El Estado abandona a las adolescentes

minutos de Cuernavaca. Allí comenzó a padecer la violencia obstétrica. Todas las enfermeras y los doctores la regañaban y pronto llegó la revictimización: “No te quejes, así hubieras hecho cuando le abriste las piernas”, le dijo una enfermera.

“Ustedes, escuinclas, ni siquiera saben lavarse los calzones, pero bien que andan ahí acostándose con el novio”, le dijo una doctora mientras le realizaba un procedimiento que no entendía bien, en la piel del brazo y la espalda. Unas horas después la dieron de alta y se fue a su casa, sin saber siquiera el nombre de la doctora que la maltrató.

Días después comenzó a sentir malestares en todo el cuerpo. Su tía la llevó con un médico, quien escuchó lo que había vivido Guadalupe en el hospital y sobre los “procedimientos” que le hicieron en la piel. El médico sospechó y comenzó a revisar-

ELESTADO ABANDONA

ALASADOLESCENTES

Embarazos tempranos, anticoncepción forzada y violencia obstétrica son algunas de las prácticas “normalizadas” en las familias y en las instituciones de salud mexicanas contra niñas y adolescentes, quienes carecen de educación sexual y de garantías para sus derechos. Datos oficiales y estudios especializados coinciden en que esa vulnerabilidad de las adolescentes es consecuencia del abandono del Estado, especialmente en lo que va de la presente administración.

la, encontró que le habían puesto un implante hormonal subdérmico, un método anticonceptivo sobre el que nunca la consultaron, ni a ella ni a su tía. Simplemente lo pusieron ahí. Pero en cuanto se lo retiró, el médico se dio cuenta que había algo más. Le habían colocado dos implantes, algo inusual y peligroso para la salud. Anticoncepción forzada

Médicos y enfermeras de hospitales públicos mexicanos llevan a cabo, como conducta normalizada, no sólo la contracepción sin consultar, también la violencia obstétrica, práctica racista y violatoria de los derechos humanos, contra mujeres jóvenes, indígenas, pobres y marginadas.

El tema es abordado por Rosario Valdez Santiago y otras investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública en el estudio “Si estamos aquí es sólo porque no tenemos dinero”. Discriminación y violencia obstétrica en México, publicado en 2018.

Debido a las constantes quejas y denuncias, la mayoría de las cuales se focaliza en los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación general para eliminar la violencia obstétrica y las prácticas que vulneren los derechos de las mujeres en instituciones de salud pública.

En 2020, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en México 153 mil 485 mujeres entre 12 y 17 años habían tenido al menos un hijo nacido vivo.

Juan Martín Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, dice que México se encuentra entre los países con mayor incidencia en embarazo adolescente en la región y que el retroceso en materia de políticas públicas para atender el problema en este sexenio nos coloca en niveles de 2012.

“Durante los gobiernos panistas el país retrocedió en la atención a esos problemas; con Peña Nieto se creó el Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pero en el actual gobierno hemos retrocedido a niveles de hace 10 años”, lamenta Pérez García.

Proceso solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en mayo pasado, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, una copia de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), dado que la que estaba en internet correspondía al gobierno pasado.

La respuesta del Consejo Nacional de Población (Conapo) fue, para el 31 de mayo de 2021, 30 meses después de iniciado el sexenio: “Aún no se cuenta con un documento aprobado en versión pública”, aunque aclara que “nunca se suspendió” y que durante los primeros tres años de gobierno se aplicó la de la administración de Peña Nieto.

No fue sino hasta septiembre de 2021 cuando el gobierno de la 4T subió la estrategia a su página en internet, aunque el documento está incompleto. Proceso solicitó de nueva cuenta una copia de la estrategia, la cual fue entregada en noviembre de 2021.

El documento se titula “Segunda Fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente 2021-2024”, es decir, se presenta como una continuidad de la estrategia de Peña Nieto.

Los apartados 7.2. Objetivos prioritarios, 7.3. Estrategias prioritarias y acciones puntuales, así como 8. Metas e indicadores (2020-2024), no tienen contenido, sólo tienen la leyenda: “Éstos se desarrollarán en la Matriz elaborada por la Mesa Técnica, para garantizar que el trabajo que emane de los GT (Grupos de Trabajo) sea articulado e intersectorial”. Pero no se establecen plazos. Apenas se construirán, mientras el tiempo avanza y se rebasa la mitad del actual sexenio.

