ÁMBITO POLÍTICO

médicos y enfermeras que combaten la pandemia para expresar su apoyo. Escenas parecidas se vieron en decenas de ciudades por todo el país. De hecho, continúa el debate entre activistas en las calles sobre las tácticas, algunos impiden actos de vandalismo o saqueo de sus compañeros. De esto no se trata la protesta, repiten, señalando que hasta la familia de Floyd, cuyo asesinato por un policía blanco colocando la rodilla sobre su cuello hasta asfixiarlo detonó este movimiento, han solicitado no recurrir a la violencia y poner fin al saqueo. Algunos argumentan que actos de saqueo y vandalismo benefician a Trump y la derecha más que al movimiento. Más de 125 incidentes de violencia, arrestos, y hostigamiento de periodistas que cubren las marchas, principalmente a manos de policías, han sido registrados por el Comité de Protección de Periodistas. Músicos, artistas, modelos y deportistas profesionales se han sumado a las protestas o han expresado su apoyo. Ayer se proclamó el Martes de Apagón (Blackout Tuesday) y #TheShowMustBePaused por músicos y antros que apagaron sus cuentas y plataformas de difusión de su música en solidaridad con este movimiento, en el cual participaron Rihanna, Green Day, Katy Perry, Beastie Boys, Christina Aguilera, Radiohead y muchos más. En Chicago, la fotógrafa Amber Marie Green cuenta que estaba tomando imágenes de las protestas ―cuando se arrimó un auto justo a mí tocando el claxon en solidaridad. Lo que vi en el asiento trasero de inmediato me provocó lágrimas… Una mujer sosteniendo a su hijo pequeño mientras ella lloraba. Lo estaba alentando a ver a toda la gente luchando y protestando por la existencia de su pequeño, mientras lloraba porque sabía de la realidad para su hijo. Yo también soy madre de un niño afroestadunidense, sabía exactamente qué significaban sus lágrimas. No conozco a esta mujer, pero nuestras lágrimas hablan el mismo lenguaje de ira, dolor y, sí, temor, por nuestros hijos. Sin embargo, estábamos ambas ahí, preparadas para luchar por ellos. Al empezar a irse el coche, yo y la madre cruzamos miradas, asentimos con nuestras cabezas, y ambas levantamos el puño en el aire‖. (https://twitter.com/yourphotobae/status/126791844026 3794689?s=20). (jornada.com.mx) 03/06/2020

17.Manifiesto de Miqueas Joven sobre necropolíticas en Latinoamérica Miqueas Joven realizó la semana pasada en forma virtual, el Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Evangélicxs. De esta convocatoria surgió el Manifiesto que compartimos. Hoy, en coherencia con el Dios de la vida, en el que creemos, manifestamos que se acabó el tiempo de callar el maltrato a las vidas de jóvenes, mujeres, y pueblos que son sometidos a vivir una vida indigna, una vida a medias, sin oportunidades y sin posibilidades. Violencia y muerte por ser mujer, por ser negro, por ser indígenas, una muerte que se salió de control y que con la pandemia del virus solo se pone en evidencia la catástrofe con la que vivimos respirándonos cerca todos los días, sin comida, sin salud, sin empleos, sin tierras, sin agua, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin hijos. La violencia que ejercen los estados en contra de quienes son diferentes; en contra de quienes viven en los territorios que son el interés de un proyecto extranjero; en contra de quienes manifiestan sus voces para poder vivir una vida abundante, plena, sin el sufrimiento de la guerra, es un pecado terrible, imperdonable y que permanece desde que los invasores europeos con la misma muerte llegaron a este continente. Es por eso que declaramos que las vidas negras importan, que las vidas de los jóvenes negros asesinados en todo el mundo y especialmente en los barrios bajos de América Latina son importantes en el Reino de Dios. La herejía del racismo afirma que Dios cometió un error en su creación, pero sabemos que el Espíritu que sopla como quiere y donde quiere y la misión que no solo se trata del alma sino también de todas las esferas de la vida humana, nos dirige y nos da coraje para La promoción de la justicia racial, seamos desobedientes en medio de la injusticia para continuar en la voluntad de Dios. Y es por eso que Miqueas Joven América Latina no callará ante tanta violencia en nuestro tiempo. Reconocemos que nuestro silencio nos hace cómplices de la muerte de miles de personas, defensores de territorio, de la Tierra, hermanos y hermanas indígenas quienes con sus vidas nos hablan de la sangre de las y los agraviados. Te pedimos perdón, Dios, y oramos para que la Ruah nos de la fuerza para caminar, luchar, resistir e insurgir juntas y juntos con ellos. Las mujeres de todas las edades constantemente están expuestas a la violencia de género, perpetrada de maneras sutiles y explícitas, y normalizada por una socie-

