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Y ONG advierten “un pacto de coexistencia
PARA GOBERNAR”
La política de seguridad pública del presidente López Obrador tiene un balance negativo, consideran organizaciones de la sociedad civil a poco más de tres años del gobierno de la 4T. Las ONG sobre derechos humanos lamentan los impactos “de la simulada” transformación que está significando “un fortalecimiento de los grupos criminales”. En particular, Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT, advierte que la estrategia presidencial hace suponer que el mandatario está menos interesado en la seguridad y más en “que le dejen concluir su periodo, que le aseguren la continuidad de su partido en el poder”.
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Ante los señalamientos de que en su sexenio hay más asesinatos que en el pasado, el presidente dijo en su descargo que, a su arribo al gobierno, “recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba, y todavía en el gobierno pasado (el de Peña Nieto) le subieron más”. En la víspera de esas declaraciones, 84 organizaciones de 23 estados de la República que conforman la Red TDT, que han acompañado desde hace décadas a comunidades y pueblos en sus luchas, expresaron al político tabasqueño que “los efectos de la simulada transformación han profundizado la violencia estructural e institucional, rompiendo los límites que el crimen tiene pactados con autoridades de los tres niveles de gobierno para coexistir en el territorio nacional”.
De acuerdo con Víctor Hugo López, por la reflexión permanente y monitoreo que las ONG realizan, es posible inferir que “el presidente continúa siendo omiso ante tantos crímenes, lo que hace suponer que él está interesado en que le dejen concluir su periodo de gobierno, que le aseguren la continuidad de su partido en el poder, con tal de que la delincuencia continúe operando”.
Consciente de que habrá quien le exija pruebas de sus dichos, y advirtiendo que las organizaciones no son “detractoras ni están contra la Cuarta Transformación”, el secretario ejecutivo de la Red TDT asegura que las organizaciones observan a diario en las comunidades “la existencia de un pacto de coexistencia para gobernar. Hay, sin duda alguna, una permisibilidad del Estado en el
sentido de dejar el control de los territorios a la delincuencia organizada”.
Exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, alerta que la situación es tan grave que “estamos justo al borde de una guerra civil; vemos el tema de las guardias armadas, autodefensas, acciones de la sociedad… porque la violencia está fuera del control de las instituciones, el control y el gobierno los tiene la delincuencia organizada, lo comenta la gente”.
La realidad es más grave aún, cuando “tenemos en México un territorio ocupado por la Guardia Nacional, mientras la delincuencia organizada es la que mantiene el control y la gobernabilidad territorial del país”.
El defensor insiste: “Lo que vemos es que hay un poder desmedido de la delincuencia organizada que, si bien es cierto se creó en otro periodo de gobierno, actualmente se mantiene y se fortalece con la inacción y la impunidad del gobierno en turno”.
Al lamentar que López Obrador continúa negando la responsabilidad del Estado para garantizar la vida de sus ciudadanos, López Rodríguez dice que el presidente debería responder a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Respecto del anuncio de que en los próximos días presentará la iniciativa para traspasar la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el secretario ejecutivo de la Red TDT lamentó que el interés presidencial esté focalizado en su proyecto político.
“Esta idea de no perseguir, de no enfrentar y no confrontar a la delincuencia organizada manda un mensaje: ‘Pueden existir (los cárteles) siempre y cuando me dejen gobernar’.
“La lectura es que el presidente está más preocupado en que le dejen concluir su periodo de gobierno, en terminar ese sueño que estuvo persiguiendo; la evidencia es que los delincuentes no saldrían a las calles a demostrar su poder de fuego sin la existencia de un pacto con las autoridades de los tres niveles, ciertamente no es López Obrador quien está directamente enviando a los encapuchados y armados a las calles, pero él sabe que la estructura y las instituciones bajo su responsabilidad están permitiendo que esos crímenes continúen realizándose”, agrega Víctor Hugo López.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, organización de ascendencia jesuita, considera que es insatisfactoria la política de seguridad pública del gobierno federal. “No se está actuando a la altura de la expectativa que se despertó”.
