Proceso - 18 Junio 2022

ÍNDICE / NO. 2381 • 19 DE JUNIO DE 2022 MEDIO AMBIENTE

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El veneno mexicano que intoxica Perú /Alejandro Saldívar, Daniel Wizenberg y G. Jaramillo Rojas Querétaro: La fiebre del mercurio /Alejandro Saldívar

JUSTICIA

38 Foto de Portada: Alejandro Saldívar

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DELINCUENCIA ORGANIZADA

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En Oaxaca el “cártel del despojo” opera bajo la sombra del gobierno de Murat /Pedro Matías

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...Y en Chapala, el “boom” de las invasiones /Gloria Reza

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CDMX: “Salí de casa y cuando regresé el Bloque Urbano Popular me la había quitado” /Sara Pantoja

NARCOTRÁFICO

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La vicepresidenta Ramírez reclama más cooperación: La política de abrazos hace mella en Colombia /Rafael Croda Invisibles en Colima, los huérfanos de la violencia /Pedro Zamora Briseño

VIOLENCIA

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Se dispara la “violencia postcovid” en Chiapas /Isaín Mandujano

CISA / Comunicación e Información, S.A. de C.V. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Rafael Rodríguez Castañeda, presidente; María Scherer Ibarra, secretaria; Estela Franco Arroyo.

semanario de información y análisis DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García † SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †

Una bomba de tiempo del fiscal Gertz acecha a Claudia Sheinbaum /Diana Lastiri El caso Pegasus no avanza ni con la 4T /Mathieu Tourliere

NEGOCIOS

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Pese a las advertencias, Salinas Pliego se lanza a la minería de bitcoin /Claudia Villegas

RELIGIÓN

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La clase política jalisciense refrenda sus nexos con la esposa de Naasón /Melissa Amezcua

INTERNACIONAL

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Toneladas de armas en Ucrania: Mafias y terroristas al acecho /Anne Marie Mergier

LIBROS

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Migrar para sobrevivir: Una larga y penosa travesía Levantina /Carlos Martínez Assad

ANÁLISIS

58 ¿Las Fuerzas Armadas en riesgo? /Tonatiuh Guillén López

REPORTEROS: Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Sara Pantoja, Arturo Rodríguez, Alejandro Saldívar, Neldy San Martín, Mathieu Tourliere, Rodrigo Vera, Rosalía Vergara.

CORRESPONSALES NACIONALES: Verónica Espinosa, coordinadora. Baja California, Jesusa Cervantes; Colima, Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato, Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores; Jalisco, Gloria Reza; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández.

INFORMACIÓN INTERNACIONAL. CORRESPONSALES: Madrid, Alejandro Gutiérrez; París, Anne Marie Mergier; Washington, J. Jesús Esquivel.

CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Columba Vértiz de la Fuente, reporteras. Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Samuel Máynez. cultura@proceso.com.mx

DIRECTOR: Jorge Carrasco Araizaga jcarrasco@proceso.com.mx • Tel.: 55-5636-2050

ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera. arivera@proceso.com.mx • Tel. 55-5636-2074

JEFE DE AUDIOVISUAL: José Manuel Jiménez; jose.jimenez@proceso.com.mx Tel.: 55-5636-2016

JEFE DE INFORMACIÓN: José Gil Olmos

FOTÓGRAFOS: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda, Raúl Pérez. Asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo.

gil@proceso.com.mx • Tel.: 55-5636-2087

DEPORTES: Beatriz Pereyra. deportes@proceso.com.mx

JEFE DE EDICIÓN IMPRESA: Homero Campa Butrón. hcampa@proceso.com.mx • Tel. 55-5636-2079

ANÁLISIS: Elisur Arteaga Nava, Agustín Basave, Ariel Dorfman, Denise Dresser, Marta Lamas, Olga Pellicer, Alberto Pérez Dayán, Ricardo Raphael, Javier Sicilia, Ernesto Villanueva, cartonistas: Gallut, José Antonio Rodríguez.

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN EDITORIAL: Cecilia Rivera cecilia.rivera@proceso.com.mx • Tel.: 55-5636-2050

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García.

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CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González, coordinador; Daniel González.

EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Hugo Martínez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Jaime Contreras, Tomás Domínguez.

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Monreal, luces y sombras /Ernesto Villanueva

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Corredor de Justicia Laboral Trasnacional /Alejandra Ancheita

Un Clacso feminista /Marta Lamas Naasón Joaquín y su reino de la posverdad /Bernardo Barranco V.

SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA

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FESTIVAL DE GUADALAJARA

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CULTURA

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La hora de los documentales: “Lejos de casa”, los niños migrantes /Columba Vértiz de la Fuente

ESPECTÁCULOS

70 años: La tumba de Pakal en Palenque /Marta Durán de Huerta

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ARTE Graciela Kartofel (1945-2022)

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/Blanca González Rosas

TEATRO La monja alférez y el alférez Antonio /Estela Leñero Franco

CINE “C´mon C´mon: siempre adelante” /Javier Betancourt

Compañía Nacional de Teatro: Deuda histórica con un público popular /Niza Rivera

DEPORTES

PÁGINAS DE CRÍTICA

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Tertulia sobre López Velarde /Fernando Fernández

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El drama del delantero mexicano: sin oportunidad de gol en su propia liga /Ricardo Olín

PALABRA DE LECTOR Las llaves de la ciudad /José Antonio Rodríguez

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EN OAXACA

EL “CÁRTEL DEL DESPOJO” OPERA

BAJO LA SOMBRA DEL GOBIERNO DE MURAT

Una red integrada por notarios públicos y funcionarios estatales y federales realiza “resurrecciones”, “desaparece legalmente” a personas, altera actas de nacimiento y manipula el Registro Nacional de Población para concretar despojos de inmuebles en Oaxaca. Sobre este grupo delictivo hay 200 denuncias, pero hasta el momento la autoridad no ha detenido a ninguna persona. El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa –eso sí– ha removido de sus cargos a integrantes de dicha red criminal… para entregarles notarías.

PEDRO MATÍAS AXACA, OAX.— Una red de corrupción cimentada desde las entrañas del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa acumula más de 200 denuncias por despojos; algunos fueron cometidos de manera inverosímil “resucitando” a personas que fallecieron años atrás.

Popularmente conocidos como el “Cártel del Despojo”, en la red criminal figuran servidores públicos del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral del estado de Oaxaca y al menos seis notarios públicos, quienes se han adueñado ilegalmente de propiedades mediante operaciones bajo sospecha.

En las acusaciones aparecen los nombres de los notarios públicos Rafael Avilés Álvarez (133), hermano de Alejandro Avilés, quien fue el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca en la pasada elección; Alejandro Vidaña Luna (106), Jorge Merlo

O

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Gómez (135), Omar Abacuc Sánchez Heras (38), Arturo David Vásquez Urdiales (100) y José Jorge Enrique Zarate Ramírez (84).

A ellos se les señala por robar identidades, “matar” legalmente y revivir muertos para concretar los despojos.

El escándalo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán para quitarles sus tierras, actos para los que se confabularon el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, según lo denunciado por el organismo.

Ante la intervención de la CIDH en diciembre de 2021, el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León tuvo que restituir los derechos de los comuneros.

Este tema que adquiere dimensiones escandalosas fue llevado al Congreso de la Unión por la diputada del PT Margarita García, quien pidió la intervención de la Fiscalía General de la República para que, vía la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Especializa-

da en Materia de Combate a la Corrupción, integre las carpetas de investigación ante la presunción de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsedad de declaraciones.

La legisladora presentó un punto de acuerdo el 15 de marzo último, mismo que se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia.

El exhorto pide a la FGR que investigue y se ejerza acción penal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, notarios y servidores públicos por alteraciones a la Base de Actas de Nacimiento y al Registro Nacional de Población.

A la Secretaría de Gobernación (de la cual depende el Registro Nacional de Población) la exhorta a investigar los hechos y sancionar a los involucrados; mientras que al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se le pide investigar las alteraciones a la Base Nacional de Población.

Jesús Cruz / Procesofoto

DE LI NC U E N C I A OR GA N I Z A DA

Murat Hinojosa. Servicio público y corrupción

Al gobernador de Oaxaca, Murat Hinojosa, se le pide investigar y en su caso retirar las patentes a los notarios involucrados en los casos de suplantación de identidad y despojos denunciados al interior del Registro Civil del estado, revisar las irregularidades en el Instituto de la Función Registral y las omisiones de la Consejería Jurídica, así como interponer las denuncias penales que correspondan.

En tanto, al fiscal del estado, Arturo Peimbert Calvo, se le solicita que ejerza acción penal contra quien resulte responsable de las suplantaciones de identidad en el Registro Civil de Oaxaca y de los despojos.

Omisiones Los denunciantes también han referido que funcionarios del gabinete de Murat Hinojosa se han coludido con los notarios públicos para falsificar escrituras y simular la compraventa de los predios o inmuebles para despojar a los verdaderos propietarios; las víctimas lamentan que hasta el

momento no existe ni una investigación o sanción contra el Cártel del Despojo.

Este entramado ha hecho víctimas a dueños de propiedades en el Centro Histórico de Oaxaca y en la zona conurbada de la capital.

El 30 de mayo pasado el Congreso de Oaxaca aprobó citar a comparecer al fiscal Peimbert Calvo, debido a la inacción por omisión o complicidad de la autoridad para atender los casos denunciados.

La diputada del PAN Natividad Díaz Jiménez solicitó la comparecencia del fiscal debido a que “hay más de 200 casos y al menos 50 con carpeta de investigación y no hay resultados; las personas que se dedicaron a realizar este tipo de trámites ilegales se mantienen en libertad y se pasean tranquilamente en las calles”.

Lo peor de la situación, agregó la legisladora, es que el gobernador removió de sus cargos a los colaboradores señalados en la red de despojo, pero algunos de ellos fueron “premiados” con notarías públicas. El fiscal Peimbert no ha acudido al Congreso.

Caso de “resurrección” La denuncia más reciente contra la red criminal la interpuso René Jarquín Gordillo, un hombre de 76 años que fue despojado de su casa –un predio que abarca 3 mil metros cuadrados en San Raymundo Jalpan– por sus dos hijos, René y Herminio Jarquín Flores, quienes, según expuso, se confabularon con el notario público 100, Arturo David Vásquez Urdiales, también con el entonces director de Catastro, Armando Zárate Medina, y el del Instituto de la Función Registral, Gilberto Gamboa Escobar.

Una escritura –de la cual Proceso tiene copia– exhibe el insólito modo de operar: el notario 100 “revivió” a Herminio Flores Vásquez, un hombre que tiene 32 años de fallecido. En un documento falso Herminio Flores figura como el “hoy vendedor” del inmueble en cuestión para hacer valer el despojo perpetrado el año pasado.

A esos hechos se suma el caso de un supuesto poder otorgado por la señora 2381 / 19 DE JUNIO DE 2022

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D E L IN C U EN CI A O R G AN I ZA DA María de Monserrat Chávez López ante el notario 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, al que le pusieron fecha del 25 de agosto de 2011, mediante el cual fue vendido un terreno de su propiedad –en el municipio de Huajolotitlán– a Daniel Lenin Chávez López. En realidad, la mujer se encontraba imposibilitada para otorgar dicho poder, debido a la metástasis por cáncer terminal que le causó la muerte el día 27 de ese mismo mes y año.

Identidades robadas

@MGGOax

Guadalupe Martínez Ramírez y sus hijos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez sostienen un intrincado litigio, luego de que denunciaron que, a principios de septiembre de 2020, su abuela paterna, Victoria Conzatti, les dijo haber sido enterada de la existencia de unas actas de nacimiento con las mismas fechas y datos de ellos, pero en las que supuestamente aparecían los nombres de “Caleb Herculano López Martínez, Herbé Cenobio López Martínez y Ashmar Nepomuseno López Martínez”.

Al buscar los nombres y fechas de nacimientos de los “usurpadores” en la página web del Registro Civil de Oaxaca confirmaron que sí existían tales registros de nacimiento, mientras que al buscar los apellidos Gómez Conzatti y Martínez no hubo resultados.

“Al solicitar la impresión de copias certificadas a nuestro nombre corroboramos que nos habían desaparecido del Registro Civil. Entonces solicitamos el amparo del Poder Judicial de la Federación y presentamos denuncia de hechos ante la Fiscalía General del estado radicada con número 34584/FVCE/OAXACA/2020”.

El amparo se turnó al Juzgado Segundo de Distrito, con número 575/2020; les fue concedida la Suspensión Definitiva para efectos de que se les reinscribiera en los libros y sistemas del Registro Civil.

“Nuestros registros fueron borrados, pero con los mismos datos (fecha de registro, foja y número de acta) dieron de alta tres registros falsos a nombre de García Ruiz Amadeo, Carlos Morales Montes y Gabriel Peña Hernández”, explicaron en la denuncia. Estos otros tres nombres corresponden a personas ya fallecidas.

Caleb Conzatti refiere que hay registros duplicados: “Nos borran y ocupan esos tres registros para crear tres identidades de personas distintas. Agarran otros tres registros de personas muertas, las eliminan y en ese lugar nos crean una identidad nueva con el apellido López. La suspensión del juez, como acreditamos nuestra personalidad, obliga al Registro Civil a reinscribir con nuestras identidades originales y nuestros datos de registros originales para que nos sigan reconociendo”.

Sin embargo, “las actas de estos tres nombres no existen en índices de ninguna oficialía ni del Archivo Central, razón por la que fueron dictaminadas falsas por la Fiscalía General de la República”.

De igual manera, entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) borró u ocultó los registros de las propiedades de los mismos denunciantes; y entre el 25 y 27 de noviembre se hicieron consultas en el Sistema del IFREO, arrojando que no existían los números de folio de los inmuebles de los quejosos, por lo que presentaron otra denuncia de hechos ante la fiscalía estatal, radicada con número

García. Denuncia en San Lázaro

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36943/FVCE/OAXACA/2020, y se promovió otro amparo, con número 832/2020 en el Juzgado 8 de Distrito.

El caso ya implicó a instancias federales, como la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad.

Por ello, en la queja y denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República ha sido señalada una larga lista de funcionarios federales y estatales como presuntos implicados en la suplantación y despojos, incluyendo a la propia Olga Sánchez Cordero –de quien como secretaria de Gobernación dependía el Registro Nacional de Población e Identidad–; Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, y Jorge Leonel Wheatley Fernández, de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad.

Por lo que respecta a las instancias de Oaxaca aparecen en las querellas Christian Hernández Fuentes, titular del Registro Civil del estado de Oaxaca durante el periodo de materialización del robo de identidad (2018-2020); y Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho del Departamento del Archivo Central del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2020).

También figuran como presuntos implicados Jorge A. Zárate Medina, director del Instituto Catastral del estado de Oaxaca; José Antonio Lara Rodríguez, jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral; Gilberto Gamboa Escobar, director del Instituto de la Función Registral del estado de Oaxaca, y José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del estado de Oaxaca.

Los hermanos Gómez Conzatti y Martínez aseguran que su caso no es producto de “un error; fue intencional y en el cambio de identidad y despojo están involucrados funcionarios del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca, y el notario público Jorge Alberto Merlo Gómez”.

Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez presentaron el 25 de mayo de 2021 una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque temen por su integridad, pues consideran que se están enfrentando a una red de delincuencia organizada y como represalia pueden atentar contra sus vidas.

Los inmuebles que están en disputa están ubicados en el centro de la ciudad de Oaxaca, valuados en 50 millones de pesos.

Esas propiedades fueron inscritas en compraventas en favor del notario público Jorge Alberto Merlo Gómez y Elizabeth Shamosh Gómez, con escrituras del notario 106, Alejandro José Vidaña Luna, con fecha de 2011.

El mismo notario Merlo Gómez se ha adueñado de otros 13 inmuebles en 16

D E L IN C U EN CI A O R G AN I ZA DA

…Y EN CHAPALA,

operaciones en las cuales aparentemente su mamá, Martha Merlo (una ama de casa) se los dona.

La mujer pagó 1.4 millones de pesos de tres cuentas en un mismo día, comprando a 7 mil pesos el metro cuadrado, detalla la denuncia.

EL BOOM DE LAS

INVASIONES

Apapacho gubernamental En un caso similar, publicado en el portal Primera Línea, se dio a conocer que a partir de la muerte del doctor Gerardo Ricárdez Bernardino se ha intentado despojar a su viuda de siete terrenos, mismos que presuntamente fueron vendidos a precios irrisorios a diversas personas ante la fe del notario 84, Jorge Zárate Ramírez.

Luego de un año de señalamientos, el 16 de marzo último el gobernador Murat realizó cambios en su gabinete, según él para “continuar fortaleciendo las acciones gubernamentales”.

Murat Hinojosa designó como director general del Registro Civil a Francisco Javier Silva Contreras y como nuevo director general del Instituto Catastral del estado de Oaxaca a Joaquín Velásquez Ceballos.

Jorge Armando Zárate Medina, funcionario del Instituto Catastral vinculado en las denuncias como presunto implicado, fue premiado con una notaría, aunque los nombramientos se mantienen en reserva hasta que Murat concluya su mandato. O FB Instituto Catastral del Estado de Oaxaca - ICEO

En Chapala, Jalisco, se ha detonado la fiebre de despojos de propiedad privada e invasiones en zona federal, operaciones en las cuales participan funcionarios públicos, políticos y empresarios. Para concretar los robos estos personajes se han coludido con notarios públicos, algunos de ellos ya sancionados por su dudoso proceder. Un caso es el del panista José de Jesús Arambul, quien se ha hecho de terrenos de la nación para fraccionarlos y vender sus lotes.

Catastro estatal. Despojos

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GLORIA REZA HAPALA, JAL.— Este municipio, donde se ubica el lago más grande de México, aparece en el registro de denuncias por despojo de propiedad privada e invasiones a zona federal por parte de particulares y de políticos–empresarios, quienes están coludidos con notarios con el propósito de hacer negocios millonarios.

Muestra de ello es lo que pretende hacer el panista y excandidato a una diputación local José de Jesús Arambul Solorio, quien se apoderó de terrenos de la nación.

Ahora ofrece 11 lotes que suman 4 mil 466 metros cuadrados en la delegación de San Antonio Tlayacapan, mediante su empresa Grupo AS Bienes Raíces. La compañía vende el metro cuadrado entre 6 mil 500 y 8 mil pesos, con lo cual el político obtendría ganancias por aproximadamente 36 millones de pesos.

Jesús Arambul fue funcionario en el gobierno del panista Emilio González Márquez, donde ocupó el cargo de coordinador en la Secretaría de Movilidad.

C

En junio de 2015 la Contraloría del estado lo inhabilitó por un año porque omitió presentar su declaración final de situación patrimonial en 2013, al separarse del cargo.

El 1 de abril último los vecinos denunciantes, cansados de la invasión a zona federal, convocaron a una manifestación en ese punto. Ahí estaba presente Arambul, quien se ostentó como propietario e, incluso, mostró la escritura 19965.

Los inconformes tomaron una fotografía del documento emitido por el notario público número 126 de Guadalajara, Álvaro Guzmán Merino, con fecha 3 de febrero de 2021. En ella se asegura que Gerardo Ponce Gómez vendió el predio a Arambul.

De acuerdo con la presidenta de “Amigos del Lago de Chapala”, Alicia Córdova, Gerardo Ponce, quien se ostenta como abogado, “está involucrado en otros fraudes inmobiliarios en la ribera”.

El 22 de octubre pasado Arambul inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio el terreno ubicado en “la división que se encuentra entre los límites de San Antonio y Ajijic”.

Lauro Rodríguez

Defensa ciudadana

que debe existir cero tolerancia hacia notarios que se presten a corruptelas.

Ante la presunta irregularidad de la escritura que emitió Guzmán Merino, el 11 de abril último, el activista y vecino de Ajijic, Julio César Carmona, presentó vía el portal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia –166/2022, agencia 10– contra el político panista.

Expone que, de encontrarse “hechos constitutivos de delitos, es importante que se dé parte a la Fiscalía del estado de Jalisco, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría del Medio Ambiente”.

El juicio les resultó favorable, pero el ejido Chapala interpuso un recurso y en menos de seis meses les dieron un revés, con el argumento de que no tienen Foto: Especial

Del notario destaca que fue suspendido de sus funciones durante un año, según consta en el Periódico Oficial de Jalisco de fecha 24 de julio de 2020.

Ahí se publicó que, tras abrirse un proceso administrativo de responsabilidad notarial contra Guzmán Merino, el gobernador Enrique Alfaro resolvió suspenderlo.

Al respecto, el presidente del Colegio de Notarios, Jaime Natera López, dijo que el notario Guzmán tiene responsabilidad por escriturar zona federal, e incluso cuenta con varias sanciones. Y confirmó que está suspendido de nuevo, ahora por dos años y nueve meses.

“Fue suspendido Álvaro Guzmán por escrituras mal hechas (…) Está suspendido, si mal no recuerdo, a partir de hace dos meses”, dijo.

Jaime Natera aclaró que en ese tipo de anomalías no sólo está involucrado ese notario, también abogados, e incluso, en ocasiones, la “gente más allegada” al notario es la que podría cometer el delito.

Recordó que los notarios tienen la obligación de revisar los antecedentes de las escrituras. Y coincidió con Alfaro en

Colusión e influencias.

También exfuncionarios estatales y municipales, en complicidad con notarios, han permitido que surjan de manera anómala “nuevos propietarios” en esta misma zona, denuncian los afectados.

Verónica Aguilar Delgado, de la comunidad indígena de San Antonio, refiere que hace 18 años se interpuso un juicio agrario contra el ejido Chapala porque estaba invadiendo sus tierras.

Natera. Señalamientos sobre notarios

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Gloria Reza

Invasión en Chapala

el carácter de comuneros de San Antonio, aunque cuentan con un título virreinal.

Aguilar Delgado expuso que forman parte del ejido de Chapala el actual presidente municipal, panista y empresario Alejandro Aguirre Curiel, y su antecesor, el emecista Moisés Anaya.

También forman parte del grupo el exalcalde panista de Chapala Joaquín Huerta, así como el exregidor del PRI, Juan de Dios García. Óscar Anaya, papá de Moisés, fue expresidente del ejido de Chapala y también dice ser ejidatario de Santa Cruz de la Soledad. Otros exalcaldes que aseguran ser ejidatarios son los hermanos, Javier y Gerardo Degollado, del PRI. Todos los exalcaldes son miembros del ejido desde antes de ocupar el cargo; sin embargo, aclaró Verónica Aguilar, “tenían un terrenito” y tras asumir la alcaldía adquirieron otras extensiones de tierra.

“Son parte del grupo de ejidatarios de Chapala, y es por eso que también venden y se apoderan de terrenos” federales, dijo.

Más robos Un caso más fue el ocurrido el 12 de abril pasado, cuando intentaron despojar a la familia Ibón de su propiedad en Ajijic.

Explican que ese día acudió en calidad de abogado el extitular de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad en Chapala, Omar Pérez Contreras –quien se ostenta como representante legal de Arambul–, y el director de Reglamentos de Chapala, Omar Tonatiuh Cañedo, quien dejó el cargo en diciembre último luego de protagonizar un accidente vehicular, al presuntamente conducir en estado de ebriedad.

También estuvo presente el empresario Ricardo Covarrubias Valenzuela, quien,

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junto con sus hermanos Juan Arturo, José Luis y Héctor, es dueño de las compañías Motormexa, Covasis, Coordinadora JLC, y Santa Cruz Inmobiliaria.

En el intento de despojo a la familia Ibón también participó el notario público 1 de Tuxcueca, Sergio Antonio Macías Aldana, quien fue suspendido 18 meses para desempeñar la función notarial, desde enero de 2020 a julio de 2021.

El notario ya había sido amonestado públicamente por la Dirección del Archivo e Instrumentos Públicos del Estado por anomalías en transmisiones patrimoniales.

Al predio de 4 mil 600 metros cuadrados, aledaño al fraccionamiento residencial Riviera Alta, ingresaron los cuatro hombres y con maquinaria pesada derribaron una construcción en la que se almacenaba alimento para animales.

Josué Ibón recuerda que llegaron para reclamar el predio Los Ahuilotes, pero el suyo se llama El Tepetate.

“Aun así argumentaron que en la oficina del Catastro indicaron que era el predio que ellos buscaban. Mostraron una escritura de compra-venta de 2009, emitida por la Notaría Pública número 1 de Chapala. Pero el inmueble pertenece a mi familia desde 1920, nunca ha sido vendido ni se encuentra intestado”, expone Josué.

Precisa que se encuentra en juicio sucesorio testamentario, y lo curioso es que, “a punto de darse resolución a nuestro procedimiento, nos pierden los documentos fundatorios y después el expediente. Es extraño también que nuestro caso no es el único, pues existen otros en los Juzgados Civiles Primero y Segundo de Chapala”.

Explica que, al darse a conocer en la comunidad el intento de despojo, le informaron que varias personas tienen un problema similar con Omar Pérez o con la

familia Covarrubias, quien intenta quitar terrenos a los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad.

La familia Ibón presentó una denuncia, la cual quedó registrada con el número de carpeta de investigación 1869/2022.

María de Jesús López Rodríguez, ejidataria de Santa Cruz de la Soledad, denuncia que la familia Covarrubias encabeza una “maquinaria de despojo”.

En su caso, los empresarios pretenden quitarles 450 hectáreas para construir, junto con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco –por medio de un fideicomiso–, un complejo turístico en el cerro del Junco mediante Santa Cruz Inmobiliaria.

Recuerda que hace 12 años en el intento de despojo al ejido participaron el notario de Chapala número 4, José Juan Rodríguez Avilés, y el notario 76 de Guadalajara, Pablo Prado Blagg, quien previamente se desempeñó como funcionario de la Secretaría Agraria.

Jaime Natera corroboró que Macías Aldana “sí fue suspendido, cumplió su sanción y está trabajando otra vez en Tuxcueca. Al día de hoy, no tengo ninguna queja (…) y si llega, tendríamos que dictaminarla para que la dictaminación sea conforme a derecho”.

Crisis desde 2005 El presidente del Colegio de Notarios se enteró de que la información respecto a Rodríguez Avilés “no fue proporcionada en forma veraz en el Juzgado de Distrito para que le hagan los apercibimientos correctos”, e indicó que la organización no cuenta con ninguna queja ni sanción.

De Prado Blagg dijo también que tiene el expediente limpio, y comentó que es “una persona que toda su vida se ha dedicado al derecho agrario, es una persona que en mi concepto es correcta y hace bien su trabajo”.

En la presente administración estatal han sido sancionados al menos 10 fedatarios y se desahogaron 21 quejas contra ellos en el Colegio de Notarios.

Alicia Córdova recordó que el boom de invasión de zonas federales comenzó en 2005, en la administración municipal de Arturo Gutiérrez Tejeda, debido a que en ese tiempo el nivel del lago disminuyó. “Íbamos a la Conagua, todavía estaba Antonio Iglesias Benítez; nos dijo que no tenía inspectores suficientes, y no teníamos para pagar abogados (…) sólo llevábamos prensa (…) y en una ocasión privaron de la libertad a un reportero. Nunca pasó nada”, lamentó.

En su recorrido por la ribera de Chapala, en territorios de los municipios de Jocotepec, Degollado, y Chapala, Alicia Córdoba calcula que hay invasiones en 95% de la playa, que es zona federal. O

DE LI NC U E N C I A OR GA N I Z A DA Sara Pantoja

CDMX

Don Arturo. Clamor por ayuda tras la invasión de su casa

“SALÍ DE CASA E

SARA PANTOJA

Y CUANDO REGRESÉ EL BLOQUE URBANO POPULAR ME LA HABÍA QUITADO”

Sobre la organización conocida como Bloque Urbano Popular pesan denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México. Los afectados, principalmente, son personas de la tercera edad y de grupos vulnerables. En estos actos criminales, reconocen autoridades capitalinas, están implicados notarios públicos y funcionarios de la ciudad, quienes impiden que los legítimos dueños recuperen sus propiedades.

n una carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 de marzo de 2019, don Arturo Fernández, de 86 años y quien padece cáncer y problemas del corazón, solicitó ayuda para impedir el despojo de la casa de su esposa en la alcaldía Azcapotzalco, a manos de un grupo que dice simpatizar con la Cuarta Transformación y que presume tener protección de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De nada sirvió escribirle al mandatario federal ni interponer una denuncia penal… Pese a que demostraron la legal propiedad del inmueble, don Arturo y su esposa ahora viven en un asilo, despojados. Nadie les ha hecho justicia.

El caso del señor Fernández es uno entre decenas de denuncias de invasiones y despojo de viviendas contra personas de la tercera edad y grupos vulnerables. De acuerdo con el abogado de don Arturo, en los casos que ya están en la fiscalía capita2381 / 19 DE JUNIO DE 2022

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“Modus operandi”

La casa de don Arturo

nombre de Gabriel Mayorga como su coordinador nacional. Al lado estaba el logotipo del entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera.

El adulto mayor regresaba a su casa después de unos días de estar en Querétaro, donde vivía su esposa, pues ella necesitaba atención especial por sus enfermedades.

“Cuando regresé ya me habían robado todas mis cosas, abrieron mi departamento y me robaron sala, comedor, televisión, todo. ¡Ya no me dejaron entrar!... Me dijeron ‘está prohibido que usted pise aquí’.”

Según la denuncia que su hijo Pablo, apoderado legal de su esposa, interpuso en la entonces Procuraduría General de Justi@BloqueUrbanoPopular

El 17 de abril de 2016, alrededor de las 16 horas, don Arturo llegó al inmueble –un edificio de dos plantas y seis departamentos, uno habilitado como garaje– y en la fachada encontró una manta que decía: “Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular”, y el

Sara Pantoja

lina, que encabeza Ernestina Godoy, aparecen involucrados policías, agentes de investigación, notarios públicos, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, organizaciones sociales dedicadas al fraude y el crimen organizado.

En la misiva donde don Arturo le pidió ayuda al presidente López Obrador, denuncia que quien les quitó su casa es el Bloque Urbano Popular, cuyo coordinador nacional es Gabriel Mayorga. También denuncia a los representantes de la organización identificados como José Luis Nájera Delgado y Arlette Rangel Barragán.

Ellos, de acuerdo con el denunciante, operaron la invasión de su casa ubicada en la avenida Central 242, colonia Prohogar de la mencionada alcaldía, y también son quienes lo han amenazado de muerte a él, a sus hijos y a su abogado.

Al apelar a la empatía del mandatario federal con los adultos mayores, el denunciante escribió: “Como información adicional le comento que varios de los servidores públicos que nos han atendido nos pidieron que nos olvidemos de nuestra casa, ya que grupos como éste, Bloque Urbano Popular, y muchos otros son protegidos por las mismas autoridades”.

Bloque Urbano Popular. Impunidad

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cia capitalina, a cargo de Edmundo Garrido, y de la cual la reportera tiene copia, al día siguiente se encontró con Nájera y Rangel, quienes respectivamente se identificaron como abogado y representante del Bloque en Azcapotzalco, y le dijeron que querían comprar el inmueble.

Le ofrecieron un enganche de 400 mil pesos y, a más tardar, en diciembre de ese año, otro pago de 1 millón 750 mil pesos “con recursos que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi) les daría”.

Le advirtieron que les convenía vendérselos “porque de cualquier manera ellos ya tenían invadido el inmueble, habiendo roto y cambiado las chapas de la entrada principal y de las puertas interiores, y que ya no iba a haber lugar a negociaciones y ningún pago”.

Al día siguiente, Pablo acudió al Invi, donde le informaron que no tenían expropiado ese predio ni planes de hacerlo, pues ya no tenían presupuesto para ese año. Entonces, el director del Invi era Raymundo Collins, quien actualmente tiene una orden de aprehensión por uso ilegal de atribuciones y facultades en su paso por la dependencia. Es buscado por la Interpol e investigado por enriquecimiento ilícito.

En tres ocasiones, don Arturo y sus hijos intentaron entrar para sacar sus pertenencias, pero Arlette y otras personas que cuidaban el inmueble los amenazaron con golpearnos si no se iban. A Pablo, incluso, le enviaron una corona fúnebre. Ello le generó al adulto mayor alteraciones cardiacas, constantes crisis nerviosas, y a su esposa un derrame cerebral. Peor, implicó que dejaran de percibir el dinero de la renta de cuatro departamentos, dinero con el cual pagaban su atención médica.

Los afectados sospechan que uno de sus inquilinos avisó al bloque de la oportunidad de invadir el inmueble, ante la vulnerabilidad de sus dueños. En la denun-

DE LI NC U E N C I A OR GA N I Z A DA cia –que quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FAZ/AZ-1/UI/25/D/01782 /03-2017– los afectados demostraron la propiedad legal del inmueble con las escrituras, el antecedente registral en el Registro Público de la Propiedad, recibos del impuesto predial, las llaves originales y los contratos de arrendamiento.

Sin embargo, seis años después, para la fiscalía de Godoy eso no ha sido suficiente para recuperar el inmueble y devolvérselos.

“Los funcionarios me han dicho que ya está todo, que ya se judicializó el caso y que sólo esperan que se haga justicia, pero ¡la justicia nunca llega! Ya estoy cansado de pura promesa, nomás les hacen caso a las mentiras del bloque”, dice don Arturo con voz lenta y sus manos temblorosas.

El 14 de mayo de 2022 María de Lourdes, hija de don Arturo, dirigió a Sheinbaum una tercera petición para resolver el problema, pues en la segunda carta la Dirección de Captación, Análisis y Canalización de Demanda Ciudadanas sólo le agradeció “su paciencia” y le dijo que si no la atienden pronto, podía comunicarse a tres teléfonos de oficina. Nada más.

Antes manceristas, ahora de la 4T En una visita al predio, Proceso observó que en la casa de don Arturo hay una manta que dice que el inmueble está “en proceso de expropiación” ante el Invi. Además, hay tres logotipos de organizaciones sociales: tiene el del gobierno de Sheinbaum y la frase “¡Vivienda sí! ¡Desalojo no!”. Ofrece el número de teléfono 55 51 43 00 00, el cual no existe.

Y cualquier duda o aclaración se pide ir a la calle Canela 660, colonia Granjas, alcaldía Iztacalco. Es la sede del Invi, dirigido por Anselmo Peña.

Y aunque el inmueble no ha sufrido modificaciones, al menos en la fachada, en lo que antes era el garaje, ya opera la estética “Lili Estudio” que, según vecinos, pertenecería a la hija de Arlette Barragán.

El Bloque Urbano Popular se describe en redes sociales como un “grupo de 35 organizaciones sociales comprometidas con mejorar la calidad de vida de habitantes de la CDMX, impulsando programas de vivienda de interés social”. En una revisión de su historial, se evidencia su simpatía por la 4T y López Obrador.

Tiene fotos y videos de brigadas para promover el #AmloSeQueda en la consulta de la revocación de mandato, de cientos de asistentes al Zócalo el 1 de diciembre del 2021, cuando el tabasqueño dio un mensaje por sus tres años en la Presidencia. También hay imágenes de su participación en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, en agosto de ese año.

El 28 de enero de 2020, el bloque difundió un video de la entrega de vivienda de

interés social en beneficio de 15 familias en la alcaldía Benito Juárez. En las imágenes, René Bejarano –exsecretario particular de López Obrador, conocido como El señor de las ligas y como promotor de vivienda de interés social– corta el listón inaugural y posa junto a Mayorga.

En un mensaje del 16 de mayo de 2017 Mayorga también aparece sonriente en una entrega de viviendas encabezada por Miguel Ángel Mancera y Collins. En noviembre de ese año Mayorga dirigió el plantón que instaló el bloque en la explanada de Tlalpan, en protesta porque la jefa delegacional, Claudia Sheinbaum, suspendió la construcción de más de 400 departamentos en la calle Rubí 38, colonia Valle Escondido.

La protección del bloque La mañana del martes 7 don Arturo, su abogado Jorge Cruz Elizalde y otras víctimas del bloque se manifestaron frente a la sede de la FGJCDMX, para exigir que ésta “deje de proteger a las organizaciones Bloque Urbano Popular y Vivienda y Libertad para Todos, invasoras de inmuebles de personas de la tercera edad”.

De acuerdo con el litigante, personal de la fiscalía presuntamente protege a los integrantes de dicho grupo. Y para muestra, recuerda que el 2 de febrero último fue al predio para la entrega-recepción de uno de los departamentos que rentaba don Arturo.

“Acudí con policías de investigación y un perito en cerrajería. En eso llegan los del Bloque Urbano, le dicen a la policía que estoy robando y éstos me ponen a disposición por robo y despojo en la fiscalía de Azcapotzalco. Me dejaron casi 48 horas encerrado con el notario que llevé y tres abogados que iban conmigo. Nos liberaron por falta de pruebas”, pero la carpeta de investigación quedó abierta “como amenaza”.

Por ello, denuncia: “La organización y sus líderes tienen comprada a la autoridad, tienen contubernio con ella. Yo me di cuenta cómo le hablaban a los policías de la Secretaría de Seguridad para que les echaran la mano. El fiscal de Azcapotzalco me dijo ‘es que es un problema esa organización, me van a cerrar la fiscalía, te tengo que tener detenido’”.

