Tránsito migrante y tráfico de personas en México

Agustín Basave

AMLO: el desvanecimiento del Estado

El populismo no es estatista. Ni siquiera los adalides de izquierda procuran reforzar al Estado, porque eso significaría acotarse a sí mismos: las instituciones presuponen normas, tienen cauces, imponen límites. El líder populista obtiene su fuerza de la vinculación directa con la gente y por ello recela de todo tipo de intermediación. Ve las estructuras estatales, en particular las que no puede manejar a su antojo, como un obstáculo a su liderazgo. Su apelación a la democracia participativa es el reflejo de su aversión a la existencia de otros representantes políticos, al fin y al cabo intermediarios. No es que rechace la representatividad, es que desea detentar su monopolio. De ahí su predilección por el gobierno plebiscitario: mientras él posea la exclusividad de la interpretación, en tanto sea el exégeta de la voluntad popular, optará por preguntarle a los gobernados qué debe hacer. En tal circunstancia, la respuesta será siempre la que él quiere.

Para el populismo, pues, el Estado es en buena medida un estorbo. Si desconfía del aparato burocrático del Ejecutivo, especialmente ahí donde hay servicio civil de carrera, con más razón ve al Legislativo como un rival que le resta representación y al Judicial como un impostor que pretende contrapesarlo. El gobernante populista se proclama conductor de una gesta histórica, que enfrenta intereses muy poderosos y exige ampliar su discrecionalidad. Es él y nadie más quien representa a la población, que es la que manda y sabe. No debe extrañarnos que además de acaparar el poder pretenda validar la información y a veces hasta el conocimiento. Las élites son el enemigo (su aliado contra el elitismo suelen ser las redes sociales). Las cúpulas representan al establishment, al statu quo, y engañan al ciudadano de a pie. Solo él posee la verdad, porque solo él entiende al pueblo.

Uno de los comunes denominadores del populismo es su antiestatismo. Tomemos el peculiar ejemplo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en varios sentidos incatalogable. Detesta la intermediación. En sus primeras decisiones eliminó el financiamiento a estancias y guarderías manejadas por organizaciones de la sociedad civil, argumentando que es mejor que el gobierno diera el dinero directamente a las madres. Hubo quienes dijeron que lo hacía por ser estatista. Luego arremetió contra los fideicomisos y se adueñó del fondo minero, que beneficiaba a los municipios en los que la minería es actividad primordial, y declaró que ese dinero iría directamente a los habitantes de esas municipalidades. Hubo quienes dijeron que lo hacía por ser centralista. Recientemente canceló las escuelas de tiempo completo y anunció que el dinero que se ahorraría se lo entregaría directamente a las mamás y los papás de los niños. Ya no hubo quien dijera que su resorte primario es el estatismo o el centralismo. Ha quedado claro que lo que lo mueve es el afán de concentrar el poder no en la cosa pública o en la Federación sino en su persona. No quiere un Estado fuerte, al contrario; quiere un liderazgo providencial por encima de la institucionalidad (creo que nos equivocamos al calificar su política energética como estatista: es “gobiernista”).

AMLO quiere borrar de México los organismos autónomos. Como en los otros casos que menciono, en este también justifica su decisión en el dispendio y la corrupción existentes. No propone reformarlos, depurarlos ni fusionarlos; anhela desaparecerlos de un plumazo. Son estructuras estatales y por tanto estorbosas, no le permiten decidir todo y menos hacerlo como le gusta, casuísticamente y a discreción. Peor aún, son reductos tecnocráticos, guaridas de neoliberales que sabotean su transformación. Y es que el Estado no es más que el garante de los intereses de los conservadores. El Estado, en última instancia, se ha de desvanecer. No es Marx, es Friedman. No es la sociedad sin clases, es el negative income tax, la transferencia directa y en efectivo a los individuos. Con un plus clientelar: la ayuda no viene del jefe de las instituciones nacionales sino de la encarnación misma de la nación, como sentenciaron algunos senadores en su penoso manifiesto, ese que tanto lo complació. ¿A alguien le queda duda de que AMLO, con todas sus contradicciones ideológicas, es populista y como tal es antiestatista?

Le disgustan los equilibrios democráticos. Acepta cualquier instancia “independiente” siempre y cuando esté dirigida por un “liberal”, es decir, por un partidario de la 4T o una persona obediente a sus designios. Por eso, por su obediencia, AMLO asigna tantas tareas a las Fuerzas Armadas. Varias veces ha confesado que no ha podido darles más porque no se dan abasto. Si por él fuera les daría toda la administración pública, pues además de leales operan sin asomos de horizontalidad y no tienen ambiciones electorales. Quizá sea esa, la que representan los militares mexicanos, la única institucionalidad que valora, y su aprecio puede emanar justamente de la distancia que han guardado de la política desde 1946. No le compiten, no aspiran al poder. Además, considera a los soldados como pueblo uniformado, y en consecuencia como parte de su base social (a diferencia de la burocracia clasemediera). No sólo es su comandante supremo: es su intérprete.

