denuncia un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense. La queja del gobierno de Joe Biden se concentra en dos vertientes: la nueva ley de seguridad para las agencias extranjeras que operan en territorio mexicano im-

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puestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las restricciones impuestas a los agentes de la DEA. “Nuestros (54) agentes de la DEA que trabajan en México tienen atadas las manos. Las nuevas leyes mexicanas no les permiten investigar ni operar con base en la información de inteligencia que tenemos”, restriega el funcionario estadunidense en entrevista telefónica con Proceso. Cauteloso por una reacción contraproducente de parte del gobierno de López Obrador a las quejas que denuncia a este semanario, el funcionario del Departamento de Justicia pide que se le mantenga en el anonimato y a esta categoría de fuente condiciona sus comentarios. La desconfianza y la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico son síntomas de la realidad de inseguridad y de trasiego de drogas que priva en México y que coloca

en el color rojo al semáforo de gobernabilidad en algunos estados de la República. En Estados Unidos, la falta de colaboración y carencia de confianza se traduce en la imparable demanda, consumo y venta de todo tipo de enervantes que –especialmente los sintéticos elaborados con fentanilo y otros precursores químicos– contribuyen al hecho de que cada 24 horas mueren 274 personas por sobredosis, según estadísticas recopiladas y desveladas recientemente por los centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Incapaces de reconocer abusos, errores y violaciones que por años los agentes de la DEA cometieron sobre las leyes y soberanía mexicana, camuflajeados en su mantra de la guerra contra las drogas, las autoridades estadunidenses dicen desconocer la causa de la desconfianza. “La cooperación fluía como lo hizo por

MÉ X I C O -E S TA DO S U N ID O S

La desconfianza y la falta de colaboración en la lucha contra el crimen organizado son síntomas de la realidad del trasiego de drogas que prevalece en el país. El gobierno de Joe Biden se queja de las restricciones impuestas por el gobierno de López Obrador a los elementos de la DEA, quienes, resentidos, ya no comparten información con sus contrapartes mexicanas. “Aún no sabemos cuál fue la causa del cambio”, lamenta un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense.

COMBATE ANTINARCO

EL REPROCHE DE EU A MÉXICO:

“NUESTROS AGENTES años hasta que empezaron los cambios a las leyes y acotamiento a los operativos de nuestros agentes de la DEA. Aún no entendemos por qué o cuál fue la causa del cambio en el gobierno de México”, explica el funcionario estadunidense. Proceso buscó insistentemente la respuesta o posición del gobierno de México ante la queja de los estadunidenses. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, evitó responder a la petición.

El caso Cienfuegos Como ya ha dado cuenta Proceso en números anteriores, el cambio en el trato a los agentes de la DEA –que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto operaron con puertas abiertas– ocurrió por el arresto en Los Ángeles, California, del exsecretario de la Defensa Nacio-

nal general Salvador Cienfuegos Zepeda, en octubre de 2020. Varios funcionarios del gobierno federal mexicano han narrado a este semanario que la decisión de ponerle un alto a la DEA nace del arresto de Cienfuegos y por la reacción que dentro de las Fuerzas Armadas provocó la inédita acción de esa agencia en Los Ángeles. Al caso del exsecretario de la Defensa se le agrega el que, por primera vez desde 1973, cuando la Casa Blanca lanzó su guerra contra las drogas, ahora admite que en Estados Unidos el trasiego de drogas no es exclusivo de narcos mexicanos: ya existen los cárteles estadunidenses. Los ajustes a las reglas con las que operan los agentes de la DEA y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos se acuñaron como nueva modalidad en el Entendimiento Bicentenario, mecanismo bilateral de cooperación en seguridad que reemplazó a la Iniciativa Mérida.

Benjamín Flores

TIENEN ATADAS LAS MANOS”

Cienfuegos. Detención inédita

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M É X ICO - E STA D O S U NI D O S contra las drogas es la hipocresía del sistema judicial para tratar a los narcotraficantes, perdonando a unos y castigando a otros. Sin tapujos, varios funcionarios de la cancillería mexicana critican la manera en que Estados Unidos procesa o enjuicia a los narcotraficantes significativos mexicanos que han sido extraditados. Es de conocimiento público y a nivel mundial que el Departamento de Justicia, a cambio de información, en ocasiones basada en traiciones, mentiras y revanchas, condona a narcotraficantes y asesinos confesos sus delitos y condenas de hasta cadena perpetua. En contraste, a otros, a quienes se niegan a cooperar con sus fiscales, la justicia estadunidense los castiga con todo el peso de la ley refundiéndolos de por vida en prisiones de súper máxima seguridad; tal es el caso de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, recluido en la prisión de Florence, Colorado.

Consumo incontenible Durante los últimos dos años el mercado estadunidense de demanda y consumo de drogas se exacerbó notable y particularmente en el casillero de las anfetaminas, metanfetaminas y todo tipo de variante de enervantes psicotrópicos elaborados con fentanilo. El consumo incontenible de las drogas sintéticas por parte de los adictos estadunidenses generó la expansión de territorios, rutas de trasiego, laboratorios clandestinos y militancia en sus filas de dos cárteles mexicanos particularmente, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. José Luis de la Cruz / Procesofoto

Desde abril de 2021, los agentes de la DEA y de las demás dependencias federales estadunidenses con presencia en México entregan mensualmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un informe sobre el tipo de actividades que realizaron en cualquier parte del país. Esquivar el reporte mensual implica la suspensión inmediata de las actividades de todos los 54 agentes antinarcóticos de Biden en México. “Es grave lo que está ocurriendo en México con respecto a las actividades de los cárteles. Ahí están las estadísticas del propio gobierno mexicano: más movimiento de narcóticos, más desapariciones de personas y asesinatos, y menor control de territorios por parte de autoridades locales y estatales”, alerta el funcionario estadunidense. El Departamento de Justicia del gobierno de Biden admite que, “en papel”, se mantiene el intercambio de información de inteligencia con el gobierno de López Obrador, pero “no son reportes Top Secret” porque los agentes de la DEA están resentidos y, en represalia ante las restricciones, optan por no informar a sus contrapartes mexicanas. “No hay operaciones conjuntas contra el narco, se dejaron de hacer como se hacían antes. Al principio de este gobierno (el de AMLO) se entregó a la SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) información confidencial sobre algunos capos importantes, pero no ocurrió nada”, afirma el funcionario estadunidense. Otra vertiente de la desconfianza en el gobierno estadunidense sobre su guerra

Guardia Nacional. Patrullajes sin repercusiones

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Los informes de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos en el tema del trasiego internacional de drogas sintéticas reconocen que de la mano de Ismael El Mayo Zambada García, los hijos del Chapo Guzmán y otros capos de menor envergadura, el Cártel de Sinaloa le disputa al de Jalisco Nueva Generación –comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho– la venta y exportación a Estados Unidos del fentanilo y la cocaína. “El desplome de la confianza se palpa precisamente en el crecimiento de las operaciones para enviar drogas del Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estas organizaciones criminales siguen extendiendo su poderío y eso es muy lamentable”, anota el funcionario estadunidense. El Departamento de Justicia de Biden evade responder si la falta de cooperación por la desconfianza en la DEA de parte del gobierno de México se le puede achacar a que el gobierno federal de Estados Unidos no haga nada para contener la demanda y consumo de drogas por parte de su ciudadanía, e incluso, la muerte de 274 personas cada 24 horas a causa de una sobredosis de estupefacientes. Las actividades de trasiego de drogas comandadas por El Mayo, los hijos del Chapo y El Mencho han significado un incremento notable en algunas ciudades del país, como Zacatecas, Cuernavaca, Chihuahua, Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Cancún, entre otras. En estos puntos y otras poblaciones se incrementaron a su vez las ejecuciones extrajudiciales y levantamiento de personas involucradas en el narcomenudeo y transporte de drogas. La presencia de elementos de la Guardia Nacional no tiene repercusiones en las actividades de los cárteles ni en la violencia que generan. La política de “abrazos, no balazos” que abandera el presidente López Obrador limita a la Guardia Nacional a patrullar calles de pueblos y ciudades bajo el control del narcotráfico. El patrullaje de la Guardia Nacional no implica ni persecuciones ni investigaciones ni mucho menos arrestos de los criminales que aterrorizan a poblaciones enteras y que, incluso, obligan a las personas a abandonar sus casas por temor a ser levantadas si denuncian las actividades ilícitas y no pagan las cuotas que les imponen. Aunque no directamente por la violencia del narcotráfico, la sociedad estadunidense está pagando con muerte su debilidad ante las drogas. México, por su parte, continúa asumiendo un saldo anual de decenas de miles de muertos a manos del crimen organizado y los narcos, quienes se aprovechan de la falta de seriedad del gobierno de Estados Unidos para resolver su problemática de salud pública y educación.

Baja California sufre los estragos de las pugnas entre grupos criminales que trafican personas y droga a través de la frontera, se asesinan entre ellos y enfrentan a las fuerzas estatales y federales. Esos generadores de violencia son los cárteles de Sinaloa, de Caborca y de Jalisco Nueva Generación, con sus respectivas células y brazos armados. Se disputan a balazos cuatro corredores de trasiego de fentanilo y metanfetaminas en varios municipios sonorenses y del Valle de Mexicali.

BAJA CALIFORNIA

“LOS CHAPITOS”, CARO QUINTERO Y “EL MAYO”

REDACCIÓN arina del Pilar Ávila Olmeda llevaba 21 días como gobernadora de Baja California cuando una avioneta cargada con 187 paquetes de fentanilo aterrizó en el ejido Hermosillo, en la jurisdicción de la capital del estado, Mexicali. La aeronave alzó vuelo en Sinaloa. La droga fue confiscada y los tres tripulantes detenidos por efectivos de seguridad estatal, de la Sedena y Guardia Nacional. Dos semanas después, el 8 de diciembre de 2021, un comando abrió fuego contra fuerzas de la Guardia Estatal que estaban en el Valle de Mexicali. Los agresores huyeron en dos camionetas pick up, una de ellas modelo Tacoma, rumbo a San Luis Río Colorado, en el vecino estado de Sonora. Fuentes de segu-

SE PELEAN EL VALLE DE MEXICALI

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ridad consideran que pudo estar implicado el grupo de Ismael El Mayo Zambada. En la persecución los agresores pasaron por el ejido Estación Coahuila; ahí se les sumaron dos vehículos del grupo criminal, pero finalmente huyeron. Al ejido Estación Coahuila lo separa un callejón del poblado B. Sánchez, que ya forma parte de San Luis Río Colorado. El 20 de mayo pasado, Juan Carlos Real Niebla, El Mocho, sicario de La Plaza –el brazo armado del Cártel de Caborca que encabezan Rafael Caro Quintero y sus sobrinos– fue ejecutado en Rosarito, Baja California. Junto con Mexicali, Caborca forma parte del corredor de trasiego de droga que va desde Sinaloa hasta la frontera de Baja California, para llegar a Estados Unidos. Desde Cajeme (Obregón), pasando por el puerto de Guaymas hacia la ciudad de Hermosillo, atravesando Caborca, Santa Ana y San Luis Río Colorado, todas ciudades de Sonora, se estableció un corredor de droga que se disputan diversos grupos. El investigador José Andrés Sumano Rodríguez, quien ha estudiado en el Colegio de Sonora la violencia y presencia del

Google maps

Territorio del CJNG

crimen organizado en esa entidad, dice en entrevista que al tomar la Secretaría de Marina los principales puertos –Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán–, los grupos criminales migraron hacia Guaymas. De ahí que la violencia se incrementó en Sonora, pues mientras las dos células se disputan el control del Cártel de Sinaloa, ahora también lo hacen por separado con el Cártel de Caborca, cuyo mando atribuyen las autoridades a Rafael Caro Quintero, su hermano Miguel Ángel y sus sobrinos. El 21 de mayo de 2021 el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, alertó de las nuevas rutas para traficar fentanilo a las cuales estaban migrando los grupos criminales “ante el reforzamiento de seguridad en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas”.

Frontera insegura

Rutas estratégicas

Omar Martínez /cuartoscuro.com

D ELI N C U E N C I A O R GA NI Z A DA

De acuerdo con el mapa de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Baja California se ubica en el cuarto lugar con más delitos cometidos de enero a mayo de este año, llegando a 32 mil 870, mientras que Sonora registra 10 mil 852. Esas cifras se refieren a la privación de la libertad, enfrentamientos entre diversos grupos por control de plazas, trasiego de droga –en especial metanfetaminas y fentanilo– y disputas por el tráfico de personas. Y del lado de las policías municipales y estatales, a la captura de varios cabecillas del crimen organizado. En entrevista, Pedro Ariel Mendívil García, director de Seguridad Pública Mu-

nicipal de Mexicali y quien asumió el cargo el 16 de diciembre pasado, acepta que antes de su llegada llegaban denuncias ciudadanas sobre personas armadas dos o tres veces por semana. “La denuncia era sobre un convoy armado, con cinco o 10 unidades desplazándose en la zona norte y la zona sur del Valle de Mexicali. Y los reportes que hacían eran: sin novedad, se perdieron, no se localizaron; o de plano los agentes no llegaban al lugar.” A los 10 días de que Mendívil asumiera el cargo, llegó al C4 una denuncia ciudadana sobre personas que disparaban. Al llegar al lugar se inició la persecución de un vehículo, cuyo conductor chocó, y así se detuvo al segundo hombre del Mayo Zambada en el Valle de Mexicali: Eduardo Barajas Lozano, El Omega. Actualmente dos células del Cártel de Sinaloa, que dirigía Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se disputan el Valle de Mexicali: de un lado están los hijos del capo, quienes se autonombran los Chapitos y tienen como brazo armado a los Salazar y a grupos locales como los Mena, los Garibay y los Huerta. El grupo de Los Chapitos controla una parte del valle, el Golfo de Santa Clara, que se ubica en el Mar de Cortés, y la ciudad de San Luis Río Colorado, estas dos últimas en Sonora. Por su parte, Zambada tiene como operadores a Jesús Alexander Sánchez Félix, El Ruso, y El Omega, quienes dominan otra parte del valle; el segundo se mueve principalmente en Estación Coahuila. “Más allá de que si el trasiego de droga le corresponde o no a la dirección municipal, el mandato y responsabilidad es que, más allá de las competencias y jurisdic2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Omar Martínez /cuartoscuro.com

Carreteras. Campo de batalla

delictiva. Ello, sostiene, ha llevado a la detención de varios grupos locales que trabajan para cárteles de la droga. Recuerda que antes era frecuente que circularan vehículos a las seis de la mañana con gente haciendo disparos “y no pasaba nada”. Ahora la orden es hacer las cosas diferentes para que no haya impunidad. “Hemos detenido de todos los grupos delictivos”, aclara. Los operativos recientes resultaron en varias detenciones importantes, lo que ha llevado a que se muevan los grupos delictivos. A eso atribuyen las autoridades que abril pasado fuera un mes SEMAR /cuartoscuro.com

ciones, tenemos que cuidar la ciudad”, explica Ariel Mendívil. El 14 de mayo de 2021 la policía municipal detuvo a 13 personas, entre ellas El Ruso. Los primeros en llegar fueron los agentes municipales, quienes elaboraron erróneamente el informe policial homologado, lo que fue suficiente para dejar libres a los sospechosos porque su aprehensión se consideró ilegal. Mendívil dice que al llegar a la dirección de la policía municipal su primera decisión fue cambiar a los mandos y comandantes. Se empezó a trabajar con inteligencia y a hacer mapeos de incidencia

Guaymas. Nuevo foco rojo

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particularmente violento en el Valle de Mexicali. La disputa entre Los Chapitos y Los Rusos ha generado varios corredores violentos en el Valle y San Luis Río Colorado, Sonora. Uno de ellos es Los AlgodonesCiudad Morelos-Chiapas III (la primera hace frontera con Yuma, Arizona). Otro es Guadalupe Victoria-Ejido Durango-Estación Coahuila. Otro, más pequeño, es Ejido Sansón Flores-La Puerta (rumbo al puerto de San Felipe), por donde entra la gente que está en Tecate (controlada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa), que se queda un tiempo y se regresa a la ciudad. La cuarta zona conflictiva es Ejido Zapata-Aeropuerto, donde operan los traficantes de personas. En la entrevista, Mendívil explica que antes los grupos de traficantes de personas no eran violentos, pero con los cambios en el fenómeno migratorio –ahora llegan por caravanas y algunos grupos del crimen organizado influyen en sus decisiones– se volvió una actividad violenta, por ejemplo, en Los Algodones. Otro factor del alza delictiva es el narcomenudeo. El jefe policiaco explica que al disputarse los territorios dos células del Cártel de Sinaloa, los pequeños distribuidores locales optan por trabajar con uno de esos grupos, se roban la droga o incursionan en zonas que ya son de otra célula y generan más violencia. Actualmente, dice, se detectó que los cárteles tuvieron dificultades para pasar las drogas a Estados Unidos cuando la frontera cerró por la pandemia de co-

D ELI N C U E N C I A O R GA NI Z A DA

Enfrentamientos a toda hora Ante la mayor vigilancia en los puertos de Estados Unidos y en los de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los grupos delictivos optaron por la ruta China-Guaymas para introducir fentanilo en el país vecino, detalla el investigador Sumano Rodríguez. “El fentanilo no sólo es muy atractivo por el precio y la demanda; también porque es más fácil de producir. No tiene grandes plantaciones, no depende de ciclos agrícolas ni de campesinos trabajando. Se facilita porque lo fabricas en laboratorio y lo puedes transportar en forma sencilla, como pastillas”, agrega. Para trasegar ese fármaco se disputan el corredor Cajeme (Obregón)-EmpalmeGuaymas Los Chapitos y el Cártel de Caborca, que dominan Rafael Caro Quintero y sus sobrinos. El fentanilo también llega de Guaymas al Golfo de Santa Clara, a escasos 40 minutos del Valle de Mexicali y de la ciudad de

San Luis Río Colorado, Sonora. En ese poblado tienen fuerte presencia los Salazar. Solo el pasado 7 de abril, en el poblado de San Ignacio Río Muerto, a 40 kilómetros de Obregón o Cajeme, grupos delictivos se enfrentaron a balazos; la refriega quedó grabada en varios videos caseros. Antes, el 19 de enero, a plena luz del día, se habían enfrentado grupos rivales del crimen organizado en San Luis Río Colorado. El día anterior hombres armados rafaguearon una casa en Cajeme. El investigador Sumano Rodríguez señala que otra organización criminal pretende controlar el corredor CajemeEmpalme-Guaymas, además de la zona de Caborca. Se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina el corredor Hermosillo-Nogales, ciudad fronteriza con Estados Unidos. El CJNG controla ya zonas de Baja California y pelea otras con el Cártel de Sinaloa. E igual que éste, el grupo La Plaza ya tiene algunos sicarios en Rosarito. Apenas el pasado 4 de enero, en Tecate, integrantes del CJNG ejecutaron a Danny Isaac Ortiz Covarrubias, El Moreno, quien había pertenecido a este grupo y luego se unió al Cártel de Sinaloa. Considerado por autoridades del estado como uno de los principales generadores de violencia en la ciudad fronteriza, El Moreno fue asesinado a las dos de la tarde mientras era atendido en una barbería. Sus ejecutores no fueron detenidos. En mayo siguiente el barbero que presenció el crimen, César Plata, de 26 años, fue secuestrado y asesinado. También en mayo, pero en Rosarito, hombres armados llegaron a la casa donde estaba Juan Carlos Real Niebla, El Mo-

cho, integrante de La Plaza, que está al servicio del Cártel de Caborca. Lo asesinaron. Sus familiares dijeron que hacía cuatro años que radicaba en Rosarito. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio, y el secretario de Seguridad Pública estatal, general Gilberto Landeros, no han sido inmunes a la violencia. El 17 de marzo tres presuntos integrantes del CJNG incendiaron una patrulla y se trasladaron a la zona residencial donde vive la gobernadora. Ahí intentaron colocar una manta, pero al ser detectados la abandonaron. El mensaje reclamaba el robo de droga. Días después, el 23 de marzo, apareció en Mexicali otra manta en la cual responsabilizaban al secretario de Seguridad Pública de la violencia. La manta está firmada por “los omegas” que lidera Christian Yael Barajas Lozano, hermano de Felipe Eduardo Barajas Lozano, El Omega, detenido por la policía municipal el 21 de diciembre de 2021. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del SNSP, en lo que va de este año se han cometido en Baja California 3 mil 836 delitos, de los cuales 728 son homicidios dolosos y 508 ataques con arma de fuego. Además hubo seis casos de secuestro extorsivo, lo que no se había visto en el estado desde hace décadas. En tanto, Sonora tiene un registro de mil 500 delitos en lo que va del año, incluidos 545 homicidios: 449 de ellos dolosos y 296 producidos con arma de fuego. Se reportaron oficialmente dos secuestros extorsivos y dos con víctimas en calidad de rehenes. O

Omar Martínez /cuartoscuro.com

vid-19. Los estupefacientes se quedaron en la frontera y esto generó mayor competencia entre las bandas criminales. Por otra parte, dice, narcomenudistas y traficantes de personas han empezado a tomar partido. “Y no es que los cárteles tengan control sobre estas personas, sino que empiezan a incidir en su toma de decisiones”. El 21 de mayo último policías municipales patrullaban el ejido Chiapas. Detectaron dos camionetas, cada una con cuatro personas a bordo, quienes les dispararon. Los policías los persiguieron dos horas y media por varios ejidos hasta el Guadalupe Victoria. Finalmente una de las camionetas se atascó y los uniformados detuvieron a cuatro sicarios de los Huertas, que trabajan para Los Chapitos. Se les aseguraron armas largas y cortas, chalecos antibalas y una granada. El segundo vehículo logró pasar a San Luis Río Colorado, donde hubo otro enfrentamiento a balazos. Uno de los sicarios murió, dos policías fueron heridos de bala y tres personas quedaron detenidas. La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que se realizó un operativo táctico para disminuir la presencia de generadores de violencia en la zona noroeste del país. El pasado 31 de mayo, la misma policía municipal atendió una denuncia ciudadana al C4, donde se reportó que en el ejido Oaxaca andaba una camioneta con gente armada. Los uniformados la detectaron, iniciaron la persecución y en el enfrentamiento murió uno de los miembros de los Mena, otros cuatro resultaron ilesos y una menor de 17 años, embarazada, recibió un rozón de bala en la espalda. Los Mena se dedican a robar vehículos y los preparan para entregarlos al grupo los Salazar, brazo armado de Los Chapitos.

Rosarito. Operativos 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Marco Antonio Cruz

Juárez. Terreno hostil

CHIHUAHUA

CÁRTELES CONTROLAN

EL TRÁFICO DE MIGRANTES EN DESIERTO FRONTERIZO PATRICIA MAYORGA, RAÚL FERNANDO PÉREZ Y ÓSCAR ROSALES HIHUAHUA, CHIH.– Los migrantes centroamericanos y mexicanos que intentan pasar a Estados Unidos por Chihuahua, en los municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero, Coyame y Ojinaga, se enfrenan a un nuevo riesgo mortal: el Cártel de Juárez. El patrón de migración ha cambiado, incluso para los chihuahuenses que intentan cruzar “al otro lado”. El año pasado las autoridades migratorias y la Fiscalía General del Estado (FGE) rescataron a 340 campesinos guatemaltecos de una casa en la periferia de la capital. Esperaban que los polleros les indicaran cómo moverse hasta Ciudad Juárez. El siguiente paso, según el fiscal Roberto Fierro, sería llevarlos en taxis de aplicación de internet hacia la frontera, pero varios tenían hasta cuatro meses “secuestrados”, cuando uno de ellos perdió el miedo a salir y pidió ayuda. En una reunión con familiares de per-

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La investigación de las desapariciones en la franja fronteriza de Chihuahua con Estados Unidos arroja un patrón inquietante: muchos migrantes desaparecen en las zonas controladas por el Cártel de Juárez, especialmente en el desierto, lo que dificulta su búsqueda. Además, los traficantes de personas intentan sacarles más dinero a las familias desesperadas a cambio de información y supuestas búsquedas. sonas desaparecidas en la frontera, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, reconoció que investigan la “presencia de dos cárteles” en el territorio como móvil de las desapariciones, ya que es una “hipótesis muy fuerte” al menos en 23 casos registrados. La funcionaria aseguró que realizan la investigación con la Unidad de Análisis de Contexto como una situación sistemática. Pero Gabino Gómez Escárcega, responsable del área de desapariciones en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dio a conocer que esa área sólo cuenta con

tres personas para estudiar más de 100 mil desapariciones. En diferentes casos documentados por Proceso, los jóvenes migrantes pierden comunicación con sus familiares cuando les dicen que ya van a cruzar, que les quitan su celular o perderán conexión varios días. Después de ese plazo les informan que se perdieron o que fueron deportados y les piden más dinero, supuestamente para buscarlos. Al paso de los días pierden contacto con los coyotes y sus hijos quedan en calidad de desaparecidos o los asesinan.

D ELI N C U E N C I A O R GA NI Z A DA dos colindantes con la ciudad fronteriza, poco vigilados por autoridades migratorias y bajo control del crimen organizado, señala Carla Palacios Flores, abogada del CDHPN. Este centro ha documentado varios casos de personas desaparecidas al intentar cruzar la frontera mediante los servicios de un pollero o coyote. En uno de ellos, el migrante avisó a su familia que se encontraba en un lugar sospechoso, el pollero la contactó después para decir que su cliente estaba en custodia de la FGE y que ahí pedían 10 mil pesos para soltarlo. Los familiares pagaron el rescate, pero el pollero dijo que el joven escapó y desde entonces no han vuelto a saber de él. “Les exigen una cuota para pasar y, en caso de que no lo hagan, los secuestran y exigen rescate a familiares. Si no, los privan de la vida y los depositan en fosas clandestinas. Viendo desde 2014, es una tendencia de los grupos criminales en dichas zonas. Las autoridades conocen ese contexto y han limitado actividades sólo en ir a recuperar cuerpos en fosas clandestinas” –dice Palacios Flores–, pero no han hay acciones de prevención o de investigación contra polleros o posibles responsables. En entrevista aparte, Laura Ayala, madre de Elfido Alejandro Pérez Ayala, refirió que su hijo conoció en el municipio de Cuauhtémoc a alguien que le ofreció cruzar a Estados Unidos. Le dijo que le faltaban dos personas para juntar el grupo. Como Pérez Ayala no tenía trabajo, accedió. Iban a cruzar desde un rancho cerca de Ojinaga, en la frontera con Texas, el 22 de diciembre de 2019. Al siguiente día dejó de tener comunicación con su familia. Era normal, pues la travesía iba a durar tres o

El Cártel de Juárez ha encontrado en su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la posibilidad de afianzar el dominio regional contra el Cártel de Sinaloa. El tráfico de migrantes es una manera de lograrlo, y desde hace años controla municipios como Ojinaga y Coyame.