dad machista que encubre al violador/agresor y condena a la víctima. Esta pandemia no ha detenido la violencia contra las mujeres, muchas de las cuales tienen que convivir con sus agresores debido al confinamiento. Los gobiernos y organizaciones civiles de nuestros países, registran el alarmante incremento de feminicidios, violaciones, llamadas de denuncia por violencias intra hogar; no obstante, también se sabe que esos datos no reflejan las violencias de quienes no pueden acceder a las líneas de emergencia y que intentan sobrevivir en el silencio o ante la indiferencia de la comunidad. Esto, aunado al acoso sexual callejero, intimidación y violencia sexual que viven las mujeres que salen a trabajar o a comprar víveres, por parte de vecinos, policías y militares. Esa otra pandemia llamada patriarcado, es la que hace tiempo urge combatir. Si nuestra fe no nos permite ver con claridad este pecado en contra de la creación, que se refuerza desde nuestra manera de creer, es una fe que no tiene nada que ver con el Dios de la biblia y mucho menos con Jesús. (alc-noticias.net) 01/06/2020

18.La Junta Unida de Misiones denuncia atroz accionar policial contra comunidad

QOM en Fontana, Chaco Argentina. Ante los graves hechos de brutalidad policial de público conocimiento ocurridos el sábado 30/05/2020 en la localidad de Fontana, Chaco, la Federación Junta Unida de Misiones (JUM) expresa su profundo rechazo y exige medidas inmediatas. El accionar policial recuerda las peores épocas de nuestro país, cuando dicha fuerza era parte del ejercicio del terrorismo de estado. Los hechos dejan al descubierto la discriminación ejercida desde instituciones públicas, las cuales debieran garantizar la seguridad psicofísica sin hacer diferencia por género, etnia o condición económica. Lamentablemente, no son hechos aislados. La Federa

ción JUM integrada por la Iglesia de los Discípulos de Cristo (IDC), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP) e Iglesia Evangélica del Río de la

Plata (IERP), camina junto a los pueblos Indígenas desde hace 56 años y es testigo de sistemáticas violaciones a sus Derechos en la provincia. JUM acompaña el desarrollo integral de los pueblos indígenas que implica el ejercicio de todos sus derechos, especialmente el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental que se debe garantizar en una sociedad democrática, participativa e igualitaria. Nuestra institución y las 4 iglesias miembro se estremecen, ante los hechos de persecución y violencia hacia los pueblos indígenas, hechos documentados y de gran difusión, que son de público conocimiento acontecidos en la Provincia del Chaco, más precisamente con la comunidad Qom en la localidad de Fontana. Los mismos se suman a la injusta realidad, que están pasando nuestros hermanos y hermanas no sólo debido a la falta de cobertura de necesidades básicas sino también por enfermedades fruto de la desatención estatal, como el Dengue, Tuberculosis, Chagas y Lepra. Por otra parte, JUM ha advertido al Estado Provincial en distintas oportunidades sobre los riesgos crecientes que afrontan los pueblos indígenas en la región, especialmente, respecto a los conflictos territoriales y ambientales asociados a las actividades extractivas, los cuales, a su vez, inciden directamente en el derecho a la alimentación, al agua y a la salud. Asimismo, JUM reconoce la importancia de los pueblos indígenas en la protección de la naturaleza y remarca que respetar el vínculo que los une con sus territorios es fundamental para su existencia. Las instituciones Públicas deberían prevenir y garantizar la seguridad psicofísica sin diferencia de género, etnia o condición económica. Por el contrario, ejercen una discriminación inconstitucional promoviendo la estigmatización y criminalización ―etiquetando‖ a los pueblos vulnerables como parte de la propagación del COVID-19, discurso que lamentablemente se multiplica en algunos medios de comunicación. El impacto sobre las conductas individuales, sociales e incluso institucionales es alarmante. Nota: Publicamos completo el Comunicado público emitido por la Junta Unida de Misiones (JUM) el 2 de junio de este año/Ecupres (ecupres.com) 04/06/2020

