Yemén, la antigua Arabia Feliz

Carlos Martínez Assad

Yemén, la antigua Arabia Feliz

acarreo del agua fétida que logran encontrar, algunos se refugian en las carrocerías inservibles de los vehículos, soportando el calor o el frío, intercambian baratijas en los mercados por un pedazo de pan.

El problema en Yemén se remota unas décadas atrás, cuando el pueblo de los hutíes, un grupo rebelde bajo el nombre de Ansar Alá, es decir, los partidarios de Dios, de filiación zaidí-chiita, tomó su capital en 2007. En 2011 el territorio sustraído al gobierno del partido Al-Ishah, donde confluyen organismos vinculados a los Hermanos Musulmanes y a la versión de la Península Arábiga de Al-Qaeda, se amplió. El primero, con ayuda de Irán que siempre aparece para apoyar a partidarios del chiismo, y el segundo con el ventajoso grupo apoyado por Arabia Saudita y Emiratos Árabes formando una coalición en la que participó hasta Estados Unidos, con disponibilidad y armas para bombardear diariamente el territorio de aquéllos, sin lograr explicar por qué mantienen a sus fuerzas en pie de lucha.

También es cierto que los hutíes pasaron de ser unos cuantos miles a más de 100 mil combatientes, lo que hace entender que controlen aproximadamente 40% del territorio. Han conquistado la capital, Saná, en el centro-norte del país, junto al muy importante puerto de Al-Hodeida, en el Mar Rojo, que mantienen pese a los constantes bombardeos. Ese puerto es fundamental porque es la entrada de todas las mercancías y alimentos al país, ahora muy escasos; además los bombardeos imposibilitan la pesca, tan importante para la población local, y han dejado de hacerse todas las actividades debido a los bombardeos de la coalición que encabeza Arabia Saudita. Se ha habilitado el puerto como el corredor más viable para la ayuda humanitaria que llega desde el exterior, pero no necesariamente se logra utilizar todo el tiempo, sometiendo al país a una carestía que ha provocado ya una hambruna que va en aumento.

Y en ese panorama que afecta al conjunto de los yemenitas sin importar el bando que domine el lugar donde viven, resulta increible que las fuerzas del gobierno continúen recibiendo armamento y apoyo de Arabia Saudita y de los países occidentales. Se ha dicho, por ejemplo, que Francia, que se erige como baluarte de la libertad y de la justicia, se ha comprometido vendiendo armas, municiones y servicios de guerra por 8 mil millones de euros entre 2005 y 2020, una ayuda criticada por varios organismos, entre ellos Human Rights Watch. Qué decir de Estados Unidos, el susodicho paladín de la democracia que alcanzó con sus tentáculos para afectar a los yemenitas tan alejados de su territorio pero no de sus intereses, hasta que decidió retirarse.

La Península Arábiga resulta siempre promisoria por el petróleo y el gas, porque allí están las reservas más elevadas, y aunque son escasos los pozos en Yemén debido a la deficiente tecnología, es muy probable que el volumen que puede ser extraído sea promisorio.

Los pozos petroleros están más del lado del territorio de los rebeldes y el país cuenta con dos refinerías, algo que seguramente estará en la base de la explicación, aunque paradójicamente no coincide con la miseria de las tribus que lo habitan. Cuando en 2021 los rebeldes se acercaban a Marib, una importante ciudad en el centro del país, los dirigentes de Al-Islah fueron severamente criticados por la coalicición gubernamental, alegando que para proteger sus propios intereses lo hacen en detrimento de los intereses de los yemenitas. En respuesta, la reacción de Riyad fue la de supender por unos días los bombardeos contra los rebeldes para permitir que el gobernador de Marib pudiera reposicionarse. Eso permite ver las divisiones que existen en el grupo político en el poder, lo cual puede incidir en las debilidades que aprovechan los hutíes.

Después de numerosos intentos, a finales de marzo de este año se dio el primer alto al fuego, se permitió el restablecimiento de los vuelos comerciales, se habilitó el corredor humanitario desde el Mar Rojo; pero aún así más de 30 ONG internacionales hacen esfuerzos para que el alto al fuego se mantenga. Sin embargo, no parece que esté cerca una solución definitiva. Y nada ha importado a los países combatientes, ni a los que los apoyan descaradamente, haber llevado a 80% de la población a una atroz miseria y a la hambruna que padecen millones en la crisis humanitaria que diferentes organismos califican como la más brutal que se padece en la actualidad.