“A los dos o tres días de que se fue a Juárez, perdí contacto porque le quitaron el celular, que lo iban a cambiar de bodega. Nos seguimos comunicando por Messenger. Lo iban a cambiar de bodega a las seis de la tarde, a las ocho el coyote le envió un video a su novia, con el que probaba que estaba en Texas, pero le mencionó una frase clave que mi hijo y su novia habían acordado para alertar que estaba en riesgo”, recuerda Milagros Montilla, madre de Édgar, de 19 años, desaparecido el 24 de febrero de 2021. Milagros y la novia de Édgar perdieron contacto con el joven el 24 de febrero de 2021. La segunda lo esperaba en Nueva York, pues ella es de Estados Unidos y se conocieron en Ecuador, tres años después de que la familia salió de Venezuela para buscar una mejor vida. La pareja se encontró en Cancún en diciembre de 2020 y decidieron que él viajaría a trabajar a Estados Unidos para estar juntos. “Yo le decía: ‘Papi, no te confíes de nadie’, pero él ya estaba decidido a pasar, yo qué podía hacer”, lamenta la mujer desde Ecuador. El coyote, contactado también en Estados Unidos, les dijo 15 días después que Édgar fue deportado, pero que lo iban a volver a pasar, por lo que les cobraba más dinero. Después dejó de responder. Milagros decidió vender varias pertenencias para viajar a México, ya que su sueldo en un restaurante no le alcanzaba. Pidió ayuda donde pudo, sin conocer a nadie. Pasaron varios días sin que alguien le hiciera caso. Las autoridades no aceptaban su denuncia porque no era su jurisdicción, hasta que logró entrar en contacto con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN). En esa organización le ayudaron. El cuerpo de un joven con las características de su hijo estaba en el Servicio Médico Forense desde hacía seis meses. Milagros recibió apoyo para llegar a Ciudad Juárez a finales de julio del año pasado, reconoció los restos y pudo repatriar a su hijo, en medio de un calvario burocrático. Hasta ahora ella no logra recuperar el gasto de su viaje ni hay avances para hacer justicia por el asesinato de Édgar. Hay un patrón reconocible en diferentes casos de desaparición registrados en la frontera de Juárez, especialmente en el Valle de Juárez, que comprende varios pobla-

Autoridades sin coordinación Una de las grandes dificultades que enfrentan las familias a la hora de buscar a sus familiares migrantes es la lejanía de sus lugares de origen y las trabas que hay para el trabajo coordinado entre las distintas dependencias de justicia e investigación, nacionales y extranjeras. En el caso de Elfido, su familia llamó al consulado en Presidio, pero se sintieron discriminados por no hablar inglés. Al final lograron comunicarse con alguien en español, pero el consulado se limitó a publicar pesquisas con su fotografía. Después les pidieron una muestra de ADN, porque han encontrado cuerpos, pero no han sabido enviar el material a Estados Unidos y en la FGE no les ayudan.

Eduardo Miranda

De Ecuador a Juárez

cuatro días, pero pasó una semana y Elfido no se comunicó. La persona que se lo llevó llamó a las dos semanas desde Odessa y le contó a la familia que Elfidio se había quedado atrás en el camino a Sierra Blanca, Texas, pero que no tenía exactamente la ubicación. Pusieron una denuncia en Presidio. Hasta ahora no hay avances. A fin de obtener más información, la familia siguió comunicándose con el coyote. Con el tiempo éste cambió de historia y dijo que a Elfido lo había agarrado “la migra”. Mientras, el coyote continuó operando en la frontera hasta que fue asesinado en Malpaso, cerca de la ciudad de Cuauhtémoc. “Mucha gente tiene miedo porque los coyotes los han amenazado que dejen así las cosas o no van a saber nada, como si les hubiera pasado algo o no sé”, dijo en entrevista un familiar de un grupo de migrantes desaparecidos en la frontera.

Viaje a la incertidumbre

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Miguel Dimayuga

Quintana. Coordinación

las autoridades estatales y las federales. Chihuahua entraría en el Programa Regional del Noroeste, pero aún no se ha implementado. Aun así, Quintana aclara que se tomará en cuenta que Chihuahua tiene un territorio muy extenso y que sus dinámicas no están separadas de la región Noreste. El 25 de septiembre de 2021, 13 personas salieron de la ciudad de Chihuahua en dirección a Ojinaga para intentar cruzar la frontera con Texas; 11 eran del estado y otras dos del centro del país. Con ellas iba José Luis Pallares, el coyote, y Luis Carlos Islas, el guía, que los ayudarían a adentrarse el desierto por el desolado municipio fronterizo de Coyame del Sotol. Antes de viajar estuvieron en casas de seguridad en Aldama y la ciudad de ChiAlejandro Saldívar

Luis Ángel Córdoba Romero intentó cruzar a Estados Unidos por la zona del Valle de Juárez. El 11 de febrero de 2021 fue el último día que sus familiares tuvieron comunicación con él. Su madre cree que lo detuvo la Border Patrol porque un mes después esta dependencia subió a las redes sociales una fotografía de un hombre de características muy similares, aunque su rostro se ve difuminado. Aunque la señora intentó investigar con las autoridades de Estados Unidos, no ha localizado a su hijo. En las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las que ha acudido tampoco le han ayudado. Karla Quintana indica que la CNB está trabajando en planes regionales para “romper este problema de las fronteras” agilizando la comunicación entre

Migrantes. Inermes ante el crimen

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huahua. Estaban tranquilos porque con ellos iba un muchacho de 14 años. El sábado entraron al desierto y perdieron contacto. Días después, apareció el menor y contó que unos sujetos los “levantaron” y golpearon. Según él, después subieron a todos en una camioneta blanca, pero a él lo dejaron ir más adelante y caminó dos días en el desierto. Logró cruzar el río Bravo, pero fue deportado por oficiales de migración de Estados Unidos. Desde entonces el adolescente es custodiado en calidad de testigo protegido. De sus compañeros de viaje nada se sabe. Familiares entrevistados expresaron su inconformidad con las autoridades estatales en las primeras semanas de la desaparición de los migrantes. A finales de 2021, cuando el caso fue atraído por la Fiscalía de la Zona Norte en Ciudad Juárez, sintieron que por fin se hacía algo. El 10 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la capital del estado. A través del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), los familiares solicitaron al gobierno federal apoyo para la búsqueda. La Sedena facilitó un helicóptero con la capacidad de maniobra necesaria para operar y descender en el difícil terreno del desierto, pero las condiciones climáticas de esos días, con frío y fuertes vientos, no fueron óptimas. Desde entonces, tanto el Cedehm como los familiares han insistido en la necesidad de realizar más búsquedas áreas. “Hace unos días hicimos junto con la gente de la fiscalía de Chihuahua un nuevo recorrido a la zona desértica de la ruta de Coyame hasta el río. Entonces ahí nos dimos cuenta de que es necesario seguir volando porque no es posible buscar con efectividad por tierra, a pie, porque es una zona muy complicada”, dijo durante una protesta en febrero Gabino Gómez, quien coordina el área de búsqueda de personas en el Cedehm. Los familiares han tenido reuniones con la Fiscalía de la Zona Norte, la más reciente en los primeros días de mayo. Les dicen que hay avances en las investigaciones, pero en los reportes que les muestran hay mucha información censurada. A decir de los familiares, la Comisión Estatal de Búsqueda también ha actuado con secretismo, aludiendo a motivos de seguridad. Recientemente la fiscalía local les informó que ya cuenta con un helicóptero apto para realizar la búsqueda solicitada, pero que el clima no ha permitido el vuelo. Mientras tanto, los familiares siguen exigiendo que se disponga de mayores recursos para realizar la búsqueda y la investigación. O

especial

D ELI N C U E N C I A O R GA NI Z A DA

Narcos. Enfrentamientos

CAMELIA MUÑOZ ALTILLO, COAH.– La advertencia del Cártel del Noreste de seguir operando en Coahuila se concreta al menos tres veces por semana con enfrentamientos y agresiones a los cuerpos de seguridad estatales que vigilan las carreteras hacia Nuevo León y Tamaulipas, afirma el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. El tráfico de personas, drogas y armas caracteriza la actividad delictiva en el estado, principalmente en los límites con Texas, mientras que en la región sureste, particularmente en el municipio de Ramos Arizpe y la zona entre Monclova y Castaños, hasta llegar a Parras de la Fuente, el robo de combustible no cesa y el narcomenudeo persiste en la mayoría de los 38 municipios. El 14 de abril último Riquelme Solís firmó el “memorándum de entendimiento” con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y aceptó las recomendaciones del Departamento de Seguridad Pública de dicho estado sobre varios puntos críticos utilizados por delincuentes para ingresar de manera ilegal a los migrantes. Uno de ellos es la lejana zona del Big Bend, en los límites con Chihuahua, y otros lugares a lo largo de la carretera fe-

COAHUILA

PRESIÓN ESTADUNIDENSE

POR LA INSEGURIDAD EN EL ÚLTIMO AÑO DEL GOBIERNO DE RIQUELME

La mejoría en los indicadores delictivos de ciudades como Piedras Negras y Saltillo no implica una derrota de las bandas del crimen organizado, que siguen enfrentándose a las fuerzas estatales y federales en las carreteras que conectan Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas. Por eso autoridades estadunidenses imponen medidas de vigilancia fronteriza y condicionan sus inversiones en la región. deral 2, conocida como la Ribereña, que junto con las brechas cercanas es escenario de múltiples enfrentamientos y antes de 2012 fue la zona de pistas clandestinas para el trasiego de la droga que llegaba a Estados Unidos.

El documento deja tareas sólo al estado de Coahuila. Nada habla de las obligaciones del gobierno de Texas para frenar el paso de armas hacia México y que en muchas ocasiones no se detectan por los puentes internacionales, pese al equipo 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Juan Carlos Cruz

Octavio Gómez

y personal del que dispone la Aduana de Piedras Negras. La firma del compromiso se dio después de que el gobernador texano estableciera medidas drásticas para inspeccionar el transporte de carga procedente de México, por considerar que era usado para el tráfico de drogas y personas. En él se obliga a Coahuila a reforzar el patrullaje en la frontera con helicópteros y vehículos todoterreno, además de intensificar los retenes para identificar a migrantes y regresarlos de inmediato a su lugar de origen. Aunque la medida fue criticada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el canciller, Marcelo Ebrard, aseguró que los gobernadores fronterizos fueron extorsionados por Abbott, el pasado 30 de mayo más personal del Instituto Nacional de Migración se unió al operativo emprendido por el gobierno de Riquelme Solís. En el Primer Foro Inmobiliario del Norte, efectuado en Torreón el 27 de mayo último, el mandatario priista recordó que, si bien disminuyó la incidencia de homicidios a causa del crimen organizado, prevalece el riesgo de que éste regrese. “La Perla de la Laguna llegó a ser la quinta ciudad más violenta del mundo, abajito de Medellín. Hoy en día no aparecemos ni el ranking; ninguno de nuestros municipios, pero no significa que no pase nada”, expresó. Ante empresarios del ramo de la vivienda y el cónsul de Estados Unidos en

Riquelme. Efectos económicos

Monterrey, Roger C. Rigaud, Riquelme requirió de incrementar la infraestructura de las corporaciones estatales y en apoyo al Ejército mexicano, que dispone de nueve bases militares y cuatro megacuarteles en territorio coahuilense. Además están en proceso de construcción otros dos sobre la solitaria Brecha del Gas, usada en 2019 por un comando para atacar el poblado de Villa Unión, con un saldo de más de 20 personas muertas, la mayor parte integrantes del Cártel del Noreste. Pese a los esfuerzos por frenar el paso de delincuentes, dicha zona se ha convertido en la vía recurrente para llegar hasta Piedras Negras o la región carbonífera desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, o la parte limítrofe con Nuevo León.

La titular de Seguridad en la entidad, Sonia Villarreal Pérez, señala que durante 2021 y lo que va de 2022 han ocurrido más de 50 enfrentamientos de las fuerzas estatales con civiles armados, que han dejado a más de 20 efectivos heridos y uno muerto. El tiroteo más reciente fue el 1 de junio, a la altura del municipio de Hidalgo. Los ataques ocurren en la carretera la Ribereña, que comunica los municipios coahuilenses de Ciudad Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo, con los nuevoleoneses de Anáhuac y Colombia, para continuar hacia Tamaulipas. En el área tienen sus bases los que fueron Los Zetas y ahora se ostentan como Cártel del Noreste, quienes cuentan con vehículos y uniformes similares a los de corporaciones locales. El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que tan solo el año pasado se abrieron 19 carpetas relacionadas contra elementos de los distintos cuerpos de seguridad y hay al menos 30 detenidos. Durante los últimos meses Riquelme Solís negó la inseguridad en el estado y rechazó las alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que a finales del año pasado recomendó a sus ciudadanos aplicar un toque de queda para no viajar por la frontera coahuilense de noche, pero ahora atiende oportunamente las observaciones del gobierno de Texas y envía de inmediato patrullas a los lugares donde se le señala que cruzan migrantes por el Río Bravo. Más vigilancia

Miguel Dimayuga Meneses

D ELI N C U E N C I A O R GA NI Z A DA Semanas atrás Abbott aseguró que Coahuila solicitó material para instalar un muro con alambre de púas sobre la afluente, pero la titular de Seguridad estatal sostuvo que fue una propuesta que hizo el mandatario texano, a la cual no se le dio respuesta.

Armas y droga, el paquete de la migración Para Villarreal Pérez, detrás del tráfico de personas se encuentran otros delitos, como es el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y armas de fuego que se quedarán en la región para la operación de las células delictivas del Cártel del Noreste. Al intensificar la presencia policiaca en la franja fronteriza, tras el acuerdo con las autoridades de Texas, tanto Riquelme Solís como Villarreal Pérez aseguran que se ha detenido a un promedio de 30 personas por semana relacionadas con el tráfico de personas. “El operativo es de seguridad, por eso la detención de estas personas. Nosotros no tenemos nada en contra de los migrantes, nosotros vamos por las personas que están actuando de una manera ilícita para el tránsito de ellos, los que están cobrando: por los famosos pateros y polleros y por toda esta red que, obviamente, atrás de ellos hay otros negocios que son ilícitos”, señaló la titular de Seguridad. De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2021 su delegación en Coahuila reportó el aseguramiento de 65 armas cortas, 28 armas largas, 437 cargadores y 15 mil 143 cartuchos. La dependencia federal informó que en marzo de 2021, tras un enfrentamiento de las fuerzas estatales con dos sujetos que vestían uniformes de las Fuerzas Armadas en el municipio de Guerrero, se les incautó un arma de fuego AK-47 calibre 7.62x39, cuatro cargadores y 69 cartuchos del mismo calibre, así como un arma calibre 223 milímetros y dos cargadores desabastecidos calibre 5.56. En septiembre de 2021, en un enfrentamiento sobre la carretera federal 2, las autoridades estatales y el Ejército aseguraron 10 fusiles, incluido un Barrett calibre 50, y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal conocido como “monstruo”. En el mismo mes, la Administración General de Aduanas decomisó, en el puente internacional II “Coahuila 2000” de Piedras Negras, mil 166 cartuchos de diferentes calibres, una empuñadura, un arma de fuego y un cargador procedentes de Estados Unidos. Ante los operativos que, junto con los estados de Nuevo León y Tamaulipas, Coahuila lleva a cabo en el Operativo No-

Decomiso de armas

reste, la delincuencia organizada encuentra nuevas modalidades para traer armas desde otras entidades. Ahora es frecuente que para ello las bandas utilicen empresas de paquetería. La Guardia Nacional realiza constantes operativos para inspeccionar los envíos. Un ejemplo de los resultados es que con el apoyo de un binomio canino se logró ubicar, en una empresa de mensajería y paquetería de Torreón, un arma larga AK-47 dorada, con cachas de madera y grabados en su estructura. También se aseguraron de la misma manera dos pistolas calibres 9 y 380 milímetros, así como cuatro cargadores desabastecidos. En 2021 las autoridades federales destruyeron más de siete toneladas de marihuana, 46 kilos de cocaína, tres kilos de heroína y 90 kilos de metanfetamina. Los productos fueron asegurados por distintas dependencias de dicho nivel de gobierno.

Huachicoleo fronterizo Otro delito que persiste en Coahuila es el robo de combustible y la FGR aseguró el año pasado 227 vehículos utilizados para el huachicoleo en el poliducto SaltilloMonclova y el que va hacia La Laguna. Se localizaron tomas clandestinas en los municipios de Ramos Arizpe, Castaños y San Pedro de las Colonias, y en las cercanías se detectaron vehículos trasladando el combustible. El cálculo sobre los hidrocarburos recuperados es de un millón 148 mil 897 litros, que habrían sido utilizados para las operaciones del crimen organizado. Pese a que estas actividades generan una gran movilización de las autoridades estatales y federales, no se logra la detención de los responsables. Se busca evitar daños en la economía local, como los cau-

sados en abril pasado con las dobles revisiones al transporte de carga ordenadas por Abbott. La actividad comercial de la frontera preocupa también a las autoridades de Estados Unidos y por ello su cónsul en Monterrey, Roger C. Rigaud, les recordó a los gobernadores de la región que, de no lograr una mejoría en la seguridad, está en riesgo el Tratado entre su país, México y Canadá. El diplomático le dejó más tarea al sector empresarial y político de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, para que los programas de seguridad tengan vigencia a largo plazo y no se modifiquen por los procesos electorales. “Es de nuestro interés invertir en el norte de México, buscamos los mismos objetivos. La cuestión es: ¿cómo podemos ayudar a sus estados y a sus ciudades a atraer inversiones estadunidenses? Las compañías buscan un lugar seguro para dejar sus negocios, ellas quieren saber que los beneficios comerciales del T-MEC llegarán para quedarse por largo tiempo; entonces trabajemos de manera conjunta para hacer que las decisiones en materia de seguridad sean las adecuadas, para hacer posible que los negocios crezcan aquí”, dijo Rigaud a empresarios del sector inmobiliario. Aunque las ciudades de Piedras Negras y Saltillo se encuentran entre las más seguras, según la Encuesta de Percepción del Inegi, Coahuila se vio obligada a reforzar sus acciones en materia de seguridad por el gobierno de Texas. Pero ni antes ni ahora las autoridades han logrado evitar la presencia del crimen organizado, y se ve difícil que deje de afectar la actividad económica de la entidad durante el último año de la administración del priista Riquelme Solís. O 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Rodolfo Angulo /cuartoscuro.com

Ciudad Mier. Operativos

TAMAULIPAS

HUACHICOLEO Y TRATA DE PERSONAS

EN LA CUNA DEL CÁRTEL DEL GOLFO LUCIANO CAMPOS GARZA IUDAD VICTORIA, TAMPS.– El Cártel del Golfo (CDG) y Cártel del Noreste (CDN) –con grupos que se han subdividido de estas dos poderosas estructuras dedicadas al tráfico de droga y combustible, trata de personas, secuestro, extorsión y homicidio– se disputan el control de Tamaulipas. Al estado ya ingresó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), más interesado en la trata de migrantes que en el trasiego de enervantes. De acuerdo con el mapa de criminalidad que presenta Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de Lantia Intelligence, las organizaciones que mantienen alto perfil en Tamaulipas son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), CDN, Grupo Sombra, Los Metros, Zetas Vieja Escuela (ZVE), Columna Armada Pedro J. Méndez (CAPJM), Cártel Tropa del Infierno, Escorpiones, Gama 16, CDX y Rojos. Debido a la volatilidad de los grupos y a los ajustes de cuentas internos, no

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Dividido en varios grupos y células, lo que fue el Cártel del Golfo sigue peleando los territorios tamaulipecos contra el Cártel del Noreste, el CJNG y las bandas derivadas de escisiones de Los Zetas. El principal objetivo de esas organizaciones es controlar las rutas hacia Estados Unidos, para lo cual tratan de desalojar a sus rivales e incluso a la población de las “plazas” para facilitar operaciones ilícitas muy rentables como el huachicoleo y la trata de personas. hay cabezas visibles en la mayoría de las agrupaciones. Para el analista, el CDG se dividió en células y ya no opera como unidad. En el municipio fronterizo de Reynosa, el más poblado de la entidad con cerca de 1 millón de habitantes, el CDN tiene la mayor presencia, seguido por los Ciclones, Escorpiones, Jaibos, Gama 16, Metros, ZVE y Rojos. Fue en territorio reynosense donde el 19 de junio de 2021 integrantes de los Es-

corpiones, desprendidos del CDG, recorrieron las colonias populares Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar del Sur de Reynosa, donde dispararon indiscriminadamente a los transeúntes, con saldo de 15 muertos y un número indeterminado de heridos. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado como parte de la confrontación con sus rivales los Ciclones, de este municipio. Al mes siguiente, fue encontrado asesinado Édgar Valladares El Maes-

Trata de migrantes y desplazamiento La diversificación de estas organizaciones criminales las involucró en el floreciente delito de trata de personas, principalmente en ciudades de la frontera de México con Estados Unidos, adonde llegan personas procedentes de otros estados o del extranjero. En esta actividad criminal destaca principalmente el CJNG junto a los Metros, sus principales aliados en el norte de Tamaulipas. El CDN también está implicado en la trata de indocumentados, robo de combustible, control de las penitenciarías y narcotráfico, en su variante de narcomenudeo. Esa organización, emergida de una escisión de Los Zetas, ha crecido considerablemente y ya tiene presencia en Quintana Roo, Campeche, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. La pugna del CDN por ocupar más espacios criminales se da principalmente contra ZVE, CDX, CAPJM, y contra Los Billys en los límites con Nuevo León. El CDN recibió su golpe más severo el pasado 13 de marzo, cuando su máximo líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, fue detenido en Nuevo Laredo, donde tenía su refugio. Lo buscaba la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, que ofrecía 2 millones de pesos por su captura. Estados Unidos también lo tenía en la mira y, tras su captura, fue extraditado. En el actual sexenio del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que inició en 2016, se ha consolidado el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la policía estatal para el combate a los grupos criminales.

Huellas de violencia

Aunque tradicionalmente se considera que en Tamaulipas prevalece la violencia, de acuerdo con estadísticas recientes la entidad se encuentra en el sitio 20 nacional de homicidios dolosos, según el dato que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una reciente conferencia mañanera. Eduardo Guerrero menciona que, si bien hay una consolidación de las fuerzas estatales del orden y una baja en los índices de criminalidad en el sur, centro y norte de Tamaulipas, se percibe que el mandatario estatal se ha distraído con temas de carácter político, principalmente el de su desafuero que, precisamente cuando faltaban cuatro días para la elección estatal, fue postergado de manera indefinida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Geovanni Barrios, presidente fundador de la asociación civil Justicia Tamaulipas, que busca desaparecidos, señala que

una parte considerable de la violencia se observa en la frontera, donde los grupos criminales pretenden adueñarse del territorio a balazos. Pone por ejemplo el caso de Mier y Miguel Alemán, en la región Ribereña, fronteriza con Texas, donde los enfrentamientos diarios provocaron un éxodo masivo que dejó prácticamente desiertos esos municipios. Los que se quedan viven entre el pánico y el caos. En la entidad se observa una sólida presencia de células del CDG en Tampico, Matamoros, Valle Hermoso, y al oriente, en la costa. Hay presencia marcada del CDN en Nuevo Laredo y Victoria. El caso de Matamoros es singular, dice Barrios, porque pese a las purgas, ajustes de cuentas, ejecuciones e invasiones, prevalecen los grupos ligados al CDG, la organización criminal de la que surgieron Los Zetas y sus derivaciones. Víctor Hugo Jiménez

trín, líder de los Escorpiones en Río Bravo, quien había ordenado la masacre. Este año la incidencia criminal ha llegado hasta los puntos de cruce hacia Estados Unidos, como pasó en abril, cuando civiles con armas largas despojaron a varios traileros de sus unidades en la puerta del Puente internacional Reynosa-Pharr y les prendieron fuego, bloqueando el paso de vehículos de carga, que suele ser nutrido en ese lugar. En Matamoros operan Ciclones, Metros y Rojos. En la Región Ribereña, Camargo es ocupado por los Metros, misma agrupación tiene presencia en Miguel Alemán, junto con el CDN, que también controla el crimen en Mier y Guerrero. En Nuevo Laredo se disputan la plaza la Tropa del Infierno, el CDN, el CJNG y los Metros. En cuanto a Victoria, ahí operan el CDN, los X, Ciclones, Metros y ZVE. Hacia el sur del estado, en Mante, ZVE, y en Altamira, los Metros.

Cortesía

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Nuevo Laredo. Punto clave

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Victor Hugo Valdivia Estrada

LUCIANO CAMPOS GARZA ONTERREY, NL.– Cárteles y bandas de menor calado buscan controlar actividades ilícitas y expandir rutas delictivas en Nuevo León, particularmente en su capital. El estado resiente la presión de grupos criminales que pugnan por entrar de los vecinos Tamaulipas y Coahuila, señala Adrián de la Garza Santos, quien fuera procurador de Justicia con el entonces gobernador Rodrigo Medina, y exalcalde priista de Monterrey. En el norte del estado se da la zona con mayor reporte de violencia, aunque no necesariamente con la mayor actividad criminal, afirma De la Garza, y reconoce que en la entidad se aprecia actividad del Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el de Sinaloa. Para el director de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero, además de los anteriormente mencionados opera aquí el recientemente surgido Cártel Independiente de Nuevo León (CINL) organización conocida también como Los Billys, derivada de Los Zetas. De acuerdo con un estudio de inteligencia de esta plataforma de datos sobre seguridad, crimen organizado y conflictividad

M Desorden interno

MONTERREY: CORPORACIONES INFILTRADAS San Fernando es uno de los territorios más peligrosos. Es el municipio con mayor extensión, donde se registró una de las peores masacres en la historia reciente de México. Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, en el ejido El Huizachal, un grupo de Los Zetas interceptó a 72 migrantes que iban a Estados Unidos y los asesinó a balazos. Ahora la pugna ahí es entre células del CDG y el CDN, dice Barrios. Rodolfo Angulo /cuartoscuro.com

“Es muy variante, y no siempre se mantienen los grupos, porque quienes los controlan deciden cambiarse de siglas y ya no son el mismo. Es algo que no ha sucedido en Matamoros; creo que es el único municipio en Tamaulipas que sigue controlando el mismo grupo (CDG). En Nuevo Laredo primero fue el Cártel del Golfo, luego Los Zetas, luego otra generación, luego Noreste y luego Vieja Escuela”.

Encrucijada

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El activista señala que el CJNG tiene presencia mayor en los municipios de Mier, Camargo y Miguel Alemán, y aunque se ha esforzado, no ha podido ingresar a territorio nuevoleonés, pertrechado por líneas de contención de la policía estatal Fuerza Civil, la cual registra constantes enfrentamientos con los delincuentes en aquella zona. El entrevistado observa que a los grupos delictivos les conviene controlar aun las ciudades que no san tan relevantes, como las semidesiertas, porque ahí es más fluido el tráfico de combustible y de indocumentados. La trata de personas, considera, es uno de los negocios más rentables y con menos riesgos, pues las bandas delictivas tienen controladas prácticamente todas las rutas de los autobuses y camionetas, que deben pagarles por permitirles seguir hacia el norte. El tráfico de combustible en la frontera tamaulipeca cobró relevancia después del asesinato del reynosense Sergio Carmona, el 22 de marzo de 2021, en el municipio de San Pedro, Nuevo León. Se le relaciona con el tráfico de hidrocarburo a escala industrial, y sus millonarias ganancias le sirvieron para patrocinar a políticos y candidatos relacionados con Morena en la entidad y a nivel nacional, aunque también se ha documentado que facturó cantidades millonarias al actual gobierno panista del estado, lo que ha sido ampliamente detallado en este medio.

D ELI N C U E N C I A O R GA NI Z A DA

Barrios señala que por las aduanas binacionales en estos dos municipios se podrán importar vehículos, lo cual implica un potencial negocio en el control del cruce de estas mercancías. Estima que pasan los años y pese a que delitos como el secuestro van a la baja, persiste el control de grupos criminales en las plazas, ante la indiferencia de las autoridades. “Lo que está más caliente es el norte del estado. Recordemos que hace dos o tres años Victoria estaba súper caliente. Era una plaza con muchos asesinatos, como también lo era Ciudad Mante. Ahorita ya son muy aislados los homicidios que se dan ahí, y eso se puede palpar en la información que nos llega de estos crímenes por municipio”, dice. Lo que es evidente, continúa, es que la policía estatal, con los Gopes, ha podido enfrentar a los grupos delictivos, aunque como resultado éstos se han fragmentado. Barrios advierte que en la entidad prevalece la crisis por la desaparición de personas, con unas 20 mil víctimas de este delito y 98% de impunidad en los casos denunciados. “Siguen los números importantes en esto, hombres y mujeres, porque no se ha trabajado en la prevención de ese delito. Mientras eso no se haga y no se enfrente jurídicamente la problemática, seguirá el grado de impunidad”, concluye.