El 17 de mayo pasado, con la orden judicial de recuperación del predio, acudió otra vez con agentes de la Policía de Investigación. Llevó candados, cadenas, chapas, un herrero y una manta para asegurarlo, pero le cancelaron la diligencia de imprevisto.

El lunes 6 tenían una reunión con Fausto Martínez, fiscal de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu) que lleva el caso, pero también le cancelaron.

Según Jorge Cruz, en la FGJ capitalina hay ocho carpetas de investigación contra Arlette Barragán, desde 2004 a la fecha, de

las cuales la reportera tiene el número de cada una. Los delitos son: despojo, lesiones dolosas, amenazas y fraude principalmente en Azcapotzalco, pero también en Cuauhtémoc e Iztacalco. No obstante, ella sigue libre.

Recientemente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la FGJCDMX han hecho diversos operativos para recuperar predios invadidos, como el del 20 de abril pasado, cuando aseguraron 17 departamentos despojados en la Unidad Fuerte de Loreto, en Iztapalapa.

Consultado al respecto, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, asegura que los despojos en la ciudad se dan por organizaciones sociales, pero también por grupos de la delincuencia organizada.

“Hemos tenido detenciones que sí están relacionadas con grupos delincuenciales. Detuvimos a unos que estaban en Tlalpan, se pusieron a disposición a casi 50 personas, se aseguraron armas de fuego cortas, una metralletita y todos venían de Cuauhtémoc”, dice.

Sin detalles, agrega que sí han hallado casos de contubernio con autoridades; “los despojos sí son un tema de delincuencia que sí está bien organizada porque, pese a que no sean una célula delictiva, digamos de los cárteles de la Unión, Anti Unión o cualquier otra célula, sí hay una organización delictiva al estar de acuerdo con notarios, algunas autoridades que permiten la invasión”.

Sin embargo, consultada sobre los señalamientos de nexos entre personal de la fiscalía capitalina y los grupos de despojo, la fiscal Ernestina Godoy lo rechaza: “No, ningún nexo. Yo no tengo nexos de connivencia ni con delincuencia, para nada. Estamos trabajado el tema de despojo. Hemos recuperado ya muchos (inmuebles) y estamos haciendo un trabajo incluso integral”.

–¿Cómo operan estos grupos?

–Se analiza la situación de cada carpeta, de quién acredita propiedad o posesión.

Cada carpeta es analizada para determinar si es posible hacer una recuperación por parte de nosotros. Muchas veces aseguramos y hasta que se determine a quién se le entrega, se desasegura. En otros casos, es claro a quién se le debe devolver.

Al mencionarle al Bloque Urbano Popular, evita opinar y sólo responde: “Estamos trabajando el tema, ya les estaremos informando”.

Según la FGJCDMX, del 1 de enero a lo que va de junio de este año se han asegurado 140 propiedades, de las cuales 52 ya fueron restituidas a sus legítimos propietarios.

En el mismo periodo de 2021 la autoridad hizo 14 recuperaciones y 13 restituciones.

En 2020 fueron 65 y 30, respectivamente, y en 2019, 47 y 37. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido el de don Arturo y su esposa Lourdes.

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Felipe Caicedo /AP photo

RAFAEL CRODA OGOTÁ.- La cooperación bilateral entre México y Colombia para combatir el narcotráfico –que se intensificó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña– está “en su más bajo nivel” y esto propicia una presencia cada vez mayor de los cárteles mexicanos de la droga en territorio colombiano.

Así lo plantea a Proceso la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien advierte que a pesar de los llamados que ha hecho su país a los militarizados organismos de seguridad mexicanos para intensificar la cooperación y el intercambio de información antidrogas, esto no ocurre.

“Nosotros –dice Ramírez– esperaríamos que esa actividad cada vez mayor de los cárteles mexicanos en Colombia, de la cual tenemos evidencias, se traduzca en una mayor cooperación. Y, lamentablemente, no ha sido así.”

Ramírez asegura que su relación con el canciller de México, Marcelo Ebrard, es “muy buena” y hay un diálogo político flui-

B

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do, pero eso no ha generado acciones concretas de los militares mexicanos para llevar a otro nivel la colaboración y ubicarla a la altura de la amenaza que representan los cárteles mexicanos para los dos países.

Los cárteles mexicanos, señala Ramírez, tienen alianzas estrechas con grupos criminales colombianos que los abastecen de cocaína, y ha crecido su presencia en este país a través de delegados que organizan los envíos de la droga por el Pacífico, en lanchas, y vía aérea, desde la vecina Venezuela, por lo que se requiere un trabajo más articulado entre los gobiernos.

–¿No hay cooperación de México? –se le pregunta a la vicepresidenta.

–Sí hay –responde–, pero es bajita.

Y, por “bajita”, la vicepresidenta y canciller colombiana se refiere a que existen los canales institucionales de comunicación entre las Fuerzas Militares de los dos países, la policía colombiana y la Guardia Nacional de México, pero la información es inercial y no fluye como ocurría, por ejemplo, en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012-2018).

Ramírez no se aventura a señalar si la falta de respuesta de las autoridades mexi-

canas es producto de los desencuentros diplomáticos entre México y Colombia por varios temas de la agenda regional, o si se debe a la política antidrogas de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador.

Lo importante, dice, es que haya un “mayor esfuerzo conjunto”.

La caída de la cooperación antinarcóticos por parte de México es un tema conocido en los círculos militares y policiacos colombianos, en los que se comenta que “hay una falta de voluntad política” de López Obrador.

El general retirado Jairo Delgado, quien fue director de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, afirma que la colaboración mexicana que hoy existe es producto de “la inercia” de otros tiempos en los que “hubo una cooperación muchísimo más estrecha, más cercana, que permitía actuar oportunamente frente al narcotráfico, pero hoy eso no se da”.

De las declaraciones a los hechos En febrero pasado el canciller Ebrard visitó Bogotá y firmó con Ramírez un “Memorando de Entendimiento para el

N AR C OT R ÁF IC O

LA VICEPRESIDENTA RAMÍREZ RECLAMA MÁS COOPERACIÓN

LA POLÍTICA DE

ABRAZOS

HACE MELLA EN COLOMBIA

Establecimiento del Grupo de Alto Nivel en Seguridad” cuyo propósito es institucionalizar la cooperación para prevenir, mitigar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

El documento establece la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico, que ya venía decreciendo desde 2019, primer año de gobierno de López Obrador, cuando el presidente mexicano creó la militarizada Guardia Nacional, que absorbió a la Policía Federal (civil), y puso en marcha su política de “abrazos, no balazos”.

Ramírez señala que, a pesar de las buenas intenciones y del diálogo con Ebrard, la cooperación de México en la lucha contra el narcotráfico no se ha materializado en los niveles que Colombia esperaba, dado el aumento de la actividad de los cárteles mexicanos en este país, que ya tienen incidencia hasta en la primera fase del negocio de la cocaína: la siembra de la hoja de coca.

En los hechos, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional mexicanas han estado al margen de los golpes que ha dado la

Marcio JosÉ Sánchez / AP Photo

Ante el aumento de las actividades de los cárteles mexicanos en Colombia –intervienen incluso en la primera fase del negocio: la siembra de la hoja de coca–, el gobierno de ese país ha solicitado al de López Obrador intensificar el intercambio de información y la cooperación antidrogas. Pero ello no ocurre y la cooperación se encuentra “en su más bajo nivel”, declara a Proceso la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez. De hecho, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano han estado al margen de las capturas en ese país de narcos enviados por los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. policía de Colombia a los cárteles mexicanos con la captura de algunos de sus enviados en este país.

En abril pasado, por ejemplo, fue detenido en la suroccidental ciudad de Cali el mexicano Brian Donaciano Holguín Verdugo, El Pitt, operador de confianza del jefe de la facción histórica del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

La policía colombiana se encargó de dejar en claro que en esa operación no participaron organismos de seguridad mexicanos, a pesar de que El Pitt viajó a Colombia desde México. Fue la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) la que le siguió el rastro desde allá y alertó a Colombia.

“Tenemos un desafío común y es muy importante aumentar la intensidad de la cooperación, porque sentimos que aquí ha habido mucho menos dinamismo en ese sentido”, señala la vicepresidenta colombiana.

Bilateralismo en picada Ramírez. Cooperación “bajita”

México, país de paso de la droga hacia el enorme mercado estadunidense, y Colombia, principal productor de cocaína en

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el mundo, son las dos naciones latinoamericanas más golpeadas por el narcotráfico y las que más alto costo han pagado en el combate a ese fenómeno, con miles de muertos cada año.

La cooperación bilateral antidrogas se incrementó en forma notable desde que Felipe Calderón declaró, en 2007, la guerra a los cárteles de la droga. Esa decisión, según ha documentado este semanario, fue influida por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, quien había declarado la guerra a la guerrilla de las FARC y había logrado diezmar a ese grupo armado.

Para el senador colombiano Iván Cepeda, con Calderón comenzó “un proceso de exportación de la política de seguridad de Uribe a México y de la llamada guerra contra las drogas que ha tenido en Colombia su laboratorio”.

Colombia capacitó a miles de policías mexicanos en áreas como inteligencia, investigación judicial y tácticas de comando, y el intercambio de información antidrogas entre los dos países fluyó como nunca antes.

Uribe y Calderón tenían enormes coincidencias políticas. Eran conservadores, críticos del “castrochavismo”, partidarios de la mano dura contra el crimen.

En el gobierno de Peña se mantuvo ese nivel de cooperación bilateral e incluso un exdirector de la policía colombiana, el general Óscar Naranjo, fue asesor de seguridad del mandatario priista.

Al inicio del sexenio de López Obrador, las agregadurías de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de la desaparecida Policía Federal en la Embajada de México en Bogotá fueron suprimidas y reemplazadas por una agregaduría de la Secretaría de Seguridad que cubre Colombia y la zona andina. La medida es parte del llamado “austericidio”.

Sobre la caída de la cooperación antidrogas desde la llegada de López Obrador, el ministro de Defensa, Diego Molano, señala que por la gravedad del fenómeno se requiere hacer “un esfuerzo adicional excepcional” entre los dos países para hacerle frente, pero ello no ha ocurrido.

“Mantenemos una relación (con las fuerzas de seguridad mexicanas), sin embargo, la actividad de lucha contra el narcotráfico se ha mantenido igual, no se ha incrementado en los meses recientes”, asegura.

Dice que enviados de los cárteles mexicanos llegan a la costa pacífica colombiana a negociar las drogas con distintos grupos, como las disidencias de las FARC y el ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional) y, en el Urabá (región del noroccidente colombiano), lo hacen con el Clan del Golfo.

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La vicepresidenta sostiene que el gobierno de Colombia, las fuerzas militares, la policía y el ministerio de Defensa “siempre tienen la disposición de incrementar al máximo la cooperación (con México) porque sabemos que es una amenaza común la acción de los cárteles mexicanos y colombianos”.

Las declaraciones de Ramírez coinciden con un estudio del Congreso estadunidense divulgado la semana anterior, en el que se señala que “en 2022, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México, es la más débil de los últimos 15 años”.

Los gobiernos de México y de Colombia tienen un buen diálogo político, pero también enormes diferencias en temas como Venezuela –con el cual Colombia no tiene relaciones, mientras que México aboga por la no intervención– o la Organización de Estados Americanos (OEA) –que para el gobierno colombiano es necesaria y según el de México debe desaparecer.

El presidente colombiano Iván Duque forma parte del bloque derechista latinoamericano, mientras que López Obrador lideró al eje que pidió a Estados Unidos, sin éxito, incluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas celebrada hace dos semanas en Los Ángeles.

Los beneficiados El general retirado de la Policía Nacional, Jairo Delgado, dice que la caída de la colaboración de México en la lucha con-

Detención de “El Pitt”. México al margen

tra el narcotráfico “afecta gravemente” el combate al delito porque “se lesionan” aspectos estratégicos, como el intercambio de información y el apoyo mutuo operacional.

Esto, dice, “acaba beneficiando a los narcotraficantes porque ellos se liberan de la presión de las autoridades y pueden avanzar con mayores posibilidades de éxito en sus propósitos criminales”.

Al general Delgado le parece que la política de seguridad de López Obrador, “con todo respeto, lo que hace es quitarle el agua al pez narco, pero sin perseguir al pez”, lo que ha mantenido en tasas muy altas los indicadores de violencia en México, como los homicidios dolosos.

El exoficial de inteligencia considera que la política de seguridad del gobierno mexicano “ha llevado a un segundo y a un tercer plano todos los aspectos de cooperación que no concuerden” con esa estrategia.

Lo que hoy tenemos, dice el especialista en geopolítica y relaciones internacionales, “es una inercia política y diplomática” en la cooperación antinarcóticos entre México y Colombia.

En general recuerda que la colaboración binacional era amplia e incluía acuerdos de capacitación, intercambio de información, reuniones bilaterales y operativos conjuntos, lo que “se cayó y se derrumbó, aunque no se ha terminado, pero digamos que está en un refrigerador a muy baja temperatura porque el presidente López Obrador lo metió ahí”.

Dice que aspectos operativos de seguimiento de narcotraficantes entre los dos países, o el intercambio de información de inteligencia sobre rutas y envíos de droga “prácticamente se suspendieron y están en un punto muerto”.

Y en esto también ha influido el hecho de que los gobiernos de López Obrador y Duque, quien culmina su mandato en agosto próximo, están muy distanciados política e ideológicamente y también en sus estrategias antidrogas, uno hablando de “abrazos, no balazos”, y el otro proclamando mano dura contra cabecillas y estructuras del narcotráfico.

“Obviamente, esa visión política divergente afecta el nivel de cooperación porque dificulta encontrar puntos comunes”, señala el general.

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 19 para elegir a su próximo presidente entre el izquierdista Gustavo Petro y el empresario populista Rodolfo Hernández. Varios analistas coinciden en que, sea quien sea el ganador, tendría más afinidades políticas con Andrés Manuel López Obrador que el derechista Iván Duque. O

N AR C OT R ÁF IC O

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Leonardo Montecillo Mejía

INVISIBLES EN COLIMA, LOS HUÉRFANOS DE LA VIOLENCIA Pese a que Colima registra la tasa más alta de homicidios dolosos, las instituciones de justicia, de asistencia social y de protección a víctimas en la entidad no tienen estadísticas sobre niños y adolescentes que quedaron huérfanos a causa de la violencia ni un diagnóstico sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que viven. Los especialistas señalan los efectos psicológicos que estos menores padecen –muchos fueron testigos del secuestro o de las muertes de sus padres— y advierten de cuadros de “hipervigilancia” y “estrés continuo” que pueden derivar en agresividad o depresión.

PEDRO ZAMORA BRISEÑO OLIMA, COL.- “¡Cuando crezca los voy a buscar para matarlos!”, alcanzó a gritar Ricardo, a sus 10 años, mientras corría desesperado llorando detrás del vehículo al que varios hombres subieron a su madre por la fuerza, en una colonia al sur de esta ciudad. Al lado del niño iban también su hermana Ofelia, dos años mayor que él, y su hermano Jaime, de 20 años, tratando inútilmente los tres de dar al-

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cance al automóvil, que pronto se les perdió entre las calles empedradas.

Era la mañana del 16 de febrero de 2017. Susana, quien laboraba como mesera en un restaurante, salió de su casa acompañada de sus dos hijos y su hija a comprar productos alimenticios para preparar el desayuno. En el camino fue interceptada por un hombre que había sido su pareja sentimental y, mientras discutían, llegaron por él algunos sujetos armados y se los llevaron a ambos.

Luego de una semana de búsqueda,

los restos de la mujer, quien tenía 34 años, aparecieron junto a los de su expareja en el interior de bolsas negras abandonadas en otro rumbo de esta capital.

Como consecuencia del asesinato de Susana, sus hijos –cuyos nombres y los de sus familiares se presentan cambiados para proteger su identidad– fueron ubicados con familiares: Ofelia se quedó con su padre biológico, en tanto que a Ricardo y Jaime los recibió su abuelo materno, quien años antes formó otra familia tras la separación de la abuela.

N AR C OT R ÁF IC O tica completa, porque no tenemos toda la información, sólo una parte”.

El funcionario comenta que “quien tiene toda la información en cuestión de delitos es la fiscalía, porque es donde llegan todos los asuntos; el primer respondiente siempre es ahí, en las carpetas de investigación se dice si la víctima tenía hijos; a partir de ahí se puede generar una estadística, creo que pudiera ser un compromiso que tengamos que hacer en el estado”.

Aclara: “Yo no digo que no la haya, nosotros no tenemos una clasificación; no nos llega, pero sí hacemos la atención inmediata, de eso no hay duda; si hay una necesidad, de inmediato se canaliza a donde se tenga que canalizar”.

Mendoza, quien asumió la titularidad de la Ceeavi en diciembre del año pasado, acepta que para ubicar mejor el fenómeno de los huérfanos a causa de la violencia y tener claridad sobre la dimensión del asunto se requiere un diagnóstico, pero evade hacer cálculos sobre el tamaño de la problemática: “Un huérfano que haya es problema serio y el Estado tiene obligación de hacer su parte, pero para hablar con claridad se necesita tener la información”, afirma.

El titular de la Ceeavi comenta que a su llegada no encontró registros de los casos atendidos por la institución, por lo que a partir de enero prácticamente tuvo que “empezar desde cero” con su propia clasificación, pero no fue incluido un apartado sobre los huérfanos de la violencia.

“Tenemos clasificados casos, por ejemplo, de homicidios y desapariciones, pero no la consecuencia, es decir, no tenemos un registro de menores que estén en esa situación, no tenemos esta información clasificada; tenemos que irla generando, seguramente la tenemos, pero no en estadística”, puntualiza Eustolio Mendoza.

La encargada de despacho de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes (Pronna) del gobierno estatal, Irma Leticia Rivera Acevedo, informa que desde que esa institución se conformó como organismo público descentralizado, en octubre de 2018, se han atendido sólo dos casos de orfandad ocasionada por la violencia.

“Desgraciadamente –dice–, se vieron afectados de manera indirecta los derechos de cinco personas menores de edad, de las cuales tres fueron restituidas con sus parientes, tías y abuelas maternas, que integran lo que se conoce como familia ampliada, y los otros dos están en acogimiento residencial.”

Por su parte, Pronna perteneciente al Ayuntamiento de la capital del estado reportó que no ha tenido el registro de la atención a ningún caso de esa naturaleza.

La titular de Pronna en el municipio de Manzanillo, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, indica que de 2018 a la fecha la FGE únicamente ha canalizado a esa institución un niño de cuatro años originario de una comunidad rural, quien presenció el asesinato de su padre.

“Cuando llegaron los elementos policiacos vieron al niño, que estuvo presente durante el hecho, y nos lo pusieron a disposición, por lo que nos correspondió localizar a sus familiares, mientras tanto estuvo resguardado”, comenta la funcionaria.

Otro caso del que Pronna-Manzanillo tuvo conocimiento de manera indirecta fue el de cuatro menores cuyo padre fue asesinado en marzo pasado y se fueron a Guadalajara a vivir con su abuela.

“Muchas ocasiones –expone Sevilla– la fiscalía no nos pone a disposición los casos, aunque en situaciones como esa debería hacerlo; pero si nadie nos da vista o nos pone a disposición a los menores, entonces difícilmente nos podemos enterar”.

De acuerdo con Sevilla Blanco, cada que hay una muerte violenta, la FGE debería inLeonardo Montecillo Mejia

La adolescente se quejó de que su progenitor intentó abusar sexualmente de ella y se mudó también con su abuelo, quien interpuso denuncia contra el presunto agresor, pero ésta no procedió. Sin embargo, inconforme porque en el nuevo hogar el hombre no le permitía asistir a la escuela, hace unos meses Ofelia pidió irse a vivir con Patricia, tía materna de su madre.

A cinco años de la muerte de Susana, ninguno de sus hijos estudia. Patricia, la nueva tutora de la joven, considera que los tres hermanos necesitan atención psicológica para superar el impacto emocional de lo ocurrido con su madre.

Ricardo, el menor, sigue viviendo con su abuelo y a veces ha insistido en que va a matar a quienes se llevaron a la mujer, aunque recientemente se le ha visto tranquilo. Jaime, el mayor, se independizó, trabaja como albañil y es consumidor de mariguana. A sus 17 años, a Ofelia se le percibe como una joven retraída y apática, aunque es la única interesada en seguir estudiando, por lo que Patricia, quien sostiene a su familia de su trabajo en un puesto de un mercado, intenta conseguirle una beca.

Según registros oficiales, en el periodo de 2015 a la fecha han sido asesinadas en Colima 4 mil 701 personas, entre las que hay 530 mujeres, mientras que en el mismo lapso se han contabilizado 784 víctimas del delito de desaparición que no han sido localizadas, más 509 que no tienen año de registro.

Las cifras anteriores mantienen a la entidad con la tasa más alta de homicidios dolosos en el país durante 2022, como lo ha estado desde hace varios años.

Pese a lo anterior, las instituciones de justicia, de asistencia social y de protección a víctimas no tienen un censo ni un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran los menores en situación de orfandad a causa de la violencia.

El corresponsal de Proceso preguntó a la Fiscalía General del Estado (FGE) si a partir de los casos de asesinato y desaparición de personas cuenta con un registro de huérfanos por esa causa, así como el número de éstos detectado y canalizado a las procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Pronna) del estado y de los municipios.

El organismo de justicia respondió, a través de su oficina de Comunicación Social, que no cuenta con un concentrado de esos datos y señaló que quien posee esa información es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi).

Sin embargo, el director general de la Ceeavi, Eustolio Mendoza Ruiz, precisa en entrevista que esa instancia no actúa en forma oficiosa, sino a petición de parte, por lo que “no podemos generar estadís-

Homicidios en Colima. La tasa más alta

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Leonardo Montecillo Mejia

Infancia vulnerada

dagar si hay hijos y en qué circunstancias quedan, bajo el cuidado de quién, para generar una base de datos y tener la información, porque faltan registros al respecto.

“Hay una vulnerabilidad porque no están detectados, definitivamente; a lo mejor siguen en casa, a lo mejor sí hay alguien que los está cuidando, pero están en vulnerabilidad porque existe un desconocimiento de lo que está pasando con ellos, queremos pensar que a lo mejor están con familia, pero no se tiene la certeza, no se sabe en qué condiciones están o si es el familiar idóneo para tenerlos”, expone Gabriela Sevilla.

Futuro incierto Los hermanos Mario y Gerardo, de nueve y dos años, respectivamente, perdieron a su padre y a su madre el mismo día, asesinados un Jueves Santo en la colonia Moctezuma, en la zona oriente de la ciudad de Colima.

El doble homicidio fue perpetrado al mediodía del pasado 14 de abril, cuando Manuel, de oficio chatarrero, se preparaba junto con su esposa para lavar su camioneta afuera de la casa de Carolina, su madre. De pronto le pidió a esta última que metiera a sus hijos a la casa, porque vio acercarse a un hombre armado. El primer disparo hirió de gravedad a su esposa y los siguientes quitaron la vida a Manuel de manera instantánea, mientras Carolina y su esposo trataban de ayudar a su nuera, que estaba agonizante.

–¿Por qué mataste a mi papá y a mi mamá? –reclamó el niño mayor al pistolero, que ya se alejaba del lugar como llegó: caminando. Mientras, el niño pequeño apuntaba con uno de sus dedos hacia la mujer moribunda repitiendo: “Mamá, mamá, mamá…”

A poco más de dos meses de los hechos, Mario, el niño mayor, es quien ha mostrado mayor afectación emocional, aunque no ha bajado su rendimiento escolar. Su abuela Carolina cuenta que en ocasiones despierta llorando en la madrugada después de haber soñado a sus padres, y el

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niño pequeño a veces estira los brazos hacia arriba diciendo “mamá” o “papá”.

Ambos hermanos se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos paternos, quienes están tramitando su custodia legal.

Un familiar les está pagando sesiones particulares de terapia psicológica, mientras que otros han contribuido con diversos apoyos para su manutención.

“La psicóloga me ha dicho que Mario parece sentirse inseguro o culpable de no haber estado más grande para poder ayudar a su papá y así evitar que los mataran”, dice Carolina, quien comenta que su hijo Manuel era aficionado a la cacería y tenía algunas armas con permiso en su casa.

–¿Y por qué si mi papá tenía esas armas no se metió a la casa por una para defenderse? –preguntó Mario una ocasión a su abuela.

La mujer comenta que los dos niños han mostrado rasgos de agresividad, el más pequeño a veces muerde a quien está cerca de él y el mayor se comporta rebelde y se molesta cuando es reprendido su hermano menor.

“Lo que yo deseo es que no crezcan con odio y rencor; les hacen falta su papá y su mamá, pero si Dios permitió que pasara esto, pues ahora que Él nos dé fortaleza y vida para sacarlos adelante, pues ya estamos viejos”, dice la abuela.

La psicóloga Yesenia Rubí Graciano Hernández, fundadora del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, advierte que la sociedad y las instituciones del Estado todavía no se dan cuenta de las consecuencias que puede acarrear la desatención de los menores afectados por la violencia.

“Nos va a costar mucho trabajo –señala– tratar de resolver algo que nos negamos a ver; en los últimos meses en Colima ha habido un aumento de la violencia, pero también es sumamente triste darnos cuenta de que la misma sociedad nos estamos adaptando a este entorno.”

Graciano Hernández explica que “un infante al que le tocó presenciar un acto violento con su familia, no sólo enterarse, se le dispara todo un cuadro que probablemente

no será atendido y ese cuadro tiene que ver con un fenómeno que lo va a tener en hipervigilancia, en un estrés continuo y en una tendencia a estar alerta todo el tiempo”.

Esos estados, añade, “con el paso del tiempo se vuelven estructuras sólidas de pensamiento para reaccionar y movernos en el mundo, y esas estructuras de hipervigilancia están más asociadas en los varones con la agresividad y en las mujeres con la depresión”.

La psicóloga dice tener la impresión de que como sociedad no vemos ni observamos esa amenaza y “me da preocupación por el Colima dentro de 10 años, pero cuando se reportan ejecuciones de menores de entre 14 y 18 años de edad creo que ya estamos ahí y no lo hemos visto”.

Graciano Hernández considera que un buen escenario sería que las instituciones documentaran los casos de violencia a través de la estadística, con datos sobre el estado civil de las víctimas, si tenían hijos y les tocó presenciar el ataque, si no presenciaron el hecho pero se transformó su realidad, con el propósito de generar expedientes y dar seguimiento a esas víctimas indirectas.

“Considero que sería lo ideal, pensando a través de la pregunta sobre lo que le espera a Colima dentro de 15 años… bueno ya estamos en ese Colima, ya nos alcanzó, pero parece que se puede recrudecer si no se atiende este tipo de situaciones”, puntualiza.

Irma Leticia Rivera, la titular de Pronna, califica como muy preocupante la situación en que se encuentran los menores huérfanos por la violencia, pues “cualquier tipo de violencia es reprobable, y más cuando ésta recae en sectores vulnerables de la sociedad, como los son las niñas, niños y adolescentes”.

Rivera Acevedo hace notar que como sociedad “venimos saliendo de una pandemia en la que, por casi dos años, y al igual que en actualidad, la infancia y adolescencia se vio afectada en sus derechos, con el encierro en casa, sin la convivencia diaria con las amistades y, en algunos casos, también con la falta de alguno o los dos padres”.

Hoy, refiere, cada vez es más común ver a este sector de la sociedad entre las víctimas circunstanciales de la violencia, pues “en un abrir y cerrar de ojos se quedan solos frente a la vida, sin los pilares de la familia”.

Propone: “Ante esta amenaza, instituciones de los tres niveles de gobierno junto con la sociedad, debemos buscar mecanismos de cooperación más directos y efectivos, encaminados a privilegiar el interés superior de la niña, niño y adolescente con el objetivo de prevenir, proteger y/o en su caso, restituir cualquier restricción o vulneración de sus derechos”.

N AR C OT R ÁF IC O

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El asedio

SE DISPARA LA “VIOLENCIA POSTCOVID” EN CHIAPAS ISAÍN MANDUJANO

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AN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.– En 1994 esta ciudad fue un cinturón de paz para detener los enfrentamientos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército, que cobraron decenas de

muertes.

Hoy sus calles coloniales viven una espiral de violencia: grupos civiles armados y pandillas dedicados al narcotráfico, extorsión, tráfico de indocumentados y de madera provocan el terror entre comerciantes, empresarios, turistas y la población. La autoridad municipal está rebasada; el gobierno estatal, ausente, y las fuerzas federales, omisas.

El martes 14, grupos de encapuchados armados con rifles de alto poder se enfrentaron en la zona norte, donde se disputan el control de la Central de Abastos y un mercado público.

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Esa región fue controlada por estas bandas. Hubo bloqueos de vialidades, se limitaron los accesos a más de 30 colonias, vehículos incendiados y disparos. La población buscó refugio donde pudo.

La del martes 14 no es la primera irrupción de un grupo armado en la zona norte de la ciudad, pero sí la más documentada, según muestran los videos y fotografías que circularon ampliamente en redes sociales.

La Vieja Jovel, ciudad colonial declarada Pueblo Mágico en 2003, a la que en 2021 llegaron más de 1 millón de turistas que dejaron una derrama de 2 mil 250 millones de pesos pese a la pandemia, hoy presa de estas bandas que en motocicletas recorren impunemente sus calles, desafiando a los cuerpos policiacos y militares.

A los criminales, conocidos como motonetos, no les preocupa que a la entrada de la ciudad esté instalada la 31 zona militar y que en sus inmediaciones haya tres campamentos y el 43 Batallón de la Guar-

dia Nacional. Portando armas largas, rifles de asalto y pistolas, a plena luz del día vigilan las calles y cobran cuotas por “derecho de piso” a comerciantes en la formalidad o informalidad.

Los Motonetos es un conglomerado de grupos que operan en toda esta región norte; se han contabilizado de 10 a 15: Los Vans, Los Torres, Los Patos, los de Huitepec Los Alcanfores, Los Narcisos, los del Lobo, Los Gerónimos, Élite, Los Ántrax, entre otros.

Algunos se incubaron en el gobierno municipal de Marco Cancino González, durante el periodo 2015-2018, cuando también tomaron fuerzas grupos como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), el Frente Popular Sentimientos de la Nación (FPSN), la Asociación Cooperativa de Transportes del Estado de Chiapas (Acotrach) y la Organización de los Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (Opeach).

Necesario, el apoyo federal En entrevista con Proceso, el alcalde Mariano Díaz Ochoa, admite que esos grupos superan a los cuerpos policíacos en armamento y número.

Díaz es un político que de 1999 a la fecha ha ocupado tres veces la alcaldía: entre 1999-2001 y 2008-2010 por el PRI y en 2021 llegó por el PVEM. Dice que la disputa real es por el control del Mercado de la Zona Norte y de los cobros de cuota, derecho de piso o venta de locales dentro y en sus alrededores, aunque no descarta que haya otro tipo de ventas ilegales, como de armas o de drogas.

Fotos: Especial

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La violenta disputa entre grupos de Los Motonetos por la zona norte de San Cristóbal de Las Casas el martes 14 evidenció la precariedad del municipio ante los embates de los grupos criminales. Y mientras las autoridades locales piden el apoyo federal para controlar la situación, la socióloga Araceli Burguete Cal y Mayor comenta a Proceso que la violencia que hoy se vive data de apenas hace unos dos años, es una violencia postcovid que no se ha ponderado. Sentencia: la mayoría de los involucrados en las pandillas y grupos delincuenciales “son jóvenes que el Estado abandonó, que los dejaron a su suerte, fueron excluidos de los espacios laborales”.

Para combatirlos es necesaria la intervención decidida de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional, por el tráfico de drogas y el uso de las armas de fuego de alto calibre que portan los agresores.

El alcalde descarta que los hechos violentos de San Cristóbal de Las Casas estén relacionados o vinculados con otros incidentes violentos en los que grupos armados o cárteles se disputan territorios en la geografía chiapaneca, como en Frontera Comalapa o en Teopisca, donde el alcalde Rubén de Jesús Valdez Díaz fue ejecutado fuera de su domicilio el 8 de junio.

“La zona indígena es impenetrable para estos grupos. Los pueblos indígenas se manejan solos. No es que yo sea sectario; los conozco. Ellos tienen su propia forma de organización y liderazgos para manejar toda la ilegalidad. Es como en Chamula, que es impenetrable, ellos manejan sus negocios lícitos y no lícitos”, sostiene.

En los primeros nueve meses de su tercer mandato, Díaz Ochoa ya lleva tres directores de la policía municipal. Uno de ellos fue Manuel Yáñez, elemento activo de la Guardia Nacional, quien chocó con el alcalde porque exigía dignificar el papel de la policía y el alcalde no lo respaldó. Duró cinco meses en el cargo.

Aunque el alcalde asegura que el martes 14 avisó de inmediato a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, las fuerzas federales y estatales no llegaron, sino hasta cuatro horas después de que se desató la violencia.

Un día antes, en el cuartel de Rancho Nuevo de la 31 Zona Militar, cerca de San Cristóbal de Las Casas, se había puesto en marcha la Fuerza de Tarea de la VII Región

Militar, con 500 uniformados del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, para “disminuir los actos delictivos en las regiones tseltal, tsotsil y llanos” de los Altos de Chiapas, pero en su primer operativo del martes 14 se enfilaron hacia Teopisca, donde la semana pasada fue asesinado su alcalde; otro grupo llegó hasta Comitán.

Alejandro, un mando militar destacado en un retén que se puso en la salida a San Juan Chamula, dijo que la notificación para regresar a San Cristóbal les había llegado poco después de las 15 horas (cuando los incidentes se iniciaron al mediodía).

El contingente llegó después de las 16 horas a la ciudad.

El gobernador Rutilio Escandón volvió a evadirse. Su personal de comunicación social difundió un mensaje suyo videograbado, en el que dijo que las corporaciones habían actuado “para restablecer el orden” y aseguró que ya se tiene identificados a los responsables.

“Desde la Mesa de Seguridad, donde todas las instancias estamos pendientes de la tranquilidad de la población las 24 horas del día, le decimos al pueblo de San Cristóbal de Las Casas que no está solo y que tiene a sus autoridades para proteger y garantizar la paz. En Chiapas cualquier persona que comete un delito se va a enfrentar a la justicia”, fueron sus palabras.

Y concluyó: en Chiapas se puede vivir de manera tranquila y con una verdadera armonía.

De central de abastos a mercado del crimen A este macizo urbano en la región Altos de Chiapas, el principal centro turístico del

estado y ciudad cosmopolita donde residen miles de extranjeros, han llegado a vivir miles de indígenas –ahora más de 50% de su población–, tras los desplazamientos forzados por la intolerancia religiosa en los ochenta y noventa, el alzamiento armado zapatista de 1994 y la migración del campo a la ciudad por las crisis económicas de décadas recientes.

Todos se fueron apostando en la periferia de San Cristóbal de Las Casas, donde fundaron asentamientos principalmente en la zona norte de la ciudad; son más de 40 colonias que viven en un alto nivel de pobreza y marginación.

Poco a poco, a lo largo del anillo periférico norte y más allá, sobre las montañas, miles de hombres, mujeres y niños fueron talando para construir sus chozas, segregados de la población del centro que vive, en el mejor de los casos, una vida al estilo europeo.

Esta desigualdad social entre el San Cristóbal del Centro y el del Norte es visible para quienes transitan entre las calles de estas colonias de la periferia de esta ciudad.

Es en ese cinturón donde miles de indígenas empezaron a crear un corredor comercial. Algunos grupos delictivos aprovecharon para pasar de lo legal a lo ilegal.

Durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero se les construyó a líderes de barrios, comerciantes y vendedores ambulantes una central de abasto para 3 mil 274 locatarios, con una inversión de 196 millones de pesos para ser así “el mercado público más grande de Chiapas”, con tres naves y 18 bodegas.

Cuando se inauguró, en marzo de 2012, ahí estaban vestidos de chamulas, rompiendo el listón al lado de Sabines Gue2381 / 19 DE JUNIO DE 2022

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Isabel Mateos

Procesión por la paz

LOS JÓVENES, DESLUMBRADOS POR LAS ARMAS ISAÍN MANDUJANO AN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.– Desde la guerra declarada contra el narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón, Chiapas no había resentido hasta ahora las secuelas de las disputas territoriales por grupos del crimen organi-

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rrero la entonces alcaldesa Victoria Cecilia Flores Pérez, actualmente secretaria general de Gobierno, así como el líder evangélico indígena Manuel Collazo Gómez.

Para darles certidumbre a sus ocupantes, el mercado no quedó bajo el control del ayuntamiento municipal, sino que se les dio a cada uno de locatarios un certificado o escritura pública de propiedad y se decidió que ellos crearan su propio autogobierno para la administración.