19.Consejo de Iglesias de Cuba: “Nos unimos al pueblo norteamericano en oración y acción para que cese el odio y la injusticia” Cuba. ―Pentecostés, nos muestra el camino a una nueva etapa en la vida de la iglesia y la historia humana. Es el inicio de una vida en la presencia del Espíritu, es el inicio en un nuevo mundo, un mundo lleno de verdades: la solidaridad, la paz, la equidad, la igualdad. Pentecostés es el inicio de una nueva comunidad donde todo es de todos y para todos, donde cada quien piensa en la otra y el otro y le ama como a sí mismo. Donde las verdades insoslayables del evangelio se vivan como eje central de las relaciones humanas‖, dice una carta del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) con fecha 2 de junio.

―Ante la crisis multifactorial que vive hoy los Estados Unidos, donde los más vulnerables y marginados son las principales víctimas, nosotros nos unimos a nuestras Iglesias hermanas y al pueblo norteamericano, acompañándoles y estando a su lado en oración y acción que cese el odio y la instigación, que desaparezca la injusticia y la desigualdad, que termine la falta de derechos y la violencia, que desaparezcan las armas y el egoísmo, que quede anulada la manipulación y la violación a la integridad del ser humano y la creación que se detenga todo discriminación contra minorías, y excluidos‖, afirman. Lamentablemente, dicen, desde la administración del Presidente Donald Trump son alentados todos los sentimientos contrarios a lo que predicamos, aun cuando se atreve sin temor y sin respeto alguno a sostener una Biblia. ―Que el derecho a la vida, la salud, el respeto a la auténtica dignidad y la libertad humana primen por encima de los intereses de poder, avaricia, y predominio‖, subrayan el Rev. Antonio Santana Hernández y el Rev. Joel Ortega Dopico, Presidente y Secretario Ejecutivo del CIC respectivamente. (alc-noticias.net) 04/06/2020

20.Tren Maya: la “consulta” camina por la senda amplia: Ezer R. May May* “Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y mucho son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida” (San Mateo, 17:13-14, Nueva Biblia Latinoamericana). Muchos pueden cruzar una puerta ancha, pero pocos una puerta estrecha; es fácil y cómodo caminar una senda amplia, pero dificultoso andar por una angosta. Jesús planteó un claro resultado diferenciado. El Estado mexicano entró por la puerta ancha al ejecutar la consulta del Tren Maya en noviembre de 2019, una puerta por la cual también el PRI y el PAN decidieron cruzar porque así era más fácil llevar a cabo (mega) proyectos de desarrollo. ¡Claro! Concebir a la consulta sólo como un requisito burocrático o como una palomeada en el check list desarrollista no es apretujado. La fase informativa duró dos días (29-30/11/2019), en la que la información expuesta fue de carácter sesgado, y en la mayoría de los casos, los únicos expositores fueron los representantes de Fonatur. No podía esperarse algo distinto. Hasta ese momento (¿ahora sí?) no existían evaluaciones de impacto social ni ambiental que pudieran dar certezas de los potenciales efectos negativos y positivos. Una de las referencias a lo dicho por el representante de Fonatur durante la consulta en Tunkás fue: ―…el proyecto