No imagino a AMLO alegando “el Estado soy yo”. Ni falta que hace: además de la nación, él encarna al pueblo y a la patria, según dice Morena con el aval de su adalid. En semejantes condiciones, ¿quién necesita al Estado?

Ernesto Villanueva

IVAI-Veracruz, ajuste de cuentas

El derecho a saber, la protección de datos personales y la creación de archivos para tener una memoria histórica han dado pasos hacia atrás por razones multifactoriales que serán objeto de un análisis posterior, pero las resistencias a la transparencia han llegado al extremo en Veracruz donde Yolli García Álvarez, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) se encuentra no sólo privada de su libertad, sin razones jurídicas atendibles para ello, sino que es víctima de violencia de género y un trato que no respeta el más básico de los derechos humanos.

Veamos.

Primero. Tanto en el ámbito federal como en los estados, las personas que integran los plenos de los organismos garantes son resultado del acuerdo de cuotas partidistas. Lo importante es que el comisionado o la comisionada en funciones ejerza su autonomía de criterio y se sujete sólo a la Constitución y a las leyes. Es el caso de la excomisionada, a quien sus detractores la acusan de haber sido designada en su encargo por el exgobernador Javier Duarte. El punto central que debe evaluarse no es por quién llega alguien a un cargo, sino cómo se conduce en la función pública. Los resultados de la gestión durante el periodo en el que estuvo García Álvarez indican que la mayor parte de las resoluciones fueron a favor de los solicitantes de información y se adoptaron criterios a la luz del principio pro-persona y la interpretación conforme prevista en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía la protección de los gobernados al obligar a las autoridades a aplicar la norma que le sea más favorable.

Con el nuevo gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, Yolli junto con sus dos compañeros comisionados tuvieron la osadía de hacer cumplir la ley al eliminar, a vía de ejemplo, reservas hechas por el gobierno de Veracruz para no entregar información que es pública y no se encuentra en los supuestos de excepción de la ley.

Segundo. Un diferendo interpretativo sobre la naturaleza jurídica del Órgano Interno de Control (OIC) del IVAI y sus integrantes escaló rápidamente y se tradujo en una estrategia mediática y jurídica para posicionar el mensaje de que Yolli era corrupta y que había nombrado a servidores públicos del OIC del IVAI sin atribuciones para ello.

Al revisar las supuestas responsabilidades en que habría incurrido la ahora expresidenta del IVAI es de advertirse que no se actualizan las hipótesis normativas de los tipos penales utilizados en perjuicio de esta servidora pública, quien ha mantenido prestigio de mujer proba como le consta a la comunidad dedicada a la transparencia. Las supuestas evidencias presentadas contra la excomisionada no llegan ni siquiera a indicios razonables de la comisión de delito alguno.

Una de las conductas que se le atribuyen a ella fue que había una discrepancia entre sus bienes inmuebles y sus declaraciones de modificaciones a su situación patrimonial, obviando que en la declaración inicial había indicado sus propiedades y no en las declaraciones de modificación simple y sencillamente porque esos bienes no sufrieron cambio alguno. Ese dato duro se filtró con sesgos con el propósito de crear las condiciones en la opinión pública para una acción penal que se concretó al ser detenida por los delitos de abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido del servicio público, en marzo de 2020, en un caso que no es grave y, por ende, no se prevé la prisión preventiva oficiosa, pero la fiscalía logró que un juez ordenara esa medida cautelar sin haber fundado y motivado la racionalidad de semejante resolución. Y, ¿casualmente?, el fiscal encargado de la carpeta de investigación contra Yolli fue ungido como comisionado del IVAI, acaso como bono de éxito por méritos en campaña.

Tercero. Si bien la denuncia era contra quien resultara responsable (en este caso los tres comisionados) de haber nombrado a unos servidores públicos adscritos al OIC, el juez de la causa, Gregorio Esteban Noriega Velasco, obsequió la orden de aprehensión sólo contra Yolli, aunque es claro que ella en lo personal no hizo nombramiento alguno, sino que fue el pleno que está integrado, como ya se anotó, por los tres comisionados. Por si hubiera duda alguna de que Yolli se ha conducido conforme a derecho, no se consideró que el propio titular del OIC sometió al pleno los nombres de los fun-