En enero de 2013 se erigió como administrador único Mauricio Chávez Moreno, quien permanece en el cargo hasta la fecha. El mercado empezó a crecer y a su alrededor se establecieron cientos de comercios, tianguis; el ambulantaje también creció y se convirtió en el Tepito de San Cristóbal de Las Casas. Y todo se descompuso, pues empezó a circular todo lo legal y hasta lo ilegal.

El 14 de noviembre de 2019, ya en el sexenio de Rutilio Escandón, el notario público 149 de Suchiapa, César Bernardino Serrano Nucamendi, se trasladó hasta ese mercado para dar fe de una “asamblea ordinaria” a la que habían sido convocados los locatarios a las 15:00 horas de ese día “para tratar asuntos con la seguridad, para determinar de qué manera emergente intervienen la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tomen acciones

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zado como ya ocurre a partir de julio de 2021.

Tras la ejecución del Ramón Gilberto Rivera Beltrán –heredero de la plaza que le dejó su padre Gilberto Rivera Amarillas, Tío Gil o El Señor de la Frontera Sur– y sus guardaespaldas el 7 de julio de 2021 en Tuxtla Gutiérrez, los chiapanecos viven

para no permitir la venta de estupefacientes, (cocaína, piedra, marihuana)…”

Y había más, según lo fedatado por el notario: “… Evitar la venta de armas de diferentes calibres, venta de discos de piratería con contenido de pornografía infantil y sexual, todo lo cual está expresamente prohibido por la ley, que por causas que se desconocen son distribuidos en el mercado en cuestión, poniendo en un alto impacto de riesgo la seguridad de los ciudadanos que viven alrededor, de los que transitan, de los que visitan para comprar y de los locatarios que ahí venden…”.

El instrumento de fe pública No. 1141, en el volumen 13 de la Notaría 149, asentó una petición expresa de los convocantes: que “con la participación del gobierno del estado, deje de operar el grupo u organización presumiblemente criminal conocido como los Motonetos”.

El notario público había sido invitado a dar fe de la asamblea por el líder indígena evangélico, Manuel Collazo Gómez, ocho líderes indígenas más del mercado y los acompañaba la diputada local sancristobalense Patricia Mass Lazos.

Sin embargo, la asamblea no se pudo celebrar. Sólo llegaron 400 locatarios, la mayoría se intimidó por disparos que se escucharon previamente, y por el arribo de hombres en motocicleta vestidos de negro, que portaban cangureras con armas.

una escalada de violencia que ha dejado decenas de asesinatos y desaparecidos.

Un fiscal de justicia indígena, un periodista, un líder ganadero y un presidente municipal son algunas de las víctimas de esos crímenes, entre una larga estela de asesinados en esta narcoviolencia que cumple ya 11 meses.

Una de las zonas más violentas es la ahora llamada “carretera de la muerte”, que va de La Trinitaria a Frontera Comalapa, para ser precisos a la altura de Chamic, en la que dos grupos armados han mantenido una disputa por el control de ese territorio donde empieza uno de los principales corredores de todo tipo de actividades ilícitas que se cometen entre Chiapas y Centro y Sudamérica.

Fue en ese tramo de la muerte donde fueron hallados dos de los presuntos responsables materiales del homicidio del periodista Fredy López Arévalo, asesinado el 28 de octubre de 2021 al sur de San Cristóbal de Las Casas. Ahí mismo, dos meses atrás (el 10 de agosto de 2021) fue ejecutado a tiros también el fiscal de Justicia Indígena de la FGE, Gregorio Pérez.

El líder de los ganaderos en la región Palenque, Audumaro Martín Lara Lastra, fue asesinado en su rancho el 5 de mayo

“Encabronamiento social” En el recorrido efectuado por los locales del Mercado del Norte, el notario público refiere haberse percatado también del “servicio de prostitución en el que se involucra a grupos vulnerables, como menores de edad y personas adultas mayores”.

Para ese momento, unos 150 motonetos que estaban ya dentro del mercado amenazaban con boicotear la asamblea, por lo que el grupo se retiró.

Proceso contactó vía telefónica a Manuel Collazo Gómez, líder indígena desplazado por el grupo que ahora mantiene el control del Mercado del Norte, encabezado por Mauricio Chávez Moreno y Domingo Ruiz, alias el Pishol o Pixol.

“He denunciado desde hace cuatro años todo lo que hay dentro de ese Mercado del Norte”, dijo Collazo Gómez, quien se disculpó por no poder hablar más por su seguridad.

Después de esa fallida reunión, la entonces diputada local Patricia Mass Lazos denunció en la tribuna del Congreso del Estado las actividades ilícitas dentro de esa central de abastos y responsabilizó directamente “al grupo criminal conocido como Los Motonetos” como los presuntos responsables de muchas de las actividades ilícitas que dentro y fuera se realizan.

Además de calificar de impactante todo lo hallado, la entonces diputada recogió de-

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Y llegó la narcoviolencia En Chiapa de Corzo, el 9 de mayo último, cerca del Aeropuerto Ángel Albino Corzo, en la Colonia La Aurora, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas asesinadas, dos de ellas con las manos atadas y dos más desmembrados y en bolsas negras. En Benemérito de Las Américas fueron ejecutadas cuatro personas el día 21 del mismo mes. Pero la violencia se ha expandido a otros lugares, como Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Tapachula, Comitán, en municipios de la Costa del estado.

El investigador chiapaneco del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Xalapa, Veracruz, Saúl Moreno Andrade, dice que la narcoviolencia tardó en llegar. pero ya alcanzó a Chiapas.

Lamentablemente, la criminalidad ha permeado hacia el sector joven de la

nuncias de los locatarios que pagan altas cuotas y no las ven reflejadas en las mejoras del mercado, y que señalaron al administrador Chávez Moreno “como una persona que financia al grupo de Los Motonetos”, dijo ante sus 39 compañeros de curul.

En una conferencia de prensa en el kiosco del parque central de San Cristóbal de Las Casas el miércoles 15 –tras la violenta incursión de los motonetos–, Mauricio Chávez Moreno se deslindó de los hechos del martes 14 y dijo que los dos grupos antagónicos que se confrontaron nada tienen que ver con la Alianza por el Bienestar del Mercado Regional de la Zona Norte, que conforman 15 organizaciones de comerciantes y locatarios.

También aseguró que el grupo que irrumpió bajó de San Juan Chamula. “Se enfrentaron dos grupos que no tienen nada que ver con el Mercado Regional de la Zona Norte”.

Y pidió que las fuerzas federales y estatales garanticen la seguridad de los locatarios del mercado que administra.

Araceli Burguete Cal y Mayor, socióloga y directora regional de la Unidad Regional Sureste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), centro de investigación del Conacyt, ha investigado las violencias históricas en contra de los pueblos indígenas.

En entrevista, afirma que la violencia que se vive data de apenas hace dos

población, y los los grupos delictivos han encontrado ahí la manera de hacerse de un ejército propio.

Aunque Chiapas ha vivido sumido siempre en la violencia, dice el investigador, en la historia reciente hemos pasado de una violencia ideológica y de justicia a una violencia criminal, cuyo objetivo es la ganancia económica.

Moreno Andrade resume que Chiapas es el fiel reflejo de lo que pasa en todo el país, con varias guerras al mismo tiempo en las que participan grupos con muy diversos intereses políticos o económicos.

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, adscrito a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y sobre todo un activista defensor de los derechos humanos, ha vivido perseguido y amenazado. En entrevista cuenta que ha podido palpar la violencia de cerca en los pueblos y comunidades de Chiapas.

La situación que se vive en Chiapas fue tema de la Asamblea Diocesana 2021 celebrada el 14 y 15 de diciembre pasado, en la que uno de los acuerdos tomados y firmados por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro fue “la contrucción de una pastoral para la paz”.

años, es una violencia postcovid que no se ha ponderado, y detalló que la mayoría de los jóvenes involucrados en las pandillas y grupos delincuenciales “son jóvenes que el Estado abandonó, que fueron dejados a su suerte, excluidos de los espacios laborales con el cierre de negocios y empresas por la pandemia”, al desplomarse el turismo.

“La pandemia agudizó en esta ciudad la desigualdad social”, agrega la in-

Por ello, por vez primera se nombró directamente la justificación en el acuerdo diocesano, “ante la violencia del crimen organizado”.

En San Cristóbal de Las Casas, el padre Marcelo encabezó el jueves 16 (de Corpus) una procesión por la paz en Chiapas. Y, al igual que lo hace él, en Chicomuselo el párroco y miles de feligreses realizaron el pasado fin de semana otra peregrinación por la paz en Chiapas.

Al padre Marcelo le preocupa que los jóvenes se deslumbren por las armas, el dinero, las drogas, pues, dice, ellos son las primeras víctimas del crimen organizado. Desde su fe y su parroquia en San Cristóbal seguirá promoviendo el rescate de los valores y que los jóvenes no se vayan por ese camino, afirma.

La violencia en Chiapas también alerta a las organizaciones civiles que trabajan en la entidad. Apenas el sábado 4, en el marco del día de la “Niñez víctima inocente de agresión”, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, expresó su preocupación por la agudización de la violencia armada y sus impactos negativos en la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en la entidad. O

vestigadora. Tras una historia de racismo y discriminación, “los jóvenes indígenas tienen un gran encabronamiento social, están enojados y la manera en que lo manifiestan es desafiando a la sociedad. Tienen una rivalidad que manifiestan con las armas”.

Esos grupos de jóvenes se rentan por 300 y hasta 500 pesos para cometer diversos delitos.

@IEPCChiapas

pasado. También fue ultimado el presidente municipal de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, el 8 de junio pasado.

Semanas atrás había sido avistado un convoy de 14 camionetas con hombres armados.

Burguete Cal y Mayor. Violencia expansiva

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Alejandro Saldívar

EL VENENO MEXICANO

QUE INTOXICA PERÚ

ALEJANDRO SALDÍVAR, DANIEL WIZENBERG Y G. JARAMILLO ROJAS ADRE DE DIOS, PERÚ.— Larri Ihuizi Keontehuari suele llevar en su bolsillo alguna pepita de oro que vende por 220 soles (60 dólares) el gramo. Es un hombre menudo, de mirada esquiva y a sus 31 años es el presidente de la comunidad Harakmbut de Puerto Luz, en el sudeste de la Amazonia peruana, donde las comunidades indígenas pueden extraer oro de su territorio sin pedir autorización al gobierno. Incluso, como hace Larri, pueden traer invitados no indígenas para que lo hagan.

M

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Para amalgamar en una sólida piedrita los granos brillantes y amarillos que se filtran en el lecho del río Karene, los mineros que llegan cada día a Madre de Dios desde todo Perú, autorizados o no, necesitan hacer un montoncito y echar unas gotitas de mercurio. Hacen falta entre tres y siete gramos de azogue para producir un kilogramo de oro.

Puerto Luz, cobijada por una vegetación espesa, tiene 62 mil hectáreas, 500 habitantes y es una de las 10 comunidades de la reserva comunal Amarakaeri en la provincia del Manu, región Madre de Dios. Pa-

ra llegar, los mineros gastan al menos 100 dólares tomando dos embarcaciones y tres camionetas-taxi.

En la entrada a la comunidad hay una cancha de futbol que al mismo tiempo funciona como plaza central. Alrededor, casas de madera sin ventanas ni servicios sanitarios crujen por la humedad. En una de ellas se lee la frase: “Al que mucho nos critica algo de nosotros le picó”. En la maleza, un par de gallos husmean perdidos entre botellas de plástico y cartuchos de caza. Entre ligeros vientos selváticos y música de largos días de borrachera, una

M E DI O AM B I E N T E

En las entrañas de la Amazonia peruana y boliviana se amalgama el oro con mercurio ilegal producido en México. La comunidad Harakmbut ha sufrido los estragos de la minería: contaminación de ríos, deforestación, desplazamiento y sometimiento. Del mercurio al oro hay una selva en riesgo.

trabajo si el beneficio es para otros”, “qué importan los otros si no luchan por el bien común”. Calla. Al silencio lo cubren sus lágrimas. Jorge no está de acuerdo con invitar extraños, vive amenazado por mineros ilegales y opina, mirando barranco arriba, que a veces las personas se dejan seducir por el oro olvidando sus raíces.

Jorge dice que hay alternativas para combatir la egoísta fiebre del oro: está plantando un cacao de alta calidad que fue premiado en Bélgica: “Y para eso no hace falta mercurio ni arrasar más selva”.

Ruben Timelensuki, el antecesor de Larri, está de acuerdo con Jorge. En la maloca que habita con su numerosa familia guarda un tarrito de mercurio El Español, al lado de su televisor de 42 pulgadas. Cada tanto se hunde en alguna ribera y extrae algo de oro para ganar unos cuantos soles.

Explotación retrógrada

Extracción de oro en la reserva comunal Amarakaeri, Madre de Dios, Perú

iglesia evangélica tutela la cotidianidad del pueblo.

Larri vive al lado de la iglesia. Sus agrietadas manos permanecen entrecruzadas mientras intenta explicar cómo llegó a liderar su comunidad. Fue azar, él nunca lo quiso, nunca lo pidió y ahora está intentando descifrar sus responsabilidades. A diferencia de sus predecesores en el cargo, sus ojos relucen cuando se le pregunta por el oro: “Estoy a favor de la minería artesanal”, dice. Y se apagan cuando se le pregunta cuál es el problema más grande que tiene la comunidad. Larri piensa una

respuesta, observa detenidamente la piedrita de oro de unos tres gramos que dejó refulgente sobre la mesa y, al no tener nada que decir, termina por estacionar sus ojos en una ligera llovizna que vuelve grises las copas de los árboles.

En la parte baja del pueblo está la casa de Jorge Tayón Keddero, el encargado de la seguridad comunitaria, quien a sus 70 años percibe cómo se desmorona la cosmogonía de su pueblo. Es un hombre corpulento que ha trasladado su fuerza física a la mente: “Qué importa el hombre si no hay tierra para trabajar”, “qué importa el

Entre 1932 y 1968 la empresa Chisso desechó en la bahía de Minamata, al sur de Japón, 80 toneladas de mercurio. Lo usaba para producir acetaldehído, el componente con el que se hacen los saborizantes de alimentos. Miles de personas y animales se envenenaron comiendo los peces imbuidos en mercurio del mar Shiranui. Desde entonces a quienes se intoxican con esa sustancia se les diagnostica con la enfermedad de Minamata: un síndrome neurológico que afecta los sentidos y las neuronas motoras. Por eso el convenio mundial que prohíbe el mercurio tiene el nombre de esa ciudad.

Este metal pesado –también llamado azogue– se usa para producir cloro gaseoso, sosa cáustica, baterías, interruptores, electrodos y pesticidas. Con el fulminato de mercurio se detonan explosivos y con el vapor de mercurio se revelaban, en un principio, las fotografías. Mercurio es también un dios griego, alado e inquieto mensajero por el que el planeta y el elemento Hg de la tabla periódica se llaman mercurio.

Hg significa hydrargyrum: plata líquida.

Produce aleaciones desde hace milenios: con él los griegos hacían pomadas y los romanos cosméticos. Mercurio es el pla2381 / 19 DE JUNIO DE 2022

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Alejandro Saldívar

Presencia de cianobacterias (algas verdeazuladas) en los territorios explotados de Madre de Dios

neta que según los astrólogos cuando está en retroceso le baja la energía a los humanos. Y también es el componente que en los termómetros analógicos informa la temperatura. En la selva peruana; sin embargo, no mide, sino que hace subir la fiebre del oro.

En la región Madre de Dios se produce la mitad del oro peruano, según el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Para eso deforestan el equivalente a 2 mil 500 campos de futbol por mes. En el corazón de la selva el mercurio líquido “99%” se consigue en un paraje desarrollado sobre uno de los desiertos que deja la tala indiscriminada: se llama Delta 1 y está a unos dos kilómetros de Puerto Cruz.

Es un barrio con casas a medio construir, sistemas de desagüe a la vista, perros husmeando la basura y escombros apilados en las esquinas de calles enlodadas. Donde antes había una selva prístina, lo único que crecen son las ambiciones de los mineros, los negocios de ferretería de excavación y el furtivo despacho de tragos y mujeres a precios neoyorquinos. No en vano los mineros le llaman, entre risas, “Delta One”.

Delta 1 está rodeada de incontables montañas de tierra de unos cinco metros, infraestructuras de succión y resbaladillas que revientan la tranquilidad de la selva con motores fabriles: una minería artesanal autorizada por el gobierno, a gran escala y con máquinas. Pero escasea el control: 78% de los mineros concesionados por el

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gobierno son personas físicas que no van a la mina: alquilan sus máquinas a hombres de todos los oficios que llegan de todo Perú en busca de un dinero que jamás conseguirán en las ciudades.

75 de los concesionarios de Madre de

Dios también están autorizados por el gobierno para comprar mercurio. Según investigó el Center for Advanced Defense Studies, varios de ellos fueron denunciados por minería ilegal, como el exdiputado y candidato a gobernador de la región

LÍQUIDO MORTAL

ALEJANDRO SALDÍVAR

M

éxico produce tres veces más mercurio (63 toneladas) que el reino de Noruega (20); y aunque produce 57 veces menos que China (3 mil 600) –principal productor de mercurio en el mundo, que deberá detener la extracción de ese metal para 2032, de acuerdo con el Convenio de Minamata–, hasta 2021 exportó más que nadie hacia América del Sur. México ha vendido mercurio regularmente a los tres países que integran la Alianza del Pacífico –Colombia, Chile y Perú–, todos ellos suscritos al mismo convenio que tiene el objetivo de controlar la presencia del mercurio en la biósfera.

Desde que Perú dejó de importar mercurio en 2015, Bolivia se convirtió en el segundo mayor importador de mercurio del mundo y “no se ha sacado ninguna normativa para controlar las importaciones de mercurio.

Bolivia firmó Minamata pero no reglamentó su cumplimiento; es legal esta importación, aunque hay cada vez más presión”, dice Óscar Campanini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), que investigó para el informe Abriendo la caja negra: revelando el comercio mundial de mercurio, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).

Campanini confirma que hasta 2020 la mayoría de las importaciones procedieron

M E DI O AM B I E N T E

Tráfico legal

Alejandro Saldívar

La marca de mercurio El Español –reconocible por su logo de un torero haciendo pasar un toro– es la más conocida. Se consigue tanto en Perú como en Bolivia. En el dorso de la botella se lee: “Con Dios todo, sin él nada”. El dueño de la marca es Alfredo Triveños, condenado por tráfico de mercurio en 2016, después de recibir el premio “a la mejor empresa peruana del año” en 2012. En su página web Triveño comparte memes con frases como “hay una gran

diferencia entre renunciar y saber que ya tuviste suficiente”. No claudicó: en los registros del distrito de Callao, en Lima, la empresa de Triveño aparece como agencia de turismo, aunque también lo delata su usuario de e-mail: mercury@qnet.com.pe.

Los vendedores de mercurio aprovechan la fama de El Español y reutilizan botellas o falsifican las etiquetas. El metal es tan pesado que medio kilo entra en un pequeño frasco de 40 mililitros. También se consigue un “mercurio alemán”: es rojo y lleva el emoji de una calavera y la leyenda “apto para tareas nucleares”. Pero como El Español (que no tiene nada que ver con España), es un marketing de comercialización: es el mismo mercurio pero con colorante rojo.

“El éxito no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas”, posteó en su cuenta de Facebook Óscar Gandarillas, un hombre alto y morrudo de unos 50 años, que vive en La Paz, la capital de Bolivia. Óscar le va al club de futbol Bolívar y es dueño de Handyman, una importadora boliviana de artículos de ferretería.

A Óscar le gusta la minería: sigue a la compañía de maquinaria china Xinhai Mining en las redes y le da like a los videos en los que muestran cómo los chinos procesan el oro en Tanzania. Óscar no hace nada ilegal: no hace falta ser un traficante porque cualquiera puede comprar y vender mercurio en Bolivia en ferreterías, el Marketplace de Facebook o Mercado Libre, sin pedir permiso ni ir preso. Y hace poco avisó en su muro: “Llegó mercurio El Español, es el original”. Salía a 850 pesos

Medio kilo de mercurio en un envase de 40 ml.

bolivianos el kilo (123 dólares). Otros avisos, publicados durante mayo en Marketplace, especifican: “Hay mercurio plateado, original mexicano”.

El contrabando La exfiscal Karina Garay es la “Mujer Maravilla”, según una nota de la BBC. La sala de su casa, ubicada cerca del centro de Alejandro Saldívar

Eulogio Amado Romero Rodríguez. La consultora Macroconsult S.A., calculó que la tercera parte del oro que vende Perú –principalmente a Canadá, India y Suiza– se extrae de forma irregular.

En Delta 1 un restaurante puede ser un motel, una agencia para enviar dinero o una joyería que no vende, sólo compra oro.

En ningún lado se anuncia “venta de mercurio”, pero preguntando se consigue como si fuera arroz o Inca Kola. La botellita de 100 gramos la venden a 60 soles (15 dólares) y la de 500 gramos a 270 (70 dólares).

Se consigue a un precio similar a tres horas de ahí, al borde del kilómetro 108 de la ruta transoceánica, en el paraje La Pampa, donde se han hallado fosas clandestinas con huesos incinerados, donde la ONG Capital Humano y Social (CHS) descubrió burdeles con 80 mujeres víctimas de trata de personas y donde según un estudio publicado en la revista Nature los niveles de contaminación por mercurio son similares a los de las zonas industriales de China.

La exfiscal peruana Karina Garay

de México (93%) y que hasta el presente siguen ingresando a Bolivia principalmente por vía terrestre (98%), luego de llegar por barco a Arica, Chile.

Según la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, el mercurio requiere un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para salir del país y embarcarse hasta el Amazonas.

En los registros aduanales de Bolivia se contabilizan 26 empresas mexicanas que exportaron mercurio a ese país. La Unión De Mineros del estado de Querétaro, encabezada por Juan José Zamorano Dávila, ha enviado al menos 56 cargamentos de mercurio líquido. Él también es administrador de Vesia Internacional, SA de CV, sociedad constituida con su pareja Sandra Ceballos Parra, en marzo de 2019, dedicada a “la importación y exportación de rocas y minerales, sean

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Alejandro Saldívar

Larri Ihuizi. Liderazgo local

Cusco, es un salón colonial atiborrado de óleos con retratos religiosos que coleccionaron sus abuelos: “Desde chica me ha interesado la conciencia social y el cuidado del medio ambiente, y me he enfrentado a los poderes que no piensan en él”.

Karina es una mujer de baja estatura, pero de voz fuerte y palabra precisa. Es jovial a la hora de hablar de su mote pero se pone seria cuando profundiza en lo difícil que ha sido ganarlo. Como fiscal persiguió a traficantes de todo tipo y por eso en 2020 fue la mujer del año en Perú. El reconocimiento se lo otorgó el entonces presiden-

metálicos y no metálicos, en cumplimiento a las normas aplicables para tal efecto”.

Productos Mineros RT, SA de CV, propiedad de René Reyes Santillán y Marisela Terán Alcántara, registra 19 cargamentos enviados desde el puerto de Manzanillo, en la costa oeste de México, rumbo al puerto de Arica, Chile, en tránsito hacia La Paz, Bolivia.

Productos Mineros RT, SA de CV, se constituyó en Ecatepec, Estado de México, en noviembre de 2013, como objeto social destinado a la “compra, venta, distribución, importación, exportación, comisión, consignación y comercialización de materiales, artículos, equipo, refacciones, accesorios, productos y todo lo relacionado con la minería”.

Sus hijos, Armando y Miguel Ángel Reyes Terán, se dedican a comercializar y vender mercurio liquido en México y en Colombia –vía Comercializadora Internacional Euromanantial SAS– por medio de la página

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te Martín Vizcarra, gracias a “su valentía y compromiso con la legitimidad del Poder Judicial”. Pero por no dejarse corromper, dice, tuvo que renunciar.

Después de decomisar azogue en varios operativos, asegura que el mercurio “viene de México” y que después de circular por Bolivia, entra a Perú escondido en botellas de yogurt. La marca láctea más conocida de Bolivia es Tiwanaku y su lema es “Por un planeta saludable”. Además, para Karina Garay el mercurio lo cruzan de Desaguadero a Puno algunas mujeres andinas debajo de sus polleras tradicionales:

www.mercurioqro.com y plataformas de venta en línea, como Mercado Libre, donde un kilo lo venden en 4 mil pesos mexicanos (199 dólares).

También se encuentran otras empresas, como Solvitec México, SA de CV, constituida en 2011 y propiedad de Enrique Polo Madero, cuyo objeto social es “la compra, venta, distribución y exportación de depósitos o yacimientos que contengan metales o minerales de todas clases para su explotación”.

En Zacatecas, Aldrett Hermanos, SA de CV, fundada en octubre de 2003, es una empresa familiar cuyo consejo de administración es presidido por Jorge Luis Aldrett Lee y se dedica a la “compra y venta de metales y minerales y toda clase de maquinaria propia para la minería”, también a la “compraventa, urbanización, fraccionamiento de toda clase de terrenos no rústicos, así como a la construcción de casas y a la venta de las mismas”.

“Pobres cholitas, en general no saben que están siendo usadas como mulas”.

Hay varios pasos fronterizos entre Bolivia y Perú. Desaguadero, al sur, es el más transitado y comercial, pero otra de las fronteras, 900 kilómetros al norte de ahí, cerca de un corredor deforestado por industrias madereras, a la altura de un paraje llamado San Lorenzo, es simplemente una casa verde de no más de 100 metros cuadrados al final de una bifurcación de la ruta 30 C, que desemboca en Brasil.

En medio de un bosque subtropical de tierra rojiza esa casa oficia como aduana y punto de seguridad limítrofe. Edwin Pari, nacido en Tacna hace 25 años, es el policía y el casero del lugar. Lo acompaña Cuto, un perro criollo sin cola. Lleva puesta una camiseta de la Juventus, unos jeans cortados a los muslos y sandalias de tela.

Unos 100 metros detrás de esa casa se puede imaginar una línea de frontera entre largos y tupidos árboles, dos conos de tránsito caídos y un pequeño obelisco de un metro de alto que dice: “Bolivia”. Hay dos posibles problemas para cruzar caminando esta frontera. Uno es saber dónde se pisa: hay que evitar enlodarse las piernas. El otro, según Juan Carlos Sotomayor, un policía que ayuda a Edwin patrullando la zona en moto, es que ésta es también una ruta de tráfico de personas y de sustancias ilícitas. O Estos reportajes fueron producidos gracias al GRID-Arendal Investigative Journalism Grant 2022 y al apoyo del Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center.

Según el Directorio de la Minería 2022, en México existen seis empresas productoras de minerales metálicos dedicadas a la extracción del mercurio. Entre ellas, Barite Pacific Corporation, SA de CV –con operaciones en Colima capital y Zimapán, Hidalgo–; de Erick Marte Rivera Villanueva, diputado federal del PAN, también propietario de las minas El Tabaquito y La Minita, ambas en Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán, según registros de la Secretaría de Economía.

También se encuentran las mineras Proyectos de Metales y Minerales Sony, SA de CV (SLP); Jales de Zacatecas, SA de CV; Mercurio del Bordo, SA de CV (Zac) y Minera Orca, SA de CV (Zac).

La mayoría de las exportaciones de mercurio a Sudamérica salen del puerto de Manzanillo, Colima. El domingo 12 de junio se reportó el robo de 20 contenedores con metales preciosos, entre ellos oro y plata, en ese mismo puerto. O

M E DI O AM B I E N T E Alejandro Saldívar

La mina de mercurio Camargo, en el municipio de Peñamiller, Querétaro

QUERÉTARO

LADELFIEBRE MERCURIO

El mercurio que se extrae en la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda ha destruido el ecosistema y perjudicado la vida de las personas dedicadas a la minería artesanal. El gobierno federal anunció un cierre paulatino de las minas de mercurio, pero las alternativas para los mineros se avizoran lejanas. Estas minas se han vuelto sustento de varias comunidades en Querétaro, a pesar de que el suelo, el aire y el agua de este sistema montañoso ya presentan afectación por mercurio.

ALEJANDRO SALDÍVAR AMARGO, QRO.— Una cascada de piedras grises rompe la armonía del paisaje idílico de la Sierra Gorda.

Mientras el sol se derrama por encima de las nubes y se esparce con beatitud sobre una virgen de Guadalupe pintada en el cerro, las chimeneas de los hornos artesanales de mercurio exhalan un aroma sulfuroso, picante.

Rodeada de un camino sinuoso, la mina Camargo se desgaja en cuatro laderas de donde se extrae, procesa y hornea mercurio de forma artesanal. De la penumbra de la bocamina tres trabajadores empujan un carrito con costales de maíz repletos de piedras negras. Salen de la mina con una máscara de polvo negro, agotados después de estar percutiendo rocas con un martillo puntiagudo.

Santiago, el minero que le da dirección al carrito, lleva siete años explorando el interior de la Sierra Gorda. A pesar de que desconoce que el mercurio es un mineral socorrido por la industria aurífera para amalgamar el oro –que actualmente

C

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LA RUTA PLATEADA:

MANZANILLO-LA PAZ-PUNO

A

Según datos oficiales, en 2020 Bolivia importó 160 toneladas de mercurio por 7 millones de dólares, más que nadie en el mundo. La mitad provino de México (el segundo productor global después de China), un poco menos de Rusia y el resto de Tayikistán, Vietnam e India.

Una vez en territorio boliviano el mercurio se dispersa. La trazabilidad se pierde pero Vilma Morales está segura: “La hipótesis que más toma fuerza realmente es la de Bolivia, o sea, es un hecho: entra sobre todo por Desaguadero, la frontera con Perú”. Óscar Campanini, experto en extractivismo del Centro de Documentación e Inves-

ronda los 50 mil pesos por onza (2 mil dólares estadunidenses), de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 15:00 horas se adentra 300 metros con pico y pala para recolectar la “tierrita”, como le llama al mineral. “Es dificil andar sacando el material”, confiesa con la frente sudorosa y la lámpara de su casco aún encendida.

Los mineros reconocen las piedras, siguen las vetas como los ciegos tientan en la oscuridad, son geólogos exper-

tos en identificar el metal, picando con una mano y recogiendo las piedras con la otra. “La falla marca dónde está el mineral, pero está muy escaso porque ya están bien trabajadas”, explica Santiago.

–¿Cuánto sacan en una jornada?

–Bien poquito, uno saca medio kilo, por mucho un kilo de mercurio ya líquido en una quincena. No hay mucho metal, sólo recogemos la tierra que dejaron los de antes.

Alejandro Saldívar

l año siguiente de firmar el Convenio de Minamata, en 2015, Perú comenzó a cumplirlo: dejó de importar mercurio.

Entonces, las importaciones totales nacionales de azogue desde Bolivia subieron casi en la misma proporción que bajaron las de Perú.

Lo confirma la ingeniera química Vilma Morales, quien lidió 10 años desde el Ministerio del Ambiente de Perú con el tráfico de mercurio y tiene los registros en los que consta cómo el metal, que hasta 2014 importaba Perú, pasó a su vecino del sur: “En 2012 Bolivia importaba 34 toneladas, para 2016, 230, y Perú en ese año, cero”.

Santiago en la mina Carmargo. A la derecha, la zona de hornos

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tigación de Bolivia, argumenta que, según datos que recopiló entre las cooperativas mineras bolivianas, su país sólo utiliza 60 o 70 toneladas de mercurio por año: “el resto va al contrabando”.

Hay tres empresas de Bolivia que en 2020 importaron la mitad del mercurio: Paloan SRL, Insumer Bolivia SRL y Juan Orihuela Mamani Import-Export. Algunas importadoras peruanas figuran también en Bolivia: como Surfworld, que está radicada en Lima y su gerente es Claudia Selene Ramírez Tapia, mientras que su versión boliviana, con sede en Sapocachi, se llama Importaciones Ramírez Tapia. Ambas tienen el mismo correo electrónico, que no oculta el destino del producto que compran a México: “mercuriominero@hotmail.com”.

En los registros oficiales consultados se observa que entre las 26 empresas mexicanas que exportaron mercurio a Bolivia destacan: Unión De Mineros del Estado de Querétaro, Ivfresou SA y Productos Mineros RT SA, que

Después de que las piedras salen de la mina, las cargan en una camioneta rumbo a la zona de hornos, que está delimitada por una trituradora de minerales de la marca hongkonesa The Nile Co. Ltd., arrumbada encima de un montículo de piedras incineradas. En la cajuela, las piedras chocan como si estuvieran en una partida de billar muy agitada.

Sin opciones En la Sierra Gorda, el cinabrio –mineral de donde se extrae el mercurio– ha tenido una producción considerable desde hace más de 500 años. Del cinabrio se obtiene un pigmento rojo vivo parecido al color de la sangre, el bermellón. Según el historiador Adolphus Langenscheidt, en la época prehispánica se pensaba que el minero trabajaba en el inframundo, en contacto con la sangre de la Tierra, con el único metal líquido, considerado en épocas remotas como un agua cargada de cualidades mágicas.

Los hornos son una hilera de fogones de ladrillo debajo de tapancos improvisados, a desnivel de la bocamina de donde se extrae el mineral. Por la renta del horno y la leña para fundir el mercurio los mineros pagan alrededor de 800 pesos (39 dólares). “Aquí se funde, pasa de piedra a humo y luego a líquido”, aclara Ernesto como si fuera un alquimista.

Ernesto comenzó a trabajar en la mina a partir de la pandemia, en marzo de 2020.

Dice que no hay otra fuente de empleo más redituable en la región. “Regularmente trabajo como electricista en Querétaro, pero

Alejandro Saldívar

M E DI O AM B I E N T E

Un camión transporta tambos utilizados en la minería de oro en Madre de Dios

comercialización es dentro de botellas de Coca-Cola de 500 mililitros. Los mineros tardan hasta 15 días en recolectar 700 kilos de mercurio.

La mayoría de los hornos se ubican al fondo de la mina, donde se ha detectado una concentración de mercurio en el aire de hasta 129.7 microgramos por metro cúbico –12 veces más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud–, según un estudio realizado por el Instituto

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en agosto de 2020.

“Las consecuencias ambientales de la explotación de este metal son la contaminación de cuerpos de agua, el suelo de la región cercana a las minas y una constante emisión de mercurio al aire”, expone el documento que busca atender el manejo y monitoreo del mercurio en los términos que señala el Convenio de Minamata, que entró en vigor en agosto de 2017.

Alejandro Saldívar

somos originarios de aquí. En la mina estamos en casa, no andamos fuera”, dice con el orgullo galvanizado.

–¿Y para quién trabajan en esta mina?

–Cada quien trabaja por su cuenta.

Mientras un anciano embarra de adobe los cilindros de fundición, sellando las fisuras de aire, Ernesto desmigaja con un martillo las rocas para someter esos vapores condensados del cretácico a temperaturas de mil 200 grados centígrados, logrando separar el azufre del mercurio.

Después de cinco horas las piedras son lava ardiente, hasta que el mercurio se condensa para ser recolectado en botellas de refresco.

Los mineros no saben del todo para qué se utiliza el mercurio que extraen. “Se lo vendemos a los intermediarios y ellos lo comercializan”, cuenta Pedro, quien entró a trabajar a la mina hace 10 años, cuando terminó la preparatoria. “La mina es el sustento de todo Camargo, no hay otra fuente de trabajo. Es esto o dedicarse a la albañilería en Querétaro, ganar 2 mil y gastar 300 pesos en pasajes”, dice con un dejo de indignación.

–¿Han percibido daños en su salud?

–No mucho. Tenemos los hornos especiales y no hay bronca. En algunos cerros escurren las gotitas, esa vez nos pusimos bien temblorosos, alterados de los nervios.

Creo que es más peligroso lo que uno pueda encontrar en la mina, que al fundirlo. Y por 500 pesos (24 dólares) no vale la pena contaminarse.

El kilogramo de mercurio líquido se compra a los mineros entre 500 y 700 pesos (35 dólares). Su forma más común de

ya enviaron al menos 56, 49 y 19 cargamentos respectivamente, según registros oficiales, desde el puerto de Manzanillo, costa oeste de México, rumbo al puerto de Arica, Chile, en tránsito hacia La Paz. Bolivia firmó el Convenio de Minamata en 2013 pero nunca lo cumplió. En marzo de 2022 el Relator Especial de la ONU para Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana, dijo que ve “con gran preocupación, no una reducción del uso de mercurio, sino un aumento del contrabando en Bolivia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió explicaciones al gobierno de base indígena que lidera Luis Arce “por el aumento de la importación de mercurio, que se ha cuadruplicado en la última década”.

En Bolivia el mercurio se usa para extraer –principalmente del Parque Nacional Madidi– los 2 mil 557 millones de dólares de oro que exportó en 2021: más que de hidrocarburos y cualquier otro producto. O

Los mineros. “No mucho” daño a la salud

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M E D IO A M B I E N T E

La mina Camargo, en Peñamiller, Querétaro

En las arqueadas curvas de la Sierra Gorda se consigue mercurio como se encuentra pulque en las carreteras del Estado de México o flores en Morelos. Se ofrece un kilo a mil 680 pesos (85 dólares) junto a curiosas piedras de cuarzo y antimonio que los habitantes de las comunidades recolectan del centro de la tierra para subsistir.