Paradójicamente, en el sexenio de Rodrigo Medina (2009-2015), cuando ocurrió en Nuevo León la peor crisis de inseguridad, con apoyo de la iniciativa privada se refundó la policía estatal y pasó a llamarse Fuerza Civil. Se convirtió en una de las mejores de México. Sin embargo, con la llegada de Jaime Rodríguez Calderón como gobernador (20015-2021) la corporación fue descuidada. Los policías padecieron desdén, su salario se estancó y se les regatearon incentivos y prestaciones, lo que provocó deserciones y debilitamiento de la corporación, afirma el analista. Un informe de inteligencia elaborado el año pasado por la Agencia Estatal de Investigaciones señala que en la entidad hay un auge de comercialización de drogas sintéticas que traen al mercado local el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Son ellos los que surten a los distribuidores minoritarios.

Infiltración De la Garza refiere que la delincuencia organizada se esfuerza mucho por obtener territorio, principalmente en la zona metropolitana, lo que se traduce en ejecuciones. “Cuando hay un grupo nuevo de de-

lincuencia organizada o espontánea, y hay generación de violencia, significa que hay cuerpos policiacos infiltrados. Y cuando esto ocurre no hay que estar en alerta, hay que realizar acciones muy precisas para sacar de tajo a los policías infiltrados. Hay que quitar a los que no son de vocación o confiables, para que no se les facilite el trabajo a los grupos de la delincuencia organizada”. Al preguntarle si esta es la situación actual en las policías de Nuevo León, responde: “No tengan duda”. El exprocurador propone que el combate a la criminalidad se base más en la inteligencia, pues ya son obsoletos los despliegues policiacos para demostrar fortaleza y los patrullajes preventivos. Reconoce que hay policías como las de Monterrey, Guadalupe, San Pedro, San Nicolás o Santiago que ya generan esquemas de inteligencia con los cuales se sistematizan todas las fuentes, y la información que se obtiene ya no se pierde después de ser utilizada, como ocurría en el pasado. Lo que debe hacerse con esos datos es analizarlos para que se traduzcan en inteligencia. Pero la inteligencia policiaca “debe aplicarse también adentro de las corporaciones”, advierte. O Cortesía

social, Los Billys se dedican al narcotráfico y narcomenudeo, extorsión y autogobierno penitenciario. Tienen presencia en Salinas, Victoria, El Carmen, Abasolo, Hidalgo, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, Santiago y Juárez. En esta capital también se identifican grupos de perfil bajo como la Banda de la Explorer, con presencia en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, dedicados al narcomenudeo y robo de transportistas y vehículos. Los Meza Flores, banda derivada de los Beltrán Leyva, controla a los grupos La Oficina, los Mazatlecos y Ruela Torres. Los Meza pelean contra el Cártel de Sinaloa y tienen como aliados a los Arellano Félix, los Pilotos y los Trinis. Trafican armas y narcóticos. También operan en Monterrey los Bronz, pandilla dedicada al narcomenudeo y vandalismo, dice Guerrero Gutiérrez, basado en datos de Lantia. Una de las mayores organizaciones presentes en el estado es el CJNG, que trabaja con los Metros, célula desprendida del CDG. Tienen actividad mayormente en los municipios de Cadereyta y Jiménez, al oriente de la zona metropolitana, y al norte en Doctor Coss y Los Aldamas, colindantes con Tamaulipas.

Narcobloqueo

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Octavio Gómez Octavio Gómez

LA PROHIBICIÓN DE VAPEADORES, UNA DENSA

CORTINA DE HUMO

MELISSA AMEZCUA esde Palacio Nacional se anunció como un triunfo para la salud pública la prohibición de los vapeadores. Sin embargo, el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador no incluyó la palabra consumo, sino sólo su circulación y comercialización. De inmediato, los activistas del vapeo, legisladores y empresas advirtieron que esa medida significará un crecimiento del mercado negro y mayores riesgos sanitarios. El último registro mundial de los efectos fatales de usar vapeadores sin conocer su contenido ocurrió en 2019, cuando un fabricante de cartuchos en Estados Unidos mezcló tetrahidrocanabinol (THC), principal activo del cannabis, con vitamina E, un compuesto liposoluble que al en-

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trar a los pulmones se vuelve una especie de plástico. Eso provocó la muerte de 60 personas y en México se registraron dos casos por complicaciones, uno de los cuales fue letal. Aunque llegó dos años después, éste fue el contexto detrás de la alerta máxima de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recientemente publicada contra los vapeadores, de acuerdo con Christian Heinrich, médico salubrista y consultor en salud de la Red Latinoamericana por la Reducción de Daños Asociados al Tabaquismo. Las personas que conocen del uso lúdico de la mariguana, asegura Heinrich, “saben que si haces un brownie pega más entre más aceite le pongas, porque es un medio idóneo para el transporte del THC. “Esas personas le pusieron aceite de vitamina E (al vapeador) que, al hacerse un

plástico dentro de los pulmones, te mata”, dijo. Uno de los casos reportados por la prensa en México ocurrió en 2019 en San Luis Potosí y se trató de un joven de 18 años. Heinrich considera que pudo deberse a que el fabricante clandestino quiso rebajar el contenido. Sin embargo, no todos los vapeadores que se venden en las calles del país o en internet contienen THC. El problema, planteado por activistas, legisladores y tabaqueras, es que en el contexto actual del vapeo, no se conoce el origen de los aparatos ni al fabricante; tampoco el puerto por el que entra al país, su contenido real ni quién está detrás de las ganancias de esa industria en México. Ello pese a que hay al menos 1 millón de usuarios activos en el país, según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), de ahí que se abogue por su regulación inmediata.

S A L UD

No obstante, el 31 de mayo último, Día Mundial sin Tabaco, desde Palacio Nacional se anunció el decreto presidencial que prohibe la circulación y comercialización de los vapeadores, mas no su consumo. Esa disposición del presidente López Obrador genera dudas, pues lo publicado en el Diario Oficial de la Federación no desarrolla las implicaciones de la circulación o de la comercialización de esos aparatos. Tampoco hay claridad en las sanciones, sostiene Helena Harrington, miembro de la organización Vapeo Informado.

Llegó para quedarse La académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y doctorante en derecho sanitario por la misma institución cuestiona que el artefacto que usó López Obrador para ilustrar su anuncio fuera un maskking (un cigarro electrónico, no un vapeador), del que se desconoce su contenido pero es de los más vendidos en las calles. “Se abren las puertas al mercado negro más de lo que ya estaban. Vamos a llegar al punto en que quienes busquen importar y comercializar los productos, van a toparse con que deben tramitar un amparo para obtener los permisos nuevamente”, dijo. La relevancia de regular la importación, exportación y comercialización de los vapeadores es tener farmacovigilancia sobre los consumidores y prohibir el acceso de los menores de edad, embarazadas y personas con predisposición a complicaciones respiratorias debidas a estos productos, según activistas y legisladores que han pugnado por la regulación, como Heinrich, Harrington y los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano (MC). “Los vapeadores llegaron para quedarse, y no por un decreto van a desaparecer; lo peor que podría pasar es que el mercado negro se haga incontrolable”, acota Heinrich.

Para los diputados Sergio Barrera Sepúlveda, de MC, y Jorge Insunza, del PAN, así como para Heinrich, mantener el mercado tal cual está, da pie a que en México el crimen organizado se involucre en la oferta de vapeadores y cartuchos, ante la gran demanda que existe en las calles. Barrera, quien propuso en 2021 la regulación de esos aparatos, asegura a Proceso que en varias ciudades del país el crimen organizado amenazó a jóvenes que vendían vapeadores entre sus amigos. “Les decían que sólo se los pueden comprar a ellos o que sólo ellos (los criminales) pueden distribuirlos. Es algo muy peligroso, y por no afectar a estos jóvenes no podría decir en qué ciudades, porque no sólo es una”, dijo el legislador por el estado de Jalisco.

Prohibición desde Palacio El asunto quedó aparentemente cerrado al debate público el 31 de mayo, cuando, en compañía de Hugo López-Gatell, sub-

secretario de Salud, López Obrador anunció la prohibición de los vapeadores desde la mañanera. Un tema que llevaba meses discutiéndose en la Cámara de Diputados, el Senado y en Palacio Nacional. El último día del segundo periodo de sesiones en San Lázaro se aprobó la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE); sin embargo, en ese documento se prohibió expresamente la entrada y salida del país de vapeadores, sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. Tanto Barrera como Insunza –quien es además presidente de la Comisión de Economía– confirmaron a Proceso que los legisladores de todas las bancadas acordaron votar por la regulación de los vapeadores, pero todo se cayó en la conferencia mañanera del 31 de mayo pasado, cuando López Obrador se pronunció contra esos dispositivos y en favor de su prohibición total. A finales del periodo anterior ya estaba aprobada la LIGIE en San Lázaro como cámara de origen, y se fue al Senado, como lo dicta la ley. Por ello, al diputado Insunza le pareció “un poco raro” que regresara a San Lázaro una minuta donde venía específicamente el tema de la prohibición de los vapeadores. El legislador panista dijo que en esa minuta tuvo influencia directamente López-Gatell. “Es un poco extraño que la mañanera coincida con ese tema. Sentí que marcó una línea porque cuando platicamos aquí en la Comisión, con los diputados de Morena, había apertura para que el tema fuera retirado del documento”, revela Insunza. El acuerdo era retirar el tema de los vapeadores para legislarlo en una iniciativa aparte y dejarlo fuera de la prohibición de la LIGIE, insiste. Cortesía / MC

Causó sorpresa entre legisladores, académicos y empresarios relacionados con la venta de vapeadores la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir la circulación y comercialización de esos dispositivos, mas no su uso. Ante el anuncio hecho el pasado 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, especialistas advierten sobre los riesgos que esa medida implica, porque da pie al crecimiento del mercado negro y a la incidencia del narco en ese negocio. Y pese a que algunos sostienen que los vapeadores son menos cancerígenos que los cigarros, el tabasqueño sólo critica a las empresas tabacaleras.

Barrera Sepúlveda. Por la regulación

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Miguel Dimayuga Meneses

S A L UD

AMLO y López-Gatell. Decisión polémica

En varias conferencias matutinas López Obrador ha dicho que hay cabilderos de las empresas para influir en las decisiones de los legisladores en este tema en particular. Incluso, el 14 de diciembre de 2021, López-Gatell declaró que estuvieron “rondando el Senado cabilderos de Philip Morris”. Insunza confirmó que, efectivamente, hubo presencia de la cigarrera en la Cámara de Diputados, aunque negó haberse reunido con ellos hasta ese momento. “Sé que estuvieron aquí, no sé quiénes concretamente, pero sí vinieron. Yo mismo los voy a recibir, pero no quería recibirlos en un momento que es un mensaje, el presidente dijo que andaban dando dinero.” López-Gatell, en su momento, se refirió a que la LIGIE debía ser actualizada por el Poder Legislativo, y aseguró que Philip Morris era la empresa preponderante en la cruzada por la regulación. El diputado Barrera, de MC, respaldó la afirmación del presidente de la Comisión de Economía al decir que, en corto, la gran mayoría de sus colegas estaba consciente de las consecuencias sociales y económicas de no regular los vapeadores, pero “les bajaron línea”. “Les dicen que tienen que votar esa parte en contra, y por eso mismo, cuando metimos la reserva, no fue aprobada por más que les hicimos entender el grave problema que se estaba haciendo si lo cancelábamos”, contó el legislador, quien también negó haberse reunido con la tabacalera Philip Morris. En respuesta a un cuestionario enviado por la reportera, Catalina Betancourt, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Philip Morris México, negó que exista una polémica con las autoridades mexi-

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canas ante los señalamientos de que son la compañía predominante en la búsqueda de la regulación. “Nuestro interés es contar con reglas claras para ofrecer productos libres de humo a los fumadores adultos mexicanos, que se establezcan candados en la comercialización para proteger a los menores de edad, pues no son libres de riesgo, y que se definan estándares sanitarios estrictos que garanticen una manufactura segura”, dijo la representante de la empresa que, aunque no comercializa vapeadores en México, ofrece dispositivos de tabaco calentado manufacturados en Malasia. En octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia, mediante la contradicción de tesis 39/2021, estableció la inconstitucionalidad de la prohibición de forma absoluta de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea producto del tabaco, argumentando que impacta de forma injustificada los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre comercio.

Control de daños Uno de los argumentos de López Obrador acerca de la prohibición es la defensa de la salud y de los jóvenes. “No hay influencia que valga, ya no es ese poderoso caballero don Dinero el que domina a México”, dijo desde la mañanera. Sin embargo, la propia Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2017, hecha por la Conadic, revela que para ese año había casi 1 millón de usuarios regulares de cigarros electrónicos y que al menos 5 millones de personas lo habían probado una vez. Y vaticinaba que habría 100 mil consumidores nuevos por año.

Según una encuesta de 2021 de la empresa Povvado, proporcionada por Philip Morris, ocho de cada 10 mexicanos piensan que es necesario que los fumadores adultos tengan acceso a toda la información sobre productos libres de humo. “Está demostrado que son malos para la salud y que afectan a los jóvenes, y no puede ser que un interés mercantil, comercial, o el lucro estén por encima de la salud”, añadió López Obrador en la mañanera del pasado 31 de mayo. No obstante, los estudios que hay, según Heinrich, no han demostrado que los vapeadores sean cancerígenos, como sí se comprobó con los cigarrillos clásicos de combustión. La primera patente de los vapeadores se registró en 1963 y sus creadores fueron fumadores, no empresas tabacaleras. Y desde 2009 en medios de comunicación se empezó a popularizar la existencia de esos dispositivos. Quienes defienden su regulación sostienen que se trata de un método aliciente para solventar los problemas de los fumadores pasivos que no desean dejar la nicotina. Incluso Heinrich admite que los vapes, como se conoce coloquialmente a los cigarrillos electrónicos, no son inocuos. Tienen tres principales compuestos: glicerina vegetal, propilenglicol y agua, además de la sustancia para fumar, como nicotina o THC. Pone de ejemplo a Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón, cuya primera acción ante el surgimiento de los vapeadores fue prohibirlos mientras se estudiaban sus efectos, pero una vez que se avanzó en las investigaciones se optó por la venta y el consumo libre. “Porque ya se estudió que, a pesar de que son inocuos por la glicerina y el propilenglicol, que también encuentras en alimentos procesados, no son sustancias cancerígenas per se. Lo que se conoce es que si las añades a alimentos y las ingieres por vía digestiva no causan mayor efecto, lo que no se sabe todavía es qué pasa si calientas la glicerina o el propilenglicol, que es lo que hace el humito, y se ingiere a través del pulmón”, explica. “Es una bomba de tiempo que esto se siga consumiendo y que por ley se pueda vender, pero al mismo tiempo no esté regularizada, eso causa mucha incertidumbre entre usuarios, autoridades y médicos”, puntualiza. Añade que aun cuando los efectos se han estudiado por más de una década, “hasta que no haya resultados como con el tabaco, que causa cáncer y otras enfermedades, no hay forma de contradecirlos”. A la fecha hay 10 millones de personas que vapean en todo el mundo, añadió Heinrich, y se ha comprobado que los vapeadores son entre 90 y 95% menos cancerígenos que los cigarros de combustión.

Hasta 90% de la madera que se comercializa en Chiapas tendría un origen ilícito, denuncian empresarios y silvicultores que inútilmente han reclamado a los gobiernos federal y estatal que intervengan para frenar este flagelo. A esto hay que sumar el poder de la banda de Los Motonetos, que protege el negocio a plena luz del día sin que las policías locales o la Guardia Nacional lo impidan.

LA TALA CLANDESTINA

FLORECE SIN CONTROL Isaín Mandujano

EN CHIAPAS

Comercialización. Escena cotidiana en carreteras

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M ED I O A MB I E N T E UXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Camiones cargados de madera en las carreteras y caminos sin filtros ni controles a plena luz del día. Aserraderos sin supervisiones estrictas que trabajan las 24 horas del día. Motosierras que retumban en las montañas. La selva chiapaneca y madererías, sin regulación legal. Éstas son escenas cotidianas en los Altos de Chiapas, donde poco a poco la capa forestal se pierde. El Periférico Norte de San Cristóbal de Las Casas es sólo una muestra de lo que ocurre en Chiapas con respecto de la tala ilegal y clandestina. Acá, los puntos de venta de madera proliferan entre los tianguis de autos y demás comercios, donde el control lo tiene una pandilla que aterroriza a los citadinos desde hace algunos años: Los Motonetos. Esta zona es vigilada por personas con radio en mano que, a discreción, están apostados en cada tramo. Vehículos con cristales polarizados transitan cautelosos. Las patrullas de las policías Municipal y Estatal, de la Guardia Nacional o del Ejército pasan este libramiento sin detenerse, por lo que las colonias a lo largo del Periférico, como La Hormiga, Palestina, El Mirador, Anexo El Edén, Bosques del Pedregal o Prudencio Moscoso están a merced de Los Motonetos y otros grupos que dan protección a todos los negocios, incluyendo la compra y venta ilegal de madera. Todos los puntos de ventas son atendidos por tsotsiles desplazados de los Altos de Chiapas, que se refugiaron en la región norte de San Cristóbal de Las Casas y que ven en este negocio la única forma de subsistir y obtener recursos para sus familias. Ellos expenden tablas, polines, planchones y otros cortes de madera de pino y ciprés, principalmente, que dicen traer de municipios vecinos como Teopisca, Tenejapa y otros. La madera es más barata que en los establecimientos legales, pero quienes venden no expiden facturas, sino simplemente una nota sencilla hecha a mano o “nota de remisión”. El reportero pregunta si pueden hacer el envío a otra ciudad del estado o incluso a otra entidad, pero un expendedor refiere que no es posible que ellos saquen el producto de San Cristóbal de Las Casas, pues hacerlo implica elevar el costo, buscar una factura falsa y documentos de permiso de transporte. La madera más fácil de traficar en carreteras es la que transportan ya procesada en muebles, como camas, sillas y mesas, cuyos puntos de venta se multiplican por las principales ciudades del estado y otras regiones del sureste del país.

Isaín Mandujano

ISAÍN MANDUJANO

Esteban Meza Vargas. Décadas de lucha

Como pasa en el Periférico Norte de San Cristóbal, en muchos otros tramos carreteros, como San Cristóbal hacia Comitán, o hacia Ocosingo, o a la región Altos de Chamula, Chenalhó y Pantelhó, a orilla de carretera se vende la madera sin registro ni control alguno por parte de las autoridades estatales o federales. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) de Chiapas, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, informó en enero de 2021 que habría unos mil establecimientos donde se expende madera ilegal en la entidad, los cuales “no son revisados por la autoridad facultada, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y por lo tanto realizan estas actividades ilícitas de manera arbitraria”. René Gómez Orantes, un silvicultor chiapaneco, dice a Proceso que esta entidad tiene una gran vocación forestal pero está atrapada en un círculo vicioso, entre la posición conservacionista y la tala ilegal. Ambos extremos afectan el aprovechamiento de los recursos forestales. La primera, dice, exige la sobreprotección de bosques y selvas, “pero se sobrerregula, se vuelven más burocrático los permisos y el acceso a programas para el manejo forestal”, por lo que hay quienes se cansan de los trámites y optan por incurrir en la tala clandestina.

Oficios ignorados Hasta 90% de la madera que se comercializa en Chiapas tendría origen en la tala ilegal, calculan empresarios madereros y silvicultores en esta entidad, quienes –sin

éxito alguno– han denunciado ante las autoridades estatales y federal para que intervengan y frenen este flagelo en esta región de la frontera sur mexicana. Un informe de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, que dirige en Chiapas José Luis Lobato González, señala que la región más crítica en el tema es la de los Altos, con los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. Ésta es una región que presenta los más graves daños e impactos por la tala ilegal, dice el empresario Esteban Meza Vargas, integrante de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Región Costa de Chiapas y miembro de la Delegación en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria Forestal. Meza Vargas tiene más de dos décadas luchando contra la tala clandestina y ha denunciado en todas las instancias del gobierno estatal y federal, con muy poco eco, señala. Propietario del Aserradero Sacsamlum, S.A. de C.V., y con casi 80 años de edad, asegura que no se ha cansado ni se cansará de tocar puertas para exigir a las autoridades un control que frene la tala ilegal y la comercialización irregular de la madera. El empresario mostró diversos escritos que datan de diciembre de 2016 a julio de 2021, enviados a autoridades estales y federales, en los que ha pedido en muchas ocasiones su intervención para frenar la tala ilegal. 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Especial

Vigilancia. Coordinación federal y estatal

LANGUIDECE EL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO ISAÍN MANDUJANO UXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.– En un informe de febrero de este año, el gobierno de Chiapas reconoce que el estado vive una situación crítica en materia de degradación ambiental, pues el macizo forestal de gran parte de la geografía estatal languidece.

Algunos documentos fueron dirigidos al entonces gobernador Manuel Velasco (2012-2018), otros al actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas (2018-2024), además de quejas y solicitudes remitidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), tanto a la del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto como a la de Andrés Manuel López Obrador. Entre los escritos los hay también dirigidos a Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente el sexenio pasado, así como a los dos primeros titulares de esa misma oficina en el actual gobierno, Josefa González Ortiz y Víctor Manuel Toledo Manzur. En todos los casos no hubo respuesta de las autoridades estatales o federales, señala Meza Vargas. En la cámara empresarial a la que pertenece sólo quedan siete integrantes, pues 10 de ellos han sido expulsados por las malas prácticas que en dicha asociación se han comprometido a combatir.

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Bajo el título Prevención y combate a los ilícitos forestales en Chiapas, el informe de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) –al que accedió Proceso– alerta sobre la deforestación y degradación de los ecosistemas, que afectan tanto al medio ambiente como a la sociedad en general por la pérdida de servicios ecosistémicos y del patrimonio forestal de sus pobladores.

El empresario dijo a Proceso que calcula que alrededor de 65% de la madera que se comercializa en Chiapas es de origen ilegal o de tala clandestina, aunque hay quienes hablan de 80 y algunos más hasta de 90%. Betania, una comunidad indígena entre San Cristóbal de Las Casas y Teopisca, donde hay unos 2 mil habitantes, tiene ocho madererías, mientras que Tapachula, donde viven unas 354 mil personas, tiene seis madererías en todo el municipio, lo que da una idea de la explotación que se da en esa región de los Altos de Chiapas, expuso el empresario.

Con madera de evasores La mayoría de los puntos de venta se concentran en San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Teopisca, Altamirano, Ocosingo y Comitán. Y aunque hay más de 300 madererías legalmente establecidas en Chiapas, muchas lavan madera ilegal con documentación legal. Entre las denuncias que ha presentado Meza se prueba que al-

El documento detalla que Chiapas está conformado por 7.3 millones de hectáreas, de las cuales 4.2 millones se consideran como áreas forestales, que representan 57% de la superficie estatal. “Las causas están asociadas a incendios forestales, plagas y enfermedades; la ampliación de la frontera agropecuaria, la tala ilegal tanto por cambio de uso del suelo, aprovechamiento ilegal y delincuencia organizada, y el escaso manejo sustentable de los recursos forestales por parte de propietarios y poseedores, así como una insuficiente atención oficial de las dependencias de los tres órdenes de gobierno”, dice el informe. Asimismo documenta que se tienen registrados ante la Semarnat mil 210 Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales, 107 aserraderos registrados, 170 autorizaciones de aprovechamiento maderable en 41 mil hectáreas, con 182 mil metros cúbicos anuales y 52 autorizaciones de aprovechamiento no maderable. “Los ilícitos forestales se han incrementado en los últimos años debido a la falta de atención oficial, por los problemas sociales y por la insuficiencia de recursos humanos, financieros y materiales de las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno”, se reconoce en el texto. “De lo anterior se puede observar que el universo de trabajo es amplio y por ello se requiere de mayores recursos en general y mayor coordinación interinstitucional”, indica.

gunas de estas madererías son evasoras fiscales. Por ello, el empresario propone exigir a las madererías de Chiapas la emisión de certificados “producto libre de la tala ilegal” para combatir el tráfico y la comercialización ilícitas, “dando por buena la premisa de que, si no hay tráfico ni comercialización, tampoco habrá tala ilegal”. Sobre todo, explica, porque los beneficiarios de la tala y tráfico ilegal no son los ejidatarios dueños de los bosques, sino los traficantes que los engañan y convencen “despertando su ambición por el dinero fácil”. En este escenario, el silvicultor René Gómez Dorantes y otros empresarios madereros y silvicultores lograron que, en junio de 2019, el diputado federal chiapaneco Raúl Bonifaz Moedano propusiera un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para hacer un exhorto a la Profepa y a la Semarnat a fin de que realizaran una reunión de trabajo con diversos grupos de productores, técnicos, industriales, académicos y funcionarios del sector forestal

M ED I O A MB I E N T E Entre las causas de la tala ilegal y tráfico clandestino de madera cita la falta de programas sociales y productivos, la disminución de empresas forestales legales, la desincentivación de autorizaciones de aprovechamiento forestal, la migración rural a zonas urbanas, la falta de cultura silvícola y conservación, y la restricción de acceso a las autoridades en las comunidades. También se reconoce “la insuficiente inspección a los Programas de Manejo Forestal y de Saneamiento Forestal, así como a los centros en general”. Todo ello ha derivado en la pérdida de servicios ecosistémicos (alteraciones en el ciclo del agua, clima, erosión de suelos, emisión de gases efecto invernadero), biodiversidad, paisaje, patrimonio forestal y vegetación medicinal. También ha propiciado que haya más deslaves e inundaciones, desertificación de suelos, azolvamiento de cuerpos de agua y limitación al desarrollo forestal sustentable. Y se ha propuesto como objetivo “la atención a los ilícitos forestales mediante una estrategia integral, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, atendiendo las demandas intensas de la sociedad civil”.

Pocos resultados Yucundo Coutiño, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos de la Semahn, dijo en entrevista que las especies de madera más amenazadas por la tala ilegal son el pino, el encino, el cedro rojo, el guanacaste y la caoba.

y ambiental de Chiapas para trabajar en “la estrategia de atención a la tala, tráfico y comercio ilegal de productos forestales”. Gómez Orantes plantea como urgente diseñar e implementar una doble estrategia: por un lado, generar incentivos para que los poseedores de la tierra con cubierta forestal encuentren atractivo el no convertirla a otros usos. Y, por el otro, hacer efectivas las sanciones por actos ilegales que afectan la cobertura vegetal. En otro documento de julio de 2017, enviado por la delegación en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria Forestal al entonces director general de gestión forestal y de suelos de la Semarnat, Augusto Mirafuentes Espinosa, se alertaba ya sobre los daños ambientales propiciados por la tala ilegal, tales como un grave deterioro a los ecosistemas del bosque templado, en las zonas Altos, Sierra Madre, Meseta Comiteca, Fronteriza y Selva. Se habló también de la desertificación a mediano plazo de las zonas afectadas por la tala ilegal y el impacto negativo a los mantos acuíferos.

El funcionario aseguró que hay en Chiapas “un esfuerzo coordinado entre el estado y la Federación para combatir la tala ilegal”, y mencionó que el Código Penal de la entidad contempla el ecocidio como un delito que no alcanza fianza. Pero más que el combate frontal, señala Yukundo Coutiño, es necesario dotar de proyectos productivos a los pueblos y comunidades donde hay alta tala clandestina para que retomen actividades dentro de la legalidad, como programas de manejo forestal, empresas comunitarias y plantaciones comerciales. Sobre todo, destaca, se requiere trabajar mucho en la educación ambiental. “Eso es muy importante”. En este sentido, el informe del propio gobierno del estado incluye un apartado con la “Estrategia de atención a la tala, tráfico y comercio ilegal de productos forestales en Chiapas” entre dependencias federales y estatales, así como la sociedad civil organizada, misma que fue validada por el Consejo Estatal Forestal. Hay una larga lista de dependencias que, de acuerdo con el informe, deben coordinarse para aplicar la estrategia: la propia Semahn, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía Ambiental Estatal, apoyadas por la Semarnat, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), además de los cuerpos policiacos y militares, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, y la Fiscalía General de la República (FGR).

