Fase 3 y militares 4T, ¿cambio de piel?

Octavio Gómez

Erubiel Tirado

Fase 3 y militares 4T, ¿cambio de piel?

La situación pandémica que padecemos, además de mostrar la vulnerabilidad estructural y política del país en materia de salud, inducida por el propio gobierno, ha provocado un ex pansionismo militar cuyas consecuencias afectan no sólo el ámbito civil, sino al propio cuerpo castrense en sus defi niciones esenciales como institución de defensa del Estado. La inminencia de la llamada Fase 3 de la contingencia, de finida en forma ambigua por el vocero sanitario gubernamental –“puede ha

En este país, si Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín. Álvaro Obregón a José Vasconcelos

ber más fases, 4, 5, etc.”, según su dicho– presupone una etapa de endurecimiento de las medidas de contención del covid-19 con el uso de la presencia y fuerza militar, que empezó precisamente en la Ciudad de México el miércoles 15 bajo términos lega les endebles y poco claros.

Coartada de “fuerza mayor” y expansión militar

Ante el rápido e incontenible agotamiento de los recursos del Estado y aun a costa de la vida de la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la continuidad de sus proyectos de infraes tructura que cada vez pierden importancia estratégica y como palanca de desarrollo. Con la declaración del Consejo de Salubri dad General de la “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” (Diario Oficial de la Federación , DOF , 30 de marzo), precedido de un extraño decreto presidencial (DOF , 27 de marzo) que también “delega” auto ridad suprema a la Secretaría de Salud, se teje la trama legal que decidió ordenar a

En total, ocho edificios, dos hangares, dos astabanderas y seis torres de agua deben ser removidas de los terrenos de Santa Lucía, junto a decenas de árboles y torres de alta tensión.

Cuando se llama por teléfono al plan tel, se oye la grabación repetitiva del conmutador: una voz masculina que indica que no se puede localizar al operador. Pos teriormente, una voz femenina responde que el servicio de mensajes se encuentra saturado y que ha ocurrido un error. Ense guida la llamada se corta.

Alrededor de la escuela que en 2018 llenó de orgullo a las Fuerzas Armadas, en 2020 ya sólo hay silencio. Su vida útil ni siquiera llegará al quinquenio.

Costos dobles

Comandante del Agrupamiento de Ingenieros en la Base Aérea Militar de Santa Lucía e ingeniero residente de la obra emblemática del gobierno federal, el ge neral Vallejo Suárez informó el pasado 18 de marzo que el costo total del nuevo aeropuerto será de 79 mil 305 millones de pesos, cifra que incluye los cargos por de moler y volver a edificar decenas de instalaciones en Santa Lucía.

Para reponer las mil viviendas erigidas entre 2017 y 2018 para los militares y sus familias, según las cifras proporcionadas por Vallejo, el Plan Maestro de Santa Lucía destinará 2 mil 930 millones de pesos y su avance es de apenas 15%.

Para volver a construir el hospital mi litar remodelado en octubre de 2015, a un costo de 46 millones 200 mil pesos, ahora se van a erogar 502 millones de pesos.

Pese a que no se ha informado de manera explícita sobre la nueva Escuela de Materiales de Guerra, Vallejo informó que la reubicación de los centros edu cativos ubicados en Santa Lucía tendrá

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

los sectores público, social y privado, como “acción extraordinaria”, entre otras, la sus pensión de “actividades no esenciales” en el presente mes.

Y, por el contrario, las “actividades esenciales” permitidas en este lapso com prenden un catálogo de cinco categorías que incluyen, además de las involucradas en forma directa con la emergencia sa nitaria, 1) “sectores fundamentales de la economía” (que se enlistan en el decreto) y 2) las “necesarias para la conservación, el mantenimiento y reparación de la infraes tructura crítica…” (DOF , 31 de marzo). En la antigua jerga de seguridad y defensa, esta infraestructura se refería a las “insta laciones estratégicas”.

En los llamados Lineamientos Técni cos, para “dar certeza” (así dice el decreto) a las dos categorías de acciones mencio nadas, se incluye a las empresas proveedoras de bienes o servicios vinculados con las construcciones del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya (DOF , 6 y 8 de abril, incluida fe de erratas: ¡“transísmico”!). La engorrosa redacción de los decretos y el apresura miento reactivo gubernamental olvidó detalles como garantizar el flujo de re cursos presupuestales y la continuidad de trabajos de los proyectos emblema del sexenio.

