Taibo II a la cúpula de su partido: Democracia interna, si no, “jubílense” /Arturo Rodríguez García

Para Paco Ignacio Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica, no hay prisa por definir la candidatura presidencial de Morena. En entrevista considera que los destapes adelantados parecen enviar el mensaje de que ya terminó el tiempo del presidente López Obrador; se inconforma con las encuestas abiertas, reitera su crítica al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, debido a la ausencia de democracia interna en su partido y llama a “reconstruir” en éste “la estructura democrática”.

TAIBO II A LA CÚPULA DE SU PARTIDO: DEMOCRACIA INTERNA, SI NO, “JUBÍLENSE”

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

La lucha de facciones en Morena es previsible y el escritor Paco Ignacio Taibo II identifica dos motivos para que eso ocurra: la falta de democracia interna en el partido gobernante y el adelanto de la sucesión presidencial de 2024.

“El riesgo de adelantar en exceso las precandidaturas presidenciales –afirma– es ir creando tomas de partido y posiciones, y esto significa confrontar a los candidatos y a las bases que los apoyan. Creo que no hay urgencia, no hay prisa en definir la candidatura presidencial ni mucho menos.”

Veterano de las militancias de izquierda, fundador de Morena y una autorizada voz crítica al interior, Taibo se declara en una situación incómoda por su trabajo como titular del Fondo de Cultura Económica, sin embargo dice: “Como miembro del partido, tengo una opinión y la digo”.

En esa calidad, en entrevista con Proceso reitera su preocupación:

“Hay que dar el espacio que Andrés Manuel necesita para seguir dirigiendo este

José Manuel Jiménez Rodríguez

Delgado y López. Instrucciones

EN EDOMEX, ENCUESTAS POR ORDEN PRESIDENCIAL

JOSÉ GIL OLMOS

Apesar de que falta más de un año para la elección en el Estado de México y Morena tienen ventajas, los barruntos de una fractura hicieron que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamara a los siete aspirantes a la candidatura a una reunión el martes 21 en sus oficinas. Allí, acompañado por el dirigente de Morena, Mario Delgado, transmitió la orden presidencial de que se decidirá al candidato o candidata a través de un par de encuestas.

El operador político de López Obrador fue enfático en la exigencia de unidad a todos los aspirantes para no ser derrotados en esta elección, que es clave para los fines de dominio político electoral del presidente y de Morena, de manera previa a la elección presidencial de 2024.

A la junta acudieron los tres integrantes del grupo Texcoco: el senador Higinio Muñoz; la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y el administrador de aduanas, Horacio Duarte. También estuvieron presentes la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez; el de Ecatepec, Fernando Vilchis; y el director del ISSSTE, Pedro Zenteno.

El séptimo convocado fue Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien no pudo acudir por cuestiones de salud.

La reunión no fue tersa, señalan varias fuentes presenciales que accedieron a informar a Proceso. Y aunque fueron convocados bajo la idea oficial de que se trataba de elegir al coordinador de los comités de defensa del voto en la elección del Estado de México, en los hechos fue para dictar las reglas que se aplicarán para elegir a la candidata o el candidato de Morena en los comicios del año entrante.

El secretario les informó que la ultima semana de junio se dará a conocer la convocatoria para que se inscriban los interesados. En julio se realizará una primera encuesta de la cual saldrían los aspirantes más fuertes, y de esos, mediante una nueva encuesta, saldría el ganador o ganadora. El resultado se haría público el 20 de julio.

Una de las fuentes consultadas señaló que el secretario de Gobernación, acompañado por Mario Delgado, les explicó a los aspirantes que deben ajustarse a las reglas del juego y aceptar sin reclamos ni reservas el resultado de las encuestas, las cuales serían abiertas y no sólo a militantes.

Cada uno de los seis asistentes habló de su trabajo y aceptó las reglas, pero el senador Higinio Martínez hizo una propuesta distinta: que antes o mientras se realizara la primera encuesta se podría llegar a un acuerdo entre los participantes. Es decir que si entre los participantes surge el consenso de que uno de ellos sea el candidato o candidata, ya no sería necesaria la encuesta final.

Iniciativa desdeñada

La propuesta de Martínez fue realizar algo parecido a lo que se hizo en Sonora, donde los aspirantes llegaron a un acuerdo para que el candidato fuera Alfonso Durazo y ya no hubo la necesidad de encuesta.

El legislador ya había lanzado esta iniciativa en sus eventos de precampaña de las primeras semanas de junio, sin tener una respuesta de sus compañeros texcocanos. Su idea es que, igual que en la elección pasada, haya un consenso entre los integrantes del grupo Texcoco –que él encabeza y en el cual están Delfina Gómez y Horacio Duarte– para que de entre ellos salga el candidato de Morena.

No obstante, al plantear su propuesta ante el secretario de Gobernación y el líder de Morena, ninguno de los otros cinco asistentes a la reunión (incluidos Gómez y Duarte) la secundaron.

“Si existe esa posibilidad, está en los estatutos. Pónganse de acuerdo ustedes seis y nos avisan sin problema. Si no hay un acuerdo, se abre la convocatoria y que todos participen”, contestó Mario Delgado.

Tanto el secretario de Gobernación como el dirigente de Morena señalaron que no había dados cargados, sino piso parejo, “lo que provocó caras enojadas y caras alegres”, señala una de las personas consultadas. Uno de los molestos fue el senador Martínez.

país, no limitarle su salida y sus posibilidades de seguir proponiendo, confrontando, lanzando iniciativas sobre temas fundamentales que hoy están todavía sobre la mesa: el problema de la minería, el agua y tantos más que trae en la cabeza. Hay que dejarlo. Es como si dijéramos: ya se terminó tu tiempo, Andrés, ya vienen los futuros candidatos a la Presidencia. ¡No! ¿Cómo que se terminó su tiempo? Tenemos dos años de batalla todavía.”