Este “grupo operativo” tiene como tareas proponer estrategias de combate al trafico y comercialización de materias primas y productos forestales, revisar la documentación oficial de transporte y proponer operativos de vigilancia forestal en la zona metropolitana y las regiones críticas del estado. De 2019 a la fecha “se han realizado 238 operativos en la zona metropolitana y regiones críticas con mayor índice de ilícitos forestales”, además de que se realizaron 80 recorridos de vigilancia en diferentes tramos carreteros de esas regiones del estado. Además, fueron revisados más de 140 vehículos con materias primas y productos forestales con documentación legal; se aseguraron 30 vehículos con materia prima y producto forestal, y se remitieron a la Fiscalía Ambiental 20 vehículos con 37 mil 660 metros cúbicos de madera. También fueron remitidos a esa dependencia tres vehículos con 3 mil 821 kilogramos de carbón vegetal, mientras que se pusieron a disposición de la FGR siete vehículos con 120 mil 539 metros cúbicos de madera. Como resultado de 32 trabajos de investigación en materia de ilícitos forestales se generaron 18 denuncias ante la Profepa. Sin embargo, el informe omite precisar si a partir de los decomisos, aseguramientos y denuncias hubo procesos judiciales que derivaron en sentencias o sanciones por los delitos señalados. Para todo el territorio chiapaneco, la Semahn sólo tiene actualmente 31 peritos forestales con 25 patrullas. O

El saqueo

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AP photo / Michael Wyke

DESPUÉS DE UVALDE,

20 TIROTEOS MÁS H WENDY SELENE PÉREZ

OUSTON, TEXAS.— Jo Esmeralda Ledezma, de 18 años, llegó al mediodía del 27 de mayo frente al Centro de Convenciones George R. Brown, en Houston, para protestar por primera vez en su vida en

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una manifestación multitudinaria. Se paró sola bajo la sombra de un árbol, sin una pancarta, vestida con una ligera blusa de tirantes amarillos y un short de mezclilla en un día sofocante de más de 37 grados. “Es ridículo lo que está pasando en este país, las escuelas deberían de ser el lugar donde los niños estén más seguros y protegidos”, dijo Ledezma, con gesto serio, a Proceso, apenas si se podía escuchar su voz en medio de los gritos de una multitud enojada y triste por la reciente masacre de 19 niños y dos maestras en la Robb Elementary de Uvalde, una localidad de 16 mil habitantes en el sur de Texas, a menos de dos horas desde Piedras Negras, Coahuila. En Uvalde el agresor pudo comprar fácilmente un arma AR-15 justo después de cumplir 18 años; además almacenó mil 657 cartuchos, disparó contra su abuela y se atrincheró en una escuela primaria.

INTE RNAC ION A L /E S TAD O S U N ID O S

Cada que ocurre un tiroteo en Estados Unidos se reaviva el debate sobre la posesión de armas en ese país. Sin embargo, no ha ocurrido nada para frenar este tipo de terrorismo doméstico. Tras los hechos de Uvalde, Texas, con saldo de 19 niños asesinados y dos maestras muertas, en menos de 10 días se han reportado 20 agresiones armadas en territorio estadunidense. Ante ese escenario, la posición de la Casa Blanca de endurecer la venta de rifles de asalto choca, de nuevo, con los fabricantes y defensores de la posesión de armamento.

La indignación

Una nación acostumbrada a las armas quedó enlutada, esta vez eran niños, nuevamente ocurría algo similar a la masacre de Sandy Hook, de 2012. Eran pequeños con grandes sueños a largo plazo y unas vacaciones de verano por comenzar en dos días. Abuelas con sombreros, agrupaciones de mujeres, jóvenes, niñas y niños con pancartas tan grandes como sus cuerpos se movilizaron hacia el centro de Houston para plantarle cara a los integrantes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y a los políticos que se reunieron por tres días para mostrar, comprar y defender las armas. Maestras cargando carriolas con bebés, activistas del Black Lives Matter y posibles votantes en la elección de noviembre para gobernador de Texas se concentraron para exigir una mayor regulación en la venta y portación de armas.

“Greg Abbott, shame on you! Ted Cruz, shame on you!”, corearon una y otra vez los manifestantes sobre la avenida de las Américas que ese viernes se convirtió en una metáfora del país. De un lado de la calle estaban los inconformes, los que quieren que cambien las leyes que hacen posible que un chico de 18 años compre un potente rifle, pero no una cerveza; del otro, una pequeña parte de los 5 millones de miembros que dice tener la NRA, la mayoría hombres rubios desafiantes que cruzaban hacia el estacionamiento entre groserías y abucheos. Quienes protestaron estaban molestos también por la inacción de la policía de Uvalde. Mientras las víctimas eran heridas y ejecutadas, los policías se quedaron 78 minutos inmóviles, fuera del aula donde una niña llamó cinco veces al 911 pidiendo auxilio. Un médico le dijo a un reportero de televisión en días posteriores que el efecto de una AR-15 era como si les estallara una bomba en el cuerpo. Las mamás y papás de los niños tuvieron que someterse a pruebas de ADN para poder identificar a sus hijos. Nada de eso fue suficiente para que la NRA cancelara su reunión anual, al contrario. El expresidente Donald Trump, vestido con un traje azul y una corbata roja, fue el invitado central de los defensores de las armas en la reunión custodiada por el Servicio Secreto estadunidense. El republicano dijo a sus seguidores lo que esperaban escuchar, cosas como que los maestros tenían que armarse para defender a sus estudiantes. Greg Abbott canceló su discurso en vivo, pero envió un video. En unos meses será la votación en la que espera reelegirse. En la esquina de la avenida de las Américas, frente a la policía montada resguardando el centro de convenciones, los ami-

gos de Ledezma se abrieron paso entre la masa de gente, uno cargaba una cartulina naranja en la que había escrito “Uvalde”, con un corazón rojo dibujado al lado. Casi todos eran hispanos como ella, hispanos como la mayoría de las víctimas en la escuela Robb. “Estoy aquí porque no vamos a dejar que esto vuelva a pasar”, dijo la chica antes de moverse hacia otro lugar de la protesta.

Volvió a ocurrir Después de Uvalde se han contabilizado 20 tiroteos masivos, según los registros de Gun Violence Archive, una agrupación que alimenta un archivo en línea de incidentes de violencia con armas de fuego recogidos diariamente de más de 7 mil 500 fuentes policiales, mediáticas, gubernamentales y comerciales, casi en tiempo real. Sus datos indican que 18 personas han sido asesinadas y 88 han sido heridas en tiroteos masivos en menos de 10 días. Un tiroteo masivo es considerado cuando hay cuatro víctimas o más, heridas o fallecidas, de acuerdo con esta organización y académicos de otras agrupaciones. El miércoles 1 de junio se registró una agresión masiva en un hospital de Tulsa, Oklahoma, cuando un hombre mató al doctor que lo había operado días atrás, a otra médica, a una recepcionista y a otro paciente. La más reciente ocurrió el jueves 2, esta vez en el cementerio Graceland, en Wisconsin, durante el sepelio de Da’Shontay Lucas King Sr; hubo cinco heridos. ¿Qué sigue después de Uvalde?, era la pregunta. El presidente Joe Biden, después de las matanzas en Búfalo, Uvalde y Tulsa, dirigió un mensaje a la nación el jueves 2. 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

“Los derechos no son ilimitados”, dijo. Y agregó que respeta la Segunda Enmienda de la Constitución, pero exige prohibir las armas de asalto. “Esos objetos matan más niños en Estados Unidos que el cáncer”, señaló. Si no es posible prohibir la venta de rifles de asalto, se debe aumentar la edad para comprar uno, fortalecer los procesos de verificación y eliminar la inmunidad contra los fabricantes, añadió. No está claro qué acciones se tomarán para llegar a más regulaciones, los políticos también parecen estar separados por una imaginaria avenida de las Américas. “No basta con condolencias y oraciones, necesitamos una reforma”, decía una de las pancartas en la concentración antiarmas. Cada que ocurre una nueva masacre se reaviva el debate sobre el control de armas en un país que tiene más armas que personas: 393 millones de armas en circulación contra 372 millones de habitantes, refieren datos de Small Arms Survey. Armas en el mercado legal e ilegal, como el que salpica también a México. Los estadunidenses representan 4.4% de la población mundial, pero poseen casi 42% de todas las armas del mundo, calcula el profesor de la Universidad de Alabama, Adam Lankford; la mayoría de los propietarios dicen que es para proteger su casa, otros dicen que para caza y deporte. Sea por la razón que sea, las armas están disponibles en cualquier lugar y es fácil comprarlas, como una hamburguesa.

Agresores y víctimas Los homicidios por arma de fuego en Estados Unidos alcanzaron la cifra más alta jamás registrada en 2020, justo durante la pandemia, cuando también se dispararon los problemas de salud mental. Los homicidios relacionados con armas de fuego aumentaron 35% en ese tiempo. Y son los jóvenes los que más usan las armas, como el tirador Salvador Ramos, y también los que más mueren a causa de éstas, como los 19 pequeños estudiantes de Uvalde. El promedio mínimo de los agresores en tiroteos masivos son chicos entre los 18 y los 21 años, de acuerdo con un estudio codirigido por el académico Daniel Webster, de la Universidad Johns Hopkins. En la escuela Sandy Hook, donde fueron asesinados 20 niños y seis adultos en 2012, el atacante tenía 20 años. En la escuela de Columbine, donde murieron 12 estudiantes y un profesor, el tirador tenía 18. En la masacre de Búfalo de mayo último, con un saldo de 10 muertos y tres heridos, el tirador tenía 18 años. En la masacre de latinos en El Paso el pistolero tenía 21 años. “¿Para qué necesita un joven de 18 un AR-15 si no es para una masacre?”, dijo Ailín Darín, 23 años, durante la manifestación.

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“Esos niños (de Uvalde) sólo tenían 10 años y sólo querían disfrutar el verano. ¿Cuántas vidas más se necesitan para hacer algo?” Una de las discusiones centrales en Estados Unidos es la revisión de antecedentes antes de vender un arma y aumentar la edad mínima para la compra de un arma de fuego. Cada estado tiene su propia legislación, y Texas tiene una de las más permisivas. El año pasado el gobernador Greg Abbott impulsó y firmó una ley que permite que una persona de 21 años o más tenga un arma sin necesidad de una licencia estatal y la pueda portar de manera oculta en el automóvil. Eso ha generado miedo y desconfianza entre la población porque es posible que la respuesta a cualquier inconformidad sea un disparo. “En Texas cada vez es más fácil comprar armas, y armas extremadamente potentes, nadie necesita una AR-15”, dijo a este semanario América García, coordinadora de candidatos del partido demócrata del condado de Harris, al que pertenece Houston. Las leyes federales y estatales permiten que jóvenes de 18 a 21 años compren sus propias armas de fuego, incluidas las que están diseñadas realmente para la guerra, lamentó Webster en una entrevista publicada por la Universidad Johns Hopkins. “Nuestras leyes son anticuadas, están orientadas a la idea de que, cuando éramos una sociedad más agraria, la posesión de armas de fuego consistía en llegar a cierta edad y conseguir un rifle para ir de caza con tu padre o tu tío o lo que fuera. Ahora las armas están diseñadas de forma diferente”, dijo el investigador. “Principalmente la industria ha creado una demanda de lo que parecen ser estas cosas realmente geniales: ‘Vaya, tienes un gran poder si tienes una de estas armas’. Cuando pensamos en los tiroteos en las escuelas, lo que hemos aprendido es que la mayoría de las veces los tiradores son estudiantes de esas escuelas y, por lo general, están recibiendo armas de fuego de sus propios hogares que se dejaron sin seguridad. “Ese es un problema solucionable. Los propietarios de armas pueden simplemente empezar a guardarlas bajo llave, y menos de estos eventos ocurrirán. Algunos estados exigen que, por ley, se conserven las armas bajo llave si hay usuarios menores de edad en la casa, y muchos establecen esa línea en los 18 años.”

Leyes de bandera roja Kim Milburn, una médica que acudió a la protesta frente a la convención de la NRA en Houston, dijo que la gente debería de saber lo difícil que es atender a pacientes

cuando llegan con lesiones por armas de fuego, sobre todo si son niños y jóvenes. “Y tienen que tratar de recuperarse de esas heridas por el resto de su vida”, dijo a Proceso. “Algo que no sólo afecta a los niños que fueron agredidos físicamente, también a los otros que fueron dañados mentalmente. Tienen que hacer algo. La comunidad está muy traumatizada.” Milburn iba vestida con un uniforme azul de médica en servicio, tomó tiempo de su agenda para ir a apoyar en favor de la regulación de las armas. Un día después de la tragedia en Uvalde, Daniel Guzmán, doctor del hospital Cook Children’s, en Fort Worth, Texas, dijo en una conferencia sobre la salud mental en niños y jóvenes, y sobre el almacenamiento seguro de las armas en el hogar: “Jóvenes y armas es una mala combinación. No me voy a meter en temas políticos, sólo pido que, si tienen armas en casa, por favor, las guarden bajo llave”. ¿Qué sigue después de Uvalde?, sigue siendo la pregunta. Un grupo bipartidista de senadores se reunió esta semana para hablar de la respuesta a los tiroteos masivos: una de las propuestas con más posible consenso tiene que ver con las llamadas leyes de bandera roja, 19 estados del país ya las tienen y consisten en retirar las armas a personas consideradas como peligrosas, por ejemplo, en casos de violencia doméstica. En 2020, el mismo equipo del académico Webster analizó datos de 50 estados desde mediados de los ochenta hasta 2018 y examinó el impacto de las políticas públicas con las armas de fuego. Encontró que hay dos políticas que parecen tener un fuerte efecto protector: una de ellas es la exigencia de licencias a los compradores de armas de fuego y la otra son las restricciones o prohibiciones de los cargadores de gran capacidad. Los cargadores de gran capacidad permiten que un tirador pueda disparar más número de balas en menos tiempo. Y, de acuerdo con Webster y los estados que ya tienen estas leyes, tener menos capacidad de carga hace posible que las víctimas puedan protegerse o correr frente a un tirador. “¿Cambiará algo después de Uvalde?”, pregunto a Mageida Sopon, una joven de ascendencia guatemalteca que fue a la manifestación acompañando a Mom Demand Action, una organización de mujeres que surgió días después de la masacre de Sandy Hook en Connecticut, hace ya nueve años. Pone su esperanza en el poder del voto. “Un punto importante es que lo que pasó en Uvalde afectó a los latinos, la mayoría de los niños y las maestras eran latinas. Es importante que la comunidad entienda que nosotros nos podemos armar con el voto”, dijo. O

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RODOLFO HERNÁNDEZ

UN CANDIDATO

MULTIMILLONARIO (INSPIRADO EN AMLO) QUE GENERA

RAFAEL CRODA OGOTÁ.— El empresario Rodolfo Hernández, quien disputará la presidencia de Colombia el domingo 19 de junio ante el izquierdista Gustavo Petro, es un nuevo fenómeno político que tiene a decenas de analistas tratando de dilucidar por qué un candidato como él –locuaz, deslenguado y sin un programa claro de gobierno– está cerca de convertirse en el próximo presidente del país. Hernández, de 77 años y con una fortuna de 100 millones de dólares, ha prometido que llevará a todos los colombianos a conocer el mar, ha tenido deslices como confundir a Albert Einstein con Adolfo Hitler y en internet circulan audios y videos que lo muestran como una persona impulsiva que pierde los estribos y que puede ser amenazante y violenta. Esas características, expuestas en las redes sociales, lo pusieron en el radar del país hace tres años, cuando era alcalde de la nororiental ciudad de Bucaramanga y cacheteó a un concejal, pero él se las arregló para transformar esa incorrección política en materia prima de una candidatura presidencial atípica que, hasta hace poco, nadie tomaba muy en serio.

AP photo / Mauricio Pinzon

Los colombianos acudirán a las urnas de nueva cuenta en dos semanas para escoger entre el eterno aspirante de izquierda Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández, el candidato que sorprendió en la primera vuelta y ahora tiene posibilidades de ganar la Presidencia. La clave de su éxito es haber estudiado minuciosamente el estilo de gobernar del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de quien tomó ciertos fragmentos para su narrativa, explica Ángel Becassino, estratega político de Hernández. Sin embargo, Petro lo desestima; dice que carece de programa.

MUCHAS DUDAS

Sus seguidores 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien es su referente político, el multimillonario ubicó la corrupción como el principal problema del país y dijo que acabará con ella y con los políticos clientelares y corruptos, a quienes llama “la mafia” o “una partida de sinvergüenzas”. Durante la primera vuelta electoral, el excéntrico empresario de la construcción fue tildado de populista, demagogo, bufón y superficial en sus planteamientos, pero como no era el candidato a vencer, los ataques no se concentraban en él, sino en el izquierdista Gustavo Petro, que siempre encabezó las encuestas. El pasado 29 de mayo, sin embargo, Hernández se convirtió en la sorpresa de la primera vuelta de los comicios presidenciales al pasar a la segunda ronda con 28% de los votos. Lo hizo junto con Petro, quien logró 40% de los sufragios. Ambos representan opciones de cambio. Ingeniero civil y candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción –movimiento que él fundó–, Hernández dejó fuera de la contienda al candidato de la ultraderecha oficialista y de los partidos políticos tradicionales, Federico Gutiérrez, a quien todas las encuestas ubicaban en segundo lugar. Los primeros sondeos realizados tras la jornada electoral del 29 de mayo dan a Hernández una ventaja de entre dos y siete puntos sobre Petro de cara a las elecciones presidenciales del domingo 19 de junio.

En México, su referente Ya se sabía que los colombianos querían un cambio de rumbo tras el impopular gobierno de Iván Duque, pero todas las mediciones indicaban que el protagonis-

ta del cambio sería Petro, no el pintoresco multimillonario. Lo que no se sabía es que una de las claves del éxito de Hernández es haber estudiado minuciosamente el estilo de gobernar del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la estrategia que utilizó el mandatario en la campaña electoral de 2018, la cual lo llevó a la Presidencia. El candidato colombiano, quien nació en la pobreza y estudió en escuelas públicas, puso especial cuidado en los mensajes que lograron conectar a López Obrador con el electorado y en las partes medulares del programa de gobierno de la llamada Cuarta Transformación. El estratega político de Hernández, Ángel Becassino, dice a Proceso que el ingeniero ha venido observando desde hace mucho tiempo la gestión de gobierno de López Obrador, su desempeño en el ámbito de la política electoral y la forma “tan acertada” en que se comunica con la ciudadanía. También, señala, Hernández ha estudiado cómo se conduce el presidente mexicano en las conferencias de prensa “mañaneras” y la forma en que dialoga con los medios de comunicación. Como resultado de ese proceso de observación y estudio, el empresario “tomó ciertos fragmentos” de la narrativa y el estilo de López Obrador y los incorporó a su campaña con la asesoría de Becassino, un respetado estratega político y comunicacional nacido en Argentina y radicado en Colombia. Becassino ya había seguido de cerca las campañas de López Obrador en 2006, cuando según resultados oficiales perdió por estrecho margen ante el panista Felipe Calderón, y en 2012, cuando ganó el priista Enrique Peña.

Uprimny. Preocupación

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Ese conocimiento le permitió entender mejor las expectativas de Hernández con respecto al guion lopezobradorista y construir un discurso sintonizado con la realidad de Colombia, donde existe una generalizada indignación ciudadana con la ultraderecha uribista que gobierna el país desde 2018 y con la clase política tradicional que, como en México, tiene fama de clientelista, politiquera y corrupta. De acuerdo con Becassino, lo que ha hecho el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción es tomar de López Obrador “las cosas que le parecen acertadas” y ponerlas en práctica en Colombia. El estratega dice que el presidente mexicano es “un referente” del ingeniero Rodolfo Hernández.

Discursos paralelos Hay frases y conceptos de Hernández que suenan muy parecidos, o iguales, a los del presidente mexicano. Entre ellos, que la austeridad presupuestal y la lucha contra la corrupción permitirán al Estado tener recursos suficientes para combatir la pobreza, por lo que no hay necesidad de subir impuestos; o que la mejor estrategia contra la delincuencia es atacar sus causas, es decir, la pobreza. Hernández habla con un lenguaje coloquial. Cuando hace unos días le preguntaron al ingeniero septuagenario cómo está de salud, respondió: “Tarzán es un pendejo al lado mío”. El candidato pocas veces abandona ese tono socarrón de abuelo buena onda que a muchos colombianos les parece divertido y que no encaja en el molde del político tradicional. Incluso habla así cuando aborda asuntos serios. Ha dicho que “la mejor política exterior es la interior” y que un principio rector de sus relaciones con el mundo será no inmiscuirse en asuntos internos de otros países. “Yo tengo que resolver los problemas de aquí, que son muchos, y no los de Venezuela”, afirma. Como López Obrador, Hernández desconfía de los tecnócratas educados en universidades extranjeras y cree que la honestidad es más importante que la formación académica. Él no sólo rebajaría su sueldo como presidente, de unos 10 mil dólares mensuales, sino que lo donaría a estudiantes pobres. Como López Obrador, eliminaría el fuero presidencial; revisaría los contratos onerosos; dejaría de usar el avión presidencial y convertiría en museo la residencia de los mandatarios colombianos, la Casa de Nariño. Estos mensajes los divulga por redes sociales, en entrevistas con medios de comunicación y en videos en Tik Tok en los que promete “cárcel para todos los polí-

ticos ladrones”, a quienes también llama “gavilla de hijueputas”. Ángel Becassino explica que Hernández identifica la corrupción y el despilfarro de recursos públicos como los grandes problemas del país que atentan contra el progreso y contra la posibilidad de atender las enormes necesidades de la población, que vive mayoritariamente en la pobreza. Por ello, explica, lo primero que haría el empresario de llegar a la Presidencia sería eliminar, por decreto, todas las consejerías presidenciales; las camionetas blindadas a congresistas y funcionarios, y cerraría consulados y embajadas que no son estratégicos. Estas medidas ahorrarían al gobierno unos 400 millones de dólares que Hernández destinaría a pagar adeudos de los universitarios que han financiado sus carreras con créditos del Estado. De acuerdo con Becassino, con ese recorte de gasto se eliminarían las cuotas clientelares que tienen muchos políticos en Colombia y los amigos de los presidentes; se combatiría la corrupción y Hernández pondría en claro que va a atacar los lastres que impiden al gobierno tener una buena gestión. Petro, el otro finalista de los comicios presidenciales, dijo que su contrincante carece de propuestas y que lo que tiene son “frases de Tik Tok con las que no se cambia un país”. Dos días después, aseguró que Hernández se apropió de sus propuestas. Y el miércoles 1 de junio Petro dijo: “Tenemos un candidato que está imitando las frases de López (Obrador) porque no tiene programa propio”. El politólogo Mauricio Jaramillo considera que en esta segunda vuelta Hernández contará con la mayoría de los votos del uribismo y la derecha colombiana, que llegaron a 5 millones –los que obtuvo Federico Gutiérrez– y que, sumados a los 5.9 millones que logró él, llegarían a 51% del total.

Una incógnita Hernández no nació rico. De hecho, tuvo una infancia pobre en el pequeño municipio nororiental de Piedecuesta, donde vivía con su familia en una casa con paredes de adobe y piso de cemento. “Eso no se olvida”, suele decir. Aunque logró hacer fortuna en el negocio de la construcción, el ingeniero no pertenece a la élite nacional, como todos los presidentes colombianos de este siglo y la gran mayoría de los del siglo pasado, pero es un empresario acostumbrado a ganar, a hacer negocios y al libre mercado. “El Trump colombiano”, le llaman en algunos medios. El ingeniero tiene un sentido de autoridad y de ejecución. Su estratega, Ángel Becassino, lo considera fundamentalmente un hombre prag-

AP photo / Fernando Vergara

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Petro. El eterno aspirante

mático que puede tener algunas ideas de derecha –como la austeridad fiscal–, pero cuyo principal énfasis está en la gente pobre; en eso “lo ubicaría a la izquierda”. Llama la atención, por ejemplo, que responsabilice al neoliberalismo de la pobreza y de la caída de la producción en el campo colombiano; que quiera hacer la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que asesinó a su hija Juliana en 2004; que prometa reanudar relaciones diplomáticas con la Venezuela de Nicolás Maduro y que apoye la diversidad sexual y de género y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. También, que proponga una renta básica universal para las familias pobres; que favorezca la despenalización del uso medicinal y recreativo de la mariguana y que quiera replantear la fracasada política antidrogas que ha impuesto Estados Unidos a la región por más de medio siglo. “Mientras allá sigan comprando cocaína, esto no se acaba”, señaló. Becassino, quien en la campaña presidencial de 2018 fue estratega de Petro, asegura que Hernández sería “un presidente de cambio y progresista”, por lo que “va a encajar” con los mandatarios de centroizquierda, como el chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández y el mexicano López Obrador, con quien tendría “una sintonía personal muy especial”. Para el politólogo Yann Basset, Hernández genera muchas dudas entre amplios sectores porque se presenta como inflexible ante la corrupción, pero tiene una causa penal por corrupción por un contrato que firmó cuando era alcalde

de Bucaramanga. Además, señala, tiene muchos rasgos populistas y no tiene una bancada en el Congreso para impulsar sus propuestas. El candidato dice que eso lo resolverá de dos formas: la primera, declarando un “estado de conmoción interior” por 90 días, lo que le permitirá gobernar por decreto ese periodo, aunque bajo la supervisión de la Corte Constitucional; y la segunda, implementando un formato similar a las “mañaneras” de López Obrador. En esas conferencias, que no necesariamente serían diarias –Becassino considera que deben ser semanales–, expondría a los congresistas que se opongan a iniciativas que él considere benéficas para los colombianos. El constitucionalista Rodrigo Uprimny sostiene que es “preocupante” la iniciativa de Hernández de declarar un estado de excepción porque podría revelar “una nostalgia del hiperpresidencialismo” y un desinterés por la ley. La periodista Diana Giraldo, que cubrió la alcaldía de Hernández en Bucaramanga, sostiene que el ingeniero es buen gestor económico, pero “no es ningún viejito divertido que acaba de aterrizar en la política”. Más bien tiene un “carácter autoritario”. Hernández decidió no acudir a debates con Petro porque le parece “muy complicado” explicar sus propuestas con las respuestas cortas que le exigen a los candidatos en esos eventos. “Tiene miedo”, sostiene el izquierdista, quien ha sido legislador varios periodos y tiene mucha experiencia en el debate parlamentario. 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

Alejandra Ancheita

Justicia energética es soberanía energética

n el debate internacional sobre las diferentes modalidades de políticas del sector energético está muy presente la idea de “soberanía energética”. En España y Francia, por mencionar sólo dos casos muy notorios, han sido claras las posiciones de los gobiernos de modificar el estado de cosas para depender menos de los modelos de libre mercado. En el caso de Francia, el gobierno reelecto busca recuperar el control de la producción para asegurar la independencia energética mediante la nacionalización de empresas de ese sector. En el caso de España, el gobierno negocia, a nivel europeo, una “isla energética” que permita fijar precios máximos en el mercado eléctrico de la zona. Los incrementos de precios energéticos generados por la guerra en Ucrania son el más reciente recordatorio sobre los riesgos de someter a los vaivenes del mercado el estratégico sector eléctrico. En México existe, desde al gobierno federal, un claro cuestionamiento político sobre las ganancias de las corporaciones privadas (nacionales e internacionales) y los modelos de autoabastecimiento y contratos “leoninos” que las reformas eléctricas de 1992 y 2013 generaron, pues afectan sustantivamente a las finanzas públicas del país. Con esa idea como corazón argumentativo, la actual administración ha defendido un proyecto que le devuelva soberanía energética y poder operativo a la empresa estatal de energía (CFE). La reforma energética de 2014 se ha venido enmarcando en un discurso de apertura y mundialización de mercados, pero ha invisibilizado aún más a quienes se han visto afectados sustantivamente con ese modelo de gestión energética: las comunidades agrarias e indígenas, que han tenido que soportar los abusos y las violaciones sistemáticas y prácticas corporativas abusivas, ya presentes antes de esa reforma,

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pero potenciadas con esas nuevas “reglas del juego”. En esa “nueva” visión del sector, que mira a la competitividad como el valor supremo a lograr, se han consolidado prácticas ilegales y abusivas de las empresas. Los casos de abusos crecen y están documentados: falta de mecanismos reales de consulta a las comunidades, ausencia de información sobre los proyectos y sus efectos sociales y medioambientales, estigmatización y agresiones a defensoras y defensores, división comunitaria del tejido social, despojo violento de tierras, fabricación de contratos ilegales, entre un largo etcétera. En síntesis: la apertura del sector eléctrico a la libre competencia y la llegada de proyectos de energía renovable ha generado que las comunidades indígenas y agrarias atestigüen “transiciones energéticas” mediante violaciones a sus derechos y el despojo de sus tierras. Los únicos beneficiarios son aquellos quienes han torcido leyes, quienes han acaparado más tierra y quienes reciben “pagos” de empresas, lo que ha acentuado la desigualdad preexistente. ¿Cómo darle vuelta a esta lógica de injusticias? Una vía es la de aportar evidencia, a través de casos, que permita ampliar la perspectiva para cuestionar de fondo el modelo vigente de producción de energía. El caso de la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, es ejemplar e ilustrativo en ese sentido. El caso se inicia en enero de 2017 cuando la CFE Suministrador de Servicio Básicos (CFESSB) y Eólica de Oaxaca SAPI de CV, filial mexicana de la empresa francesa Électricité de France (EDF), celebraron un contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de energía y certificados de energía limpia por 818 mil 264.52 MWh, por un costo anual de 572 millones 609 mil 625.29 pesos. El contrato prevé también la obligación de CFESSB de pagar a Eólica de Oaxaca una

bonificación para cubrir los costos de la tarifa de transmisión de energía eléctrica y la tarifa de operación del centro nacional de control de energía asociados con la energía producida, hasta por la energía contratada; es decir, el costo por transmitir y operar 818 mil 264.52 MWh. Para cumplir el contrato de compraventa de energía, Eólica de Oaxaca se obligó a construir, operar y mantener la central eléctrica Gunaa Sicarú, a partir de la cual pueda generar la cantidad de energía eléctrica con los certificados de energía limpia establecidos en el contrato. El contrato no estableció la fecha de construcción de la central eléctrica, pero el permiso de generación de energía E/1922/ GEN/2017 otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, que recientemente multó a la española Iberdrola por prácticas presuntamente irregulares en el modelo de autoabastecimiento, preveía el inicio de construcción el 1 de diciembre de 2017 y la fecha de terminación para el 31 de mayo de 2019, iniciando la operación comercial el 1 de junio de 2019 o, en su caso, la que resulte de las prórrogas que se realicen conforme a los supuestos establecidos en el contrato. Sin embargo, en términos del contrato, por ninguna circunstancia la fecha de operación comercial podrá modificarse para que sea posterior al 1 de enero de 2022, situación que ya aconteció, pues el proyecto Gunaa Sicarú se encuentra detenido por mandamiento de un juzgado federal que ordenó a la Secretaría de Energía realizar un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento de los miembros de la comunidad de Unión Hidalgo, apegado a los más altos estándares de derechos humanos. En este contexto, la CFESSB puede dar por terminado el contrato, sin responsabilidad de las partes, mediante una simple notificación a la empresa Eólica de Oaxaca, sin necesidad de declaratoria judicial.