También lamenta que el presidente López Obrador considere como motivo de celebración “que estamos estancados en niveles altísimos de violencia y de homicidios; hemos tenidos años con más de 35 mil homicidios y un índice de asesinatos por cada 100 mil habitantes de 25 casos”.
El director del Centro Prodh recuerda que, contrario a la expectativa y a la promesa del actual mandatario, de revisar la política de seguridad, su modelo ha consistido en “la militarización y continuación de la política criminal fallida desde la propia Fiscalía General de la República, de ahí que el balance termina siendo muy negativo. Es preocupante que se quieran presentar cuentas alegres y realidades que no están reflejadas en los territorios, como hoy se ve en el caso de los dos jesuitas”.
Para Aguirre Espinosa cada vez resulta más evidente que, con el despliegue territorial del Ejército y la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, así como la ausencia de la FGR en muchas regiones, “la política de abrazos no balazos está significando un fortalecimiento muy preocupante de los grupos criminales”.
El defensor de derechos humanos advierte que “nadie anhela los balazos sin estrategia, del calderonismo y peñanietismo, pero esta retracción del Estado de sus deberes de garantizar la vida y la seguridad, tampoco es una solución, al final los tres últimos gobiernos han dado exactamente el mismo resultado en su obligación de garantizar la vida y revertir la violencia, que es muy exiguo”.
Ante la insistencia en el discurso presidencial de responsabilizar a las administraciones anteriores, particularmente la de Calderón, por la exacerbación de la violencia, Aguirre Espinoza consideró que “hay un excesivo énfasis en la revisión del pasado para eludir las responsabilidades del presente”, sin que ello se traduzca en procesos legales como se esperaría.
“Desde luego que la revisión del pasado tendría que hacerse, pero eso no tendría que significar abdicar frente al presente, y la realidad es que si las cifras continúan como vamos, podemos estar ante el sexenio más violento de la historia reciente de México, y esa es una realidad que hay que aceptar”, dice el defensor.
Concede que, si bien “pesa la herencia del pasado”, en el presente se tomó la decisión de entregar la seguridad nacional al Ejército. “Eso convierte a este gobierno en responsable del deterioro de la seguridad” al dejar de lado el fortalecimiento de las policías locales, al desmantelar el aparato de inteligencia civil, “que sin duda tenía que revisarse, pero se le entregó todo a la Sedena y claramente esa apuesta no está dando resultado”.
La fórmula resulta aún más fallida cuando en el contexto de violencia el presidente decide colocar a Clara Luz Flores al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expone el activista.
Clara Luz es excandidata de Morena al gobierno de Nuevo León y también estuvo vinculada a la secta estadunidense Nxivm.
“Lo que sigue imperando en la visión de seguridad es un criterio de política electoral, por lo que esta figura pueda representar en votos y en operación política hacia 2024 en Nuevo León, y no en perfiles técnicos y solventes en materia de seguridad; ese es parte del problema”, agrega Santiago Aguirre.
Aguirre. Crítica a la militarización de la 4T
DIANA LASTIRI
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene identificados a 10 probables responsables por el caso Ayotzinapa; todos están prófugos en el extranjero.
La FGR emitió órdenes de aprehensión y las autoridades realizan las diligencias para lograr las capturas de esos 10 probables responsables, entre quienes hay policías federales, estatales y municipales que pudieron tener participación en la desaparición de los 43 normalistas o cometieron irregularidades en la investigación del caso.
El pasado lunes 20 la FGR intentó formular imputación contra uno de los funcionarios investigados por dichas irregularidades, con las que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, construyó la “verdad histórica” que intentó fijar la versión de que en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron secuestrados por integrantes de Guerreros Unidos, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero.
