PALABRA DE LECTOR

Respecto de “Salí de casa y cuando regresé el Bloque Urbano Popular me la había quitado”

Señor director:

Por medio de la presente, como organizaciones del Bloque Urbano Popular, nos dirigimos a su medio de comunicación para solicitar derecho de réplica que nos otorga nuestra Constitución, referente a una publicación de fecha 19 de junio de 2022, donde se publicó la nota titulada Salí de casa y cuando regresé el Bloque Urbano Popular me la había quitado, donde se difama a la organización la cual represento. Textualmente se escribió:

“Sobre la organización conocida como Bloque Urbano Popular pesan denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México. Los afectados principalmente son personas de la tercera edad y de grupos vulnerables. En estos actos criminales, reconocen autoridades capitalinas, están implicados notarios públicos y funcionarios de la ciudad, quienes impiden que los legítimos dueños recuperen sus propiedades.

“En la misiva donde don Arturo le pidió ayuda al presidente López Obrador, denuncia que, quien le quitó su casa es el Bloque Urbano Popular, cuyo coordinador nacional es Gabriel Mayorga. También denuncia a los representantes de la organización identificados como José Luis Nájera Delgado y Arlette Rangel Barragán. Ellos, de acuerdo con el denunciante, operaron la invasión de su casa ubicada en avenida Central 242, colonia Prohogar de la mencionada alcaldía, y también son quienes lo han amenazado de muerte a él, a sus hijos y a su abogado.

“Al apelar a la empatía del mandatario federal con los adultos mayores, el denunciante escribió: ‘Como información adicional le comento que varios de los servidores públicos que nos han atendido nos pidieron que nos olvidemos de nuestra casa, ya que grupos como éste, Bloque Urbano Popular, y muchos otros son protegidos por las mismas autoridades’.”

En este sentido le informamos que las organizaciones del Bloque Urbano Popular no hemos realizado ninguna de las acciones que describe la nota antes mencionada. Asimismo le informamos que no tenemos relación alguna con la organización Vivienda y Libertad para Todos ni con alguno de los predios mencionados en dicha nota.

Con base en lo anterior solicitamos sea aclarada esta situación atendiendo al derecho de réplica por alusión a las organizaciones del Bloque Urbano Popular en igualdad de condiciones.

Atentamente, Gabriel Mayorga Basurto, coordinador del Bloque Urbano Popular

Respuesta de la reportera

Señor director:

Respecto del derecho de réplica que solicita Gabriel Mayorga, aclaro que los señalamientos hacia el Bloque Urbano Popular los hacen directamente las víctimas y sus representantes legales. Además están sustentados, como lo dice el texto, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y en la propia denuncia penal ante el Ministerio Público, con el número de carpeta de investigación CI-FAZ/ AZ-1/UI/25/D/01782/03-2017. La reportera tiene copia de ambos documentos.

En estos oficios las víctimas mencionan a Mayorga como el coordinador del Bloque Urbano Popular, al que acusan por el delito de despojo del inmueble en cuestión. Como también lo dice el texto, la reportera llamó al número telefónico impreso en la manta que cuelga en la fachada del predio ubicado en la avenida Central 242, colonia Prohogar, alcaldía Azcapotzalco, para solicitar información de los supuestos responsables del proyecto de vivienda, pero la respuesta fue una grabación que decía que ese número “no existe”.

Sobre el alcance que envió el señor Mayorga con partes de la carpeta de investigación para “comprobar” que dicho Bloque no tiene vínculo con el predio ni la organización Vivienda y Libertad para Todos, aclaro que al revisar las 35 páginas enviadas no existe ninguna afirmación que lo sustente.

Lo que sí hay son dos fotos del inmueble en cuestión con una manta que dice: “Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular”, acompañado del nombre de “Gabriel Mayorga, coordinador nacional”.

Además, Proceso tiene una copia de la declaración ministerial de Arlette Barragán, señalada por las víctimas como una de las personas que las despojó y quien aseguró que forma parte del Bloque Urbano Popular. En todo caso, quien debe deslindar las responsabilidades del caso es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aprovecho esta apertura en la comunicación para solicitar al señor Mayorga una entrevista sobre las denuncias hechas ante la autoridad ministerial contra la organización que representa.