ANÁLI S I S Tonatiuh Guillén López*

Esta situación no requiere de un ejercicio de interpretación pues las cláusulas del contrato establecen claramente el supuesto de terminación en cuanto a los plazos y términos para el cumplimiento de las obligaciones. Incluso, ante un posible escenario de demanda arbitral para cumplimiento forzoso del contrato por parte de la empresa Eólica de Oaxaca o de su matriz EDF, no existe posibilidad de que un panel le dé la razón y obligue a CFESSB a mantener vigente el contrato, ya que el plazo para la entrada en operación de la central y, por ende, la entrega de energía al comprador, feneció el pasado 1 de enero de 2022. En el caso del proyecto Gunaa Sicarú, ni siquiera los costos por transmisión y operación son cubiertos por la empresa, sumado a que el proyecto ha sido cuestionado por las y los defensores de derechos humanos de Unión Hidalgo, quienes han emprendido acciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a nivel nacional e internacional, por la serie de violaciones documentadas a sus derechos humanos, así como por una serie de irregularidades en la suscripción de contratos individuales en el usufructo de las tierras que son de propiedad social. La CFE tiene hoy la oportunidad de dar por terminado un contrato desventajoso que va en detrimento de los bienes de la nación por sus cláusulas abusivas pero, sobre todo, tiene la oportunidad histórica de dar por terminado un proyecto que ha violado de manera reiterada los derechos humanos de la comunidad de Unión Hidalgo. El debate mundial de las diferentes modalidades de políticas del sector energético no sólo se trata de la “soberanía energética”, sino que también incluye la dimensión urgente de lograr la “justicia energética”, como el caso de Unión Hidalgo lo muestra. Está en manos de la CFE dar cuenta de ello. O

Niñez migrante: rostro de nuestras crisis

a niñez migrante no acompañada es la población en movimiento desde México y en tránsito por nuestro país bajo las situaciones más vulnerables y dramáticas. De entrada, encontrarse fuera de un hogar, sin el contacto inmediato con padre, madre o familiar cercano; transitar por lugares desconocidos y en condiciones de alto riesgo, utilizando transportes que amontonan personas en forma inhumana; carecer de sitios donde comer, dormir o asearse sin la angustia y amenazas del contexto, entre otros rudos aspectos del tránsito, son condiciones que explican que las niñas y niños migrantes se encuentren en un escenario de extraordinaria amenaza, cursando una experiencia que marcará su vida para siempre. Más aguda es su vulnerabilidad si se trata de niñez extranjera; más aún si se trata de niñas o de indígenas. En todos los aspectos, el tránsito de niños y niñas de suyo es una problemática humana delicadísima que amerita el mayor de los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil dirigidos a su protección. Pero la realidad es que hacemos muy poco por

atender seriamente tan grave desafío humano. Es un hecho que grandes números de niñas y niños no acompañados transitan a lo largo del país, en su mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Otros más, también con números importantes, proceden de regiones mexicanas con conocidas problemáticas sociales, como en especial sucede en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Zacatecas. Desde la perspectiva del marco jurídico vigente, la niñez migrante en su conjunto es tajantemente expropiada de los derechos más elementales, particularmente la no acompañada. El derecho a la familia y a un espacio sano y propicio para una vida adecuada y libre de violencia; el derecho a la alimentación, vestido, vivienda, servicios básicos, educación, salud y recreación, entre otros, son derechos de facto conculcados para la niñez migrante. Imposible ejercerlos, ni siquiera parcialmente durante el tránsito migratorio y quién sabe si puedan lograrlo en el destino. La incertidumbre, los riesgos, la migración y la vida, en su sentido más elemental, se mezclan

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como una sola realidad durante el tránsito migrante. Son diversos los factores que determinan la migración no acompañada de la niñez. Pero en cualquier caso algo verdaderamente grave debe estar sucediendo en los espacios de origen para que esa migración pueda suceder, especialmente considerando las evidentes amenazas durante el tránsito que son de todo tipo y nada menores. Por este motivo y dicho en términos generales, entre más graves sean las condiciones sociales en los lugares de origen, cuanto más probable es la emigración no acompañada de su niñez. Se trata así de un claro y duro indicador sobre panoramas sociales extremos, que hacemos muy mal en ignorar. Conforme a la estadística de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, el número de niñas y niños arribando solos a este país se ha multiplicado más de cinco veces entre octubre de 2017 y abril de 2022. De una cifra algo superior a 2 mil “encuentros” mensuales, los últimos datos registran más de 12 mil casos. Durante el periodo aludido, además, hubo meses con cerca de 19 mil “encuentros”, en marzo, julio y agosto de 2021. De ese tamaño es la gravísima situación, que no encuentra solución a la vista y que fluye entre las severas barreras que enfrenta la migración infantil y adolescente. A la anterior estadística debe sumarse la cifra de detenciones y “canalizaciones” que en México realiza el INM de niñas y niños no acompaña-

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dos, que regularmente terminan repatriados a sus países de origen, en los casos de extranjeros. En nuestra región, son dos países los que tienen el mayor número de niños y adolescentes migrantes no acompañados: Guatemala y México. Ambos padeciendo agudas problemáticas sociales, determinantes del flujo infantil en esas inaceptables condiciones. El promedio mensual de arribos a la frontera sur de Estados Unidos, entre enero y abril de 2022, es de más de 4 mil 500 niñas y niños en el caso de Guatemala. En cuanto a México, el promedio mensual es de más de 2 mil 600 en el mismo periodo. Ambos países componen 61% del total de la niñez migrante que llega a Estados Unidos. La niñez hondureña agrega otro 22%. El complejo y duro escenario de la niñez migrante no acompañada –que debe comprenderse persona por persona, rostro por rostro, mirada por mirada– requiere añadir la experiencia de un tránsito en donde intervienen traficantes de personas. La condición “no acompañada” de la niñez migrante no sucede estrictamente conforme al término: un amplio número de casos, probablemente la mayoría, son objeto de explotación por organizaciones criminales y por las redes de complicidad que instrumentan al flujo migrante. Por este motivo, con gran facilidad lo crudo puede convertirse en cruel para la niñez en tránsito. ¿No es tiempo de reconocer que la migración de la niñez es un asunto vital,

fundamental, de urgente y prioritaria atención? ¿O simplemente se suma a lo que no se observa y que por lo mismo no se atiende, ni se asumen responsabilidades? Es relativamente sencillo identificar los lugares precisos de origen de esos flujos migrantes y, sobre esa base, implementar las acciones de protección y prevención necesarias. Sólo se requiere voluntad política y compromiso genuino con las niñas y niños que seguramente no tuvieron en su horizonte migrar, menos en condiciones literalmente traumáticas. En primera instancia, los gobiernos de México y Guatemala tienen la responsabilidad más importante en la construcción de soluciones efectivas que protejan a la niñez… con independencia de sus preocupaciones de coyuntura, como si asisten o no a la Cumbre de las Américas, por ejemplo; lo mismo vale para Honduras. Para el caso de México, el Inegi recientemente informó que “por motivos asociados al covid-19 o por falta de dinero o recursos ‘no se inscribieron 5.2 millones de personas’ (9.6% del total de tres a 29 años) al ciclo escolar 20202021”. Por aquí seguramente está ubicada la niñez migrante no acompañada. Como puede inferirse del alarmante dato, nuestras crisis sociales se expresan simultáneas en diferentes ámbitos públicos y abarcan, sin duda, a los rostros de las niñas y niños tallados por las heridas de la migración y su viacrucis. O *Profesor PUED/UNAM, excomisionado del INM.

AN Á L IS I S Ernesto Villanueva

¿Revivir las pensiones expresidenciales?

n estos días la holgada vida de los exmandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha puesto, de nueva cuenta, el tema de las pensiones expresidenciales en la agenda de la discusión pública. Por la razón anterior hay que hacer un ejercicio de ayuda de memoria sobre la experiencia mexicana en ese aspecto. Veamos. Primero. En México los expresidentes de la República gozaron de cuantiosos recursos económicos de manera vitalicia con base en el acuerdo presidencial 7637 del 25 de noviembre de 1976, donde se les asignaban 78 oficiales, 22 de la Armada de México, 11 de la Fuerza Aérea y 45 del Ejército, entre ellos un general de división. Ese acuerdo tuvo dos deficiencias técnicas que lo hacían inválido: no fue firmado por el presidente de la República (a pesar de ser un acuerdo presidencial), sino por los entonces secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz y Luis M. Bravo Carrera, y no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sino registrado en la desaparecida Secretaría de la Presidencia. De igual modo, el acuerdo presidencial 2763-BIS, del 31 de marzo de 1987, ampliaba los apoyos a los expresidentes con 25 servidores públicos, adicionales a los 78 oficiales, sueldo equivalente al de secretario de Estado con mayores ingresos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de manera vitalicia, seguros de gastos médicos mayores para el beneficiario su cónyuge y sus hijos. El acuerdo de referencia no fue firmado por el presidente Miguel de la Madrid, sino por el titular de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari, y tampoco fue publicado en el

DOF. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se ampliaron y fortalecieron los apoyos expresidenciales. Segundo. El último día de su mandato, el 30 de noviembre de 2012, Felipe Calderón emitió un decreto para reformar y ampliar diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial: a) Por un lado eliminó el número máximo de efectivos de las Fuerzas Armadas no sólo a los expresidentes, sino a su familia, sin señalar si se trataba de la familia nuclear o ampliada, quedaba a la buena voluntad del beneficiario a partir del propio Felipe Calderón, no incluía expresamente a los demás expresidentes; b) Se señalaba que los expresidentes podrían atenderse en el Hospital Central Militar. Esta decisión fue a mi juicio un exceso que no tiene parámetro en la experiencia comparada. En nuestro libro Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes (México, Proceso, 2015, se hace un estudio exhaustivo sobre el tema con un ejercicio de derecho comparado donde se revisaron 20 países de los cinco continentes sobre apoyos a extitulares del Poder Ejecutivo Federal o equivalentes. Baste decir que en Estados Unidos la pensión expresidencial es sólo por 10 años y asciende a 7.8 sueldos mínimos mensuales de ese país. En México era vitalicia y con percepciones de varios cientos de salarios mínimos mensuales, lo que era un verdadero exceso. Tercero. Esta irregularidad ya se había advertido por algunos legisladores que proponían acotar o suprimir esos privilegios expresidenciales. Entre 2002 y 2011, por citar sólo dos ejemplos relevantes, el entonces senador Óscar Cantón Zetina

proponía regular, transparentar y acotar los apoyos a los expresidentes. También se encuentra la iniciativa de la entonces diputada federal Valentina Batres Guadarrama, quien proponía eliminar los seguros de gastos médicos mayores y que los servicios médicos se prestaran por el ISSSTE y se acotara sustancialmente el apoyo a exmandatarios. El 5 de noviembre de 2018 se publicó en el DOF la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que eliminó las pensiones expresidenciales y que se mantiene con su reforma de 2021. Hoy las pensiones de quienes prestan sus servicios en el sector público están sujetas a lo que establece la ley, sin hacer excepciones a los expresidentes. En la experiencia comparada existen ciertamente pensiones expresidenciales, pero distan muchísimo de los montos, los beneficios agregados y de seguridad que existían en México hasta 2018. Hay un dato que resulta interesante: a mayores índices de pobreza y de falta de educación de un país, mayores son los beneficios que reciben sus exgobernantes. En México, con la difusión de los excesos de esta figura que alcanzó a ser la más generosa del mundo, no creo que alguna encuesta reflejara que los votantes de México apoyaran plasmar en la ley una discriminación positiva a un extitular del Ejecutivo federal para que por seis años de trabajo tuviera una remuneración mayor a la que recibe el grueso de quienes cotizan en el ISSSTE. Será costoso políticamente abanderar la causa de regresar a la vida jurídica las pensiones expresidenciales. O @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com

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A N ÁLISI S Marta Lamas

Francia Márquez

a candidata a la vicepresidencia de Colombia inició su discurso de cierre de campaña señalando que muchas personas se preguntaban quién era ella. “Les voy a contar quién soy”, dijo la líder ambientalista, y empezó: “Soy una afrodescendiente que de niña sintió vergüenza por el color negro de mi piel”. Habló también de la pobreza en que creció y de cómo empezó a trabajar para poder pagarse los estudios y comprarse zapatos. Relató que, como le ocurre hoy a muchas adolescentes, a los 16 años quedó embarazada de un hombre que huyó. Así, tuvo que irse a Cali a laborar como empleada doméstica. “No es fácil dejar a tu hijo para ir a cuidar hijos ajenos”. Trabajó sin seguro social ni acceso a los servicios de salud y con un salario miserable. Luego de dos años Francia regresó a Yolombó, el pueblo donde nació, que pertenece al corregimiento de La Toma, que a su vez es parte del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. En esa zona ella se involucró en la defensa del territorio, primero contra la desviación de recursos naturales y luego contra la política minera extractivista. Por su defensa del territorio recibió en 2016 el equivalente del Nobel para las personas ambientalistas: el Premio Goldman. Una primera lucha fue en relación con la desviación del río Ovejas, dirigida a alimentar así a la presa Salvajina, que había sido construida para dotar de electricidad a Cali y beneficiar a los grandes agricultores. A Francia le indignó que en su comunidad no había servicio de agua y se movilizó para detener la desviación. Pero lo más grave estaba por venir. El área de La Toma, donde las personas afrodescendientes vivían de una minería artesanal del oro, la comunidad detectó una estrategia de extrac-

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tivismo a gran escala. Las compañías multinacionales interesadas en hacer explotación minera en esa región del Cauca llegaron protegidas por paramilitares y la violencia que generaron fue impresionante, desde amenazas y agresiones hasta asesinatos e incluso masacres. En agosto de 2009 la comunidad recibió una orden de desalojo y los militares ocuparon La Toma. El gobierno había otorgado un permiso al empresario Héctor Sarriá para hacer minería a cielo abierto. Cuando la gente empezó a protestar, pues parecía que Sarriá se había aliado con la AngloGold Ashanti, una compañía sudafricana, los acusaron de guerrilleros y los intimidaron, y a algunos los mataron. En Colombia está consagrado el derecho constitucional de las comunidades originarias a la tenencia comunitaria del territorio. Cuando la comunidad denunció al gobierno, pues había otorgado el permiso para llevar a cabo extracción de oro a alguien fuera de la comunidad, éste les respondió que, según cierta definición de la ley, ellos no eran una comunidad. ¡Cómo! ¿El gobierno negaba la raigambre histórica de la comunidad negra? Entonces Francia y varias personas iniciaron un litigio jurídico, para lo cual tuvieron que documentar que habitaban la zona desde 1635. Académicos de la Universidad del Cauca llevaron a cabo una investigación, que luego se transformó en el libro La Toma: Historias de resistencia y autonomía. El Proceso Comunidades Negras (PCN) se involucró en la lucha contra Sarriá/Ashanti, y decidió lanzar una campaña internacional para visibilizar lo que estaba ocurriendo. En 2010 el PCN mandó a Estados Unidos a Francia para que hablara con miembros del Congreso y diera conferencias en universidades, y así conoció a Angela Davis. Francia cuenta que esta líder la acercó al feminismo.

En diciembre de 2010 la Corte Constitucional resolvió el litigo a favor de la comunidad y revocó el permiso de Sarriá. Lamentablemente ahí no acabó la lucha, pues cuando los recursos legales para la desposesión se les terminaron, los empresarios mineros buscaron mecanismos ilegales para lograr sus fines. En 2013 varios bulldozers invadieron las tierras y abrieron puntos de minería. Una avalancha en una mina ilegal, que causó la muerte de mucha gente, puso en evidencia que el conflicto seguía. Mientras tanto el gobierno cerraba los ojos. Para entonces Francia, que había estudiado leyes, se convirtió en la representante legal de su comunidad y empezó a recibir amenazas de muerte, incluso hubo varios atentados contra su vida. Cuando le preguntan cuál es su mayor triunfo, ella sonríe y responde: “Mantenerme viva”. A la trayectoria política de Francia, como mujer negra proveniente de un área rural, la cruzan múltiples opresiones y violencias. Sin embargo, es optimista. Ella denuncia el colonialismo y el racismo del gobierno, pero defiende la necesidad de llevar a cabo una estrategia dual: entrar al “juego” de la política que aspira a gobernar y, al mismo tiempo, construir comunidad. Esa perspectiva la llevó a aceptar ser candidata en estas elecciones. Participar en política es un juego, con sus reglas y sus jugadores. Francia no había entrado a la política patriarcal, hegemónica, clasista y racista. Pero le llegó el momento. “Quiero que Petro sea mi presidente” y aceptó acompañarlo como vicepresidenta. “Vamos por el cambio: reconciliación, alegría y paz”. De la resistencia al poder, “llegó el momento de sanar”. Espero de todo corazón que en la segunda vuelta Francia Márquez y Gustavo Petro vuelvan a ganar.

Archivo del pintor Antonio González Orozco

homenaje Escamotean

a González Orozco

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C U LTU RA Si bien no hay un reglamento sobre las condiciones para rendir tributo a un artista –son discrecionales–, la obra de este pintor chihuahuense habla por sí misma. No sólo por los lugares en que su producción muralística ha sido realizada (por ejemplo, el Museo Nacional de Historia y el Hospital de Jesús), sino por la amplia divulgación que ha tenido en los libros de texto. En entrevista, su hijo Antonio González Arriaga expone cómo desde hace 10 años las autoridades culturales le niegan el reconocimiento. Y si bien recibió la visita del INBA para inventariar la obra de su padre, no ha obtenido aún respuesta a sus peticiones. JUDITH AMADOR TELLO

l próximo 10 de junio se cumplirán dos años del fallecimiento del pintor y muralista chihuahuense Antonio González Orozco (1933-2020), creador de una de las obras más reproducidas a nivel nacional: Inaugurada en 1972 en el Museo Nacional de Historia (MNH) en el Castillo de Chapultepec, Juárez, símbolo de la República frente a la Intervención Francesa, cuenta con más de 167 millones 500 mil portadas en el Libro de Texto Gratuito de educación primaria. Se imprimió asimismo en el libro Juárez, el republicano, de Josefina Zoraida Vázquez (quien acaba de ser laureada con la Medalla José Vasconcelos por el Seminario de Cultura Mexicana), el Código Nacional de Procedimientos Penales, otras ediciones bibliográficas, 2 millones 500 mil billetes de lotería, revistas, carteles, enciclopedias, almanaques, tarjetas postales, artesanías y videos, entre otros.

Pero ni todo ello ni el hecho de que Juárez sea uno de los personajes insignia del gobierno de la 4T y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, abonan para que el pintor reciba el homenaje nacional que, a decir del heredero del artista, el abogado Antonio González Arriaga, le regatearon las autoridades culturales en vida y lo siguen haciendo post morten. Desde hace ya más de una década, González Arriaga ha tocado puertas, enviado oficios, hecho trámites, ido y venido de oficinas públicas, en busca del reconocimiento al autor de murales tan emblemáticos como Entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de México (el 15 de julio de 1867), pintado en 1967 en el Salón de Carruajes Históricos del Castillo de Chapultepec, e Historia de la medicina en México, en 1993, en el Hospital de Jesús, la primera y más grande institución médica en toda América en su época, fundada por Hernán Cortés. Y nada. Cuando en 2013 el discípulo de Diego Rivera y Leandro Carreón cumplió 80

Medicina prehispánica. Hospital de Jesús

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Archivo del pintor Antonio González Orozco

González Orozco. El muralista

años, se le hizo un homenaje “nacional”, por intermediación del entonces secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet. Sin embargo, el apelativo “nacional”

se redujo a un pequeño acto en el Castillo de Chapultepec, que –relata su hijo– pasó “sin pena ni gloria” porque no se invirtieron los recursos que el gobierno federal

La Escuela de Arte de Tepito publica su historia NIZA RIVERA

12 años de su fundación, la Escuela de Arte Gratuita al Aire Libre de Tepito (Elitep), que recientemente reanudó sus clases presenciales en el llamado “barrio bravo” de la Ciudad de México, acaba de publicar el libro que da cuenta de su historia. Es el volumen de investigación La Elitep. Un desafío a la creatividad artística de un barrio, de la doctora en historia del arte y docente Fabiola Martha Villegas Torres, quien durante la pandemia y como alumna del plantel emprendió el testimonio sobre este espacio de carácter artístico-social, fundado por el pintor y muralista Alejandro Caballero (Proceso 2336), éste a su vez discípulo de Raúl Anguiano, Daniel Manrique (quien fue fundador de Tepito Arte Acá) y de la crítica de arte Berta Taracena (Proceso 2307). Luego de una modesta presentación en abril pasado, en la sede de la escuela en la esquina de Vidal Alcocer y Circunvalación, durante la cual la autora y el fundador compartieron el volumen con alumnos, familiares y amigos, este 25 de junio a las 17:00 horas habrá una segunda actividad en La Casa del Poeta (Niños Héroes 4) en Tenango del Aire, Estado de México. Ahí acompañarán a Caballero y a Villegas el director de esa casa, Nahum B. Zenil; el escritor y bibliógrafo Max Ramos, y la prologuista del libro, la escritora María Jiménez. El volumen, de pasta dura y diseño editorial de Daniel Moreno Alanís, está confor-

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mado por 269 páginas y tres capítulos: “El barrio de Tepito”, “Antecedentes de la Elitep”, “La Elitep”, más dos extras: “Los murales de Alejandro Caballero y alumnos de la Elitep” y “Conclusiones”. Y si bien la producción de unos 200 volúmenes corrió a cuenta de la autora, ésta refirió que valió la pena dejar el testimonio, pues con ello “se enriquece la historiografía del arte mexicano contemporáneo”. En el prólogo de Jiménez, quien da cuenta de la labor de Villegas para la investigación con la pandemia de por medio, y el apoyo incondicional del fundador de la escuela, se lee: “Los alumnos –que, en su mayoría, son tocados por la varita mágica de Alejandro, quien funge como director y docente– se redescubren y encuentran, en las profundidades de su alma, al artista que está pidiendo a gritos salir a la luz. Muchos de ellos han participado exitosamente en numerosas exposiciones nacionales y en el extranjero. “Valdría la pena multiplicar estos espacios de formación artística y humana a nivel nacional; hacerlos virales y convertirlos en matrices pródigas en artistas y seres humanos conscientes de sí mismos y de su responsabilidad ante la sociedad de la cual forman parte.”

* * * El volumen, según explicó Villegas Torres a Proceso, partió del método deductivo. Especialista a su vez en la obra del artista Alberto Beltrán, del cual ha publica-

suele emplear en el caso de otros artistas, no hubo invitaciones ni se convocó a la prensa. En 2017, en el marco del cincuentenario del primero de los murales realizados en el MNH (el de la entrada triunfal de Juárez) –que el próximo 15 de julio cumplirá 55 años–, se le hizo nuevamente un homenaje en el recinto, pero “Bellas Artes se lo negó” con el argumento de que ya se le había hecho uno en 2013. Con el cambio de gobierno, González Arriaga reinició su labor ante las nuevas autoridades en busca del reconocimiento al artista. Envió varias cartas a López Obrador y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, como presidenta honoraria del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México.

do tres libros, realizó una serie de investigaciones a lo largo de su carrera dentro de la historia del arte en México en diversas publicaciones, además de practicar la docencia desde 1987 como profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria y haber sido reconocida como Mérito Universitario de la UNAM en dos ocasiones (2005 y 2015). Rememoró su entrada a la escuela y valoró su interés en ella: “Conocí a Alejandro hace unos años, y cuando me platicó lo que hacía me pareció sorprendente el trabajo que hace y dónde lo hace. Esta investigación recorre la escuela desde el barrio, pues van ligados uno y otro. Me gusta trabajar de manera vivencial, por lo cual decidí tomar las clases y ver cómo funcionaba, me convertí en su alumna, tomé dibujo, la técnica barroca, pútrido, cómo trabajar un lienzo, gamas cromáticas, todo desde cero, haciendo ejercicios. “Y digo que me pareció sorprendente cómo trabaja Alejandro por el esfuerzo que deja en la Elitep, pues incluso el material viene de donaciones del Tecnológico de Monterrey en donde imparte clases de arte. Solicita elementos mínimos a los alumnos, como hojas en blanco para trabajar dibujo. Me parece que es un digno heredero de la labor de Manrique.” Autora de una decena de volúmenes, como Alberto Beltrán, una vida creadora (2005); Francisco Moreno Capdevila, grabador y pintor (2012), y Apuntes de Revolución Mexicana (2021), es coautora de otros seis, entre ellos Guía de estudio de Historia de la Cultura y Guía de Estudio de Historia del Arte (ambos de 2008). Dijo a este semanario que una meta importante del libro era dejar huella de los alumnos, de sus

C U LTU RA sidencia. Considera que había un problema de intermediación porque Presidencia turnaba el asunto a la Secretaría de Cultura, ésta al INBA y de ahí se mandaba a alguna oficina donde finalmente no le hacían caso. Mencionó la oportunidad de conmemorar, el próximo 18 de julio, el 150 aniversario del fallecimiento de Benito Juárez y al mismo tiempo rendir homenaje a su padre. En enero pasado le respondieron al fin de la oficina de Alejandra Frausto, titular de la SC, a la cual instruyó Presidencia para conocer a “detalle la propuesta”, que ya había expuesto en sus innumerables cartas, y resume en tres puntos: –Un merecido Homenaje Póstumo en el Palacio de Bellas Artes. –Una exposición temporal de sus obras en dicho recinto.