CASO AYOTZINAPA UNA INVESTIGACIÓN ATORADA POR LA TORTURA
Las investigaciones realizadas sobre el caso Iguala por la vieja PGR quedaron en el limbo debido a diversas omisiones e irregularidades. Una de ellas: las declaraciones de los imputados fueron arrancadas mediante tortura, tal como acreditó un tribunal colegiado. Nada hay que sostenga la “verdad histórica” según la cual los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula. En tanto, la FGR identificó a 10 probables responsables del caso e incluso emitió órdenes de aprehensión contra ellos… pero todos están prófugos.
Pero a la audiencia celebrada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el investigado no compareció: afirmó padecer covid-19 y tener dificultades respiratorias.
Se trata de Ignacio Mendoza Gandaria, exmando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, actualmente trabajador del Centro Nacional de Inteligencia, a quien la FGR intentó imputar por desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
Según las investigaciones, Mendoza Gandaria estuvo presente con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, durante un interrogatorio en el que Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, supuesto integrante de Guerreros Unidos, fue torturado –como otras personas– para confesar su presunta participación en la agresión contra los jóvenes.
En la audiencia, Javier Avendaño Sandoval, abogado de Mendoza Gandaria, solicitó diferir la diligencia al considerar que su cliente no está “física y mentalmente en condiciones” de comparecer.
El juez reclamó al abogado que su cliente no se conectó por videoconferencia, como le había sido autorizado; el jurista dijo no tener conocimiento de las razones de su cliente. Delgadillo Padierna le dio 48 horas para entregar a la FGR la prueba de que padece covid-19.
Durante su intervención, el juzgador advirtió que Mendoza Gandaria incumplió con la obligación que tenía de comparecer en la audiencia, pese a que se le dieron facilidades para conectarse de manera virtual.
Añadió que del informe presentado por la defensa no se desprende la gravedad del estado de salud de Mendoza Gandaria, pero sí que se automedicó y que, conforme a la fecha en que fue diagnosticado con covid-19, ya excedió el tiempo recomendado por la Secretaría de Salud para mantenerse en aislamiento, por lo que exhortó a la Fiscalía a investigar incluso al médico que firmó el documento.
Asimismo, autorizó al Ministerio Público federal a solicitar cualquier acción legal que considere conveniente para obligar a Mendoza Gandaria a comparecer, por lo que es posible que la FGR solicite orden de aprehensión en su contra.
Imágenes del interrogatorio en el que la FGR sustenta su acusación de tortura contra el exfuncionario fueron difundidas el 13 de junio de 2020 en un video en el que se observa al interrogado, El Cepillo, sin playera y con el rostro cubierto por una bolsa de tela negra.
De acuerdo con la FGR, Mendoza Gandaria es el hombre que aparece frente al Cepillo mientras Zerón inicia su interrogatorio amenazando: “A la primera mamada que me digas, vamos a cambiar de tono (...) Dime todo lo que sepas de los estudiantes”.
Según las investigaciones, el video fue filmado en enero de 2015 en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial.
Deficiencias de la PGR
A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes, los errores cometidos por la administración de Murillo Karam para investigar lo que ocurrió siguen sin castigo. Pero la FGR tiene ahora identificadas a 10 personas como probables responsables en la manipulación de las indagatorias.
Fuentes judiciales confirman a Proceso que todos permanecen prófugos, incluidos algunos que han sido localizados en el extranjero, como el propio Zerón de Lucio.
Las deficiencias de la PGR en el caso Iguala no son desconocidas, pues además de las constantes denuncias de los padres de los 43 normalistas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018 un tribunal colegiado en Tamaulipas emitió tres sentencias de amparo en las que enumeró las diversas violaciones cometidas por la institución.
Todas estas irregularidades derivaron en la orden de reponer el procedimiento desde antes de consignar las averiguaciones previas y hasta el momento en que los detenidos realizaron sus declaraciones preparatorias.