–Pero quien adelantó los tiempos de la sucesión fue el propio Andrés Manuel –se le comenta. –Me preguntas qué opino y yo digo que no hay prisa –ataja.

La dirigencia y el manejo interno

En noviembre pasado la intervención de Paco Ignacio Taibo II en el Consejo Nacional resonó por su dureza: en síntesis reclamó abandono de la militancia, no practicar principios, falta de democracia interna y, finalmente, llamó al presidente del partido, Mario Delgado, a renunciar si no podía con la tarea. –¿Mantiene las críticas a Mario Delgado? –Mantengo una básicamente, que es reconstruir la estructura democrática del partido. Colaboren con eso, si no pueden, jubílense, total, hay chamba por todos lados.

Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac, dijo en entrevista que en la reunión se abrió la oportunidad a otros aspirantes y no se quedó sólo en el grupo Texcoco:

“Se hizo un llamado a la unidad. Tuvimos la oportunidad de hablar cada uno de los asistentes. Yo manifesté que estaba muy contenta y tranquila de ver la apertura que se daba en igualdad de condiciones y que no esperaba menos del movimiento, principalmente porque se habían publicado muchas versiones de que sólo había tres aspirantes de Texcoco; sobre todo en estos tiempos de democracia y de apertura total, en los que cualquier cuadro político puede presentarse y competir en las mismas condiciones que todos.

“Además dije que las mujeres estamos en mejores condiciones de ganar porque los mexiquenses ya propugnan por tener a una gobernadora. Nosotros aceptamos las reglas y vamos con entusiasmo a cumplirlas para salir triunfantes de este primer filtro”, destacó la integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México.

Gutiérrez, quien ha sido candidata del PRD y Movimiento Ciudadano en pasadas elecciones municipales, es con Delfina Gómez una de las mujeres que buscan la gubernatura mexiquense por Morena. El pasado domingo 19 el senador Higinio Martínez, en un evento que organizó como parte de su precampaña, la invitó a sumarse a una candidatura por consenso, pero Mariela Gutiérrez pintó su raya en la reunión en Gobernación y manifestó su deseo de participar en la encuesta.

“Me parece una gran oportunidad para demostrar que somos diferentes, que pugnamos por la transformación y estamos dispuestos a ir a una encuesta porque nos posiciona a todos por igual. Eso demuestra que Morena no es como los otros partidos, con sus tribus, y tampoco que se toman las decisiones desde el escritorio”, señala Gutiérrez.

Para ella, la reunión con Adán Augusto López y Mario Delgado fue positiva para tener la certeza “de que no hay dados cargados hacia ningún lado y todos partimos del mismo piso para participar y esperar los resultados”, reitera.

opinión, es incompatible tener un partido “cuya oferta a la nación es construir la democracia nacional” y al mismo tiempo “no practicar los caminos de una absoluta y transparente democracia interna”. En ese sentido, agrega, “quién dirige es secundario, pues hay cosas fundamentales en el corto plazo”.

Un primer aspecto es que debe reunirse el pleno sistemáticamente, pues Morena lleva años sin que el comité se reúna. Además, advierte, debe haber comités estatales y municipales ratificados por la militancia para que tengan voz, opinión y capacidad de convocatoria.

Luego, pasa a un tema relacionado con la identidad del partido y sus militantes: las polémicas encuestas. Taibo sostiene que, aun sin dudar de la honestidad de quien realiza las encuestas, éstas están formuladas de tal manera que registran popularidad y no adhesión a los principios del partido.

“O sea, si tú encuestas abiertamente quién debería ser candidato de Morena en el Estado de México, la haces abierta, le preguntas al panista que va pasando, o al que no le interesa, ese te va a decir pues el que menos atractivo tenga desde el punto de vista de Morena o va a reflejar qué tantos espectaculares ha colocado alguien en los últimos meses haciendo autopropaganda. Son encuestas que reflejan popularidad, no la voz de la izquierda, la militancia ni los simpatizantes.”

La cuestión es que debe ser un sistema de encuestas en el que se pregunte a los que quieren ser representados en las candidaturas quién les parece el más afín a lo que creen y piensan, dice.

“Me parece un delirio que encuestes telefónicamente sobre una base de datos

Sheinbaum. Anticipación

Además expresa un aspecto relacionado con la legitimidad: “El tema no creo que sea cambiar la dirección, quitarla, ponerla, sino que la dirección que surja de estos procesos democráticos sea verdaderamente democrática y refleje la opinión desde abajo. Ya toca la hora de que en Morena la gente pueda decir: no me dirigen los que yo quiero pero legalmente llegaron a dirigirme y democráticamente ocupan el lugar que ocupan”.

El entrevistado es persistente. En su

que es representativa de la población que tiene teléfono, pero no es representativa de Morena. Hay que preguntarle a la militancia qué quiere y cómo quiere. Creo que problemas como éstos y el camino a la reconstrucción de los comités nacionales, un consejo nacional y un congreso son fundamentales para además eliminar lo que es previsible, que es la lucha de facciones y grupos. –Las encuestas han posicionado a expriistas o expanistas. ¿Ese es el problema? ¿El riesgo de una cuarta transformación del PNR?

–Yo diría que el mecanismo que se ha aplicado con las encuestas, aunque en términos generales con la encuesta estoy de acuerdo, es un mecanismo que privilegia popularidad, capacidad de autodifusión, y no la representatividad y adhesión a los principios de un partido de izquierda.