Hugo Cruz

Estrategia de papel

Detrás del fenómeno del embarazo adolescente o temprano, indica Pérez García, está la falta de una educación sexual integral, la cultura machista muy arraigada y la falta de una respuesta del Estado integral y con servicios de salud que acompañe el inicio de la vida sexual de las personas adolescentes.

Datos del Instituto Nacional de las Mujeres muestran que México tiene una de las prevalencias más importantes del fenómeno en América Latina y es el número uno entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso tiene fuertes repercusiones en la vida de las mujeres adolescentes, pues “trunca proyectos de vida”, señala Pérez García.

Según la información de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, las personas adolescentes inician su vida sexual alrededor de los 16 años, en promedio, y alrededor de 8% quedan embarazadas.

“En muchos casos los embarazos ocurren en una relación entre la adolescente y adultos que les llevan 10 años. Esto somete a las jóvenes a vidas con violencia y truncadas. Y aunque no existen datos de cuántos de estos embarazos son provocados por abuso sexual, las adolescentes terminan atrapadas en una dinámica de desigualdad de poderes.”

Pérez García dice que, si bien se ha prohibido ya oficialmente el matrimonio infantil, esto “es simbólico, porque ya no se casan, pero sí viven en uniones tempranas con otra persona adolescente o con adultos”. Según el Inegi, 237 mil 175 mujeres entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en 2020, lo que representa 3.7% de las mujeres en ese rango de edad.

Pérez García enfatiza que en estos tres años el Estado ha ido abandonando a diversos sectores, entre ellos la infancia. Observa que los integrantes de la 4T “son más moralistas que los gobiernos panistas”, además de que hubo recortes “criminales” de hasta 30% en todas las dependencias, lo que ha tenido un efecto demoledor en las políticas públicas del país.

“Retroceso en política pública”

A ello hay que sumarle el confinamiento por la pandemia, durante el cual se incrementó más de 50% el número de casos de abuso sexual contra menores en los hogares –dice el experto–, pero también el hecho de que la mayoría de las instituciones de salud se haya concentrado en el coronavirus produjo “abandono de todos los otros servicios”, incluyendo los de salud sexual y reproductiva.

Además, comenta, el Conapo ha adelantado que se esperan unos 300 mil embarazos no deseados, “muchos de los cuales los vivirán adolescentes”.

Con el actual gobierno, insiste Pérez García, las políticas públicas sufren un proceso de desmantelamiento que ha provocado la “fragilización del Estado”, sin que nadie le haga contrapeso al presidente, “ni sus seguidores ni la inexistente oposición”. Y frente a esa fragilidad del Estado, “en lugar de políticas públicas surgen delitos, y ante la ausencia del Estado otros poderes, otros intereses, se van apropiando de todo, incluidos los cuerpos de niñas y mujeres”.

Respecto a la Enapea, señala que “la estrategia no es tal”, en realidad “es la misma que hizo Peña Nieto”, pero el gran problema es que no se aplica. “Cualquier estrategia de ese tipo, nueva o revolcada, tendría un efecto importante en la vida de miles de adolescentes, reduciría el embarazo temprano significativamente si se aplicara”.

El problema es que “una estrategia sin presupuesto es un pedazo de papel. Se ha profundizado la fragmentación de los actos del Estado, del gobierno federal con los gobiernos de los estados, y no se está trabajando con las poblaciones. Si no despliegas una estrategia con las personas, con las poblaciones, cualquier cosa que hagas será discurso, será papel”.

Concluye que en los primeros tres años del actual gobierno “los retrocesos que se van acumulando nos llevan a indicadores de 2012. En tres años retrocedimos una década en el avance de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto es muy grave porque a este gobierno le faltan dos años y medio, y si no se toman otros caminos, esos indicadores van a ir profundizándose más, además de que recuperar las políticas de Estado va a ser muy complicado”.

Advierte que el gobierno federal se ha caracterizado como “neoliberal-ideológico-moralista”, lo que ha ido permeando en el aparato público debido a la impunidad y va normalizando prácticas violatorias de derechos humanos. Y quienes padecen más esta falta de fortaleza del Estado son las mujeres adolescentes, pobres, indígenas, adictas, con discapacidad, sobre todo porque quienes violan derechos humanos saben que no hay denuncias, que no queda rastro de lo que han hecho.