Según estimaciones de la Secretaría de Economía (SE), entre 700 y mil mineros extraen mercurio en la región de la Sierra Gorda. En 2016, un año antes de que entrara en vigor el Convenio de Minamata, se alcanzó una producción de 804 toneladas de mercurio, provenientes de los municipios de Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes, de donde también se extrae oro, plata, antimonio, cal, cantera blanca, mármol, grava para tabique y piedras semipreciosas.

México se comprometió a ofrecer alternativas a la minería de mercurio, pero las propuestas aún no se vuelven realidad, a pesar de los diversos estudios que científicos del país han realizado en la región documentando los altos niveles de contaminación. Al no existir un plan de manejo de los residuos mineros se forman “jales”, dispersando los contaminantes en una zona de hasta 100 kilómetros cuadrados.

El 25 de junio de 2021 el gobierno federal presentó el “Proyecto de transforma-

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ción de la minería de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro”, en el que diagnostica la situación: “Se estima que la mayor parte de ese metal se comenzó a comercializar de manera informal, y de México, convertido en uno de sus principales exportadores, el mercurio se envía a Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, para la producción artesanal de oro y plata”.

Fernando Díaz-Barriga, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), explica la transición de la minería a partir de la adhesión de México al Convenio de Minamata: “Mientras fue legal, México lo vendió a Sudamérica. Cuando Colombia hizo ilegal la compra de mercurio, México lo vendió a través de Perú o de Bolivia, mercados legales para meter el mercurio a Sudamérica, donde hay una gran demanda por la extracción de oro vía artesanal. Es curioso que usen mercurio extraído artesanalmente para la producción de oro artesanal en los ríos de todo el Amazonas”.

–¿Se puede detener la minería artesanal de mercurio en el país?

–China produce 90% del mercurio en el mundo. No competimos, el día que México no venda mercurio no habrá ningún problema. Los chinos van a seguir vendiendo mercurio.

–¿Cuáles son las alternativas para estas comunidades?

–Los mineros tienen que responder a qué quieren dedicarse. Si no es la mina, se van a los invernaderos a aplicar plaguicidas o a la construcción a pegar tabiques.

Son alternativas de trabajos precarios, igual que la minería.

La “Evaluación de riesgos para la salud en una región minera artesanal de mercurio en México”, publicada por la revista Environmental Monitoring and Assessment en julio de 2021, muestra que las concentraciones de mercurio en aire, agua y suelo exceden los valores de referencia, asi como en la biota (plantas, roedores y gusanos) y en las personas (niños, mujeres y mineros).

La Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR) indica que a niveles mayores o iguales a 10 microgramos por metro cúbico, la población debe ser evacuada. Una de las mediciones realizadas frente a un horno en la mina La Soledad captó niveles de mercurio en el aire con un valor de 275 microgramos por metro cúbico, 26 veces mayor que la recomendación sanitaria.

“En ese sentido, el Convenio de Minamata para el control del mercurio debería incluir programas de biomonitoreo, no solo para humanos, también para receptores ecológicos críticos en ecosistemas contaminados”, sugiere el estudio en el cual también participa Díaz-Barriga.

Octavio Gómez

UNA BOMBA DE TIEMPO DEL FISCAL GERTZ

ACECHA A CLAUDIA SHEINBAUM El incumplimiento de un contrato del hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuando estaba al frente de la policía del Gobierno del Distrito Federal, amenaza con convertirse en una pesadilla para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuya administración está obligada a pagar más de 2 millones de dólares a una empresa proveedora de chalecos antibalas. De complicarse el caso, éste puede devenir en un juicio político contra la mandataria capitalina.

DIANA LASTIRI l gobierno de la Ciudad de México tiene un adeudo de más de 2 millones de dólares causado por el exsecretario de Seguridad Pública capitalino Alejandro Gertz Manero, hoy titular de la Fiscalía General de la República y señalado por supuestos actos ilegales en favor de sus intereses personales.

La deuda que Gertz Manero heredó al gobierno capitalino coloca a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al borde de un juicio político y de un proceso penal en su contra.

El problema dejado por Gertz le ha costado a la administración capitalina más de 100 mil pesos en multas desde

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Gertz Manero. Origen de la demanda

J U S T IC IA zado por la SSP-DF en enero de 2000, sobre información de una carta notarial que, para febrero de ese año, se determinó que era apócrifa y la empresa tuvo que presentar la denuncia correspondiente.

Eso bastó para que la dependencia de seguridad pública se negara a dar cumplimiento a su parte del contrato, que era entregar la carta de crédito para concretar la entrega de los chalecos y, posteriormente, realizar el pago pactado originalmente, con lo cual se inició la batalla legal que hasta la fecha mantiene la empresa con la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México.

Fue así que, además de presentar quejas ante la Contraloría General del Gobierno del DF, la empresa demandó en julio de 2000 a la entonces jefa de Gobierno capitalina, Rosario Robles Berlanga; al titular de la SSP-DF, Alejandro Gertz Manero, y otros funcionarios vinculados al contrato por el incumplimiento del mismo.

Proceso legal En su demanda la firma estadunidense indicó que, para dar debido cumplimiento a su parte del trato con la secretaría capitalina, pagó a RRR International Limited –empresa fabricante de los chalecos– un total de 1 millón 351 mil 948 dólares, pese a que el GDF le pagaría por el servicio 2 millones 17 mil 128 dólares.

En consecuencia, para la empresa la ganancia era de 402 mil 76.50 dólares.

“Ganancia que evidentemente mi representada AP American Protective, S.A. de C.V., dejó de tener derivado del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada”, señaló el representante legal de la firma en la demanda a la cual Proceso tuvo acceso. Así, la compañía exigió el pago de los 2 millones 17 mil 128.75 dólares pactados en el contrato firmado desde 1999.

El expediente, registrado con el número 513/2000, correspondió al juez 49 de lo Civil en la Ciudad de México, quien para el 20 de agosto del año 2001 dictó sentencia condenatoria contra el Gobierno del Distrito Federal para que, a cargo de la SSP-DF, pague a la empresa la cantidad requerida.

Desde entonces el gobierno capitalino agotó todos los recursos que la ley establece para evitar cumplir con la sentencia, pues, aunque no impugnó la condena del pago de los 2 millones 17 mil 128.75 dólares, sí dijo estar inconforme con cargos accesorios, como multas y recargos que incrementan la deuda.

El 11 de agosto de 2015 la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia y ordenó al gobierno local, entonces encabezado por el actual senador Miguel Ángel Mancera, a pagar la suerte principal del caso, es decir, los 2 millones 17 mil 128.75 dólares a la empresa AP American Protective.

Sin embargo, el gobierno capitalino argumentó que, aunque contaba con los reGermán Canseco

el entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Se trata del incumplimiento de un contrato, firmado el 24 de noviembre de 1999 por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) –que encabezaba Alejandro Gertz Manero– con la empresa AP American Protective, S.A. de C.V. Desde entonces y a la fecha el Gobierno de la Ciudad de México ha empleado todas las estrategias legales posibles para evitar el cumplimiento del contrato y, por tanto, pagar a la empresa por el servicio que se le requirió, pese a que ésta erogó cantidades millonarias para cumplir con su parte de lo acordado.

El contrato tenía por objeto la compra de 8 mil 995 chalecos antibalas que serían entregados a la SSP-DF el 8 y 23 de enero y el 7 de febrero de 2000; por ello la compañía recibiría un pago total de 2 millones 17 mil 128.75 dólares americanos.

Para concretar la firma, la empresa presentó la fianza de 10% del valor total del contrato y realizó pruebas a los chalecos que habría de entregar a la SSP-DF, para acreditar que cumplían con los requerimientos de la dependencia.

Parte de las obligaciones que tenía el gobierno del entonces DF estaba entregar a la empresa una carta de crédito, que la compañía cobraría una vez que se cumplieran todas las condiciones del servicio contratado. Pese a que el gobierno capitalino impuso diversos retrasos para entregar la carta de crédito, la empresa ejerció diversos gastos para concretar su parte del contrato.

El 30 de noviembre de 1999 la dependencia capitalina informó de una inconformidad presentada ante la Contraloría de Administración Pública del Gobierno del DF por la empresa Intercambio Comercial, S.A. de C.V., contra la adjudicación del contrato a AP American Protective.

Esa inconformidad fue resuelta el 17 de diciembre de 1999 confirmando el fallo en el cual se adjudicó el contrato a la empresa de origen estadunidense, y aunque se ordenó realizar una investigación interna para el caso de que los servidores públicos de la SSP-DF incurrieron en responsabilidades administrativas, no se ordenó la suspensión del cumplimiento del contrato ni de su vigencia.

Pese a ello, la SSP-DF realizó a la empresa diversos requerimientos que, incluso, se repetían entre ellos, como la realización de pruebas y los resultados de las mismas y apostillamiento de documentos.

Otro de los pedimentos que atrasó la entrega de la carta de crédito fue el reali-

Sheinbaum. Proceso legal

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cursos para pagar, los términos en los que fue condenado a hacerlo le resultaban imposibles de cumplir.

“En la actualidad es imposible ejecutar la condena que le fue impuesta en el litigio original, pues por una parte es incompatible con los cuerpos normativos que rigen el actuar de la hoy quejosa, y por otra, dado el transcurso del tiempo, es claro que las circunstancias de la realidad han cambiado, lo que deviene en un obstáculo insuperable para el acatamiento de la sentencia de que se trata”, señaló el gobierno capitalino en uno de los recursos que tramitó para evitar pagar.

Multas de Mancera

Juicio político

Octavio Gómez

En enero de 2018 la empresa tramitó un incidente de cumplimiento de sentencia para obligar a su administración a pagar la condena.

Durante el litigio Mancera fue requerido 44 veces para que acredite las acciones realizadas para cumplir con el contrato; ante la omisión de informar el exjefe de Gobierno fue multado en dos ocasiones, una por 15 mil pesos y otra por 70 mil pesos.

El gobierno capitalino insistió en que, debido a que en la sentencia del litigio original se le condenó a cumplir a cabalidad con los compromisos que adquirió en el contrato firmado con AP American Protective, era imposible hacerlo porque la carta de crédito ya no estaría vigente: el banco

pagar, pero como no ha acreditado nada ya fue multada en tres ocasiones: dos veces por 15 mil pesos y una más por 25 mil pesos.

Hasta ahora todas las resoluciones favorables a la empresa ya han sido ratificadas por juzgados y tribunales federales de amparo, la última de ellas dictó sentencia el jueves 9, confirmando la resolución de la Cuarta Sala Civil en la cual se obliga al Gobierno de la Ciudad de México a pagar y ajustar el cumplimiento del contrato a los tiempos actuales.

Al ser consultado por Proceso, Ysolino Anton González, apoderado legal de AP American Protective, S.A. de C.V., explicó que en 1999 los chalecos tenían un costo de 135 dólares por unidad, precio que, con el paso del tiempo, se ha incrementado hasta siete veces, por lo que la empresa entregará menos piezas al gobierno capitalino, pues la compañía estadunidense sólo está obligada a entregar los chalecos que alcancen con los poco más de 2 millones de dólares del contrato firmado en 1999.

Bital, entonces designado para emitir la carta de crédito, ya no existe.

El incidente se resolvió finalmente mediante una sentencia dictada por la Cuarta Sala Civil, del 20 de agosto de 2019, en la cual los magistrados señalaron que, aunque el gobierno capitalino tenía razón en que las condiciones para la ejecución del contrato ya no son las mismas que las de 1999, esto no le impedía cumplir con la condena impuesta.

“En el contrato CAL-161/99 no se trataron cuestiones específicas sobre las características de la carta de crédito, pues únicamente se hizo alusión, entre otras, a las características de los chalecos antibalas, a las garantías que debían establecerse, a las sanciones por incumplimiento y a las fechas de entrega de los chalecos y fechas de pago”, señalaron los magistrados de la sala.

Añadieron que, para el cumplimiento el gobierno capitalino debe actualizar el pago y ajustar los tiempos a la ejecución del contrato, tales como que la carta de crédito sea expedida en el equivalente en moneda nacional, conforme al tipo de cambio que tenga el dólar al momento de su expedición, hacer el cálculo de la fecha de entrega de los chalecos a partir de la expedición de dicha carta, entre otros requisitos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también ya fue requerida para que acredite que ya solicitó a la Federación los recursos que necesita para

Chalecos. Protección policial

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El 7 de abril último Anton González solicitó a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio político para desaforar y destituir de manera permanente a Claudia Sheinbaum, por el desacato reiterado e inexplicable de las resoluciones judiciales emitidas en favor de la empresa.

Proceso consultó en la Cámara de Diputados sobre el estatus del expediente y se refirió que el mismo se encuentra en revisión para determinar si procede o no admitir a trámite la petición, y ordenar notificar a la también aspirante presidencial.

Asimismo el miércoles 8 Gastón Alfonso Arzate Garza, apoderado legal de la empresa, denunció ante la FGR a Sheinbaum Pardo y otros funcionarios del gobierno capitalino y de la ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana por posibles actos de corrupción que han derivado en el incumplimiento del contrato y las sentencias que condenan a la administración de la Ciudad de México a pagar. En los próximos días deberá ratificarse la denuncia.

Actualmente la fiscalía general de la República está encabezada por Gertz Manero, funcionario que, con su incumplimiento, dio origen al pleito legal que la empresa mantiene contra la administración de Sheinbaum Pardo.

Este semanario buscó a la jefa de Gobierno para conocer su posición sobre el tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. O

J U S T IC IA La Fiscalía General de la República no ha llamado a declarar a ningún alto funcionario de la presidencia de Enrique Peña Nieto, involucrado en el uso del programa Pegasus para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores. En cinco años la dependencia sólo ha aprehendido a un técnico. Además, persiste la opacidad entre las dependencias de seguridad que adquirieron el software malicioso, pese a que el presidente López Obrador –cuya familia también fue víctima de espionaje– prometió que instruiría a las oficinas federales para que se trasparentara la información del caso.

Cienfuegos, Murillo Karam, Osorio Chong e Ímaz. Testimonios pendientes

EL CASO PEGASUS

NONIAVANZA CON LA 4T MATHIEU TOURLIERE un lustro del escándalo conocido como Gobierno Espía, que exhibió cómo la administración de Enrique Peña Nieto utilizó el software Pegasus para intervenir de manera ilegal los celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha llamado a declarar a ningún alto funcionario del sexenio pasado involucrado en esos hechos.

A

Los implicados son Miguel Ángel Osorio Chong, Eugenio Imaz Gispert, Jesús Murillo Karam y Salvador Cienfuegos Zepeda, quienes dirigieron la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respectivamente, porque son las instituciones de seguridad que compraron el programa espía Pegasus y lo utilizaron de manera ilegal.

La dependencia encabezada por Ale-

jandro Gertz Manero entrevistó a operadores de Pegasus en la extinta PGR y buscó hablar con Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien presentó una serie de amparos para no dar su versión.

Después Zerón huyó a Israel, donde se esconde de la justicia mexicana que lo busca por su participación en delitos de tortura en el contexto del caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el medio israelí Cacalistech, Zerón ha vivido en el departamento de David Avital, un contratista de

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Benjamín Flores

seguridad que ha vendido sistemas de vigilancia “Geomatrix” y “Echo” a la PGR y la FGR. El único personaje detenido por el caso Pegasus se llama Juan Carlos García Rivera, un exempleado de la red de compañías del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, quien vendió al gobierno de Peña Nieto el software desarrollado por NSO Group.

García Rivera fue detenido por la FGR en noviembre de 2021, con base en las acusaciones de un testigo protegido, su colega en las empresas de Ansbacher. El testigo, identificado en la carpeta como “Zeus”, acusó a García de enviar mensajes infectados con Pegasus, de operar el programa desde las oficinas de Ansbacher en la calle Ejército Nacional, y de haber vendido el programa a la Sedena.

Su juicio por “intervención ilegal de comunicaciones sin orden judicial en calidad de coautor material” está a punto de iniciarse, excepto si negocia un criterio de oportunidad con la FGR, que lo convertiría en testigo colaborador.

Las organizaciones Artículo 19 (A19) y Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) –que llevan la asesoría legal de las víctimas desde hace cinco años– señalan que García era un “operador técnico”, y si bien fue acusado de espiar a personas de manera ilegal, la misma acusación señala que recibía sus instrucciones desde altas esferas del Estado.

“Las investigaciones no se pueden quedar ni agotar ahí; tienen que ir por los más altos mandos y establecer las responsabilidades legales de estos mandos dentro de las agencias y fuera de ellas, que permitieron este uso malicioso. Sin embargo, estamos a cinco años apenas en este estadio en el que solamente se tiene a un acusado, un operador técnico de la red KBH”, dice Leopoldo Maldonado, director general de A19.

–¿Existe el riesgo que termine como chivo expiatorio?

–Nosotros esperamos que sea el punto de partida, no el de llegada o de finiquito de la investigación. Éste es un punto de partida para dar con los otros implicados de mayor nivel, con los autores intelectuales. Él, por sí solo, ¿qué interés tendría de invadir la privacidad, a partir de una intervención ilegal de comunicaciones, de una periodista? Evidentemente es por orden de alguien. Ahí se tiene que construir la cadena de mando y se tienen que identificar a los autores intelectuales.

Luis Fernando García, director general de R3D, considera que los resultados de la FGR son insuficientes “por la única razón objetiva de que a cinco años seguimos sin saber prácticamente las cosas más impor-

Pegasus, comunicación vulnerada

tantes que faltan por saber: el universo total de personas espiadas, los funcionarios públicos que ordenaron, conocieron y ejecutaron esta conspiración de espionaje contra la sociedad civil, y otras cuestiones que no puedo mencionar y que uno pensaría que son básicas inclusive de investigar en un tiempo razonable”.

El 22 de marzo último, Artículo 19 y R3D sonaron alarmas tras la reunión privada de Gertz Manero con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuando el fiscal general dijo que el sistema de espionaje de Pegasus era “privado”. Las organizaciones denunciaron de inmediato un intento de Gertz para deslindar a los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto del espionaje ilegal perpetrado y echar toda la responsabilidad a las empresas de Ansbacher.

“Respecto de la teoría del caso actual, si la FGR la lleva ante el juicio, públicamente no puede sostenerse esta narrativa, porque el posible imputado operó en una entidad privada, pero a petición de altos funcionarios públicos. Las órdenes venían bajando por una cadena de mando, por esto es un entramado complejo entre públicos y privados. Esto es lo que se tiene que esclarecer. Y no cabe jurídicamente que se pretenda acusar a una persona como Juan Carlos, no se logra entender su responsabilidad sin esas órdenes que se giraron”, sostiene Maldonado.

Por si fuera poco, el pronunciamiento de Gertz ocurrió ante el ahora senador priista Osorio Chong, del que dependía el Cisen en el sexenio de Peña Nieto, así como ante Miguel Ángel Mancera y Manuel Velasco Coello. Los tres fueron seña-

lados por acciones de espionaje político en sus respectivas gestiones al frente de la Segob, del gobierno de la Ciudad de México y de Chiapas, respectivamente.

La FGR tendría todas las razones por escuchar la versión de Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado, sobre el uso de Pegasus. El político hidalguense mintió una primera vez el 27 de octubre de 2017, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados, cuando afirmó que ni la Segob ni el Cisen habían comprado Pegasus.

De hecho, el testigo colaborador que acusó a Juan Carlos García Rivera aseveró que, producto de espionaje, entregó información a la casa de un “Eugenio”, ubicada en las Lomas de Chapultepec, una referencia a Eugenio Imaz, un incondicional de Osorio Chong desde su gobierno en Hidalgo.

Intocables La FGR tampoco entrevistó a generales o militares de la Sedena, que fue primer cliente internacional de NSO Group en el mundo, cuando en 2010 compró el sistema Pegasus por 5 mil 628 millones de pesos al intermediario José Susumo Azano Matsura y su empresa Security Tracking Devices. Lo hizo con la probable anuencia del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en 2010 fue invitado a una demostración del programa.

Hace cinco años, el 19 de junio de 2017, el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab revelaba que el gobierno de Peña Nieto había tratado de espiar con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui y a los in-

J U S T IC IA tegrantes de su equipo de investigación, también a Carlos Loret de Mola, a los expertos y abogados del caso Ayotzinapa y a algunos políticos del PAN. Peña Nieto negó el uso de Pegasus, y como las víctimas presentaron una denuncia, la entonces PGR inició una investigación. La prensa, incluyendo Proceso, hizo la labor que las autoridades se rehusaban: encontró contratos y descubrió redes de empresas intermediarias.

Espiados

José Manuel Jiménez

En el verano de 2021 Proceso, Aristegui Noticias y otros 15 medios en 10 países revelaron, en el contexto de la investigación internacional Pegasus Project, la escala real del uso ilegal del sistema espía en el gobierno federal pasado: en un año y medio los clientes mexicanos de NSO Group ingresaron más de 15 mil números en sus plataformas de Pegasus.

Entre los objetivos de Pegasus destacaban más de 20 periodistas –seis de ellos trabajaban en Proceso–, un centenar de defensores de derechos humanos, y más de 700 políticos de oposición, incluyendo a los integrantes del primer círculo familiar y de amistad del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos de los cuales están actualmente en el gobierno federal.

Entre los objetivos aparecían, por ejemplo, Beatriz Gutiérrez Müller, los tres hijos mayores y tres hermanos de López Obrador, así como varios integrantes actuales de su gabinete, como Adán Augusto López Hernández, Zoé Robledo, Manuel Bartlett, Ariadna Montiel Reyes y Alejandro Encinas. También fueron espiados al-

Maldonado. Denuncia contra la opacidad

gunos cuadros del PAN, incluyendo al expresidente Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Pegasus Project exhibió que el Cisen fue la dependencia que más abusó del programa espía, pues atacó los celulares de la mayoría de los periodistas, activistas y opositores políticos. La Sedena, que no tiene facultades legales para espiar telecomunicaciones, intervino los celulares de los gobernadores y de los fiscales estatales; y la PGR –en tiempos de Arely Gómez y de Raúl Cervantes– pareció apegarse más a las tareas de combate a la delincuencia organizada, con autorizaciones judiciales.

Letra muerta Después de la publicación de la investigación periodística internacional, López Obrador prometió que instruiría a las dependencias para que transparenten todos los contratos. Pero la orden quedó en letra muerta: la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se negaron a entregar la información y han obstaculizado las investigaciones.

García lamenta que “sigue habiendo mucho pendiente por investigar en cinco años, y cinco años es muchísimo tiempo”, y agrega que “las cosas que no se han investigado no es porque no se pueda investigar, sino porque hay quiénes no están colaborando con las investigaciones”.

La negativa a transparentar la información, por ejemplo, lo lleva a cuestionarse “sobre la verdadera voluntad política de que todos los actores del gobierno actual y en la fiscalía para esclarecer este caso”.

Sin embargo, reconoce que, con el

cambio de gobierno, se ha observado “una mayor proactividad en la FGR” y por parte del fiscal Ricardo Sánchez, quien lleva el caso Pegasus. Sin embargo, señaló que esta proactividad es “fomentada sobre todo por la información que los periodistas han revelado” y que “el impulso de la carpeta de investigación ha venido de la sociedad civil”, y recordó que en el aparato de Estado “persisten funcionarios que estaban en ese entonces operando o participando, o negándose a participar”.

“El gran problema es que no tenemos acceso a información a la que sí deberían de tener acceso procuradurías y fiscales que están en la investigación, y esto denota que no hay una voluntad del más alto nivel por esclarecer estos hechos. De nada sirve que un fiscal especial quiera avanzar si no está toda la fuerza de un aparato institucional empujando la investigación, abriendo documentación, contratos, esclareciendo estos hechos”, deplora Maldonado.

El 26 de mayo último, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una “recomendación general” a las autoridades del Estado mexicano por el espionaje ilegal perpetrado con Pegasus. En ella el organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra señaló un “riesgo grave de un posible ejercicio abusivo de las facultades previstas en la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Militar de Procedimientos Penales”, por lo que pidió al Poder Legislativo que actualice el marco jurídico sobre intervenciones de comunicaciones privadas.

“Hubiéramos esperado más (de la CNDH); es una recomendación general que atiende medidas estructurales, la garantía de no repetición, pero falta la atención a todos los demás derechos, como a la verdad y a la justicia. No profundiza sobre el acto mismo del espionaje, la responsabilidad del Estado contra personas concretas que fueron agraviadas. Entonces, evidentemente es un avance relevante sin duda, pero esperábamos más de una investigación de cinco años de la CNDH”, comenta Maldonado.

Y no sólo esto: el gobierno de López Obrador volvió a hacer negocios irregulares con la red de empresas de Ansbacher: en 2019 y 2020, el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó dos contratos por 324 millones 371 mil pesos a las compañías Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., y Nemecisco, S.A. de C.V., de los cuales estas empresas dispersaron 230 millones 578 mil pesos en compañías fantasma (Proceso 2350).

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CLAUDIA VILLEGAS

Aprovechando las concesiones para generar energía geotérmica que le otorgó el gobierno de Enrique Peña Nieto, el magnate Ricardo Salinas Pliego expresó su interés en extraer bitcoins. Con ese objetivo emprendió una campaña de críticas contra el FMI, los bancos centrales y las autoridades financieras estadunidenses, que tratan de contener las disrupciones provocadas por las criptomonedas.

on inversiones “personales” depositadas en bitcoins y la intensa promoción de ese activo digital en México y Centroamérica, Ricardo Salinas Pliego vuelve a la confrontación con las autoridades financieras de Estados Unidos. Para promover las criptomonedas, el presidente del Grupo Salinas cuestiona, además, al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Central Europeo y al Departamento del Tesoro estadunidense. A todos.

El pasado 8 de abril, durante el foro con inversionistas en criptomonedas Bitcoin 2022, el Miami Beach Convention Center, Salinas Pliego aseguró que el bitcoin le estaba quitando el monopolio a los bancos centrales y que el dinero tradicional ya es inútil.

Recordó que no siempre ha sido el tercer hombre más rico de México y que, a lo largo de tres generaciones, él y su familia habían sido víctimas del dinero tradicional.

Evocó la quiebra de los negocios familiares en la época de la hiperinflación y advirtió que, una vez más, se imprime dinero sin respaldo.

En ese evento Salinas Pliego llamó “villanos” a Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales, a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y a Janeth Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro estadunidense.

Señaló además que existe “un nuevo plan siniestro para controlar a la gente”, a través de la Moneda Digital de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés), la cual, dijo, es peor que el dólar, porque si se emite, dichos bancos tendrán control total sobre cómo se gasta el dinero.

Carstens, Yellen y Lagarde, acusó, saben que la manera de lidiar con la deuda del gobierno es mediante el aumento de la inflación.

C

En el cinturón volcánico

SE LANZA A LA MINERÍA DE BITCOIN 44

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Eduardo Miranda

PESE A LAS ADVERTENCIAS, SALINAS PLIEGO

Salinas Pliego dejó saber a sus seguidores en redes sociales que está interesado en producir criptomonedas aprovechando las concesiones que le ha otorgado el gobierno federal para generar energía limpia, porque tiene campos de geotermia como los que opera el gobierno de El Salvador para minar bitcoins.

En 2015, su hija Ninfa Salinas Sada, diputada por el Partido Verde Ecologista de México entre 2009 y 2012, durante la LXI Legislatura, obtuvo para Grupo Dragón la primera concesión de energía geotérmica en el país.

En sus redes sociales Salinas Pliego anunció que, si bien aún no sabe “minar” bitcoins, está interesado en aprovechar

Facebook

N EG O C I OS

Domo de San Pedro

sus inversiones en el sector de la electricidad para incursionar en la extracción de criptomonedas y que, en breve, haría un anuncio sobre su planta de energía geotérmica en Domos de San Pedro, Nayarit.

De la red social pasó a los hechos y el 24 de marzo, visitó el campo Berlín de energía geotérmica en El Salvador, un país en el que dejó sus negocios bancarios ante las presiones de una ley antiusura promulgada en el gobierno de Mauricio Funes.

México, como El Salvador, tiene un gran potencial de energía geotérmica por ubicarse en el cinturón volcánico del planeta. Además, la geotermia es una de las energías más limpias porque el agua que se utiliza para sus procesos puede reinyectarse al subsuelo. Por eso, en la exposición de motivos de la ley que regula la geotermia, se destacó que ese potencial de más de 13.4 gigawatts debería aprovecharse para beneficiar a la población, al sector productivo y, sobre todo, para reducir las tarifas.

La concesión de Domo de San Pedro, en Nayarit, permite la explotación de 18 pozos en estado de vapor y se planeó para suministrar energía limpia a 50% de la población de Nayarit a través de convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Salinas Pliego reveló su interés en la extracción de bitcoins antes de que este instrumento registrara una de sus caídas más importantes, con más de nueve retrocesos consecutivos, con lo que su va-

lor se ubica, al cierre de esta edición, en 20 mil dólares, contra los más de 60 mil dólares en los que llegó a cotizarse. El magnate mexicano no se ha manifestado sobre la pérdida y el impacto en sus “inversiones personales” que generó la estrepitosa caída del bitcoin.

Proceso consultó al Grupo Dragón sobre la extracción de criptomonedas en Domo de San Pedro. Los voceros del corporativo privado de energía aseguraron que el 26 de abril, en una conversación cerrada con sus seguidores en Twitter, Salinas Pliego les dijo que ante los costos de la energía “parecería que la compra directa de bitcoins presenta menos problema y menos riesgo que hacer una infraestructura de minería de bitcoins”.

Por ahora, dijeron los portavoces del Grupo Dragón, Salinas Pliego no tendría prevista una inversión específica para incursionar en la minería de criptomonedas; sin embargo, recordaron que desde al año pasado en Elektra sus clientes ya pueden pagar con bitcoins.

Esta es la versión oficial del grupo, pero Ricardo Salinas viajó a El Salvador el 24 marzo para visitar la central geotérmica en el parque de Berlín, donde ya opera una granja de bitcoins. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la entidad del gobierno de El Salvador que gestiona la planta de energía geotérmica en Berlín a través de la empresa estatal LaGeo, confirmó que el magnate visitó ese país porque sí está interesado en la extracción de bitcoins.

“Nuestra experiencia en minado bitcoin ha despertado la curiosidad de Ricardo Salinas, uno de los empresarios más importantes de México. Su empresa, Grupo Salinas, lidera la Central Geotérmica Domo de San Pedro, ubicada en el estado de Nayarit, desde donde busca minar bitcoin”, de acuerdo con el mensaje publicado en la cuenta institucional de CEL en Twitter, en el cual también se publican fotos de la visita que permitió a Salinas recabar información sobre cómo el gobierno de El Salvador impulsa la extracción de criptomonedas con geotermia, la energía que escogió el Grupo Salinas para entrar a este mercado luego de que Ninfa Salinas fuera legisladora.

Aunque ésta ha sido la gran estratega de la participación del Grupo Salinas en la energía geotérmica, para dirigir al Grupo Dragón Salinas Pliego reclutó a José Francisco Gutiérrez Dávila, excoordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, creada en la administración de Emilio Lozoya Austin para consolidar las compras de la empresa productiva del Estado. Gutiérrez Dávila reportaba directamente a Arturo Henríquez Autrey, cuya familia fue socia de Altos Hornos de México (AHMSA).

Según su sitio corporativo en Internet, Grupo Dragón cuenta con tres parques de energías limpias en operación: el de Domo de San Pedro, con capacidad de 25 Megawatts (MW), el parque eólico de Los Altos (54.6 MW) y el parque eólico Arriaga en Chiapas (32 MW). En una segunda etapa el 2381 / 19 DE JUNIO DE 2022

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Grupo Dragón agregó la operación de la segunda fase de Domo de San Pedro con otros 25 MW, así como Los Altos II, con 100 MW. De acuerdo con Iberdrola, la extracción de Bitcoin como principal activo digital registra una demanda de electricidad de más de 198 teravatios-hora por año, que se compara con el consumo de electricidad de países como Tailandia. Este uso de electricidad representa casi 95 millones de toneladas de CO2 anuales, cantidad similar a la de las emisiones de Nigeria.

Legisladores de Noruega y en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, han cuestionado el consumo de electricidad para extraer criptomonedas porque distorsionan el sistema de tarifas para la economía real, para los sectores productivos y los consumidores.

México Evalúa reveló que en 2019 la CFE generó 29% de las emisiones de CO2 del sector eléctrico, y 17% de las emisiones del país, de acuerdo con su propio Plan de Negocios 2022-2026. Sin embargo, reconoció que no existe suficiente información pública como para precisar cuánto contamina la CFE. Ahora también debería evaluarse cuánto contaminan las empresas que minan criptomonedas en el país y valor el uso de la energía limpia para apoyar al sector productivo y a los consumidores.

A la defensa de las criptos

https://lapagina.com.sv

Vetado durante varios años por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) para participar en aquel mercado, luego de ser encontrado culpable de fraude a inversionistas minoritarios en 2005, Salinas Pliego criticó en marzo pasado la “interferencia” en la que –según él– incurrió el Co-

mité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense al aprobar la Ley de Responsabilidad por las Criptomonedas con dedicatoria a El Salvador. A este país Estados Unidos le exige un informe pormenorizado de sus decisiones en torno a las criptomonedas para medir las implicaciones en su sistema financiero.

Salinas Pliego también ha criticado las medidas unilaterales de Estados Unidos que impiden a la banca mexicana realizar una actividad cambiaria más intensa en los negocios transfronterizos. A finales de 2020 el Departamento del Tesoro prohibió a uno de los bancos corresponsales de Banco Azteca realizar transacciones de recepción de dólares en efectivo en tanto no se aclarara si esa institución mexicana cumplía con las medidas antilavado de dinero.

En diciembre de 2020 Proceso reveló que el Grupo Salinas impulsó el cabildeo en la Cámara de Diputados para que se aprobaran reformas a la Ley del Banco de México que obligaban a éste a comprar dólares en efectivo, lo que hubiera vulnerado su autonomía. El Departamento del Tesoro manifestó al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda su preocupación por las implicaciones en la percepción de riesgo y en la autonomía del banco central.

Esa reforma se congeló en el Senado de la República.

Sobre las criptomonedas, el Banco de México ha dicho que, si bien tiene prevista una moneda digital, no será una criptomoneda y las leyes en activos digitales no autorizan su uso como moneda en curso.

Sin un marco legal específico para la extracción de criptomonedas en el país, esta actividad podría generar disrupciones y distorsiones en el sector eléctrico, como

La visita a El Salvador

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ha sucedido en otros países. De la misma forma, tendría implicaciones diplomáticas, después de que en junio de 2021 el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele emitió la Ley Bitcoin que declara a este activo digital “…moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas requieran realizar”.

Luis Bartolini, abogado especializado en derecho financiero y experto en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech), advierte que el gobierno mexicano tendrá que decidir si se reconoce al bitcoin como divisa, en adición al colón salvadoreño, igual que se hace con el dólar o el euro, que también son monedas de curso legal en otras jurisdicciones.

Bartolini indicó que, por ahora, el Banco de México no ha autorizado a las instituciones financieras para que operen y transaccionen con clientes las referidas criptomonedas.

En su circular 4/2019 el Banco de México establece los límites para que las Instituciones de Crédito y las Instituciones de Tecnología Financiera operen internamente con “activos virtuales” previamente determinados por el mismo Banco Central, y bajo el entendido de que no serán considerados en forma alguna como moneda en el territorio nacional.

La comercialización de criptoactivos no está prohibida en México y puede realizarse en términos estrictamente mercantiles, aunque se considera una “actividad vulnerable”, como sucede por ejemplo con la comercialización de joyería, metales preciosos y obras de arte.

Para la comercialización de criptomonedas se aplica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sin embargo, para la extracción o minería de criptomonedas no existen disposiciones específicas en las referidas leyes para prevenir el blanqueo de capitales ni para regular las Fintech.

Así, se podrían “minar” criptomonedas sin restricciones porque no hay legislación ni regla general que se lo impida. El vacío legal beneficia a quienes observan y planean participar en esta actividad. Por ahora, Banco Azteca no puede intermediar criptomonedas; en cambio, surgen las llamadas casas de cambio de criptoactivos que pueden negociar activos digitales.

Sin embargo, como lo pidió la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, los bancos centrales y los reguladores de los servicios financieros tienen una gran responsabilidad en la normatividad y vigilancia de los criptoactivos porque están generando grandes disrupciones.

RE L IGI ÓN

LA CLASE POLÍTICA JALISCIENSE

REFRENDA SUS NEXOS

facebook

CON LA ESPOSA DE NAASÓN

La toma de protesta de Pantoja Magallón

MELISSA AMEZCUA l viernes 3 de junio, mientras las víctimas de Naasón Joaquín García –el líder espiritual de la iglesia La Luz del Mundo– esperaban la sentencia por los crímenes sexuales que cometió, Alma de Mujer y Vida –una asociación civil, fundada por Alma Zamora Espinoza, cónyuge del inculpado– recibía un nombramiento honorífico por parte del gobierno de Jalisco.