Para Taibo, un problema adicional es que los procesos internos de Morena “están cruzados de una manera mafiosa” por el Instituto Nacional Electoral, por lo que afirma: “Hay que sacar al INE de estos procesos internos. No podemos tener como árbitro a una institución que de árbitro no tiene nada”.

Ebrard. Previsible

José Manuel Jiménez Rodríguez

Estructuras y facciones

Desde hace meses los aspirantes a la sucesión presidencial construyen sus propias estructuras. La dilación en el proceso de reafiliación, entrampado desde septiembre, así como la renovación de comités estatales y municipales propició un activismo primero soterrado y desde mayo más abierto, que tuvo su expresión más clara en la concentración del 11 de mayo en Toluca.

Ese día Delgado anunció el proceso de reafiliación y la renovación de la estructura morenista, pero para entonces los aspirantes presidenciales –bautizados por el presidente López Obrador como “corcholatas”– desplegaron sus estructuras con espectaculares, pancartas y porras. Así lo hicieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el de Gobernación, Adán Augusto López, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Semanas antes empezaron a tener presencia pública expresiones como el llamado “Consorcio 4T” y para el 26 de junio se espera una concentración similar en la Comarca Lagunera.

De hecho, el pasado lunes 20 Delgado hizo un llamado a “corcholatas y corcholatos” para que no contaminen el proceso de reesctructuración interna pues, dijo, nada tiene que ver con la selección de candidato presidencial, toda vez que será designado por encuesta.

Ante ese contexto, el entrevistado responde a pregunta expresa sobre el riesgo de fracturas: “Siempre las ha habido, desde la era del PRD. Las corrientes, los grupos, los grupos de intención, los grupos apoyo a X o Y. El problema es permitir que el partido construya democracia interna para que se expresen y no tengan que navegar como piratas, enmascarados”.

Para Taibo la ruta es clara: deben reconstruirse los comités municipales, los estatales, nacionales; llevar a cabo la reafiliación, renovar el Consejo Nacional, celebrar un Congreso, tener una dirección elegida, y todo con un sistema democrático por la vía de encuestas directas a simpatizantes para la elección de candidatos. –¿Están en esa ruta? –Esperemos que estén navegando en ese rumbo. La reflexión se produce construyendo democracia. No me preguntes quién sería mi candidato ideal para la presidencia de Morena, si lo tengo me lo callo. No voy a intervenir de ninguna manera en precandidaturas cuando mi lógica es: demos tiempo a que el presidente y los gobiernos estatales desarrollen su poder, sus propuestas, su interacción con el pueblo y reconstruyamos la democracia interna del partido.

A dos años del atentado que sufrió en Reforma, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, afirma en entrevista que se está recuperando, aunque su vida ha cambiado desde entonces. Y aunque admite que los delitos, el narco y la corrupción siguen presentes, sostiene que la estrategia del gobierno capitalino está funcionando. Sobre la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno en 2024, no se descarta, pero dice que por ahora no lo distrae de su misión. GARCÍA HARFUCH LA CAPITAL, “JOYA DE LA CORONA” PARA EL NARCO

SARA PANTOJA

Este domingo 26 se cumplen dos años del atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, y que casi le cuesta la vida. Y aunque es uno de los pilares de la estrategia que coloca a la capital mexicana como una de “las más seguras del mundo”, en el proceso penal del caso sólo hay 14 personas vinculadas a proceso de las 25 detenidas; ninguna está sentenciada y faltan más de 10 por ser aprehendidas, presuntas integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que el propio jefe policiaco señala como autor del ataque.

A dos años de aquella mañana, el funcionario detalla a Proceso algunos avances en el juicio y las secuelas físicas que aún padece. No obstante, prefiere dar más

peso a lo hecho en la SSC a partir de entonces, incluido el combate a los cárteles de la droga que operan a nivel nacional y tienen actividades en la capital. También reconoce los pendientes que la dependencia tiene con los capitalinos y define su postura ante quienes ya lo avizoran como posible jefe de Gobierno en 2024.

Desde su oficina en el piso 12 de la SSC, García Harfuch dice que pronto comparecerá ante el Ministerio Público para que continúe el juicio contra quienes le dispararon más de 400 balas de distintos calibres y granadas de fragmentación, que provocaron la muerte de sus escoltas Édgar González y Rafael Ocampo, así como de Gabriela Gómez, comerciante mexiquense, aquel viernes de 2020, a las 6:32 de la mañana en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Sé que todos los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por homicidio y tentativa de homicidio… Están vinculados a proceso con prisión preventiva oficiosa. Y la Fiscalía (General de Justicia de la Ciudad de México) ha hecho un extraordinario trabajo en verdaderamente probar la participación de cada uno de los detenidos”, asegura.

Además de que la FGJCMDX asegura que sólo hay 14 personas vinculadas a proceso, el funcionario subraya: “Hay otra persona que estaba ahí, que yo identifico plenamente y todavía no está detenida. Faltan por capturar más de 10 personas, todas involucradas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

Aquel día, antes de entrar al quirófano en un hospital privado para recibir atención médica, García Harfuch fue directo al señalar –en su cuenta de Twitter– a quien él consideró el autor del ataque: “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”.

Entre los procesados está quien se identificó como José Armando Briseño de los Santos, alias El Vaca, presunto jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco, y posiblemente involucrado en la ejecución de dos ciudadanos israelíes en julio de 2019 en la Plaza Artz.

De aquel ataque, perpetrado cuando apenas llevaba ocho meses al frente de la SSC, García Harfuch dice que físicamente se siente “mejor”, pues hace un año casi no podía hacer ejercicio, pero se ha recuperado y hace un mes recuperó más movimiento en la rodilla. “Creo que ya en un año voy a estar completamente como si nada”, confía.