En el caso del tren debe recordarse que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se comprometió incluso a com pletar y entregar la obra el próximo año, antes del tiempo establecido por el pre sidente (Manuel Espino, La Jornada , 9 de enero de 2020). Dicho sea de paso, los nú meros de tales recursos demuestran que la prioridad gubernamental no apunta precisamente a salvar la vida de los mexi canos ni preocuparse por su bienestar (“Datos duros”, Sobremesa , Lourdes Men doza, El Financiero , 8 de abril).

Es importante destacar en la reflexión lo que significa este blindaje presupuestal Miguel Dimayuga

un costo adicional de 518 millones de pesos.

También será demolida una alberca que en diciembre de 2015 fue remodelada y techada a un costo de 8 millones de pesos.

De acuerdo con la Sedena, lo mismo sucederá con un jardín de niños cons truido en 2013 y ampliado en 2016 para contar con un aula de internet, obras que implicaron una erogación de 19 millones 570 mil pesos.

Otras edificaciones que están en ries go son un centro penal de justicia militar oral que fue entregado en octubre de 2015 a un costo de 4 millones 442 mil pesos, un y de operación para la Sedena en su papel de contratista-“empresario” para el go bierno: responsable integral, no sólo de la edificación del aeropuerto “sustituto” de Texcoco, sino también como encargado de administrar y controlar su operación comercial y, en el caso del tren del sureste, su adjudicación directa para construir un tramo significativo.

Lo que venía configurándose como una tendencia desde el sexenio caldero nista (y continuó en el de Enrique Peña Nieto), donde su papel se empezó a ex pandir en áreas no militares, como la construcción de tramos carreteros y, lue go, de espacios de infraestructura civil (por ejemplo escuelas y hospitales), ya no sólo en el ámbito federal sino para los gobiernos estatales, hoy es un patrón consolidado en la administración de la autonombrada “Cuarta Transformación”.

En ese sentido, los efectos de un ejér cito “empresarial” (la expresión, por desgracia, es literal) son múltiples y bastante cuestionables por su carga negativa. Bas te mencionar la pérdida efectiva de sus capacidades profesionales de defensa (algo que de por sí ya ocurría al habilitar militares como policías en todos los ám bitos de la seguridad pública, incluyendo las de inv estigación y persecución de de litos) y su mayor exposición a las prácticas de corrupción política y económica que subsisten en el país (pese a la retórica oficial). Para el caso de las Fuerzas Arma das, este involucramiento se cubre de un manto de opacidad e impunidad con el que suelen desempeñarse con las justi ficaciones de “seguridad nacional”. Estas cuestiones son importantes y resulta un mal mayor la consolidación de la simbio sis de un pacto no escrito , en términos de poder y gobernanza, de la nueva clase po lítica con el estamento militar.

Por los términos de la relación militarcivil que ya se configura, será más agudo el déficit democrático que padece el país

de modo estructural desde los años de transición política. En el análisis compa rado, se tienen documentadas en el hemisferio la degradación que conlleva en el espíritu de cuerpo de oficiales y tropa, la perniciosa permisividad de realizar nego cios dentro y fuera de las Fuerzas Armadas prohijando una clase empresarial sui generis . Este fenómeno se hizo visible hace dos décadas en varios países centroame ricanos, particularmente en El Salvador, luego de los procesos de pacificación. La afectación es grave y múltiple, empezan do por la profesionalización de los cuadros militares en diversos niveles.

Desnaturalización del Ejército

El involucramiento general de las Fuerzas Armadas en el auxilio a la población ante la emergencia ya vislumbra en di versos grados una afectación del control civil sobre los militares (ver análisis so bre el particular en la región Asia-Pacífico: Euan Graham, The armed forces and covid-19 , The International Institute for Strategic Studies, 8 de abril). El factor de supervisión se agrava en un Estado frá gil e instituciones debilitadas como las del México actual. El hecho va más allá del papel asignado a las Fuerzas Armadas en esta contingencia que, de suyo, tiene una problemática concreta de ilegalidad, tan to por su comportamiento institucional (al confiscar equipo e insumos médicos de distribuidores y empresas del país, El Sol de México , 6 de abril) como por el des aseo normativo en el que se les ha involucrado y que no protege jurídicamente a soldados y marinos en su actuación. Si en su componente, supuestamente supleto rio de apoyo a la población (en los hechos, han tomado la dirección de las acciones operativas), existe una señal de alarma sobre su afectación profesional inme diata, en el blindaje económico y funcional descrito hay una pérdida gradual

Unidad habitacional. Reubicación

Yahir Ceballos

Plan DN-III para la pandemia

de su atribución e identidad estratégica.