Nadie creería que Yemén, ese territorio en disputa, albergó lo que en la antigüedad fue llamada la Arabia Féliz, en cuyos bosques crecían los árboles de los que se obtenían el incienso y la mirra, esencias para producir perfumes y resinas para fijar la escritura en los papiros. Su aroma fue considerado esencial para el Sanctasanctórum del Templo de Jerusalem y de otros sitios sagrados. Por esos parajes pasó la reina de Saba, así como las caravanas para el intercambio de las especias. También el viaje fue inspiración para el de Paul Nizan. Y de todo eso sólo queda la áspera realidad.

Sanciona el INAH a una perito

“Improvisación”

en el Proyecto Sismos

Por cuestionar en un artículo el desempeño del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la restauración del patrimonio cultural dañado por los sismos de 2017, la arquitecta perito Rutilia Amigón fue sancionada de manera múltiple. En entrevista expone los hechos y denuncia el “desorden” que privó desde un inicio por parte de directivos del instituto para rehabilitar el patrimonio dañado, que en Puebla sumó

621 inmuebles, en su gran mayoría templos. Proceso solicitó

la postura oficial, pero el INAH se declaró imposibilitado debido a procedimientos de carácter jurídico en trámite.

GABRIELA HERNÁNDEZ

PUEBLA, PUE.- El 23 de febrero, cuando estaba por ser sometida a una cirugía, Rutilia Amigón Amigón, arquitecta perito con 27 años de servicio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue notificada por correo electrónico de una sanción laboral: a partir del 1 de marzo ya no trabajaría en Puebla. La habían transferido a Sinaloa, a más de mil 500 kilómetros de distancia.

En otros mensajes enviados ese mismo día, pese a que ella informó sobre su complicado estado de salud, el director regional Manuel Villarruel Vázquez le puntualizó que tenía hasta el 28, es decir, sólo cinco días, para entregar la documentación de las obras y trabajos a su encargo. Y al día siguiente tenía que presentarse en Culiacán.

En actas administrativas que levantó contra la perito, el INAH expone que uno de los motivos de esa sanción son declaraciones que Amigón hizo a la prensa, así como la publicación de un texto de su autoría que critica el desempeño del instituto en la restauración del patrimonio cultural dañado por los sismos de 2017.

Y Amigón no tiene duda de que fue su artículo titulado “Los terremotos del 2017, mi experiencia en la Mixteca poblana”, publicado el 30 de septiembre de 2021 en el portal Mundo Nuestro, lo que detonó la represión y el acoso laboral que, asegura, ha padecido en los últimos meses.

En entrevista, denuncia que luego de que expusó en medios un tema “de ineludible interés público”, como es el “desorden y estancamiento” que priva en el programa Sismo, el aparato burocrático del INAH operó en su contra para propinarle un “castigo” que, a su vez, enviara una advertencia a otros trabajadores.

Desde marzo le retuvieron el salario; se niegan a aceptarle licencias médicas que el ISSSTE le otorgó e insisten en aplicarle sanciones que debieron suspenderse cuando ella inició juicios para anularlas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA). Además, le han prohibido realizar cualquier actividad laboral en el INAH Puebla. La amenazan con proceder “conforme a derecho” si insiste, y le recuerdan reiteradamente que su lugar de trabajo es Sinaloa.

De hecho, el 1 de abril Amigón recibió un citatorio del director del Centro INAH Sinaloa, Servando Rojo, para levantar otra acta administrativa en su contra. Esta vez “por faltas injustificadas”.

“Es probable que con esto promuevan en tribunales la terminación de mi relación laboral con el INAH”, asume la arquitecta.

Aunque el instituto acusa a la perito de violentar con sus publicaciones reglas internas que están contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), el abogado José Antonio Caballero Juárez considera que ese tipo de normativas –orientadas a que “la ropa sucia se lava en casa”– van en contra del derecho constitucional de libre expresión y del que tiene la sociedad a que sus instituciones rindan cuentas.

“El caso de Rutilia Amigón tiene que ver con lo que en inglés se llama whistleblower, que quiere decir “el que suena el silbato”, “el que da la señal de alarma sobre algo que anda mal”. A estas personas la sociedad las tendría que proteger, porque de otra forma muchas irregularidades que pasan en instituciones permanecerán ocultas”, agrega el profesor-investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC).

El también exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México considera que los directivos del INAH emprendieron una persecución contra la arquitecta en represalia por lo que exhibe su publicación. Esto, agrega, va en contra de los derechos constitucionales de Amigón, pero a la vez lanza una intimidación contra otros trabajadores y atenta contra una sociedad que aspira a tener un servicio público cada vez más transparente.