Se trata de la rodilla izquierda que le operaron dos veces en menos de 48 horas y donde aún tiene alojada una bala que los médicos no pudieron sacar. “Tiene todo un anclaje, se ve una cantidad de alambres”, describe. En el brazo derecho le quedó una ligera limitación de movimiento por la placa metálica y los 27 tornillos que le colocaron. En la mano ya sólo tiene las cicatrices de un disparo con entrada y salida y de algunas esquirlas.

En su entorno personal y como funcionario también cambió su situación, pues reforzó su seguridad, los vehículos que utiliza y el operativo policiaco que implica; los lugares donde duerme, los actos públicos a los que va, siempre con acceso restringido.

“Hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero que estoy limitado. Es complicado… Mi seguridad cambió totalmente, tan es así que a veces el gabinete es aquí. Antes del atentado, no es que fuera a restaurantes, pero ahorita vivo prácticamente en las oficinas, en distintas sedes de la policía. Y aunque tengo un lugar o dos fuera, vivo bajo limitaciones de movimiento importantes. Pero no lo digo de manera sufrida, estoy aquí por gusto y por convicción. Cuando quiera dedicarme a mi vida personal y hacer vida normal, lo puedo hacer, nada más que dejo de ser secretario”, asegura.

De encabezar operativos, ni pensarlo: “Extraño poder estar más cerca de mis compañeros que se están arriesgando muchísimo todos los días… pero creo que ir a la calle a operar sería más estorbarles que ayudarles. Ellos tienen todo el profesionalismo. Sería un distractor el que yo fuera”.

Miguel Dimayuga

El atentado

Estrategia que sí funciona

García Harfuch asegura que, tras el atentado de junio de 2020, en vez de renunciar y generar “desánimo” en la corporación, se enfocó en aplicar el modelo de seguridad de cuyo buen funcionamiento está “absolutamente convencido”. Pero aclara: “Esto es muy diferente a decir que ‘en la Ciudad de México todo está bien, no hay inseguridad, no pasa nada’. ¡No, de ninguna manera! No estamos defendiendo cifras”.

Lo que quiere explicar, dice, es que dicho modelo es distinto al de otras entidades del país porque existe un mando único: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Agrega que, “cuidando la autonomía” de la FGJ y del Tribunal Superior de Justicia locales, “hay una coordinación absoluta”.

Detalla que antes la estrategia de la policía estaba basada en detenciones en flagrancia, pero ahora hay una Subsecretaría de Inteligencia Policial con facultad de investigar, lo cual implica que, cuando hay un delito, el policía de la calle debe recabar información para pasársela a dicha área y desde ahí comienza la investigación del caso. “Nos sentimos orgullosos, como equipo, de que la ciudadanía y la propia delincuencia vean que aquí hay una policía que opera”, dice.

Otra parte de la estrategia, agrega, es el apoyo de la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional, de la Armada y de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Inteligencia para el combate al crimen organizado. “Contrario a lo que la gente piensa, estamos totalmente apegados a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dice.

Con ellos, presume, se ha logrado la detención de más de 80 líderes generadores de violencia en los últimos meses.

“Lo que la ciudad no hace es esperar a que el gobierno federal venga y resuelva el problema porque es delincuencia organizada. Los principales responsables de la seguridad son las propias entidades federativas. Nosotros somos quienes constantemente les estamos solicitando apoyo (al gobierno federal), pero no es ‘ven y resuélveme’, sino ‘trabajemos juntos, ya tenemos avanzada una carpeta de investigación con la Fiscalía, esto es y necesitamos el apoyo en esto’”.

El jefe de la policía capitalina considera importante que el gobierno federal encuentre “aliados” en gobiernos, policías y fiscalías locales para combatir los homicidios. “¡Es imposible que el gobierno federal pueda abarcar todos los homicidios del país!”

Hay corrupción, pero se combate

Jefe de más de 80 mil uniformados de las distintas corporaciones de la SSC, García Harfuch reconoce que aún hay corrupción en ellas, lo que desalienta a las víctimas de robo a transeúnte o en transporte público para denunciar el delito, y con ello no se refleja en las cifras oficiales.

“Por supuesto que pasa”, dice, pero el área de Asuntos Internos de la SSC envía a agentes que simulan ser víctimas de un delito para atrapar a policías o agentes de la Fiscalía que quieran ofrecerles ayuda a cambio de dinero o de que no denuncien. “La jefa de Gobierno ha dado la instrucción que es: ¡duro con ellos!”. También se colocaron lonas afuera de las agencias del Ministerio Público que dicen; “No te dejes engañar”. Y afirma: “No estoy diciendo que la corrupción ya se acabó, pero definitivamente ha bajado”.

El funcionario considera que otro pendiente en la SSC es seguir mejorando las condiciones laborales de los policías, además del aumento de 45% al salario que ya les han dado por orden de Sheinbaum.

Y aunque defiende la baja de más de 60% en la comisión de homicidio doloso en comparación con 2019, igual que el robo de vehículo en casi 70%, reconoce que falta reforzar el combate al robo en el transporte público “porque es donde más le pega en el bolsillo a la gente más necesitada” y donde también hay cifra negra, pues la gente no denuncia.

Mayor combate a los cárteles

Policía de formación y extitular de la Agencia de Inteligencia Criminal del gobierno federal, García Harfuch conoce cómo opera el crimen organizado y los grandes cárteles en la Ciudad de México, principalmente el de Sinaloa y el CJNG.

Por eso, aclara: “Hay la percepción de que dicen: ‘Si estás asegurando tanto (droga, armas, dinero) es porque hay más’; pero no, es porque se les está pegando. A título muy personal, estoy convencido de que no es que ahorita ya llegaron, ¡no!, siempre han estado, pero ahora se les combate de manera más notoria”.