no está hecho... sólo es una propuesta del impacto y los estudios paulatinos se definirá la mejor dinámica del tren‖ (Acta de Asamblea Regional Informativa de Tunkás, 29/11/2020). De acuerdo con los estándares del Convenio 169 de la OIT, los resultados de los estudios paulatinos que irían marcando la mejor dinámica del tren debieron ser parte de la fase informativa para tener un mejor proceso consultivo, e incluso también hubiera marcado una mejor dinámica en la consulta. A pesar de estas carencias, se realizó la consulta prometiendo bienestar, desarrollo y más programas sociales, planteando únicamente los posibles beneficios económicos y beneficios ambientales de un tren, tales como se plasmaron en uno de los folletos informativos oficiales. En un solo día, 29 o 30, se llevó y se finalizó la fase informativa, inaugurando enseguida la fase deliberativa (Acta de Asambleas Regionales Informativas). El diálogo se acotó a lo que un ente público dijo, y los asistentes tuvieron que realizar preguntas con base en una información desbalanceada, desequilibrada y limitada. Es evidente, la prioridad fue obtener la aprobación y no la creación de un entorno en el que la población estuviera informada. En la asamblea informativa acudió solamente el comisario ejidal de mi pueblo Kimbilá y el comisario municipal del pueblo vecino, Citilcum (Registro de asistentes a la Asamblea Regional Informativa de Tunkás, 29/11/2020). La fase deliberativa fue una laguna. En ambas localidades no hubo tal fase deliberativa, la cual permitiera retornar a la fase consultiva con las voces de ambos pueblos –recordando que el comisario ejidal sólo representa al sector agrario empadronado. ¡Claro! Convencer a una persona con información tendenciosa, para luego argumentar que representa la voz de toda una población, es menos complicado y poco tardado para sustentar el proyecto gubernamental –aunque este proceder es deshonesto. ¡Es la prisa del camino amplio! El capital no espera, siempre ha pasado por la senda amplia porque es más rápida, y siempre evita la senda angosta porque es más onerosa. Ahora que los proyectos empresariales de energías renovables están en debate, quisiera mencionar un aspecto relevante. Antes del conflicto y tensión en torno a ellos, los ejidos –no la localidad o pueblos en su totalidad–aceptaron gustosos firmar los contratos debido a las promesas basadas en una información sesgada de los empresarios, quienes buscaron que el ejido firmara el mismo día; algo similar a los actos del equipo del proyecto Tren Maya, con los cuales consiguieron la anuencia de un sector poblacional en un mes.

Esta prontitud con los negocios verdes desencadenó los posteriores conflictos que, en cierta medida, los que llevaron la mayor carga de éstos fueron los pueblos. Y precisamente, estos resultados se tienen que evitar con el Tren Maya. La nueva comentocracia moralmente empoderada y silenciosa por momentos nos hace creer que la intención es distinta y honesta; nos hace creer que la piedra con la que nos tropezaremos de nuevo no es la misma, aunque piedra siga siendo. Es claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el equipo de Fonatur quiere finalizar lo más pronto posible el proyecto Tren Maya. Por eso la prisa en los modos de consulta y por eso la prisa para inaugurar la construcción durante la pandemia. Esa prisa lo está llevando a tomar el camino fácil, amplio y ancho, e ignorando la puerta estrecha y la senda angosta que lleva a la vida. No hace falta decir que transitar el camino estrecho tampoco consiste en realizar pactos con los indeseables, sino transitar sin esos pactos que hacen aún más angosto el andar. El actual Presidente ha recorrido tanto desde distintas sendas, muchas de ellas estrechas, pero ¿la 4T cambiará de senda con el Tren Maya, ahora que ha cruzado por la puerta ancha? *Antropólogo social e historiador, originario de Kimbilá, Izamal, Yucatán (jornada.com.mx) 31/05/2020

21.Proyecto del Tren Maya ha atropellado derechos: activistas Durante el avance del proyecto del Tren Maya se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho, ya que existen amparos de jueces federales que ordenan la suspensión de actividades del proyecto y hasta la CNDH ordenó la suspensión de trabajos no esenciales del proyecto, señalaron 159 organizaciones y 89 activistas. En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador que ya dio el banderazo al proyecto, las organizaciones plantearon que su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país. ―El avance del proyecto que se fuerza desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto‖, dijeron. Debido a la pandemia, señalaron que se han cancelado reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna. Además el proyecto afecta de manera directa a comunidades indígenas de cuatro de las cinco entidades por las que pasará, sin un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y ―pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación‖. Agregaron que los procesos de consulta y de pagos simbólicos por derechos de vía a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones. Además dijeron que hay ―serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental‖ ya que diversos estudios refieren que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas. La carta la suscriben Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, Quintana Roo, Ka' Kuxtal Much' Meyaj, Hopelchén, Campeche, entre otras organizaciones. (jornada.com.mx) 02/06/2020

22.En Chiapas, reos en huelga de hambre piden resultados de pruebas Covid San Cristóbal de Las Casas, Chis. Tres reos que desde el 21 de mayo están en huelga de hambre en los penales de San Cristóbal y Comitán para exigir su liberación, pidieron a las autoridades de salud que les den los resultados de las pruebas de Covid-19 que les realizaron en días pasados.