“Niñas y adolescentes que tienen un embarazo temprano ven roto su proyecto de futuro. Por eso es importante luchar contra la cultura machista, que haya educación sexual integral y un aparato estatal que les brinde herramientas para iniciar y llevar bien su vida sexual”, reitera.

Guadalupe pronto cumplirá 17 años. Se está preparando para emigrar a Estados Unidos, donde su abuela materna se hará cargo de ella. Su familia explicó a Proceso que no quiso denunciar la violencia obstétrica de que fue objeto porque quiere dejar atrás esa experiencia. Quienes violaron sus derechos están impunes y tienen la posibilidad de continuar haciéndolo con otras jóvenes.

Montserrat López Jessica Espinosa Sánchez

Jessica Espinosa Sánchez

RÍOS DE COLOR PÚRPURA

“¡Ni sumisa ni callada, mujer fuerte empoderada! ¡Que tiemble el Estado, los cielos y las calles! ¡No estás sola! ¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!”, fueron parte de las consignas que miles expresaron en las principales ciudades de México, el martes 8, con motivo del Día Internacional de la Mujer. La falta de justicia y el fin a la impunidad fueron reclamos y exigencia, respectivamente. En las manifestaciones –que no estuvieron exentas de episodios vandálicos– se impuso la voz multitudinaria que clamó por el fin del patriarcado. Proceso presenta estampas de quienes nutrieron la manifestación en la capital del país.

Jessica Espinosa Sánchez

José Luis de la Cruz / Procesofoto

FOTORREPORTAJE

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Jesús Alvarado Rodríguez / Procesofoto

CERVANTES: LA CARTA NEGOCIADORA

DEL CCE CON AMLO

Con la elección de Francisco Cervantes, expresidente de la Concamin, como nuevo líder del Consejo Coordinador Empresarial, la iniciativa privada intenta recuperar la interlocución con López Obrador. Formado a la sombra del Grupo Atlacomulco, Cervantes tiene una buena relación con el Ejecutivo, pero en el CCE persisten voces como la de Bosco de la Vega, quien pugna por una representación que le marque al presidente “líneas rojas” en temas económicos y políticos.

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comenzó una nueva etapa de la mano de Francisco Cervantes Díaz, quien fue aprobado por la cúpula por su capacidad de mediación ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en el momento más álgido de la pandemia y la crisis económica por el covid-19 le cerró las puertas de Palacio Nacional al máximo órgano de representación del sector privado, hasta hace algunos días presidido por Carlos Salazar Lomelín.

La elección de Cervantes Díaz ya estaba

cantada desde hace semanas a pesar de la postulación de Bosco de la Vega, exlíder del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), quien fue respaldado por dicho organismo y por la Confederación Patronal de la República Mexicana.

El nuevo líder del CCE fue votado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la que fue presidente de 2018 a 2021, igual que por el Consejo Mexicano de Negocios, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Asociación de Bancos de México.

López Obrador ya le había hecho un guiño a Francisco Cervantes en diciembre de 2019, antes de la pandemia, al considerarlo “un tipazo”, mientras el empresario reconoció en rueda de prensa, tras semanas sin declaración alguna por su candidatura, que tiene una relación “de amigos” con el tabasqueño.

Más allá de los gestos amables, el nuevo líder de la cúpula empresarial creció y ocupó cargos públicos en el Estado de México bajo el cobijo del Grupo Atlacomulco y de la mano del expresidente de la Concamin Francisco Funtanet Mange, quien estuvo al frente de los industriales de 2012 a 2015, los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Francisco Javier y su hermano Ricardo Funtanet Mange, empresarios cercanos a políticos del grupo Atlacomulco, fueron beneficiados con permisos fast track para derribar cerca de 200 mil árboles y, en su lugar, construir un conjunto residencial de 20 mil viviendas en Jilotzingo, Estado de México, denominado Bosque Diamante, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dada a conocer en enero de 2019.

En 2002, cuando Arturo Montiel era gobernador de la entidad, Funtanet Mange fue secretario de Desarrollo Económico y Cervantes Díaz subsecretario. En 2005 éste ocupó la presidencia del Patronato Pro Construcción de las Unidades Académicas de la Universidad del Estado de México.