Según el jefe de la SSC, a ambos grupos se les combate por igual, aunque recientemente ha habido más operativos y aseguramientos contra integrantes del Cártel de Sinaloa, pero defiende que al principio de su gestión y antes del atentado también hubo varios aseguramientos contra el de Jalisco. Explica que los cateos, decomisos y detenciones contra estos grupos se dan según el avance de las investigaciones de sus actividades delictivas.

“Conforme nos vayan saliendo las investigaciones y estén listas y maduras para que ya sea el producto operable, de inmediato vamos a operar sin importar de qué grupo sean”, asegura. Ello implica tener órdenes de aprehensión o de cateo, o bien detenciones en flagrancia. “Un

producto operable también es cuando sabemos que en una bodega tienen droga, armas. ¿Ahí para qué nos esperamos? ¡Metemos cateo y ya!” –¿En la Ciudad de México existe la misma confrontación entre Cártel de Sinaloa y CJNG que existe a nivel nacional? –pregunta la reportera. –Definitivamente no es el mismo. Todos hemos visto el grado de violencia que generan cuando se están peleando una plaza… Aquí la disputa es distinta: sencillamente de ver quién logra trasladar y vender más droga, quién tiene los canales más abiertos, quién tiene más contactos. La Ciudad de México es su centro de distribución. Su mercado siempre va a ser la joya de la corona para el narcotráfico. Lo que pueden recaudar aquí de dinero es impresionante –responde.

Sobre el papel que juegan grupos como la Unión Tepito en esta disputa, explica: “Los grupos criminales de la Ciudad de México siempre han sido muy locales… se asocian o tienen tratos con el que mejor les convenga, no necesariamente con un grupo en especial. Si consiguen mejor mercancía con uno o con otro grupo, es indiferente… Acercamientos tienen todos los grupos, estamos seguros de que tienen contacto, pero de ahí a que se forme una alianza fuerte entre ellos, no”.

Con la mente en la policía, no en la política

El pasado 25 de mayo la empresa Enkoll publicó una encuesta que colocó a García Harfuch como el mejor posicionado para suceder a Sheinbaum en la jefatura de Gobierno en 2024, con 28% de preferencia, por encima de Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa; Martí Batres, secretario de Gobierno, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal.

Días después, Sheinbaum fue con empresarios acompañada del secretario para hablar del combate a la inseguridad, lo que le generó más menciones como posible candidato de Morena, aunque no es militante.

Al respecto, García Harfuch dice que le da gusto que la gente lo pueda “ver en otra pista”, pero endereza la línea y aclara que lo ven así, “primero, porque soy un colaborador de la jefa de Gobierno, soy de un gobierno de Morena. ¿Y por qué me pusieron en las encuestas? (silencio)… pues creo que porque alguien en las columnas lo empezó a mencionar ¡y de ahí a alguien se le ocurrió! ¡No veo otra razón!”, dice y rompe en risas.

La misión que desde octubre de 2019 le dio Sheinbaum, enfatiza, es la seguridad. Y, confiado en que su equipo de mandos policiacos lo ve igual que él, asegura: “Cuando un equipo ve a su jefe distraído, inmediatamente se resiente y la productividad cambia. Creo que justo aquí, en esta secretaría, ¿cuánta gente hay en varias posiciones, están sentados para hacer una tarea y tienen su mente en otra? Nosotros estamos 100% dedicados a la seguridad, al 100%”.

En seguida comenta que si hiciera actividades políticas, en seguida se notaría “Eso no se puede ocultar. Lo que yo siempre he pedido es que la ciudadanía tenga confianza en que su jefe de la policía está haciendo lo que tiene que hacer. Sería muy malo para una ciudad tener un jefe de la policía con la cabeza en otro lado”.

Al preguntarle si descarta buscar algún cargo de elección popular, responde: “Lo que yo no descarto es que me den la oportunidad de trabajar por la seguridad de mi país y de mi ciudad. Me gustaría mucho seguirlo haciendo. Definitivamente creo que hay posiciones donde puedes hacer más por la seguridad que otras”.

COAHUILA MIGRANTES VENEZOLANOS DENUNCIAN

TRATOS INHUMANOS

CAMELIA MUÑOZ

SALTILLO, COAH.— Durante su tránsito hacia territorio estadunidense, miles de migrantes, sobre todo venezolanos, han enfrentado múltiples obstáculos: restricciones para viajar en autobús, abusos policiacos, discriminación del personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Nada los detuvo y a partir del domingo 12, más de 3 mil de ellos empezaron a llegar a la entidad.

Ya en territorio coahuilense, personal del gobierno estatal los obligó a caminar casi 500 kilómetros, desde Saltillo hacia Piedras Negras y Ciudad Acuña, sin justificación alguna.

A pleno sol, con una temperatura de 40 grados, la mayoría de los migrantes recorrió largos tramos de la carretera 57 a pie, pues se les impidió adquirir boletos de autobús en líneas comerciales. De manera inexplicable, los conductores de camiones de pasajeros particulares sí pudieron trasladar a algunos de ellos sin ser molestados por autoridades migratorias o policías estatales ni municipales.

“Todo está muy oscuro”, comenta Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo. No se explica la conducta de las autoridades coahuilenses y federales hacia los migrantes, sobre todo los procedentes de Venezuela.

“Es difícil entender lo que está pasando. No sabemos si efectivamente hay un desorden; si cada quien da una orden diferente o si hay un castigo político desde la federación al estado. No sé si es con fines políticos o realmente es ineficiencia y estas políticas van encaminadas a violentar los derechos humanos”, señala el activista.