―Denunciamos que no nos han dado los resultados de las pruebas que nos hicieron de Covid-19; nos los han negado. Esta es una violación a nuestros derechos‖, afirmaron en un comunicado divulgado por el Centro

de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Los presos manifestaron su preocupación porque autoridades de salud confirmaron en días pasados un brote de Covid-19 en el penal número 5, que se ubica en el municipio de San Cristóbal. 21

Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Adrián Gómez Jiménez presos en el reclusorio de San Cristóbal, aseguraron que después de 12 días de ayuno total (sólo están consumiendo miel) ―nos encontramos con dolor de cabeza y estómago y mareos‖. Abundaron: ―También hacemos hincapié en que no nos están dando medicina o pastillas; no hay atención médica. Enfatizamos que hemos tenido diarrea, pero no nos dieron pastillas ni suero para evitar la deshidratación. Más bien nosotros nos curamos con plantas medicinales‖. Expresaron que las autoridades penitenciarias les han ―quitado nuestro sanitario que estaba en el área médica; es cierto que nos han proporcionado en el área de encamados, pero lo cierran a partir de las 22:00 horas y esa es la última vez que podemos hacer nuestras necesidades; a partir de las 22:00 horas ya no tenemos sanitario. Para cualquier enfermedad o diarrea no tenemos adonde acudir. Por eso denunciamos estos actos de negligencia, porque la enfermedad nos acecha día a día, pues vemos que no hay medidas de prevención de Covid-19‖. Concluyeron: ―A través de este comunicado le exigimos a la institución competente la entrega de los resultados de nuestros estudios de Covid-19‖ y que les proporcionen un sanitario, ya que no cuentan con ese servicio por las noches. (jornada.com.mx) 03/06/2020

23.Derechos humanos y la nueva normalidad: Mario Patrón Las medidas de confinamiento han representado nuevos riesgos y discusiones dentro de la agenda pública, y al mismo tiempo la continuidad en muchas otras problemáticas. La agenda de derechos humanos se vio complejizada a escala global ante el falso debate entre salud pública o libertad, mientras que muchas poblaciones vulnerables continúan sufriendo violaciones en las áreas de seguridad, género, migración, así como en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sabemos, pues, que no habrá un pleno retorno a la normalidad mientras no exista una vacuna contra el virus o hasta que se alcance la inmunidad de rebaño. Es así que el pasado lunes, y a pesar de que la tasa de nuevos casos no ha descendido notablemente, dio inicio la nueva normalidad que implica un paulatino arranque de las actividades económicas según la situación particular de cada región medida a través del semáforo epidemiológico. Ciertamente, la medida obedece más a la vulnerabilidad económica de buena parte de la población que a la urgencia sanitaria, pero ello no nos exime de preguntarnos ¿cuál será la agenda de derechos humanos en esta nueva normalidad? Desde el inicio de la contingencia a escala mundial, un sinfín de pensadores políticos habían alertado ya sobre los distintos ajustes que los gobiernos implementaron en nombre de la salud pública y en detrimento de la privacidad y las libertades civiles; así como sobre los riesgos colaterales que dichas políticas trajeron aparejados, tales como la presencia y regulación violenta del libre tránsito mediante el uso de la fuerza policiaca, el aumento de la violencia, especialmente la violencia de género dentro de los hogares, o las conductas discriminatorias contra servidores del área de la salud, entre otros. En este retorno a la normalidad, habrá que tomar en cuenta lo dicho por Naomi Klein en 2007 en su Doctrina del shock, donde se advierte el riesgo de normalizar y legitimar medidas autoritarias que, en su origen, sólo son implementadas para los tiempos de crisis, pero terminan reproduciéndose después de las crisis en condiciones de normalidad. Más recientemente, autores como Giorgio Agamben, Alain Badiou y Byung-Chul Han, entre muchos otros, han advertido sobre las crecientes medidas de control biopolítico y autoritario implementadas durante la pandemia, que van en detrimento de los derechos y las libertades y que han justificado fuertes sanciones a quienes no acatan las medidas preventivas, con lo cual se ha normalizado un factual estado de excepción. Entiéndase en este contexto por biopolítica aquellas medidas que sobre-regulan la vida en su dimensión biológica, corporal y médica, y por estado de excepción, aquellas situaciones de crisis donde los estados suspenden derechos para preservar el orden. Ambos conceptos han sido frecuentemente referidos en el análisis crítico de la presente normalidad pandémica a escala mundial. En México, en abril, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración publicó las Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por Covid-19. Este documento hace recuento de muchas de las situaciones ya advertidas por los teóricos, y nos da un panorama respecto a la agenda que habrá que seguir en materia de DDHH durante la nueva normalidad. En el documento se detectan violaciones al derecho de tránsito en 24 estados del país por la implementación de toques de queda, retenes, cierre de fronteras, y otro tipo de restricciones a la movilidad. Maquiladoras en dos entidades también violaron derechos al no parar sus actividades económicas vulnerando la salud y derechos laborales de los trabajadores. La reducción de sueldos y despidos injustificados, agresiones al personal de salud, negativa de atención