Proceso pidió al INAH una postura sobre los señalamientos hechos por Rutilia Amigón, pero la dependencia respondió que estaba “imposibilitada” para responder porque había procedimientos de carácter jurídico que estaban en trámite.

En respuesta por escrito, Villarruel puntualizó:

“No obstante, me permito reiterar que esta dependencia federal es respetuosa de la normatividad vigente, así como de los derechos humanos de los trabajadores, y que respeta la relación jurídica y los acuerdos tomados con sus sindicatos.”

La publicación

En el artículo que originó la sanción, Rutilia cuenta su experiencia como supervisora de 25 inmuebles históricos afectados en la Mixteca, zona que fue epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017.

En ese recuento exhibe la improvisación que privó desde un inicio por parte de directivos del INAH para abordar el reto de rehabilitar el patrimonio dañado, que en Puebla sumó 621 inmuebles, en su gran mayoría templos.

“¡Inicien obras, los proyectos se harán sobre la marcha!”, “¡Atiendan los templos con daños menores primero y desháganse de ese lastre!”, fueron las órdenes que recibimos en un contexto de emergencia y de presión social, pero sin haber proyectos ni contratos ni instrucciones por escrito y menos aún protocolos”, narra.

Entre otras cosas, la arquitecta expone que, a consecuencia de este “desorden”, la reconstrucción quedó prácticamente estancada desde septiembre de 2018, cuando se confirmó que los recursos del seguro Banorte no alcanzarían para pagar todas las obras que ya estaban en marcha. Y luego, cuando a finales de 2019 el banco suspendió los pagos de trabajos que supuestamente cubriría.

Desde entonces, indica, los esfuerzos del programa se enfocaron en resolver adeudos y neutralizar demandas, pero con mínimos avances en el resarcimiento de daños.

El avance de 60% que anuncia el instituto, sostiene, se basa en números absolutos de inmuebles, en donde lo mismo cuenta uno al que le repararon daños menores que otro con afectaciones estructurales graves, los cuales en su mayoría siguen sin atenderse y requieren de presupuestos mayores. Aclara que, además, esta valoración no considera bienes muebles, que en su mayor parte no se han recuperado.

A cuatro años de los sismos, puntualiza, hay obras inconclusas y aun concluidas, con adeudos; constructoras a las que se les desconocen trabajos que hicieron y otras que cometieron abusos, como acaparar decenas de trabajos o cobrar sobrecostos.

“Los responsables de los equívocos y decisiones erradas que han repercutido en el avance son el director general y el equipo del programa Sismo. Por tanto, reitero la exigencia que hice hace dos años: el antropólogo Diego Prieto y sus directivos deben disculparse con las comunidades afectadas por los sismos, y con el país, por haber sido incapaces de cumplir con una de las misiones sustantivas del INAH, la conservación del patrimonio, propiciando con ello mayor descrédito a la institución”, reclama la nota de Amigón.

En la entrevista, la especialista reitera:

“¿Qué tanto molestó al director del INAH, Diego Prieto, esa nota? ¿Hubo alguna falsedad en lo que expuse? Es público y notorio que el Programa de Obras de 2021 no llegó a nada. Y durante 2022, difícilmente aterrizará en algo. Por tanto, lo que escribí sigue vigente”.

Repercusiones

El mismo día de la publicación del texto, el administrador del Centro INAH-Puebla,

Juan Hugo Jiménez Luna, levantó un acta de hechos en contra de Amigón por transgredir los artículos 40 y 43 de las CGT, referentes a que los empleados deben guardar reserva sobre asuntos oficiales.

A finales de noviembre, la arquitecta fue notificada de que se habían promovido dos actas administrativas en su contra: una por las publicaciones periodísticas, entre ellas tres notas en las cuales le atribuyen declaraciones, y la segunda derivada de tres convocatorias a reuniones presenciales a las cuales no asistió.

En torno a esto último, Amigón argumenta que en dos casos la convocaron por correo electrónico con un día de anticipación, para tratar temas que ya se habían abordado en reuniones previas. En una tercera, la citaron para una inspección de obra en Puebla, en una zona fuera de su área de trabajo y en horario no laboral. En los tres casos se disculpó por escrito con Manuel Villarruel, director del INAH-Puebla, por las dificultades que implicaba responder a convocatorias “tan repentinas” y trasladarse desde el municipio de Chiautla de Tapia –donde está comisionada–, a más de dos horas y media de distancia de Puebla capital. Le propuso resolver los pendientes a través de una plataforma como Google Meet, pero Villarruel no respondió.