El maltrato a la caravana de migrantes demuestra que ni las autoridades federales ni las de Coahuila garantizan los derechos de miles de personas que caminan hacia la frontera con Texas; según los testimonios de los afectados, personal del gobierno estatal y del INM ordenaron no venderles boletos.

Y cuando la reportera solicitó información a los responsables de esa dependencia federal, nadie accedió a ser entrevistado.

El gobierno de Coahuila colocó casi una docena de retenes en la entidad para impedir el avance de los migrantes que iban en los camiones, pero ninguna autoridad obstruyó el paso a quienes llegaban caminando a la frontera.

El director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, no se explica la actitud hostil de las autoridades de Coahuila y federales hacia los migrantes procedentes de Venezuela, quienes han sorteado innumerables obstáculos en su tránsito hacia Estados Unidos. Según testimonios, agentes de Migración les impidieron abordar autobuses para recorrer el tramo de la carretera federal 57, por lo que tuvieron que cubrirlo a pie. Varios de los afectados comentan a Proceso que, pese a que no pretenden quedarse en México y mostrar su permiso de situación migratoria regular, personal del gobierno estatal y de migración ordenaron no venderles boletos.

Para el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, esa conducta es un claro abuso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, cuyo gobierno “es una vergüenza”.

“Yo no sé para quién gobierna. No sé para qué acepta el salario, para qué acepta el cargo. Si aquí violó los derechos al cerrar una plaza en Saltillo, qué no va hacer con los extranjeros. Es una vergüenza”, reiteró.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales Valdés, asegura que no hay observaciones para las autoridades estatales, aunque abrió una investigación por lo ocurrido en el municipio de Nava, donde migrantes hondureños denunciaron que policías aventaron a una mujer de una de las tres patrullas en la que los transportaban con engaños. Los afectados, por su parte, aseguran que seis de sus compañeros están desaparecidos.

Para el ómbudsman estatal, corresponde al INM “valorar si cuentan con el permiso adecuado para estar en la zona fronteriza”, pues, dice, “fue esa dependencia la que emitió un oficio con esa petición a las empresas para que no vendieran los boletos y verificar esa condición migratoria. Nosotros sólo somos observadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se ha hecho presente”.

En protestas que organizaban, así como en los lugares por donde pasaban, los migrantes mostraban sus permisos. La parte frontal de la tarjeta verde obtenida en Chiapas –que Proceso pudo revisar– incluye la leyenda de que los documentos se expidieron “por razones humanitarias” para acreditar su “situación migratoria regular en México y permite entradas y salidas múltiples”.

Esos documentos han sido recibidos de manera discrecional por las autoridades en la frontera norte, lo que genera confusión entre quienes los recibieron en Chiapas, cuando se internaron en territorio nacional.

Caos migratorio

En los retenes ubicados en los límites con Nuevo León, en los de Monclova y la región carbonífera no hay presencia del INM. Las revisiones a las unidades del transporte de pasajeros están a cargo de elementos de la Policía Civil de Coahuila, quienes el lunes 13 cerraron el paso a los autobuses que trasladaban a los migrantes y los obligaron a retornar a Monterrey o Saltillo, desde donde salieron.

Los pasajeros descendieron de las unidades y se enfrentaran con los uniformados. Luego reanudaron su peregrinaje sobre la carretera federal 57. Los días posteriores comenzaron a circular fotografías de hombres cargando niños de dos a seis años, así como a mujeres embarazadas y adolescentes, fastidiados de caminar bajo los rayos del sol.

El director general de coordinación de oficinas de representación del INM, Héctor Martínez Castuera, declaró que los permisos que llevaban los migrantes no eran válidos para transitar por los estados fronterizos. No obstante, la dependencia federal no llevó a cabo ningún operativo para asegurar a los migrantes. De los casi 3 mil que habrían pasado por Coahuila sólo hizo dos vuelos para llevar a Villahermosa a unas 250 personas, de origen centroamericano, principalmente.

Alonso Garza Treviño, obispo de Piedras Negras, quien fue nombrado vocero de la Provincia Eclesiástica de Monterrey, en la cual participan los obispos de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; Linares y la capital de Nuevo León, así como de Saltillo, Coahuila, cuestiona esa versión:

“Tengo copias de esos documentos. Los tengo en mi poder y en ningún lado dicen que no pueden llegar a los estados fronterizos. No sé si es verdad o si alguien lo inventó. Si es verdad, está muy mal que cuando están en Chiapas no les digan eso.”

Garza Treviño agrega que las autoridades deben saber que los migrantes buscan llegar a Estados Unidos; “como mexicano, me atrevo a suplicar” que se les explique la situación; “se me hace inhumano y altamente injusto lo que se les hace a los migrantes”.

En algunos casos los migrantes tuvieron que pagar hasta 2 mil 500 pesos por un boleto que no les sirvió para llegar a la frontera.

EN EL NORTE, SÓLO VEJACIONES

LUCIANO CAMPOS GARZA

MONTERREY, NL.— En su recorrido por los estados del noreste los migrantes venezolanos sólo encuentran la indefensión. Ninguna autoridad los auxilia; los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas advirtieron incluso que no les permitirán llegar a la frontera con Texas, debido al acuerdo de entendimiento que firmaron con su homólogo de estado, Greg Abbott, para contenerlos en territorio nacional.

En Coahuila, el mandatario Miguel Riquelme ha incurrido en violaciones constitucionales y a la Ley de Migración relacionadas con el libre tránsito y la protección de derechos de extranjeros en el país, sostiene el abogado Luis Valencia Puente, especialista en derecho migratorio.

Centenares de venezolanos que integraron las dos caravanas que partieron de Monterrey hacia Piedras Negras, Coahuila, para entregarse en Eagle Pass a las autoridades de Estados Unidos en busca de asilo tuvieron que recorrer a pie casi 400 kilómetros.