Mucho antes de la emergencia se advertía que, bajo estándares compa rados, las capacidades militares operativas de las Fuerzas Armadas mexicanas, si bien aceptables, se encontraban “por debajo del mínimo necesario para poder dar una respuesta pronta ante una ame naza” (Seminario sobre Violencia y Paz, El Colegio de México, 26 de enero de 2017). En el actual gobierno, ante altos funciona rios estadunidenses, la propia Sedena explicaba y reconocía el año pasado que el Ejército estaba sometido a “un proceso de desgaste muy fuerte” debido a los esfuer zos para cumplir con las tareas asignadas que incluyen “combate al narcotráfico…, huachicoleo, operaciones de contención de migrantes, tareas de ayuda humanita ria, además de labores de construcción de nuevas instalaciones, como el aeropuerto de Santa Lucía” (Gustavo Castillo, La Jorna da , 27 de octubre de 2019).

Discrecionalidad o apego constitucional

En el Curso de Mando de la Sedena se establece que su responsabilidad y auto ridad “se encuentran contenidos en las leyes, reglamentos, directivas, circulares, decretos, órdenes, etc.; sin embargo, estas (sic) no puedan cubrir, ni prever todas las si tuaciones y circunstancias por las cuales debe decidir y adoptar la conducta más adecuada…” (subrayado original).

Contrario a la retórica de los juramen tos castrenses y de los altos funcionarios civiles del gobierno de obligarse a cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus le yes, el ADN militar se diferencia sustancialmente del de los servidores públicos civiles en que sólo pueden hacer lo que expresamente se les permite o manda en la Constitución y el resto del aparato le gal de que dispone. La diferenciación es de facto y no congruente con el derecho Miguel Dimayuga

público mexicano, que considera de modo homo g éneo en sus obligacio nes legales a funcionarios civiles y militares.

Esto explicaría, entre otras cosas, la enorme autonomía militar que se ha ido configurando en su comporta miento institucional respecto de su apego a la legalidad constitucional a lo largo de las últimas décadas, desde que se les sacó de los cuarteles. “Nue vo militarismo” se tiende a llamar en los estudios de las relaciones civilesmilitares en nuestro hemisferio a la “invitación” que hacen los gobiernos a sus fuerzas armadas a asumir ro les que no le corresponden (Julio Ríos Figueroa, Nexos , marzo de 2019, y Rut Diamint, 2015).

A diferencia de los clichés del pa sado autoritario y dictatorial en que el protagonismo militar era una abierta injerencia castrense en las activida des de gobierno, el nuevo escenario pinta a gobernantes y políticos, de de recha e izquierda, como débiles, ignorantes de la función de defensa y con la reducida visión de que la obedien cia y disciplina militares son instrumentos multipropósito en su gestión de la función pública de un país (Da vid Pion-Berlin, 2008). El riesgo es muy claro en la relación directa de que los intereses militares se extienden en ámbitos que no les son naturales y que su intervención inducida se con solide en asuntos que, en esencia, son propiamente civiles. Se actualiza así aquella expresión presidencial post 1968 en México de que lo difícil no era sacar al Ejército a las calles… sino de volverlo a los cuarteles. O

hangar de mantenimiento para aviones Casa C-295 que se construyó en diciem br e de 2016 por un monto de 25 millones 708 mil pesos y cinco dormitorios para mujeres, cuyos costos suman 22 millones de pesos.

Todos estos costos no están reconoci dos en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pese a que se trata de recursos que ya se habían aplica do y que volverán a sumarse al gasto total de la nueva terminal.

El gobierno federal declaró al Aero puerto Felipe Ángeles una obra esencial mediante un decreto que permite seguir con su construcción en plena emergencia sanitaria, lo que provocó la inconformi dad de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Proceso 2267).

DERECHOS HUMANOS

La Secretaría de Marina tendrá que pedir disculpas públicas a la familia de un joven al que cinco marinos hicieron desaparecer en 2013 y cuyo cuerpo se encontró después a 10 minutos de su cuartel. La sentencia de 22 años de prisión y 10 de inhabilitación en cargos públicos a los acusados –que ya apelaron– es la primera que se emite por uno de los 45 casos de ese delito registrados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y que involucran a personal de la Armada.