La mayoría de las investigaciones iniciadas por la FGR contra los funcionarios, de diferentes instituciones, implicados en estas irregularidades están radicadas en la Ciudad de México; sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha logrado formular imputación contra ninguno de los implicados.
Una de las primeras irregularidades observadas por el Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas fue que para imputar a los primeros detenidos por la desaparición de los normalistas, entre ellos El Cepillo, los padres de los jóvenes y otras víctimas no fueron llamados a juicio para hacer valer sus derechos.
La PGR argumentó que no había necesidad de llamar a víctimas porque estaban plenamente representadas por el Ministerio Público federal; sin embargo, el colegiado indicó que sí era necesario notificar a las víctimas.
“Hoy en día la víctima u ofendido tiene reconocida su calidad de parte, y como tal debe ser llamado al procedimiento penal”, explicaron los magistrados.
Precisaron que entre las víctimas, además de los 43 normalistas desaparecidos, los fallecidos en el lugar y quienes resultaron lesionados de gravedad, también deben ser considerados con tal calidad los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, la mujer que viajaba en un taxi y que perdió la vida en el fuego cruzado y el chofer de uno de los camiones atacados que también falleció.
Dichas muertes, indicaron los magistrados, tienen “características propias de ejecuciones extrajudiciales”.
De igual manera, el Colegiado determinó que los familiares de todas las víctimas deben ser reconocidos con esta misma calidad, razón por la que ordenó también la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que trabajaría directamente con intervención de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el GIEI para coadyuvar en la investigación. Declaraciones ilegales
Los magistrados indicaron que la PGR, indebidamente, consideró algunas declaraciones de los coacusados como confesiones y
otras como testimoniales, sin sujetarlas a las reglas establecidas en la ley para examinar a testigos e inculpados.
Y es que cuando una persona declara como indiciada o inculpada en un procedimiento penal, tiene derecho a no declarar y debe estar asistido de un abogado, mientras que el testigo no tiene derecho a reservarse datos y puede estar acompañado de un abogado, aunque ello no es indispensable.
Estas declaraciones fueron las que la PGR utilizó para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del Cepillo y otros supuestos integrantes de Guerreros Unidos en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Cinco de las declaraciones en las que los inculpados no reconocieron haber cometido delitos, pero sí señalaron a otros de ser responsables de los hechos, fueron tomadas por la PGR como confesiones.
Entre las declaraciones analizadas por los magistrados surgieron divergencias en las narraciones que realizaron sobre lo ocurrido en cuanto a los horarios de cada hecho, quién conducía el vehículo en el que se llevaron a los estudiantes al basurero, cuántos llegaron al lugar vivos y cuántos muertos, la participación de policías municipales, entre otras.
Las principales irregularidades observadas fueron actos de tortura que el Ministerio Público federal omitió investigar pese a que había evidencia de su existencia.
Para el año del dictado de la sentencia del Colegiado (2018), había 63 personas detenidas por el caso Iguala, de las cuales en 51 había indicios de tortura, según el informe del GIEI.
En la sentencia, los magistrados analizaron varios de estos indicios de tortura, desde demoras en la puesta a disposición del Ministerio Público con justificaciones que no se sustentaban conforme a las reglas de la lógica, como el caso de tres de los detenidos que fueron puestos a disposición 11 horas y media después de que fueron aprehendidos por agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina.
Los agentes justificaron esto porque “se ponchó una de las llantas” de uno de los vehículos del convoy en el que fueron trasladados desde Cuernavaca a la Ciudad de México, a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la PGR.
Los detenidos presentaron lesiones pese a que, cuando se les puso a disposición, los elementos que los detuvieron no narraron la existencia de algún episodio de sometimiento en el que tuvieran que utilizar la fuerza contra ellos. Al analizar los dictámenes médicos de esas tres personas –que integran la averiguación previa–, los magistrados advirtieron que pudieron haber sido víctimas de tortura.