Esta es la segunda oleada masiva reciente de migrantes, luego de que el 19 de septiembre de 2021 arribaron a esta capital miles de haitianos. Los venezolanos pernoctaron en la Central de Autobuses de Monterrey, sin saber a dónde ir. Muchos de ellos iban en autobús directo a Acuña y Piedras Negras, pero fueron desviados en su paso por Saltillo y enviados de regreso.

Se asentaron varios días en la terminal camionera para dormir en el vestíbulo y bajo las butacas, en las salas de espera. El martes 14, varios de esos venezolanos se cosieron la boca con hilo y aguja para llamar la atención sobre las vejaciones de que son objetos en territorio nacional.

Wendy dice que el 2 de mayo salió de su casa en Táchira, poniente de Venezuela, junto a su esposo José Armando y su hijo Ericksen, y tres personas más. Como esa área fronteriza es controlada por criminales, se dirigió a la frontera sur de México. Llegó en barco y la ha recorrido a pie y en camión, dice.

Yace en el piso de la estación, junto a centenares de compañeros que se aprestaban de emprender el recorrido a pie hacia Piedras Negras. Lo que quieren es llegar, dice. Discriminación en Nuevo León

El gobierno de Nuevo León pidió a los migrantes no viajar hacia este punto, buscando cruzar el río Bravo, pues se les impediría el avance por el acuerdo establecido por el gobernador de Texas, Greg Abbott, con sus pares mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A cambio de que contuvieran el flujo de extranjeros que buscaban asilo en Estados Unidos, Texas aligeraría las revisiones carreteras a automóviles de pasajeros y vehículos de carga, procedentes de esas entidades, para que el procedimiento demorara minutos y no horas (Proceso 2379).

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos documentó que la más reciente caravana de migrantes, niños incluidos, son objeto de discriminación por empresas de transporte que no les venden boletos, pese a que la mayoría cuenta con la Forma Migratoria Múltiple (FMM) que les permite transitar por territorio nacional.

El organismo pidió a Migración que les informe a los extranjeros los alcances de la FMM, y a la Profeco que investigue denuncias contra empresas que no les han prestado servicio. La denuncia fue ignorada.

Luis Valencia, director jurídico de Casanicolás, refugio de migrantes ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Guadalupe, dice que la mayoría de los venezolanos que viajan a la frontera tienen en regla su condición de estancia en México con visa humanitaria o el salvoconducto que les permite estar 30 días en México.

Algunos portan, además, constancia de reconocimiento de condición de refugiados que expide la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o documento de residencia permanente.

De la Ley de Migración dice, se está violando en esta crisis el artículo 35, que da el derecho a entrar y salir del país si los ex-

Sin embargo, ese lunes 13, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, señaló que las autoridades estatales dieron la orden de no permitirles a los migrantes abordar unidades en las centrales de autobuses después de que el INM les informó que con los permisos emitidos los migrantes no deben llegar a los estados fronterizos.

“Se dio la advertencia: no pueden vender boletos (a los migrantes) si (éstos) no demuestran su estancia legal en el país”, dijo Fuentes Hernández. La orden impidió a los migrantes abordar un autobús.

El mismo lunes 13 por la noche y tras protestas en distintos puntos de Saltillo, incluida la que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, el fiscal de delitos contra Migrantes, Vidal González Orozco, dio salida a 176 venezolanos que viajaron en cuatro autobuses, previo pago.

Y aun cuando los migrantes rechazaron dar la identificación de a quién le pagaron alrededor de 800 pesos para trasladarse a Piedras Negras, una de las personas que organizaba el abordaje a las unidades era Amber Carpenter, quien se identifica como defensora de los derechos de los migrantes y es representante del albergue Casa Alegre Hogar del Inmigrante, donde llegan directamente los extranjeros.

Carpenter aseguró tener un acuerdo con las autoridades estatales para permitir el traslado de los venezolanos y de personas de otras nacionalidades que cuenten con sus permisos de estancia temporal o la llamada “tarjeta verde”.

“Toda la gente tiene permiso migratorio. Cuentan con pasaporte y traen el permiso que les dieron desde abajo (en Chiapas); traen la tarjeta verde”, señaló al justificar la autorización que obtuvo del gobierno estatal.

Y si bien aclaró que esa fue la única ocasión en que se les permitió usar las unidades para el traslado, las cuales fueron custodiadas por elementos estatales hasta llegar al río Bravo, en la ciudad de Piedras Negras. El lunes 20 fueron utilizadas dos unidades más con el mismo propósito.

Ese día Carpenter incluso intentó impedir que se tomaran videos o fotografías. Aseguró que había un comandante en el lugar –sin identificar de qué corporación–, pero sólo se observaron personas que a la salida del primer autobús se reunieron con ella en el estacionamiento del parque Venustiano Carranza.

Por su parte, González Orozco aseguró que las protestas de los migrantes se originaron porque todos buscaban salir al mismo tiempo, lo que fue imposible porque las empresas de transporte no contaban con suficientes unidades.

Respecto a los motivos para no permitir el uso de otro tipo de transporte a quienes portan los mismos permisos que tiene el grupo autorizado a Carpenter, González Orozco se limitó a decir que el INM es quien debe definir si esos documentos validan o no su estancia legal.

Frustración y cansancio

Entrevistados tras una caminata desde la ciudad de Monterrey, los venezolanos –hombres y mujeres, la mayoría con menos de 25 años–, aseguran que jamás mostraron su interés por quedarse en México; por eso el gobierno federal les entregó los permisos correspondientes para transitar hacia Estados Unidos.

