I.
Consideraciones iniciales
A
través de los años el veto o impedimento del sufragio militar y policial ha ido desapareciendo en América Latina, al punto de que, mientras hace tan solo unas décadas la mayoría de los países de la región contemplaba el referido veto en sus constituciones y legislaciones electorales, en la actualidad solo cinco países mantienen esta prohibición: Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana (Melo Molina, 2018; Peralta, 2020). Sin embargo, esto no ha sido óbice para que en muchas de las naciones en las que se ha permitido el voto militar y policial dicha facultad se haya convertido en un tema de debate respecto a su viabilidad o idoneidad. Específicamente, en los últimos 50 años la experiencia de varios países de la región (Venezuela, Argentina y Chile) ha puesto en evidencia que la politización de las Fuerzas Armadas es un factor capaz de generar fallas democráticas significativas y conducir hacia caminos políticos turbios (Posada, 2020). Por tanto, en países donde recientemente se han presentado este tipo de propuestas en el Congreso, a la par se han producido diferentes conflictos y
Voto militar y policial en República Dominicana
[7]