“La autoridad responsable debió analizar lo relativo a la demora en la puesta a disposición, a fin de determinar si estuvo o no justificada; también debió analizarse el aspecto relativo a las lesiones que presentaron los declarantes”, precisaron.
Recordaron que ya no es necesario que las víctimas denuncien este tipo de actos para que sean investigados en el momento en que se adviertan indicios de que hubo tortura, pues incluso el Estado mexicano ya fue condenado en cinco ocasiones por no investigar ese tipo de conductas.
“La constante condena y la reincidencia de nuestro Estado dan cuenta de la necesidad de emprender un acucioso estudio tocante a cualquier indicio o manifestación de tortura, máxime que, se insiste, en el presente caso, tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, se tuvieron por acreditadas mediante declaraciones autoincriminatorias”, señalaron.
De las 21 pruebas presentadas por la PGR para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los detenidos y con ello lograr el dictado de auto de formal prisión contra todos, 19 son declaraciones y de esas 16 son autoincriminatorias y tres imputan a otros coinculpados.
En las constancias, los magistrados advirtieron que varios de los detenidos no tenían lesiones según los primeros dictámenes médicos, pero luego de permanecer bajo la custodia de elementos de la PGR para ser puestos a disposición del Ministerio Público federal se realizaron otros dictámenes en los que ya presentaban diversas lesiones.
A pesar de ello, la PGR no ordenó la realización de una investigación conforme al Protocolo de Estambul, sino hasta que los mismos imputados ejercieron acciones legales para que se investigara la tortura que alegaron haber sufrido.
La resolución del Colegiado da cuenta de cómo los defensores adscritos al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) no exigieron la investigación de actos de tortura ni hicieron nada para evitar que las declaraciones de sus defendidos fueran autoincriminatorias ni que se calificaran de legales aquellas declaraciones que emitieron sin que estuviera presente ni defensor ni abogado particular.
Por ello, los magistrados ordenaron dar vista al entonces director del IFDP para evaluar su desempeño y, en caso de ser necesario, tomar las acciones correspondientes.
El ministro presidente de la Suprema Corte dio a conocer que el IFDP fue notificado en febrero de 2019 de la orden del Colegiado y derivado de ello fueron cesados los nueve defensores que intervinieron en esa etapa de la investigación. A lgunas acciones de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron exhibidas de nueva cuenta en grabaciones relacionadas con casos en los que se quieren simular resultados de la lucha anticorrupción impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Una vez más fueron filtradas conversaciones telefónicas del fiscal Gertz Manero. En un caso, sobre los procesos penales contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; en otro, un empresario confirmó la extorsión cometida desde la FGR para obtener recursos que posteriormente fueron presentados como resultados de la lucha anticorrupción.
El pasado jueves 23 fueron dados a conocer en redes sociales audios de supuestas conversaciones telefónicas entre Gertz Manero, el subprocurador Juan Ramos y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre las negociaciones realizadas para allanar el camino al exfuncionario en los procesos penales que enfrenta.
En uno de los audios se escucha una conversación en la que Gertz le reclama a Lozoya Thalmann la tramitación de un amparo por parte de la defensa del exdirector de Pemex.
En la conversación, el fiscal le exige a Lozoya Thalmann sacar al abogado del caso –el jurista Javier Coello Trejo, según él mismo admitió en Univisión–, quien asumió la defensa del exfuncionario incluso desde antes de que éste se fugara.
Alejandro Gertz Manero (AGM): –Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de…
Emilio Lozoya Thalmann (ELT): –No, no, no.
AGM: –Bueno, me acaban de notificar.
ELT: –Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.
AGM: –Nada más para que no vaya a haber un… yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?
ELT: –Para nada.
AGM: –Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese.
ELT: –Por eso lo puse en orden ayer, le pido una altísima disculpa y lo voy a reparar ahora en unos minutos.
AGM: –Que se desista de inmediato porque así yo no juego, ¿eh?
ELT: –Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste.