médica a personas contagiadas y el manejo de la pandemia en los centros reclusorios, son componentes de la realidad violatoria que hoy sufre el país. En términos de violencia, el mismo documento reconoce 81 agresiones a periodistas y 60 a defensores de DDHH entre enero y abril. Las desapariciones, homicidios, violencia de género, violencias en hogares, y los desplazamientos forzados internos no han tenido ninguna disminución durante el confinamiento, y al tema se le suman las nuevas violaciones en tres estados del país por manejo de cadáveres infectados. A su vez, las personas migrantes, población refugiada y las comunidades indígenas son propensas a la discriminación en la atención médica, así como en la cobertura de sus necesidades socioeconómicas. Por último, el derecho al acceso a la información es y seguirá siendo un gran tema en la agenda ante la imperiosa necesidad de contar con datos robustos de carácter oficial que ayuden a explicar la realidad y prevenir sus consecuencias. Yuval Noah Harari, propone la solidaridad internacional y el empoderamiento ciudadano como respuesta necesaria ante las medidas de aislamiento y las tentaciones de políticas de control autoritario. En esta nueva normalidad implementada desde el gobierno federal, no habrá acción más pertinente que la vigilancia ciudadana hacia las instituciones y el cuidado del tejido vecinal, comunitario y social para evitar posibles abusos de poder y violencias legitimadas por la emergencia sanitaria. Los derechos humanos no son negociables aun en tiempos de pandemia o crisis social. (jornada.com.mx) 04/06/2020

24.Decreto de austeridad paralizará funciones: CEAV La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) advirtió que el Decreto de medidas de austeridad en la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ―frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento‖. En un extenso comunicado, el organismo señaló este martes que, ―en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento‖, pues no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de sus servicios son subcontratados y gran parte del personal fue contratado ―de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing‖. De igual forma, señaló que enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios, ―heredados por administraciones anteriores‖.

Aunque la Comisión argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento de su gasto corriente, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.

Lo anterior, ―sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros‖. En el mismo sentido, el organismo señaló que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para su operación por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos.

La CEAV refrendó su compromiso ―con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas‖. En ese mismo tono, la Comisión puso algunos ejemplos del impacto que tendrá el recorte del 75 por ciento del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales. ―El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, con la autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación‖, dijo el organismo. De igual manera, alertó que ―no será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país‖. Además, el incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado, y ―perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras‖. Por otro lado, ―el área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias‖.

La CEAV también alertó que ―la reducción del 30% de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año, y no se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes. ―Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.

―El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento–y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV. ―Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones. ―No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación. ―No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos.

―No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017. ―Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros‖, alertó la CEAV. Por otra parte, ―quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos. ―Desaparecerá el área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales. ―No será posible tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno. ―Será imposible atender los retrasos en la atención de solicitudes en materia de transparencia, a causa de la desarticulación del área responsable. ―La Oficialía de Partes, que recibe entre 150 y 200 documentos diarios, ya no tendrá personal para atender y dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales, CNDH, FGR, Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales, organismos internacionales, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otras. ―Al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral. ―Se cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social‖. (jornada.com.mx) 02/06/2020

25.CEAV y Ayotzinapa: claroscuros de la justicia El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que, con base en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial giró órdenes de aprehensión contra servidores públicos implicados en la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El mandatario afirmó que los crímenes cometidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, son una espina clavada, algo que duele a México, y no va a quedar en el olvido, por lo que no hay ningún límite a las investigaciones en curso e incluso se permitiría al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) interrogar a mandos militares. Debe recordarse que esto último ha sido una demanda reiterada de los familiares de los estudiantes y de las organizaciones que los acompañan en su búsqueda de justicia. La emisión de las órdenes de captura constituye sin duda una noticia positiva en un caso cuya resolución ya ha demorado más tiempo del tolerable, y cabe esperar que pronto se concrete en los buenos resultados ofrecidos por el titular del Ejecutivo. Con todo, sería pertinente que la Fiscalía aporte a la sociedad información adicional que permita conocer el estado de las investigaciones y los avances para poner