Sobre “La clase política jalisciense refrenda sus nexos con la esposa de Naasón”

Señor director:

Respecto del artículo publicado el 19 de junio de 2002, titulado La clase política jalisciense refrenda sus nexos con la esposa de Naasón, y en el que en las páginas 48 y 49 se menciona a la Asociación de Municipios de México, A.C., (AMMAC) que presido, le aclaro lo siguiente: 1.- El evento referido, “Encuentro de asociaciones civiles en pro de la mujer”, fue convocado por la AMMAC y se invitó a 60 organizaciones de la sociedad civil de un directorio de 2 mil asociaciones con el que cuenta nuestra organización. 2.- La diputada Dulce María Silva Hernández, gentil y solidariamente aceptó ser anfitriona de este primer encuentro para fortalecer las actividades que se realizan en pro de la mujer, que ha sido un tema de lucha incansable de la legisladora. Este fue el primero y único evento que la diputada tuvo con las organizaciones convocadas por la AMMAC. 3.- La persona que acudió y que tenemos registrada como presidenta de la organización “Alma Mujer y Vida, A.C.”, es Yolanda Almaguer Esparza, con quien hemos tenido comunicación por diversos medios, los cuales les puedo proporcionar, sin violar la ley de datos personales, por lo que aclaramos que no teníamos conocimiento de lo que expresa su nota, debido a que no estamos obligados a contar con dicha información. Además, nosotros trabajamos y coadyuvamos con diversas organizaciones, siempre de buena fe, con un fin lícito de ayudar y fortalecer las causas de la sociedad civil, dentro de las que también destaca el tema de empoderamiento, derechos humanos y respeto a la mujer. 4.- Anexo la invitación que se hizo a dicha organización, que es la misma que se envió a otras 60 organizaciones más, sin distinción alguna. 5.- Aclaro que nadie del equipo de Proceso nos contactó para hablar de este evento, como se afirma en su nota, por lo que agradeceré se hagan las precisiones pertinentes en el mismo espacio y con el mismo número de caracteres, ya que las afirmaciones vertidas en su prestigiado medio afectan a nuestra organización y a la diputada Dulce María Silva Hernández, quien amablemente accedió a ser anfitriona sin conocer, porque no era tema ni su obligación, las relaciones familiares de las presidentas de las organizaciones. Asimismo lo escrito deja en entredicho nuestro prestigio y el de las demás organizaciones que asistieron a dicho evento y cuyo trabajo incansable ha ayudado al desarrollo de este país mediante el apoyo a las mujeres y sus familias.

Atentamente, Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta ejecutiva de la AMMAC

Respuesta de la reportera

Señor director:

Respecto de la carta de la Asociación de Municipios de México, A.C., cabe mencionar lo siguiente.

En referencia a la diputada federal Dulce María Silva Hernández es preciso señalar que el 17 de agosto se le contactó al celular proporcionado por el enlace de su partido político con la prensa. Inicialmente, mediante un mensaje de WhatsApp, se le notificó mi nombre y puesto en la revista Proceso con la petición de conocer su posición respecto del evento realizado en la Cámara de Diputados el 27 de abril último, en el cual la legisladora firmó un reconocimiento a la asociación civil “Alma de Mujer y Vida”.

La diputada Silva Hernández respondió que regresaría la llamada una vez que terminara de atender un asunto familiar. Al no hacerlo la busqué a las 11:08 de la mañana. Pero la legisladora canceló la llamada como puedo demostrarlo con capturas de pantalla.

En cuanto a la señora Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta ejecutiva de la asociación de municipios, también es preciso señalar que, de la misma manera se intentó obtener una posición sobre el mismo evento, en el cual ella también firmó el reconocimiento a la asociación civil “Alma de Mujer y Vida”. Se hicieron dos llamadas en un lapso de dos horas al número telefónico 5567907108, asentado en su página de Facebook, sin que tuviera una respuesta.

Atentamente, Melissa Amezcua

Acerca de “El Cártel del despojo opera bajo la sombra del gobierno de Murat”

Señor director:

En su edición 2381 Proceso publica en las páginas 6, 7, 8, 9 y 10 un reportaje suscrito por el corresponsal Pedro Matías, bajo el titular El Cártel del despojo opera bajo la sombra del gobierno de Murat, mismo en el cual se hace mención del suscrito en las páginas 6, 7, 9 y 10, a lo cual solicito en derecho de réplica se publiquen las siguientes precisiones: 1.- El suscrito es notario público número 135 del estado de Oaxaca y adquirí mi Fiat (notarial) en diciembre de 2020 y empecé a ejercer como notario público en enero de 2021. En mi actuar como notario público no tengo ninguna queja administrativa, demanda o denuncia en mi contra y en mi vida personal; tampoco he sido demandado ni denunciado por ningún delito. 2.- Los señores Herbe, Caleb y Ashmar, que se presentan públicamente como hijos nacidos fuera de matrimonio de quien fuera mi padre, Víctor Manuel Gómez Conzatti, quien falleció en 2012, no han ganado ningún amparo respecto de la identidad que dicen les fue robada y suplantada. Por el contrario, perdieron el juicio de amparo número 575/2020 del Juzgado Segundo de Distrito de la ciudad de Oaxaca, información pública que ustedes pueden corroborar en el portal digital del Poder Judicial Federal, independientemente de que el señor Pedro Matías ya tiene copia de dicha sentencia. 3.- Ni el suscrito ni mis hermanos y hermanas tenemos ninguna incumbencia en el nombre o filiación o apellido de dichas personas, ya que somos adultos. En lo personal yo no soy juez de mi padre para revisar su conducta fuera de matrimonio, y respecto de los señores que se quejan del robo de su identidad no les guardo ni odio ni rencor ni ningún sentimiento negativo. Por el contrario, los compadezco respecto de la confusión legal o psicológica o moral que tienen sobre sus verdaderos nombres, esperando resuelvan su problema de identidad y aconsejándoles que usen las vías judiciales correctas que se establecen en el Código Civil y no litiguen en los medios de comunicación, y atiendan legalmente sus problemas contratando a un verdadero abogado. 4.- El suscrito y mi prima Elizabeth Shamosh Gómez jamás hemos despojado a los señores Herbe, Caleb y Ashmar de ningún inmueble. Por el contrario, el señor Caleb y su familia, incluyendo a su madre, Guadalupe Martínez Ramírez, han despojado a mi abuela, Victoria Conzatti, una mujer de 103 años, de un edificio que se localiza en el centro de la ciudad de Oaxaca y le roban sus rentas, que son su sustento para enfrentar la vejez, puntualizando que Guadalupe Martínez Ramírez fue empleada doméstica de mi abuela más de 30 años. 5.- Los señores Herbe, Caleb y Ashmar, de apellidos Gómez Conzatti y Martínez o López Martínez, desconozco cual sea su verdadero nombre, se han negado a comparecer a los juicios civiles que mi abuela de 103 años, Victoria Conzatti, los ha demandado. 6.- Es falso totalmente que el suscrito o mi familia se aproveche que los señores Herbe, Caleb y Ashmar tengan problemas con sus identidades para despojarlos; por el contrario, mi familia los tiene demandados con todos los nombres que se les conoce, y no se aprovecha jurídicamente del problema que dicen tener con su identidad. El juicio a que me refiero es el juicio ordinario civil de nulidad de escrituras públicas y reivindicación, radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil de la ciudad de Oaxaca, bajo el número de juicio 305/2021, del cual su corresponsal Pedro Matías ya tiene copia integra. 7.- Herbe, Caleb y Ashmar se han victimizado y atacan al suscrito y a las instituciones públicas, con el único fin de mermar la credibilidad de las mismas y causarme daño moral, con el único fin de que yo desista de defender a mi abuela de 103 años. 8.- Mi madre tiene diversas propiedades, mismas que adquirió a lo largo de su vida vía herencia y como producto de su trabajo, tanto del sueldo que obtuvo como funcionaria pública como el dinero que generó como comerciante y distribuidora de aceites y lubricantes de diversas marcas comerciales. Sin embargo, estas personas nos atacan usando su medio de comunicación para poner en riesgo la seguridad de mi madre y de toda mi familia. Además, todas las propiedades de mi madre y mías han sido compradas a lo largo de varios años y en transacciones transparentes y legales, y no existen juicios civiles ni carpetas de investigación al respecto. 9.- Herbe, Caleb y Ashmar se asombran de los pagos de impuestos prediales porque son personas de origen humilde y nunca han tenido propiedades y no entienden que hay que pagar impuestos para cumplir con la ley, pero ellos, principalmente Caleb, son quienes despojan a mi abuela de un edificio y se apropian de sus rentas. 10.- Pedro Matías, su corresponsal en Oaxaca, estuvo en casa de Victoria Conzatti el martes 21 de junio a las 11 horas, donde le hice entrega documental de los juicios que mi abuela interpuso contra mis gratuitos difamadores, quienes ante la falta de argumentos jurídicos descalifican y ofenden públicamente. Matías también constató la lucidez de mi abuela de 103 años y por palabras de la propia Victoria Conzatti constató que Guadalupe Martínez Ramírez y sus tres hijos le roban y la han despojado de una de sus propiedades.

Atento a todo lo anterior, le puedo manifestar que si existe algún “Cártel del Despojo en Oaxaca” son Herbe, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez sus principales miembros, y quien lo preside es Guadalupe Martínez Ramírez (…) De todo esto di pruebas documentales al corresponsal, quien en una muy breve entrevista conoció a Victoria Conzatti en el interior de su domicilio y, además, constató las malas condiciones de la casa de mi abuela, ya que Herbe, Caleb y Ashmar le roban sus rentas.

Atentamente, licenciado Jorge Alberto Merlo Gómez

Respuesta del corresponsal

Señor director:

El reportaje al que hace referencia Jorge Alberto Merlo Gómez está basado no solamente en testimonios, sino en documentos como denuncias penales, y otros como el punto de acuerdo que presentó en la Cámara de Diputados federal la diputada Margarita García, el 15 de marzo último, mismo que se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia.

Efectivamente, después de la publicación sostuve una conversación con el notario Merlo Gómez, en la que me explicó que el caso en el que aparece involucrado es un asunto de índole familiar. Ofrecí estar atento al seguimiento periodístico del mismo, aunque será en las instancias legales donde se desahogue y resuelva esta situación.