Esther Pantoja Magallón, integrante de la organización religiosa y de la asociación, tomó protesta como integrante del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres pues, paradójicamente, la asociación civil se jacta de apoyar a las mujeres para su empoderamiento y liberación de situaciones de violencia de género.

En las fotografías, Pantoja Magallón aparece junto a la regidora Sofía Berenice García Mosqueda y la síndica municipal de

E

Al tiempo que Naasón Joaquín García era sentenciado por crímenes sexuales, Inmujeres Jalisco incluía en su Consejo Consultivo a una asociación civil ligada a Luz del Mundo con el argumento de que apoya el empoderamiento de las mujeres y la liberación de situaciones de violencia de género. El reconocimiento a esa asociación fundada por Alma Zamora Espinoza, cónyuge de Naasón, revela los nexos que esa iglesia mantiene con la clase política jalisciense…

Pero no es el único caso: un hospital, una universidad y otras organizaciones relacionadas con Luz del Mundo tienen convenios con municipios de esta entidad y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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Twitter

La Universidad Sämann. Centro de reclutamiento

Guadalajara, Karina Anaid Hermosillo Ramírez. Zamora Espinoza no asistió al evento; en su representación estuvo la nueva directora de la asociación, Yolanda Almaguer Esparza. Según el comunicado difundido por la asociación, la encomienda tendrá vigencia hasta junio de 2025.

Documentos oficiales y públicos de un hospital, una universidad y asociaciones civiles ligadas a la Luz del Mundo dan fe de los nexos de integrantes de esa organización con municipios de Jalisco, así como con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y con la de Baja California.

No hay de por medio recursos económicos, sino sólo humanos, para el intercambio de practicantes y la impartición de talleres.

Una de las víctimas de Naasón Joaquín, Sochil Martin, y su esposo han señalado a la Universidad Sämann de Jalisco, con sede en Tijuana, que es un centro de reclutamiento de posibles víctimas de abusos sexuales y trata.

Consultada por Proceso, García Mosqueda asegura que la inclusión de Pantoja Magallón en el Consejo Consultivo se debe a que la asociación cumplió con los requisitos de participación ciudadana y ella no ha cometido ningún delito.

“Ella no tiene ningún antecedente de abuso hacia ninguna otra mujer. Aquí no vamos a cooptar un tema de participación ciudadana por las creencias religiosas que cada una tenga”, asegura.

Respecto al por qué elegir a una integrante de la Luz del Mundo, iglesia sobre la que pesan señalamientos de abusos sexuales contra mujeres, la entrevistada insiste: ese es un tema sobre Naasón Joaquín, no sobre las seguidoras de la iglesia que él lidera.

“Referente a lo que sale con denuncias y pruebas, quien cometió esos delitos tiene que pagar, eso es la justicia”, dice García Mosqueda.

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Tal como lo hacía Naasón Joaquín, cuando miles de fieles a la Luz del Mundo se reunían para escuchar su palabra en la Hermosa Provincia, la colonia donde construyó su congregación en Guadalajara, su esposa, Alma Zamora, es quien convoca a estos eventos masivos… aunque ahora ella tampoco está presencialmente.

Mientras los y las seguidoras de la Luz del Mundo se reúnen de forma física en eventos donde asisten incluso legisladores federales y locales, así como actores políticos asociados a este grupo religioso, Alma no está presente en los eventos; ella sólo se conecta mediante una videollamada que es proyectada a los seguidores, quienes le aplauden.

La ausencia de Alma En mayo pasado en un evento organizado con motivo del Día de las Madres, el animador decía a los asistentes: “Vamos a darle un aplauso a la licenciada Alma Zamora, un fuerte aplauso hasta donde está. Una porra: una, dos, tres. A nuestra presidenta, toda nuestra gratitud. ¡Que se note la alegría!”.

Y aun cuando Alma Zamora no es perseguida por la justicia, evita las demostraciones públicas. La última vez que apareció fue el 19 de marzo del año pasado vía Zoom, como invitada de la CEDHJ para el informe de actividades de la comisión correspondiente al año 2020.

Pese a la ausencia física de Alma, la asociación civil que ella fundó en 2016 mantiene nexos con el poder en Jalisco y en otros lugares donde la Luz del Mundo se cuela en grupos políticos.

La asociación civil Alma de Mujer y Vida, que imparte talleres sobre empoderamiento de mujeres y equidad de género, conmemoró en su Facebook apenas el martes 14 el aniversario 30 de la boda entre Alma y Naasón, condenado a 16 años ocho meses de

prisión por la violación a mujeres y niñas, según el juez californiano que emitió el fallo y llamó “depredador sexual” al inculpado.

El 31 de enero de 2017 se registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad la marca Alma de Mujer y Vida, A.C., bajo el giro de servicios jurídicos. La asociación organiza talleres de empoderamiento en varios municipios de Jalisco.

Documentos públicos evidencian de la relación entre la A.C., de la esposa de Naasón y la CEDHJ en un convenio para impartir talleres que eviten la discriminación, en ninguna parte del acuerdo oficial, con vigencia hasta agosto de 2022, indican que Alma de Mujer y Vida pertenece a una organización religiosa.

Precisamente la comisión jalisciense emitió un comunicado el mismo día que Naasón fue sentenciado en California en el cual pedía el respeto de la sociedad a los integrantes de la Luz del Mundo, sin mencionar el contexto criminal que rodea al líder de ese grupo.

“Estoy convencido que en los momentos y circunstancias difíciles es cuando más debemos permanecer en unidad y reflexión”, se lee en el documento firmado por el director de la comisión, Alfonso Hernández Barrón, con quien la asociación civil tiene una cercanía, al haberlo galardonado por participar en sus programas de radio mediante la entrega de un diploma en marzo de 2021, que firmó Josías Javier Espinoza Zamora, cuñado de Naasón.

Con la CEDHJ, Alma de Mujer y Vida tiene siete convenios de colaboración, según documentos públicos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo, en 2019 recibió del ayuntamiento de Guadalajara 55 mil 763.40 pesos bajo el concepto de “subsidio” sin que se aclararan los motivos.

Y con el Inmujeres de Guadalajara hay otro convenio de colaboración para “programas en beneficio de la sociedad tapatía” con vigencia al 30 de septiembre de 2024.

El viernes 17 de junio la asociación fundada por Alma Zamora informó a sus seguidores sobre la clausura del diplomado sobre derechos humanos que impartió la CEDHJ. El 27 de abril pasado, la labor de Zamora fue reconocida incluso por la Cámara de Diputados por “fomentar el empoderamiento”. El documento está firmado por la diputada federal morenista Dulce María Silva Hernández y por Nallely Gutiérrez Gijón, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Municipios de México A.C. De Alma Zamora hay poca información pública. Se sabe que tiene tres roles públicos: esposa de Naasón, madre de tres hijos y presidenta de la A.C., que lleva su nombre. Con el líder de la Luz del Mundo se casó en junio de 1992. El matrimonio procreó tres vástagos: el varón Adoraím y las mujeres Eldai y Sibma.

RE L IGI ÓN hermano Benjamín en la empresa Viajes Huatulco, S.A., según el documento del Registro Público de Comercio de Jalisco (folio 85880) fechado el 26 de septiembre de 2001.

El hospital Siloes, a través de su representante legal, Zurisadai García Castañeda, firmó un convenio con el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en materia de servicio social y prácticas profesionales para el periodo del 21 de febrero de 2019 al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con un documento de acceso público en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Resalta que el mismo semestre de 2019 que fue detenido Naasón con su asistente Susana Medina Oaxaca a su arribo a Los Ángeles en un avión privado, el hospital Siloes registró movimientos en su dirigencia; lo mismo ocurrió con la empresa Bienes In-

Según reportes de prensa consultados, las dos hijas se casaron dentro de su propia iglesia. El enlace de Eldai se llevó a cabo en un hotel de Los Ángeles, pese a que su padre ya estaba preso en esa ciudad.

A partir de 2020 los fieles al grupo religioso comenzaron a referirse a ella públicamente como Alma Zamora Espinoza, su nombre de soltera.

En ninguno de los eventos públicos recientes que la A.C., de la Luz del Mundo celebra con instituciones públicas y laicas ha estado presente Alma Zamora. En su lugar aparece Yolanda Almaguer Esparza, quien también funge como directora de la Universidad Sämann de Jalisco, una institución educativa privada operada por Recab de México, otra asociación civil ligada a la Luz del Mundo.

Según Sharim Guzmán, esposo de Sochil Martin, una de las denunciantes de Naasón en California, la Universidad Sämann es uno de los centros de reclutamiento de víctimas. En entrevistas a los medios suele mencionar a la rectora de esa universidad, Ada Radai Pantoja Magallón, rectora de la universidad, quien tiene los mismos apellidos de la nueva integrante del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres de Jalisco.

En un documento público (folio CEDHJ/0603//009/2020) se informa de otro convenio entre la CEDHJ y la Universidad Sämann para el intercambio de practicantes y prestadores de servicio social con vigencia al 1 de agosto de 2022, fecha en la que Hernández Barrón dejará el cargo de ómbudsman de Jalisco; otro da fe de un convenio de la Universidad Sämann campus Tijuana con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para educación y divulgación de los derechos humanos y lo firmó Ada Pantoja.

Otro negocio ligado a la Luz del Mundo, según documentos públicos, con nexos y convenios con instituciones públicas es el hospital Siloes, ubicado a unas cuadras de la colonia Hermosa Provincia y donde se llevan a cabo eventos de la asociación de Alma Zamora.

Según un documento del Registro Público de Comercio de Jalisco (folio 40273) del 5 de enero de 2019, el hospital Siloes tiene como accionistas a Yolanda Almaguer, Atlaí Joaquín García, hermano de Naasón, quien aparece en el medio de difusión de su iglesia, Berea International, creado por el propio Naasón como orador en eventos públicos.

También figura Abner Levy Delgado Rivera, excandidato a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, por el partido Nueva Alianza, así como Abigail Lechuga Orozco –quien aparece como apoderada de un negocio de Naasón– y su

Germán Canseco

Negocios paralelos

muebles Samlai, S.A. de C.V., que se constituyó como sociedad, según el Registro Público de Comercio de Jalisco con el folio 1088 con fecha de 8 de marzo de 2019, en el que se asienta que la misma representante legal del hospital, Zurisadai García, es accionista, y el hermano de Naasón, Atlaí Joaquín, funge como gerente general.

Proceso buscó, sin éxito, a la diputada morenista Dulce María Silva Hernández, quien firmó el reconocimiento a la A.C., de Alma Zamora, para conocer su postura. También intentó contactar a la propia asociación mediante una llamada telefónica, la respuesta fue que no había quien pudiera responder preguntas. Y cuando la reportera llamó a la rectoría de la Universidad Sämann de Jalisco, nadie atendió el teléfono.

Silva Hernández. Evasivas

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Antes de estallar la guerra, Ucrania ya era un centro internacional de tráfico de armas, pero tras la invasión de Rusia los expertos prendieron las alarmas: miles de toneladas de armamento que Estados Unidos y la Unión Europea están entregando a las milicias y al ejército ucraniano corren el riesgo de terminar en manos de mafias internacionales y organizaciones terroristas.

No se trata sólo de rifles y municiones, sino de moderno material bélico, como los misiles antiaéreos Stinger: portátiles, fáciles de manejar y capaces de derribar un avión comercial… el “sueño” de muchos terroristas.

TONELADAS DE ARMAS EN UCRANIA

AP photo / Natacha Pisarenko

MAFIAS Y TERRORISTAS AL ACECHO

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ANNE MARIE MERGIER ARÍS.— La primera en lanzar públicamente la alarma fue Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol: “Es de temer que parte de las armas entregadas a Ucrania acaben en malas manos”, advirtió el pasado 28 de mayo en una entrevista con el diario alemán Die Weld.

“Queremos evitar que se reproduzca la situación que conocimos hace 30 años, a raíz de la Guerra de los Balcanes”, insistió aludiendo a la irrupción en el mercado negro de armas de arsenales militares de la exYugoslavia que acabaron en manos de mafias, de grupos políticos armados y organizaciones terroristas en África, Medio Oriente y Europa.

Cuatro días después Jürgen Stock, secretario general de Interpol, se mostró aún más pesimista: “Tan pronto como callen las armas empezará el tráfico ilegal de material bélico. Es lo que enfrentamos en otros numerosos escenarios de guerra. Ahora, en el momento mismo en que estamos hablando, los criminales están al acecho”, aseguró Stock el pasado 1 de junio en una reunión que sostuvo en París con corres-

P

I NTE RNAC IONA L ponsales de prensa de Gran Bretaña y Estados Unidos.

Y agregó: “Grupos criminales buscan explotar las situaciones caóticas para sacar provecho de la gran cantidad de armas disponibles. Tienen inclusive en la mira pertrechos de las fuerzas militares regulares y material de guerra pesado. Todo eso acabará en mercados ilegales y se convertirá en un auténtico desafío para nosotros.

Ningún país, ninguna región puede encarar semejante reto en forma aislada porque estos grupos actúan a nivel global”.

Y por si eso fuera poco, agregó: “Es previsible que estas armas lleguen a Europa. Es realmente preocupante. Y es obvio además que el tráfico se extenderá a otros continentes”.

Tanto Catherine de Bolle como Jürgen Stock insistieron en que los dirigentes políticos deben multiplicar medidas de control drásticas. ¿Pero cómo controlar en plena guerra el destino de miles de toneladas de armas que fluyen esencialmente de Estados Unidos y la Unión Europea, y también de Australia o Canadá, hacia Ucrania, país que después del derrumbe de la Unión Soviéti-

Ukrainian Presidential Press Office via AP

/U C R AN I A

Zelenski. Decretos de emergencia

ca se convirtió en un punto neurálgico de tráficos de seres humanos, drogas y sobre todo de armas?, se preguntan todos los expertos internacionales, entre ellos los de la Iniciativa Global en contra del Crimen Organizado Transnacional, centro de investigación relacionado con la Interpol.

En principio el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas (TCA), que entró en vigor en 2014 y fue firmado por los países involucrados en la ayuda militar a Ucrania, busca impedir que el material bélico caiga en el agujero negro del tráfico.

“Fuga de material bélico”

Pertrechos militares. Sin control

Las licencias de exportación de armamento tienen cláusulas específicas que prohíben su reventa a terceros o estipulan que esa reventa sólo se puede hacer con el acuerdo del vendedor. Ciertos países, como Alemania, agregaron una cláusula de control que da al vendedor la posibilidad de verificar in situ si el estado del arsenal que proporcionó a su cliente sigue correspondiendo al contrato firmado.

Es ese el tipo de control que preconizaba realizar en Ucrania la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos. Su iniciativa fue de inmediato descalificada y rechazada por Cara L. Abercrombie, directora de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del mismo DOD, debido a las condiciones de inseguridad que imperan en ese país y a la falta de personal para cumplir semejante misión.

Organizaciones de supervisión del comercio internacional de armas, como la

Asociación de Control de Armas y el Centro Stimson, aseguran que el Departamento de Defensa sólo lograría monitorear los poderosos misiles Javelin y sus sistemas de lanzamiento, así como modernos dispositivos de visión nocturna que entregaron a Ucrania, porque todos están dotados de “cajas negras”.

Periodistas de investigación rusos aseguran sin embargo que ya estos Javelin estarían en venta en la dark web con un precio de 15 mil dólares por unidad. La información aún no ha sido confirmada por investigadores y servicios de inteligencia occidentales.

Pero el 16 de junio Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, aseguró en entrevista con el canal televisivo ruso NTV que tanto los cohetes Javelin como los Stinger se encontraban en el mercado negro de armas. No detalló precios.

El Departamento de Estado reconoce por su lado que solamente controla 1% de las licencias de venta de armas y que la cuarta parte de ese 1% no respeta los acuerdos firmados.

En una nota publicada el pasado 14 de mayo en The Washington Post, Rachel Stohl, experta en control de armas y vicepresidenta del Centro Stimson, denuncia: “Resulta sencillamente imposible verificar a dónde van todas las armas y quiénes las usan, ni siquiera se puede saber qué uso se les da.…”.

Las autoridades estadunidenses y europeas aseguran que exigen de sus homólogas ucranianas un registro escrupuloso y actualizado del estado de sus arsenales y de la cantidad de material bélico destruido.

Es una tarea imposible de realizar en la situación de guerra intensiva que vive 2381 / 19 DE JUNIO DE 2022

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AP photo / Efrem Lukatsky

Misiles Javelin. En el mercado negro

el país, denuncian los expertos, que insisten una y otra vez en el papel que el mercado negro de armas ucraniano ha cumplido en el tráfico internacional a lo largo de las tres últimas décadas.

“Después de la guerra resultará primordial usar todos los instrumentos internacionales jurídicos, políticos y de inteligencia para impedir la ‘fuga de material bélico’”, insiste Edouard Jolly, coautor de Balas Perdidas, un denso informe sobre el tráfico internacional de armas publicado en enero del año pasado por el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar de París que depende del Ministerio de las Fuerzas Armadas galas.

Aun así el control será difícil. Presionado por la necesidad apremiante de combatir la invasión rusa, el presidente Volodímir Zelenski firmó decretos de emergencia que autorizan a la población a comprar y vender libremente pistolas y fusiles, al tiempo que ordenó distribuir armas de guerra de manera masiva entre voluntarios de la defensa civil. Todo parece indicar que por falta de tiempo no se llevaron a cabo los debidos registros de las armas repartidas y de quiénes disponían de ellas.

Teniendo en cuenta la amplitud de los tráficos que imperan en el país, los especialistas no creen en el éxito de eventuales campañas de restitución o de decomiso de armas cuando impere de nuevo la paz.

Demoledor es el informe sobre Ucrania publicado por Small Arms Survey, res-

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petada organización suiza independiente que investiga el tráfico internacional de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC).

Su autor, Anton Martyniuk, colaborador de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), hace la lista de los factores que permitieron que Ucrania se impusiera en el mercado negro europeo de armas entre 1991, año de su independencia, y 2017, año de la publicación del informe.

El experto señala como factores una legislación ambigua y permisiva sobre la posesión de armas, la corrupción generalizada –“heredada de la URSS”– que gangrena el país y sobre todo el caos económico, político y social que siguió a la desaparición de la Unión Soviética.

En el campo específico de las armas el caos fue total en esa exrepública socialista que asumía 30% de la gigantesca producción de armamento de la URSS. Recalca Martyniuk: “El derrumbe de la URSS y la retirada del ejército soviético de Europa Oriental generó un problema de control de armas y municiones sin precedente en Ucrania. Las fuerzas militares soviéticas abandonaron, entre otros, inmensos arsenales de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC), de municiones, granadas y minas sin inventarios ni registros. En 1992 los militares ucranianos disponían de reservas de 7.1 millones de ALPC, en 2007 ese arsenal era de 6.2 millones de armas”.

Casi 1 millón de armas desvanecidas en 15 años… Según el experto de Small Arms Survey, los oficiales ucranianos aludieron a la destrucción de muchas de ellas y a ventas lícitas. No convencieron. Investigaciones ulteriores evidenciaron la fuga de material bélico hacia el mercado negro.

Todo empeoró en 2013 con las tensiones crecientes que sacudieron el sur y el este de Ucrania y desembocaron en 2014 en la anexión de Crimea por Rusia y el inicio de la guerra en Donbás entre las fuerzas separatistas fieles a Moscú y batallones de combatientes voluntarios ucranianos.

“Integrantes de ambos lados saquearon arsenales de los servicios secretos, de los Ministerios de Defensa y del Interior de las regiones occidental y oriental del país y de Crimea. Según datos de las autoridades ucranianas, entre 2013 y 2015 ‘desaparecieron’ 300 mil armas ligeras y de pequeño calibre. Las fuerzas del orden sólo recuperaron 4 mil de ellas, el resto quedó en manos de los beligerantes o fue absorbido por el mercado negro”, asegura Martyniuk.

Cruce de rutas Los conflictos armados que sacudieron los Balcanes, como la Guerra de Yugoslavia (1990-1995) y luego la guerra civil en Albania (1997), son otros factores que permiten entender cómo las rutas de diversas mafias de traficantes de armas de esa explosi-

I N TE RN A C I ON A L /U C R AN I A metralleta china Norinco-56-1. Sus municiones provenían de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Checoslovaquia…

Estos pertrechos no pasaron por Ucrania, pero queda claramente establecido que las exportaciones ilícitas masivas de armas que salieron de ese país en aviones de carga hacia África subsahariana sólo pudieron llevarse a cabo con el beneplácito de las autoridades ucranianas.

Entre los países destinatarios de estos arsenales destacan Chad entre 2004 y 2008, más recientemente la República Democrática de Congo y Sudán del Sur, sometidos todos a embargos de armas por parte de las Naciones Unidas.

Los expertos de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional que trabajan en estrecha colaboración con Interpol se muestran bastante preocupados por Ucrania en el informe que publicaron sobre ese país en 2021, unos meses antes de la invasión rusa.

Si bien reconocen que en los últimos años las autoridades ucranianas desplegaron esfuerzos para luchar contra el crimen organizado, no pueden dejar de constatar que “la corrupción sigue siendo un desafío sistémico y que las organizaciones mafiosas siguen gozando de altos grados de impunidad”.

Insisten: “Incrustados en posiciones de alto nivel del aparato de Estado, los actores criminales afectan el proceso democrático de distintas formas: compran votos en las elecciones, financian partidos y candidatos políticos y ejercen presión sobre la justicia”.

En el estricto campo del tráfico internacional de armas, la situación de Ucrania –sumamente preocupante en vísperas de la guerra que desató en su contra Vla-

dimir Putin– amenaza con convertirse en bomba de tiempo.

Todos los servicios de lucha contra el terrorismo del mundo observan con inquietud creciente el envío masivo de misiles antiaéreos portátiles, de tipo Stinger estadunidense, a la vez fáciles de manejar y capaces de derribar un avión comercial. El “sueño” de las organizaciones terroristas…

El 15 de junio el presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete de armas y municiones para Ucrania con un valor de mil millones de dólares. Se trata del mayor envío de material militar desde el inicio de la guerra. Incluye lanzamisiles antibuques Harpoon, obuses y municiones para sistemas de artillería de alta movilidad, armas antitanques, lanzacohetes múltiples Himars con un alcance de 70 kilómetros…

El anuncio se dio mientras estaba reunido en Bruselas el “grupo de contacto sobre Ucrania”, integrado por los 30 gobiernos de países miembros de la OTAN y de otros 20 países invitados. Participó en el encuentro Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, quien exigió de sus aliados más esfuerzos para armar a Ucrania.

Por su parte el general Mark A. Miller, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, contestó a la impaciencia de Volodímir Zelenski –que se queja de la lentitud con la que llegan a Ucrania las armas prometidas– enumerando los pertrechos que ya le fueron entregados: 97 mil sistemas antitanques –“más que los tanques que hay en el mundo”, precisó Miller–, 237 tanques, 6 mil 500 cohetes Javelin, mil 500 misiles Stinger, 20 mil sistemas contra blindados…

Y no es una lista detallada.

AP photo / Susan Walsh

va región acabaron cruzándose en Ucrania, en particular en las ciudades de Odesa, Dnipropetrovsk, Járkov y en la capital, Kiev, recalca Edouard Jolly en el informe Balas Perdidas de la Escuela Militar de París El investigador insiste en la importancia de la desintegración de Yugoslavia, país que hasta 1990 ostentaba una de las industrias militares más desarrolladas de Europa.

“Cada una de las seis repúblicas que integraban la República Federal Yugoslava contaba con su propia industria de armas”, subraya.

Después de haber agotado sus propios arsenales en la guerra fratricida que libraban, los combatientes serbios, croatas, bosnios y macedonios acudieron a las redes internacionales de traficantes para reabastecerse, puesto que la comunidad internacional había decretado embargos de armas contra la desgarrada Yugoslavia.

Creció de manera exponencial el comercio ilegal de material bélico en los Balcanes. Se calcula que entre 1993 y 1995 Croacia gastó 308 millones de dólares en armas, Bosnia 207 millones de dólares entre 1993 y 1994, y 800 millones de dólares en 1995.

Los acuerdos de Dayton firmados en París el 14 de diciembre de 1995 pusieron fin a los conflictos, mas no a las actividades de los grupos criminales, que siguieron muy activos en toda la zona. Recuperaron las armas de los beligerantes y en 1997 se “beneficiaron” de la guerra civil que trastornó Albania y desembocó en el saqueo de mil 200 depósitos de armas en todo el país.

Se estima que 643 mil armas ligeras, 3.5 millones de granadas, 1 millón de minas y 3 mil 600 toneladas de explosivos desaparecieron de los arsenales.

Finalmente los grupos criminales lograron extender su influencia en Ucrania donde, además de los traficantes nativos, operaban organizaciones mafiosas oriundas de Chechenia, Rusia, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Osetia del Sur y Turquía.

Entre todos abastecieron el mercado ilícito de armas de Europa Occidental con el que llevan hasta la fecha jugosos intercambios de “mercancías”.

Edouard Jolly recuerda que los hermanos Kouachi, yihadistas afiliados a AlQaeda en Yemen, quienes perpetraron el atentado mortífero contra el semanario satírico Charlie Hebdo en enero de 2015, estaban armados con Zastava M70 yugoslavas, versión perfeccionada de la metralleta Kalachnikov, y con pistolas M70 del mismo origen. Dos de los tres terroristas que en nombre del Estado Islámico asesinaron a 130 personas en la sala de concierto del Bataclan el 13 de noviembre del mismo 2015, usaron por su parte una metralleta AKKS, copia búlgara de la Kalachnikov, y una versión albanesa de la

Biden. Envíos bélicos

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mexicodesconocido.com

Julián Slim Haddad y Dib Barquet en uno de sus negocios

MIGRAR PARA SOBREVIVIR

UNA LARGA Y PENOSA TRAVESÍA

LEVANTINA CA RLO S MART ÍNEZ A S S AD

Desplazados de los territorios del viejo imperio otomano, miles de levantinos comenzaron a llegar a México a partir del siglo XIX. Al final de su odisea encontraron una tierra hospitalaria donde, no sin penurias, se asentaron y cobraron naturalidad. Sus herederos participaron de manera sustantiva en la etapa de modernización del país; hoy son actores primordiales en el ámbito financiero, político y cultural. Nuestro colaborador Carlos Martínez Assad, descendiente de aquellos expulsados de la “Turquía asiática”, recupera la historia de sus ancestros en el libro Libaneses. Hechos e imaginario de los inmigrantes en México, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, del cual reproducimos los siguientes fragmentos.

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LIBROS os libaneses llegaron a México desde el último cuarto del siglo XIX con la identidad de los pueblos cristianos de Monte Líbano, la montaña que ubicaron en la que llamaron la Turquía asiática, en los inmensos territorios del Imperio Otomano. Habían nacido bajo el régimen del Moutassarifiah, creado luego de la guerra en la montaña, que hizo intervenir a Francia en defensa de los maronitas en 1861. Los que llegaron eran nacionales sin tener una nación; es decir, tenían un sentido de la identidad libanesa sin haber pasado por una modernización que les permitiera ser parte de algo semejante a los países constituidos.

Llegaron como turcos; las definiciones políticas europeas los hicieron sirio-libaneses después de la Gran Guerra, cuando las potencias impusieron sus mandatos. Se asumieron como libaneses en la década de 1920, para ser árabes cuando, en 1945, se conformó la Liga Árabe, y Líbano –que acababa de proclamar su independencia en 1943– se encontró entre los primeros Estados que la suscribieron. Las formas identitarias de los inmigrantes se transformaron junto con la historia de México y los acontecimientos en Medio Oriente, hasta reconocerse mexicano-libaneses.

L

XXX Después de los reacomodos territoriales que pusieron fin al Imperio Otomano, los inmigrantes que ya estaban fuera o continuaban saliendo, como es natural, se enfrentaron con dificultades para entender y definir su procedencia cuando iniciaron su periplo hacia América. Cuando llegaron a México sólo sabían que su pasaporte, cuando lo tenían, o algún otro papel oficial, les daban la nacionalidad turca. Por lo general su referencia eran los pequeños poblados, de allí probablemente la designación del bled –el terroir, en francés– para referirse al terruño…

Los inmigrantes procedentes de Monte Líbano se identificaron como cristiano maronitas, ese “pueblo aparte en todo el Medio Oriente, como lo definieron los viajeros franceses de Volney a Lamartine y Nerval. Y fue frecuente escuchar, como lo hizo el padre Daoud Assad al llegar a México, que venía de “Monte Líbano”, el país de los “maronitas”, al que también llamó la “nación maronita”…

Así, la comunidad maronita fue la primera en organizarse en México porque los libaneses cristianos fueron pronto la mayor pare de los inmigrantes del Medio Oriente que llegaron aquí. Venían principalmente de Monte Líbano porque, de acuerdo con las estadísticas de los primeros informantes, 563 registraron allí su residencia; otros mencionaron más específicamente sus poblados; 535 se dijeron procedentes de Beirut, que lo indicaron no por tener allí su residencia sino por haber salido de ese puerto; de Hasroun procedieron 505 personas; de Jael (Biblos) 211; de Zgharta 113, y de Jezzine 63, aunque también se citaron otros muchos poblados. Lo importante es que sumaron más de mil quienes dijeron proceder de Monte Líbano y de Beirut, lo que puede ocultar el lugar real de su nacimiento por preferir dar los nombres de los lugares más conocidos y no siempre contaban con un documento oficial que demostrara su aseveración.

Los inmigrantes por lo general eran jóvenes; por el temor de ser enrolados en las filas del ejército otomano muchas veces sus padres los animaron a salir, por eso la mayor parte de ellos estaban en sus 15 y 20 años de edad cuando llegaron. De los que acudieron al registro a partir de 1926, habían nacido 52 en 1870, otros 98 en 1880 y 157 en 1890. Con el siglo XX, es decir, en 1900, nacieron 197; para 1910 fueron 144, y en 1914, cuando las cifras de nacimiento comenzaron a disminuir, habían nacido 11 libaneses registrados en tarjetas migratorias

de identidad que comenzaron a realizarse en ese año. A ellos les corresponden los primeros registros de la presencia de los nativos de Levante en nuestro país

Dib Murillo y Julian Slim: vidas paralelas Esta es la historia común de dos migrantes, pero también la de muchos que debieron abandonar su tierra por cualquier causa, porque nadie elige el lugar donde nace. Ambos llegaron a México con 10 años de diferencia: el primero, Kahil Slim, en 1902, que muy pronto respondió al castellanizado Julián, y 10 años después, en 1912, llegó Dib Murillo.

Como todos los que venían de Monte Líbano, se iniciaron como comerciantes; sin embargo, el primero se convirtió pronto en un singular empresario modelo, y el segundo, como la mayoría, mantuvo a lo largo de su vida su ocupación en el comercio que los congéneres atribuyen al legado de sus antepasados, los fenicios.

Dib Murillo dejó probablemente el testimonio más vívido de la salida de un nativo de Monte Líbano, lleno de acontecimientos y detalles de la historia de su tierra. Nació en 1892 en Auterin, un pueblo situado a mil 300 metros de altura, con parajes como otros de donde eran nativos los cristianos maronitas…

Julián Slim nació el 17 de julio de 1887 y contaba: “Llegué a Veracruz después de un penoso viaje de 30 o 35 días, para seguir a la Ciudad de México, en mi camino a Tampico”, en 1902, cuando sus hermanos mayores ya habían llegado, en las postrimerías del siglo XIX. Y en Tampico estableció una mercería; al poco tiempo sus hermanos optaron por irse con sus negocios a la Ciudad de México y Julián les alcanzó en 1904. Al llegar alquilaron una casa para vivir en la calle de Universidad 5, ahora calle Maestro Erasmo Castellanos Quinto, en pleno Centro.

Pedro Slim fundó entonces una de las primeras “cajas de ahorro” ubicada en la Plaza del Volador, al lado de Palacio Nacional. Muy cerca, Julián y José establecieron, desde 1911, La Estrella de Oriente en los locales 104 y 106 de la 6ª Calle de Capuchinas, aportando cada uno 25 mil 800 pesos…

Así, desde las primeras décadas del siglo (XX) fueron apareciendo tiendas y negocios asociados con apellidos libaneses en un amplio abanico que va desde la muy surtida mercería de Julián Slim, La Estrella de Oriente, en el Centro de la Ciudad de México, la modesta tienda de Dib Murillo, El Azteca, por el centro de la ciudad de Actopan, Hidalgo. Les llamaron por lo general con nombres que aludían a los lugares de donde llegaron o a voces mitológicas con reminiscencias del Medio Oriente, hasta aquellos vinculados con la cultura mexicana, con la cual siempre se sintieron agradecidos y buscaron hacerlo patente…

Transculturización Hay una literatura contemporánea de los hijos de los inmigrantes libaneses en México, curiosamente más cercana del Mahar, en cuanto a su temática, que la escritura de los primeros.

En México se trató de un doble discurso: mientras, por un lado, se buscaba la asimilación aceptando que la cultura no es algo inmutable, por el otro, se volvía a los orígenes.

Quizá luego se tuvo la conciencia del temor de la “desculturación”, que llevó a la degradación de la cultura de origen.

Aunque probablemente se trataba más bien de una “transculturación, la adquisición desde un nuevo código sin pérdida del anterior”.

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L I B ROS El más destacado, y quien ha acumulado el mayor número de lectores, ha sido el poeta Jaime Sabines, quien decía: “Hay que meterse en la vida para hablar de la vida”.

Jaime, uno de los poetas más leídos por diferentes generaciones, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926. Fue el hijo de Julio Sabines, un inmigrante procedente del pueblo de Saghbine –del cual deriva su apellido– en el fértil valle de Bekaa en Líbano, del cual salió en 1902 en plena erosión del Imperio Otomano.

Un hombre de teatro fue Héctor Azar, quien destacó por sus creencias que permitieron a la Dirección de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México triunfar en el Festival Internacional de Nancy en 1965, con la puesta en escena por Juan Ibáñez de Divinas palabras obra de Ramón María Del Valle-Inclán. Héctor, el maestro, como inevitablemente le llamaban quienes lo conocieron, fue un activo promotor de la actividad teatral desde que fundó y dirigió el teatro Coapa en 1954, fecha de arranque para el Teatro del Caballito, el Centro Universitario de Teatro, el Teatro de los Arcos en Chapultepec, el foro Isabelino, la Compañía de Teatro Espacio 15, la Compañía Nacional de Teatro, el Centro de Arte Dramático (CADAC) en el histórico centro de Coyoacán.

Sus iniciativas no pararon en la capital de la República, sino en Taxco, en el estado de Guerrero, y en Atlixco, en Puebla, estado donde fue director de cultura…

Existe una fuerte relación entre el primer grupo de escritores del Mahjar con dos de las primeras figuras del cine mexicano: Miguel Zacarías (1905-2006) y Antonio Helú (19001972), porque ambos crecieron en ese ambiente en el que la comunidad libanesa vivió tensiones del final y del principio de un proceso, de la salida de sus padres de la Montaña libanesa y su llegada y adaptación al nuevo país. También René Cardona Zacarías; Rafael Villaseñor Kur, Antonio Guerrero (Henaine).

Sus nombres en las marquesinas: María Sorté (Harfush); Antonio Badú (Antonio Namnun Napes); Leonora Amar; Esperanza Issa Abud; Mauricio Garcés (Mauricio Férez Yazbek); Gaspar Henaine; Donna Behar; Antonio de Hud; Jorge Chi Sarelli (Tufic Jacobo); Hermes Yerye Beiruete; Odiseo, Demían y Bruno Bichir; Salma Hayek; José María Yazpiik; Mauricio Kuri. Los documentalistas Jaime Kuri Aiza; Tufic Makhlouf Aki; Eduardo Azuri. Cantantes como Alfredo Bojalil (El Güero Gil requinto de Los Panchos), Chucho Martínez Gil (Jesús Bojalil); Susana Harp Iturribaria; Astrid Hadad; Jeannette Macari Graniel; Eblen Macari.

Presencia política En la política ha sido reconocida la presencia de inmigrantes libaneses en las filas revolucionarias desde los comienzos del siglo XX. Se comenzaron a vincular los hijos de los inmigrantes en los espacios institucionales en el último cuarto del siglo XX, cuando triunfan en las elecciones, aun con la ambigüedad de ser descendientes de libaneses e hijos de mexicanos.

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El primero que se reconoce es Juan Sabines Gutiérrez, quien fuera gobernador de Chiapas entre 1979 y 1982, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.

En Quintana Roo ha destacado la familia encabezada por Nassim Joaquín (originalmente Hakim) Ibarra (antes Isbora), quien llegó a México en la década de 1920. Se convirtió en accionista de la línea aérea Mexicana de Aviación, concesionario de la Distribuidora de Combustibles de Quintana Roo, que surtía a todas las gasolinerías de la región…Ha sido tan poderoso que se le conoce como El Tatich (cacique en maya) y durante mucho tiempo se le debía consultar respecto a los cargos públicos en la entidad. Por eso no resultó difícil que su hijo Pedro Joaquín Coldwell resultara gobernador siendo el más joven en la historia política del país en ocupar un cargo con apenas 31 años. Addy, su hermana, fue senadora, y Carlos Joaquín González, su familiar, es el actual gobernador.