–Que le otorguen los más importantes reconocimientos que las otroras autoridades “neoliberales” tanto le negaron.

acercamientos con el arte, experiencias y visiones, de ahí que en el tercer capítulo se relate cómo llegaron algunos de ellos a la Elitep y sus producciones ya como artistas, todo ello acompañado de fotografías y cuestionarios. Es así como puede conocerse acerca de Abraham Emmanuel Nolck Rodríguez, Juan Pérez García (Ticunche), Zaira Bandy González, Alejandro Flores (Ale el Gris), César Augusto Nava Martínez, Luis Antonio Migranas Rodríguez, Arturo Alejandro Guzmán Larios (Arturo Sentil), Roberto Cruz Malagón, Jamil Chabbán Moya, Elizabeth Cruz Vargas, José René Guerra Díaz y Ezequiel Arturo Arredondo Sánchez. También de Regina Andrea Pérez Martínez, Damián Garter, Lizbeth Salinas Emicente, los hermanos María Belén, Ismael y Juan

Pablo Guzmán Monfil, Reyna Isabel Ramírez Espinoza, David Rangel Estrada y Alejandro de la Rosa. Comentó la historiadora: “Una parte importante del trabajo era hablar de los alumnos, porque son el resultado vivo de la Elitep. Han tenido sus exposiciones, desde en los ‘tendederos’, a unos pasos de la sede de la Elitep, donde literalmente se cuelgan los trabajos en un tendedero con pinzas, hasta otros espacios incluso fuera del país.” Y destapó un tema que considera pendiente para la Elitep: el de la posibilidad de que el plantel cuente con un espacio fijo y propio: “Mi interés fundamental con este libro es dar a conocer a la Elitep, que no sea un fantasma, despertar el interés de personas

que puedan apoyar a esta escuela gratuita, pues aunque sí ha tenido algunos apoyos, el espacio donde se trabaja es compartido y hasta peleado por otras actividades. Ni siquiera hay baños, hay que pagar en un baño público cercano, pero para una escuela que está ayudando tanto a una comunidad, me parece una cuenta pendiente que no tenga un espacio propio, y si este libro aporta en algo, ojalá que sea en esa dirección, para que las autoridades o alguna fundación nos tomen en cuenta y apoyen, quizá para una sede y para que se visibilice ese servicio social que se ha hecho hasta ahora.” Al respecto, Caballero, miembro del Salón de la Plástica Mexicana del INBA, enfatizó vía telefónica que una posible sede es un asunto de interés, mas no el trabajo principal, pues “el compromiso es y será con los chavos”: “Me siento muy contento de leer este esfuerzo que considero muy noble por parte de la doctora Villegas, por su interés en dejar huella de esta escuela sin muros cuya única intención ha sido bajar el arte del pedestal estético a la banqueta de la calle. “Por supuesto que sería interesante ponerle techo y paredes a la Elitep, lo he considerado y estoy consciente de que para ello se requiere tiempo y esfuerzo. Sin duda, en algún momento sucederá y creo que el libro apunta en esa dirección también. Lo que el día de hoy me da orgullo es poder decir que la Elitep cumple una labor social, que es un grano de arena para aminorar los males de esta gran ciudad.” El artista informó que, entre sus planes de corto plazo, los alumnos realizarán en uno de los muros de la escuela un mural-homenaje a la “Rue Tepito” (calle Tepito), en referencia a esa calle francesa en México. O

Cortesía de Elitep

Dice que las misivas les expresó el deseo de su padre de terminar el mural del Hospital de Jesús, cuya última parte quedó inconclusa por “falta de apoyos del gobierno, no de éste, de todas las administraciones, no hubo apoyo del Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) ni de nadie, absolutamente”. Lamentablemente, sigue, su padre falleció el 10 de junio de 2020 en plena pandemia. Entendió en ese momento que por la emergencia sanitaria nacional el gobierno se limitara a hacer apenas alguna mención, pero cerca ya del primer aniversario luctuoso volvió a mandar cartas y “no tuvimos ninguna respuesta”. Añade González Arriaga que a lo largo de los últimos meses ha insistido nuevamente en el asunto y envió cartas a la Pre-

Herencia artística

¿Qué más…? En su respuesta a los funcionarios, envió sus datos y su número de teléfono celular, pues se le indicó que se le buscaría para que fuera recibido por Lucina Jiménez, titular del INBA. Cuenta él que, en su encuentro, la funcionaria le dijo que ya era tarde para organizar una exposición porque Bellas Artes programa con mucha anticipación y todos sus recintos ya están llenos para este año. Agrega que le habló entonces de los más de 10 años que lleva solicitando el reconocimiento para Antonio González

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Orozco. Y ante el señalamiento de ella, en el sentido de que el artista no tenía suficientes exposiciones, le detalló que cuenta con más de 30 nacionales e internacionales, asimismo lleva más de 50 años en exposición permanente en el Castillo de Chapultepec, donde además de los dos murales de Juárez tiene, en la sala del siglo XIX, los cuadros Fusilamiento de Iturbide y el retrato de Joaquín de la Cantolla y Rico (creador del globo aerostático). “Cómo se atreven a decir que mi papá no tiene méritos cuando está en la Pinacoteca de Gobernadores de Michoacán y en muchos otros museos, como el de la Casa de Morelos, en Morelia. Vayan al Monumento a la Revolución y bajen al sótano, al Museo Nacional de la Revolución, ahí está la obra de mi papá junto con la de Juan O’Gorman y la de Pablo O’Higgins. “En el Museo Nacional de las Intervenciones, en el exconvento de Churubusco, van a encontrar, y ahí está el hospital más antiguo del Continente Americano y el tercero más importante del mundo, donde hallarán a Antonio González Orozco. Y en la grandes colecciones, como la de Banamex, ahora que se habla de que podrían venderla, está mi papá. Por eso le dije: ‘Por favor, señora, no confundir homenaje nacional con exposición’.” Además, él considera que si ahora se está celebrando el centenario del muralismo, bien podría incluirse a su padre. Uno de los argumentos que la directora del INBA le dio, agrega, es que lamentablemente el artista chihuahuense es víctima de los llamados tres grandes. Él piensa que, sin duda, tienen un lugar de honor que nadie debe quitarles, pero no implica que no se reconozcan las aportaciones a la plástica mexicana “de otros grandes

Con su hijo Antonio y nietos

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muralistas hombres y mujeres que merecen ser rescatados”. Añade que Bellas Artes le ofreció enviar especialistas de la institución para ver en qué condiciones se encuentra la obra que conserva la familia. La semana pasada se publicaron en estas páginas (con motivo del intestado de la obra de O’Higgins) declaraciones de Jiménez en el sentido de que el INBA trabaja con varios herederos de los muralistas, y que ayudaron a González Arriaga en la catalogación de la obra de su padre. Él dice, por su parte, que hace más de un mes terminaron y les mostró más de 180 obras, chicas, medianas, grandes, de todas las técnicas, con marco, sin él. Se fueron y “supuestamente van a hacer el trabajo administrativo, un inventario, pero ya pasó el 10 de mayo, el 26 y es fecha en que no me han contestado”. Justo el 10 de mayo escribió un correo electrónico a Héctor Romero Lecanda, director de Vinculación con los Estados del INBA, para recordarle el próximo aniversario luctuoso de su padre, puesto que no ha recibido ninguna respuesta concreta del instituto, y acusar un “trato inequitativo y absolutamente discriminatorio con respecto al que se le continúa otorgando a otros ‘artistas’ que acaparan becas, apoyos, exposiciones, reconocimientos, medallas, recomendaciones y presupuestos”. Incluso, enfatiza González Arriaga, creadores ya fallecidos reciben más homenajes y nuevas exposiciones, cuando hasta parecen negarse a conocer, reconocer y difundir la trayectoria “de un muralista mexicano de origen chihuahuense que nos legó grandes obras pictóricas…”. Pasó el 10 de mayo, cuando su padre habría cumplido 89 años, y “nadie dijo una

palabra”. Su temor es que vuelva a pasar inadvertido el aniversario luctuoso. Recuerda que, en 2021, la coordinadora nacional de Artes Visuales del instituto, Mariana Munguía Matute, le propuso, mediante un oficio fechado el 3 de mayo, “un homenaje de corte académico”, y le pidió un encuentro virtual para detallar aspectos: “Nos pareció inapropiado porque implica una denegación del homenaje nacional que buscamos.” Entonces volvió a escribir a López Obrador para expresarle que un homenaje “académico” es una injusticia hacia la trayectoria de su padre y, “por definición”, excluye al pueblo de la difusión artística que se busca. Y es por tanto “un acto de discriminación así como de falta de equidad”. Cabe señalar que parecería un contrasentido, si se piensa que el lema del gobierno es “primero los pobres”, y el de Frausto, “que nadie se quede atrás”. Posteriormente se le planteó, en una reunión virtual, incluir al pintor en la programación conmemorativa del centenario del movimiento muralista. Entonces Munguía Matute le informó mediante oficio que “en breve un integrante de mi equipo se pondrá en contacto con usted para iniciar las gestiones pertinentes para la organización del homenaje”. Pero han transcurrido seis meses desde entonces y nadie ha vuelto a establecer contacto con él. Se le pregunta si acaso el INBA no fue a revisar y catalogar las obras con miras a incluirlas en alguna exposición, si no le han comentado algo al respecto: “No, a principios de año me cerraron la puerta en la cara y lo hizo la directora general de Bellas Artes cuando dijo que el instituto es una institución muy seria, que programa sus exposiciones con más de un año de anticipación. Fue muy clara en decirme que Antonio González Orozco no está considerado.” Su padre, precisa, nunca cobró un quinto por la impresión de su mural en el Libro de Texto Gratuito (la portada del libro de Historia para quinto grado, donde ha estado durante 17 años, según el propio INBA), pues lo que deseaba era que su obra se difundiera, eso era lo que le hacía feliz. Rememora asimismo la exposición sobre muralistas mexicanos en Estados Unidos que hace dos años se presentó en el Museo Whitney de Nueva York –antecedente para las conmemoraciones del centenario del Muralismo–, en donde no estuvo su padre aunque expuso en aquel país. Ahora es justo que le den “su lugar en el escenario del muralismo mexicano”. O

Amador Montes

C U LT UR A

Arte El espacio público: botín para el arte y el no arte BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

a Ciudad de México necesita una estrategia política que organice y regule el emplazamiento de propuestas artísticas en el espacio público. Diseñada con los objetivos de beneficiar el entorno urbano, fortalecer la marca cultural de la ciudad y servir a sus habitantes, la estrategia debe considerar: el valor artístico de las propuestas, la relación de las obras con la identidad y valor simbólico del lugar en el que se colocarán, y la pertinencia de su temporalidad. Tres aspectos que adquieren especial relevancia debido al vínculo tan estrecho que existe entre la mercadotecnia artística y el espacio público. Exageradamente generoso en su capacidad de legitimar firmas y fortalecer cotizaciones, el espacio urbano debería administrarse gubernamentalmente con responsabilidad y profesionalismo. Sin diferenciarse de gobiernos anteriores, la gestión de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México carece de una política cultural eficaz que ordene tanto la presencia como la destrucción de expresiones visuales. Desde finales de marzo se han presentado sucesos que exigen el diseño de la estrategia mencionada. En la alcaldía Cuauhtemoc, su titular Sandra Cuevas ordenó, primero, el borramiento de intervenciones pictóricas de estética postgraffiti en mercados (Proceso 2370), y posteriormente el borramiento de la pintura popular realizada por rotulistas en puestos ambulantes. Una expresión, esta última, que no sólo tiene una gran tradición urbana, sino que también ha sido utilizada por artistas reconocidos: en el ámbito global,

Montaje de Montes. ¿Quién lo invitó?

el famoso belga Francis Alÿs ha recurrido a interpretaciones de rotulistas y ha incorporado su poética en su propio vocabulario pictórico; y en la capital del país, apenas a finales de 2021, la pintora Sofía Echeverri y la ilustradora Verónica Anaya se dejaron apoyar por rotulistas para realizar el mural seleccionado en el el proyecto Arte en tu unidad que promovieron la Procuraduría Social y la Secretaria de Cultura de la CDMX (Proceso 2355). En el encuentro que realizaron el pasado sábado 28 de mayo pintores, locatarios del Mercado Juárez y vecinos de la zona, se mencionó la posibilidad de definir las pinturas callejeras como obras permanentes. Una propuesta delicada que no responde al dinamismo de convivialidad artística y estética que deben tener actualmente las urbes. Y si acaso se decide que la ciudad cuente con una obra permanente, es indispensable diseñar un procedimiento de selección riguroso y transparente, en el que se evalúe la legitimación de la firma y el valor artístico de la propuesta. Sobre todo porque la permanencia en un lugar emblemático tiene la capacidad de construir valor donde no lo hay. En este contexto, el montaje en el Jardín Botánico de Chapultepec de ocho esculturas del pintor Amador Montes (Oaxaca, 1975), con temporalidad permanente, requiere una explicación puntual de Claudia Sheinbaum. Emplazadas des-

de el pasado 17 de abril en un estanque que se encuentra en el trayecto de entrada, la instalación denominada El lago de la Típulas presenta una interpretación tridimensional de estos pequeños insectos de patas largas que aunque parecen zancudos, no lo son. Realizadas en bronce, en color negro, con una altura de 2.5 y 3 metros, las piezas, sin diferenciarse en su fisonomía, remiten inevitablemente a las espléndidas arañas de la francesa Louise Bourgeois (1911-2010). ¿Qué instancia gubernamental invitó a Montes y cuáles son los valores escultóricos que justifican la permanencia ilimitada de las monótonas piezas en un lugar que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración? Inaugurada en presencia de la secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, Marina Robles, la instalación podría ser sustituida por lirios acuáticos o por medio de la convocatoria a un proyecto escultórico de alto nivel. O

Teatro “Calle amor”, manifiesto feminista, transgénero ESTELA LEÑERO FRANCO

onmociona a los jóvenes que viéndose reflejados pudieron dar cauce a

su grito de protesta. Y para el público asistente, de diferentes edades, Calle amor irrumpe con fuerza. Llena el teatro Julio Castillo. Impacta y sorprende, enoja y nos hace comprender, un poco, a través de ese espejo crítico con el que mira el hoy por hoy de estudiantes jóvenes que egresan de su escuela, en este caso de la Escuela Nacional de Arte Teatral. En Calle amor, escrita y dirigida por Laura Uribe, recorre el escenario el imaginario colectivo mexicano de ell@s, que crecieron y crecimos viendo películas de Disney y de Hollywood. Reproducen escenas de obras de teatro clásico que, explican, prepararon para graduarse pero se suspendió por la pandemia. Las escenas son violentas y se exponen tal cual son, para después romperlas con la voz de las actrices y los actores, cuestionando los comportamientos de sus personajes, denunciando el proceso de ensayos y dejando a la vista un sistema patriarcal que ha pisoteado la sensibilidad y la creatividad de los estudiantes, en este caso, de teatro. En La señorita Julia la escena se trata de un suicidio con un juego de poder depredador; y en Woyzeck es un feminicidio. La visión crítica y los testimonios encuadran de otra manera estas “obras clásicas”, al igual que las películas hollywodenses reproducidas en un ciclorama elevado simultáneamente a la acción de dos actores que interpretan la película que se está viendo. Hay disfrute de ver lo que nos remite a una infancia y a una adolescencia, y el público conecta con esa experiencia, y después la escena se deconstruye y deviene en otra acción; en otra imagen. Un grupo de actores de la Escuela de Arte Teatral del INBAL convocó a Laura Uribe y organizaron un laboratorio para generar la obra. Actuaban, improvisaban y hablaban de sí mismos y de su idea del amor y el no amor, del amor de pareja, el de l@s amig@s; del amor o desamor en los procesos educativos caducos y violentos.

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De la Escuela de Arte Teatral

Las experiencias de vida del grupo de jóvenes actores dejan de manifiesto momentos de acoso y hostigamiento sexual de sus compañeros o maestros; la verticalidad y el ejercicio de poder. La obra se va convirtiendo en un manifiesto, en un dar voz a lo que tenían guardado; ese reclamo; esa rabia de impotencia… Y hablan sobre su concepción del presente y del amor y del futuro. Los recursos escénicos son múltiples. Con video, con micrófonos, con duplicidad de imágenes y contenidos que se acompañan o contrastan. Las

escenas de ficción se mezclan con las de la realidad para fracturar los comportamientos o ideologías violentas normalizadas y la invisibilización del ser y hacer de las mujeres. El diseño de arte de Sabina Aldana –quien también participó en la dramaturgia, la escenografía y vestuario de Mauricio Ascencio y la iluminación de Tenzing Ortega–, logra ambientes fantásticos, paisajes de colores con cuerpos creando formas de grupo, de bola de nieve y fuego que se gira y habla, que se quiere y se acuerpa para subsistir.

De la mano de Laura Uribe, crearon el espectáculo Ángel Abad, Frida Aranza, Eduardo Arriola, Atenas Cobos, Mario González-Solís, Elizabeth Guajardo, Aurelio Gutiérrez, Erudi Minero, Manuel Mompala, Miguel Ángel Pérez, Aline Reyes, Rodrigo Virago, Juan Pablo Zabala y Erandi Zenil. Calle amor está lleno de juego, de preguntas, de risa y disfrute, de violencia y crítica, de gritos furiosos y, finalmente, de esperanza. O

Cine “Flee” JAVIER BETANCOURT

uir, escapar, ¡huye! Los sinónimos para el término en inglés abundan, el imperativo es el mismo, sálvate; el documental animado

del danés Jonas Rasmussen dibuja el mapa geográfico, político y autobiográfico de un inmigrante afgano que lucha por sobrevivir y escapar de la jihad en Afganistan después de la guerra de la Unión Soviética en ese país; a la vez que relato de aventuras forzadas, Flee (Flugt; Dinamarca-FranciaSuecia-Noruega-Países Bajos, 2021) es un instructivo sobre las redes de tráfico humano organizadas entre Europa y Asia para alcanzar países que prometen una mejor vida; más a fondo, funciona como novela de aprendizaje. Documentales de animación basados en hechos reales hay pocos en el cine; ejemplos memorables serían Waltz con Bashir (Ari Folman, 2008) sobre las memorias de un soldado en la guerra del Líbano, o Persépolis (Marjane Satrapi, 2007), autobiografía de la directora durante la Revolución Islámica; el aspecto que destaca en Flee es el tono de confesión, no sobre

Sergio Ramírez y el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua NIZA RIVERA

l escritor Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017, ante de la desaparición de la Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL) aprobada por la Asamblea Nacional de ese país el último día de mayo, expresó a Proceso: “Siempre que se requiera, yo estoy dispuesto para Nicaragua”. Se trató de una medida con la cual la administración del presidente Daniel Ortega disolvió a 83 organizaciones sin fines de lucro; la Comisión de Justicia y Gobernación nicaragüense acusó a la ANL –cuya antigüedad se remonta a 94 años– de incumplir la ley y utilizar donaciones en contra de Ortega. En la sesión plenaria y sin mayor debate, la Asamblea Nacional aprobó la clausura de esas organizaciones con 75 votos a favor, cero en contra y 16 abstenciones. De nada valió que la Real Academia Española, la Academia Chilena de la Lengua y la Academia Mexicana de la Lengua (AML) emitieran, cada una por su cuenta, sendos

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comunicados repudiando el hecho. Se leyó en la misiva de la AML: “Una vez más, el gobierno de Nicaragua atenta contra la dignidad de sus ciudadanos, esta vez mediante la iniciativa de cancelación de la personalidad jurídica de 83 organizaciones no gubernamentales, entre las que se cuenta la Academia Nicaragüense de la Lengua que nos une: el español. “Por tal motivo, la Academia Mexicana de la Lengua expresa su solidaridad con los escritores, lingüistas, intelectuales, filólogos y filósofos que forman parte de nuestra academia hermana y reitera públicamente su repudio por este acto que afecta gravemente las libertades del pueblo nicaragüense.”

* * * Vía telefónica desde Guatemala, tras concluir su participación como presidente del Festival Centroamérica Cuenta, y a punto de tomar un vuelo rumbo a Madrid, España –donde se estableció tras el exilio al que se vio obligado desde septiembre del año pa-

sado debido a una orden de arresto–, Ramírez comentó a este semanario: “En Nicaragua el régimen está desmantelando a la sociedad civil, esto hay que verlo desde esa perspectiva, se han cerrado por decreto del legislativo cerca de 300 organizaciones no gubernamentales en total, entre ellas de derechos humanos, de promoción de derecho de género, indígenas, de democracia, de libertad de prensa, culturales, universidades públicas y privadas, sociales, médicas, gremiales de distintas profesiones… un desmantelamiento total dentro de un proyecto de acaparamiento total, no sólo de lo político sino de lo social. “Desde ahí se puede entender por qué la ANL, que es la institución cultural más antigua de Nicaragua, entra dentro de esta lista, una organización que está lejos de ser política, de la cual somos miembros personas de diversas ideologías y pensamiento porque, al igual que en la AML, hay filósofos, filólogos, lingüistas, investigadores, escritores, una variedad múltiple de hombres y mujeres. Es por la voluntad de cegar las organi-

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Redes del tráfico humano

la orientación homosexual del protagonista, hecho que cuenta para definir su condición vulnerable en la cultura musulmana, sino porque tiene que mantener su identidad secreta pues corre el riesgo de que el gobierno danés lo expulse por haber mentido en ciertos aspectos burocráticos. Pese a la liberación que representa para Amín, seudónimo del protagonista, hablar por primera vez sobre los pa-

decimientos de él y de toda su familia, exponer una vida de injusticia, explotación y terror, el tono persecutorio sigue ahí; pese a su éxito profesional y académico en Princeton, y a decidir vivir con su pareja en una idílica casa de campo, Amín aún camina sobre un terreno minado que puede explotar si da un paso en falso, la angustia subyace el edificio de esta nueva vida construida en un país sin guerra que aparen-

Lisbeth Salas

zaciones civiles, una enemistad declarada con la cultura, todo lo que huele a dimensión cultural se ve con sospechas.” Quien fungiera como vicepresidente de la república (1985-1990), autor de la nove-

Ramírez. Atentado cultural

temente respeta los derechos de las minorías. Apoyado en un equipo de 10 animadores, Rasmussen logra un estilo simple y elegante con colores tierra que sugieren melancolía y nostalgia; los dibujos animados se combinan con secuencias de material documental que aparece en las televisiones y que atestiguan los hechos sociales y políticos a lo largo de la vida de Amín y su familia.

la Margarita, está linda la mar (2008) y nombrado integrante de la AML “como miembro correspondiente en su país” en febrero de 2021 (Proceso, 2313), comentó que en la última jornada del gobierno de Ortega también se cerró el Festival de Poesía de Granada (cuna de Rubén Darío) y la Fundación Luisa Mercado, entidad que el escritor presidía y que contaba con una biblioteca pública y una escuela de música. Al cuestionarle si su exilio y su relación con la ANL fueron un posible factor para frenar las actividades de la institución, relató: “No creo, porque en realidad la academia nunca pudo solidarizarse conmigo, pues eso implicaba el riesgo de que sus miembros fueran reprimidos, fueran a prisión sólo por expresar la solidaridad.” –¿Qué pasará con la ANL tras el cierre? –Este desmantelamiento implica que se han ido forzados al exilio escritores, periodistas, artistas, cantautores, toda la parte creativa del país. Basta mencionar a Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy, Gioconda Belli… esto nos habla del clímax de Nicaragua, de la ausencia de creatividad, del exilio forzado para los que se atreven a alzar la voz. El régimen tiene miedo de las creaciones. Y ejemplifica con su más reciente novela, Tongolele no sabía bailar, que fue prohi-

Así, la detención y la desaparición del padre en manos de los jihadistas en su natal Afganistán se apoyan con las imágenes de la tele en la vida real; el contraste con la visión animada refuerza la recreación poética de la memoria. Las secuencias de Amín niño tratando de escapar por el mar Báltico, con la madre aterrada por el agua, la irresponsabilidad y crueldad de los traficantes, son tétricas y desesperadas. Recurrir a traficantes cuya confiabilidad depende de la cantidad de dólares que pueda juntar la familia; años de trabajo y sacrificio del hermano mayor para rescatarlos, escondidos todos en un departamento en Rusia; desde Suecia, donde el mayor trabaja en lo que puede, el abuso y extorsión de la policía rusa post soviética, el aprendizaje de joven es doloroso. Pero el ímpetu vital, la esperanza de una vida mejor, permea Flee de principio a fin. O

bida. Se le pregunta entonces si tiene algún libro en puerta, y refirió que se ha dedicado a revisar unos cuentos que ya tenía listos y que se publicarán en Alfaguara en septiembre próximo, con el título Ese día cayó en domingo. “Son cuentos con muy distinta temática, algunos sobre Nicaragua y la represión de 2018, pero también otros con temas centroamericanos y muy diversos. Regreso siempre al ejercicio del cuento porque es el género en el que me entrené desde la adolescencia y siempre regreso con gozo a probar que domino el oficio, que es de los más difíciles porque necesita precisión y economía.” Asimismo, informó que “en cuanto pueda” se sentará a escribir la próxima novela cuyo tema aún no define. –Ha dicho usted que este exilio implicaría que quizá muera lejos de su país. –Bueno es que voy a cumplir 80 años, tengo 79 y ahora estoy en un “periodo de gracia”, pero todo es posible y tengo que ser realista y organizar mi vida en el exilio en base a esa realidad, mi voluntad es seguir siendo escritor, eso lo seré hasta la muerte. No le veo el lado dramático al asunto, sino el acomodo a esta circunstancia. Lo que necesito es seguir escribiendo, dentro o fuera de Nicaragua. O

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Cartón de Maricruz Ruíz Gallut

ROBERTO PONCE

32 años de haber publicado su primera novela Charras, acerca del crimen perpetrado en 1974 contra su primo el líder universitario campechano Efraín Calderón Lara, alias El Charras, durante el gobierno en Yucatán de Carlos Loret de Mola Mediz, la nueva edición de Hernán Lara Zavala se presenta como un best seller por Penguin Random House. “Como sabes, cuando asesinaron al Charras era Carlos Loret de Mola, el abuelo, el gobernador priista de Yucatán, un estado proverbialmente panista”, recuerda el narrador Lara Zavala (Proceso 87, 150, 716 y 718). Señala que tal como redactó Loret en su propia autobiografía (llamada precisamente Confesiones de un gobernador y aparecida cuatro años antes que su novela-testimonio Charras), el político entró en conflicto por un crimen cuyas repercusiones jamás imaginó: “Esto es lo más interesante de la novela. El problema no fue propiamente del gobernador Loret de Mola (abuelo del periodista del mismo nombre), sino que su repercusión llegó hasta el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Y eso se ve en la novela cuando José, el hermano de Efraín Calderón Lara, que era otro líder estudiantil, se reúne con Echeverría y éste se mantiene en silencio, se mantiene en el poder y, como sucede ahora, no pasa absolutamente nada.” Para el autor, lo único que ocurrió fue “el beneficio del sistema político mexicano en contra de la justicia, tan sencillo como eso”. –En su momento se acusó al exgobernador Loret de Mola y también a Echeverría del asesinato. ¿Quién fue el autor intelectual del crimen al Charras? –El sistema. Coludidos en él estaban todos los grupos capitalistas con intereses económicos en Yucatán, la CTM (Confederación de Trabajadores de México) con los sindicatos charros y el gobierno. Cuando el Estado, la iniciativa privada y los sindicatos se unen, se da un caso emblemático como el del Charras, y por eso no se ha olvidado. –¿Por qué aquella lucha del Charras no ha sido reivindicada por la 4T? –De parte de la 4T –responde breve–, cero reivindicación al Charras.