Cuando Peña Nieto asumió la gubernatura, Cervantes Díaz fue designado presidente del Consejo de Consulta Participación Ciudadana en Seguridad Pública

AMLO y empresarios. Tensión

Cervantes. Apuesta de diálogo

en 2007 y dos años más tarde, en 2009, fue consejero del Consejo de Seguridad Pública estatal. En 2011, al final de la administración de Peña Nieto como gobernador, Cervantes asumió la presidencia del CCE mexiquense.

Ya en el sexenio de Eruviel Ávila, en 2012 fue vicepresidente del Patronato de la Sinfónica del Estado de México; en 2014, presidente estatal del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. En 2016 asumió como consejero del CCE.

En la última elección para definir al sucesor de Cervantes Díaz en la Concamin, Enoch Castellanos, líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, acusó a la confederación de “diseñar la elección para perpetuar el control de la presidencia en unos cuantos, lo cual no es únicamente violatorio de ley sino que promueve la división al interior”.

Castellanos dijo en septiembre del año pasado que, con el mismo propósito de controlar la presidencia, bajo la conducción de Cervantes la Concamin “incumplió con la revisión de estatutos que le solicitó la autoridad”.

Así llega a la presidencia del CCE Cervantes Díaz, con pasado priista y ahora el principal interlocutor del empresariado con la llamada Cuarta Transformación, mientras la cúpula empresarial no logra convencer a López Obrador de echar para atrás la reforma del sector eléctrico, mantiene sin avances sus planes de inversión y es ignorada en el momento más complicado de la crisis económica.

Miguel Dimayuga

La crisis

Las “líneas rojas”

En entrevista, el excandidato a la presidencia del CCE, Bosco de la Vega, señala: “No podemos tener un CCE chiquito con un país muy grande. Entonces urge fortalecer a nuestro máximo sector de representación empresarial para hacerle frente y construir y tener un aterrizaje suave con nuestro presidente en estos últimos años”.

También reconoce el peso específico al interior de la cúpula empresarial: “El presidente (López Obrador) tiene varias vías de comunicación. Él tiene un consejo económico, ese consejo él lo decidió y ahí están la familia Alemán, está Hank, Salinas Pliego. Hay otro empresario muy importante también que es Carlos Slim, también muy cerca en la parte empresarial.

“Y está el CCE. A veces el presidente nos toma en cuenta para algunos temas, a veces no. Necesitamos tener un papel preponderante acorde al peso específico que queremos como sector privado.”

El pasado 2 de marzo el hombre más rico de México, Carlos Slim, aseguró que la confrontación con el presidente “es una estupidez”.

“El tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería, porque si lo que van a hacer las cámaras (empresariales) es confrontar por confrontar, por principio, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería”, lanzó el dueño de Grupo Carso.

Javier Treviño, director general ejecutivo del CCE, deja ver que con la nueva presidencia del organismo empresarial no habrá ese tono de confrontación para lo que resta del sexenio:

“Yo escucho muchas voces por ahí, entre empresas, que fuera la confrontación y la firmeza, que muchos de ellos se sienten satisfechos cuando quisieran ver un desplegado de una plana en los periódicos, firmado por una organización empresarial… Yo creo que el efecto de esto es casi nulo, ya no es como antes”, aseguró en el seminario Visión de Futuro: México 2042, organizado por el propio CCE.

“Hoy no basta –añadió– con publicar estridentes comunicados de prensa; tampoco es suficiente buscar el acceso aislado a los funcionarios públicos… El éxito va a depender de quien logra construir puentes, mantener esa capacidad de interlocución, asegurar ese lugar en la mesa de negociación, no se trata nada más de abrir puertas, se requiere una estrategia corporativa ante este cambio, porque el riesgo del costo político es mucho más peligroso.”

En el mismo foro, el expresidente del CNA Bosco de la Vega alzó la voz ante diversas omisiones de la cúpula empresarial ante el gobierno federal.

“Soy de la idea de una iniciativa privada más fuerte, ir siempre en las mesas de negociación, pero con rayas rojas, porque hoy la IP no tiene rayas rojas. Por ejemplo, el aeropuerto era una raya roja para el país… la seguridad… el tema electoral en Sinaloa es una vergüenza. A la IP nos ha faltado ese amarre con el Legislativo, ese formar cuadros para que hayan dirigentes y participar en la política, la política es de todos.”