fin a la impunidad con que hasta ahora se ha saldado este episodio emblemático de violación a los derechos humanos. Lo anterior, en el entendido de que cualquier informe ha de atenerse al sigilo indispensable en un caso tan delicado, así como al respeto irrestricto al debido proceso que, de no observarse, podría brindar un nuevo parapeto jurídico a la impunidad de los responsables. Sin embargo, el prudente optimismo que permiten los dichos del Presidente se ve ensombrecido por el llamado de atención que emitió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En un extenso comunicado, advirtió que el decreto de medidas de austeridad en la administración pública federal, en razón del cual deberá recortar tres cuartas partes de su gasto operativo, frenaría sus actividades esenciales y paralizaría su funcionamiento. Según se detalla en el documento, la comisión es particularmente vulnerable ante cualquier recorte presupuestal debido a las carencias estructurales que arrastra desde su origen: no es propietaria de ninguno de los inmuebles en los que opera, la mayor parte de sus servicios están subcontratados y un alto porcentaje de su personal labora ―en forma irregular, con plazas eventuales y de outsourcing‖. Al mismo tiempo, la CEAV enfrenta millonarias costas legales a raíz de 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales heredados por administraciones anteriores. Está claro que un recorte como el decretado sería letal para el organismo, pero también, y de manera más alarmante, para las víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos. No es menos evidente que dejar en la desprotección a las 7 mil 200 personas atendidas cada mes por la CEAV sería una revictimización masiva e inadmisible por parte del Estado mexicano. Si no se puede quitar el dedo del renglón en lo que respecta al caso Iguala, tampoco sería aceptable hacerlo ante las víctimas de otras graves violencias ocurridas en el pasado reciente: aunque ciertamente no se puede responsabilizar a la actual administración por las faltas que cometieron sus antecesoras, la atención a las víctimas sí forma parte de sus obligaciones ineludibles. Por tanto, es urgente que el gobierno federal rectifique su postura o, si decide proceder con el recorte decretado, establezca los mecanismos para brindar a las víctimas protección, hospedaje, alimentación, atención médica y sicológica, asesoría jurídica y, en suma, todos los elementos que implica el resarcimiento integral del daño en tanto no se cumpla el más importante de ellos: la impartición de justicia. (jornada.com.mx) 03/06/2020

26.Con la cuarentena empeoró el trato de autoridades hacia familiares de desaparecidos Con la cuarentena decretada con el fin de enfrentar la pandemia de Covid-19 empeoró el trato de las autoridades hacia familiares de personas desaparecidas, quienes prácticamente nunca tuvieron oportunidad de hablar con algún funcionario para dar seguimiento a sus casos e incluso fueron obstaculizados con la intención de que no pudieran avanzar por su cuenta, señala un estudio de organizaciones civiles. De acuerdo con una encuesta realizada del 20 al 24 de mayo pasado por Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas –con apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos–, a consecuencia del Covid la mayoría de las personas que tienen algún pariente desaparecido vieron agravada su situación económica, la cual de por sí era precaria. El sondeo se realizó en línea y participaron 674 familiares de personas víctimas de desaparición de 19 estados de la República. Los resultados del estudio fueron sistematizados en un informe que las organizaciones civiles enviaron el 1° de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los principales hallazgos destaca que sólo 5.5 por ciento de las personas entrevistadas dijeron haber tenido algún contacto personal con una autoridad desde el inicio de la crisis sanitaria; 49.1 por ciento señalaron que no tuvieron contacto alguno; 33 por ciento afirmaron haberlo tenido por teléfono y otro 20 por ciento por Internet. Por otra parte, 72 por ciento de las personas consultadas señalaron no haber recibido ayuda de alguna institución pública desde el inicio de la contingencia por el coronavirus. Las dependencias a las que acudieron sin éxito fueron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (19.5 por ciento), la Secretaría de Gobierno estatal (18.3 por ciento), el ayuntamiento (17.8 por ciento) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de Bienestar federal o local (16 por ciento). Entre los impactos inmediatos sufridos por las personas encuestadas desde el inicio de la crisis sanitaria destaca la reducción total o parcial de ingresos económicos (72 por ciento), más dificultad para ser informadas sobre la investigación de su caso (53.7 por ciento), restricción de la movilidad (53 por ciento), mayor dificultad para participar en sus respectivos colectivos (51.4 por