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HOMICIDIO DEL LÍDER ESTUDIANTIL

Vigencia de

“Charras”, de Lara Zavala

LI BR O S

“Lo más que ha sucedido fue ponerle su nombre a un salón en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y querían cambiar el de un teatro llamado Carrillo Puerto, lo cual tiene relación porque realmente sí hubo paralelismos entre Felipe Carrillo Puerto y El Charras”. En febrero pasado, la UADY llevó a cabo una serie de eventos conmemorativos por el 48 aniversario luctuoso de Efraín Calderón Lara.

La historia se repite “Mi novela –sustenta el también ensayista y catedrático– sigue estando vigente, entre otras razones, por la cantidad de personajes disidentes y periodistas asesinados hoy. Esto no es nuevo, sigue siendo vigente por algo muy importante para mí, que es: “El hecho de que un personaje como El Charras –quien no era un guerrillero, tampoco un periodista, sino un disidente pero totalmente dentro de la ley– de pronto les da un problema, en principio al gobierno estatal y después al gobierno de la República, al punto que finalmente a Efraín Calderón Lara los poderosos se vieron forzados a aplacarlo. He ahí el dilema.” –¿Por qué escribió usted Charras? –La saqué en 1990 y se sigue vendiendo, no se ha dejado de publicar, es un caso emblemático de una injusticia porque castigaron a los asesinos materiales mas no a los autores intelectuales. Ojo, yo no acuso al gobernador Loret de Mola, a quienes acuso es al sistema como tal, incluyendo al propio presidente Luis Echeverría, quien decidió como si diciendo: “Aquí nos hacemos de la vista gorda y no vamos a actuar conforme a la ley”. Así era el priismo, “tal como sucede ahora”, resalta: “Cuando los intereses de orden político sobrepasan a los del orden judicial

o moral o institucional, eso sucede, como en el priismo y hoy en el lopezobradorismo: se condenan a unos pobres diablos pero no al Estado, ni a la inversión privada ni a los sindicatos charros… Por más que hoy diga el presidente López Obrador que la culpa de la corrupción son los conservadores y los neoliberales, no es cierto. Los intereses del Estado muchas veces sobrepasan a la ley y ese es el problema.” –Pero por omisión, si tanto peca el que mata a la vaca como… –En mi novela –ataja– yo creo que Carlos Loret de Mola abuelo sufrió ese asesinato y no creo que haya ordenado matar al Charras. En una presentación que hice en Cuernavaca, cuando apenas se publicó la novela, me acompañó el que era director de mi facultad en la UNAM, Ricardo Guerra: “–Mire –me dijo–, el problema de Loret de Mola fue que dijo secuéstrenlo y asústenlo, pero se le olvidó decir: ‘No lo vayan a matar’. Es un acto de omisión, como dices; pero cualquier persona en el poder sabe cuáles son las implicaciones de un caso tan delicado y debió indicarles: ‘No lo vayan a matar, si lo matan ustedes son los culpables’. El Charras tenía muchos pantalones, cuando lo secuestran reconoce a su asesino, Carlos Pérez Valdés, y le dijo: “Yo a ti te conozco, cabrón, ya sé quién eres”, ahí mero él y sus compinches se acobardan al grado de asesinarlo de manera muy violenta, muy cobarde y muy cruel”. Su cuerpo deshecho lo en-

contraron en la carretera Carrillo PuertoChetumal el sábado 16 de febrero de 1974, refiere Lara: “Era un líder sindical que buscaba el beneficio de los asalariados, zapateros, transportistas, de la industria de la construcción; su muerte armó una revolución de estudiantes y conmoción de las familias, por ser un acto de suma cobardía.” No escribió “novela reportaje”, insiste, y difiere del Truman Capote de A sangre fría (1959) y del Norman Mailer de La canción del verdugo (1979): “Yo había leído ambas, pero la diferencia fundamental tanto de Truman Capote como de Norman Mailer y otras tantas novelas del ‘nuevo periodismo’ es que son casos de nota roja. El Charras es un asunto político que para desgracia de nuestro país sigue vivo… El asesinato del Charras afectó a todo el sistema judicial, Ejecutivo y moral, digamos, porque con la venia del presidente el crimen del Charras se hubiera resuelto. Pero estaban coludidas demasiadas manos de orden instiArchivo Proceso

Un fenómeno editorial es el de este thriller político que, a 32 años de su aparición, no ha dejado de leerse, y ahora recibe trato de best-seller en la portada de la nueva edición DeBolsillo. Para el escritor, ensayista y catedrático, esta novela-testimonio ha conseguido mantenerse en la memoria de la gente, entre otras razones, “por la cantidad de personajes disidentes y periodistas asesinados hoy”. Y acusa que tanto durante el priismo como en la actualidad, “los intereses del Estado muchas veces sobrepasan a la ley y éste es el problema”.

Efraín Calderón Lara, alias “Charras”

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Maravilloso viaje y vetas El escritor de sangre campechana y yucateca, nacido en la Ciudad de México en 1946, ofrece su autorretrato literario: “Hernán Lara Zavala es un escritor que se impuso tratar de reivindicar una zona de la República Mexicana, que para mí había sido juzgada de manera injusta porque siempre se ve a Yucatán, a Campeche y a Quintana Roo como la tierra del faisán y del venado, una visión romántica donde Germán Canseco

tucional, por eso es que Echeverría no condena a nadie, los pobres diablos que encarcelaron medio pagaron por su crimen y después Pérez Valdés terminó ahorcándose.” Novela-testimonial “que no ha sido rebatida”, la define Lara Zavala. “Puede ser que haya mucha gente en desacuerdo con ella; pero el chiste de esa novela es que yo no acuso a nadie, mi exposición de motivos trata lo más objetivamente posible al presidente Echeverría y a los propios yucatecos… ¿Y sabes qué? Un día, estando en Roma con Mario Moya Palencia (secretario de Gobernación con Echeverría), entonces ya embajador en Italia, me dijo: ‘Ya leí su novela, todo lo que usted dice ahí es verdad’. Claro, él no había salido como candidato a la presidencia en 1976, el dedazo del ‘preciso’ fue para López Portillo, pero Moya tuvo el valor de decírmelo.” Doctor honoris causa por la Universidad de Campeche 2015, premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2019 por Península Península (Proceso, 1630), director de la colección Nuestros Clásicos y profesor de literatura angloamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Hernán Lara Zavala acaba de publicar otros dos libros además de Charras (Debolsillo, 239 páginas): la crónica Viaje al corazón de la península (Gobierno de Campeche, 161 páginas) y tres narraciones en Material de Lectura #140 (introducción de Bruno Estañol. UNAM, 43 páginas).

Lara Zavala. Novela sobre impunidad

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suenan un bolero yucateco y la trova. Yo intenté ser más duro con la península y mostrar sus beneficios, sus tragedias, sus errores y al mismo tiempo sus méritos.” A la manera del yucateco José Castillo Torre en su libro El país que no se parece a otro, “trato de contribuir desde mi punto de vista literario a enriquecer nuestras letras mexicanas haciendo que la tierra del faisán y del venado se convierta en una tierra tan mexicana como cualquier otra del país”. Viaje al corazón de la península es “una crónica en primera persona de cómo veo a los mayas; la verdad que me siento orgulloso de haberla escrito porque toda aquella cultura se transforma, seguro más con el Tren Maya”. Su periplo narra el descubrimiento de sus antepasados, los hijos de españoles, de mayas y los mestizos que conforman la población del Mayab, “hallando” incluso a su tía Consuelo Zavala –quien organizó en Mérida el Primer Congreso Feminista de México en 1916–. También narra el último encuentro que tuvo con su primo Charras en la capital meridana: Que yo recuerde a Efraín Calderón, mejor conocido como El Charras, lo vi muchas veces en Hopelchén, pero una sola vez en la ciudad de Mérida a pesar de que él vivía ahí. Fue un domingo en la mañana. (…) Fuimos al aeropuerto conversando sobre varios asuntos: su tesis sobre derecho laboral, sobre Tlatelolco, sobre La Plaza, la novela de Spota y sobre sus planes matrimoniales. El Charras me acompañó casi hasta la puerta del avión y nos despedimos con un abrazo. Nunca imaginé que sería la última vez que lo iba a ver y menos aún que yo iba a escribir una novela sobre él. Los cuentos de Material de Lectura #141 obsequian tres ejemplos de las vetas narrativas que ha desarrollado el maestro Hernán Lara Zavala: “De 1989 a 1998 fui director de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, donde apareció originalmente la colección Material de Lectura, que era como una tala, un cuadernillo con fragmentos literarios para dar a conocer autores y autoras, con diferentes ilustradores, como Elvira Gascón. Estuve al frente también de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, aunque como director obviamente jamás me publiqué a mí mismo ningún Material de Lectura, así que ahora tras muchos años me hace justicia la UNAM, en el número 140, con su directora Socorro Venegas.” Las tres vetas de Lara Zavala ejemplifican el microcosmos de la península yucateca (“A golpe de martillo”), las vivencias en prosa de la Ciudad de México (“Desayuno con champaña”), y la tinta del viajero trotamundos (“El guante negro”). O

Cortesía de Imcine

E S P E C TÁ CU L O S

Recuperación, Cine mexicano:

tras lo peor de la pandemia Es una práctica permanente la publicación, año con año, del desglose en cifras de la actividad del ámbito del séptimo arte. El que acaba de presentar sobre 2021 la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), María Novaro, podría parecer engañoso si se atiene a los números de las cintas producidas (259), pero es ella quien aclara que se contabilizaron también las iniciadas en 2020 y concluyeron un año después, debido al covid-19. Los siguientes son los números y la reflexión de la cineasta para situar el proceso de rescate.

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

l Anuario estadístico de cine mexicano 2021 muestra cómo van reactivándose las diversas áreas del séptimo arte, patrimonio cultural del país, tras vivir la peor situación de la pandemia. Ahí se informa que en 2021 se produjeron 259 películas, cuando en 2020 se realizaron 111, de las cuales 97 y 58 fueron documentales, respectivamente. Pero la cineasta María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), aclara en entrevista en los Estudios Churubusco: “Soy muy cautelosa con el número 259, porque alguien dijo que es una cifra histórica, récord del cine mexicano, pero resulta que se juntaron las películas que no se hicieron en 2020 y se pudieron terminar en 2021”. Lo explica así: “Las empresas, los colectivos, aplicaron pro-

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tocolos covid-19. Buscaron la manera de poder salir adelante con los proyectos para tener una fuente de trabajo, reactivar, para no dejarlos inconclusos. Entonces la suma de 2021 obviamente es una cantidad que sólo se puede leer a raíz de que el año anterior hubo una caída brutal.” En el Anuario (http://anuariocinemx.imcine.gob.mx), de 413 páginas, se lee que la creación cinematográfica reportó un aumento de 133% con respecto al año 2020, debido a la paulatina reactivación de las actividades y al avance de la aplicación de vacunas, lo cual permitió retomar algunos de los filmes afectados en 2020 e iniciar nuevas producciones. Por ello Novaro se va con tiento: “Aun con este entorno más favorable, los realizadores tuvieron que sortear múltiples desafíos para darle continuidad a sus trabajos.” Más adelante se especifica que para conocer el impacto de la pandemia en la producción fílmica y audiovisual en 2021 se aplicaron diversos formularios, y los resultados arrojaron que entre las principales afectaciones estuvieron el aplazamiento de rodajes, retrasos en el esquema de trabajo, disminución del personal ocupado, cancelación de participación en eventos y festivales, pérdidas económicas y aplazamiento del estreno comercial de las películas. Cabe destacar que en 2019 se efectuaron 216 películas. Y sin embargo, de los 259 largometrajes nacionales producidos en 2021, entre etapa de rodaje, postproducción y terminados, sólo 56% tuvo apoyo público. Se registraron 31 títulos de cine indígena y afrodescendientes. Se contabilizaron así 12 mil 209 per-

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sonas involucradas en esta actividad, 11% más que en 2020. Del total, 54% se desempeñó en empleos directos. En lo referente a género, 44% fueron mujeres. En promedio, se calculó que 28 personas trabajaron en la realización de un cortometraje, mientras que 47 lo hicieron en un largometraje. Del personal registrado en producción, 63% intervino en largometrajes, con mayor cantidad de proyectos de ficción que en documentales. En total, 111 mujeres estuvieron involucradas en tareas de producción y 87 guiones fueron escritos por una mujer. En 2021, se estrenaron 70 títulos nacionales (donde hay también de los que se efectuaron años atrás), 33% más que en 2020. De acuerdo con información de la compañía de investigación comScore, a partir del 24 de junio de 2021 se logró romper la barrera en los 14 millones de asistentes a los cines. Diciembre fue el mes que reportó mayor asistencia y fue el número más alto de complejos cinematográficos abiertos al público. En agosto se obtuvo el mayor número de espectadores para el cine mexicano: 1 millón 103 mil 266. En todo 2021 fueron a ver cine mexicano 4 millones 827 mil 596, de 110 millones de espectadores que hubo en general. Se contaron 7 mil 361 pantallas y 222 festivales.

El apoyo público Novaro (DF, 1950) enfatiza que el apoyo gubernamental al cine subió a 56% en 2021, mientras en 2020 fue de 48%, pero explica: “No es lo que queremos. Deseamos que el cine mexicano se fortalezca y sea independiente, que se puedan hacer más películas sin apoyos públicos, pero fue im-

portante que los apoyos públicos crecieran porque estamos reactivando para la recuperación del cine mexicano, nos toca, y fue un esfuerzo titánico pasar de los fideicomisos al programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine) en 2021 para que no hubiera un año sin apoyos a la producción cinematográfica; bueno, no se interrumpió en ningún momento Eficine, el estímulo fiscal para los contribuyentes que se establece en el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue muy sustancioso. “Todo ese aspecto de reflexionar la pandemia en función de políticas públicas y del diseño de nuestras convocatorias en el Anuario nos da mucho para trabajar, para reconsiderar.” –Varios opinan que el Estado debe apoyar al cine mexicano y otros que no, ¿qué opina? –El apoyo público se sigue necesitando para el cine mexicano como sucede en toda las cinematografías del mundo, hasta la hollywoodense, que lo niega, lo que pasa es que lo disfraza, que no me vengan a mí con cuentos. Todas las cinematografías son consideradas por sus países. No hay cinematografía fuerte, propositiva y rica sin ese apoyo. Como la mexicana, que crea muchos empleos, es parte del PIB, nos enriquece a todos. “Cuando el Estado no apoya su cinematografía, ésta se cae, punto, cambio y fuera. ¿Cuál es la tendencia? Que cada vez los proyectos cinematográficos logren salir adelante con menos apoyo del Estado para que éste pueda seguir apoyando a otros que inician. Es como a los niños, los encaminas, les das formación y luego ya caminan solos. Es absurdo decir que es proteccionismo. Un anuario ayuda para entender eso claramente.” El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según el Anuario, registra la evolución económica del país a través del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). En esta medición se incluye la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM), que toma como referencia la definición de cultura de la UNESCO y cuantifica diversos indicadores del sector, como el Producto Interno Bruto (PIB), los puestos y personas ocupadas, el gasto o las remuneraciones. En la CSCM se incluye cine, internet, radio, televisión, videojuegos, propiedad intelectual, comercio y gestión pública relacionada. El PIB del cine en 2020 fue de 6 mil 680 millones de pesos, -70.3% con respecto al año 2019. De 2021 no se incluyen los datos. Producir una película mexicana cuesta alrededor de 13 millones y medio de pesos en promedio, por lo que al cuestionarle a la realizadora de Lola, Danzón y El jardín

E S P E C TÁ CU L O S del Edén, ¿qué tan bajo es ese presupuesto a diferencia de Europa, Estados Unidos e incluso el resto de Latinoamérica?, expresa: “Eso es lo que debemos ir viendo. Y quizás en el próximo anuario se incluya que ahora es un fenómeno muy latente que las grandes plataformas están produciendo cine mexicano, ya no son plataforma nada más de streaming, para poder ver el cine, sino igual están produciendo y reconfigurando el panorama de la producción.” –¿Eso es bueno o malo? –Aún no lo sabemos. Es buenísimo en términos de recuperación económica y creación de empleos después de la pandemia. Está generando escasez de ciertas especialidades de cine, de repente hay rebatinga por vestuaristas y ciertos técnicos, en fin. En el contexto de que se está filmando mucho, es bueno, pero genera otro tipo de cosas y es el momento de empezar a analizarlas y estamos en ello. Estoy pensando todo el tiempo en cómo damos especialización en la diferentes áreas de la cinematografía para que las películas o las series no se detengan. El diálogo entre series y películas, que ya está tratado en la propuesta de iniciativa de Ley del Cine, lo estamos queriendo entender, reflexionar y ordenar para que no se salga del contexto.

Las plataformas como productoras Para esta edición del Anuario se obtuvieron datos de 33 plataformas digitales que operan en México, 10 más que en 2020. Los servicios de streaming mantuvieron la tendencia al alza, en un contexto en que las actividades públicas estuvieron limitadas a consecuencia del coronavirus y proliferaron opciones recreativas en internet. En 2020 algunas plataformas ya existentes empezaron a producir contenidos mexicanos, tal es el caso de HBO MAX, Disney+ y Paramount+. Del total de películas mexicanas nuevas en salas de cine durante el año, 41% estuvo disponible en streaming y 36 filmes tuvieron su lanzamiento en plataformas digitales, como El comediante (Netflix), dirigido por Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio; Matando cabos 2. La máscara del Máscara (Amazon PrimeVideo), de Alejandro Lozano; el documental Esperanza. Las vendedoras de tren (FilminLatino), de Carmen Ramírez, Óscar Flores y José Antonio Ruiz, y La vocera (Netflix), de Luciana Kaplan, que antes se había presentado en un circuito independiente. En la televisión pública hubo mil 698 trasmisiones de títulos mexicanos. En 2021 se registraron 29 obras cinematográficas comunitarias, 14% de ellas

realizadas por mujeres. Los largometrajes representaron 79% de la producción total y 80% fueron documentales. De 2017 a 2021 se contabilizaron un total de 112 largometrajes indígenas/afrodescendientes, lo que representa 12% de las películas producidas en ese periodo. En 2021 se produjo un mayor número de títulos, 31, donde el documental fue el género más empleado. Novaro anexa: “Me encuentro entusiasmada porque el cine mexicano se está enriqueciendo. Será muy fuerte en los próximos años el cine realizado por indígenas y afrodescendientes que son un porcentaje de la población. Son cineastas, hombres y mujeres, espectaculares haciendo unas películas buenísimas, sólo necesitaban oportunidad, más recursos, no un apoyo que fueran tres pesos, también un acompañamiento, un posicionamiento, que nos corresponde hacerlo muy bien.” Sobre que aún hay poca presencia de la mujer en el cine mexicano, narra: “Por mi edad, por mi generación, cuando empecé me tocó rudísimo. Pero en los últimos años hemos consignando un avance considerable en la participación de las mujeres, y el resultado lo he comparado con otras cinematografías, y la de México es de las mejores en ese aspecto, el número de mujeres en el séptimo arte es mucho más baja en Estados Unidos. “Y ahora en México no es para nada lo que me tocó vivir. A mí el sindicato no me dejaba tocar una cámara. Con el Anuario

vemos que estamos avanzando. Y estamos en este diálogo con las políticas del propio Imcine. Todas las convocatorias dan puntos adicionales a los proyectos presentados por mujeres, el proyecto se analiza por el consejo evaluador, que son personas de la comunidad cinematográfica donde hay por igual varones y mujeres, le dan una calificación y además puntos adicionales.” Sin embargo, prepondera: “Que estamos lejos de la igualdad, sí, pero ahí vamos, a ver qué tan rápido seguimos avanzando. En el Imcine mismo la igualdad llegó porque hay más mujeres que hombres, y en los puestos de mando.” Además informa que ahora se les pide a los productores una carta compromiso de que los rodajes, los espacios de filmación y de posproducción sean libres de acoso sexual: “Ya se les da una responsabilidad jurídica que a futuro será muy importante ante ese problema en el medio cinematográfico.” Le preocupa el escaso cine para niños. En el Anuario se detalla: “En los últimos cinco años se registraron 27 películas cuyas narrativas se centra exclusivamente en el público infantil, o bien contienen elementos con los que esta audiencia se siente especialmente identificada. Este cine presentó 3% del total de los 948 largometrajes producidos entre 2017 y 2021.” Ella relata: “Abrimos desde 2021 con Focine, a diferencia de los fideicomisos, una convocatoria específica de cine para que concursen proyectos para niños. En 2021 me parece que entraron tres y este año entraron tres a concurso. “No hay la tradición, no hay la costumbre, en un país con tantos niños y jóvenes. La convocatoria todavía no jala. A Focine entran cintas para niños, pero no se asumen como que son para niños. “Si las puede ver toda la familia, son para niños, pero no se asumen como tales y no concursan en la convocatoria, y podrían ganar más fácilmente porque hay muy pocos proyectos. Estamos construyendo algo muy valioso con la Secretaría de Educación Pública, pero aún no puedo adelantar eso.” Y al final, cierra así: “Como de origen soy socióloga, y siempre me encantaron las estadísticas, empecé a poner como mucha atención para diseñar las convocatorias. Entonces hemos rediseñado el funcionamiento del Eficine para bien porque ahora se ejerce el recurso a totalidad.”

“El comediante”, en plataforma 2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

BEATRIZ PEREYRA

Una de las primeras acciones de Mikel Arriola como presidente de la Liga MX fue la aprobación del Protocolo de Conmoción Cerebral, en mayo de 2021. De entonces a la fecha ha habido 2 mil 569 partidos y en cada uno ha estado un médico listo para evaluar cualquier traumatismo en las canchas. Lo deseable es que en el futuro haya protocolos de investigación en el hospital para hacer estudios a los futbolistas inmediatamente después de haber recibido un golpe en la cabeza.

Protocolo de Conmoción Cerebral

Ganarle

un año de que en el futbol mexicano se implementó el Protocolo de Conmoción Cerebral, 73 de los 787 jugadores evaluados, hombres y mujeres –9.3%– presentaron síntomas de esa lesión después de haber recibido un golpe en la cabeza durante un partido. La Liga MX Femenil y la Sub-17 Femenil son las divisiones que reportan el mayor número de incidencias, con 19 y 18, respectivamente, las cuales representan 50.6% del total de futbolistas diagnosticados con conmoción cerebral. La Liga MX es la siguiente división con más casos: ocho. Después aparecen la categoría Sub-14 Varonil, con siete; la Liga de Expansión, la Sub-18 y la Sub-16, con seis cada una, y la Sub-20, con tres. Estas cifras son resultado de la implementación del Protocolo de Conmoción Cerebral durante los torneos Apertura 2021

a la muerte en la cancha

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y Clausura 2021. En el primero, se hicieron 331 evaluaciones y se confirmaron 29 casos; en el segundo, aumentó el número de revisiones a 456 y 44 jugadores presentaron síntomas. Esto indica que, de un torneo a otro, el número de evaluaciones se incrementó 37.8% y el número de futbolistas, hombres y mujeres, con una conmoción cerebral aumentó 51.78%. Ambas cifras destacan la importancia de que en el futbol mexicano se aplique este protocolo porque indican que ese tipo de lesiones estaban subdiagnosticadas, lo cual ponía en riesgo la salud de los jugadores. Los datos de las conmociones cerebrales en futbolistas mujeres son de llamar la atención, aunque de un torneo a otro en la Liga MX Femenil disminuyeron los casos de 11 a ocho jugadoras (-27.3%). Los golpes en la cabeza sí se incrementaron de 94 a 121, para un total de 215 en los dos torneos. El aumento en este rubro fue de 28.7 por ciento. En el caso de la categoría Sub-17 Femenil el parámetro de la comparación tiene matices, puesto que en el Clausura 2022 se disputó el primer torneo en esta división de reciente creación. En el Apertura 2021 apenas se realizaron siete evaluaciones, y en tres casos se determinó que existía conmoción cerebral. En el Clausura 2022 se llevaron a cabo 57 revisiones después de un golpe en la cabeza y 15 jugadoras menores de edad fueron diagnosticadas con ese tipo de lesión. “Nos llama la atención el femenil porque tiene números más altos de sospecha y de las conmociones que hubo. No todo golpe en la cabeza que es evaluado es una conmoción. El médico especialista lo determina (y si existe, puede ser leve, moderada o grave). El futbol femenil en México ha tenido un desarrollo exponencial en todas las áreas, pero en la cancha todavía tenemos mucho que desarrollar. “Los números sí demuestran que hay un tema que no podemos perder de vista, sobre todo porque las niñas juegan de una manera mucho más franca. Están aprendiendo algunas técnicas, la biomecánica, preparación física; es todo un proceso que está viviendo la liga femenil, como la profesionalización en la cancha, pero debemos tener muchísimo cuidado”, explica Víctor Guevara, director general de Competiciones, Operaciones y Desarrollo de la Liga MX. Un caso muy dramático que se presentó durante el torneo Clausura 2022 es el de la jugadora del Cruz Azul Sub-17 Adriana Ortiz, quien recibió un balonazo en la cara en marzo último, durante el duelo ante FC Juárez, correspondiente a la jornada 12. Tras el golpe, la futbolista se desvaneció en el campo.

Azael Rodriguez / Getty Images

DE PO RTE S

Duván Vergara. Emergencia

El médico del equipo y el especialista la atendieron y tras determinar que Ortiz sufrió una conmoción cerebral, la trasladaron en ambulancia a un hospital en la zona de Acoxpa, en el sur de la Ciudad de México, donde le practicaron exámenes y se quedó internada para una valoración completa.