Se refirió a las reuniones de empresarios con López Obrador: “A mí me ha tocado estar con el actual presidente en las mesas, con sus secretarios, y nadie opina. Entonces el presidente necesita opiniones, y llegué a tener problemas con el presidente, pero al final él agradece que alguien le hable respetuosamente, con datos duros, y le diga: ‘Presidente, esta es una línea roja’”.

De la Vega, productor de papa oriundo de Sinaloa, no consiguió el respaldo para presidir el CCE, pero advierte: “Si no tenemos rayas rojas, no tenemos objetivos y perdemos la fuerza. No podemos ser omisos, los pecados de omisión son más graves. En otras ocasiones creímos que no nos iban a tocar y acabamos desmantelados. Se necesita una IP más responsable y al presidente le necesita llegar una voz más fuerte de los empresarios”.

NUEVO CHOQUE DE LA 4T, AHORA CON EUROPA

El gobierno de López Obrador tiene con Europa una nueva fuente de conflicto, además de los reiterados roces con España. En esta ocasión el choque comenzó con la carta en la que el Parlamento Europeo pide a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad y protección de los periodistas y defensores de derechos humanos. En respuesta, el mandatario calificó a los remitentes de “borregos”, “injerencistas” y “golpistas”. En entrevista, activistas refrendan que la carta europea “está apegada a la realidad”.

GLORIA LETICIA DÍAZ

“E n México defender la libertad de expresión, el medio ambiente o los derechos humanos es un trabajo de altísimo riesgo que puede costar la vida (…) Vamos a ser claros, deben cesar los mensajes que el propio presidente mexicano lanza criminalizando a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil”, expuso el jueves 10 la eurodiputada catalana Diana Riba, de la fracción de los Verdes en el Parlamento Europeo, al presentar la propuesta de resolución urgente elaborada por la Subcomisión de Derechos Humanos de ese organismo.

Tras referirse a la historia de Simón Pedro Pérez López, líder indígena de las Abejas de Acteal, Chiapas, asesinado el 5 de julio de 2021, Riba alertó al pleno europeo sobre los datos ominosos de asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos –55 y 98, respectivamente, según datos oficiales–, prácticamente en la impunidad, ocurridos desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder.

La eurodiputada catalana alentó en su discurso a exigir al gobierno mexicano a que “se destinen todos los esfuerzos a construir una política pública de protección integral que atienda a la prevención, protección, investigación y reparación (…) Estas peticiones deben ser condición en la reforma del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México (acuerdo comercial), porque creer en el estado de derecho es precisamente esto: exigirlo dentro de nuestras fronteras, pero también a nuestros socios más estrechos”.

El texto, presentado al pleno por 78 eurodiputados de cinco fracciones parlamentarias –36 del Partido Popular Europeo (PPE), dos de Los Verdes/Alianza Libre, tres de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, 18 de Renew Europe, 18 del bloque de Conservadores y Reformistas Europeos y uno a título personal–, desató la ira del presidente López Obrador, mencionado con nombre y apellido por utilizar con frecuencia “una retórica populista en las conferencias de prensa diarias, para denigrar e intimidar a los periodistas in-

dependientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”.

El pronunciamiento advierte que la retórica presidencial “de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”; también considera que la sección “Quién es quién en las mentiras” es una “plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica”.

El documento contiene datos de fuentes gubernamentales y públicos sobre los asesinatos de periodistas y activistas, de las personas beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la impunidad en la que se encuentran las investigaciones, de los acuerdos firmados por México en que se compromete a proteger a defensores del medio ambiente, sobre informes de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como una iniciativa impulsada por Morena en la Cámara de Diputados para “prohibir a cualquier organización no gubernamental que reciba financiación extranjera que intente influir en la legislación o participar en litigios extranjeros”, entre otros asuntos.

La carta de AMLO

La resolución del Parlamento Europeo, aprobada con 607 votos en favor, dos en contra y 73 abstenciones, fue desestimada por el presidente López Obrador, quien en respuesta divulgó la misma noche del jueves 10 un comunicado de su autoría en el cual calificó a los eurodiputados como “borregos”, “injerencistas” y “golpistas” de la Cuarta Transformación, mientras alardeó de contar con una aprobación popular de más de 60%.