Miguel Borge Martín gobernador de Quintana Roo 19871993, su padre fue inmigrante libanés que llegó muy niño a Cozumel; Roberto Jorge Angulo, su sobrino, fue gobernador para el periodo 2011-2016.

Salvador José Neme Castillo fue gobernador constitucional de Tabasco de 1989 a 1992; Jorge Salomón Azar García fue gobernador constitucional de Campeche entre 1991 y 1997, seguido por José Antonio González Curi entre 1997-2003.

Emilio Chuayffet Chemor, gobernador del Estado de México 1993-1997, su familia procede del poblado de donde se deriva sus apellidos; Jesús Murillo Karam, gobernador constitucional de Hidalgo 1993-1998, su familia procede de Monte Líbano, lo mismo que Omar Fayad, actual gobernador de esa entidad; Jorge Morales Barud fue gobernador del estado de Morelos 1998-2000, sus abuelos fueron originarios de Tannurin, en Líbano; Miguel Ángel Yunes Linares (ex)gobernador de Veracruz; Antonio Gali Fayad gobernador de Puebla 20172018; Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro.

Empresarios y hombres de negocios Entre los primeros, Antonio Letayef, quien rebasó el comercio tradicional para entrar en la importación/exportación y supo relacionarse nada menos que todavía en los periodos de los presidentes Porfirio Díaz y Venustiano Carranza.

Los Slim, encabezados por José, Pedro y Julián, forjaron una dinastía que se prolongó desde Líbano –relacionada también con la familia Haddad de Jezzine– al México de nuestros días. Carlos Slim Helú, hijo de Julián Slim, el hombre más rico de México y uno de los primeros del mundo; Alfredo Harp Helú, primo de Carlos Slim, fundador de la Bolsa de Valores de México. En 2005 las empresas de la familia Slim representaban 8.7 del PIB de México.

Otros empresarios que también participan activamente en el mundo de negocios en México son Antonio Chedraui Caram, Miguel Arturo Layun Prado, Miguel Sabah Rodríguez, Jesús Alfredo Miguel Afif, Víctor Aboumrad, Roberto y José Chapur Zahoul, Asís Abraham Daguer y José Chafick Hamdam, Carlos Slim Domit y Daniel Hajj.

Tonatiuh Guillén López*

¿Las Fuerzas Armadas en riesgo?

L

amentablemente para México, el desempeño del gobierno del presidente López Obrador está lejos de resultados de modernización institucional y de superación de nuestros profundos rezagos sociales y regionales.

Más allá de buenas intenciones, los resultados concretos son los que reflejan nuestra realidad y la capacidad gubernamental para mejorarla. Haciendo una rápida lista de asuntos públicos relevantes, no es difícil reconocer que grandes rezagos persisten y que el deterioro se acumula en numerosos ámbitos de la vida nacional. Es probable que entre los saldos negativos al final se ubique el perfil institucional de las Fuerzas Armadas.

Por lo pronto, el combate a la corrupción, objetivo machacado insistentemente, no tiene avances ni alternativas a la vista; la superación de la pobreza, por su parte, tiene indicadores exactamente del lado contrario, pues ahora más población sobrevive en estas condiciones. Los desequilibrios regionales, entre el norte y el sur dicho de manera genérica, tampoco muestran correcciones; obras emblemáticas, como la refinería, trenes, corredores y aeropuerto, avanzan entre fuertes tensiones sociales y daños ambientales. El crimen organizado y su cotidiana opresión sobre regiones y poblaciones sigue provocando enormes daños e incluso generando el desplazamiento forzado de familias y comunidades; paralelamente, los homicidios tienen las cifras más horrendas de todos los tiempos. La administración pública federal, entre la austeridad tajante y la carencia de una guía estratégica, persiste entre la indolencia y el mínimo hacer.

La ciencia y la cultura han sido desvaloradas y reducidas a su mínima expresión, con un propósito centralista y de subordinación. El sistema educativo y el de salud, lejos de mejorar, se encuentran entre la

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parálisis y un pronunciado deterioro que complica a otro conjunto de variables sociales. Mientras tanto, la economía está estancada en su crecimiento, compitiendo con los momentos más crudos del pasado.

No habrá posibilidad de que “otros datos” corrijan al panorama anterior. El sexenio ya entró a su recta final y ahora está más ocupado en el control político del proceso electoral y de la sucesión presidencial, asunto que tiene la absoluta prioridad para el gobierno. Es decir, resta un tiempo sin oportunidad para correcciones y menos para reconocer errores y deficiencias.

Así, en este desafiante contexto nacional es donde se ubica el súbito y ampliado rol institucional de las Fuerzas Armadas.

El presidente López Obrador, desde el inicio de su gobierno, decidió no cumplir su promesa electoral de regresar el Ejército y la Marina a sus respectivas instalaciones.

Por el contrario, con base en su feroz crítica de la burocracia y de la administración pública como inevitablemente corruptas e ineficaces, encontró en las Fuerzas Armadas una estructura con gran capacidad operativa, leal, disciplinada y con plena obediencia al mandato presidencial. Precisamente, lo que no encontraba entre la élite de funcionarios ni en general entre la burocracia gubernamental.

El ampliado rol de las Fuerzas Armadas, como puede inferirse, es la manera de evitar una reforma administrativa, la modernización institucional o la generación de nuevos cuadros profesionales. No había razón para este paso –innecesario desde la perspectiva presidencial– teniendo a la mano un aparato militar que podía inducirse a asumir funciones civiles. Por lo demás, se recordará, el presidente ha argumentado que no se requiere capacidad o especialización para ejercer la dirección gubernamental. Sólo se necesita honestidad y

obediencia, según sus parámetros, por lo que la especialización y la profesionalización son cualidades prescindibles del buen gobierno (aunque los países desarrollados del mundo piensen lo contrario).

La inserción de las Fuerzas Armadas en funciones civiles, como migración, obra pública, seguridad pública, investigación de delitos (tareas de la Guardia Nacional), aeropuertos, aduanas, distribución de medicinas y una larga lista de funciones adicionales, de fondo tiene una pregunta esencial. Las Fuerzas Armadas, dicho en términos simples ¿“militarizan” la función civil? ¿O bien es la función civil la que adhiere su ADN a la estructura militar?

La primera posibilidad implicaría que las reglas y procedimientos de la función civil transiten hacia las reglas de la estructura militar, ya sea de facto o mediante alguna reforma administrativa (lo que no ha sucedido hasta ahora).

La segunda posibilidad implica que el personal militar y tal vez alguna franja de la estructura del Ejército y de la Marina se adapten al funcionamiento y normas de la administración civil y, en el peor escenario, también se relacionen con el marco contextual que le rodea, incluyendo los riesgos de corrupción y delitos.

En cualquier caso, la interacción entre Fuerzas Armadas y las extensas funciones civiles que han asumido tiene un inevitable proceso de confluencia, un “choque” en términos metafóricos, que no deja de repercutir sobre la estructura del Ejército y la Marina. Ahora, la pregunta es sobre la escala de esa repercusión y, además, si el efecto clasifica como deterioro institucional. Sería ingenuo asumir que estos cambios tan trascendentes en las funciones y actividades de las Fuerzas Armadas son inocuos para su perfil institucional.

Hacia el final de este sexenio –y tal vez

A NÁLIS IS Ernesto Villanueva

Monreal, luces y sombras

desde ahora– es probable que el perfil institucional de las Fuerzas Armadas haya cambiado sustancialmente. Son o serán otros aparatos del Estado, ya no apegados al modelo tradicional que construyeron durante décadas, sino creando uno que abiertamente incursiona sobre el paradigma civil, administrativo y empresarial que esencialmente ha sido ajeno. ¿De qué tamaño son las repercusiones para las instituciones armadas?.

Además, visto el escenario del otro lado, ¿son positivas las consecuencias para las áreas civiles que son “militarizadas”? En materia migratoria, por ejemplo, el saldo no es alentador, como muestra el reporte Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, difundido recientemente. Seguramente habrá ejemplos adicionales que sugieran prácticas no ejemplares en el encuentro entre instituciones armadas y funciones civiles, sobre todo en aquellas rodeadas por intereses económicos cuantiosos.

El actual riesgo para las Fuerzas Armadas radica precisamente en cambiar su perfil institucional, el que ha sido valorado positivamente por muchos años. Son o serán otras instituciones, diferentes, con muchas más tareas, lo cual eventualmente generará tensiones con su estructura tradicional.

El escenario no es un asunto menor.

En la historia política del Estado mexicano, durante la etapa que permitió su consolidación como aparato central y decisivo para el desarrollo nacional, parte sustancial del logro consistió en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y, justamente, en su distanciamiento de la política y de las funciones civiles. ¿Por qué ahora mover las manecillas en la dirección inversa? El costo puede ser muy alto, mucho más trascendente que este sexenio. O

E

l presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, se ha vuelto incómodo para el cuidado de las formas. Ahora en Morena ha sido un personaje crítico, si se entiende la crítica como identificar el acierto y señalar el error. El asunto es digno de análisis de lo que hoy pasa en el partido en el poder. Veamos.

Primero. La polarización en la narrativa y en la deliberación pública ha hecho que los extremos se apoderen del discurso: o blanco o negro. No pueden admitirse las diversas tonalidades de grises. Y esto es aplicable a los actores políticos tanto a los que forman parte de la 4T como a quienes son sus adversarios.

El presidente pide, un día sí y otro también, que los actores políticos, sociales, económicos y culturales se definan, pero el problema no es en sí la definición misma, sino la forma en que quiere que se manifieste, blanco o negro, donde reclama que haya aceptación total o rechazo completo para su proyecto y su respectivo método. Habrá quienes coincidan con el proyecto, pero no con su método o no, por lo menos, con todos y cada uno de sus elementos. Hay también, ni duda cabe, quienes no comparten ni el proyecto y, en consecuencia, tampoco el método.

Esta apreciación presidencial ha hecho que ponga en el mismo costal a periodistas, a toda la comunidad de la UNAM, a la clase media como si fuera un cuerpo social uniformado, tan sólo por citar unos ejemplos, lo que ha generado mayor disenso y, por el contrario, la tolerancia y el respeto a las más diversas formas en las que se manifiesta la diferencia se han convertido en víctimas de este

intercambio de mensajes sobre la agenda pública.

Y en ese contexto Ricardo Monreal es un hombre leal al presidente y a su proyecto. No tengo la menor duda de ello, pero lo que ha sido un problema, su problema, es pensar por sí mismo, cuando ello enriquece, no debilita, muestra que no hay pensamiento único, sino acuerdo en lo fundamental con diferencias en lo accesorio.

En suma, en lugar de mostrar a propios y extraños que Morena es la unidad en la diversidad y donde se predica y practican las pautas democráticas, se opta por el camino de la exclusión discursiva y se apela al todo o nada, lo que por sí mismo es contrario a la política como servicio público.

Segundo. La lealtad de Ricardo Monreal no es como se acostumbraba en los regímenes del PRI: la obsecuencia, la obediencia y el silencio. Estas improntas del viejo régimen se encuentran más vivas que ayer en una reedición menos afortunada que la original.

Uno de los grandes ideólogos del PRI, don Jesús Reyes Heroles, acuñó la frase: “Lo que resiste apoya”, que significaba inclusión y ejercicio mínimo de la tolerancia. De ahí, habría que recordar que, con la reforma electoral de 1977 impulsada por este personaje histórico del priismo, nacieron los diputados plurinominales, se flexibilizaron los requisitos para formar partidos, a efecto de dar cabida a expresiones distintas al PRI en la Cámara de Diputados inicialmente y al Senado años después.

Hoy a nivel discursivo el presidente habla del cambio en las formas y modos de la política, pero en la práctica la exclusión, la obsecuencia, la obediencia y el silencio gozan de cabal salud. Por lo anterior, no basta con que Monreal se identifique a plenitud con el proyecto de la 4T, sino que se le exige que apoye en sus términos el método, que es el tema donde

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Marta Lamas

ha tenido diferencias por cuestiones específicas, no porque haya un desencuentro con todos y cada uno de sus aspectos. Lo que hace Monreal, desde la ética pública se llama congruencia, desde la dirigencia de Morena, indisciplina.

Así el nivel de las cosas.

Tercero. Lo que hoy sucede en la 4T es una verdadera paradoja. Se premia a quien antepone su interés personal; es decir, a los que cumplen puntualmente con el código de la obsecuencia, la disciplina, el silencio y la exclusión, que a quien ve por el interés público, como lo ha hecho Monreal cuando toma postura racional sobre temas de la agenda pública ancladas en la lógica y en la gobernabilidad democrática. Ahí están su distancia con el discurso de confrontación y su llamado al intercambio de puntos de vista en ejercicios de deliberación pública donde nadie en su sano juicio podría estar en contra. Su respaldo a la UNAM como una comunidad diversa y compleja cuando ha sido objeto de algún señalamiento presidencial sin datos duros que respalden sus asertos.

O incluso cuando se pronuncia por las elecciones primarias como método para designar candidatos a cargos de elección popular de su partido en lugar de las encuestas que, como se ha visto, son verdaderos actos de fe porque su metodología brilla por su ausencia. Y vaya que conoce del tema. Monreal sufrió en carne propia ese método para designar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2018.

Pero con todo y las críticas que sus detractores internos le dirigen, Monreal ha hecho una labor destacada como líder del Senado al ser incluyente y lograr que pasen buena parte de los asuntos enviados por la Presidencia de la República en la Cámara de Senadores. Si no tuviera esas prendas profesionales e interlocución intrapartidista y con las distintas fuerzas políticas en ese cuerpo legislativo, probablemente ya hubiera sido condenado a la marginalidad. Las convicciones ideológicas no deben ser nunca enemigas de la inteligencia; al contrario, si van juntas tendrán un mejor porvenir. Veremos. O @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com

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Un Clacso feminista

H

ace años Rodolfo Stavenhagen escribió un artículo titulado Flacso, Clacso y la búsqueda de una sociología latinoamericana, donde recordaba cómo, en 1957, en una reunión de gobiernos latinoamericanos con la UNESCO, se decidió crear una institución académica que promoviera la formación y la investigación social de cara a los problemas de la región. Cuando Brasil y Chile se ofrecieron como sede, para evitar un conflicto, la decisión salomónica fue crear en Brasil un centro de investigaciones y en Chile uno de docencia. Él relata cómo el centro de Brasil tuvo que cerrar sus puertas por el golpe militar en 1964; y así, en 1965, en una reunión en Bogotá, se planeó la creación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que se concretó en 1967, y desde entonces Buenos Aires ha sido su sede. Stavenhagen también narra cómo el golpe militar de Pinochet puso en peligro la supervivencia de la Flacso en Chile, y rememora la creación de Flacso-México.

Traigo a cuento su conclusión acerca de que el contexto político incide en el funcionamiento de instituciones dedicadas a la investigación y formación académica, pero para plantear que también eso ocurre de forma positiva. Tal es el giro feminista que ha asumido Clacso desde la llegada de Karina Batthyány a la cabeza de esa institución, y en el contexto de cambios políticos alentados por los feminismos.

Desde hace años Karina Batthyány ha desplegado su compromiso feminista en su trabajo de investigación y docencia. Esta socióloga uruguaya, que tiene diversas publicaciones acerca del uso del tiempo, del trabajo no remunerado de cuidado y de las responsabilidades familiares, hizo su doctorado en Francia con una tesis cuyo título es elocuente: Trabajo y cuidado infantil. Un

desafío exclusivamente femenino. Una mirada desde el género y la ciudadanía social.

Acaba de terminar el período 20192022 de Batthyány, pero en la asamblea de los centros miembros de Clacso la eligieron por unanimidad para un nuevo mandato como directora general (período 2022-2025) por su gestión espectacular.

La semana pasada se llevó a cabo la novena conferencia de Clacso en las instalaciones de la UNAM con el tema de “Tramas de la desigualdad en América Latina y el Caribe”. El programa incluía foros, paneles, mesas temáticas, talleres presenciales, además de una feria del libro y un festival de cine, pero unas de las actividades principales fueron los 15 “diálogos magistrales” donde distintas personalidades confluyeron a debatir acerca de los temas centrales para Clacso.

Los menciono porque dan una idea de la agenda: 1. Sociedad del cuidado y políticas de la vida; 2. Ambiente, bienes públicos y cambio climático; 3. Hacia una ciencia pública: ciencias sociales, humanidades, política y compromiso; 4. Los desafíos de los movimientos sindicales; 5.

Crisis económica y dilemas del desarrollo; 6. Desafíos de la democracia; 7. Memoria y derechos humanos. Procesos de paz y conflictos sociales; 8. Derecho a la educación y desigualdades educativas en la pandemia y la postpandemia; 9. El protagonismo de los movimientos y las organizaciones sociales en la coyuntura actual; 10. Filosofía para este fin del mundo; 11.

Comunicación, política y derechos: entre las fake news y las iniciativas populares; 12. Negritudes, afrolatinidades, racismos y resistencias; 13. Pueblos indígenas, territorios y autonomías; 14. Migraciones y movilidad humana; 14 y 15. Feminismos, géneros y luchas en América Latina y el Caribe.

AN Á L IS IS Bernardo Barranco V.

Naasón Joaquín y su reino de la posverdad Para ilustrar en qué consiste el “giro feminista” de la gestión de Batthyány en Clacso, destaco dos ejemplos significativos.

El diálogo magistral con el que inició la novena conferencia y que se llevó a cabo en la sala Nezahualcóyotl (los otros 14 se repartieron días después en diversos espacios) fue el de “Feminismos, géneros y luchas en América Latina y el Caribe”, y esa distinción fue una señal política importante.

El otro ejemplo es la inclusión de varias autoras mujeres en la colección de Antologías esenciales, donde la proporción de autores varones era mucho mayor. Con una política de acción afirmativa Batthyány priorizó publicar a mujeres, para ir equilibrando la colección.

Por cierto, todas las obras pueden ser descargadas gratuitamente, pues Clacso impulsa una Campaña por el Acceso Abierto al Conocimiento. Desde el convencimiento de que “El conocimiento constituye un bien público global”, Clacso contribuye a la democratización del conocimiento, haciendo accesible una producción académica fundamental que, con el paso del tiempo y debido a las limitadas formas de distribución editorial en nuestra región, tiende a ser desconocida o inaccesible.

Para mí, lo más notable que ha hecho Batthyány en Clacso ha sido introducir en la agenda política de las ciencias sociales el crucial tema de los cuidados. Abordar los cuidados es hoy un imperativo ético en el contexto de las “tramas de la desigualdad” que hay en nuestra región.

Con una perspectiva feminista democrática y radical enfocada a una verdadera emancipación, Karina Batthyány ha alentado la investigación y la reflexión acerca de los conflictos y necesidades en torno a los cuidados. Vale mucho la pena leerla, y sus libros están en acceso abierto en la página de Clacso. O

L

a Iglesia la Luz del Mundo (ILDM) siempre ha llamado mi atención porque rompe con los moldes de las iglesias pentecostales tradicionales.

Tiene un marcado nacionalismo mexicano, es juarista en tanto enarbola elementos del liberalismo; apela al carácter laico del Estado. Mientras otras iglesias evangélicas son intransigentes ante disputas de moral pública, la ILDM es flexible en cuestiones como matrimonios igualitarios y homosexualidad, siendo respetuosa de los marcos jurídicos y limitaciones de la legalidad que enmarcan a dichos temas polémicos.

Durante 2012 y 2013 se opuso férreamente a los cambios del artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa. En especial al sesgo original que favorecía la agenda de la Iglesia católica.

Mostró músculo, capacidad de organización y convocatoria al llenar plazas en las principales ciudades del país para protestar y presionar a los congresos locales con el propósito de rechazar la iniciativa. No fue una casualidad que la propuesta de reforma tardara 15 meses en su aprobación. Ello se debió a la tenaz resistencia social de la ILDM. Su crecimiento continuo y su revolucionado proselitismo han despertado agudas rivalidades con otras iglesias, incluyendo la católica. El arribo de Naasón Joaquín García como nuevo apóstol de la Iglesia, el 8 de diciembre de 2014, representó un relevo generacional y proyectos sociorreligiosos más intrépidos. Con mayor nivel de formación académica y social, la nueva generación de los discípulos directos de Naasón incursionó en la política con agresividad para obtener una privilegiada interlocución con los distintos partidos del

país. Los nuevos ímpetus le llevaron a cometer graves imprudencias, como el homenaje al apóstol en Bellas Artes por sus 50 años en mayo de 2019. El evento fue un mayúsculo escándalo que involucró tanto a legisladores de Morena como al propio gobierno capitalino.

Sin embargo, las acusaciones de abusos sexuales a menores, la cerrazón de esta Iglesia y el reconocimiento de culpabilidad del apóstol de Jesucristo ante la Corte de California, coloca al líder religioso y a la propia ILDM en otra tesitura de reflexión.

Propongo tres cuestiones.

1.- Naasón navega en el reino de la posverdad.

A los líderes de ILDM y a la feligresía no les importan las imputaciones, los testimonios ni el propio reconocimiento de culpabilidad del apóstol. Siguen considerándolo inocente y lo reconocen como su líder religioso. Los miembros de esta Iglesia se cierran ante evidencias contundentes.

Reconocen a medias la verdad jurídica: Naasón Joaquín aceptó su culpabilidad para no enfrentar un juicio injusto y escándalos que dañaran la imagen de la Iglesia y perjudicaran a su familia. El comunicado de la ILDM deja entrever que los hábiles y carísimos abogados aceptan la negociación del fiscal y ahí evitan la cadena perpetua.

Si en verdad Naasón fue acusado como Jesús, arbitrariamente, ¿por qué no enfrentó su inocencia en un juicio que mostraría la verdad ética y haber salido redimido? No puede haber grabaciones, fotos ni videos porque jamás participó en perversos abusos sexuales. Su aceptación de culpabilidad muestra lo contrario. Mientras los dirigentes de la ILDM siguen exaltando la sacralidad del apóstol, la sociedad y los medios transitan en otra dirección. La ILDM construye un metarrelato de negación y de persecución.

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La falsa narrativa conduce a la feligresía a verse atrapada en un burdo discurso de posverdad; peor aún, ser cómplices y fieles amparadores de un criminal confeso, uno de los mayores pederastas evangélicos. ¿Los pentecostales son entonces unos fanáticos que niegan la realidad? Es el mismo comportamiento de los católicos. Recordemos que los Legionarios de Cristo y sus aliados tardaron más de 10 años en aceptar las perversiones de Marcial Maciel. Es el caso del padre Eduardo Córdova, prófugo de la justicia desde 2017 por imputaciones de pederastia, quien sigue siendo protegido por la Iglesia católica y las élites económicas y sociales de San Luis Potosí.

De manera más burda la ILDM reacciona de manera similar a la Iglesia católica, aquí de manera grave, convierte a su feligresía en encubridora de pederastia clerical.

2.- ¿Dónde está el Estado mexicano?

Naasón Joaquín no pudo haber actuado solo. Los testimonios revelan una robusta infraestructura que facilitaba saciar los apetitos sexuales del apóstol. Tampoco es la primera denuncia. Generacionalmente su abuelo y su padre han sido señalados por ese mismo tipo de comportamiento y abusos sexuales. ¿La doctrina de la Iglesia permite la tolerancia de prerrogativas sexuales de sus apóstoles?

Por más fundamentación bíblica de permisividad sexual de su apóstol sagrado, son delitos y crímenes penados por una sociedad secular.

Ante las evidencias, ¿debe intervenir de oficio el Estado mexicano en una investigación que permita esclarecer los abusos que no sólo se cometían en Los Ángeles, sino en la sede de la hermosa provincia en Guadalajara?

Santiago Nieto sigue afirmando que la UIF a su mando presentó evidencias ante la Fiscalía General de la República sobre temas sospechosos de lavado de dinero de la ILDM. Ya no sólo se trata de transferencias dudosas de recursos, sino de operaciones de lavado de dinero. En medios de comunicación, Santiago Nieto afirmó la existencia de triangulación

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de recursos y de defraudación fiscal por montos millonarios de cinco asociaciones de la ILDM. ¿Por qué el Estado mexicano no ha actuado conforme a derecho? ¿Políticamente es tan poderosa la ILDM que el gobierno no se atreve iniciar una averiguación? ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación que no cumple con su mandato constitucional?

3.- La ausencia del enfoque a víctimas.

Cuando acontece el abuso clerical por parte de un actor considerado sagrado, la víctima tarda en entender el acto porque nadie le ha explicado que eso ocurre en aquellos depredadores que se creen dueños de la conciencia, del alma y por lo tanto del cuerpo. Las víctimas sienten no sólo vergüenza, sino culpabilidad.

En casi todos los casos de pederastia clerical lo que menos cuenta son las víctimas. Son seres injustamente dañados, en muchos casos para toda la vida. Las víctimas menores de abuso sexual son prójimos inocentes, engañados y emboscados por la perversidad. El abuso es un acto de poder, como dijo Carlos Monsiváis, la víctima se convierte en enemigo que muchas veces hereda la brutalidad del victimario.

En el caso de Naasón Joaquín, las víctimas se quejaron de no haber sido consultadas por los arreglos y acuerdos con la fiscalía. Pidieron tener un breve espacio para exponer sus testimonios. A ciencia cierta no sabemos si está acordada una indemnización.

Las víctimas tardan en denunciar por vergüenza, por condicionamientos sociales, y aun así son revictimizadas por las estructuras de poder y acosadas. Sufren al recordar sucesos dolorosos que no se atrevían a denunciar. Las víctimas de abuso clerical hasta ahora han sido casi invisibles. Las Iglesias, la sociedad, el Estado, los medios de comunicación debemos ser muy empáticos hacia las víctimas de abuso porque sus vidas quedan marcadas para siempre por las transgresiones y crímenes sexuales de los depredadores sagrados.

La saga de Naasón Joaquín aún no ha terminado; hay mucho que aclarar. O

S

i algo ha quedado claro en los últimos lustros es que la migración es uno de los fenómenos sociales globales más importantes, dada la cantidad de personas que viven el fenómeno y las múltiples dimensiones problemáticas que conlleva.

No es casual ni gratuito que los debates, discusiones y publicaciones sobre este tema se hayan incrementado en los últimos tiempos, pues reflejan que es una preocupación central de nuestra vida pública. México es un país donde el fenómeno migratorio se vive con múltiples problemas y urgen soluciones.

La Cumbre de las Américas ha arrojado como resultado, en palabras del canciller mexicano Marcelo Ebrard, la necesidad de fortalecer las decisiones y políticas de derechos humanos y de instrumentos migratorios (como las visas H2) entre ambos países, reconociendo los amplios déficits que existen en esta materia.

Partamos entonces de dos premisas.

Primera: la migración se suele entender, en general, como la movilización de personas de un espacio geográfico a otro, motivadas por razones económicas, sociales y de seguridad. Pero un número importante de estas personas se asumen como trabajadoras, ya sea porque han laborado antes de migrar o porque sus motivos sustantivos de migración tienen que ver con encontrar o mejorar las formas de ganarse la vida.

Es decir, una dimensión importante de las personas migrantes es que tienen una identidad asociada al trabajo. Y si los análisis y las políticas relacionadas con la migración no asumen esta dimensión de identidad laboral, están omitiendo una variable significativa a considerar, pues el acceso a los derechos humanos pasa, en buena medida, por el cumplimiento de obligaciones y responsabilidad de los trabajadores, de empresas y de gobiernos.

Segunda premisa: la globalización y

AN Á L IS IS Alejandra Ancheita*

Corredor de Justicia Laboral Trasnacional el sistema económico actual han empujado mucho la idea de la liberalización económica como el libre flujo de mercancías y productos, más allá de fronteras nacionales, pero no han asimilado de la misma forma ni han impulsado la idea de la libertad de movimiento de las y los trabajadores para desplazarse con igual intensidad y vigencia de derechos en diversos países.

Es decir, la globalización se ha venido produciendo en objetos, no en los sujetos que los producen.

Por ello hacen falta ideas y proyectos no previstos hasta ahora que reconozcan estas dos condiciones (identidad laboral migratoria y personas migrantes como sujetos de derechos) para pensar en soluciones a algunos de los principales problemas migratorios, abusos que inician desde el reclutamiento, la contratación y ya en el centro laboral en Estados Unidos o en Canadá.

De ahí nace el proyecto de Corredor de Justicia Laboral Trasnacional que desde ProDESC se impulsa para nuestro México y la región. Esta propuesta se ha diseñado e implementado con objetivos precisos y medibles: 1. Generar una identidad migratoria basada en los derechos humanos laborales; es decir, posibilitar un autorreconocimiento de las personas migrantes como trabajadoras/es con derechos humanos, que deben ser respetados tanto en sus desplazamientos como en sus procesos de organización, contratación y empleo. Desde esta perspectiva se busca generar condiciones para ir consolidando una Ciudadanía Laboral Trasnacional, como lo ha planteado la reconocida académica Jennifer Gordon, quien ha trabajado esta idea desde hace tiempo; 2. Conjugar la política laboral con la política exterior y no asumir, como se ha venido haciendo hasta ahora, que se trata de dos sectores desconectados. Si algo ha evidenciado la migración es que la disocia-

ción de ambas políticas no hace sino dejar a las personas migrantes altamente vulnerables a excesos y atropellos patronales y gubernamentales.

3. Cambiar el paradigma de la política laboral y migratoria actual, basadas en las agendas de los empleadores y de las empresas, a otro donde se responsabilice claramente a las empresas que usan la fuerza laboral migrante y hacerlo a lo largo de toda la cadena de suministro laboral; es decir, incorporar sustantivamente la idea de rendición de cuentas empresarial.

El Corredor de Justicia Trasnacional propone apuntalar esfuerzos desde varias pistas a la vez: Primero: Creando las condiciones materiales para la organización de las personas migrantes a través de la creación de Centros de Trabajadores y Trabajadoras en puntos estratégicos del país. Se encuentran ya habilitados espacios en Topolobampo, Sinaloa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y están por abrirse otros dos centros de apoyo a trabajadoras y trabajadores en la Ciudad de México y Chiapas.

Segundo: Convirtiendo estos espacios físicos en centros de información, asesoría y organización colectiva sobre derechos humanos laborales de quien migra.

Tercero: Impulsando la defensa de sus derechos humanos laborales frente a los Estados, las empresas y las cadenas de suministro laboral.

Finalmente, y más importante, generando una identidad de la persona migrante como agente (individual y colectivo) con vigencia y plenitud de sus derechos humanos.

Como lo hemos constatado en el trabajo de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, desde ProDESC, los derechos de los y las trabajadoras y de las personas migrantes están cada vez enfrentando graves violaciones y no existe

aun un sistema que atienda este fenómeno de manera integral. Se atiende desde la política migratoria y muy superficialmente desde la política laboral, a pesar de que las remesas de las mexicanas y mexicanos en el exterior se han convertido en uno de los mayores flujos económicos en el país.

La tendencia mundial también incrementa el diseño de programas de trabajo temporal para atender la migración indocumentada de personas del sur global al norte global. Sin embargo, son programas que no garantizan los derechos humanos laborales de las y los trabajadores temporales migrantes, y sólo aseguran condiciones precarizadas interminables y una ganancia a un muy bajo costo para las empresas y marcas que utilizan esta mano de obra.

Actualmente con la violencia exacerbada a nivel global, la respuesta aún es peor, pues se pretende atender la migración de personas refugiadas con corredores de trabajo precarizado y temporal que no ofrecen caminos a la regularización del estatus migratorio y tampoco caminos a mejorar sus condiciones laborales para una vida menos desigual.

El Corredor de Justicia Laboral es una vía para la construcción de poder colectivo de las personas migrantes que trabajan en el transcurso migratorio y una vez que se sitúan en algún destino, pero principalmente busca generar la consolidación de una noción de ciudadanía laboral trasnacional que desencadene condiciones de exigencia de derechos y de acceso a la justicia en un mercado laboral que sigue mirando a las personas como desechables.

Esta propuesta construida por las y los trabajadores migrantes sin duda pondrá de manifiesto que la dignidad de las personas la construimos desde lo colectivo y de manera organizada. *Directora Ejecutiva de ProDESC 2381 / 19 DE JUNIO DE 2022

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Cartón de Maricruz Ruiz Gallut

70 AÑOS

La tumba de

Pakal en Palenque MARTA DURÁN DE HUERTA

E

l 15 de junio de 1952 en Palenque, Chiapas, un equipo encabezado por Alberto Ruz Lhuillier y formado por arqueólogos, antropólogos físicos, albañiles, pasantes de la carrera de antropología y un periodista, descubrieron en Palenque, Chiapas, una tumba real en el fondo de una pirámide. El hallazgo fue un hito en la arqueología mexicana, pues hasta entonces sólo se tenía noticia de cámaras mortuorias en las pirámides de Egipto.

“No habíamos dormido ni un minuto pero era tanta la emoción y la adrenalina que no sentimos cansancio alguno.

Sentíamos que el corazón nos latía a mil por hora, que se nos saldría del pecho. Llegamos a una cripta en el fondo del Templo de las Inscripciones.

La tensión aumentaba conforme fuimos deslizando la lápida sarcófago y la tapa que lo sellaba herméticamente, también de piedra. Con sumo cuidado y milímetro a milímetro, fuimos recorriendo las lápidas. Estábamos empapados en sudor por el calor sofocante y

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C U LT U RA El descubrimiento comandado por Alberto Ruz Lhuillier sacudió a la arqueología mexicana. Por conflictos entre el INAH y los diarios de esa época (1952) sobre los restos de Cuauhtémoc, el único periódico invitado a la cuarta expedición a Palenque fue Excélsior, que envió a Gustavo Durán de Huerta. En mayo de 1994, la hija del periodista, actual colaboradora de este semanario, lo entrevistó sobre el acontecimiento, y con testimonios del antropólogo físico Arturo Romano Pacheco, reconstruye aquí esta historia de fábula, justo siete décadas después.

la humedad de la cripta. De pronto tuvimos ante nuestros ojos los restos de un rey. Lloramos de alegría”, contaba a la menor provocación el antropólogo físico Arturo Romano Pacheco, quien 30 años más tarde identificara los restos de Sor Juana Inés de la Cruz en el Convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Romano Pacheco señalaba que los albañiles de la región no querían trabajar para los arqueólogos porque creían que Palenque estaba embrujada.

La otra escalera al cielo Alberto Ruz Lhuillier llevaba meses explorando Palenque, buscando asentamientos de grupos humanos anteriores a los mayas.

“El doctor Alfonso Caso me había recomendado en broma que descubriera, debajo de algún templo maya de Palenque, otro olmeca”, solía ironizar, cuando de manera fortuita encontró dos escalones en el Templo de las Inscripciones. Al principio pensó que se trataba de un altar. Intrigado inició la excavación y descubrió lo que sería una escalera que llegaba al fondo y al centro de la pirámide. Al tiempo que se retiraba el relleno con piedras de túneles, pasillos y cámaras que sellaban la tumba, otro equipo de arqueólogos quitó maleza y árboles por fuera de la pirámide para después reconstruirla.

Las investigaciones de los arqueólogos arrojan que primero se construyó la cámara mortuoria de Pakal (varios metros por debajo de la plaza), sobre ella la pirámide, y en la cima, un templo. Por esta razón los restos del señor de Palenque siguen ahí. Para sacarlos habría que destruir el Templo de las Inscripciones.

Lo que se exhibe en el Museo de Antropología de la Ciudad de México es una reproducción.

La selva “En ese entonces lo que hoy es la zona arqueológica estaba lejos de todo, en plena selva. Había que cabalgar días para llegar allá”, contó Gustavo Durán de Huerta a esta reportera: “Por una agria polémica entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y los periódicos sobre los huesos de Cuauhtémoc, ningún medio fue invitado a participar en la cuarta expedición de 1952 de Alberto Ruz, salvo Excélsior. El entonces director, Rodrigo de Llano, me envió. Ese viaje me marcó.

“La selva había devorado a Palenque.

Los templos tenían árboles enormes en sus techos y sus raíces llegaron a la tierra. En la noche, la oscuridad era absoluta, salvo cuando se retiraban las nubes y podíamos ver la Vía Láctea con sus millones de estrellas como diamantes en terciopelo negro. La luz de la luna llena nos permitía leer. En mi primera noche en el campamento, los bramidos que salían de la espesura me tuvieron muy nervioso y en alerta. Resultó ser un changuito conocido como saraguato, cuyo mecanismo de defensa es rugir como león. Me acostumbré a toparme con tarántulas del tamaño de mi mano y siempre llevábamos con nosotros antídotos por si nos mordía una serpiente venenosa.”

buscarlo. Lo encontramos, lo limpiamos y no volvimos a tener esa calamidad.”