Sentencia contra marinos por desaparición forzada histórica

GLORIA LETICIA DÍAZ U n juzgado federal con sede en Monterrey, apoyado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la Ley General de Víctimas, ordenó a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ofrecer una disculpa pública por acciones que derivaron en la desaparición forzada de un jov en de 33 años, delito por el que un capitán y cuatro marinos fueron sentenciados a 22 años de prisión.

La sentencia, emitida el 28 de febrero pasado por el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Zenaido Orozco Contreras, está relacionada con la detención arbitraria ocurrida el 3 de agosto de 2013 y la posterior desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal.

Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Colombia, del municipio nuevoleonés de Anáhuac (Proceso 1921); se encontró responsables de los mismos al capitán de corbeta Raúl Enrique Sánchez Labrada y a los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Ver duzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, quienes actualmente permanecen inter nos en el Campo Militar Número Uno y ya apelaron la resolución.

Dos meses después de la detención de Del Bosque Villarreal, su cuerpo y su au tomóvil –del que también se apoderaron los marinos– fueron localizados por caza dores a 10 minutos del campamento de la Semar en Colombia (Proceso 1928).

En la sentencia –radicada con el nú mero 9/2016-VIII y de la cual este semanario tiene copia– el juez Orozco Contreras toma en cuenta a la CoIDH para instruir medidas de satisfacción, en apego a la Ley General de Víctimas:

“Se ordena a la Secretaría de Marina realice una declaratoria oficial en la que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima directa, así como de las personas vinculadas a ella, seguido de una disculpa pública de la dependen cia y de los sentenciados, que incluya el reconocimiento de los hechos y la acep tación de las responsabilidades.”

Como medida de no repetición, se ins truye al titular de la dependencia, José Rafael Ojeda Durán, a “hacer las gestiones que estime pertinentes para obtener un presupuesto o destinar una partida pre supuestal para capacitación de todos los elementos castrenses a su mando en ma teria de derechos humanos, pues ello ayu

Ojeda Durán. Disculpa pública

dará en gran medida a que no se vuelvan a repetir actos de la naturaleza como el que hoy se juzga”.

La sentencia, probablemente la prime ra en condenar a personal naval por desaparición forzada, ordena al municipio de Anáhuac que realice actos que preserven la memoria de la víctima en la comunidad de Colombia, como la construcción de un monumento o ponerle su nombre a una calle, lo que “deberá permanecer a perpe tuidad como testimonio de la responsabilidad de los agentes del Estado en la comisión del delito de desaparición forzada y tutelarlo por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León”.

En este caso fueron relevantes los tes timonios que rindieron ante el Ministerio Público Federal los policías municipales Foto: Especial

Miguel Godínez y José Ángel Molina, an te quienes Del Bosque Villarreal presentó una queja contra sus vecinos Jesús Alber to y Martín Cruz Martínez el 3 de agosto de 2013 porque lo amenazaron con arma de fuego. Ante la incapacidad de dar respues ta a la denuncia, y por órdenes superiores, Godínez y Molina pidieron la intervención de los marinos.

En la bitácora de novedades y en un re porte presentado ante el entonces secretario de Seguridad Pública de Anáhuac, Alfredo Grande Barrera, los municipales dieron cuenta de que los marinos encabe zados por el capitán Raúl Sánchez Labrada se llevaron detenido a Del Bosque Villarreal, aseguraron su automóvil y dejaron libre a Jesús Alberto Cruz Martínez.

Esa información que fue avalada por Grande Barrera, un capitán del Ejército re tirado, quien luego de ocurridos los hechos envió sendos informes a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León y a la Séptima Zona Militar, además de ren dir su testimonio ministerial en diciembre de 2013.

Los familiares de la víctima, también presentaron como testigos a dos vecinos de la comunidad, que confirmaron la ver sión de Humberto del Bosque Gutiérrez, padre de la víctima y quien también vio cuando los marinos se llevaban a su hijo. Incluso dialogó con Sánchez Labrada pa ra que lo liberara, además de que presentó una tarjeta de presentación que el capitán de la Marina le entregó y una sábana de lla madas en la que se muestra la hora en que lo llamó para continuar con su exigencia.

“La mitad de la lucha”

En la sentencia resalta que el juez consideró inválidas las pruebas presentadas por la defensa de los marinos, entre ellas los testimonios de 15 de sus compañeros de que no advirtieron que la víctima ha ya estado en el campamento; que la acusación era parte de una venganza porque el capitán Sánchez Labrada participó en la detención del Z-40 y que el señalamiento formaba parte de una estrategia de des prestigio contra la Marina.