El caso Toledo Fue en mayo de 2021 cuando la asamblea de presidentes aprobó la implementación del Protocolo de Conmoción Cerebral. Por eso cuando en febrero de ese año la portera del Santos Laguna Wendy Toledo se estrelló en el palo derecho de su marco y cayó al césped, golpeándose la cara, tuvo que seguir jugando. Toledo perdió el conocimiento, pero los integrantes del cuerpo médico del Santos la reanimaron y volvió al juego que su equipo disputaba ante el Atlas, en la cancha de Colomos. Después, el equipo informó en un escueto comunicado que a la guardameta se le realizaron “las pruebas pertinentes y se descartó daño a nivel craneoencefálico”; según la información, sólo tenía un esguince cervical grado 2, cuyo tiempo de recuperación ameritaba entre 10 y 14 días. Las conmociones cerebrales pueden causar la muerte de un futbolista en el momento del golpe o minutos después, pero también puede condicionar deterioros cognitivos, demencia, cambios en el comportamiento e incluso incapacidad laboral. Un traumatismo es un golpe en la cabeza con una rodilla, con la cabeza de otro jugador, con un poste, un balonazo en el rostro o una caída violenta. Si se pierde el estado de

conciencia, como ocurrió con Wendy Toledo, aunque el futbolista reaccione no debe regresar al terreno de juego. Sin embargo, esta disposición comenzó a ser obligatoria apenas hace un año. Antes, los médicos de los equipos eran quienes decidían el regreso de un jugador a la cancha presionados por el cuerpo técnico y la directiva. El Protocolo de Conmoción Cerebral fue una de las primeras acciones que Mikel Arriola comenzó a trabajar en diciembre de 2020, cuando fue nombrado presidente de la Liga MX. Conrado Sandoval, director del Centro de Innovación Tecnológica de la Liga, entró en contacto con el doctor Camilo de la Fuente, director de investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), para solicitarle ayuda. A su vez, De la Fuente le pidió al internista, neurólogo y especialista en terapia endovascular Alonso Gutiérrez que se reunieran los tres para sentar las bases del protocolo. La primera decisión importante que se tomó fue que los responsables de aplicarlo deberían ser médicos externos, especialistas en neurología o neurocirugía, que no tuvieran ningún conflicto de interés para poder decidir libremente cuando un jugador ya no deba continuar en un partido, sin tener encima la presión de su equipo por perder a un futbolista en un momento importante del juego. Así, se formó un grupo de 80 especialistas, entre dos y tres por cada una de las ciudades donde hay un equipo de futbol, para que estuvieran en los partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expan2379 / 5 DE JUNIO DE 2022

D E P ORT E S

Las valoraciones Durante un partido, el médico especialista se encuentra a nivel de cancha, cerca de los paramédicos, en espera de la señal del árbitro que le permita entrar al campo a valorar al jugador o jugadores que hayan recibido un golpe en la cabeza. La revisión consiste en aplicar una herramienta para evaluar las conmociones cerebrales en deportistas, la SCAT 5 (Sport Concussion Assessment Tool) en máximo tres minutos. El médico hace cinco preguntas: ¿en qué estadio estás?, ¿contra quién estás jugando?, ¿cuál fue el resultado del partido pasado?, ¿cómo va el marcador? y ¿quién anotó el ultimo gol? Si responde mal alguna, el médico informa al árbitro que debe continuar revisando al jugador fuera de la cancha porque son respuestas que debería poder contestar. También se revisan los movimientos oculares. “Hasta donde yo sé, nadie ha tenido un deterioro posterior, a pesar de las conmociones que se clasificaron como graves. Habría que ver un poco más a largo plazo cómo van. Lo ideal sería que los jugadores que fueron clasificados con traumatismo (golpe) o conmoción grave estuvieran siendo evaluados y dar seguimiento con diferentes parámetros, entre ellos pruebas neuropsicológicas, para ver que no ocasione a la larga efectos deletéreos”, dice el doctor Alonso Gutiérrez. Víctor Guevara refiere que durante un partido son los neurólogos o neurocirujanos los únicos que pueden decidir si un jugador es apto para seguir jugando y que su decisión debe ser respetada por los futbolistas, los cuerpos técnicos, las directivas y el árbitro. El directivo recuerda que, en diciembre pasado, por acuerdo de asamblea, la Liga MX extendió a los partidos internacionales el seguimiento de los futbolistas que en los torneos locales sufran una conmoción cerebral. Relata el caso del colombia-

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no Duván Vergara del Monterrey, quien en el partido entre Rayados y Necaxa abandonó el campo tras recibir un severo golpe en la parte posterior de la cabeza con la rodilla de Rodrigo Aguirre, en un duelo de la jornada 15 del Apertura 2021. Este partido se llevó a cabo el sábado 23 de octubre y el jueves siguiente los Rayados jugarían la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, ante el América. Como al delantero se le diagnosticó conmoción cerebral y fue trasladado a un hospital, el Protocolo de la Liga MX indica que deben pasar siete días antes de que el futbolista se reincorpore gradualmente a los entrenamientos. “No se cumplían los días en este caso y Rayados de Monterrey respetó el protocolo, aun cuando por norma la Concacaf no le impedía jugar. Rayados dijo: ‘Lo importante es la integridad del jugador, más allá de si es una competición nacional o internacional’ y se respetó el protocolo”, destaca Guevara.

Lo que falta Por su parte, el doctor Gutiérrez dice que el trato del medio futbolístico a los médicos especialistas ha sido bueno, existe gran cordialidad con los directivos de la Liga MX a quienes entregan una cédula después de cada partido con los detalles de lo ocurrido, si hubo algún golpe en la cabeza y la revisión correspondiente, pero no deja de destacar algunos detalles que considera importantes. Uno de ellos es que durante un juego en Guadalajara los médicos de Toluca acusaron de “localista” al neurólogo que determinó la salida de un jugador de ese equipo. De igual manera, cuando en la semifinal entre León y Tigres, en el Apertura 2021, André-Pierre Gignac se impuso al doctor Armando Ruiz cuando éste soliciTwitter

sión. Se les asignó un sueldo de 3 mil pesos por las tres horas que tomarán de su tiempo para trabajar en un partido, cantidad que cubre la Liga MX y que fue calculado en lo que aproximadamente cobran a sus pacientes por hora de consulta. Para cubrir el resto de las categorías inferiores, siete médicos del INNN impartieron un curso, presencial y en línea, para capacitar a los 145 doctores de todos los clubes. Tuvieron que aprender desde lo más básico –qué es una conmoción cerebral y cómo se detecta– hasta saber cómo actuar en el terreno de juego y si el jugador amerita traslado a una sala de urgencias para que le realicen una tomografía o resonancia magnética.

Víctor Guevara. Por la integridad del jugador

tó que el zaguero Juan José Sánchez Purata saliera de la cancha para ser revisado después de un choque de cabezas con Diego Reyes en un intento por despejar el balón. El francés se convirtió en tendencia de Twitter por la manera como increpó al médico, pues la jugada siguiente era un tiro de esquina y Tigres se quedaría sólo con 10 hombres en la cancha. Recientemente, en la liguilla del Clausura 2022 durante el encuentro Cruz AzulTigres, el arquero celeste Sebastián Jurado recibió un rodillazo en la cara de parte de Juan Pablo Vigón, que lo dejó unos minutos tendido en el pasto. Pese al golpe, continuó en el encuentro. “El portero sufrió un traumatismo, se sentía mareado. El neurólogo sugirió que saliera. Y el árbitro fue el que dijo: ‘No, dale chance; aguántalo’. Ya no lo sacaron. Ha sido fácil, la verdad, aunque la queja mayor (de los especialistas) es cuando hay presión del árbitro o el médico del equipo dice que puede seguir el jugador. “Nosotros no somos autoridad, solamente sugerimos lo que se tiene que hacer, pero nos pueden decir: ‘No, gracias’. La queja de ellos es justamente que dicen: ‘Doy mi diagnóstico, mi evaluación y me dicen no’. Si el neurólogo o el neurocirujano, dice: ‘No puede seguir’, es no puede seguir”, refiere el doctor Gutiérrez. El médico adscrito a la dirección de investigación de INNN celebra que exista el Protocolo de Conmoción Cerebral y recomienda que cada determinado tiempo se hagan evaluaciones para mejorarlo, lo deseable es diseñar protocolos de investigación en el hospital para hacerles estudios a los futbolistas de los clubes que jueguen en la Ciudad de México inmediatamente después de haber recibido un golpe en la cabeza. Víctor Guevara explica que antes de echar a andar el Protocolo de Conmoción Cerebral, la Liga MX, con la ayuda del INNN, realizó 3 mil 626 pruebas a todos los jugadores para tener un perfil cognitivo, un marco de referencia sobre los patrones que podrían existir como consecuencia de las conmociones por un golpe en la cabeza y a las cuales no se les dio seguimiento porque el protocolo no existía. De acuerdo con el directivo, no se encontró nada anormal. “Nos dio la oportunidad de saber cuál era la situación de todo el futbol mexicano. Cada miércoles tenemos una reunión con todos los médicos especialistas para ver qué pasó en la jornada, ver algunas situaciones que se presentaron y cómo se abordaron para tener una retroalimentación.” En las ocho divisiones que integran el futbol mexicano se disputaron durante los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022 un total de 2 mil 569 partidos. En todos al menos estuvo un médico listo para evaluar cualquier traumatismo.

Cortesía Selección Mexicana de Talla Chica

Casta de campeones

Selección de Futbol Talla Baja

Pasos cortos, pisadas

fuertes… y mucha pasión Contra la discriminación y la falta de apoyo, subsidios y patrocinio, la Selección Mexicana de Futbol Talla Baja y sus técnicos lograron reunir fondos suficientes para viajar a Lima y participar en la Copa América Perú 2022; se trajeron la medalla de bronce. Tras meses de arduo entrenamiento, los jugadores de esa categoría demostraron su pasión por México y por el deporte. Su orgullo, dicen, es visibilizar a los deportistas que padecen enanismo. Y lo están haciendo con pisada fuerte.

RICARDO OLÍN istiendo una playera similar a la que la Selección de México utilizó en la Copa Mundial de futbol Francia 1998, aquella con el calendario azteca, la Selección Mexicana de Futbol Talla Baja conquistó la medalla de bronce en la Copa América Perú 2022. Para asistir a la competencia oficial por primera vez, los jugadores y el cuerpo técnico del combinado nacional debieron costear sus propios vuelos y viáticos, pues no hay en México una liga profesional de futbol de talla baja organizada, tampoco a escala amateur, por lo que la selección no está federada y ningún organismo público está obligado a subvencionarla. Pese a las adversidades, los jugadores buscaron opciones para cumplir el sueño de representar a México: organizaron rifas, vendieron tazas y gorras, incluso lograron el apoyo de algunas empresas. El propósito era participar en la competencia internacional. En el camino se enfrentaron a la discriminación estructural con la que las personas con discapacidad se confrontan, un problema poco visible dentro de la sociedad mexicana. Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Futbol ni el Comité Paralímpico Mexicano han promovi-

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Cortesía Selección Mexicana de Talla Chica

Vázquez Popoca. Entrenador singular

do la creación de una liga de personas de talla baja. De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, una persona de talla baja es quien tiene una displasia ósea, condición que inhibe el crecimiento de sus huesos, por lo que la máxima estatura es de metro y medio; en México el promedio va de 0.81 a 1.34 metros. Por lo general los futbolistas que integran la selección juegan en ligas llaneras o en escuelas donde interactúan con personas de talla promedio. A partir de que se unieron en el combinado nacional pudieron realmente competir con personas de su misma condición. Emiliano López, lateral derecho, de 21 años, relata a Proceso que jugaba en Pumitas cuando cursaba la secundaria. En una ocasión le preguntaron qué era más adecuado para él: ¿jugar con chicos de su misma estatura o con otros más jóvenes que tuvieran la misma talla? Emi, como prefiere que lo llamen, pidió jugar con personas de su misma edad, sin importar la diferencia de estatura; él sólo quería sentirse cómodo, dice. Su sueño de llegar a jugar como profesional se fue diluyendo cuando se dio cuenta de que su estatura y la de las personas de talla promedio iba a representar un factor determinante en la cancha.

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Los primeros pasos La Fundación de Gran Gente Pequeña de México fue la encargada de promover la creación de una selección de talla baja, pues se dieron cuenta de que el futbol era una de las actividades deportivas más practicadas entre ellos. Las visorías para captar jugadores se realizaron los días 1, 2 y 3 de febrero de 2020 en el deportivo Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Acudieron 32 aspirantes de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Sonora, Yucatán, Puebla, Oaxaca y Guanajuato. Fueron elegidos 20 jugadores, y 14 de ellos quedaron en el primer equipo; los seis restantes quedaron como reservas. El reto era competir por primera vez en un torneo de futbol internacional de talla baja: la Copa América, programada para noviembre de 2020 pero que por la pandemia debió reprogramarse para mayo de 2022. La competición está avalada por la Federación Internacional de Futbol de Talla Baja (FIFTB) y su primera edición se jugó en Buenos Aires, Argentina, en 2018. La selección de Paraguay fue la ganadora. El cuerpo técnico de la Selección Mexicana quedó completo en octubre de 2021: Miguel Ángel Vázquez Popoca, entrenador; Luis Benjamín García Velasco, ortopedista y coordinador del área médica; Catalina Userralde Soto, fisioterapeuta, y Úrsula de la Merced García Rojas, nutrióloga, quienes no cobran por su labor con la selección. A partir de entonces se inició de manera formal la preparación rumbo a la Copa América de Lima. Como los seleccionados viven en diferentes estados, la organización fue difícil. Cada uno debió costear su viaje y su hospedaje. Entre octubre de 2021 y mayo de 2022 la Selección intentó concentrarse viernes, sábados y domingos. En ocasiones algunos no podían asistir por falta de dinero o porque les negaban permiso en su trabajo. Se buscó apoyo entre autoridades y empresas para garantizar las concentraciones. En La Marquesa un amigo del director técnico del seleccionado les cobró por debajo del precio regular; en Toluca, la Secretaría de Cultura Física y Deporte prestó las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Metepec. Michel Romero, uno de los seleccionados, contactó con la empresa TYASA para concentrarse en Veracruz; la siderúrgica incluso pagó viaje y hospedaje de los seleccionados. Romero también consiguió que la directiva del Atlético de San Luis les prestara el Estadio Alfonso Lastras para entrenar; el viaje y hospedaje lo costeó el grupo acerero. Otro jugador de talla baja, Ismael Quintero, quien trabaja como coordinador de Comunicación Social en el Instituto Chia-

paneco del Deporte, logró que el organismo les permitiera concentrarse en Tapachula. Y fue en esa ciudad donde Quintero y sus compañeros se enfrentaron por primera vez a un combinado de talla baja, el de Guatemala. El encuentro fue en el Parque El Cerrito, en abril pasado.

Observaciones médicas Hasta antes de ese partido, la Selección Mexicana Talla Baja sólo había tenido encuentros amistosos con equipos de futbol para ciegos, sordos o jugadores con síndrome de Down y amputados. Ello se debe a que en México no existen equipos organizados de personas de talla baja. De acuerdo con el doctor Benjamín García, las personas de talla baja no pueden someterse al mismo entrenamiento que la gente promedio; hay diferencias que deben tomarse en cuenta. Explica: “Las proporciones son distintas, así como la biomecánica de sus articulaciones. Por ejemplo, ellos corren girando la carrera la mayor parte del tiempo, sus muslos son muy cortos, por lo que les resulta difícil correr o mantenerse en constante movimiento durante un tiempo prolongado”. Cuando se logra eficientar ese factor, dice, el rendimiento mejora notablemente en la cancha; eso se ve reflejado en el aumento de su capacidad aeróbica y en su desempeño biomecánico. Esto último se nota en la manera en que corren, pues lo hacen como una persona convencional. El entrenador Vázquez Popoca es fisioterapeuta e instructor de gimnasio. Junto con el doctor García y la fisioterapeuta Userralde Soto, sometió a los seleccionados a ejercicios de fortalecimiento sin que les provocaran ningún daño. De acuerdo con el doctor, las personas de talla baja sufren constantemente de dolor en la columna, así como un temprano desgaste articular, lo que propicia problemas de movilidad. El entrenador hace sesiones de entrenamiento vía Zoom con los jugadores y les envía por WhatsApp material con ejercicios personalizados; y ellos deben enviarle videos sobre cómo los practican. Por lo que atañe a la fisioterapia, en cada concentración los especialistas revisan a todos los jugadores para detectar cómo está respondiendo su cuerpo y atender alguna lesión. Si alguno de los seleccionados requiere atención, aunque no sea concentración, debe desplazarse a Toluca, donde están los consultorios del doctor y la fisioterapeuta. Úrsula García explica que, “debido a sus alteraciones genéticas, las personas de talla baja son propensas a subir de peso”, por lo que revisan a los jugadores por me-

DE P O RT E S dio de sesiones en Zoom, y les indica cómo controlar su peso; eso les ayuda, dice, a evitar el desgaste articular propio de su condición y les permite tener un mejor rendimiento dentro de la cancha. Benjamín García es tajante: todos los protocolos buscan evitar algo que resulta común al momento de hablar de personas de talla baja: una cirugía de columna, la cual implica una larga recuperación y no siempre con los resultados esperados. De ahí su esmero y el de sus colaboradores para evitar el quirófano. E insiste: “El objetivo de este trabajo integral no es convertirlos en atletas de alto rendimiento, sino ayudar a mejorar su vida y su inclusión en la cotidianidad”. El jugador mexiquense Jesús Antonio Vázquez Ramírez, Toñito, y Emi sostienen que a partir del proceso de preparación con la selección dejaron de tener dolor en las articulaciones. Los entrenamientos, aseguran, les permiten correr de mejor manera, ya no se cansan cuando caminan largas distancias; lo mejor, están cercanos al peso ideal según su estatura.

Jugar en Lima Los seleccionados y el cuerpo técnico admiten que, más allá de las concentraciones y los ejercicios, les preocupó cómo iban a costear el viaje a Lima. Guillermo López comenta que él asumió los gastos con ayuda de familiares y amigos. “La ilusión y las ganas de representar a mi país son un sueño que tuve desde niño, así que cuando se presentó la oportunidad de hacerlo no dudé, aunque eso implicara un gran sacrificio”, confiesa. Durante la semana, él hace fletes y mudanzas, también suele vender artículos de temporada, sobre todo en algunas fechas festivas. Además, viernes y sábados por la noche Guillermo y Toñito son animadores en un bar. Fue gracias a los préstamos y rifas como Guillermo pudo comprar los boletos para él, su esposa y su hija y viajar a Perú. Emi vendió tazas personalizadas y recibió apoyo de familiares y amigos. Al final, la organización de la FIFTB costeó el hospedaje y los alimentos de los seleccionados. La Copa América Perú 2022 incluyó 11 selecciones: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos-Canadá, Guatemala, Marruecos, México, Paraguay y Perú. La Selección Mexicana enfrentó su primer certamen internacional y lo hizo, también por primera vez, en una cancha de futbol sala, tal y como lo marca la reglamentación de la FIFTB. Los futbolistas mexicanos admiten que durante su preparación jugaron en canchas de futbol rápido o de futbol 7 debido a la falta de apoyo.

Al final también se enfrentaron a las normas de la FIFTB, según las cuales la altura máxima de jugadores debe ser 1.40 m, con excepciones de dos futbolistas de hasta 1.49 m, y contar con documentación respaldada por un médico genetista que determine la displasia ósea o esquelética. En la cancha sólo debe haber siete jugadores por equipo, el cuerpo técnico debe incluir un médico o un kinesiólogo, el balón debe ser del número cuatro, el número de cambios es ilimitado, el partido se divide en dos tiempos de 20 minutos cada uno con un descanso de 10 minutos. Pese a que la selección jamás entrenó sobre una cancha de futbol sala, conforme fue avanzando el torneo el combinado nacional fue pisando el terreno con mayor fuerza. “En el primer partido que jugamos en la Copa América, que fue contra Argentina, entré de cambio en el segundo tiempo y logré meter el primer gol de México en una competencia oficial. Lo primero que hice fue voltear hacia donde estaban mi esposa y mi hija, se los dediqué, porque si no me he dado por vencido es por ellas, por todo ese apoyo y amor que no se cansan de darme”, comenta Guillermo. La selección cayó en su primer partido 5-1 ante Argentina; la albiceleste es el primer combinado a nivel mundial de esta especialidad. México venció 4-0 a Ecuador; en cuartos de final ganó 2-0 a Estados Unidos-Canadá; en semifinales cayó 7-0 ante Argentina, y terminó por imponerse 4-2 a Bolivia para llevarse el bronce. Guillermo, quien además de sus múltiples trabajos participa como extra en producciones televisivas –también actuó como el luchador Espectrito en la película de 2015 La calle de la amargura, dirigida por Arturo Ripstein–, explica que a sus 43 años aún no pretende retirarse del futbol, mucho menos de la Selección. “Queremos encontrarnos con personas que quieran trabajar con nosotros y no quieran llevarse el crédito, esto es una labor de equipo.” Toñito, de 19 años, quiere estudiar comunicación. Comenta que a partir del futbol ha encontrado un aliciente para combatir la discriminación contra cualquier persona con discapacidad. Su sueño es jugar algún Mundial de la especialidad. Y Emi estudia el sexto semestre de ingeniería industrial en el IPN. Dice que haber ido a la Copa América implicó dar mayor visibilidad a las personas con discapacidad, así como a aquellas con su misma condición que han recibido burlas.

Asegura que él y sus compañeros representan a las generaciones que vienen detrás de ellos. “Nosotros no tuvimos un mundo mejor, pero sí podemos hacerlo para otras personas. Y es importante saber que nadie está exento de tener o adquirir alguna discapacidad, por lo que es importante tener empatía y sensibilidad”. De acuerdo con Benjamín García, 80% de los jugadores de la Selección tiene acondroplasia, la forma más común de enanismo. Según la Copred, se calcula que hay alrededor de 11 mil personas de talla baja en México, pero como ese grupo no está considerado en el Censo de Población y Vivienda del Inegi, se desconoce la cifra exacta. Pese a ello, los deportistas de talla baja van ganando visibilidad. La maestra colombiana Karina Rojas, quien tiene esa condición y cuyo activismo sobre el tema es reconocido internacionalmente, asegura que las personas con enanismo van con “pasos cortos, pero con pisadas fuertes”. O

Emiliano López. Sin inhibiciones

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PAL ABRA D E L EC T O R Sobre “Balas de la Sedena en ejecuciones del crimen organizado” Señor director:

n su edición de fecha 20 de abril de 2022 la revista que usted dirige publicó en su página oficial un artículo de la autoría de Luciano Campos Garza, intitulada Balas de la Sedena en ejecuciones del crimen organizado, el cual, entre otras cosas, a la letra dice: “En uno de cada cinco homicidios en México se ha descubierto el uso de cartuchos fabricados en el país que únicamente maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, reveló el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.” Siendo que en realidad lo manifestado por el suscrito fue: “…Nunca hemos visto el tema de los cartuchos, cuántos son mexicanos, cuántos son extranjeros, eso no se mide, de dónde salen los cartuchos mexicanos, nomás hay una fábrica, en México, una sola, y todos los cartuchos son regulados y controlados por Sedena, y la mitad de los homicidios son con cartuchos mexicanos…” Por lo anteriormente expuesto me permito solicitar se realicen las acciones pertinentes a fin de modificar el encabezado y el contenido de la nota o artículo aludido y, en consecuencia, hacer la aclaración correspondiente en un formato similar al de la publicación de origen. Asimismo me permito adjuntar un disco compacto (CD) con la grabación de la entrevista; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atentamente, Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad de Nuevo León

Respuesta del corresponsal Señor director:

ara la redacción de la nota sobre la entrevista al secretario Fasci utilicé el recurso periodístico de las citas indirectas, sin desvirtuar en ningún punto de la misma el sentido de los señalamientos que hizo. Así se refiere textualmente en una declaración que hace en la misma entrevista, y que quedó escrito de esta forma: “En entrevista, el funcionario explicó que, si

se toman en cuenta todos los delitos del fuero común y federal, en la mitad de ellos fueron utilizadas las municiones hechas en México. Y eso nadie lo mide. Si quitas el crimen común, los del crimen organizado usaron como un veintitantos por ciento. Es bastante. Imagínate lo que se puede reducir. Es un gran número”. No hubo intención alguna de alterar los dichos del entrevistado. La misma grabación que el funcionario ofrece como prueba respalda lo que se escribe en la nota. Atentamente, Luciano Campos Garza

En torno a “La anticultura belicista” Señor director:

n un país donde se discute a rabiar sobre los temas más baladíes impuestos cada mañana, pero sin prácticamente tocar uno: la perspectiva preocupante de una tercera guerra mundial debido al conflicto en Ucrania, es positivo encontrar en Proceso el ensayo en dos entregas La anticultura belicista, de Jorge Sánchez Cordero. Sin embargo, pienso que hubiera sido mejor ocuparse de la “cultura antibelicista”; más aún, de su declive o ausencia en contraste con los años ochenta, pero dejo eso de lado. Es lamentable el desperdicio de espacio para tratar sobre el problema concreto del trasfondo de la “anticultura belicista” en el momento actual: la guerra Rusia-Ucrania, en el marco de definición del nuevo orden mundial que disputan Estados Unidos (la OTAN) y Rusia en Europa. Cuanto más si leemos el despacho de Anne Marie Mergier Fiebre de oro para el mercado de las armas, en ese mismo número de Proceso. En el ensayo de Sánchez Cordero, no se encuentra una mención explícita sobre el conflicto en Ucrania. Mucho menos una referencia al tema de los intereses económicos y estratégicos relativos a esa guerra en concreto. Eso es, al menos, lamentable. Atentamente, Miguel A. Padilla Acosta

Respuesta del ensayista Señor director:

e agradezco al lector Miguel A. Padilla Acosta sus comentarios. Sin embargo, no los comparto; el ensayo debe ser entendido en la perspectiva cultural. Los análisis de índole político tienen otro espacio en Proceso y su racionalidad es diferente. Europa históricamente ha tenido una larga tradición bélica, de la que he dado cuenta, pero no solamente en ese continente la humanidad ha presenciado con estupefacción el recurso

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bélico para dirimir controversias en pleno siglo XXI. Los protagonistas bélicos consideran a la cultura de la paz como una anticultura; de ahí la elección del título. Los ensayos publicados son, en esa forma, omnicomprensivos; sería una seria limitante acotarlos a estos últimos acontecimientos. La perturbación cultural en los eventos castrenses del siglo XXI ha sido enorme y cuya profundidad aún está por determinarse. Esta es una perspectiva que no debe y no puede soslayarse. Todos los perpetradores de la alteración cultural mediante el recurso de la fuerza merecen la sentencia damnatio memoriae. Atentamente, Jorge Sánchez Cordero

Denuncian otro riesgo de colisión en el AICM Señor director:

a agrupación musical Yeos, así como su representante, Rita Camarena, y Salvador Yeos, líder de la misma, queremos denunciar públicamente que es falso que el vuelo VO1799 es el que estuvo a punto de colisionar con otra aeronave que estaba en la misma pista; ese no es el que se muestra en los medios de comunicación por un video que salió a la luz pública. Nosotros somos los que vivimos esa experiencia, la cual fue verdaderamente aterradora. Tenemos pruebas contundentes de lo sucedido y de que este vuelo que se ha venido manejando, como vuelo VO1799 no es el que estuvo a punto de chocar. En realidad, se trata del vuelo Y4812 de Volaris, que es donde veníamos nosotros. Nuestras pruebas consisten en mensajes de voz y de texto que todos los miembros de la agrupación hicimos con nuestros familiares y conocidos, y que los tiempos de estas pruebas coinciden con la hora exacta en la que bajamos del avión donde hablamos del aterrador incidente. Inclusive tenemos videos de que hicimos mención del incidente en nuestra rueda de prensa del viernes 6 de mayo a las 12:30 del día, en el hotel Sevilla Palace. Ahora bien, en caso de que fuese verdadera la información del número de vuelo que se maneja en los medios, entonces declaramos que también nosotros pasamos por lo mismo, siendo aún más delicada la situación de lo que imaginamos, pues esto quiere decir que no fue un solo vuelo, sino dos los que pasamos por lo mismo en una sola noche, y que esto aumenta a 200% el riesgo de que haya un accidente fatal; y que por esta situación se está poniendo en riesgo extremo la vida de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Atentamente, Yeos, Salvador Yeos y Rita Camarena

José Antonio Rodríguez

La última y nos vamos

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Proceso - 05 Junio 2022

Articles inside

Selección de Futbol Talla Baja: Pasos cortos pisadas fuertes... y mucha pasión

PALABRA DE LECTOR

Revivir las pensiones expresidenciales?

Tamaulipas: Huachicoleo y trata de personas en la cuna del Cártel del Golfo /Luciano Campos Garza

Coahuila: Presión estadunidense por la inseguridad en el último año del gobierno

Chihuahua: Cárteles controlan el tráfico de migrantes en desierto fronterizo

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COLOMBIA Rodolfo Hernández: Un candidato multimillonario (inspirado en AMLO) que genera muchas dudas /Rafael Croda