Disfrutando cada recuerdo, don Gustavo siguió su narración: “La angosta cámara funeraria estaba decorada con nueve figuras de estuco muy dañadas por el agua que por siglos se filtró. Para mover la lápida, usamos gatos hidráulicos montados en trozos de troncos acomodados todos a la misma altura; teníamos el temor de que al levantar la lápida, se rompiera. Cuando logramos elevarla unos centímetros, nos topamos con una tapa de piedra; ésta tenía cuatro agujeros, dos al frente, dos atrás, cada uno con una piedra como tapa, así que metimos cuerdas gruesas para desmontarla. Seguramente los constructores de la

La memoria del agua El veterano reportero de 80 años de edad, con la memoria intacta, relató: “Estábamos en plena época de lluvias y el campamento se inundaba. Antes de ser periodista fui ingeniero, y pensé que los mayas, que eran grandes astrónomos y constructores, habían enfrentado ese mismo problema y lo habrían solucionado con un acueducto. Nos dimos a la tarea de

Ruz (abajo con lentes) y Durán (arriba con bigote)

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mapio.net

como a restaurar los templos y reconstruir su historia. Fundó el Centro de Estudios Mayas en la UNAM integrado por un selecto grupo internacional de epigrafistas, quienes lograron descifrar los jeroglíficos de la lápida de la tumba de Pakal. Ellos encontraron la correspondencia a nuestro calendario y concluyeron que el Señor de Palenque murió el 28 de agosto de 683.

Tumba-pirámide-templo

Reproducción. Museo de Antropología

tumba usaron las cavidades de la misma manera que nosotros. Ya que pudimos levantar la tapa de la tumba, metimos tubos de metal y así la deslizamos.”

Durán de Huerta se emocionaba conforme compartía sus vivencias, pero sin perder la elegancia. Entrecerró los ojos y describió los restos de quien ahora sabemos fue K’inich Janahb Pakal (615-683, d C), mejor conocido como Pakal.

“La parte superior del cráneo estaba muy dañada, algunas partes pulverizadas, pero su dentadura estaba intacta, completa; parecía que nos sonreía y nos presumía su diente frontal chueco. La máscara funeraria de jade se había desbaratado y sus piezas estaban al costado derecho del cráneo, como un rompecabezas que después fue reconstruido por los arqueólogos. Aquel hombre seguramente fue un mandatario, un rey, dada la riqueza de las ofrendas, muchas de ellas de jade, la piedra más valiosa para los mayas. Los huesos y las joyas estaban impregnados de rojo cinabrio (señal inequívoca de su pertenencia a la nobleza), como los anillos que llevó en cada dedo, la nariguera, un collar también de jade con tantas piezas que parecía un pectoral, aretes y una perla alargada. Debajo de la lápida había dos cabezas de estuco con un elegante tocado en su cabeza deformada, según la usanza de la nobleza maya”, contó Durán de Huerta con la mirada fija en un punto lejano, como si hubiese viajado allá de regreso en el tiempo.

Las otras filtraciones Los estragos de siglos de filtraciones de agua complicaron el trabajo de los arqueólogos, pues dentro de los templos las trabes de madera se habían podrido, y en varias construcciones el techo se vino abajo. La cripta de Pakal estaba llena de estalactitas y la humedad había permeado hasta los muros que resguardaban el acceso; los trabajadores se quemaban las manos retirando la cal húmeda.

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En el descanso de la larguísima escalera en las entrañas de la tumba-templo, encontraron los cuerpos de cinco personas que habían sido sacrificadas para acompañar al señor de Pakal en su viaje por el Xibalbá, el inframundo. Los huesos fueron cubiertos con cal; a causa de la humedad, el deterioro de los restos fue mayúsculo. En la década de los cincuenta del siglo XX aún no se contaba con la tecnología para estudiar el ADN de los huesos, rayos equis, escáneres, ultrasonido o las pruebas de carbono 14 para fechar un objeto. Eran los médicos y los antropólogos físicos quienes a ojo de buen cubero calculaban el género y la edad de los cuerpos encontrados.

La amalgama de datos duros y emociones fuertes Todos los que participaron en las 10 expediciones (1949-1958) y en los posteriores 10 años de hallazgos y estudios, ya murieron; sin embargo, sus testimonios siguen siendo tan hermosos como emotivos.

César Sáenz, Arturo Romano Pacheco, Jorge Angulo, los albañiles: Guadalupe Pech, Tomás Mendoza padre, el maestro albañil Juan Chaplé, por mencionar algunos, escribieron artículos y dieron decenas de entrevistas estremecedoras. Por su parte, el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier escribió un detallado informe para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1952, que 21 años más tarde se publicaría como libro: El Templo de las Inscripciones (FCE).

Tanto el informe como el libro fueron punto de partida de muchas investigaciones de la cultura maya que continúan hasta el día de hoy. Los textos de Alberto Ruz son un tesoro de datos duros, técnicos, pero sin ningún esbozo de emociones.

El legado de Ruz Lhuillier Alberto Ruz dedicó su vida al estudio de la Península de Yucatán prehispánica, así

El descubrimiento de una tumba dentro de una pirámide fue un hito en la arqueología mexicana de la primera mitad del siglo XX, porque sólo se conocían ese tipo de enterramientos en Egipto. A partir del hallazgo, los estudios sobre la cultura maya se multiplicaron y desarrollaron, en especial la epigrafía para poder descifrar su escritura.

La historia está sometida a permanentes correcciones y nuevas interpretaciones.

Constantemente hay nuevos hallazgos arqueológicos, como la tumba de la Reina Roja que descubrió Fanny López Jiménez en mayo de 1994, también en Palenque, en el Templo XIII, en una pirámide continua al Templo de las Inscripciones.

Hasta donde se sabe, por su cerámica, Palenque fue fundada en el 100 a C, tuvo un crecimiento sostenido entre el año 200 y 900 de nuestra Era, alcanzando su apogeo en el 600 d C., y fue abandonada 600 años antes de la llegada de los conquistadores españoles. Lo que hoy vemos de la zona arqueológica es una mínima parte de lo que la selva esconde y de lo que falta por descubrir y estudiar

Ruz Lhuillier, defensor del patrimonio Alberto Ruz también fue un defensor a ultranza del patrimonio nacional. Persiguió sin descanso a los traficantes de piezas prehispánicas para meterlos en la cárcel, a los saqueadores; se enfrentó a los que robaban pirámides para triturarlas y venderlas como material de construcción, y se volvió enemigo de las constructoras que no respetaban los sitios arqueológicos. El arqueólogo, nacido en París en 1906, hijo y nieto de independentistas cubanos, afirmaba que no sólo se debe conocer y difundir la obra cultural de un pueblo, sino que también estamos obligados, todos nosotros, a reconstruir y salvar de la destrucción el patrimonio que otros pueblos legaron a la humanidad.

Las cenizas del investigador, fallecido en Montreal, Canadá, el 25 de agosto de 1979, yacen en una pequeña pirámide al pie del Templo de las Inscripciones en su querido Palenque. O

C U LT U RA

De redacción amable, la crítica que desarrolló Kartofel no se basó en calificaciones o descalificaciones, sino en la contextualización del personaje y su propuesta. A menudo en sus textos se encuentra información sobre el pasado y el devenir de los artistas.

Siempre activa y viviendo en presente, como curadora formó parte del equipo de ArteLatAm, organización con sede en Nueva York que promueve el arte latinoamericano a nivel global.

Entre las curadurías que realizó sobresalen El Tzompantli de 2012 y La Lotería de Artistas de 2017. Ambas diseñadas como un conjunto de imágenes realizadas por distintos artistas, que aportaron un cráneo para el Tzompantli y una interpretación de los personajes del juego tradicional en la segunda. O

Arte Graciela Kartofel (1945-2022) BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

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Pensamiento serio

fotógrafa mexicana Lourdes Almeida, quien la describe como una persona afectiva, creativa y muy entusiasta. En la misma década colaboró también con el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizando el área de arte latinoamericano e impartiendo clases hasta finales del siglo XX. Con una formación de historiadora del arte por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Kartofel fue autora de libros y catálogos desde los primeros años ochenteros.

Dedicó publicaciones a pintores como José Luis Cuevas, Rafael Cauduro, Juan Alcazar y Alejandro Pintado, pero su atracción por la tridimensión y la fotografía se delata a través de su atención a creadores como Mathias Goeritz, Naomi Siegman, Reynaldo Velázquez, Rosario Guillermo, Enrique Bostelmann y Lourdes Almeida.

Siempre tuvo una residencia en la Ciudad de México, aunque por cuestiones familiares vivió también en Alemania y Nueva York. A partir de 1998, su presencia en la escena latinoamericana se concentró en la revista Art Nexus, donde colaboró sin interrupción hasta 2019. Ahí abordó artistas de distintas generaciones, incluyendo firmas tan a la moda maintream como la de la mexicana Mariana Castillo Deball, quien vive en Berlín y es promovida por la Galería Kurimanzutto.

Teatro La monja alférez y el alférez Antonio ESTELA LEÑERO FRANCO

L

a Compañía Nacional de Teatro estrenó La monja alférez atribuida a Juan Ruiz de Alarcón, para después Sergio Carreón Ireta /CNB /INBAL

onocida y querida principalmente por artistas que iniciaron su trayectoria en la década de los ochenta, la académica, crítica de arte y curadora Graciela Kartofel falleció en su residencia de Nueva York el pasado domingo 12 de junio. Con distintas actividades, se distinguió por abordar la creación contemporánea tanto de México como del ámbito latinoamericano.

Argentina de nacimiento, llegó a nuestro país en los años setenta y, en los ochenta, tuvo una presencia notoria en la escena nacional a través de su participación constante en distintas revistas, entre ellas Magenta y Vogue. Esos años se caracterizaron por un potente dinamismo, en el que si bien los jóvenes –artistas y galeristas– empezaban a convertirse en los protagonistas principales, la admiración o la confrontación con los creadores consagrados mantenían a las generaciones mayores como parte activa del ecosistema. Y aun cuando en el campo de la crítica la contundencia de Raquel Tibol se imponía opacando a sus colegas, la seriedad de estudiosos, como Armando Torres Michúa, Luis Carlos Emerich y Graciela Kartofel, entre otros, fortalecía y diversificaba el pensamiento y opinión sobre la nueva escena de las artes visuales.

Invitada por el artista Héctor de Anda, quien en ese entonces era el editor de moda de Vogue México, Graciela Kartofel se encargó de la crítica de exposiciones museísticas y galerísticas de 1983 a 1989. Fue una época en la que el trabajo profesional derivó en relaciones de amistad que se mantuvieron hasta la actualidad. Entre ellas, la cercanía con la reconocida

presentarse en el Festival Iberoamericano del siglo de Oro Clásicos de Alcalá, España.

La obra cuenta la historia de una persona que nace con sexo biológico de mujer y se identifica con el género de hombre, se enamora de una mujer de la que tiene que separarse por no poder culminar su amor y seguir manteniendo oculto su sexo biológico. El énfasis en la versión de Juan Ruiz está en las historias de amor y las luchas a capa y espada. Otros autores han retomado a este personaje histórico, haciendo otras versiones.

En La monja alférez se habla de la vida de Alonso Díaz de Guzmán. Sus travesías por Cartagena de Indias, Lima y Chile. Los méritos obtenidos en las batallas y su dilema de confesar, en vida, su cuerpo biológico de mujer. Por amor, en el caso de Ruiz de Alarcón, ella lo confiesa, y el Papa finalmente le autoriza portar nombre de varón y reconocerle sus méritos militares.

Bajo la dirección de Zaide Silvia Gutiérrez, la obra logra una buena edición del original, seleccionando su estadía en Lima, Perú. La dificultad de la obra radica en el punto de vista masculino del escritor, en cuanto a la visión de la mujer, y la época histórica en que sucede (escrita en 1626), dado que el público del siglo XXI tiene un bagaje más amplio de la reali-

Visión femenina de 1626

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dad LGBTIQ+ y la violencia hacia las mujeres.

A Catalina de Erauso/Alonso Díaz de Guzmán lo personifica de maravilla Erika de la Llave. Podemos ver su valentía y bondad, y también su sufrimiento. En su clímax trasmite el dolor de la imposibilidad amorosa y la culpa por el dolor ocasionado a su amada.

La puesta en escena es limpia y visualmente atractiva. Con unas rampas y una reja representando los espacios en donde sucede la acción y dando diferentes niveles a los personajes en el espacio. Los actores de primera: Fernando Bueno, Ana Ligia García, y Antonio Rojas, entre otros. Con una eficaz escenografía e iluminación con contrastes, de Félix Arroyo, y el refuerzo de la música y diseño sonoro de Alberto Rosas más la excelente coreografía de Marcela Aguilar, resaltando los cambios de ritmo en las batallas de espadas.

En la pieza, la renuncia al amor entre dos seres con sexo biológico femenino y la deshonra (revictimización) por una violación, son factores cuestionadores de la época, y queda dudosa la visión contemporánea con que se observaría esta violencia hacia las mujeres.

En este caso la amada, confundiendo a otro por Alonso, lo deja entrar a su habitación, y al darse cuenta de su error, es violada por el impostor. Su martirio es, durante tres años, conseguir que se case con ella, resignarse al sufrimiento de vivir con su violador y así no ser detestada socialmente.

A Alonso Díaz de Guzmán se le permite vestir con ropa masculina y a Catalina de Erauso se le condena a una vida muy alejada de cualquier concepto de felicidad. La historia está dicha y la realidad es abrumadora. ¿Cómo verlo en el presente?

Por otro lado se podría pensar que el título de La monja alférez no muestra fidelidad al protagonista, que se identifica con el género masculino, y nos preguntamos, en nuestro presente, el porqué la selección de esta obra para presentarla ante un público del siglo XXI que invita a una reflexión y ubicación histórica. O

Cine “C’mon C’mon: siempre adelante” JAVIER BETANCOURT

E

l dos puntos siempre adelante que el título a la mexicana agrega a esta cinta de Mike Mills se apoya, sin duda, en el elemental mensaje de la historia: ¿cómo

Casa Barragán: paisaje urbano o desarrollo utilitario FRANCISCO VIDARGAS *

L

a Casa Estudio del arquitecto jalisciense Luis Barragán fue construida en 1947, en los números 12 y 14 de la calle General Francisco Ramírez, barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, como resultado posterior a un proyecto de cuatro jardines privados realizados entre 1940 y 1943. Considerada por Fernando González Gortázar como “una de las obras maestras de la arquitectura de este siglo” y “fundadora de la arquitectura contemporánea mexicana”, fue habitada por el maestro Barragán a partir del otoño de 1948 hasta su fallecimiento, en 1988.

Obra sin equivalente en el ámbito de la arquitectura mexicana moderna y erigida en un barrio obrero en evolución, presenta reminiscencias autobiográficas y propuestas trabajadas desde sus obras iniciales en Guadalajara, albergando espacios grandes y fuertes, cerrados y autónomos, austeros y conmovedores enfatizados por el singular uso que le dio, tanto a la estructura de caracol como a los planos y volúmenes, además

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del empleo de colores y luces, elementos base en todas sus creaciones.

Constructor de espacios y elementos arquitectónicos “que nos seducen por sus

imaginan los niños y los adolescentes el futuro? La reflexión se impone porque Johnny (Joaquin Phoenix), periodista radiofónico, participa en un proyecto de entrevistas a niños y adolescentes sobre su visión del futuro y su relación con la comunidad. C’mon C’mon: Siempre adelante (EU, 2021) revela que la mayoría se haya preocupado, pero optimista con el mañana, y sorprende la claridad de su postura.

Al principio, Johnny se encuentra en Detroit, ciudad sin futuro, de ahí viaja a Los Ángeles para cuidar al hijo de su hermana, un niño de nueve años, Jesse (Woody Norman), mientras ella va a rescatar al padre del chico, quien pasa por uno de sus episodios psicóticos.

Mike Mills arma su narrativa base de elipsis, pero sin dejar hoyos en la motivación de sus personajes: Johnny, solterón y melancólico, tiene que aceptar

proporciones nobles y su geometría serena” (Octavio Paz), Luis Barragán llevó a cabo en su morada sus conceptos estéticos personales, cumpliendo no solamente con las necesidades utilitarias y funcionales, sino alcanzando primero “la belleza y el atractivo de sus soluciones, respetando las características del lugar y después afrontando el reto de que sus espacios “provoquen la belleza, el placer y la felicidad”, mediante la

Nuevo atentado

C U LT U RA

el encargo pues se siente en deuda con su hermana; Viv (Gaby Hoffmann), quien cuidó a la madre de ambos en su etapa terminal; la relación entre tío y sobrino se impone por meras circunstancias de crisis familiar.

El cine de Mills tiene tintes autobiográficos. En Beginners (2010) dramatizó la salida del armario de su padre a los 70 años, y en Mujeres del siglo XX el proceso terminal de su progenitora. Difícil tratar temas familiares sin caer en el melodrama, sobre todo cuando se muestra la relación entre un niño producto de una relación disfuncional, y el adulto a cargo; pero Mills, alérgico al melodrama, se vale de su experiencia como artista gráfico y director de video-clips para músi-

armonía de los elementos que, “produciendo poesía, delimitan espacios donde reina el espíritu y la tranquilidad, reafirmando la identidad del hombre” (Luis Barragán).

Como arquitecto, buscando siempre la fórmula para reponerse de las agresiones de la vida citadina, Barragán construyó y rehízo la casa de Tacubaya a su conveniencia, sirviéndole también como laboratorio arquitectural sometido –como señaló Víctor Alcérreca– “a la duda y la corrección”, como obra siempre perfectible, utilitaria desde luego, pero también concebida para la contemplación, la soledad y el recogimiento espiritual.

Por su trascendencia para la arquitectura mexicana y universal, el gobierno de México la declaró en 1988 patrimonio artístico nacional y fue adquirida para su conservación, junto con su acervo artístico, por la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, AC, del gobierno del estado de Jalisco, con el apoyo del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta decisión la aplaudieron gran número de escritores, historiadores del arte, artistas y arquitectos, entre ellos el propio Paz, Vicente Rojo, Álvaro Mutis, Jorge Alberto Manrique, Carlos Mijares, Juan Soriano, Carlos Monsiváis, Gonzalo Villa Chávez, Rafael Barajas El Fisgón, Mario Schjetnan, Elena Poniatowska, Teodoro González de León, José

Alergia al melodrama

cos famosos, como Yoko Ono o los Beastie Boys, y focaliza momentos claves de la aventura que implica conocerse, probar límites y descubrir puntos vulnerables.

La fotografía en blanco y negro puede sugerir la pretensión de cine de arte, pero el director es consciente de cómo la frontera entre con lo comercial se ha hecho borrosa y, a cambio, gana en abstracción para compensar el sentimiento fácil que evoca el conflicto de niño y el adulto. La ausencia de color contrasta con la imagen sobrecargada de maquillaje del Joaquin Phoenix de El Guasón, y el público aprecia mejor esta actuación, generosa y empática con el chico.

Aunque demandante y manipulador, Jesse

Emilio Pacheco, Abraham Zabludovsky y Fernando del Paso.

Más tarde, en 2004, con el impulso de Catalina Corcuera, en ese entonces directora de la Casa Estudio, y de las autoridades del INBAL y el INAH, fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por ser un testimonio de la convergencia entre corrientes estéticas y elementos artísticos modernos, autóctonos tradicionales, filosóficos y artísticos, dando como resultado una síntesis arquitectónica que ha ejercido una influencia considerable en el diseño contemporáneo de inmuebles, jardines, plazas y paisajes urbanos.

Ante el actual proyecto de la línea 3 del Cablebús por parte del Gobierno de la Ciudad de México, mientras que la Fundación de Arquitectura Tapatía, la Casa Estudio de Luis Barragán y posteriormente el Comité mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) se manifestaban por la afectación visual, ya las autoridades del INBAL, del INAH y de la Secretaría de Cultura habían llevado a cabo reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad, revisando la propuesta y su incidencia tanto en las zonas núcleo y de amortiguamiento del sitio patrimonio mundial, como en el área de conservación patrimonial y en el polígono especial de catalogación creado años atrás por la Secre-

no es el típico niño precoz, sólo quiere ser un niño normal que sabe que ha pasado demasiado tiempo con adultos, por eso no tiene amigos; sus preguntas y reacciones son las de cualquier niño interesado en saber quién es quién en la familia y la parte que le tocará a él sobrellevar en la vida, secretos y traumas que presiente pero no sabe definir. Es patente la ausencia paterna debido a adicciones y problemas psicológicos, y la protección materna, demasiado presente; Johnny no pretende sustituir al padre, ni el chico espera eso de él, nada más quiere demostrar que es confiable y puede ser tomado en serio.

Sorprende la intimidad y la química que logra Mills entre Phoenix y el actor infantil, Woody Norman, el contacto es natural y espontáneo, siempre motivado por la necesidad de contención del chico y la capacidad de respuesta del tío. O

taría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino.

Las propuestas de nuevos proyectos urbanísticos –señala el arquitecto gallego Xerardo Estévez– deben partir de tres condicionantes: un conocimiento profundo de la realidad social; una buena concertación entre técnicos, especialistas, conservadores, historiadores, funcionarios y políticos; y dedicar tiempo para evitar actitudes impositivas e impregnar de la filosofía del proyecto a la ciudadanía.

Particularmente en este tema, el trabajo conjunto entre todos los interlocutores debe dar como resultado una visión de política urbana integral, no separada como suele suceder frecuentemente, sino que tome en cuenta los valores del barrio de Tacubaya, en particular el paisaje y los valores asociados a la Casa Estudio de Luis Barragán, así como sus caractéristicas patrimoniales conexas.

Pero lo más importante para los responsables del proyecto debe ser que las políticas para obras que involucran a sitios del patrimonio mundial, deben ser transversales, basadas en un obligado consenso entre la sociedad, las autoridades y los expertos, con un afán permanente de recuperación humana de la ciudad, de sus espacios y entornos. O ______________________ * Miembro de ICOMOS.

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FERNANDO FERNÁNDEZ

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ace unos pocos años, cuando tuve que enfrentar un pequeño problema para concluir una investigación hemerográfica, imaginé que José Luis Martínez, el más importante editor de Ramón López Velarde, a quien no tuve la suerte de conocer en persona, me hablaba en sueños para mostrarme el camino que debía de seguir para resolverlo. Lo conté en un artículo que apareció en un suplemento cultural y luego incluí en mi libro La majestad de lo mínimo. Aficionado a ese género de imaginaciones, el pasado febrero, en cuanto fui aceptado para formar parte del Seminario de Cultura Mexicana y vi la lista de amigos de López Velarde y de estudiosos de su vida y de su obra que me han precedido como miembros de esta institución, me dio por imaginar la animada, sabrosa, aleccionadora, divertida, quizá hasta gozosamente indiscreta tertulia velardiana que podría mantenerse con ellos.

Pienso en Enrique González Martínez y Manuel M. Ponce, amigos del poeta de Zacatecas, fundadores ambos del seminario, el primero de ellos, su primer presidente; en Carlos González Peña, editor original de algunos de sus mejores poemas; en Francisco Monterde y Antonio Castro Leal, contemporáneos suyos que se contaron entre sus estudiosos de la primera hora. No dejarían de estar presentes en aquella tertulia imaginada ninguno de los entusiastas del poeta más cercanos a nosotros, pero que también ya han fallecido, todos ellos en su momento miembros de nuestra institución, como Víctor Sandoval o Hugo Gutiérrez Vega.

Desde hace unos días pienso también, por supuesto, en Eduardo Lizalde, el poeta al que entrañablemente tanto admiramos y quisimos, miembro honorario del seminario, a quien todavía en 2017, en una comida íntima en Guadalajara, ciudad a donde lo acompañé para participar en un homenaje que le rindió la Feria del Libro, lo vi evocando algunos pasajes de La suave patria con los ojos llenos de lágrimas, tratando de expresarme lo que sentía por la verdad última y la belleza extrema que hay en esos versos sobre México.

De esta ladera de la realidad, no seríamos pocos los asistentes a esa tertulia, a cuya cabeza se sentaría el actual decano de los estudiosos de nuestro tema, miembro asimismo honorífico de nuestra institución, el poeta Mar-

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Tertulia sobre

López Velarde Dos reconocimientos recayeron esta semana sobre el poeta, editor y ensayista literario Fernando Fernández: su entrada el martes 14 a esta institución legendaria fundada en 1942 (SMC) –que tiene presencia en 27 estados de la República y varias ciudades extranjeras–, y el premio Iberoamericano Ramón López Velarde que recibió este día 17 –dentro de las XXV Jornadas Lopezvelardeanas en la ciudad de Zacatecas–. De su discurso en el SMC, el escritor escogió un fragmento –referido precisamente a López Velarde– para Proceso.

SE MI NA RI O D E C U LT U R A M E X I CA N A poemas: vivos, frescos tanto como las aguas de la fuente Castalia. Pero eso ocurre también con obras anteriores, y a veces muy anteriores, y hoy quisiera poner como ejemplo del género de cosas que nos comunica la poesía una obra escrita hace poco menos de cuatro siglos que llevo un par de décadas leyendo con verdadero placer. La escojo no sólo porque me permite romper una lanza en favor de algunas de las características del género que más me interesan, del modo exacto en que encarnan en esa obra específica: su luz diurna; su felicidad; su suave ironía; el modo en que se ensayan los aspectos eufónicos y sonoros de la lengua; su ritmo decididamente clásico. No menos que eso, su ligereza, su gracia, su sentido del humor. Todo ello describe a las mil maravillas el tipo de relación que mantengo con la poesía, una relación quizá más natural y sincera incluso que la que me une a López Velarde.

Pero hay más: la decisión de referirme a ella me permite subrayar mi vínculo con España, de donde vinieron mi madre y mis cuatro abuelos, y sobre todo y muy especialmente expresar el grandísimo cariño que siento por la vieja tradición de la lírica castellana. Para este pequeño viaje de casi 400 años casi no será necesario trasladarse; ni siquiera habrá que cambiar de página del diccionario de nombres de poetas de donde hemos partido, puesto que no saldremos de la “l” de López Velarde para encontrarnos con uno de sus más insignes colegas, quien tiene un nombre extrañamente parecido al suyo: Lope de Vega.

Las breves páginas que leeré a continuación versarán sobre La Gatomaquia, una de sus principales obras poéticas. Se trata de una invitación a acercarnos a un poeta del siglo XVII como si fuera nuestro contemporáneo, y a su gran poema como si hubiera sido escrito en nuestro tiempo. En el inolvidable curso que daba en la década de 1980 en la Facultad de Filosofía y Letras, Salvador Elizondo sostenía que en la poesía, como en el arte en general, no existe la noción de progreso: nada es mejor que lo excelente que lo antecedió, y por eso la estudiamos como si cada poema fuera contemporáneo uno del otro, o quizá mejor dicho como si estuvieran a salvo del efecto del tiempo.

Una serranilla del Marqués de Santillana puede tener la misma exacta intensidad de belleza que una canción para cantar en las barcas de José Gorostiza. O

El premio López Velarde 25

poetas y escritores han sido galardonados desde 1998 en que el gobierno de Zacatecas instituyó el premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde (modificado a premio Iberoamericano Ramón López Velarde desde 2017). Fernando Fernández, su ganador de este año, lo obtuvo por La majestad de lo mínimo. Ensayos sobre Ramón López Velarde (Bonilla Artigas Editores-Instituto Zacatecano de Cultura).

1998- Juan José Arreola 1999- Alí Chumacero 2000- Rubén Bonifaz Nuño 2001- Hugo Gutiérrez Vega 2002- Eduardo Lizalde 2003- José Emilio Pacheco 2004- Juan Gelman 2005- Emmanuel Carballo 2006- Carlos Monsiváis 2007- Víctor Manuel Cárdenas 2008- Francisco Hernández 2009- Evodio Escalante 2010- Marco Antonio Campos 2011- Vicente Quirarte 2012- Alfonso García Morales 2013- Dolores Castro 2014- Guillermo Sheridan 2015- Martha Canfield 2016- Juan Villoro 2017- Elva Macías 2018- José de Jesús Sampedro 2019- Elsa Cross 2020- Suspendido 2021- Ernesto Lumbreras 2022- Fernando Fernández Archivo Proceso

co Antonio Campos. Puedo imaginar con qué curiosidad genuina irían a asomarse a sus reuniones los otros hombres y mujeres de libros que son miembros del seminario, entre quienes hay algunos otros poetas. Yo me propondría, por supuesto, como un solícito y atento secretario de actas de la egregia tertulia, el amanuense de todos esos imprescindibles conocedores de nuestro asunto, quien haría el relato al detalle de cuanto ocurriera en ella.

Pero no es necesario ponernos demasiado imaginativos para ver esa reunión de velardianos ilustres con nuestros propios ojos, puesto que sus obras están en nuestras bibliotecas, y en hacerlas dialogar todo lo animadamente que se pueda es precisamente a lo que nos dedicamos los investigadores literarios, con más razones si se trata de ahondar en el estudio inagotable y de infinitas aristas que permiten y aun exigen la vida y la obra de López Velarde.

Este mediodía acudo a este Foro Castalia, y lo hago para hablar por vez primera en público como parte de este seminario.

Quiero pensar que el nombre de nuestro foro es buen augurio: Castalia es como se llamaba la fuente consagrada a las musas a la que Cervantes dedicó unos preciosos versos burlescos en su Viaje del Parnaso, y es asimismo el nombre de una de las editoriales que más procuramos desde jóvenes, la editorial Castalia, en cuya serie de clásicos, los Clásicos Castalia, leímos y estudiamos a los principales maestros del Siglo de Oro de nuestra lengua.

Para mí, este ingreso, que agradezco en lo mucho que vale a mis ahora colegas, empezando por mi viejo y queridísimo amigo Sergio Vela, impulsor original de mi candidatura, con quien cumplo estos días nada menos que 40 años de amistad ininterrumpida y fructífera, tiene algo de regreso a casa. En 1990 salí de la Facultad de Filosofía y Letras; desde entonces, he desarrollado mi trabajo de manera independiente, sin liga permanente con ninguna organización académica o educativa. Más de 30 años después ingreso a una institución que tiene como propósito estimular la producción científica, filosófica y artística, y de difundir la cultura en todas sus manifestaciones, y lo hago ofreciéndole a cambio de su cobijo mi alegría y mi empeño, mi amor a las letras, mi facilidad para la comunicación, con el principal objetivo autoimpuesto de contagiar el encanto de la poesía, el más exigente y misterioso de los géneros literarios, al que he consagrado parte de mi vida.

A López Velarde, quien murió hace poco más de 100 años, lo leemos como si no hubiera pasado ni un solo día, porque de ese modo se mantienen algunos de sus

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La hora de los documentales:

“Lejos de casa”, los niños migrantes

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

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APOPAN, JAL.- Cineasta, pero también abogado, Carlos Hernández Vázquez recopila en su largometraje documental Lejos de casa testimonios de menores de edad de México y Latinoamérica que, por la violencia en sus lugares de origen, se ven obligados a salir solos y sin papeles a pedir asilo a Estados Unidos.

Sin embargo, su camino se interrumpe al llegar a la frontera porque “un gran muro de intolerancia los espera”, y se quedan en México en medio de la incertidumbre a esperar respuesta a su petición.

El realizador del filme –quien formó parte de la sección Premio Mezcal en la 37 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (efectuado del 10 al 18 de este mes)– recuerda que acudió al albergue Casas YMCA para Menores Migrantes de Tijuana, Baja California (sostenido con donaciones privadas), a filmar a los ni-

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ños y niñas que permanecen ahí por un tiempo.

Los pequeños cuentan en la película de 81 minutos que el crimen organizado los molesta para que estén a su servicio, y a las niñas las secuestran para prostituirlas y matan a familiares.

Hernández Vázquez (Celaya, Guanajuato, 1983) explica a Proceso que Lejos de casa (México, 2022) surge de una manera circunstancial: “He viajado recurrentemente a Tijuana al menos un par de veces al año. Me acuerdo que en uno de esos viajes estaba con el fotógrafo Luis Montalvo en otro proyecto y decidimos visitar algunos albergues de los cuales ya tenía comunicación, y me llamó mucho la atención que la dinámica migratoria había cambiado sustancialmente.

“Ya había mucha presencia de menores de edad viajando solos y también había madres e hijos viajando. Ese cambio sustancial derivó en las primeras caravanas centroamericanas. Así que tuve la in-

quietud de tratar de contar, dentro de esta nueva ola migratoria, el problema de esos niños, porque me daba mucha curiosidad cómo estaban viviendo eso e incluso los que viajaban con sus madres. Deseaba saber la razón de por qué atravesaban México o varios países solos.”

Filmó a finales de 2019 y entrevistó a alrededor de 50 niñas y niños, mas en la película salen sólo alrededor de 15.

El realizador estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después hizo la especialidad en producción audiovisual en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Ha sido seleccionado para Talents Berlín 2018 y es graduado EAVE Puentes 2020. Su primer largometraje de puro aire fue nominado a las Diosas de Plata.

El acercamiento Hernández Vázquez rememora que propuso el proyecto al albergue de manera clara y concreta:

FESTIVA L D E G U A DAL AJ A RA

No se puede creer: 19 mil menores solicitan cada año asilo en Estados Unidos, de acuerdo con el testimonio del filme, que recoge 15 historias de niñas y niños mexicanos y centroamericanos varados en Tijuana, a la espera de su solicitud. Para el realizador Carlos Hernández, se acabó aquella idea del sueño americano per se: “Están buscando sobrevivir. Migran porque necesitan mantenerse vivos”, dice en referencia a que los infantes huyen de sus países a causa de la violencia.

“Desde el inició planteé cuáles era las pretensiones y que queríamos cuidar a los niños, y eso también ayudó para que pudiéramos ingresar. No queríamos explotar las historias. Sabíamos que los pequeños todavía estaban en desarrollo, y a pesar de lo que hayan vivido, era importante mantener esa infancia lo más intacta posible, no revictimizarlos ni obligarlos a narrar historias que a la mejor no deseaban contar.”

Primero convivió con los infantes dos semanas, sin cámara: “Luis Montalvo y yo estábamos con ellos casi todo el día, jugando básquetbol, futbol y carritos con los más chiquitos. Tratamos de que nos tuvieran confianza. La selección de los niños entrevistados deriva de ellos mismos, de aquellos que empezaron a sentirse más cómodos con nosotros y también de narrar sus historias. Era importante tener una variedad de chicos tanto de México como de Centroamérica. En ese sentido cuidamos que no se concentrara

todo en un solo país o en una sola región, para mostrar todo el universo de conflicto que proviene del hecho que hayan emigrado.”

Hernández, también productor, sigue: “Lo que me llama mucho la atención de la película es que acredita de manera muy clara que la región latinoamericana está viviendo una época muy convulsa, ya sea porque hay persecución política o por las bandas de maras o varios grupos del crimen organizado. Han hecho que la violencia expulse a los infantes de su lugar de origen, los obligan a desplazarse, y eso es parte del cambio del paradigma migratorio.”

Al instante precisa: “Ya no es ésta idea única del hombre adulto buscando el sueño americano, sino que es un tema de simple supervivencia, de las familias huyendo por cuestión de seguridad.”

Diecinueve mil menores solicitan cada año asilo en Estados Unidos, reporta Lejos de casa.

Hernández Vázquez recuerda que en la administración Donald Trump cambiaron las políticas de asilo en Estados Unidos: “Antes, cuando una persona quería buscar asilo en Estados Unidos, podía adentrarse al país y solicitarlo, y ahí esperaba la resolución de su juicio. Hoy todas las personas que buscan asilo, incluidos los niños, deben esperar en México a que los acepten o no. Eso provoca un embudo en la frontera y genera que haya tantos niños esperando en los albergues, entre tres o cuatro meses, una respuesta del juez de si van aceptar su caso. Y si los aceptan pueden ingresar a Estados Unidos y empiezan su proceso que puede durar dos, tres, cuatro años. Estos albergues representan un limbo para los niños, donde no hay claridad hacia el futuro.”

El programa “Quédate en México” es una política migratoria de Estados Unidos implementada en enero del 2019, bajo la administración de Trump, el cual requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México hasta la fecha de la entrevista con una corte de inmigración en el vecino país. Según varios medios, en febrero del 2021 el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intentó poner fin a esta política, pero el 14 de agosto del mismo año un juez federal de Texas ordenó su reanudación. El gobierno de Biden pidió la suspensión para bloquear la reanudación de ese programa, pero la solicitud fue denegada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, y además por la Corte Suprema.

Un cambio migratorio Para el director de la cinta, Lejos de casa puede ayudar a acreditar que hay un cambio en el paradigma migratorio, donde los niños son los protagonistas, por lo cual propone que deben establecerse políticas en México que den seguridad a los pequeños en su traslado y estadía en la nación, en lo que se resuelven los procesos de asilo. Además, “del otro lado de la frontera me gustaría que también el documental se viera y que pudiera generar políticas que hicieran un cambio en lo que instauró la administración Trump”.