Muchos de ellos eran microempresarios que perdieron sus negocios al ser persegui-

Pernoctar en Saltillo

tranjeros cumplen con los requisitos correspondientes; el 42, para entregarles permisos, y el 43, que se refiere a las condicionantes para ingresar a territorio nacional.

De la Constitución dice que se viola el artículo 11: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

Y aclara que la ley se refiere a “persona”, sin hacer distinción de nacionales o extranjeros, residentes o no, con lo que se aplica la universalidad del humano. Por supletoriedad, debe prevalecer la Constitución por encima de la Ley de Migración, que dice en el artículo 66 que “la situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución”.

El gobierno de Nuevo León, afirma, debería hacer valer los lineamientos legales para que no hubiera irregularidades en el transporte de personas extranjeras, obligando a las compañías a que expidan boletos a quienes exhiban documentos de traslado de los migrantes que pasan por el noreste de México.

La dependencia encargada de estos asuntos es la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el estado, a cargo de Martha Herrera, que realiza “acciones dirigidas a promover la igualdad, inclusión y no discriminación de las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y retornadas”.

Sin embargo, en esta crisis de migrantes venezolanos ha estado ausente, por lo menos en asesorarlos en su estatus migratorio, dice Valencia Puente. El problema, según el activista, es que la dependencia no quiere comprometerse, porque no tiene capacidad para atender a todos.

En Casa Indi, el contador José Jaime Salinas lamenta que los centenares de venezolanos que recibieron las últimas semanas se fueran a la frontera con Coahuila, en lugar de quedarse a trabajar en Nuevo León, lo cual refleja en parte la realidad nacional de rechazo a migrantes en algunos estados del país.

Reclama al gobierno federal no hacerse cargo del problema, como es su obligación, y deja, indebidamente, su manejo a los municipios que son “los que pagan el pato”, atendiéndolos de manera precaria.

El también auxiliar de la dirección del Hogar de Desposeídos de la colonia Bella Vista, de esta capital, dice que hay unas decenas de empresas que los patrocinan. Estas ofrecieron proporcionar trabajo a los migrantes.

Walmart ofreció darle ocupación formal hasta 300 que tuvieran visa humanitaria. Se apuntaron sólo seis. “No tienen interés en trabajar en México. Su mirada está fija en Estados Unidos”.

dos por su oposición al gobierno de Nicolás Maduro; manifestaron que jamás se imaginaron las adversidades que enfrentarían a su llegada a Nuevo León y Coahuila.

“Pasamos cuatro días por la selva del Darién (frontera entre Panamá y Colombia), pensamos era los más grave que enfrentaríamos, o los robos de la policía en Guatemala, pero el trato más inhumano fue aquí en México. Nosotros no andamos robando ni pidiendo ayudas en las calles, lo que queremos es llegar a Estados Unidos o, como en mi caso, a Canadá”, dice Raúl Brito, mientras espera la llegada de los autobuses en los que podrá trasladarse, después de caminar casi 100 kilómetros desde la central de autobuses de Monterrey al sur de Saltillo.

Muestra su “tarjeta verde” y comprueba que no hay leyendas restrictivas para llegar a la frontera. Incluso anticipa que en Estados Unidos sabe que quedarán detenidos unas horas mientras comprueban dónde intentarán quedarse.

Así ocurre, y el miércoles 22 de junio confirma en mensaje de texto que ya había salido de las oficinas de Migración en Eagle Pass.

“Pasamos sin problema por Piedras Negras. Nadie detuvo el autobús desde que salimos de Saltillo. No entiendo por qué no nos dejaron seguir así desde Monterrey y nos obligaron a caminar. A otros compañeros les fue mucho peor y sabemos que aún van por la carretera. Yo no sé en qué consista que no quieran que viajemos en autobús si todos tenemos los mismos permisos”, señala Brito.

En el grupo hay varios jóvenes, como Moisés Durán, quien fue detenido por elementos del INM en Reynosa y enviados a Villahermosa, donde los dejaron en libertad y reanudaron la travesía. El resto del grupo con el que ingresó a México llegó a Mexicali y casi de inmediato se internó a Estados Unidos.

“Ha sido muy duro. Nos han robado, nos dicen que esos documentos no son válidos y que no podemos llegar a Piedras Negras, pero ahora acá vamos. A mí me dijeron compañeros que ya pasaron desde hace días que aquí en Saltillo sí podíamos viajar en estos autobuses”, dice.

El gobernador Riquelme Solís dice que desde hace tiempo la población migrante que llega a la entidad es manejada por redes de traficantes, cuyos integrantes les cobran hasta 6 mil dólares para trasladarlos, pero los venezolanos lo desmienten.

“Hay personas que han llegado con 600 o hasta mil dólares para emprender el viaje desde Venezuela, habrá quien pague a los coyotes, pero ni se me han acercado y tampoco los quiero. Una minoría paga coyote porque está en posibilidades de hacerlo, a lo mejor de otra nacionalidad que no ingresa a Estados Unidos de forma legal, pero a nosotros, como a los cubanos, nos permiten el paso”, señala Raúl Brito.

Para el director de la Casa del Migrante de Saltillo, la diferenciación en el trato a migrantes que cuentan con los mismos permisos para llegar a la frontera de Coahuila, es la muestra de que en México prevalece la corrupción.

“No tengo forma de comprobarlo porque no tengo ningún elemento, pero sí puedo decir que suena a un tema de corrupción, al tráfico de personas. ¿Quién está atrás de esto? No tengo la menor idea. ¿Por qué y dónde les permiten viajar en algunos autobuses y no en los de línea comercial, pero sí de particulares? No lo sé, pero sí causa dudas que se permita eso, y alguien debiera explicarlo.”