Tras destacar el activismo de Del Bos que Gutiérrez en busca de su hijo, como la presentación del caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CN DH), la oficina de la ONU en México y en medios de comunicación, el juez advierte que si no tomara en cuenta esas acciones como evidencia de la veracidad de la de nuncia por desaparición forzada, los “elementos de la Marina resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, a través de este juzgado, a virtud que, (…) este tipo de delitos se cometen en la clan destinidad, porque los órganos del Estado procuran no ser descubiertos; además,

dadas sus atribuciones en el aparato estatal, es factible que puedan destruir los documentos que los incriminen sin que nadie pueda advertir esa conducta”.

En su resolución, el juez empatiza con los familiares de las víctimas ante las probables imprecisiones en la presentación de sus denuncias, “dado el estado victimológico que presentaba (Del Bosque Gutiérrez) al vivenciar un hecho traumático, los datos proporcionados pudieran no narrarse de forma exacta”.

Además, contempla las razones por las que no se presentan de inmediato las denuncias por desaparición forzada:

“Habla del temor que la víctima siente con este tipo de delitos; habla de la experiencia que viven las víctimas y su indecisión de si lo correcto es ir a enfrentar al Estado o no; habla del estado de temor fundado e impotencia que siente un gobernado cuando las fuerzas castrenses –cuya finalidad es la preservación del orden nacional y los enfrentamientos bélicos–, la confianza que depositamos en esa institución es quebrantada por unos elementos, y cuál es la postura que un gobernado debe asumir frente a esos actos autoritarios y de abuso de poder.”

Antes de establecer la pena del capitán y los cuatro marinos en 22 años de prisión y 10 años de inhabilitación en cargos públicos, de acuerdo con el Código Penal Federal vigente en 2013, el juez señala que por su pertenencia a la Semar, por ser todos mayores de edad y ser originarios de zonas urbanas, “por las labores que rutinariamente realizaban por pertenecer a aquella secretaría de Estado, además, por la convivencia social y por los medios de comunicación que existen”, conocían la trascendencia de la desaparición forzada, por lo que se acredita el dolo.

Más de seis años después de los hechos, el abogado Humberto del Bosque Gutiérrez sostiene que apenas lleva “la mitad de la lucha”, pues aún falta alcanzar la condena por el homicidio de su hijo.

En entrevista con Proceso , describe sus impresiones sobre la sentencia del juez Tercero de Distrito:

“Por un lado hay satisfacción, sobre todo porque es un precedente para muchos otros casos similares de desaparición forzada cometida por miembros de la Marina, pero por otra parte hay una enorme tristeza; la ausencia de nuestro hijo que no tiene vuelta atrás.”

Con dificultades para hablar, luego de haber sufrido una embolia y un ataque al corazón que lo colocó al borde de la muerte, el padre de Armando Humberto perdió propiedades, se vio obligado a emigrar por el hostigamiento al que fue sometido. “Los dos primeros años –relata– fueron de amenazas constantes, persecuciones. Nos bajaban del vehículo a mí y a mi

DERECHOS HUMANOS

familia, me encañonaban y amenazaban con armas para que dejara esto; me seguían hasta en helicóptero a la puerta de mi casa. Y andaban uniformados, se movían en vehículos de la Marina, tenían el poder absoluto ahí (en la comunidad de Colombia).”

Incluso sus empleadores fueron amenazados por marinos con detenerlos si le daban trabajo. Esto lo orilló a irse de su comunidad.

A esas presiones se suma un parte informativo que personal de la Marina presentó en 2015 en contra del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, a fin de desprestigiar su labor de acompañamiento en este caso (Proceso 2055).

En ese documento, que personal de la Marina presentó ante la PGR, se consigna

el supuesto testimonio del presunto delincuente Jesús Alberto Cruz Contreras, El Chiquillo , quien dijo que semanalmente pagaba a Ramos Vázquez 5 mil dólares para que actuara en contra de la Marina. Ese nombre aparece en la sentencia del 28 de febrero como uno de los vecinos que Armando Humberto del Bosque Villarreal denunció por haberlo amenazado con un arma y que, sin embargo, fue liberado por los marinos.