–Por la violencia salen los niños a buscar refugio a Estados Unidos…

–Se debe entender que la sociedad se ha ido degradando ante la falta de políticas públicas, y ese lugar lo están tomando otras instancias, como el crimen organizado, como los propios maras, y mientras que no establezcamos medidas que ayuden al desarrollo social dentro de cada uno de nuestros países, serán otras enti-

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dades, generalmente el crimen organizado, las que irán cubriendo esos espacios, y lamentablemente tendremos más gente desplazada por términos de violencia. Como ya lo dije anteriormente, ya no existe esta idea del sueño americano per se. Están buscando sobrevivir. Migran porque necesitan mantenerse vivos.

“Es importante generar esa presión pública hacia el gobierno actual, en el sentido de que en lugar de estar poniendo soldados en las fronteras, lo que debemos hacer es crear políticas públicas para garantizar su buen tránsito y su seguridad mientras se van.”

Los niños no han visto aún el documental, dice: “He sido muy cauto porque quiero ver cuál es su condición de seguridad y de estabilidad”.

Hernández. Propuestas

La violencia inesperada en Yoloxóchitl, Guerrero COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

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APOPAN, JAL.- Sin proponérselo, Roberto Olivares Ruiz acabó un documental, Plegaria, sobre la violencia en un poblado del estado de Guerrero, Yo-

Olivares. Vidas sin valor

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loxóchitl, cuando lo que deseaba era filmar las ceremonias en lengua mixteca en esa comunidad, que duran más de medio día.

En la cinta de 62 minutos se ve a Martín Severiano, quien asume el cargo comunitario de rezandero y chamán en Yoloxóchitl, tras el misterioso asesinato de su antecesor Alfonso David.

Severiano realiza las ceremonias de la comunidad y atiende a las personas haciendo lecturas de cartas y limpias. Muchos de quienes lo buscan tienen problemas relacionados con la violencia. Repentinamente, él también es asesinado y nadie tiene claro por qué.

Olivares Ruiz, egresado de la Universidad Iberoamericana en comunicación social, cuenta que siempre visita comunidades de trabajo, y al estar en Yoloxóchitl le surgió la idea de crear una serie de videos cortos con la intención de documentar la lengua mixteca en actividades tanto de la vida ceremonial como de la vida cotidiana. Iba con un lingüista estadunidense.

Precisa entonces el también miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca: “Al ver los rituales que realizaban, me parecieron increíbles. Son en los cerros y hay que caminar hora y media o dos horas para llegar. Crean un altar muy impresionante de flores, y el rezandero reza antes de que se meta el sol y termina al otro día a las 10 de la mañana. Entonces, cuando esta-

–Se advierte que el niño Chuy, quien sale de Guanajuato, es muy maduro ante su situación.

–Entonces contaba con ocho años de edad, y era el que mejor procesaba todo lo que ha vivido. Me impresiona su capacidad de aterrizar muchos de los conflictos en el juego, con los carritos, como se ve desde la secuencia uno del documental. Chuy sabe que debe tener su mente ocupada o puede volverse loco, por eso trata de ayudar en la cocina y siempre está pendiente de las casitas que están construyendo a las afueras de Tijuana, donde está el albergue, y ve si puede ayudar en algo.

Lo que además me enternece de Chuy es que no ha perdido su lado infante.

Tiene ese carisma.

“Lo que demuestra el documental es que ellos procesan su situación

ba ahí, coincidió con que le habían pedido a don Martín que fuera el nuevo rezandero porque habían matado al anterior. Yo deseaba documentar la vida ceremonial de esa comunidad a través de Martín. Lo acompañé a varios lugares y platicamos mucho, pero también lo asesinaron.

“De hecho, cuando nos enteramos de que había muerto, pensé que ya no iba a realizar el documental, y al año de su asesinato fuimos al levantamiento de su cruz, porque el lugar está muy lejos de Oaxaca, donde vivo, son como 16 o 18 horas aproximadamente por carreteras bastante complicadas. Entonces no me dio tiempo de llegar a su velorio, pero hablamos con su familia, les mandamos lo que pudimos para apoyar, en fin, y les dijimos que estaríamos para el levantamiento de su cruz.”

Recuerda al rezandero Martín Severiano: “Era un hombre muy sabio, respetuoso y pacífico, y conocía muy bien a todos. Al año de su fallecimiento era también mi intención dialogar con su esposa. Le quería comunicar que tenía grabado a don Martín y le iba a entregar todo el material. Aunque pensé cómo se lo iba a pasar, pues no podría darle un disco duro, además no hay internet en la comunidad, en DVDs eran muchos… en fin.”

Olivares Ruiz detalla que como la esposa del rezandero no habla español, ella a través de un traductor le preguntó si iba a hacer la película, y el documentalista le mencionó que ya no era prudente: “La señora me interrogó: ‘Qué, ¿no la pueden hacer?’. Y le dije que sí, pero que debíamos incluir la muerte de don Martín, y me expresó que estaba muy bien porque él se mostraba súper emocionado con el proyecto, pues cuando sabía que lo íbamos a

FESTIVA L D E G U A DAL AJ A RA de manera muy lúdica, todo lo tienen claro, quizá no los pasos, y eso es importante mostrarlo, poniéndoles la cámara para que pudiera expresarse”.

Hernández Vázquez filmó a los infantes durante mes y medio: “Sabía que los niños se me podían ir en dos o tres meses, por lo que era importante filmar de manera seguida, para tratarlos. Entendimos que el documental iba a ser mucho de despedidas, de amigos que conviven de manera intensa en estos albergues las 24 horas, los ocho días de la semana, y que de repente debían soltarlos de un día para otro, en el que les avisan que van a poder ingresar a Estados Unidos, y que esas despedidas iban a ser emocionalmente muy fuertes para ellos, porque habían tejido un pequeño hogar en esos dos o tres meses, después de periodos muy complicados en su vida.

“Ahí habían encontrado un poco de seguridad y de paz, era como un pequeño oasis en el que han encontrado nuevos amigos, y de repente se desprenden de manera muy fuerte.”

Lejos de casa –informa– se proyectará el próximo mes en Italia: “Estoy buscando que tenga salidas en festivales en Estados Unidos. Me importa mucho que se vea de aquel lado de la frontera. Vamos a ver si aquí también en México puede llegar a otros festivales. El estreno lo estoy planeando para finales del año o principios de 2023 en algunas salas del país.

“Además estamos elaborando una campaña de impacto, justo para que tratemos de llegar a los Congresos locales de los estados fronterizos, pues siento que es necesario que se observe que los niños necesitan esa protección en

su traslado migratorio, porque eso va a seguir sucediendo, y sin duda le corresponde al Estado garantizar seguridad a esos niños. Entonces me importa mucho que en los Congresos locales de los estados fronterizos se pueda observar el documental.”

En la frontera de México con Estados Unidos existe una red de Casas YMCA para Menores Migrantes gestionadas por YMCA México, con el apoyo de las YMCA locales de Estados Unidos y Canadá. Las otras dos se ubican en Ciudad Juárez y en Piedras Negras, Chihuahua.

La de Tijuana fue la primera casa establecida en 1991, y desde entonces la YMCA México ha ayudado a 70 mil 157 menores migrantes que han sido deportados.

Así, Hernández Vázquez espera que Lejos de casa “sea un parteaguas para ver esta problemática”. O

filmar se emocionaba y comentaba todo el tiempo sobre eso.”

Con el compromiso ante la viuda de concluir la película, refiere que le costó mucho trabajo la edición.

En Plegaria –que estuvo en la sección Premio Mezcal de la 37 edición de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG)–, igual se habla de un joven de la comunidad que matan en Acapulco, de una amenaza a un maestro y de un joven a quien le roban un puerco…

Realizador asimismo de otros títulos, como Compromiso cumplido (2008), Silvestre Pantaleón (2012), El señor de las tres caídas (2015) y Dios nunca muere (2016), Olivares Ruiz deja claro que nunca pensó en realizar así la película, pero al adquirir él un compromiso con la esposa y la familia, decidió concluirlo a como diera lugar: “No había pensado trabajar así el documental. Al analizar todas las imágenes, la violencia se volvió lo más importante a pesar de que no estaba en la región más caliente de Guerrero; esta comunidad se halla entre la Costa Chica subiendo a la Montaña.

Entonces, cada que íbamos a grabar, siempre había un velorio y era de alguien que habían matado. Es muy fuerte que asesinen y no investiguen nada. Así que la violencia fue un tópico que siempre estuvo ahí.”

Argumenta: “No traté de explicar por qué mataron a don Martín, porque es peligroso incluso hablar de eso. Pensé: ‘En eso no me meto porque yo no voy a poner en peligro a la gente del pueblo’, porque los malos se enteran de todo. No quise detallar su muerte porque creo que tampoco hacía falta, por eso se llama así, Plegaria.”

Como el oficio de don Martín Severiano.

Tranquilo, después de la proyección de su cinta, quiso subrayar: “Para mí el documental es una plegaria para Martín Severiano, Alfonso David y para el muchachito que asesinaron en Acapulco, quien era repartidor de tortillas en moto.

Y lo mataron porque el dueño de la tortillería no le quiso dar dinero a los narcos y se pusieron a asesinar a todos los repartidores. Como ven, fue inevitable dejar de lado la violencia. Investigué y algunos antropólogos sustentan que hay lugares donde culturalmente es normal que la gente arregle sus problemas a balazos, de ‘primero te matan y luego te preguntan’”.

Olivares Ruiz, quien ha recibido 17 reconocimientos por sus trabajos, expresa que no entiende una palabra en mixteco, y ya que se efectuó la traducción confirmó que hablaban mucho de situaciones de violencia. Rememora: “Cuando fui al levantamiento de la cruz, había ahí un tipo borrachito que me hablaba y me hablaba, yo no le entendía, y aparte estaba la banda tocando a todo volumen, y le mencioné que no lo escuchaba; él sacó la pistola y me empezó a tirar balazos a los pies.”

Por ello, ahora, formar parte del festival “fue una sorpresa tremenda y lo agradezco mucho”. O

“Plegaria”

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NIZA RIVERA

T

odo en esta vida tiene un ciclo, y la Compañía Nacional de Teatro (CNT) emprende uno nuevo. La agrupación teatral más importante del país, que cumplió este año su 50 aniversario, cambió de titular, no así de rumbo, pues tanto el director Enrique Singer como la actriz y gestora Aurora Cano –al frente a partir de este jueves 16– coinciden en entrevistas en una palabra: evolución.

El día 9 el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció la designación de la también directora en escena Cano como “la primera mujer en dirigir la más importante agrupación en el arte escénico del país”, además de destacar que el proceso incluyó una terna, resultado de una consulta al interior de la compañía, en la que participaron “actores de Número”, y una externa liderada por Lucina Jiménez.

La decisión se tomó después de una presentación de proyectos alineados a ejes transversales del INBAL en términos de “inclusión, diversidad, igualdad, interdisciplina, pueblos originarios y diplomacia cultural”.

Así, en el marco de una función especial para invitados y prensa en la Sala Héctor Mendoza de la CNT, con motivo de la presentación de la obra La monja alférez –atribuida a Juan Ruiz de Alarcón–, coproducción previa a su estreno en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá, España, Cano, fundadora del Festival de Teatro Contemporáneo Dramafest, habló sobre su proceso de cara al nuevo ciclo: “La decisión de hacer un consenso fue del instituto, y lo menciono porque me pareció que hay que destacarlo. Me llamaron los actores de Número hace un mes para comentar que me consideraban, lo cual fue muy emotivo porque algunos de ellos han sido mis maestros, una propuesta emocional porque el primer acercamiento vino de ellos. En diversos momentos he tenido la oportunidad de incorporarme a instituciones y siempre decidí no hacerlo –aunque siempre trabajando de la mano con INBAL, Cenart, UNAM, el Helénico– por Dramafest y mis proyectos. Decidí no aceptar ciertos cargos porque eran operativos o de gestión.

“Justamente el cargo que siempre pensé que consideraría es el de la compañía porque es una dirección artística, no sólo un cargo de gestión, y evidentemente es una agrupación que cuenta con los artistas más talentosos.”

En la designación también hubo un voto de una comisión con expertos de Es-

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Compañía Nacional de Teatro:

Deuda histórica con un público popular

Con el relevo en la Compañía Nacional de Teatro, de manos de Enrique Singer a Aurora Cano –ambos entrevistados por Proceso–, la oferta de acceder al patrimonio escénico universal y nacional se mantendrá inalterable. Aunque la actriz, directora y gestora cultural intentará desplegar lo que llama “dialéctica de la diversidad”, una tercera línea para conectarse con un público “más amplio, más abierto, popular”. Le parece necesario un estudio de “los sentidos de representación previos a la Colonia, el sentido de la fiesta prehispánica, el rito, la estética”.

tados de la República Mexicana, y finalmente del INBAL. Y para Cano el ser la primera mujer designada al frente de la compañía, forma parte de un “proceso natural”, y explicó elementos de su proyecto: “Las líneas de trabajo de una compañía de teatro implican ser un referente que ofrezca a los espectadores un acceso al patrimonio universal, el de todos los tiempos y geografías. El otro es el patrimonio nacional. Y una tercera que propuse, la llamo una ‘dialéctica de la diversidad’, un estudio o experimentación contemporánea de lo que implica la riqueza de la cultura nacional. Se ha conectado con el público a partir del repertorio universal y patrimonio dramático, y eso se seguirá haciendo, pero me parece hay una cierta deuda histórica con un análisis de los sentidos de representación previos a la Colonia, el sentido de la fiesta prehispánica, el

rito, la estética. Llevo años reflexionando sobre cómo conectar con un público más amplio, más abierto, popular.”

–Mucha gente le tiene miedo a la palabra ‘popular’, ¿pasa lo mismo en el teatro?

–Sí, pero depende de su sentido, el querer dedicarte al teatro y no pensar en el público es una contradicción, pues es un arte comunitario, público, que nace para un número amplio de espectadores.

El teatro en México, y desde hace muchas décadas, no llega a 2% de la población, sea de lo más experimental a lo más comercial. Mi propuesta está dirigida también a la investigación para poder abrir el teatro a sectores más amplios, y la multidisciplina es muy importante para esto. Por eso esa tercera línea tiene que ver con procesos de investigación también en torno a la identidad, que me parece válida como parte de una evolución de la CNT.

Miguel Dimayuga

ES P E C TÁ C U L OS

Cano. El término “evolución”

Si bien la compañía tiene prácticamente el repertorio completo para esta segunda mitad del año, las propuestas del trabajo de Cano no se podrán ver sino hasta 2023: “Aún es muy pronto para saber qué trabajos se presentarán, mi nombramiento fue reciente, sería irresponsable decirte algo. Tengo ideas y cosas pero creo en el trabajo y debate conjunto; lo que resta de este año la compañía tiene un programa estructurado que armó el maestro Singer y tiene que ver con una línea curatorial en torno a la historia de México, me corresponde dar seguimiento y cuidarla. En el proceso analizaremos y generaremos nuevos contenidos para que podamos comenzar a estrenar en enero próximo.”

Por su parte, Enrique Singer se retira por decisión propia con la coproducción

La monja alférez, pieza que tuvo funciones especiales entre el 11 y el 19 de junio en la CNT y que viajará a Madrid en estreno el 1 y 2 de julio. Regresará a la Sala Héctor Mendoza de la compañía en dos temporadas: del 25 de agosto al 4 de septiembre y del 22 de septiembre al 2 de octubre.

Vía telefónica, el director externó su beneplácito por retirarse en medio de una obra teatral que enmarca, de manera paralela a su gestión, la tenacidad frente a las adversidades a partir de una historia (basada en un hecho real): la de una monja-soldado y la identidad sexual en el siglo XVII. A lo largo de cinco años y medio en la CNT, la numeralia de Singer es la siguiente: 1,502 funciones (189 mil 589 espectadores), 45 estrenos (29 de dramaturgia mexicana), 56 remontajes (25 de dramaturgia mexicana), creación del programa

“En compañía de la Compañía” con 10 coproducciones en siete estados y ciudades de la República, y decenas de participaciones en festivales. El ahora extitular destacó haber generado 841 fuentes de trabajo y consideró importantes estos momentos: “Fueron años complicados los que me tocaron, en especial dos: el primero cuando desapareció el Fonca, pues trabajábamos con un pie en el Fonca y otro en el INBAL, y finalmente logramos seguir bajo los mismos criterios en el INBAL. El otro fueron los dos años de pandemia, cuando pasamos de hacer un trabajo presencial a uno en línea, de una institución de una disciplina que no estaba diseñada para eso, pero salimos, y está saliendo.

“Me fui porque siento que necesitaba abrirme a nuevos espacios creativos, es un cierre de ciclo de la compañía, y le sentará muy bien un cambio. Fue un periodo que me hace sentir orgulloso, contento y agradecido, y sé que queda en muy buenas manos porque Aurora es una persona muy querida y respetada en la comunidad teatral.”

Otro de los temas que se abordaron en estos últimos cinco años y medios fueron los de género y equidad, en torno a los cuales dijo: “La única obligación de cualquier servidor público es dejar una institución mejor de lo que la encontró, y me siento bien al respecto; creo que no es el momento de hacer una revolución, es de la evolución, la CNT va a seguir evolucionando hacia donde le corresponde a su época. A mí me tocó recibir una compañía totalmente distinta a este momento, y como parte de ese proceso evolucionamos hacia la equidad de género; por ejemplo, el elenco, coordinadores de talleres, staff y técnicos que participan ya son más de la mitad mujeres, además de abrir el elenco a distintos fenotipos raciales, pues cuenta con una diversidad que le permite contar historias que suceden en nuestro país.

“Es una compañía sana, con un elenco amplio, que incluso ya cuenta con sus propios músicos profesionales, y con diversos programas, como ‘Los seguidores de la CNT’, donde organizamos a nuestro público, tenemos 7 mil personas inscritas y estamos en contacto constante, somos una institución que abrió brecha en la organización de públicos.”

–¿Qué pendiente queda?

–No por parte de la CNT, pero creo que sí del Estado. Los números que tenemos demuestran el resultado de la importancia de una compañía estable. Los únicos que producen al día de hoy son la UNAM y la CNT, le dejan la responsabilidad a los independientes, así que ahí hay una deuda pendiente al respecto.

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Eduardo Miranda

“El Chaquito”. El de mejor desempeño

EL DRAMA DEL DELANTERO MEXICANO

SIN OPORTUNIDAD DE GOL EN SU PROPIA LIGA La falta de goles es el talón de Aquiles del futbol nacional.

Esta situación se viene agudizando cada año y ha llevado a los directores técnicos a alinear como delanteros centrales a jugadores no nacidos en México. Pero esa estrategia, además de relegar a los nacionales, no ha dado los resultados esperados, según revelan las estadísticas. Para José Luis Sánchez Sola, El Chelís, el hecho de que en la Liga MX se privilegie a futbolistas naturalizados se debe a que los directivos optan por directores técnicos no nacidos en México, pues consideran que “el entendimiento y comunicación resultará mejor entre ellos que si los dirigiera uno nacional”.

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DE P ORTES

P

ara el torneo Clausura 2022 se registraron 448 futbolistas, de los cuales 165 eran extranjeros.

La cifra revela un tema sustantivo que afecta de manera directa al Tri: la falta de gol.

Los jugadores no nacidos en México que alinearon como delanteros centrales fueron 37; sólo 24 mexicanos se desempeñaron en esa posición. La falta de minutos para los jugadores mexicanos en comparación con los extranjeros no permite que los primeros sean considerados como opción natural de recambio en la búsqueda del gol.

Se ha llegado al lugar común de que los entrenadores que dirigen a la Selección Nacional piensen en delanteros naturalizados, como Guillermo Franco, Matías Vuoso y, de manera más reciente, Funes Mori.

Del 27 de enero al martes 14 de junio, el representativo nacional tuvo 12 partidos oficiales: seis clasificatorios al Mundial de Qatar 2022, cuatro amistosos y dos de la Nations League Concacaf. En esos encuentros los futbolistas dirigidos por Gerardo El Tata Martino anotaron 12 goles (incluido un autogol); uno por partido, en promedio.

Aun cuando el número puede no ser alarmante, debe considerarse que el Tri no anotó en cinco de esos encuentros. Además, de los 12 tantos, cinco fueron obra de los delanteros centrales, aunque tres llegaron por la vía del penalti.

Raúl Jiménez, quien a lo largo del proceso mundialista del Tata Martino fue elegido como el hombre de área, no consigue la brújula que lo oriente a las redes rivales.

Tras el empate 0-0 ante Ecuador del martes 5 de junio, El Lobo de Tepeji sumó 863 minutos en 11 encuentros sin poder marcar un gol que no fuera por un tiro de penalti. La última ocasión en que Jiménez anotó en una jugada ocurrió el 17 de noviembre de 2020, cuando el Tri venció 2-0 a Japón en un duelo amistoso.

Y ni qué decir de los goles conseguidos en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, México anotó en 17 oportunidades (en 14 juegos), mientras que Canadá, primer lugar de la tabla, hizo 23 y Estados Unidos, que ocupó el tercer peldaño, consiguió 21.

Por su parte, Panamá, quinto lugar en la clasificación, tuvo el mismo número de goles que los mexicanos.

El marcador más holgado que tuvo fue de 3-0, cuando enfrentó en un juego amistoso a Surinam, selección que hasta el cierre de edición ocupa el lugar 141 en el ranking de la FIFA. Para encontrar la última ocasión en que los comandados por Martino lograron un 3-0 en un encuentro que no fuera amis-

toso hay que remontarse al 10 de octubre de 2021, cuando vencieron a Honduras por la eliminatoria.

“Nosotros creemos ser un equipo que elabora bien hasta tres cuartos de cancha, llega bien hasta los lugares en donde se puede acceder con superioridad numérica, pero tenemos un déficit importante. En los primeros dos años teníamos un promedio de tres goles por partido y hoy somos un equipo que hemos retrocedido mucho en esto”, declaró el timonel rosarino en una entrevista en junio de 2022.

Y añadió: “La contundencia tiene que ver con la tranquilidad, no solamente a la hora de hacer un gol, sino a la hora de elección de pase, a la hora de una gambeta y encarar con confianza. Eso es un tema que tenemos que recuperar”.

Ante la ciénaga de incertidumbre por la falta de gol, el timonel rosarino llamó al argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori. El ariete de Rayados debutó con el Tri el 3 de julio de 2021 ante Nigeria, duelo en el que incluso sumó su nombre al marcador de 4-1 con el que México ganó. En 15 partidos anotó en cinco ocasiones. Sin embargo, una lesión en la rodilla izquierda terminó por alejarlo de las convocatorias de Martino.

Las opciones La Liga MX tendría que permitirle a Martino contar con diferentes opciones para el ataque y que, claro, le ayuden a encontrar el gol. Ya sea como una alternativa ante los pocos minutos de quienes militan en Europa y que puede llevar a la falta de ritmo, así como para cubrir la baja por la lesión de alguien e incluso la negativa a la convocatoria del máximo artillero en jue-

gos oficiales con la selección nacional: Javier Chicharito Hernández, con 52 goles.

Sin embargo, la realidad es otra al momento de establecer la oportunidad que se les brinda a los jugadores que ocupan la posición de delantero central en la liga local. Durante el torneo Clausura 2022, de los 18 clubes de la Liga MX, sólo 14 contaron con al menos un delantero mexicano entre sus filas, mientras que Juárez, Necaxa, Tigres y Toluca optaron por un extranjero.

Podría pensarse que el Guadalajara fue el equipo con mayor número de mexicanos en esa posición y, aunque contó con tres nombres (José Juan Macías, Ángel Zaldívar y César Huerta), fue el conjunto del Puebla el que brindó una mayor proyección a sus jugadores al contar con cuatro (Guillermo Martínez, Martín Barragán, Amaury Escoto y Ángel Robles).

Por su parte, Necaxa (Milton Giménez, Rodrigo Aguirre, Maximiliano Salas y Facundo Batista) y Rayados (Rogelio Funes Mori, Joel Campbell, Vincent Janssen y Duvan Vergara) fueron los clubes que tuvieron mayoría de extranjeros para cubrir (o al menos intentarlo) el ataque.

El artículo 48 del Reglamento de Competencia 2021-2022 de la Liga MX establece que “dentro de los 11 jugadores titulares, únicamente podrá haber hasta ocho NFM (no formados en México)”. Esto da la posibilidad a los directores técnicos y directivos de fijarse en una primera instancia en futbolistas extranjeros en lugar de darle la oportunidad a un mexicano.

José Luis Sánchez Sola, El Chelís, explica que el hecho de que en la Liga MX prevalezca la elección para alinear a jugadores extranjeros se debe a que los directivos optan por directores técnicos no nacidos en México, pues consideran que Edgar Negrete /cuartoscuro.com

RICARDO OLÍN

Delanteros no nacidos en México. Arietes cotizados

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Magra cosecha Acerca de la contratación de jugadores, El Chelís explica que el hecho de que un equipo gaste mucho, no implica que “necesariamente esté comprando al mejor o a la pieza idónea”.

Situación que resulta por demás evidente cuando se habla de delanteros, ya que los goles, inevitablemente, forman parte sustancial sobre cómo medir su rendimiento.

El promedio de minutos que los 37 delanteros extranjeros jugaron durante el Clausura 2022 fue de 488 (12 partidos) con una media de tres goles; sólo siete de ellos no anotaron. Mientras que los atacantes mexicanos promediaron 335 minutos (10 juegos) y una media de un gol conseguido (10 de ellos no lograron anotar).

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Del lado de los extranjeros está lo hecho en el torneo anterior por el francés Gignac (con un valor de 1 millón y medio de dólares), pues anotó 11 tantos en 16 encuentros de la fase regular. Incluso se coronó campeón de goleo. Situación por completo diferente a lo conseguido por el atacante de Rayados, el neerlandés Vincent Janssen (con un valor de 2 millones 600 mil dólares), anotó un solo gol en 15 partidos disputados.

Por parte de los arietes nacionales, el de mejor desempeño en cuanto a números fue Santiago Giménez, pues El Chaquito (con un valor de 4 millones de dólares) anotó cuatro tantos en 16 duelos. Caso distinto al de Eduardo Aguirre (con un valor de 2 millones de dólares), ya que el dorsal número 19 del conjunto de la Comarca Lagunera consiguió marcar en tres ocasiones a lo largo de 17 encuentros. Los centros delanteros extranjeros sumaron un total de 113 goles; los mexicanos, sólo 36.

De los 24 atacantes nacionales, ocho no pudieron anotar un gol a pesar de ver actividad durante el torneo Clausura 2022: Christopher Trejo (15 juegos, 339 minutos) de Atlas; Édgar López (9/237); Gerson Ogara (1/24) y Christian Leyva (10/163) de Tijuana; Luis Calzadilla (4/25) de Atlético de San Luis; Ángel Robles (6/216) de Puebla; Emanuel Montejano (2/28) de Pumas, y Jesús Godínez (6/11) de Querétaro. Los ocho delanteros promediaron un total de 130 minutos como oportunidad para poder conseguir un gol.

En contraparte, fueron siete los artilleros extranjeros que no consiguieron romper con una sequía goleadora en el anterior torneo: Ignacio Jeraldino (12 par-

Rafael Durán

“el entendimiento y comunicación resultará mejor entre ellos que si los dirigiera uno nacional”.

Durante el inicio del Clausura 2022, 14 de los 18 directores técnicos fueron extranjeros, siete de ellos oriundos de Argentina.

Guillermo Almada, timonel uruguayo del Pachuca, comentó en una entrevista en febrero de 2022: “Muchos entrenadores optan por lo más fácil, sin hacer una crítica a nadie porque cada quien planifica como uno entiende, pero a veces se piensa en el jugador extranjero de más trayectoria para que no haya margen de error”, pero para él la confianza es importante, por lo que hay que encontrar un equilibrio con los mexicanos jóvenes.

El promedio de edad de los delanteros extranjeros de la Liga MX es de 27.6 años, siendo el más longevo de ellos André-Pierre Gignac (Tigres) con 36; el más joven es el chileno Iván Morales (Cruz Azul) con 22.

En cuanto a los artilleros nacionales, la media fue de 24, y Miguel Sansores, jugador de Mazatlán, resultó el de mayor edad con 31; el más joven fue Christian Leyva (Tijuana), de 18.

En la misma entrevista, Almada dijo que hay que confiar en los jugadores mexicanos jóvenes; “lo primero en que se piensa es en traer a un extranjero de experiencia, pero hay que tener una visión distinta, hay que mirar para adentro”.

En cuanto a los 37 delanteros no nacidos en México se refiere, 33 pertenecen a la Conmebol (13 de ellos son de Argentina), sólo uno es de la Concacaf (Costa Rica) y tres provienen de la UEFA (un francés, un español y un neerlandés).

tidos, 167 minutos) de Santos Laguna; Iván Morales (11/342) de Cruz Azul, Franco Troyansky (13/203) de Atlas; Andrés Vombergar (5/52) de Atlético de San Luis; Darío Lezcano (7/386); Maximiliano Silvera (14/ 972) de Juárez, y Jonathan Dos Santos (4/ 249) de Querétaro. Estos atacantes tuvieron una media de 338 minutos como oportunidad para poder anotar.

Otra de las maneras en que se puede evidenciar el cómo los delanteros mexicanos han perdido terreno ante los atacantes extranjeros es mirando las tablas de goleo. En los cuatro certámenes más recientes sólo aparecen nombres de jugadores no nacidos en México.

Y a lo largo de los últimos 22 años solamente cinco delanteros mexicanos han conquistado el título de goleo: Alan Pulido (Chivas) con 12 en el Apertura 2019; Javier Chicharito Hernández (Chivas) con 10 en el torneo Bicentenario 2010; Omar Bravo (Chivas) con 11 en el Clausura 2007; Jared Borgetti (Santos Laguna) dos veces: con 13 en el Verano 2001 y con 17 en el Invierno 2000, y Everaldo Begines (León) con 14 en el Verano 2000. Ángel Reyna (América) lo consiguió durante el Clausura 2011 con 13, sin embargo, se desempeñaba como medio ofensivo.

“El Chelis”. Puntualizaciones

PAL AB RA DE LEC T OR Sobre la eliminación del horario de verano Señor director:

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l horario de verano ha sido implementado en 75 naciones del mundo para optimizar el uso de la luz, ahorrar energía y disminuir la contaminación atmosférica. Por estas razones, y sobre todo para tener una mayor sincronía con la poderosa economía de nuestro vecino país del norte, desde 1996 se implementó en México el horario convencionalmente llamado de “verano”, desplazando los husos horarios establecidos hacia el este, hacía la salida del sol, con el propósito de que amaneciera más temprano y oscureciera más tarde.

Este movimiento se realiza adelantando una hora el reloj en todo el territorio nacional, con las particularidades siguientes: excepto la franja fronteriza con Estados Unidos y los estados de Quintana Roo y Sonora, el de verano se inicia el primer domingo de abril a las dos de la mañana, momento en el cual los relojes se adelantan una hora, y termina el último domingo de octubre a las dos de la mañana, instante en que los relojes se retrasan una hora.

En las zonas fronterizas con Estados Unidos, el horario de verano se inicia el segundo domingo de marzo a las dos de la mañana y termina el primer domingo de noviembre, a las dos de la mañana. Quintana Roo y Sonora no realizan la aplicación del horario de verano.

Desde hace algunos años, habitantes y organizaciones civiles de los países donde se aplica, incluido el nuestro, han señalado que las molestias y desequilibrios que ocasionan estos cambios de horario no justifican el ahorro de energía, contaminación y dinero que aducen la mayoría de los gobiernos, por lo que existen varias propuestas para eliminar el cambio de horario, algunas dejando el horario de verano todo el año y otras volviendo al horario estándar (horario de invierno).

De hecho, el Parlamento Europeo planteó durante 2018 que se permita a cada país del bloque elegir qué horario quiere mantener. Sería en el año 2021 cuando los países que integran la Unión Europea determinarían coordinadamente la eliminación del cambio de hora.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus y otros problemas originaron la congelación de la propuesta. En el Senado estadunidense se aprobó un proyecto de ley para que el horario de verano sea permanente en todo el país a partir de 2023.

La iniciativa denominada Ley de Protección de la Luz Solar, postulada en 2021, fue aprobada recientemente por unanimidad; para convertirse en ley aún requerirá la aprobación de la Cámara y la firma del presidente Biden.

En México, en marzo de 2019 y abril de 2021, legisladores de Morena y del PT presentaron ante el pleno del Senado iniciativas de decreto para poner fin al horario de verano, proyectos todavía no analizados y discutidos en la Cámara. Sin embargo, el presidente López Obrador anunció hace

unos días, con gran vehemencia en su conferencia matutina, que existe gran probabilidad de que a partir del próximo año se elimine el horario de verano, aduciendo “que es mínimo el ahorro (de electricidad) y es considerable el daño a la salud”.

Fiel a su estilo, recalcó: se va a quedar “el horario de Dios”, en referencia al horario de invierno, luego de informar que estudios del gobierno de México determinaron que el horario de verano provoca daños en la salud de las personas y que el ahorro del año pasado fue de sólo mil millones de pesos.

Es interesante puntualizar que en Estados Unidos y la Unión Europea no están planteando eliminar el horario de verano, sino el cambio de horario, por lo que cada país escogerá si se queda todo el año con el horario de invierno o el de verano.

En cambio, la propuesta de los Senadores de Morena y del mandatario es más limitada, ya que sólo prevé quedarse con el horario de invierno.

Por otro lado, la abrogación desincronizaría los horarios de la franja fronteriza mexicana con los estados fronterizos de Estados Unidos que sí aplican y seguirán aplicando el de verano.

El Senado mexicano debe analizar cuidadosamente la propuesta de la eliminación, asesorándose científicamente, cerciorándose de la significancia verdadera del ahorro energético en la economía del país y de su impacto en la disminución de la contaminación atmosférica.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) sostiene que el horario de verano de 2019 permitió ahorrar 941 Gigawatts-hora, así como impedir la quema de 1.2 millones de barriles de petróleo crudo, lo que evitó emitir a la atmósfera 548 mil toneladas de bióxido de carbono, principal contaminante del efecto invernadero.

Si los beneficios ambientales y energéticos les parecen insignificantes al presidente y a los legisladores, pese a las crisis económicas y a la amenaza latente en el corto plazo del calentamiento climático, entonces se debe decidir qué horario es más conveniente que funcione durante todo el año, o si se regionaliza su aplicación, tomando en cuenta a todos los sectores sociales.

Atentamente, Ramón Peraza Vizcarra

Respecto de “Clama Rafael Acosta: Pensión para los rocanroleros veteranos” Señor director:

G

racias por la entrevista que el periodista Roberto Ponce hizo a Rafael Acosta, músico mexicano icónico del rock en su mera época (Proceso 2372).

Recuerdo la exitosa participación de su grupo Mr. Loco en Tres días de la Creación del Infierno

de los Músicos, festival que se realizó en Valle de Bravo, Estado de México, en marzo de 1975.

Entonces producido por Miky Salas y Alberto Gironella.

Atentamente: Víctor Rapoport Litvak

Denuncia robo en un tianguis de autos de la Ciudad de México Señor director:

E

laboro este escrito para alertar a los compradores de autos en los diferentes tianguis de la Ciudad de México, y para llamar la atención de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

Mi caso es el menos grave, dado que el daño en mi contra no asciende ni a 3 mil pesos, pero está documentado que ha habido hasta muertos por un planeado asalto.

Hace poco más de un mes me vendían un auto con placas para personas con discapacidad. Para apartarlo di un anticipo de 2 mil pesos; además pagué 400 pesos por checar los documentoas del vehículo, ahí mismo en un módulo del Gobierno de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia. Incluso, gasté 350 pesos en gasolina para poder probar la unidad, pues ésta sólo traía la reserva.

Todo parecía estar en orden. Sin embargo, al revisar los registros vía internet me di cuenta de que el auto no tenía derecho a la placa de circulación para discapacitados, y que yo iba a tener que tramitarla, con las complicaciones que ello conlleva.

Sobre ello hablé con José María Zarazúa Carrillo, quien junto con su mamá, hermano y hermana se dedican desde hace 24 años a la compra-venta de autos en el tianguis ubicado en Periférico Sur cerca del INE, en Viaducto y Periférico. Tienen su propia carpa en ese sitio.

El vendedor no aceptó la irregularidad, y a la fecha no me ha devuelto el dinero y señala que perdió su tiempo y que dejó ir otros prospectos.

Considero necesario que este tipo de tianguis deben estar regulados, pues de acuerdo con testimonios que he recabado estos lugares son centros de fraudes y agresiones físicas.

Habrá, como en todo, sus excepciones, pero la mayoría actúa de mala fe. Incluso, en Mercado Libre, Segunda Mano y Viva Anuncios, entre otras plataformas de avisos oportunos, abundan este tipo de personas.

Tengo los datos del vendedor que no me ha devuelto mi dinero, en caso de que las autoridades lo requieran. Él me envío un recibo, vía internet, del adelanto.

Atentamente, Armando Pérez Dehesa 2381 / 19 DE JUNIO DE 2022

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José Antonio Rodríguez

Las llaves de la ciudad

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