La arquitecta dice que meses después pudo entender que esas convocatorias de los días 13, 20 y 21 de octubre tenían el objetivo de abrir paso a otro proceso en su contra. Incluso, afirma que tiene indicios de que se alteró un acta de asistencia y se tergiversó información para justificar la segunda sanción.

En diciembre, aunque ni Amigón ni su representante sindical se presentaron en la audiencia del proceso administrativo, la directora de Relaciones Laborales, Yuridia Rojas Alegría, dictaminó ambos casos en contra de la trabajadora. El 18 de enero le informaron que las sanciones impuestas eran cuatro días de suspensión de salario y funciones por cada una de las actas.

Cuenta que el 13 de febrero fue intervenida de emergencia por una apendicitis y, por complicaciones, el 23 tuvo que someterse a una segunda operación. Momentos antes de entrar al quirófano le llegó la tercera notificación: la Dirección de Relaciones Laborales le aplicó el artículo 49 de las CGT, en el que se señala que cuando un trabajador acumula dos suspensiones en un lapso de cuatro meses puede ser removido a otro centro de trabajo. Así, tras 27 años de trayectoria laboral, 22 de los cuales ha ejercido en Puebla, la sanción contra Amigón fue su remoción a Sinaloa. Y luego, cuando sus familiares acudieron a tramitar la licencia médica que la arquitecta requería para su convalecencia, el ISSSTE les informó que el instituto tenía registrada a Amigón como trabajadora pensionada desde 2017. Días después, los administrativos del INAH corrigieron ese “error” y el ISSSTE emitió justificantes médicos retroactivos que abarcaron hasta el 26 de abril. Sin embargo, cuando los familiares presentaron al INAH esas licencias, los directivos las rechazaron alegando su extemporaneidad, pese a que la misma dependencia era la responsable de que no se hubieran expedido a tiempo. Amigón explica que, aunque tiene las licencias otorgadas por el ISSSTE, el INAH insiste en que debió trabajar desde el 1 de marzo en Sinaloa, por lo que a partir de esa fecha le acumulan faltas injustificadas. Tampoco toma en cuenta los juicios laborales y administrativos que interpuso desde marzo y abril para suspender las sanciones. La abogada a cargo de la defensa, Celia Esperón López, indica que se han cometido múltiples irregularidades en este caso. Las principales son que todas las notificaciones han sido por correo electrónico, cuando la ley establece que debe ser en persona, y por lo mismo no se respetó el derecho de la trabajadora al debido proceso. La otra es que ese tipo de cambios de adscripción ya ha sido declarado ilegal en fallos del Poder Judicial.

En el artículo 16 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado se indica que sólo podrá ordenarse el traslado de un trabajador por reorganización o por necesidades del servicio justificadas, desa parición del centro de trabajo, permuta o por fallo del TFCyA, y “ninguno de esos casos aplica para la arquitecta”, afirma la abogada.

De igual forma, Carlos Arturo Hernández Carrillo, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Sector Técnicos y Profesionistas del INAH, advirtió a la dependencia que el artículo 49 de las CGT transgrede los derechos humanos de los trabajadores y es inconstitucional.

No obstante, la directora de Relaciones Laborales defendió su aplicación al señalar que las CGT son aceptadas de mutuo acuerdo entre trabajadores y autoridades del INAH, y que en revisiones contractuales “nunca” se han inconformado de su contenido.

Amigón. Supervisión de obras

Más casos

No es la primera vez que el INAH es señalado por represión laboral en Puebla. En 2016 se alegó lo mismo cuando fue despedida la arquitecta Sonia Espinosa Martínez, quien criticó obras del gobierno de Rafael Moreno Valle. Y en 2020, Ambrosio Guzmán acusó a Diego Prieto Hernández de haberlo destituido como delegado del instituto en Puebla al enterarse de que había solicitado a Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo de la Coordinación Nacional de Memoria, Historia y Cultura, que investigara irregularidades detectadas también en el programa Sismo (Proceso 2278).

En contraparte, la delegación no sólo mantuvo hasta 2015 a los peritos Jorge Salgado Tlahuis y José Guadalupe Flores, pese a que 12 años atrás se confirmó que nunca concluyeron la carrera de arquitectura, sino que además encargó a éstos la evaluación de la mayor parte de los proyectos autorizados en esos años.

Entre los llamados “peritos cachirules” está José Martín Limón, a quien el INAH demandó ante tribunales por falsificar su título profesional. Éste sigue en el instituto y hasta fungió por años como coordinador de Monumentos Históricos del Centro INAH-Puebla.