Esta sentencia por la desaparición forzada del joven es la primera emitida en los 45 casos de este delito atribuidos a marinos y registrados por el CDHNL entre 2011 y 2018. Del Bosque Gutiérrez está convencido de que esto “va a allanar un poco el camino de otras personas que están en la misma situación, pero hay que perseverar y estar al pie del cañón; solas, las cosas no suceden”.

La sentencia

Agustín Basave

El (prematuro) ocaso de la 4T

La Cuarta Transformación, según el presidente López Obrador, es un nuevo régimen cuyas prioridades son el combate a la corrupción y a la desigual dad. Yo creo que no se trata en rigor de un cambio de régimen –no hay un arre glo constitucional para transitar del presidencialismo al parlamentarismo o, por ahora, del federalismo al centralismo– sino de un cambio en el estilo personal de gobernar. Voluntarista y autocrático, proclive a supeditar las políticas públi cas a la resolución casuística de problemas, AMLO no alude en la vertiente ética de la 4T al Sistema Nacional Anticorrup ción, al que ve como un elefante blanco, ni a su deber de llevar a la justicia a su predecesor por el saqueo a México, lo cual evade; sólo habla de su voluntad de no solapar corruptelas en su mandato. Y en la faceta igualadora incorpora una se rie de programas sociales, esos sí consagrados ya en la Constitución.

En acciones de gobierno, la 4T es también su política energética y sus am biciosos proyectos de obra pública. En el primer caso están los esfuerzos por ca pitalizar a Pemex, incrementar su capacidad de refinación y volverla a hacer palanca de desarrollo, así como el forta lecimiento de la CFE. El segundo incluye la refinería de Dos Bocas –parte de la agenda petrolera–, el tren maya, el ae ropuerto de Santa Lucía y el corredor transístmico. Pues bien: a juicio mío, es tamos ante el prematuro ocaso de la 4T. No me refiero a los subsidios para los po bres ni al combate a la corrupción –que no requiere más que el capital político de AMLO y que, al contrario, debería am pliarse para resarcir el daño hecho por corruptos de sexenios anteriores– sino a la centralidad de Pemex y a las obras de infraestructura, que serán incosteables dada la inminente recesión o depresión económica.

Me explico con una metáfora. El sen dero hacia la tierra prometida que AMLO concibió fue destruido por el movimien to telúrico de la pandemia y del desplome del precio del petróleo. Transitar por ahí se ha tornado prácticamente imposible. Hacerlo presupondría remover rocas y maleza, rellenar grietas y socavones o construir puentes para cruzarlos sin ser devorados por ellos. Es evidente que la única opción segura y costeable es trazar otro camino –una suerte de 5T, si quie ren– que nos conduzca a un México mejor. El problema es que, sin reparar en costos y calamidades, AMLO se aferra a su trayecto. Una vez más: si sus planes no se adaptan a la realidad, peor para la realidad.

Mantener la apuesta por los hidrocar buros es un mal negocio por las restricciones presupuestales y las condiciones del mercado. En su momento yo sostuve que la reforma energética mexicana de bió haber seguido el modelo noruego –el de Statoil– y me opuse públicamente a lo que se legisló, pero eso es agua bajo

el puente. La verdad es que la cleptocra cia se encargó de dejar a Pemex en ruinas, y la cuestión es si conviene levantar la empresa a cualquier precio. Por ejem plo, AMLO recurrió a la insensatez de pedirle a Donald Trump –el único “con servador” al que le perdona y le concede todo– el favor de asumir parte del recorte que nos asignó la OPEP+, lo que será de facto una hipoteca política para Mé xico, pues Mr. Trump no da nada gratis y probablemente acabaremos pagándo le con otro trabajo sucio como el de contener la migración. ¿Se vale defender el nacionalismo petrolero a expensas de la soberanía nacional? Y en todo caso, ¿de dónde saldrá el dinero para cubrir simul táneamente la capitalización de Pemex y la construcción del tren, del aeropuerto y del corredor, junto con los enormes gastos obligados por las crisis sanitaria y económica?

Financiar las consecuencias del co ronavirus será carísimo. Vislumbro dos escenarios, el malo y el catastrófico. En uno la situación sería grave pero nues tras clínicas y hospitales resistirían y la caída de la economía no rebasaría el -4%; en el otro nuestro sistema de sa lud se vería rebasado y viviríamos una tragedia similar a las de Italia o Ecua dor, mientras que el golpe económico sería brutal, de -7% o peor. Si se diera el primer o de ellos y no se detuviera la construcción de alguno de los me gapro yectos sería imposible evitar quiebras y