El documento presentado por Diana Riba en el pleno del Parlamento Europeo condensó el trabajo de incidencia y cabildeo que durante al menos cinco años realizaron organizaciones sociales de México y Europa, y que en esta ocasión encontraron “terreno fértil” para su consideración, después de que en los primeros dos meses del año seis periodistas fueron asesinados, como lo ha reconocido la Secretaría de Gobernación.

“Hay una genuina preocupación de los eurodiputados por la violencia contra periodistas y personas defensoras; como organizaciones, a nosotros nos correspondió reforzar el proceso con información y argumentos, pero nunca pensamos que la redacción de la Subcomisión de Derechos Humanos fuera tan directa, que mencionara a López Obrador”, confía Olga Guzmán Vergara, consejera de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza.

La OMCT es una de las organizaciones que desde 2017, junto con la red de incidencia EU-Lat, con sede en Bruselas, cabildeaban en el Parlamento Europeo para llegar a una resolución como la votada el jueves 10, aunque “siempre había resistencias de algunos partidos, como el PPE, que priorizaban el acuerdo comercial con México”, recuerda Guzmán Vergara en entrevista.

Apunta que durante la administración de Enrique Peña Nieto “supimos que hubo llamadas de la Cancillería a eurodiputados para advertirles que, de aprobar una resolución sobre la situación de periodistas y personas defensoras, sólo iba a ralentizar la actualización del Acuerdo Global, que sigue en proceso, y que por eso el año pasado hubo visitas a México de eurodiputados de la Comisión de Comercio”. Guzmán Vergara resalta que hace tres semanas la OMCT y organizaciones de EU Lat, sabedoras de la plenaria que se realizaría el jueves 10, reforzaron su cabildeo entre legisladores sensibles a temas de derechos humanos, para impulsar dos resoluciones: una sobre Guatemala y otra sobre México, por lo que entregaron dichos documentos como base de una probable resolución final sobre cualquiera de los dos países. El borrador sobre México, del que este medio tiene copia, contiene información pública, como las resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos sobre México, nombres de periodistas asesinados, numeralia de desaparecidos, de cuerpos sin identificar, de víctimas de desplazamiento forzado, de espionaje telefónico y la persecución judicial a defensoras de derechos humanos y periodistas, así como las declaraciones estigmatizantes contra comunicadores y defensores en las conferencias matutinas de López Obrador, práctica observada por la RELE de la CIDH.

En cada sesión plenaria del Parlamento Europeo se someten a consideración resoluciones sobre tres países; el jueves 10, además de la correspondiente a México, los eurodiputados también se pronunciaron sobre el golpe de Estado en Myanmar y la destrucción de monumentos en Armenia, por el conflicto con Azerbaiyán.

“Todavía un día antes de la resolución los eurodiputados nos buscaban para pedirnos información; entendemos que había una preocupación legítima más allá de nuestra insistencia. Lo que nos sorprendió un poco es que fueran poco diplomáticos; no era el lenguaje que esperábamos, pero también sabemos que se trata de una declaración meramente política, pero que debería ser atendida porque no se dice nada que no sea cierto ni que no se haya dicho antes”, expone la defensora.

Al recordar que antes que el Parlamento Europeo, la representante del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, exigió en mayo de 2017 “pronta” investigación de los asesinatos de periodistas, y llamó a México como “uno de los países más peligrosos del mundo” para ejercer el oficio, Guzmán Vergara insiste en que la resolución esta “estrictamente” apegada a la realidad.

“Que se diga que desde la elección de 2018 hay un deterioro en la institucionalidad o del estado de derecho, la verdad es que sí, siendo objetivas; durante estos años hemos visto una serie de instituciones que se han desmantelado, intentos por desacreditar el trabajo de las propias instituciones del propio Estado y la cooptación de otras, de manera que, estrictamente, hay un deterioro del estado de derecho”, agregó la consultora de la OMCT.

Diana Riba. Exigencia para México

Diana Riba i Giner

Lamentan respuesta de México

Michael Chamberlin, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y de la Consultora Solidaria, recuerda que la situación de derechos humanos en México ha sido un tema presente en el Parlamento Europeo.

Antes de la resolución urgente del jueves 10 por los asesinatos a periodistas y defensores, hubo siete más, cuatro apro-